Orden de 6 de noviembre de 2020, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se convoca la concesión del "Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia", correspondiente al año 2020

BORM nº 268 de 18 de noviembre de 2020

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Vigencia: desde el 19 de noviembre de 2020

Referencias

Afectada por:

Decreto número 152/2018, de 20 de junio, por el que se regula la concesión, renovación y utilización del "Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia" a empresas públicas o privadas, (BORM número 148 de 29 de junio de 2018):

Establece las bases reguladoras.

Resolución de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género relativa a las solicitudes presentadas en la convocatoria correspondiente al año 2020 del distintivo de igualdad de la Región de Murcia, (BORM número 96 de 28 de abril de 2021):

Relación de las solicitudes recibidas y los reparos observados.

Decreto número 132/2021, de 8 de julio, de concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia”, en relación a la convocatoria correspondiente al año 2020, (BORM número 159 de 13 de julio de 2021):

Concede los distintivos.

Contenido

Índice:

Artículo 1.- Objeto
Artículo 2.- Empresas candidatas
Artículo 3.- Presentación de candidaturas
Artículo 4.- Documentación y confidencialidad de la información recibida
Artículo 5.- Subsanación de candidaturas y solicitud de documentación complementaria
Artículo 6.- Comisión Técnica de Evaluación
Artículo 7.- Criterios de valoración
Artículo 8.- Entrega del distintivo y difusión de su concesión
Artículo 9.- Vigencia, prórroga, suspensión, revocación y renuncia del distintivo
Artículo 10.- Facultades y obligaciones derivadas de la obtención del distintivo
Artículo 11.- Informe periódico anual
Artículo 12.- Procedimiento de control
Artículo 13.- Archivo de candidaturas
Artículo 14.- Normativa aplicable

Anexos
Anexo I. Solicitud.
Anexo II. Balance o informe sobre el plan de igualdad y medidas implantadas.
Anexo III. Declaración responsable. 

TEXTO COMPLETO

La Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de género en la Región de Murcia, prevé en su artículo 23 la concesión de un “distintivo de igualdad” a aquellas empresas, públicas o privadas que se hayan distinguido por el desarrollo e implantación de políticas de igualdad de mujeres y hombres entre su personal, en las condiciones de trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos, como los servicios, productos y publicidad de la empresa.

El Decreto n.º 152/2018, de 20 de junio, por el que se regula la concesión, renovación y utilización del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia” a empresas públicas o privadas, desarrolló reglamentariamente el citado artículo 23.

Esta normativa permite poner en marcha el procedimiento para reconocer la excelencia y las buenas prácticas acreditadas en materia de igualdad por parte de las empresas que ejerzan su actividad en la Región de Murcia. Por ello, serán merecedoras del distintivo solo aquellas que destaquen de forma relevante en la aplicación e implantación de planes y políticas de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, quienes además pasan a formar parte por derecho propio de la Red de Empresas en Igualdad (REI), que tiene como objetivo potenciar el intercambio de buenas prácticas y experiencias en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, haciéndolas públicas para conocimiento de la sociedad en general.

El artículo 5 del mencionado Decreto n.º 152/2018, de 20 de junio, establece que anualmente se procederá a convocar el procedimiento para la concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia”, mediante Orden de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de Igualdad. La convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y establecerá las bases de cada emplazamiento anual con arreglo a las disposiciones establecidas en el Decreto. Asimismo, el artículo 8 permite regular el orden de prelación, el sistema de valoración y la ponderación de cada uno de los criterios a valorar.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto de la Presidencia n.º 44/2019, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional, da nueva redacción al artículo tres, de este último estableciendo que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado del desarrollo y ejecución de las políticas de la mujer incluidas las destinadas a combatir la violencia contra las mujeres, y de las políticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género,

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Dispongo:

Artículo 1.- Objeto

Esta orden tiene por objeto convocar el procedimiento para la concesión del “Distintivo Igualdad de la Región de Murcia”, correspondiente al año 2020, a fin de reconocer y estimular la labor de las empresas comprometidas con la igualdad, que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en las condiciones de trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos, como los servicios, productos y publicidad de la empresa.

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Artículo 2.- Empresas candidatas

Podrán solicitar este Distintivo todas las empresas, sean personas físicas o jurídicas, con capital público o privado, que tengan su domicilio en la Región de Murcia o cuenten con centro de trabajo en la Región de Murcia siempre que hubiese contratado personal en la Región de Murcia y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 del Decreto n.º 152/2018, de 20 de junio, por el que se regula la concesión, renovación y utilización del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia” a empresas públicas o privadas. Respecto al requisito establecido en la letra c) de este artículo, se adjunta ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE.

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Artículo 3.- Presentación de candidaturas

1. La presentación de la documentación por medios electrónicos se realizará a través del procedimiento 2727, disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que será accesible a través de la página https://sede.carm.es. Tanto la documentación como los anexos estarán disponibles en esta página.

2. Las empresas tendrán también acceso a la información, la documentación y los anexos de la presente convocatoria en la siguiente dirección de Internet: www.igualdadyviolenciadegenero.carm.es

3. Las empresas que sean personas físicas podrán presentar sus candidaturas tanto por la sede electrónica como en cualquiera de los demás lugares a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. Cada una de las empresas de un mismo grupo que concurran a la convocatoria deberán presentar una candidatura individual e indicar en el ANEXO I el nombre o razón social y el Número de Identificación Fiscal (en adelante, NIF) de las otras empresas del grupo que también se presenten a esta convocatoria.

5. El plazo de presentación de candidaturas será de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

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Artículo 4.- Documentación y confidencialidad de la información recibida

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación establecida en el artículo 6 del mencionado Decreto n.º 152/2018, de 20 de junio.

2. Además, deberán aportar:

a) El documento acreditativo de la inscripción de los planes de igualdad en el Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, de acuerdo con lo establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 46, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, según redacción dada por el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

b) Informes de seguimiento y evaluación de las medidas o del Plan de Igualdad en las empresas obligadas a disponer de éste o, de la implantación de tres medidas contempladas en su política de igualdad, en caso de no estar obligadas.

c) La documentación relativa a los procedimientos y medidas establecidas en la empresa para la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración actuante podrá consultar o recabar de forma electrónica, salvo que el interesado se oponga, los documentos que se encuentren su poder o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración.

4. Asimismo, se deberá incluir una relación en la que se citen todos y cada uno de los documentos que la acompañan y la referencia de cada uno de ellos, según modelo del ANEXO IV.

5. El balance o informe sobre las medidas de igualdad implantadas en la empresa en relación con las condiciones de trabajo, el modelo organizativo, la responsabilidad social de la empresa y la difusión y publicidad de los productos y servicios ofrecidos a que hace referencia el artículo 6, f) del mencionado Decreto n.º 152/2018, de 20 de junio, deberá ajustarse al modelo del ANEXO II.

6. Las empresas candidatas podrán aportar con carácter facultativo un informe de los representantes del personal de la empresa sobre el plan de igualdad o las políticas de igualdad apoyando la candidatura. Si la empresa no cuenta con órganos de representación de la plantilla, podrán suscribir el informe sus propias trabajadoras y trabajadores.

7. Las empresas candidatas comunicarán a la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género cualquier circunstancia producida con posterioridad a la fecha de presentación de su candidatura que pueda afectar al cumplimiento de los requisitos generales, incluyendo entre éstas el cambio de domicilio o de persona responsable, o que suponga modificación de la situación de la empresa en relación con el cumplimiento de los requisitos necesarios para la presentación de la candidatura al “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia”.

8. Toda la información facilitada por las empresas candidatas al distintivo será custodiada bajo el principio de la máxima confidencialidad, de acuerdo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Dicha información, con independencia de su naturaleza, únicamente podrá ser utilizada para verificar si aquellas cumplen los requisitos de participación en esta convocatoria y en su caso, valorar sus medidas o políticas de igualdad para comprobar si pueden ser merecedoras del distintivo sin que se pueda utilizar el Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia para ningún otro fin.

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Artículo 5.- Subsanación de candidaturas y solicitud de documentación complementaria

1. Si la documentación aportada fuera incompleta o adoleciera de cualquier otro defecto que resulte subsanable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se le requerirá para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación expresa de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que se dictará en los términos establecidos en la citada ley.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento, podrá instarse a la empresa candidata para que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente.

3. Igualmente, en el mismo plazo y con idéntico apercibimiento, podrá requerirse a las empresas candidatas, en cualquier momento del procedimiento, la documentación complementaria que fuera necesaria para valorar adecuadamente, a juicio de la Comisión Técnica de Evaluación a la que se refiere el artículo siguiente, la candidatura presentada, tanto para determinar el cumplimiento de los requisitos generales para concurrir a la presente convocatoria como para constatar la situación de la empresa en relación con la implantación de planes y políticas de igualdad.

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Artículo 6.- Comisión Técnica de Evaluación

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género.

La Comisión Técnica de Evaluación, constituida de acuerdo con lo establecido en el art. 7 del mencionado Decreto nº 152/2018, atenderá al principio de composición equilibrada entre mujeres y hombres y se regirá, en su funcionamiento, por lo señalado en la Sección 3.ª Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, relativa a los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas.

2. Será la Comisión Técnica de Evaluación la encargada de verificar y evaluar la documentación presentada en los términos previstos en el artículo 7 de esta orden.

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Artículo 7.- Criterios de valoración

1. Criterios generales a valorar, relativos al plan de igualdad o las políticas de igualdad de mujeres y hombres:

A) Los aspectos relativos al diagnóstico, diseño y desarrollo programático de un plan de igualdad, así como la inclusión de temas de paridad en la representación, igualdad retributiva, condiciones de acceso al empleo equilibradas, medidas de conciliación, etc. Se valorará de 0 a 60 puntos.

B) La Constitución de un Comité o Comisión de igualdad para velar por el desarrollo del plan, o las medidas de Igualdad. Se valorará de 0 a 10 puntos

C) La cultura organizativa y su compromiso por la igualdad. Se valorará de 0 a 20 puntos.

D) La participación de la representación legal de la plantilla, o en su defecto, de las propias personas trabajadoras en el proceso de elaboración, implantación, seguimiento y evaluación del plan de igualdad. Se valorará de 0 a 10 puntos.

2. Criterios a valorar relativos al acceso al empleo y a las condiciones de trabajo:

A) La existencia de una adecuada representación de mujeres en la totalidad de los grupos y categorías profesionales, incluyendo el personal de alta dirección o, en otro caso, la programación de acciones para conseguir el equilibrio en un plan de igualdad. Se valorará de 0 a 40 puntos.

B) La implantación o programación de garantías y mejoras de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de trabajadores y trabajadoras. (medidas de organización del tiempo de trabajo, como jornada y horarios, turnos, vacaciones, entre otras, que faciliten la conciliación de la vida laboral y la vida privada, o el establecimiento de otras medidas con la misma finalidad, entre ellas las relativas a las mejoras y beneficios sociales, al teletrabajo, o a la movilidad geográfica, en la medida que contribuyan a unos mayores niveles de conciliación y corresponsabilidad evitando que la maternidad sea una desventaja profesional para las mujeres). Se valorará de 0 a 20 puntos.

C) La aplicación de sistemas y criterios de clasificación profesional que permitan eliminar y prevenir las situaciones de discriminación directa o indirecta. Se valorará de 0 a 10 puntos.

D) La aplicación de criterios de acceso al empleo y de promoción profesional adecuados al principio de igualdad y no discriminación. Se valorará de 0 a 10 puntos.

E) Las garantías efectivas de igualdad retributiva para los trabajos de igual valor o, en otro caso, la programación de acciones para conseguir el equilibrio salarial en un plan de igualdad. Se valorará de 0 a 10 puntos.

F) La implantación o programación de medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo como códigos de conducta, o personal y sus representantes. Se valorará de 0 a 10 puntos.

3. Criterios relativos al modelo organizativo y a la Responsabilidad Social Empresarial de las empresas:

A) Las actuaciones de responsabilidad social de la organización en materia de igualdad consistentes en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza, destinadas a promover condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres en el seno de la propia organización o en su entorno social. Se valorará de 0 a 60 puntos.

B) La comunicación interna y externa atendiendo al principio de igualdad (lenguaje e imagen igualitarios). Se valorará de 0 a 20 puntos

C) El establecimiento de medidas específicas que garanticen la prevención de los riesgos laborales de las mujeres y de los hombres respectivamente Se valorará de 0 a 10 puntos

D) Las medidas de publicidad no sexista de los productos y servicios de la empresa o, en otro caso, la programación de acciones en este sentido. Se valorará de 0 a 10 puntos.

El proceso de evaluación se realizará en dos fases:

En la primera, se analizará y valorará, para cada una de las candidaturas que cumplan todos los requisitos de la convocatoria, la documentación presentada por la empresa en relación con su plan o medidas de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.

Se valorará de forma individualizada cada uno de los aspectos citados anteriormente, de tal forma que la máxima puntuación será de trescientos puntos.

Será necesario alcanzar una puntuación mínima de 200 puntos en la calificación que efectúe la comisión de valoración, siempre y cuando se obtenga al menos la mitad de los puntos en cada bloque, 50 puntos en cada uno de los bloques.

Para superar la segunda fase es necesario haber obtenido una puntuación de 8 o más puntos en el Criterio 1, D); 30 o más puntos en el criterio 2, A) y 16 o más puntos en el criterio 3, B).

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Artículo 8.- Entrega del distintivo y difusión de su concesión

1. La Dirección General de Mujer y Diversidad de Género procederá a la entrega de un certificado acreditativo del “Distintivo Igualdad de la Región de Murcia” a las empresas galardonadas en un acto público convocado al efecto, y al que se dotará del protocolo y la difusión adecuados.

2. Las certificaciones de concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia” tienen un carácter estrictamente honorífico y no comportarán dotación económica.

3. La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, y Política Social hará pública la concesión del distintivo a través de los medios y mediante los procedimientos que se consideren más adecuados para su difusión y comunicación social.

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Artículo 9.- Vigencia, prórroga, suspensión, revocación y renuncia del distintivo

1. La concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia” tendrá una vigencia inicial de tres años.

2. En cuanto a la prórroga, suspensión, revocación y renuncia del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia” se estará, en todo caso, a lo previsto en los artículos 13 y 14 del Decreto 152/2018, de 20 de junio.

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Artículo 10.- Facultades y obligaciones derivadas de la obtención del distintivo

La concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia” otorgará a las empresas beneficiarias las facultades a que se refiere el artículo 10 del Decreto 152/2018, de 20 de junio. Igualmente, estas empresas deberán cumplir las obligaciones contenidas en el artículo 11 de la misma disposición.

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Artículo 11.- Informe periódico anual

1. La empresa distinguida en materia de igualdad deberá remitir a la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género un informe anual en los términos y plazos indicados en el artículo 11.1.e) del Decreto nº 152/2018 de 20 de junio.

2. A los efectos de remisión del informe periódico anual, la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género facilitará, mediante la publicación en la página https://sede.carm.es y en el portal www.igualdadyviolenciadegenero.carm.es, los modelos a cumplimentar para que éstas puedan elaborar, con suficiente antelación, los correspondientes informes.

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Artículo 12.- Procedimiento de control

1. Corresponde a la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género realizar el seguimiento y control de la aplicación y los efectos de los planes o políticas de igualdad de mujeres y hombres que hayan justificado la concesión del distintivo.

2. Para realizar el seguimiento y control señalados en el artículo anterior, la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género evaluará los informes anuales remitidos por las empresas distinguidas en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, y podrá requerir a éstas la información adicional que resulte necesaria para una adecuada valoración de los planes de igualdad y políticas de igualdad, su efectiva implantación y sus resultados.

3. Para la realización de sus funciones de seguimiento y control, la mencionada Dirección General podrá auxiliarse de los recursos propios de dicho organismo o los específicos que sean habilitados por la Administración Regional

4. Las funciones de seguimiento y control podrán incluir la elaboración de cuestionarios o la realización de reuniones y entrevistas en el ámbito de la empresa distinguida.

5. Las empresas distinguidas estarán obligadas a facilitar cuantas actuaciones de comprobación se efectúen por la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género.

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Artículo 13.- Archivo de candidaturas

Se mantendrá el archivo de las candidaturas desestimadas al menos hasta que haya transcurrido el plazo legalmente previsto para la presentación de los recursos a que tengan derecho las empresas candidatas. Estas podrán solicitar la recuperación de la documentación original que hubieran presentado, antes de dicho plazo, sin perjuicio de su conservación por la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, en caso de recurso.

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Artículo 14.- Normativa aplicable

En la tramitación de la presente convocatoria serán aplicables, en todo caso, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres y de protección contra la violencia de género; el Decreto nº 152/2018, de 20 de junio, por el que se regula la concesión, renovación y utilización del Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia.

En Murcia, a 6 de noviembre de 2020. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.

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Resolución de 28 de junio de 2021, de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se dispone la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2021, de cese y nombramiento de miembros del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia

BORM número 155 de 8 de julio de 2021

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

Vigencia: desde el 25 de junio de 2021

Contenido

Visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en fecha 25 de junio de 2021, en virtud de la Ley 3/1993, de 16 de julio (modificada por la Ley 4/2014 de 22 septiembre), del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.

Resuelvo:

Publicar en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” el texto del acuerdo adoptado el 25 de junio de 2021 por el Consejo de Gobierno de cese y nombramiento de miembros del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia:

“Don Marcos Ortuño Soto, Secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Certifico: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 25 de junio de 2021, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, el Consejo de Gobierno acuerda:

Primero.- Cesar como miembro del grupo tercero, en representación de las Organizaciones del Sector Agrario de la Región (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia UPA), a D. Marcos Alarcón Alarcón.

Segundo.- Nombrar como miembro del grupo tercero, en representación de las Organizaciones del Sector Agrario de la Región de Murcia (Asociación Regional de Empresas Agrícolas y Ganaderas de la Región de Murcia-Asociación Agraria Jóvenes Agricultores ADEA-ASAJA), a D. Alfonso Gálvez Caravaca.

Tercero.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, a los efectos previstos en el artículo 4.2 de la Ley 3/1993, de 16 de julio de 1993 (modificada por la Ley 4/2014 de 22 de septiembre, del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia”.

Murcia, 28 de junio de 2021. El Secretario General, Luis Alberto Marín González.

Orden por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de internamiento dictadas por los Jueces de Menores y por la que se determina el importe de las mismas (MODIFICADA)

BORM número 70 de 26/03/2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Vigencia: desde el 26/03/2021

Referencias

Modificada por:

Orden por la que se modifica el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de internamiento dictadas por los jueces de menores y por la que se determina el importe de las mismas (BORM número 155 de 08/07/2021)

Modifica la cláusula quinta, sexta y octava del anexo.

Contenido

El Decreto 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia en materia de protección y reforma del menor, establece que podrá ser objeto de concierto social la reserva y ocupación de plazas para menores a los que se les haya impuesto medidas de internamiento dictadas por los Jueces de Menores, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7 bis y artículos 25 y siguientes de la Ley 3/2003, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

El artículo 12 del mencionado Decreto 62/2019, de 3 de mayo, establece que la formalización de los conciertos sociales se efectuará en documento administrativo, por el titular de la Consejería competente materia de servicios sociales, mediante el denominado acuerdo de concierto social, según modelo aprobado previamente por el titular de la citada consejería.

El artículo 10 de dicho Decreto establece que el importe a pagar por plaza ocupada, reservada o servicio prestado se determinará por Orden de la Consejería competente en materia de servicios sociales.

De acuerdo con la normativa recogida en los párrafos precedentes, y en virtud de las atribuciones conferidas a la Consejería competente en materia de reforma de menores por el Decreto del Presidente n.º 44/2019, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional,

Dispongo:

Primero.- Aprobar el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas de internamiento dictadas por los Jueces de Menores recogido en el anexo de la presente resolución.

Segundo.- Establecer el importe a pagar por la Consejería competente en materia de reforma de menores por plaza ocupada, que será el recogido en el número dos de la cláusula séptima del mencionado acuerdo, así como establecer en el 96% el porcentaje sobre el importe de las plazas ocupadas a satisfacer por reserva de plaza. Los importes establecidos en la presente orden podrán ser objeto de revisión, conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, siempre que se justifique en una memoria económica específica, en los términos recogidos en la citada ley y su normativa de desarrollo.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, a 24 de marzo de 2021.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.

Anexo. Modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de internamiento dictadas por los Jueces de Menores (Descargar)

Anexo (Modificado)

Modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de internamiento dictadas por los Jueces de Menores

Reunidos

De una parte, la Excma. Sra. doña María Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16.2.a) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud de lo dispuesto por el Decreto de la Presidencia n.º 31/2019, de 31 de julio, y de las atribuciones conferidas a la Consejería competente en materia de reforma de menores por el Decreto del Presidente n.º 44/2019, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional, y por el artículo 12 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia, en materia de protección y reforma del menor.

De otra parte, D./Dª ________________ (espacio reservado para los datos identificativos de la entidad con la que se suscribe el concierto social, de su representante, así como autorizaciones de junta o patronato que en su caso requiera).

Manifiestan:

Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su artículo 10, apartado Uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de asistencia y bienestar social, política infantil y de la tercera edad y de instituciones de protección y tutela de menores de menores, respetando, en todo caso, la legislación civil, penal y penitenciaria.

Segundo.- Que entre las actuaciones de los servicios sociales especializados en el sector de Familia e Infancia, a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, está la de llevar a cabo programas para la ejecución de medidas judiciales que afecten a menores a través de recursos propios o de entidades colaboradoras.

El Decreto del Presidente n.º 44/2019, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional establece que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado, entre otros, de la protección y reforma de menores.

Tercero.- Que la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su artículo 25 bis, relativo al Régimen de concertación establece que “las Administraciones Públicas podrán encomendar la prestación de los servicios sociales de su competencia mediante el sistema de concierto social con entidades privadas con los requisitos que se establezcan en la normativa por la que se desarrolle con pleno respeto a los principios de publicidad, transparencia y no discriminación”.

Así, el Decreto 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el Régimen Jurídico de los Conciertos Sociales en la Región de Murcia en materia de protección y reforma del menor, en su artículo 2 establece que podrá ser objeto de concierto social en el ámbito de protección y reforma de menores la reserva y ocupación de plazas para la ejecución de medidas judiciales a menores.

Cuarto.- Por otra parte, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (en adelante LORRPM) atribuye en su artículo 45.1 a la Entidad Pública en cada Comunidad o Ciudad Autónoma en materia de reforma la competencia de ejecutar las medidas judiciales dictadas por los Jueces de Menores. La Dirección General competente en materia de Reforma de Menores está obligada a ejecutar todas y cada una de las medidas judiciales de las comprendidas en los artículos 7 y 28 de dicha Ley Orgánica que dicten los Juzgados de Menores de Murcia y su Provincia, entre las que se encuentran las de internamiento en centros de régimen abierto, semiabierto, cerrado, terapéutico abierto, terapéutico semiabierto, terapéutico cerrado y permanencia fin de semana en centro.

Quinto.- En el artículo 7 del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, expone claramente que los/as menores y los/as jóvenes gozarán durante la ejecución de las medidas de los derechos y libertades que a todos reconocen la Constitución, los tratados internacionales ratificados por España y el resto del ordenamiento jurídico vigente, a excepción de los que se encuentren expresamente limitados por la ley, el contenido del fallo condenatorio o el sentido de la medida impuesta. Especial referencia a los derechos y deberes de menores privados de libertad durante la ejecución de la medida se recogen en los artículos 56 y 57 de la LORRPM.

En el ejercicio de los derechos y deberes de menores sometidos a las medidas privativas de libertad, hemos de tener en cuenta los “principios inspiradores” durante la ejecución de las medidas recogidos en el artículo 6 del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, y en particular el “principio de resocialización” expuesto en el Artículo 55 de la LORRPM.

Así, debemos realizar especial consideración a los siguientes derechos sin desdeñar el resto:

· Derecho a una atención integral.

· Derecho a la confidencialidad.

· Derecho a una atención individualizada y personalizada.

· Derecho a la intimidad.

· Derecho a las relaciones personales.

· Derecho a la información y a la participación.

Sexto.- La LORRPM, en su artículo 45.3 se refiere a la posibilidad de establecer los pertinentes acuerdos de colaboración con otras entidades para la ejecución de las medidas judiciales a menores, pero bajo su directa supervisión, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de la ejecución. En el Reglamento que desarrolla la LORRPM, en su artículo 58, esclarece este aspecto que “sin perjuicio de las funciones de inspección que correspondan a los jueces de menores, al Ministerio Fiscal y al Defensor del Pueblo o institución análoga de la comunidad autónoma, la entidad pública, con los medios personales y materiales y los procedimientos que articule para esta finalidad, ejercerá las funciones de inspección para garantizar que la actuación de los centros propios y colaboradores y la de sus profesionales se lleva a cabo con respeto a los derechos y garantías de los menores internados”.

Por ello, desde la Dirección General que ostenta la competencia en materia de Reforma de Menores, y su unidad de estructura, el Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores, se establecerá un sistema de visitas al centro, así como de entrevistas de los/as menores al objeto de garantizar sus derechos y mejora de la calidad de atención a menores privados de libertad.

Bajo el principio de intervención mínima, de oportunidad, de resocialización, y la utilización de las medidas de internamiento como último recurso, y procurando que el efecto de una privación de libertad excesiva pueda repercutir en el desarrollo psico-evolutivo del menor, la Entidad Pública en el marco de la acción concertada y el ordenamiento jurídico fomentará las posibilidades educativas de la LORRPM procurando la modificación de las medidas judiciales y ajustándolas al proceso de intervención educativa y las características individuales de cada menor.

Séptimo.- La entidad____________________________________ está autorizada e inscrita para la actividad objeto de este concierto en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como ha sido declarada apta para suscribir conciertos sociales.

Asimismo, mediante Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social se seleccionó a la entidad ___________________________ para suscribir concierto social, de acuerdo con los criterios establecidos por el artículo 8 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, así como se asignaron __________ plazas, objeto de este concierto social.

Cláusulas

Primera: Objeto

El presente concierto social tiene por objeto la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los/as que se les haya impuesto medidas de internamiento en régimen abierto, semiabierto, cerrado, terapéutico y de permanencia de fin de semana en centro, en el centro/los centros de la entidad ________________________________________, sito en ____________________________________, con la finalidad de satisfacer las necesidades de atención y tratamiento de menores privados de libertad bajo resolución judicial, de conformidad con la normativa vigente en materia de reforma de menores.

El número de plazas a concertar será de ____.

Segunda: Personas destinatarias del centro de internamiento

Los/as menores destinados/as a ocupar estas plazas serán menores o mayores de edad que hubiesen cometido el delito siendo menores, a quienes se les haya impuesto una medida judicial firme o cautelar privativa de libertad que requieran de internamiento en un centro con medidas de seguridad.

Los ingresos de menores en el centro se producen a través del Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores, con Resolución de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores, y siempre con resolución judicial dictada por un Juzgado de Menores o en su caso por otro ejerciendo funciones de guardia de éstos, bajo una medida privativa de libertad contempladas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, bien sea firme o cautelar. No ingresarán menores detenidos a espera de vista judicial, al no ser esta competencia de la Entidad Pública.

Tercera: Servicios que comprende y características

1. Servicios esenciales.

El Centro de internamiento proporcionará los servicios esenciales que seguidamente se relacionan, siendo todos ellos de obligado cumplimiento por parte de la entidad concertada. La entidad concertada, debe prestar los siguientes servicios

A - Atención residencial. Servicios de alojamiento, manutención, vestuario e higiene personal las veinticuatro horas del día durante todos los días del año. La entidad concertada será responsable de guardar y custodiar la ropa personal y las pertenencias portadas en el momento del ingreso por el/la menor, para ello se hará un inventario de los objetos personales de valor que entrega en custodia al centro.

B - Atención sanitaria. Reconocimiento médico en las primeras 24 horas del ingreso, seguimiento del historial sanitario de los/as menores, detección precoz de posibles problemas físicos y psíquicos, establecimiento de pautas higiénico-sanitarias, control de la alimentación y coordinación con los profesionales del Sistema Público de Salud de la zona.

La entidad concertada deberá asumir los cuidados del/la menor en periodos en que éste/a hubiere de estar hospitalizado/a cuando sus tutores o guardadores no se hicieran cargo de ellos/as.

C - Formación educativa. Los/as menores deberán poder continuar su escolarización durante el tiempo que dura su medida, se les dará apoyo en las tareas escolares y proporcionará de todo el material necesario del proceso de escolarización. En los casos que, por su edad, los/as menores no se encuentren en período de escolarización, se les gestionará todos los recursos necesarios para su formación laboral. Deberá garantizarse el seguimiento escolar (entrevistas con los tutores, refuerzo de contenidos adquiridos), así como la coordinación con los diferentes recursos formativos y/o escolares asegurando su continuidad una vez finalizado el internamiento.

El centro de internamiento dispondrá de aula dotada de equipos informáticos actualizados, con suficiente conectividad al objeto de que los/as menores privados de libertad reciban formación específica en nuevas tecnologías para reducir la brecha tecnológica existente, facilitando la formación on-line y adquieran habilidades de manejo en el acceso a la administración electrónica y a cualquier otro recurso.

D - Actividades ocupacionales y/o laborales. Se desarrollarán programas de desarrollo de hábitos laborales y se potenciará desde el centro educativo la integración en programas formativos ocupacionales, según la edad de los/as menores.

Así como dentro de la disponibilidad de la entidad concertada la posibilidad de un trabajo remunerado, y a las prestaciones sociales que pudieran corresponderles cuando alcancen la edad legalmente establecida.

La entidad concertada potenciará un servicio de búsqueda de empleo en coordinación con los programas operativos de inserción social y el contacto con “empresas colaboradoras” con la responsabilidad social.

E - Atención psicológica y psiquiátrica. Atención a conflictos psicológicos y psiquiátricos del menor que impidan u obstaculicen la estructuración de su personalidad, proceso madurativo o capacidad de socialización, para lo cual se utilizarán los recursos normalizados de la zona, siempre que sea posible.

Especial atención a las medidas judiciales que tengan un carácter terapéutico de acuerdo al artículo 7.d de la LORRPM, cuya atención psicológica, psiquiátrica y educativa será el núcleo de intervención a fin de reducir la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones de la percepción que padezcan, pudiendo para ello si no fuese suficiente los especialistas que dispone el propio centro acudir a recursos externos.

F - Trabajo familiar y asistencia social. Se promoverá, atendiendo a la edad y características de los/as menores, el trabajo con la familia dentro de un proceso rehabilitador que le permita un mejor desarrollo personal.

La entidad concertada deberá disponer de un programa de mediación familiar para aplicar a menores a los que por la naturaleza de su conducta delictiva, sus características personales y familiares así lo aconsejen.

G - Actividades culturales y recreativas. La entidad concertada programará y desarrollará actividades con menores potenciando la participación de éstos en actividades de ocio y tiempo libre. Para ello podrá establecer acuerdos de colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro que fomenten actitudes de naturaleza altruistas y colaborativas.

H - Seguridad. La entidad concertada dispondrá de las necesarias medidas de seguridad tanto en personal como en cuanto a equipamiento. Así mismo estará obligada a trasladar a los/as menores desde el juzgado al centro para el inicio de la medida, cuando se trate de medidas de internamiento en régimen abierto.

En ningún caso, la entidad concertada podrá contratar, arrendar o ceder la ejecución de los servicios esenciales objeto del concierto, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 bis.8 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

2. Servicios complementarios.

Al igual que los servicios esenciales, el centro de internamiento proporcionará los siguientes servicios complementarios que seguidamente se relacionan, siendo todos ellos de obligado cumplimiento por parte de la entidad concertada.

A. Limpieza y lavandería: Se garantizará la limpieza y el mantenimiento de los espacios y de la ropa tanto de uso personal como del centro.

B. Alimentación. Deberán confeccionarse los menús garantizando el aporte calórico y nutritivo adecuado, igualmente se elaborarán dietas especiales en función de las necesidades de salud de los/as menores internos y habrá de respetarse en la confección de los mismos la cultura y religión de los/as menores. Los menús deberán ser confeccionados por personal especializados (nutricionistas o equivalentes). A los/as menores internados se les servirán cinco comidas diarias: desayuno, almuerzo de media mañana (en su caso si fuese necesario para llevar al centro escolar, instituto, etc.), comida principal, merienda y cena, ajustados a las diferentes etapas evolutivas.

C. Vigilancia del Centro/ Control de accesos: El Centro adoptará las medidas adecuadas para garantizar la vigilancia del Centro y de las personas que lo utilicen, tanto los/as menores atendidos como profesionales y visitantes. A tal efecto, dispondrá de guardias de seguridad en los controles de acceso y perímetro del centro con un mínimo de 42 horas diarias de seguridad para centros entre sesenta y ochenta menores.

D. Mantenimiento del centro: la entidad concertada garantizará las perfectas condiciones de uso del edificio, sus instalaciones y servicios mediante el adecuado mantenimiento de los mismos.

E. Traducción/Interpretación: la entidad concertada garantizara que tanto los/las menores como sus familias sean atendidos, informados, oídos y escuchados sin discriminación alguna, por nacionalidad u origen, pudiendo acceder a la información en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.

Los servicios complementarios podrán ser prestados por personal propio o externalizados. En el caso de subcontratación del servicio con una empresa, la entidad concertada deberá presentar a la Consejería competente en materia de reforma de menores el contrato suscrito, en el plazo de 15 días desde su firma. Igualmente deberá presentar en el mismo plazo cualquier modificación que se produzca de dicho contrato.

En relación al servicio de alimentación se deberá disponer de la pertinente autorización de salud alimentaria, tanto la entidad concertada, como la empresa subcontratada, en su caso.

Cuarta: Funcionamiento del centro de internamiento

1. Horario y calendario.

El Centro estará abierto y cubrirá la atención de menores internos durante veinticuatro horas al día, todos los días del año, con el personal mínimo especificado en este documento.

En el Centro habrá un horario por el que se regulen las diferentes actividades y el tiempo libre. Dicho horario se ajustará a lo siguiente:

a) Ha de garantizar un mínimo de ocho horas diarias de descanso nocturno y dos horas al aire libre.

b) El establecimiento de horarios debe hacerse de acuerdo a las necesidades de cada menor residente en el Centro y del programa de intervención, debiéndose adaptar a éstas los turnos del personal que trabaja en el mismo.

c) Los tiempos de visitas y de recepción o emisión de llamadas, estarán por lo general sujetos a los horarios generales del Centro, respectando la formación escolar o formativa del menor.

La Entidad Concertada establecerá, de forma motivada, la relación de actividades de la vida cotidiana que pueden ser objeto de horario individual y, por ello, no estar sometidas a los horarios generales, en función de su PIEM o MII (Proyecto Individual de Ejecución de la Medida o el Modelo Individual de Intervención), edades y características de las personas residentes (generalmente serán las relacionadas con el tiempo dedicado a formación, ocio y tiempo libre, a las horas de sueño, al aseo personal, a tratamientos, etc.).

Los horarios de funcionamiento del Centro: diario, festivo, de verano o de invierno serán aprobados por la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores y formarán parte de las normas de funcionamiento interno del Centro. Estos horarios se podrán modificar por la dirección del Centro cuando se considere conveniente. La propuesta de modificación de horarios será sometida a la aprobación de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores.

2. Régimen de funcionamiento.

La Entidad Concertada deberá tener establecidos y plasmados documentalmente los siguientes procedimientos:

• Procedimiento de ingreso en el Centro.

• Procedimiento de salida del Centro (libertad definitiva, pase a medida judicial de libertad vigilada...).

• Procedimiento sancionador.

• Procedimientos en relaciones con el exterior (visitas, salidas y permisos)

Las medidas judiciales a ejecutar en el centro, a efectos del desarrollo de la actuación educativa institucional, se estructuran en tres etapas:

1.- Etapa de acogida

2.- Etapa de desarrollo.

3.- Etapa de des internamiento.

La entidad concertada, deberá poseer los siguientes documentos y líneas de actuación para un mejor funcionamiento del centro de menores privados de libertad:

2.1. Plan Anual.

La entidad concertada deberá disponer de un Plan Anual que remitirá al Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores, el cual revisará y enviará de nuevo al comienzo de cada año, de acuerdo con las características de los/as menores atendidos/as, donde se establezcan y planifiquen las prioridades a corto y medio plazo, los objetivos, metodología, calendarios de actividades programadas, previsión de recursos y sistema de evaluación.

La Entidad Concertada elaborará una Memoria (cuantitativa y cualitativa) de Gestión con periodicidad anual, que será presentada dentro del primer trimestre del siguiente año natural, que recoja el número total de menores atendidos, en función del sexo, de su edad, de su nacionalidad y de su procedencia geográfica, así como actuaciones realizadas en los ámbitos sanitarios y de la salud, socio familiares, psicológico/psiquiátrico, ámbito escolar, ámbito pre laboral/laboral, de inserción socio laboral, ámbito deportivo, ámbito de ocio y tiempo libre, ámbito de participación de los/as menores y una evaluación de los aspectos previstos en el Plan Anual.

2.2. Proyecto Educativo de Centro.

En el que se señalen los principios sociales y educativos globales del mismo, los objetivos generales, el sistema de intervención psicopedagógica, los criterios para desarrollar una metodología de grupos educativos, así como los recursos disponibles para su ejecución. Este proyecto deberá ser aportado por la entidad concertada y remitido al Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores.

2.3. Reglamento de Régimen Interior del Centro (R.I.C.).

El Reglamento de Régimen Interior es el instrumento básico para el funcionamiento y organización del centro, que deberá recoger la conjunción del carácter educativo-sancionador, la organización y el régimen de normas de convivencia, teniendo en cuenta el capítulo IV del Reglamento de la LORRPM y demás articulado referente a los derechos y deberes de menores y sobre el funcionamiento del centro.

A la firma del concierto social, o en todo caso en un periodo no superior a 3 meses, la entidad concertada deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del Reglamento de Régimen Interior del Centro a lo establecido en el presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas a la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores y una vez aprobadas, el Reglamento de Régimen Interior deberá ser visado por el órgano competente en materia de Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Las normas de Régimen Interior del Centro serán conocidas por los/as menores ingresados en centro, disponiendo de una copia del mismo, así mismo se exhibirá el RIC en el tablón de anuncios, garantizando así su publicidad.

2.4. Libros de registros e incidencias.

La entidad concertada deberá tener elaborados, mantener actualizados y remitir al Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores de la Consejería competente en materia de reforma de menores, cuando se le requiera por la misma, los siguientes documentos:

• Registro de ingresos y bajas

• Registro de incidencias

• Libro de registro de expedientes disciplinarios incoados

• Registro de medicación administrada

• Registro de visitas familiares del Centro

• Registro de visitas institucionales

• Proyecto Educativo del Centro

• Reglamento de Régimen Interno del Centro

• Registro de quejas y peticiones de menores internos o sus familiares

• Plan Anual

Se dispondrá de un libro paginado, organizado según la estructura y funcionamiento del centro, donde se registren las incidencias y acontecimientos diarios que sean de especial relevancia en las áreas sanitaria, psicoeducativa y social, donde conste la fecha, hora, personal presente, descripción del hecho y firma del/la profesional que la refleje.

Con independencia del libro de registro de menores privados de libertad, el centro dispondrá durante la ejecución de la medida la siguiente información actualizada:

• Expediente administrativo: datos personales y familiares; registro individualizado de incidencias ocurridas durante la prestación del servicio.

• Historia sanitaria: historia clínica, diagnósticos, prescripción médico-farmacéutica, analíticas, escalas de valoración, pruebas diagnósticas y evolución clínica, evaluación de la autonomía.

• Historia psicopedagógica: historia escolar, informes psicopedagógicos, diagnósticos, pruebas utilizadas, escalas de valoración, programas de intervención terapéutica.

• Historia social: informes sociales, información socio-familiar y del entorno, redes de apoyo (familiar, vecinal, profesionales públicos, instituciones), programas de intervención social.

• Historia de las Sentencias firmes dictadas: trayectoria de su carrera delictiva, delimitación de las necesidades criminógenas o factores de riesgo de la conducta delictiva, factores de protección o compensadores, tanto estáticos como dinámicos que permitan tener una evaluación de riesgo precisa.

2.5. Hojas de reclamaciones.

Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado, así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de los/as menores ingresados/as en centros y sus familiares, de las que, una vez presentada la reclamación, se enviará copia a la Inspección de Servicios Sociales, de acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia a la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores.

El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición de los/as menores y sus familiares”. Este cartel estará situado en el tablón de anuncios en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias, debiendo estar elaborado con letra legible y de un tamaño que permita su perfecta visibilidad.

2.6. Libro-Registro.

Existirá asimismo un Libro-Registro de menores ingresados en el que deberá constar de forma ineludible: número de residente, número de expediente como usuario del centro, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, fecha de alta, D.N.I. y número de la Seguridad Social, motivo del ingreso, nombre, apellidos, dirección y teléfono de familiares y parentesco, dirección y teléfono, fecha de baja, causa o motivo de la baja y observaciones.

Este Libro-Registro, que deberá ser visado por el órgano competente en materia de Registro de entidades, centros y servicios sociales, podrá tener formato informático, siempre que se respeten las disposiciones sobre protección de datos de carácter personal establecidas en la legislación vigente.

La apertura de tal Libro-Registro será competencia exclusiva del/de la director/a del Centro, al igual que su custodia.

2.7. Tablón de anuncios.

El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial concurrencia de los/as menores y familiares, en el que deberán quedar expuestos, como mínimo:

• Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

• Organización horaria de los servicios generales que se prestan.

• Organigrama del Centro y nombre de las personas responsables de los diferentes Departamentos.

• Aviso de la disponibilidad de Hojas de Reclamaciones y sobre el derecho de reclamar directamente ante el/la responsable directo/a de cualquier Departamento.

• Calendario de actividades y su concreción diaria, semanal, mensual o anual.

• Horario de atención a familiares por parte de la Dirección del Centro y del resto de profesionales del Equipo Técnico.

• Instrucciones para casos de emergencia con especificaciones para el personal del Centro y personas usuarias.

• Programación dietética del Centro y concreción semanal, quincenal o mensual de menús, firmada y sellada por el/la profesional competente.

• Reglamento de Régimen Interior del Centro.

2.8 Órganos de participación de los/as menores internos/as.

Se garantizará la participación de los/as menores de edad internados en la elaboración de su Programa Individualizado de Ejecución de Medida (PIEM), así como en la organización y funcionamiento de los servicios, mediante los órganos de representación que se determinen con la Entidad Pública.

2.9. Expediente personal único.

La Entidad Pública abrirá un expediente personal único a cada menor, en el que constarán todas las resoluciones judiciales e informes técnicos relativos a la ejecución de las medias, de acuerdo al artículo 48 de la LORRPM, y al artículo 12 del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio.

Especial mención de este artículo 12, en su punto 4, sobre los profesionales que intervengan en la ejecución de la medida, pertenecientes a otras entidades públicas o privada con las que se hayan establecido convenios o acuerdos de colaboración, que podrán acceder al fichero informático dependiente de la entidad, cuando así lo autorice ésta y se mantenga la preceptiva confidencialidad. En cualquier caso, una vez finaliza la medida de internamiento, el centro debe remitir toda la información generada con respecto a la ejecución de la medida sobre el menor o su familia, o en cualquier caso destruir dicha información previa notificación a la Entidad Pública.

La entidad concertada deberá incorporar los modelos de presentación de informes que la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores le proporcione, en concreto:

a) Modelo Individualizado de Intervención.

b) Programa Individualizado de Ejecución de Medida.

c) Informe de Seguimiento de la Medida Judicial.

d) Informe final de la Medida judicial.

e) Otros informes extraordinarios de incidencias o comunicación.

Durante la ejecución, la entidad concertada deberá elaborar y remitir a la unidad administrativa de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores de la Entidad Pública los documentos individualizados anteriormente citados en los plazos que estén estipulados por Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores y su Reglamento, para su supervisión, validación y remisión a los órganos judiciales correspondientes, a la vez que son incorporados al expediente único del menor.

La entidad deberá garantizar que las medidas tengan un carácter primordial de intervención educativa del menor dirigida fundamentalmente a superar los factores de riesgo que fomentan y mantienen las conductas delictivas y que han motivado su ingreso en un centro de menores privados de libertad, teniendo en cuenta el interés superior del menor.

Se utilizarán instrumentos de valoración del riesgo para la evaluación de las necesidades criminógenas, como son: IGI-J, SAFROF: YV, ERASOR y FRIDA (o cualquier otro con respaldo empírico y que estén avalados por la entidad pública), la evaluación de riesgo realizada se quedará reflejada en el PIEM señalando el nivel específico. A partir de esta valoración se diseñarán los objetivos de la intervención y las actuaciones concretas o para superar los distintos factores de riesgo. Se utilizarán los instrumentos de determinación más adecuadas que existen en la actualidad, y además se acoplaran adecuadamente a los niveles de intervención que se requieran.

2.10. Protocolos de actuación.

La entidad concertada deberá disponer de los protocolos para dar respuesta a situaciones específicas que se producen o se puedan producir dentro del centro bien sean éstas cotidianas o sobrevenidas, en ellos deben especificarse los objetivos que persiguen y el proceso y/o pautas concretas a seguir en cada uno, su redacción definitiva se ultimará bajo la supervisión de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores.

• Protocolo de acogida y observación

• Protocolo de valoración funcional

• Protocolo de movilidad en transporte público

• Protocolo de gestión sanitaria

• Protocolo de enfermedades infecto-contagiosas y/o actuación ante pandemias víricas

• Protocolo de actuación ante el ingreso de una persona menor con graves síntomas de intoxicación

• Protocolo de administración y seguimiento de medicamentos

• Protocolo de integración y seguimiento escolar

• Protocolo de actuación ante incidencias graves y/o muy graves

• Protocolo de actuación ante incautación de objetos peligrosos

• Protocolo de actuación ante situaciones de crisis y/o conflicto y conductas agresivas

• Protocolo de actuación ante la necesidad de contención física

• Protocolo de actuación ante incidencias familiares

• Protocolo de actuación ante enfermedad grave y/o ingreso hospitalario

• Protocolo de traslado de centro

• Protocolo de visitas y contactos familiares

• Protocolo de preparación e integración laboral

• Protocolo de atención a menores LGTBI.

• Protocolo de prevención del suicidio y/o conductas auto lesivas.

• Protocolo de intervención ante el ingreso de menores embarazas y/o durante el internamiento.

• Protocolo de ingreso de madres con hijos/as menores

• Protocolo de Actuación ante la comunicación el fallecimiento de un familiar a una persona menor internada en el centro.

• Protocolo de elaboración del duelo y fallecimiento.

• Protocolo de quejas y reclamaciones de menores y/o familiares

• Protocolo de actuación ante el ingreso de varios menores de una misma unidad familiar

• Protocolo de Actuación ante un altercado grave en el desarrollo de una visita familiar

• Protocolo de intervención y protección de menores que hayan cometido un delito que genere grave alarma social

• Protocolo de denuncias y actuaciones en situaciones de fuga y no retorno

• Protocolo de Actuación del Equipo de seguridad en situaciones de incidentes desde el exterior del centro

• Protocolo de cumplimiento de Sanciones de separación de grupo

• Protocolo de actuación ante una emergencia o accidente durante una salida al exterior del centro

• Protocolo de actuación en el proceso de Ramadán

• Protocolo de atención religiosa

• Protocolo de actuación ante la detección del posible maltrato familiar hacia la persona menor en las salidas y permisos.

• Protocolo de actuación ante menores que se encuentra a la vez con una medida de protección de menores.

• Otros protocolos de interés

2.11. Programas de intervención con menores infractores.

La entidad concertada deberá elaborar al menos los siguientes programas, tanto de intervención/tratamiento general como específica.

A) Programas Educativos de Intervención general.

Algunos de los Programas Educativos de Intervención general son:

• Programa de formación reglada conforme con el proyecto educativo del centro docente público al que estén adscritos.

• Programa de conocimiento y habilidades de acceso a TIC

• Programa de formación profesional ocupacional e inserción laboral.

• Programa de competencia psicosocial. Un programa de hábitos básicos y habilidades domésticas.

• Programa de educación de hábitos saludables.

• Programa de prevención y abordaje de los problemas asociados al consumo de drogas.

• Programa de Entrenamiento en Habilidades para afrontar el internamiento

• Programa de educación afectivo sexual.

• Programa de tutoría.

• Programa de refuerzo en el entorno familiar.

• Programa de cultura, tiempo libre y ocio.

• Programa de mediación cultural y por la diversidad

• Programa motivacional y refuerzo de la expectativa de logro.

• Programa de entrenamiento en habilidades básicas en las nuevas tecnologías y redes sociales

• Programa de educación física y deporte.

B) Programas de Intervención Específicas.

En la actualidad disponemos de suficiente conocimiento basado en la evidencia para poder especificar que algunos menores ingresados en los centros marcan una diferencia con la media común del resto y requieren de actuaciones específicas:

• Programas de intervención para menores que han cometido delitos contra la libertad sexual.

• Programa de intervención para menores que han cometido un delito de violencia de género.

• Programa de intervención para menores que han cometido delito de odio.

• Programa para menores pertenecientes a grupos juveniles violentos.

• Programa de agresores en el entorno familiar o de violencia paterno-filial.

Quinta: Locales y equipamientos

En aras a lograr una mejor atención y una mayor seguridad tanto de menores como de profesionales que les atienden y en base a la adecuada integración de los menores en su entorno y al trabajo con los mismos, y de acuerdo con el artículo 54.3 de la LORRPM y el artículo 53.1 del su Reglamento, el centro estará dividido en módulos adecuados a la edad, madurez, necesidades y habilidades sociales de menores internados. Al menos dispondrá de dos módulos aislados uno de otro, pudiendo compartir servicios comunes como cocina, lavandería y seguridad, pero deberán permitir todas las actividades tanto cotidianas como formativas de forma autónoma uno de otro.

Dispondrá de una zona administrativa destinada a oficinas y despachos en los cuales se llevará a cabo la praxis administrativa, de gestión y de control de las distintas áreas del Centro. La zona administrativa del Centro debe contar con los despachos o salas donde se puedan desarrollar entrevistas con los/as menores y visitas familiares. La Entidad concertada deberá poseer todos los enseres y mobiliario necesario de la zona administrativa.

El centro deberá estar enclavado dentro de la Comunidad Autónoma de Murcia para garantizar lo establecido en la Ley Orgánica 5/2000 (artículos 46.3, y 56.2 e), dotado de zonas deportivas, de ocio y formativas, y contar con eficaces medidas de contención físicas, al menos una valla perimetral culminada con seguridad. Los edificios deberán ser adecuados y debidamente equipados para la atención de menores y acreditados para tal fin por el Órgano competente de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. También deberán disponer de medios humanos (responsables, técnicos, personal educativo y de servicios) suficientes y en el número y condiciones que se establece en este acuerdo de concierto social.

La entidad concertada deberá acreditar la disposición de la infraestructura y equipamiento necesarios para la prestación de los servicios, adecuándose a las características de los/as menores privados/as de libertad. En concreto, la entidad concertada deberá acreditar la titularidad del centro o su disponibilidad por cualquier título jurídico válido por un período no inferior a la vigencia del concierto, conforme a lo previsto en el artículo 25 quater c) de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Dicho centro deberá estar debidamente autorizado a la puesta en funcionamiento de la actividad por el Servicio de Inspección, Registro y Régimen Sancionador de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II del Decreto 3/2015 de 23 de enero.

Asimismo, serán de obligado cumplimiento las disposiciones estatales, autonómicas y locales que le sean de aplicación, especialmente en lo referido a accesibilidad en espacios públicos y edificación, supresión de barreras en el transporte y la comunicación; sanidad, salud pública y reglamentación de comedores colectivos; instalaciones eléctricas, térmicas y de gases combustibles; eliminación de residuos; protección contra incendios, evacuación de edificios y prevención de riesgos laborales; pólizas de seguro con cobertura sobre continente, contenido y responsabilidad civil, sin perjuicio del cumplimiento del resto de legislación aplicable.

En la señalización exterior del centro figurará el Símbolo de la Red Pública de Servicios Sociales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 58/1990, de 26 de julio, (BORM 8 de agosto 1990) y demás normativa de desarrollo aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de identidad visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del propio centro, en el plazo de un mes desde la firma del concierto social.

El centro deberá cumplir las siguientes condiciones generales:

• Los accesos deberán estar adecuados para la atención de posibles menores con algún tipo de discapacidad física.

• Aseo adaptado para personas con movilidad reducida.

• Los escalones estarán dotados de bandas antideslizantes.

• Las escaleras estarán protegidas con barandillas para evitar riesgos innecesarios.

• Las rampas interiores serán de fácil visibilidad y estarán dotadas de suelo antideslizante.

Igualmente, el centro se podrá dividir en áreas de atención cuando sea necesario en función de las necesidades sanitarias (p.e: zona preventiva, zona limpia, zona covid, etc.), debiendo seguir las recomendaciones e instrucciones que reciban de las autoridades sanitarias y/o de la Dirección General competente en materia de protección de menores en cuanto a la organización de los centros, especialmente las relativas a higienización, sectorización, establecimiento de controles de paso, cuarentenas y organización de turnos de trabajo.

Los medios materiales para la ejecución del objeto de este concierto estarán a cargo de la entidad concertada, y consistirán básicamente en:

1. El equipamiento y mobiliario suficiente para la realización de las tareas objeto del concierto, así como gastos de reposición de daños materiales tanto del equipamiento como del inmueble.

En concreto:

• El mobiliario del centro deberá ser adecuado y consecuente con las edades y características de los/as menores atendidos/as.

• Al menos el cincuenta por ciento de las habitaciones deberán ser individuales.

• En los dormitorios, cada menor dispondrá, como mínimo, de una cama, armario ropero. Las habitaciones no deberán ser compartidas por más de tres menores, salvo casos excepcionales.

• Se dispondrá de un espacio adecuado para el estudio de los/as menores.

• Se dispondrá de un botiquín completo para primeros auxilios, con un uso restringido de acceso a medicamentos.

2. Los equipos informáticos que permitan tanto la elaboración de cualquier documento necesario para el desarrollo del objeto del concierto, como el mantenimiento de bases de datos que se requieran y la realización de cualquier tarea administrativa relacionada con la ejecución del servicio, así como para el acceso de las personas menores de edad a la formación y/o actividades telemáticas que sean necesarias o adecuadas en función de su edad y las circunstancias.

3. El centro concertado deberá contar con los siguientes planes generales:

• Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

• Plan de Emergencia, y Evacuación que estará disponible en el centro de trabajo.

• Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombre y mujeres en ámbito de la entidad concertada.

• Plan de actuación ante emergencias infecto-contagiosas o en caso de declaración de pandemia.

(Cláusula modificada por la Orden por la que se modifica el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de internamiento dictadas por los jueces de menores y por la que se determina el importe de las mismas)

Sexta: Personal

De acuerdo con el principio de profesionalización, todo el personal del centro deberá tener la debida titulación académica reglada, y en los casos en que ésta no sea obligatoria, deberá acreditar suficientemente su cualificación profesional, debiéndose dar la idoneidad y adecuación de los perfiles profesionales del personal a las necesidades de las personas usuarias. Asimismo, la entidad concertada garantizará la formación continuada del personal.

El personal del centro habrá de acreditar ante éste el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A este efecto aportará al centro una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, relativa a la carencia de antecedentes penales por condena mediante sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. Si los/as trabajadores/as fueran de origen extranjero o tuvieran otra nacionalidad, además deberán aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de donde sean nacionales, traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacionales existentes, respecto de los delitos a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.

El centro contará con el personal suficiente para dar la cobertura adecuada a las áreas de Gerencia y/o Dirección Técnica, Administración y Servicios, incluyéndose en esta última área el personal que realice funciones de transporte, limpieza, cocinas y comedores, mantenimiento y vigilancia, sea este personal de la entidad concertada o de empresa externa. Asimismo, las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal de la entidad concertada, cualesquiera que sean las causas de éstas, serán debidamente suplidas por dicha entidad concertada con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del concierto. Deberán ser notificadas a la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores todas las incidencias que estas sustituciones generen.

Para prestar la atención que requieren los/as menores privados/as de libertad atendidos en el centro, éste dispondrá tanto de personal de atención directa como de personal técnico cualificado para el desarrollo de los Programas Individualizados de Ejecución de Medida de cada menor, así como de cualquier otro que sea necesario para el buen funcionamiento del mismo. En todo caso, deberá estar adecuadamente cubierta la atención directa diaria de los/as menores internados/as durante su permanencia en el centro. Estos profesionales prestarán los servicios propios de su categoría profesional, bajo la dirección del/de la directora/a del Centro, en cualquier caso.

Las ratios establecidas derivan del estudio realizado por parte del personal técnico de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores, y son las mínimas que garantizan la atención adecuada de menores.

Si el número de menores variara respecto a lo previsto en el inicio del concierto, se tendrían en cuenta las ratios establecidas en el presente acuerdo para calcular el número de profesionales y el número de horas de atención semanal de cada uno/a de ellos.

Los/as profesionales que la entidad concertada destine a la ejecución de los trabajos, objeto del concierto, dependerán exclusivamente de la misma, ejerciendo la entidad concertada todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleadora de aquellos; por tanto, la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia será ajena a las relaciones laborales que por tal motivo pudieran generarse, actuando únicamente como órgano que concierta.

La entidad concertada procurará que exista la máxima continuidad de los/as profesionales, con el fin de facilitar a los/as menores, que los/as tutores/as de referencia sean estables y con los/as que puedan mantener pautas enriquecedoras de comunicación social y afectiva. En caso de sustituciones posteriores del personal exigido en este acuerdo, los/as nuevos/as profesionales que se incorporen a la prestación del servicio, deberán estar en posesión de las titulaciones académicas o certificaciones y de los requisitos exigidos en este apartado, previa afectación y bajo la supervisión del responsable del concierto.

Los convenios con entidades o centros educativos para realización de prácticas en el centro deberán comunicarse y contar con la correspondiente autorización de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores.

La entidad concertada será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle, así como de las consecuencias que se produzcan para la Administración o para terceros de las comisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del concierto.

En la ejecución del concierto, la entidad concertada quedará obligada, con respecto al personal que emplee en la gestión de la prestación objeto del concierto, al cumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de legislación laboral y Seguridad Social, así como de las que se puedan promulgar durante dicha ejecución.

El/la director/a del centro mantendrá una permanente y fluida relación de comunicación e información con la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores y la unidad administrativa de ésta que desarrolle dicha función.

El personal exigido en el presente concierto está destinado a garantizar la atención de forma exclusiva en adecuadas condiciones de calidad a las y los menores que ocupen las plazas, cuyo número se indica en el objeto de este acuerdo, a través de las cuales se hacen efectivas la ejecución de medidas judiciales de menores en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Si por necesidades ajenas a esta Administración, la entidad concertada permite la asistencia de otros menores no incluidos en el presente acuerdo, deberá garantizar durante toda la vigencia del concierto que la atención al resto de menores se produce con recursos personales ajenos a los del presente concierto.

1. Personal requerido para el funcionamiento del centro:

Teniendo en cuenta el número de menores y el tipo de medida y para ofrecer una atención residencial individualizada y de calidad, la entidad concertada para prestar los servicios exigidos de manera integral, contará como mínimo con la siguiente plantilla de personal y con las ratios que figuran a continuación:

a) Dirección y Coordinación

*1 Director

*1 Subdirector (en centros con más de 30 menores deberá haber 2 subdirectores)

*Coordinador (0,10 por cada menor en centro)

 

b) Personal Técnico cualificado

*Psicólogo (0,05 por menor)

*Trabajador Social (0,05 por menor)

*Médico (0.006 por menor)

*Psiquiatra (0,004 por menor)

*D.U.E. (0,006 por menor)

 

c) Personal Socioeducativo

*Educador Social (0,10 por menor)

*Auxiliar Educativo (0,68 por menor)

d) Auxiliar de Control Educativo (0,43 por menor)

2. Perfil de los profesionales.

Teniendo en cuenta la Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores, especialmente el Anexo 1 “Competencias generales de los puestos de trabajo y cualificaciones de referencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones”, y sin perjuicio de las modificaciones producidas por la aprobación de posteriores convenios colectivos, se establecen los siguientes perfiles profesionales:

Perfil Director/a: Estar en posesión de una titulación mínima de Diplomatura, Licenciatura o Grado. Deberá acreditar una experiencia contrastada de, al menos, 5 años de actividad profesional con menores infractores.

Perfil Subdirector/a: Estar en posesión de una titulación mínima de diplomatura, licenciatura o grado en las áreas psicológica, pedagógica o socio-educativa, y acreditar una experiencia contrastada de, al menos, 3 años de actividad profesional con menores infractores.

Perfil Coordinador/a: Estar en posesión de una titulación mínima de diplomatura o grado universitario preferentemente en las áreas psicológica, pedagógico o socio-educativa, y acreditar una experiencia contrastada de, al menos, dos años de actividad profesional con menores infractores.

Perfil médico/a: Estar en posesión del título de médico y un año de experiencia con menores infractores.

Perfil Psiquiatra: Estar en posesión del título de psiquiatra y un año de experiencia con menores infractores.

Perfil Psicólogo/a: Estar en posesión del título de Licenciado o poseer el Grado de Psicología, y un año de experiencia con menores infractores.

Perfil Pedagogo/a: Estar en posesión del título de Licenciado o poseer el Grado de Pedagogía, y un año de experiencia con menores infractores

Perfil Trabajador/a Social: Estar en posesión del título de Diplomado o Grado en Trabajo Social, y un año de experiencia con menores infractores.

Perfil Personal Socioeducativo:

*Educador Social: Estar en posesión del título en Diplomado o Grado en Educación Social o Habilitación, y un año de experiencia con menores infractores.

*Auxiliares Educativos: Estar en posesión de la titulación en ESO o equivalente, y poseer, al menos, tres años de experiencia en trabajo con menores infractores.

Perfil de Auxiliar de Control Educativo: Estudios mínimos de ESO o equivalente.

Las titulaciones de todo el personal anteriormente relacionado se acreditará mediante la presentación de las titulaciones o certificaciones correspondientes en el caso del Grupo profesional 3 regulado en el artículo 27.4 del III Convenio Colectivo.

A partir de la firma de este concierto social no podrán formalizarse nuevas contrataciones con el puesto de trabajo de educador/a, siendo éste un puesto de trabajo a extinguir, de conformidad con la disposición final primera del III Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores. No obstante lo anterior, y de acuerdo con la citada disposición transitoria quinta del mencionado III Convenio Colectivo, el personal de la entidad concertada que a la firma del presente concierto poseyera la categoría profesional de educador/a o viniera desempeñando las funciones principales asignadas a dicha categoría podrá seguir ocupando su puesto de trabajo en los términos establecidos por el Convenio colectivo de aplicación, de modo que se garantice la continuidad en la prestación del servicio y del vínculo establecido con los/as menores internados/as.

3. Turnos y horarios del personal del centro

El servicio se prestará todos los días del año con la siguiente cobertura mínima y distribución por turnos:

• Director: jornada de mañanas.

• Subdirectores: jornada de mañanas y/o tardes.

• Coordinadores: jornada de mañanas, jornada de tardes y jornada de fin de semana.

• Psicólogo: jornada de mañanas y/o tarde

• Pedagogo: jornada de mañanas y/o tardes

• Trabajador Social: jornada de mañanas y/o tardes

• Diplomado universitario en enfermería: jornada de mañanas

• Médico: a demanda.

• Psiquiatra: a demanda

• Personal educativo:

- Turno de mañanas. -

- Turno de tarde. -

- Turno de Fin de Semana. -

- Turno de noche. -

• Auxiliar de Control Educativo: jornadas de mañanas, jornadas de tarde, jornadas de fin de semana y jornadas de noche.

• Vigilantes de Seguridad: jornada de mañanas, jornada de tardes y jornada de fin de semana.

(Cláusula modificada por la Orden por la que se modifica el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de internamiento dictadas por los jueces de menores y por la que se determina el importe de las mismas)

Séptima: Importe de las plazas. Cuantía del concierto social. Liquidación de estancias

1. Estimación de costes

La estimación de los costes se realiza teniendo en cuenta la relación que guardan con la prestación del servicio objeto del concierto, distinguiendo entre costes directos e indirectos, tomando como referencia las variables y referencias que a continuación se relacionan:

El pago se efectuará con cargo a la partida presupuestaria 51.02.00.313Q.260.01, código de proyecto XXXXXX, de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El gasto correspondiente a los meses de diciembre, se justificará en la fecha que se determine anualmente a través de una declaración estimativa de la ocupación del centro que se compensará, en su caso, en el primer mes del ejercicio siguiente.

4. Liquidación de estancias por la entidad concertada

La Dirección del Centro, dentro de los 5 días naturales del mes siguiente al devengado, remitirá, a la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores, certificación nominal de personas internadas. En esta liquidación se especificarán los/as menores internos/as en el centro y los días que han permanecido en el mismo, indicando el número de plazas ocupadas y el número de plazas no ocupadas para poder determinar la cantidad a abonar.

El certificado emitido por el/la Director/a del Centro será conformado por funcionarios de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores en orden a, de acuerdo con los datos y documentos obrantes en dicha Dirección General, comprobar la correcta liquidación a realizar. No obstante, lo anterior no impedirá la verificación a posteriori de los datos certificados por la Dirección del Centro.

La Dirección del Centro deberá comunicar a la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores las altas y bajas de las personas beneficiarias en un plazo máximo de tres días naturales desde que éstas se produzcan.

Las facturas se presentarán en un Registro Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en la materia, y cumplirá los demás requisitos establecidos en la normativa de aplicación.

Octava: Compromisos de las partes

1. Por parte de la Consejería competente en materia de reforma de menores

La Consejería competente en materia de reforma de menores, además de las obligaciones recogidas en el artículo 15 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, se compromete a:

1) La financiación del importe de las plazas sin que, en ningún caso, pueda superarse la cuantía del presente concierto social que se determine con base en los importes por plaza recogidos en la cláusula novena.

2) Ceder a la entidad concertada los datos de carácter personal, que obrando en sus ficheros, correspondan a las personas que sean usuarias de las plazas y que a tal efecto, hayan sido recabados, cediéndose dichos datos con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento al objeto de este concierto social, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha gestión. Los datos cedidos por la Consejería competente en materia de reforma de menores estarán sometidos a la regulación contenida en la normativa vigente en materia de protección de datos.

3) Proporcionar a la entidad concertada una aplicación informática que será de uso obligatorio por ésta para la gestión de las plazas incluidas en el presente concierto social y/o de los expedientes administrativos relativos a menores.

4) Realizar el seguimiento de la prestación objeto del concierto social.

5) Elaborar instrucciones y/o circulares de cuantos aspectos se considere oportuno en torno a la ejecución de las medidas y el funcionamiento del centro, al objeto de unificar criterios de intervención.

2. Por parte de la entidad concertada

La entidad concertada, además de las obligaciones recogidas en el artículo 14 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, se compromete a:

1) Prestar el servicio objeto de este concierto social según lo establecido en las cláusulas del mismo y en la legislación vigente en materia de reforma de menores, observando especialmente los aspectos relativos a los derechos de menores.

2) No cubrir las plazas financiadas mediante este concierto social que resulten vacantes e informar a la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores de dicho extremo.

3) Presentar la liquidación mensual con certificado de la dirección del centro, de acreditación de estancias en la forma y plazos señalados en la cláusula novena del presente concierto social.

4) Designar a una persona responsable del Centro que colabore e informe de todas aquellas cuestiones, relativas a este concierto social, a solicitud de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores.

5) Presentar, en el plazo máximo de tres meses desde la finalización de cada anualidad de vigencia del presente concierto social, una memoria técnica de seguimiento del desarrollo del servicio durante el ejercicio anterior.

6) Aportar copia de los contratos de trabajo de los/las profesionales en el plazo de 15 días desde la formalización del concierto social, así como copia de los contratos que se formalicen con posterioridad a dicha fecha.

7) A la señalización exterior del centro financiado mediante este concierto, de acuerdo con el Decreto 58/1990, de 26 de julio, (BORM 8 de agosto 1990, n.º 182) del Símbolo de la Red Pública de Servicios Sociales (BORM 8 de agosto 1990, n.º 182), y demás normativa de desarrollo de dicho Símbolo.

8) En caso de emergencia sanitaria, la entidad concertada utilizará para efectuar el traslado y acompañamiento, los medios y recursos del sistema de Salud que corresponda.

9) Notificar a la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores las incidencias que surjan en el Centro.

10) Comunicar a la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores en el plazo de tres días naturales desde su producción aquellas incidencias que considere de especial relevancia en la atención a los/as menores internados/as en el Centro, especificando en observaciones los hechos ocurridos, así como las intervenciones realizadas al respecto por el centro. Esta especial consideración tendrá así mismo los retornos y fugas o desapariciones de personas usuarias, que también habrán de ser comunicadas inmediatamente a los Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía de Menores y al Juzgado de Menores correspondiente.

11) Mantener cubiertos los costes de reposición en caso de siniestro total o parcial de la infraestructura del centro, mediante la suscripción de los oportunos contratos con entidades aseguradoras.

12) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de la prestación objeto de concierto social, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración, para lo cual ha de tener suscrita la correspondiente póliza de responsabilidad civil con entidad aseguradora.

13) Utilizar las herramientas informáticas para la gestión administrativa y técnica del concierto social, que se establezca desde la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores y se consideren de uso obligatorio.

14) Guardar secreto profesional y aplicar el código deontológico en todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del concierto social, estando obligada a no difundir, en forma alguna, los datos que conozca como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo del concierto social. La entidad concertada deberá cumplir lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Protección de Datos, debiendo formar e informar a su personal de las obligaciones que derivan de la misma.

(Cláusula modificada por la Orden por la que se modifica el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de internamiento dictadas por los jueces de menores y por la que se determina el importe de las mismas)

Novena: Seguimiento del concierto social

Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el personal técnico de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores podrá visitar el Centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este concierto social.

Con este fin la entidad concertada se someterá a:

1. Supervisión administrativa. Las diferentes unidades de la Consejería competente en materia de reforma de menores recabarán información y realizarán seguimiento de todos los extremos recogidos en el presente acuerdo. Los Servicios de Inspección de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales podrán, en uso de su facultad inspectora podrán, de oficio o a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación y la veracidad de los datos alegados.

2. Supervisión técnica. Los/as responsables y equipos de los centros recibirán:

A. Asesoramiento Técnico, durante el tiempo de duración de la medida judicial y sobre todo, en la elaboración y aplicación del programa de intervención individualizado de la medida.

B. Supervisión, que se desarrollará durante todo el proceso de ejecución de la medida impuesta y consistirá en la evaluación del caso, comprobando que la información recogida para analizar es la necesaria para posibilitar la toma de decisiones respecto de posibles cambios o modificaciones de las medidas impuestas a menores.

El órgano directivo competente en materia de reforma de menores dispondrá de los recursos personales y de los medios necesarios para que tanto el asesoramiento técnico como la supervisión sea llevada a cabo del modo y en el tiempo adecuado.

Las actuaciones de supervisión y control tendrán por objeto comprobar y evaluar las instalaciones del centro, su adecuación al contenido de este acuerdo, sobre todo a la adecuada prestación de los servicios concertados, el ajuste de su funcionamiento y actividad al marco normativo aplicable y al proyecto educativo aprobado, así como a la calidad de la atención prestada a cada menor y el respeto de sus derechos. La entidad concertada deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por la Consejería competente en materia de reforma de menores la realización de las mismas y aportando la documentación que se solicite para permitir un seguimiento y mayor coordinación de la ejecución de este concierto.

Se realizarán reuniones de coordinación entre la entidad concertada y los/as técnicos/as de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores, con una periodicidad, como mínimo mensual, aunque dicha periodicidad se establecerá en función de las características y necesidades de cada caso, para el análisis de la información disponible, revisión de casos y el establecimiento de las estrategias a seguir y los recursos a utilizar.

Cuando se considere necesario se podrá convocar a otros profesionales de otras disciplinas y entidades que puedan aportar información relevante para el caso.

En el desarrollo de la ejecución del concierto, la Consejería competente en materia de reforma de menores podrá formular a la entidad concertada aquellas advertencias destinadas a la corrección de desajustes en el modo de prestación del servicio para su adecuación a las instrucciones recibidas y al acuerdo de formalización del concierto, todo ello con carácter previo y sin perjuicio de la tramitación del correspondiente expediente declarativo de los incumplimientos.

Sin perjuicio que la entidad pública habiendo detectado sugerencias de los propios menores o incidencias leves, pueda dar indicaciones a la entidad concertada como propuesta de mejorar de la calidad del servicio, de la que se realizará un seguimiento en su implementación.

Décima: Vigencia, modificación y prórroga.

La duración inicial del presente Concierto social será de 4 años, con efectos desde (fecha inicio) hasta (fecha fin).

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17.2 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, 6 meses antes de la finalización del plazo previsto en el párrafo anterior, el presente acuerdo podrá ser renovado por acuerdo expreso de las partes por un periodo máximo de 4 años.

Conforme a lo previsto en el artículo 18 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, el presente concierto social podrá ser objeto de revisión y en su caso, de modificación atendiendo a la variación de las circunstancias iniciales de su suscripción, con el fin de adecuarlo a las nuevas necesidades. Las modificaciones propuestas deben estar debidamente justificadas.

Asimismo, en cuanto al número de plazas concertadas, éstas se podrán modificar sin necesidad de nueva convocatoria, hasta el 20% del total del importe del concierto si existiera crédito suficiente, para dar satisfacción a nuevas necesidades y se podrán reducir cuando las plazas reservadas no hayan sido ocupadas por periodo superior a 6 meses debido a la ausencia de demanda, con la conformidad de la entidad concertante.

La modificación o prórroga a que se refieren los párrafos anteriores deberá reflejarse en el correspondiente documento administrativo, que se unirá al presente acuerdo.

Se considerará modificación de las condiciones del concierto social el cambio de local o centro que pueda producirse a lo largo de la vigencia del mismo. Éste deberá ser comunicado con la suficiente antelación a la Consejería competente en materia de reforma de menores, para su autorización por el Servicio de Inspección, Registro y Régimen Sancionador de la citada Consejería. Tras esta autorización, el cambio de local o centro deberá ser aprobado, previo informe favorable del Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores, siempre y cuando el mismo reúna los requisitos establecidos en la convocatoria y/o modelo de acuerdo y aquellos que hayan sido tenidos en cuenta para la concesión del mismo.

Tanto las renovaciones como las modificaciones estarán supeditadas, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en cada uno de los correspondientes ejercicios de vigencia del presente Concierto social.

Decimoprimera: Extinción del concierto social

Serán causas de extinción del Concierto Social, además de las previstas en el artículo 18 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, las siguientes:

a. El incumplimiento de las siguientes obligaciones esenciales:

a.1) Proporcionar a los/as menores de edad internados/as una atención adecuada, integral, personalizada y continuada, adaptada a sus necesidades específicas de apoyo y a la medida judicial impuesta

a.2) Garantizar a las/os menores de internos/as el acceso a todos los servicios en condiciones de igualdad.

a.3) Prestar los servicios de acuerdo con los estándares de calidad asistencial exigibles al tipo de plaza que se trate.

La resolución del concierto social por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados por parte de la entidad concertada.

b. El incumplimiento total y reiterado de las obligaciones establecidas en la cláusula novena del presente concierto social.

En ambos supuestos, cualquiera de las partes, podrá requerir a la parte incumplidora para que cumpla en el plazo de 15 días con las obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución que deberá reflejarse en el correspondiente documento administrativo.

c. El incumplimiento de alguna de las cláusulas de este acuerdo que conculque gravemente los derechos de los/as menores o pongan en grave riesgo su salud o seguridad, ello sin perjuicio de las acciones legales que la Consejería competente en materia de reforma de menores pudiera emprender.

d. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del concierto social.

e. Por decisión unilateral de cualquiera de las partes, por causas debidamente justificadas que obstaculicen o impidan el cumplimiento de los compromisos asumidos, con un preaviso mínimo de 6 meses.

En todo caso, y dada la naturaleza de los servicios objeto de concierto, que consisten en la atención continuada a las personas usuarias cuyo derecho subjetivo debe preservarse de forma permanente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18.3 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, aun cuando el presente concierto social termine por cualquiera de las causas previstas en el Decreto 62/2019, de 3 de mayo y en el presente acuerdo deberá extender sus efectos, con las mismas condiciones que tuviera de prestación de servicios e importe, hasta que la prestación del servicio a las personas usuarias por parte de otra entidad o Centro quede asegurada a través del instrumento de colaboración que se considere oportuno. Para ello, será necesaria Orden dictada por la Consejería competente en materia de Reforma de Menores en la que se disponga la extensión de los efectos del concierto y se realice la reserva de crédito que asegure la continuidad de la financiación de los servicios con carácter previo a la finalización de la vigencia del concierto social, sin que sea necesario acuerdo expreso entre las partes que habilite la extensión de efectos del concierto social de conformidad con el citado artículo 18.3.

Decimosegunda: Publicidad

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, se dará publicidad al presente acuerdo de concierto social, con indicación de las partes firmantes del acuerdo de concierto social, el objeto y plazo de duración, así como sus posibles modificaciones y renovaciones y las obligaciones de ambas partes, con especial referencia a las obligaciones económicas a través del Portal de la Transparencia. Dicha publicación se actualizará trimestralmente.

Decimotercera: Jurisdicción competente

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, la Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, en el desarrollo del presente Concierto social, dada su naturaleza administrativa.

Y dejando constancia de su conformidad suscriben el presente acuerdo de concierto social.

 
Por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social Por _________________________
La Consejera, Isabel Franco Sánchez ___________________________
 
 


Extracto de la Orden de 29 de junio de 2021 de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, por la que se convocan subvenciones para entidades del tercer sector de acción social, destinadas al desarrollo de actuaciones en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia durante el año 2021

BORM nº 151 de 3 de julio de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Viegencia: desde el 4 de julio de 2021

Referencias

Afectada por:

  • Orden de 4 de julio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector de Acción Social, para el desarrollo de actuaciones en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia. (BORM nº 158 de 11 de julio de 2018)

Establece las bases reguladoras.

Contenido

BDNS(Identif.): 572638

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/572638)

Primero. Objeto y finalidad.

1. El objeto de la presente Orden es convocar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades del Tercer Sector de Acción Social para el desarrollo de actuaciones en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia.

2. La finalidad de las subvenciones que se convocan es promover y fomentar actuaciones destinadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia, a través de la financiación de proyectos de intervención social. 

Segundo. Entidades y organizaciones solicitantes.

1.  De acuerdo con el artículo 3 de las bases reguladoras, podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden las entidades que tengan la consideración de entidades del Tercer Sector de Acción Social en los términos previstos en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, que reúnan los siguientes requisitos:

Estar legalmente constituidas al menos con 2 años de antelación a la fecha de la convocatoria de subvención.

Estar inscritas en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante RCSS) y tener autorización para la realización de las actividades objeto de la subvención, así como los centros donde estas se realicen, de conformidad con el Decreto n. º 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos.

Las actividades objeto de los proyectos presentados y los centros donde estas se realicen, deberán estar autorizadas en dicho Registro con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de la presente subvención.

c) Carecer de fines de lucro.

d) Tener fines institucionales adecuados y recogidos como tales en sus propios estatutos para la realización de las actividades consideradas subvencionables de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de esta Orden.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones, impuestas por las disposiciones vigentes.

f) Tener implantación en la Región de Murcia, contando con sede o al menos delegación permanente en la misma.

2. No podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente norma las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. No se entenderán incluidas dentro de la tipología de entidades y organizaciones no gubernamentales las entidades de derecho público, los partidos políticos, las universidades, las sociedades civiles, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las organizaciones empresariales y los sindicatos y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente.

Tercero.  Régimen jurídico aplicable a la convocatoria.

Esta convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Orden 4 de julio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (en la actualidad Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social), por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones; por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como por cualquier otra disposición o norma del ordenamiento jurídico que resulte de aplicación.

Cuarto.  Imputación y límites presupuestarios.

1. Estas subvenciones se concederán con cargo a la consignación establecida en la partida presupuestaria 18.04.00.313R.481.06 “Entidades benéficas de protección social”, código de proyecto 42115 “A organizaciones para la lucha contra la pobreza”, por un importe máximo de 2.000.000,00 € (DOS MILLONES DE EUROS), de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2021, distribuyéndose en función de la naturaleza de los proyectos propuestos para su concesión. Dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de la concesión.

2. Las subvenciones que se otorguen serán concedidas hasta el límite de la consignación presupuestaria definitiva existente, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales establecidos en la legislación aplicable, en las bases reguladoras y de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

Quinto. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

1. La presentación de la solicitud que deberá ir firmada electrónicamente por el representante de la entidad, previa su cumplimentación, se realizará en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://sede.carm.es), que se haya habilitado a tal fin en la Guía de Procedimientos y Servicios (n.º de procedimiento 2581).

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Sexto. Otros datos.

Cada entidad podrá presentar un máximo de tres solicitudes, cada una de ellas en distintos ejes de actuación.

En aquellos casos en los que una entidad presente más de tres solicitudes, se considerarán únicamente las tres primeras por orden de presentación.

Asimismo, a la hora de registrar en sede electrónica la solicitud de subvención, se adjuntaran únicamente los documentos relativos a esa solicitud, debiendo evitarse adjuntar documentación relativa a otros proyectos.

Las subvenciones que se otorguen podrán atender total o parcialmente el importe solicitado en función del crédito disponible y del orden de prelación resultante tras la aplicación de los criterios de valoración.

Para cada proyecto, la solicitud de subvención será como máximo, la cuantía del eje en el cual se enmarca dicho proyecto.

La duración de los proyectos presentados no podrá superar los 12 meses.

El periodo de ejecución de los proyectos comprenderá desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Murcia, 29 de junio de 2021.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.


Decreto de la Presidencia número 31/2021, de 22 de marzo, por el que se encomiendan a la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, las atribuciones de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública (SIN EFECTO)

BORM número 67 de 23 de marzo de 2021

Presidencia

Vigencia: desde el 23 de marzo de 2021

Referencias

Modificado por:

Decreto del Presidente número 61/2021, de 28 de junio, por el que se deja sin efecto el Decreto de la Presidencia número 31/2021, de 22 de marzo, por el que se encomiendan a la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, las atribuciones de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública (BORM número 149 de 01/07/2021):

Deja sin efecto al Decreto anterior.

Contenido

El artículo 36.5 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, previene que, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de larga duración de un Consejero, el Presidente podrá encomendar, provisionalmente, el ejercicio de sus atribuciones como miembro del Consejo de Gobierno y como titular de su Departamento, a otro Consejero, en los términos establecidos en el artículo 5.6 de dicha Ley.

Con esta finalidad, en uso de las facultades que legalmente me están atribuidas,

Dispongo:

Encomendar provisionalmente a la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, el ejercicio de las atribuciones del titular de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, como miembro del Consejo de Gobierno y titular de dicho Departamento.

Disposición final única.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 22 de marzo de 2021. El Presidente, Fernando López Miras.

Orden de 30 de julio de 2020 de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación (MODIFICADA)

BORM nº 177 de 1 de agosto de 2020

Consejería de Empleo, Investigación y Universidades

Vigencia: desde el 2 de agosto de 2020

Referencias

Modificada por:

Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la Orden de 30 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación (BORM número 145 de 26 de junio de 2021):

Se modifica el apartado 2 del artículo 5; se da nueva redacción al artículo 4 y a los apartados 1 y 3 del artículo 11; se da nueva redacción al artículo 19 y se adiciona el apartrado 4 al artículo 23.

Contenido

Índice:

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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad
Artículo 2.- Régimen jurídico
Artículo 3.- Procedimiento de concesión
Artículo 4.- Financiación
Artículo 5.- Beneficiarios y requisitos que han de cumplir
Artículo 6.- Destinatarios finales de la subvención
Artículo 7.- Normas comunes del procedimiento
Artículo 8.- Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes
Artículo 9.- Documentación a presenar junto con la solicitud. Justificación de la ayuda
Artículo 10.- Instrucción del procedimiento de concesión
Artículo 11.- Resolución del procedimiento
Artículo 12.- Pago de la subvención
Artículo 13.- Régimen de incompatibilidades
Artículo 14.- Reintegro de las cantidades percibidas
Artículo 15.- Difusión y publicidad de las subvenciones
Artículo 16.- Obligaciones de los beneficiarios

CAPÍTULO II. PROGRAMAS DE AYUDAS

Sección primera. Programa n.º 1 de Ayudas: Subvención a la creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo de personas en riesgo o situación de exclusión social

Artículo 17.- Objeto
Artículo 18.- Requisitos de subvencionalidad
Artículo 19.- Cuantía de la ayuda
Artículo 20.- Mantenimiento de las condiciones de la subvención

Sección segunda. Programa n.º 2 de Ayudas: Subvención a la contratación y/o mantenimiento de personal técnico de producción y acompañamiento

Artículo 21.- Objeto
Artículo 22.- Requisitos de subvencionalidad
Artículo 23.- Cuantía de la ayuda
Artículo 24.- Mantenimiento de las condiciones de la subvención

Sección tercera. Programa n.º 3 de Ayudas: Subvención dirigida a asociaciones representativas de empresas de inserción para la promoción y difusión de la actividad propia de empresas de inserción

Artículo 25.- Objeto
Artículo 26.- Resquisitos de subvencionalidad
Artículo 27.- Cuantía de la ayuda
Artículo 28.- Plazo y justificación de la subvención
Disposición adicional única. Interrupciones de actividad y suspensión de contratos por COVID-19
Disposición final única. Entrada en vigor

TEXTO COMPLETO

 

La lucha contra la pobreza y exclusión social se configura como uno de los objetivos de la Estrategia Europea 2020. Por ello, en el marco del Programa del Fondo Social Europeo 2014-2020 se prevén acciones específicas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, y en riesgo de una posible exclusión social.

 

En la Región de Murcia, la Estrategia de Empleo de Calidad establece como prioritaria la atención para la inserción socio laboral de discapacitados y personas en riesgos de exclusión social.

 

Los datos muestran que la tasa de actividad de estos colectivos en la Región es aproximadamente 32 puntos inferior a la de la población general de entre 16 y 64 años, por lo que en la Estrategia se prevé específicamente un programa mixto de empleo y formación, consistente en subvenciones para el desarrollo de proyectos de carácter temporal en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo en actividades relacionadas con nuevos yacimientos de empleo, servicios de utilidad colectiva, servicios de ocio y culturales y servicios personalizados de carácter cotidiano.

 

Tal como ha puesto de manifiesto el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia en su dictamen al proyecto de Decreto por el que se crea el Registro Administrativo de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y se regula su organización y funcionamiento, “las personas que se encuentran en situaciones de marginación o de exclusión, afrontan especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, debido a sus carencias sociales, económicas, educativas y de cualificación laboral. Pero también a las transformaciones en la economía, la sociedad, los continuos avances tecnológicos y los cambios en los hábitos laborales y en los sistemas de organización de trabajo.

 

La dificultad para participar en los mecanismos habituales de formación e inserción laboral constituye un rasgo común a casi todas las situaciones de exclusión social. El abordaje de los procesos de integración social requiere, por ello, que se incida de forma específica en su relación con el mundo del empleo. Asimismo resulta imprescindible que las Administraciones Públicas se involucren en la lucha contra la exclusión social a través de acciones de integración encaminadas a potenciar la plena participación de los colectivos afectados por esta situación”.

 

Según el artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, las empresas de inserción forman parte de la economía social, con independencia de que se regulen por sus normas específicas, en concreto por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, desarrollada en nuestra Comunidad Autónoma, en lo atinente al registro administrativo habilitante para el ejercicio de la actividad, por el Decreto 109/2016, de 5 de octubre, por el que se crea y regula el Registro Administrativo de Empresas de Inserción de la Región de Murcia, y se dictan normas sobre el procedimiento de calificación de empresa de inserción laboral y su inscripción en dicho registro.

 

Las empresas de inserción, ya sean cooperativas u otro tipo de entidad mercantil, se configuran como un activo imprescindible para la inserción laboral de personas que adolecen de una situación de desventaja o exclusión social.

 

En estos términos se considera necesario impulsar su creación y fomentar el conocimiento de este tipo empresarial por la sociedad en su conjunto. Para ello se articulan una serie de ayudas, con cargo a fondos propios del presupuesto regional, dirigidas a la difusión de la tarea social que estas entidades realizan, de la mano de las asociaciones más representativas de empresas de inserción.

 

La Administración Regional pretende impulsar la integración laboral de estas personas, contando con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE), a través del Programa Operativo 2004-2020 FSE de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

 

El Fondo Social Europeo se configura como instrumento determinante para estimular en los estados miembros el empleo y la inclusión social, en especial de los colectivos menos favorecidos, garantizando la consecución de mayores cotas de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos europeos.

 

El Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020, contempla como ejes prioritarios “Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación, reforzando las actuaciones de Empleo con apoyo para personas con discapacidad y otras personas con dificultad e itinerarios de inserción socio laboral para personas en situación o riesgo de pobreza y/o excusión social”.

 

Como consecuencia de la revisión realizada por la Comisión Europea al Marco Financiero Plurianual 2014-2020, para ajustarlo a los cambios en la situación socioeconómica (Decisión de Ejecución (UE) 2016/1941, de la Comisión de 3 de noviembre de 2016), se ha creado una nueva actuación destinada a “Ayudas a la contratación por empresas de inserción social” de la que es responsable la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, encargada de poner en marcha una línea de subvención dotada con 800.000,00 euros denominada “Ayudas a la contratación por parte de empresas de inserción social” para la integración sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social a través de las empresas de inserción, inscritas en un registro regional, incentivando su contratación.

 

Los programas 1 y 2 incluidos en esta Orden dirigidos a la contratación y/o mantenimiento de personas en riesgo de exclusión y de los técnicos de producción o acompañamiento estarán cofinanciados con cargo al FSE en un porcentaje del ochenta por ciento, en el marco del Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020 Eje 2; objetivo Específico 9.1.1.

 

Por su parte, el programa 3 -orientado al fomento de acciones de difusión de la actividad propia de las empresas de inserción-, se financiará íntegramente con cargo a fondos propios de la Administración regional.

 

Asimismo, la presente norma se ajusta a los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, la norma regula la contratación y/o mantenimiento de la contratación de personas en riesgo de exclusión por empresas calificadas como de “inserción”, así como las ayudas dirigidas a fomentar este tipo de mercantil; es eficaz al ser el instrumento adecuado para los fines perseguidos, no limitando derechos y deberes de los ciudadanos. Además, contribuye a la satisfacción del principio de seguridad jurídica. Por último, respeta el principio de eficiencia, al no imponer cargas administrativas a las personas beneficiarias.

 

Teniendo en cuenta el artículo 1 del Decreto n.º 178/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, corresponden a esta Consejería las competencias de propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, en materia de trabajo y fomento de la economía social.

 

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 52.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 13.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

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Dispongo:

Capítulo I 

Disposiciones generales

Artículo 1.- Objeto y finalidad

La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a fomentar, promover y facilitar la integración laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social mediante itinerarios personalizados de inserción, en colaboración con empresas de inserción, a través de los siguientes programas de ayudas:

- Programa 1: Subvención a la creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo.

- Programa 2: Subvención a la contratación y/o mantenimiento de personal técnico de producción y acompañamiento.

- Programa 3: Subvención al fomento de acciones de comunicación y divulgación realizadas por asociaciones de empresas de inserción que representen al menos un tercio de las empresas de inserción inscritas de forma definitiva en el Registro de Empresas de Inserción de la Región de Murcia.

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Artículo 2.- Régimen jurídico

1. Las subvenciones que se convoquen al amparo de esta Orden se regirán además de lo dispuesto en estas bases reguladoras, por la siguiente normativa y sus normas de desarrollo:

- Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes y disposiciones generales para los fondos estructurales, en adelante Reglamento Común.

- Reglamento Delegado (UE) 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014, que complementa el Reglamento (UE) n.° 1303/2013.

- Reglamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo, en adelante Reglamento del FSE.

- Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de programación 2014-2020.

- Para las empresas de inserción: Reglamento (UE) número 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general.

2.  La concesión de las subvenciones incluidas en los programas 1 y 2 se realizará previa comprobación de la concurrencia en el solicitante de los requisitos generales y específicos establecidos para su concesión, según el orden de entrada de las solicitudes, y en caso de que estas fueran incompletas, desde la fecha de subsanación de las mismas, sin que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes, ni la prelación entre las mismas, hasta el límite del crédito presupuestario establecido en la convocatoria, con las salvedades establecidas en los artículos 4.2 y 11.1 de las presentes bases en lo referente a la posibilidad de practicar un prorrateo y conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

(Apartado modificado por la 

3. A su vez, se rigen por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Murcia, y en todo lo que no esté previsto en esta o tenga carácter básico, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en todo lo que resulte de aplicación, así como por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como por cualquier otra norma del ordenamiento jurídico que resulte de aplicación.

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Artículo 3.- Procedimiento de concesión

1. El procedimiento para la concesión de las subvenciones se iniciará de oficio, mediante convocatoria pública adoptada por el órgano competente para su concesión, publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y cuyo extracto se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, determinando los créditos presupuestarios a los que deben imputarse las correspondientes subvenciones.

2. La concesión de las subvenciones incluidas en los programas 1 y 2 se realizará previa comprobación de la concurrencia en el solicitante de los requisitos establecidos para su otorgamiento, sin que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes, ni la prelación entre las mismas, hasta el límite del crédito presupuestario establecido en la convocatoria, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

(Apartado modificado por la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la Orden de 30 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación, en su artículo único)

3. La concesión de subvenciones incluidas en el programa 3 se llevará a cabo en régimen de concurrencia competitiva, previa valoración de la idoneidad de los proyectos presentados por una Comisión de evaluación constituida por el Director General competente en materia de economía social, el jefe de servicio o persona en quien delegue competente en materia de economía social, y un técnico responsable de la tramitación del programa correspondiente.

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Artículo 4.- Financiación

1. Las subvenciones que se concedan al amparo de estas bases reguladoras se imputarán al presupuesto de gastos establecido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio anual correspondiente, determinando sus cuantías y asignaciones presupuestarias en cada convocatoria, con arreglo a lo establecido en los artículos 19, 23 y 27 de la presente Orden.

2. La convocatoria asignará un límite de crédito para cada programa de ayuda; en caso de que finalizado el otorgamiento de las subvenciones, en los programas 1 o 2, existiese remanente de crédito sin adjudicar, podrá reasignarse motivadamente entre sí, mediante resolución del titular de la Dirección General competente.

Solo cuando se hubiera hecho uso de la facultad reflejada en el párrafo anterior, o bien se acredite su innecesariedad por la insuficiencia de crédito en ambos programas, se procederá a hacer uso del prorrateo de forma proporcional a las cantidades propuestas en el informe del Servicio de Economía Social.

3. Las ayudas de los programas 1 y 2 están cofinanciadas en un porcentaje del 80%, en el marco del Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020.

Asimismo podrán atenderse estos programas con créditos procedentes de otras fuentes de financiación, en cuyo caso el gasto entre las distintas fuentes de financiación será siempre proporcional.

4. Las ayudas del programa 3 estarán financiadas con cargo a fondos propios del Presupuesto de la Dirección General competente en materia de economía social.

5. Las convocatorias podrán fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional, como consecuencia del aumento del crédito presupuestario derivado de una generación, ampliación o incorporación de crédito, en cuyo caso, la cuantía del crédito adicional quedará condicionada a la efectiva disponibilidad del mismo, que será publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con carácter previo a la resolución del procedimiento, sin que tal publicidad implique la apertura de un nuevo plazo para la presentación de solicitudes.

(Dada nueva redacción al artículo por la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la Orden de 30 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación, en su artículo único)

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Artículo 5.- Beneficiarios y requisitos que han de cumplir

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en el programa 1 y 2 de esta Orden, las empresas de inserción que cumplan con lo establecido en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de empresas de inserción, y que se encuentren inscritas y calificadas en el Registro Administrativo de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. Las entidades solicitantes de los programas 1 y 2 deberán reunir los siguientes requisitos:

a) No estar incursa en las circunstancias del artículo 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones.

b) No tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo que las deudas estén suspendidas o garantizadas.

c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública del Estado.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

3. No podrán solicitar, ni recibir las ayudas solicitadas las empresas de inserción que se encuentren en proceso de descalificación, ni aquellas que hayan sido sancionadas por infracciones graves o muy graves en aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, durante los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de cada convocatoria.

4. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en el programa 3 las asociaciones de empresas de inserción que representen al menos a un tercio de las empresas de inserción inscritas definitivamente a la fecha de la solicitud en el Registro de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Deberán reunir los requisitos señalados en el apartado segundo del presente artículo y en el apartado tercero en lo que le sea de aplicación.

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Artículo 6.- Destinatarios finales de la subvención

1. Los destinatarios de las actuaciones subvencionadas en los programas 1 y 2 deberán ser personas en situación o riesgo de exclusión social, descritas en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de empresas de inserción.

2. Los destinatarios de las actuaciones subvencionadas en el programa 3 serán las asociaciones más representativas de empresas de inserción que representen al menos un tercio de las empresas de inserción inscritas definitivamente en el Registro de Empresas de Inserción de la Región de Murcia.

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Artículo 7.- Normas comunes del procedimiento

1. Los solicitantes de estas ayudas están sujetos a la obligación de presentación telemática de las solicitudes firmadas electrónicamente, en aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos todos los trámites se realizarán a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://sede.carm.es), en el código de procedimiento que se indique en la correspondiente convocatoria.

2. Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos a través del servicio de “Notificaciones por Dirección Electrónica Habilitada” (DEH), sin perjuicio de la publicación de la Resolución final en los términos que determine la convocatoria y de las notificaciones a las direcciones que de forma adicional señalen los beneficiarios.

Transcurridos diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación en la DEH sin que se haya accedido a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido practicada en los términos del artículo 43.2.de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

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Artículo 8.- Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes

1. Las solicitudes se presentarán en el Registro electrónico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, portal único de la CARM (https://sede.carm.es) firmadas electrónicamente por el representante de la entidad solicitante, siguiendo el modelo de instancia recogido como anexo en cada convocatoria.

Las entidades deberán presentar junto a la solicitud genérica la documentación justificativa del objeto de la subvención que se solicita, de acuerdo con lo señalado en el artículo siguiente.

2. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en la correspondiente convocatoria, iniciándose al día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

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Artículo 9.- Documentación a presentara junto con la solicitud. Justificación de la ayuda

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los documentos señalados en cada convocatoria. Estos se presentarán en archivos electrónicos separados, al objeto de poder incorporarlos en el expediente administrativo electrónico de la subvención. En concreto, y sin perjuicio de cualesquiera otros documentos que establezca la convocatoria, será obligatorio aportar junto a la solicitud:

A. Programas 1 y 2

0.1. El certificado de titularidad del Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) de la entidad solicitante en la que se realizará el pago.

0.2. Itinerario de inserción personalizado del trabajador en riesgo de exclusión firmado por el técnico de acompañamiento (solo Programa 1).

0.3. Certificado de Servicios Sociales acreditativo de que el trabajador acompañado reúne la condición de trabajador en riesgo o situación de exclusión social (solo Programa 1).

0.4. Contratos de trabajo por los que se solicita la subvención.

0.5. CIF de la entidad y acreditación de la representación del firmante de la solicitud.

0.6. Autorización de los trabajadores destinatarios y de los técnicos de producción y acompañamiento de las subvenciones reguladas en la presentes bases o de los autónomos integrantes de la empresa de inserción solicitante, para que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en concreto la unidad instructora, pueda acceder a consultar los respectivos NIF, vida laboral (trabajadores) y certificados de estar al corriente frente a las obligaciones con la Seguridad Social (autónomos) conforme al anexo previsto en la correspondiente convocatoria En el caso de que no aportaran la correspondiente autorización, estarán obligados a presentar la documentación justificativa así como declaración responsable sobre autenticidad de la misma.

0.7. Declaración responsable sobre:

• Cumplimiento del régimen de mínimis respecto de las ayudas recibidas de acuerdo con los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en coherencia con el artículo 13.2 de las bases reguladoras.

• No haber recibido otras ayudas para la misma finalidad de ningún organismo público estatal o autonómico, solamente las autorizadas en el artículo 13 de la Orden de bases, y que en ningún caso la suma de las subvenciones que se prevén percibir exceden del coste del contrato a subvencionar.

• El compromiso de que los participantes de los programas han obtenido efectivamente información sobre la financiación de los mismos por el Fondo Social Europeo y disponer de un registro documental y gráfico de todas las acciones de difusión realizadas.

0.8. El compromiso del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 11 a 15 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.

0.9. En el caso de que la entidad solicitante no autorizara expresamente a la Administración a obtener la información justificativa del derecho de obtener la subvención, deberá aportar bajo su responsabilidad la documentación siguiente:

a) Copia del CIF de la entidad y acreditación de la representación del firmante de la solicitud.

b) Copia del VILEM: Informe de vida laboral de la entidad solicitante que comprenda los tres años anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de todos los códigos de cuenta de cotización de la entidad.

c) Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y frente a la Seguridad Social.

0.10. Documentación específica para el Programa 2: Curriculum profesional firmado por el personal técnico de producción que se adjunta como Anexo en la correspondiente convocatoria.

En el caso de solicitarse ayuda para los 1 y 2 programas recogidos en el artículo 1 de esta Orden bastará con presentar una sola vez la documentación general exigida para ambas ayudas.

B. Programa 3

1.1. El certificado de titularidad del Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) de la entidad solicitante en la que se realizará el pago.

1.2. CIF de la entidad y acreditación de la representación del firmante de la solicitud.

1.3. En el supuesto de acciones ya realizadas, factura justificativa del gasto realizado, así como de la transferencia realizada. No se admitirán pagos en efectivos. En el supuesto de acciones a realizar tras la solicitud: presupuesto del proyecto presentado.

1.4. Declaración responsable sobre:

• Cumplimiento del régimen de mínimis respecto de las ayudas recibidas de acuerdo con los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en coherencia con el artículo 13.2 de las bases reguladoras.

• No haber recibido otras ayudas para la misma finalidad de ningún organismo público estatal o autonómico, solamente las autorizadas en el artículo 13 de la Orden de bases, y que en ningún caso la suma de las subvenciones que se prevén percibir exceden del coste del proyecto a subvencionar.

• Cumplimiento del deber de incluir en las actividades de comunicación y difusión el origen de los fondos cuando hayan sido subvencionadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. Con la presentación de la solicitud se autorizará expresamente por el interesado la consulta por parte de la Administración de cualquier documento necesario para la obtención de la subvención, debiendo constar en caso contrario su oposición expresa. Excepcionalmente, si la unidad instructora no pudiera recabar los citados documentos, podrá solicitar al interesado su aportación. En caso de no autorizarlo expresamente, el interesado quedará obligado a presentar la documentación justificativa junto a la solicitud en los términos expresados en la convocatoria.

3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente para instruir requerirá al interesado para que la subsane en el plazo de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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Artículo 10.- Instrucción del procedimiento de concesión

1. El órgano instructor para la tramitación de las subvenciones reguladas en la presente Orden será la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo de la Región de Murcia, a través del Servicio de Economía Social. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones de comprobación sean necesarias para determinar los datos en virtud de los cuales formule la propuesta de resolución.

2. A las solicitudes presentadas se les otorgará un número de referencia dentro del correspondiente programa de ayuda.

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Artículo 11.- Resolución del procedimiento

1. Para los programas 1 y 2 el órgano instructor formulará la propuesta de resolución a la vista de los expedientes y del informe favorable del Servicio de Economía Social. Las solicitudes se atenderán según el orden de entrada y en el caso de que éstas fueran incompletas, desde la fecha de su subsanación.

En caso de insuficiencia de crédito habrá de procederse a la reasignación del remanente en otro programa en los términos del artículo 4.2 y si persistiera la insuficiencia, se procederá a practicar un prorrateo proporcional entre las solicitudes presentadas. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del Servicio de Economía Social, formulará propuesta de resolución provisional, que será notificada a los interesados para su aceptación, alegaciones o reformulación en el plazo de diez días. La propuesta provisional será considerada definitiva de no constar en el expediente otros datos o información que los aducidos por el interesado.

(Dada nueva redacción por la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la Orden de 30 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación, en su artículo único)

2. Para el programa 3 se constituirá una Comisión de Evaluación que valorará la idoneidad de los proyectos presentados conforme a los criterios siguientes: mayor participación porcentual con fondos propios de la entidad solicitante en relación con la valoración total del proyecto, mayor divulgación obtenida o a obtener con el proyecto medida sobre el potencial número de destinatarios, y proyecto más innovador entre los presentados. La comisión establecerá una prelación de menor a mayor puntuación los proyectos en función de cada uno de estos proyectos, asignándole un punto al que menor puntuación obtenga, adicionando un punto a cada puesto que se ascienda en la prelación. La suma total obtenida por los tres criterios permitirá realizar una lista ordenada que servirá de informe-propuesta de la Comisión al órgano instructor.

3. El órgano competente para resolver será el titular de la Consejería con competencia en materia de economía social, previo informe de la intervención delegada. En la Orden de concesión se determinará motivadamente el beneficiario; la cuantía de la ayuda concedida; si se ha procedido al prorrateo, en su caso; la forma de abono; el plazo de justificación del mantenimiento de las condiciones que motivaron el otorgamiento, y demás circunstancias que procedan. Si la propuesta fuera desfavorable a la concesión de la subvención, el titular de la Consejería competente en materia de economía social resolverá motivadamente la solicitud formulada.

(Dada nueva redacción por la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la Orden de 30 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación, en su artículo único)

4. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

Transcurrido dicho plazo sin que el beneficiario haya recibido la notificación expresa de la resolución, deberá entender desestimada su solicitud por silencio negativo, en aplicación de lo establecido en el artículo 19.5 de la Ley 7/2005, sin perjuicio del deber de la Administración de resolver expresamente.

5. Contra la Orden de resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes desde su notificación, en aplicación de lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6. Con independencia de la publicidad derivada de la normativa aplicable en materia de subvenciones, y de manera adicional a esta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las ayudas públicas concedidas con indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su objetivo o finalidad, se publicarán en el Portal de Transparencia al que se refiere el artículo 11 de la citada Ley.

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Artículo 12.- Pago de la subvención

1. El pago de las subvenciones de los programas 1 y 2 reguladas en esta Orden se producirá con posterioridad a la realización del objeto subvencionado, previa comprobación de haber ejecutado la actuación objeto de la subvención.

2. El pago de las subvenciones del programa 3 se realizará respecto de las actuaciones aún no realizadas- de manera anticipada con la concesión, como financiación necesaria para poder llevar a cabo tales actuaciones, no exigiéndose garantía alguna dado que los beneficiarios son asociaciones empresariales, de acuerdo con el artículo 16.2 e) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Para las actuaciones realizadas con anterioridad a la notificación del otorgamiento de la subvención el pago se realizará en el momento de la concesión, previa comprobación de haber realizado el objeto de la subvención.

3. El abono se practicará en un solo plazo mediante transferencia al Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) de titularidad de la entidad solicitante.

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Artículo 13.- Régimen de incompatibilidades

1. Las subvenciones reguladas en estas bases serán incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad, con excepción en los programas 1 y 2 de las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social si las hubiere, siempre que se respeten los límites establecidos en la normativa que regule dicha bonificación.

2. Las ayudas recibidas por empresas de inserción y asociaciones de empresas de inserción, en cuanto prestadoras de Servicios de Interés Económico General (SIEG) según la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, no podrán superar los 500.000 euros durante un período de tres ejercicios fiscales, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a las ayudas de mínimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general.

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Artículo 14.- Reintegro de las cantidades percibidas

1. La comprobación de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención, darán lugar al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, y en su caso a la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, por las causas previstas en los artículos 36.4 y 37 de la Ley General de Subvenciones y de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 36 de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. Para el cálculo del importe a reintegrar se aplicará el principio de proporcionalidad, y se tendrá en cuenta el importe de la subvención concedida y el tiempo que se hayan mantenido las condiciones impuestas para su disfrute.

3. El reintegro para los programas 1 y 2 será total cuando la modificación de las condiciones del otorgamiento determine el incumplimiento de los mínimos de subvencionabilidad recogidos en los artículos 18 y 22 de las presentes bases.

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Artículo 15.- Difusión y publicidad de las subvenciones

1. En todas las medidas de información, difusión y comunicación que se lleven a cabo con cargo al programa 1 y 2, el beneficiario deberá publicitar en los proyectos subvencionados que está siendo subvencionado por la Consejería competente en materia de economía social, y el Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo FSE de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, siendo necesario acreditar documentalmente que los participantes de los programas han obtenido efectivamente información sobre la financiación de los mismos por el Fondo Social Europeo y disponer de un registro documental y gráfico de todas las acciones de difusión realizadas.

2. Al realizar las acciones de difusión, deberá acreditarse:

a. Cuando sean a través de internet, deberá describirse el programa, su origen, los objetivos y resultado alcanzado con el apoyo financiero.

b. En todo caso se realizarán acciones de cartelería, con un tamaño mínimo A3 que mencione la ayuda financiera y se colocará en un lugar visible de las instalaciones de la entidad beneficiaria.

c. En las memorias y/o publicaciones y otros textos impresos se utilizará el escudo oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el nombre de la Consejería competente en materia de economía social y el lema “El FSE Invierte en tu futuro”.

3. Para el programa 3 deberán incorporar en todas las manifestaciones de promoción y difusión de las actividades objeto de ayuda, ya sea en medios de difusión orales o escritos, que éstas están subvencionadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la Dirección General competente en materia de economía social.

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Artículo 16.- Obligaciones de los beneficiarios

1. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas con carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y el artículo 11 de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las entidades beneficiarias previstas en estas bases deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Realizar la actividad subvencionada en los términos previstos en la concesión y modificaciones, en su caso, asumiendo todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la actuación propuesta.

b) Comunicar a la Dirección General competente en materia de economía social las incidencias que puedan ocurrir durante el período subvencionable, en el plazo máximo de 15 días desde que se produzcan.

c) Colaborar con la Dirección General competente en materia de economía social en las actuaciones de seguimiento y control de los programas, facilitando los datos que sean solicitados.

d) Las entidades beneficiarias deberán mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con las operaciones cofinanciadas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

e) Las entidades que resulten beneficiarias en actuaciones cofinanciadas aceptan su inclusión en una lista de beneficiarias de ayudas conforme a lo establecido en el artículo 115 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

f) Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y de control financiero, en su caso, que realice el órgano que convoca la ayuda, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo cuando sea procedente-, la Intervención General de la Administración del Estado y la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Tribunal de Cuentas, los órganos de la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo y demás órganos fiscalizadores que por la naturaleza y origen de los fondos, tienen competencia en la materia; así como de facilitar cuanta información le sea requerida por los mismos.

g) Suministrar en las subvenciones cofinanciadas cuanta información les sea requerida sobre los participantes en las operaciones conforme al artículo 125.2, letra d) del Reglamento (UE) 1303/2013 y el Anexo I del Reglamento (UE) 1304/2013.

i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control por parte de cualquiera de los organismos competentes para ello, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios.

En concreto, y a efectos de su justificación ante las instituciones comunitarias, la documentación justificativa presentada para la presente subvención deberá conservarse durante 3 años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) número 1083/2006 del Consejo.

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Capítulo II

Programas de ayudas

Sección primera. Programa n.º 1 de Ayudas: Subvención a la creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo de personas en riesgo o situación de exclusión social.

Artículo 17.- Objeto

Las ayudas concedidas en el marco de este programa tienen por objeto promover en las empresas de inserción la creación o el mantenimiento de puestos de trabajo destinados a personas en riesgo o situación de exclusión social, subvencionando los contratos de inserción vigentes durante cada año natural que se convoquen las ayudas, ya sean de nueva creación o de mantenimiento de los celebrados con anterioridad.

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Artículo 18.- Requisitos de subvencionalidad

1. Podrán ser subvencionados los contratos de inserción que sigan un itinerario de inserción conforme a lo establecido en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, y deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) La relación laboral que se establezca entre las empresas de inserción y las personas trabajadoras en situación de exclusión social se ajustarán a las modalidades previstas en la legislación vigente. En todo caso, las relaciones laborales de las personas trabajadoras en situación de exclusión social en las empresas de inserción se atendrán a lo dispuesto en los artículos 11 a 15 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.

b) El itinerario de inserción deberá tener una duración mínima de seis meses (cuando exista informe de servicios sociales que acredite su conveniencia) y cuando no exista este informe, de 12 meses, siendo la duración máxima, en cualquier caso, de tres años.

2. En el caso de que se produzcan bajas de personas cuyos puestos de trabajo de inserción se subvencionan, la empresa beneficiaria deberá realizar nuevas contrataciones en sustitución de los que han causado baja, o proceder a la devolución de la subvención recibida de forma proporcional al tiempo trabajado. La sustitución deberá realizarse, en su caso, en el plazo máximo de un mes desde la baja.

3. Las nuevas personas contratadas en proceso de inserción deben reunir los requisitos para que su puesto de trabajo sea subvencionado y la empresa debe comunicar a la Dirección General competente en materia de economía social en el plazo de quince días las incidencias en los puestos de trabajo, tanto el cese como la nueva alta que se produzca, mediante el Anexo de Incidencias Laborales que se incluirá en la convocatoria, adjuntando la documentación justificativa de la incidencia.

4. En el supuesto de que dicha sustitución no fuese posible, y no se hubieran alcanzado los seis meses mínimos de contratación exigidos, se procederá al reintegro total de la subvención, según lo previsto en el artículo 14.3 de esta Orden de bases.

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Artículo 19.- Cuantía de la ayuda

De acuerdo con el artículo 67.1 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento y del Consejo Europeo, de 17 de diciembre de 2013, la ayuda queda cuantificada en el 80% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del último día del año anterior a la convocatoria para la contratación o mantenimiento de puestos de inserción ocupados por hombres y el 90% del SMI del último día del año anterior a la convocatoria para los ocupados por mujeres.

Esta cuantía máxima irá referida a un contrato de 12 meses a jornada completa en el año natural de la convocatoria. La ayuda a percibir será proporcional a la duración y jornada del contrato celebrado por cada puesto de inserción, y como máximo hasta 31 de diciembre, teniendo como referencia la cuantía anual antes referida, sin perjuicio de que los contratos que excedan del año natural puedan subvencionarse en las posibles convocatorias de años sucesivos.

Lo dispuesto en este artículo será de aplicación sin perjuicio de que en la Orden de concesión definitiva proceda la aplicación del prorrateo por insuficiencia de crédito, en los términos de los artículos 4.2 y 11.1 de las presentes bases reguladoras.

(Dada nueva redacción por la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la Orden de 30 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación, en su artículo único)

 

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Artículo 20.- Mantenimiento de las condiciones de la subvención

La Administración Regional comprobará de oficio que se ha mantenido la contratación durante el periodo subvencionado, siempre que el solicitante no se haya opuesto expresamente a ello, en cuyo caso deberá aportar en el plazo de un mes desde la finalización del período subvencionable el informe de vida laboral de la entidad beneficiaria o del trabajador destinatario de la subvención.

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Sección segunda. Programa n.º 2 de Ayudas: Subvención a la contratación y/o mantenimiento de personal técnico de producción y acompañamiento.

Artículo 21.- Objeto

Las ayudas concedidas en el marco de este programa tienen por objeto facilitar la contratación y/o mantenimiento por las empresas de inserción de técnicos de producción y/o acompañamiento cuya misión es tutelar la actividad productiva, proporcionar el adiestramiento laboral en la ocupación u ocupaciones en las que desempeñan su actividad las personas en proceso de inserción, así como asistir y acompañar en el desempeño del trabajo remunerado, mediante formación en el puesto de trabajo, habituación laboral y social encaminada a satisfacer o resolver problemáticas específicas derivada de la situación de exclusión que dificultan un normal desarrollo de los itinerarios laborales.

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Artículo 22.- Requisitos de subvencionalidad

1. El personal técnico de producción deberá tener experiencia o formación en el campo profesional en el que se base la actividad productiva.

2. Para ser subvencionable, la jornada laboral del personal técnico (de producción y acompañamiento) y de los contratos de inserción acompañados deberá ser igual o superior al 50% de la jornada completa, siendo el máximo de puestos de inserción acompañados subvencionable de 8 por técnico, con un máximo de seis técnicos de producción o acompañamiento por empresa de inserción.

3. En el supuesto de que se produzcan bajas del personal técnico cuyos puestos de trabajo se subvencionan, las empresas beneficiarias deberán realizar nuevas contrataciones en sustitución de los que han causado baja. Esta sustitución deberá realizarse en el plazo de un mes desde la baja, debiendo reunir el nuevo personal técnico los requisitos para que su puesto de trabajo sea subvencionado y la empresa debe comunicar a la Dirección General competente en materia de economía social en el plazo de quince días los cambios producidos, mediante el Anexo de Incidencias Laborales reflejado en la convocatoria.

4. El número y características en cuanto a jornada y duración de los contratos de inserción acompañados que se tengan en cuenta para determinar la cuantía de la subvención debe ser mantenido para cada técnico durante el año natural de la convocatoria; en caso contrario dará lugar al reintegro proporcional correspondiente.

5. El incumplimiento de las condiciones mínimas de subvencionabilidad dará lugar al reintegro total de la subvención en los términos establecidos en el artículo 14.3 de la presente Orden de Bases.

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Artículo 23.- Cuantía de la ayuda

1. De acuerdo con el artículo 67.2 bis del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento y del Consejo Europeo, de 17 de diciembre de 2013, para realizar el cálculo del importe máximo para los costes de personal, se establece como sistema de cálculo de costos simplificados un baremo estándar de costes unitarios (artículo 67.1, letra b) del Reglamento (UE) 1303/2013) a razón de 2.500,00 € por cada puesto de trabajo de 12 meses a jornada completa, reduciéndose proporcionalmente según la duración y jornada de cada uno de esos puestos, con un máximo de 20.000,00 € por cada técnico contratado.

2. No serán objeto de subvención contratos de personal técnico suscritos con jornada inferior al 50% y con un número de puestos de inserción acompañados superior a 8.

3. La ayuda será la correspondiente al año natural en que se solicita la ayuda, y como máximo hasta el 31 de diciembre, sin perjuicio de que los contratos que excedan del año natural puedan subvencionarse en las posibles convocatorias de años sucesivos.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación sin perjuicio de que en la Orden de concesión definitiva proceda la aplicación del prorrateo por insuficiencia de crédito, en los términos de los artículos 4.2 y 11.1 de las presentes bases reguladoras.

(Apartado adicionado por la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la Orden de 30 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación, en su artículo único)

 

Artículo 24.- Mantenimiento de las condiciones de la subvención

La Administración Regional comprobará de oficio que se ha mantenido la contratación durante el periodo subvencionado, siempre que el solicitante no se haya opuesto expresamente a ello, en cuyo caso deberá aportar en el plazo de un mes desde la finalización del período subvencionable el informe de vida laboral de la entidad beneficiaria o del trabajador destinatario de la subvención.

Además, la entidad beneficiaria deberá aportar en todo caso en el plazo señalado en el párrafo anterior, cuenta justificativa expresiva de la ejecución real de los contratos de personal técnico subvencionados, y en concreto, de los siguientes aspectos:

a. Descripción de los contratos del personal técnico dentro del período subvencionable, en particular referencia a su duración, jornada y especificación de períodos de incapacidad temporal, en su caso.

b. Descripción (nombre, jornada y duración) de los contratos del personal de inserción acompañados.

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Sección tercera. Programa n.º 3 de Ayudas: Subvención dirigida a asociaciones representativas de empresas de inserción para la promoción y difusión de la actividad propia de empresas de inserción.

Artículo 25.- Objeto

1. Mediante este Programa se podrá subvencionar el coste parcial o total, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) recuperable, de los gastos elegibles de las actividades de difusión que tengan por objeto dar a conocer la labor que realizan las Empresas de inserción inscritas en el Registro de Empresas de Inserción de la Región de Murcia. Entre las acciones subvencionables se encuentran las jornadas, publicidad, propaganda, eventos o contratación de cuñas en medios de comunicación: radio, prensa o televisión.

No será subvencionable a través de esta ayuda los gastos propios en que incurra la asociación con la acción de difusión, ya sea de personal propio, inversión o gastos en bienes corrientes y servicios.

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Artículo 26.- Requisitos de subvencionalidad

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas de difusión las asociaciones de empresas de inserción que representen al menos a un tercio de las inscritas de forma definitiva en el Registro de Empresas de Inserción de la Región de Murcia.

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Artículo 27.- Cuantía de la ayuda

El importe de la subvención será como máximo de tres mil euros (3.000,00 euros) por actividad y solicitante, y no podrá superar el presupuesto presentado por la entidad solicitante.

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Artículo 28.- Plazo y justificación de la subvención

1. Las acciones subvencionadas deberán desarrollarse y realizar su gasto en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de cada año natural en el que se publique la convocatoria.

2. Las Entidades beneficiarias deberán presentar en la Dirección General competente en materia de economía social la documentación que se indica a continuación:

a. Memoria descriptiva del proyecto de divulgación o comunicación, expresivo de lo siguiente extremos: contenido específico de la acción, desglose entre gastos propios de la asociación y gastos externos, plazo de ejecución, destinatarios finales, así como estimación de su número si fuera posible.

b. Si el proyecto a subvencionar aún no se ha realizado: Presupuesto del proyecto que responderá al objeto descrito en el artículo 25 de estas Bases.

c. Si el proyecto a subvencionar se ha realizado a la fecha de la solicitud. Facturas con acreditación de su pago, o justificantes definitivos de pago de los gastos externos ocasionados, que sean directamente imputables a la actividad subvencionada. En la factura se deberá indicar expresamente la actividad subvencionada a la que corresponde. Las facturas se pagarán mediante cheque, pagaré o transferencia bancaria, debiendo aportarse copia de estos así como el correspondiente extracto bancario que refleje dichos cargos, sellado por la entidad financiera.

d. En los casos en los que con la subvención se financien folletos, revistas, material impreso o audiovisual o cuñas de prensa, radio o televisión, deberá adjuntarse un ejemplar de los mismos.

e. En los supuestos que la actividad subvencionada sea una jornada, seminario o conferencia, se deberá aportar relación de participantes, así como documentación gráfica de la actividad subvencionada.

4. Para aquellas acciones finalizadas y pagadas antes de la entrada en vigor de la convocatoria, la documentación se presentará junto a la solicitud de subvención.

5. Para aquellas acciones que no hayan finalizado a la entrada en vigor de la convocatoria, o estén por realizar, la documentación justificativa se presentará en los dos primeros meses del ejercicio siguiente.

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Disposición adicional única. Interrupciones de actividad y suspensión de contratos por COVID-19

Las interrupciones de actividad y suspensión de contratos autorizados en base al COVID-19 serán considerados como supuesto de fuerza mayor, computando a los efectos de la presente orden como tiempo de actividad o trabajo efectivo en cuanto a mantenimiento de las condiciones de la subvención.

Las interrupciones de actividad y suspensión de contratos autorizados en base al COVID-19 no serán casusa de reintegro total o parcial previstos en las presentes bases.

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Disposición final única. Entrada en vigor

La presente Orden de bases reguladoras entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Murcia, a 30 de julio de 2020. El Consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas Guzmán.

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Extracto de la Resolución de 21 de junio de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa Mixto Empleo-Formación para personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil cuyos beneficiarios son entidades sin ánimo de lucro de la Región de Murcia

BORM nº 144 de 25 de junio de 2020

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Servicio Regional de Empleo y Formación

Vigencia: desde el 28 de junio de 2021

Referencias

Afectada por:

  • Orden de 22 de julio de 2013, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, se aprobaron las bases reguladoras de subvenciones del programa Mixto Empleo-Formación. (BORM número 173 de 27 de julio de 2013)

Contenido

BDNS (Identif.): 571324

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/571324)

Primero. Beneficiarios:

Las asociaciones, fundaciones y cualesquiera otras entidades sin ánimo de lucro que realicen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que dispongan de sede en la misma, que deberán ser competentes para la ejecución de las correspondientes obras o servicios y disponer de la capacidad técnica y de gestión suficientes.

Segundo. Objeto:

La finalidad de este Programa Mixto de Empleo-Formación es la de facilitar la inserción laboral de las personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, conforme a lo dispuesto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, mediante su participación en proyectos de carácter temporal para la realización de obras o servicios de utilidad pública o social, en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 22 de julio de 2013, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, se aprobaron las bases reguladoras de subvenciones del programa Mixto Empleo-Formación, modificada por la Orden de 16 de abril de 2015 (BORM n.º 94 de 25 de abril) y por la Orden de 24 de noviembre de 2017(BORM n.º 278, de 1 de diciembre) y por la Orden de 31 marzo 2021 (BORM n.º 90, de 21 de abril)

Cuarto. Cuantía.

El crédito disponible con que cuenta la convocatoria para la participación en esta actuación es de 1.250.693,00 euros, financiado con cargo al presupuesto de gastos del Servicio Regional de Empleo y Formación para el ejercicio 2021 con fondos procedentes de la Administración General del Estado Servicio Público de Empleo Estatal -. La cuantía individual estará en función de los gastos de formación para el empleo, educación complementaria y de funcionamiento durante todo el proyecto, así como los gastos salariales del alumnado-trabajador del mismo.

Quinto. Plazo.

El plazo para la presentación de solicitudes será 20 días hábiles a partir del día siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Las solicitudes de subvención se cumplimentarán en el modelo de solicitud electrónica establecido en la aplicación informática GEFE (Gestión de Expedientes de Formación para el Empleo) e irán dirigidas al Director/a General del Servicio Regional de Empleo y Formación. Una vez cumplimentadas, se presentarán y registrarán telemáticamente desde la propia aplicación informática GEFE que, a su conclusión, expedirá el correspondiente documento acreditativo. El registro telemático de la solicitud requerirá, al menos, la identificación y autenticación del solicitante a través del uso de firma electrónica avanzada de entre las admitidas por la CARM y relacionadas en la página Web https://sede.carm.es en la pestaña “Servicios y utilidades”, admitiéndose, entre otras, los certificados de firmas electrónicas de la FNMT, Clase 2 CA y el DNI electrónico.

Con independencia de que la solicitud se tramite de forma telemática a través de la aplicación informática GEFE, las entidades solicitantes deberán presentar, antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, los documentos establecidos en el Anexo I de esta convocatoria, así como los Anexos II, III y IV. Esta documentación será remitida a través del registro electrónico único disponible en la Sede Electrónica de la CARM (https://sede.carm.es) en la opción de “Otros trámites”, seleccionar el procedimiento 0428 Programa Mixto de Empleo-Formación, y elegir la opción DI237 Actos de trámite de un expediente ya iniciado, una vez iniciado el trámite en Sede electrónica seleccionar “Presentación adicional de documentación” a la solicitud y, en todo caso, según lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. En el caso de oposición expresa para acceder a los datos personales, deberán acompañar con la solicitud los documentos que acrediten el cumplimiento de los citados requisitos. En todo caso, para la presentación por medios electrónicos, deberá disponer de firma electrónica de la forma prevista en el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sexto. Otros datos.

Podrán beneficiarse de la beca regulada en el artículo 31 de la orden de bases, el alumnado del Programa Mixto de Empleo-Formación incluidos en la lista única de demanda del Sistema de Garantía Juvenil.

Murcia, 21 de junio de 2021. María Isabel López Aragón.

Resolución de 15 de junio de 2021, del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se convocan las ayudas económicas para personas mayores para el ejercicio 2021

Referencias

Afectada por:

Se establecen las bases reguladoras.

Contenido

Índice:

Artículo 1.- Objeto y régimen jurídico.
Artículo 2.- Finalidad.
Artículo 3.- Crédito presupuestario.
Artículo 4.- Requisitos, condiciones y criterios de valoración.
Artículo 5.- Acreditación de requisitos.
Artículo 6.- Clases y cuantías máximas de las ayudas.
Artículo 7.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Artículo 8.- Órgano competente para la instrucción.
Artículo 9.- Órgano competente para la resolución.
Artículo 10.- Plazo de resolución y notificación de las resoluciones.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.

Anexos
Anexo I. Baremo a aplicar a las solicitudes de ayudas económicas para personas mayores.
Anexo II. Solicitud.

TEXTO COMPLETO

Mediante Orden de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (B.O.R.M. n.º 124 de 31 de mayo de 2018) se establecen las normas reguladoras de las ayudas económicas para personas mayores.

El artículo 9, apartado 1, de la citada Orden dispone que el plazo de solicitud de las ayudas se iniciará de oficio, mediante convocatoria pública, adoptada por el órgano competente para su concesión y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

La Orden de 21 de diciembre de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020 durante el ejercicio 2021, consigna en el Programa 314C, clasificación orgánica 51.04.00, concepto 481.01, una partida económica con destino a la protección de las personas mayores a través de las ayudas económicas para personas mayores.

Para dar efectividad a la finalidad expuesta, mediante la ejecución de los créditos disponibles, y en garantía de los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, a propuesta de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3 de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación del Instituto Murciano de Acción Social, en relación con el artículo 9.1 b) del Decreto 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social

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Resuelvo:

Aprobar la convocatoria de las ayudas económicas para personas mayores para el año 2021, en los términos que siguen:

Artículo 1.- Objeto y régimen jurídico.

1. Es objeto de la presente Resolución convocar las ayudas económicas para personas mayores destinadas a la adquisición de ayudas técnicas, de conformidad con lo establecido en la Orden de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (B.O.R.M. n.º 124 de 31 de mayo de 2018), por la que se establecen las normas reguladoras de las citadas ayudas.

2. Esta convocatoria se regirá por lo establecido en la presente Resolución y en la Orden citada en el punto anterior, así como por las restantes normas de derecho administrativo que sean de aplicación, y en su defecto por las normas de derecho privado.

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Artículo 2.- Finalidad.

La finalidad de esta convocatoria es la tramitación de las ayudas económicas a personas mayores de 65 años que residan y figuren empadronadas en la Región de Murcia y precisen la adquisición de ayudas técnicas.

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Artículo 3.- Crédito presupuestario.

1. Estas ayudas serán financiadas con cargo al Programa 314C, clasificación orgánica 51.04.00 concepto 481.01. Proyecto de gasto 45.906 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2021, por importe total de 500.000€.

2. No obstante, y previas las oportunas modificaciones presupuestarias, podrán utilizarse créditos excedentes en partidas del presupuesto del Instituto Murciano de Acción Social, u otras aportaciones de Administraciones Públicas, para incrementar dicha cuantía, dándole la oportuna publicidad, sin que ello suponga la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

3. La cuantía máxima estimada en que se podrá incrementar la inicial es de 1.000.000 €.

4. En caso de que no se agote el crédito previsto para esta ayuda el excedente podrá destinarse a financiar otro tipo de ayudas sociales competencia del Instituto Murciano de Acción Social.

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Artículo 4.- Requisitos, condiciones y criterios de valoración.

1. Para ser beneficiarias de estas ayudas, las personas solicitantes deberán reunir los requisitos y condiciones establecidas en los artículos 3 al 5 de la Orden de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se establecen las normas reguladoras de las ayudas económicas para personas mayores.

2. Para la valoración de la situación socio-económica de la unidad de convivencia se aplicará el baremo publicado en la presente Resolución como anexo I.

3. En el supuesto de que la persona solicitante esté ingresada en un centro residencial, pero no esté empadronada en dicha residencia, se computará junto a los miembros de su unidad familiar con los que figure empadronada.

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Artículo 5.- Acreditación de requisitos.

Los requisitos se acreditarán mediante la documentación exigida en el modelo normalizado de solicitud que figura como anexo II.

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Artículo 6.- Clases y cuantías máximas de las ayudas.

Los conceptos objeto de esta convocatoria y sus cuantías máximas son las siguientes:

- Tratamiento bucodental: hasta 1.500€

- Audífonos (máximo 2 unidades): hasta 3.000€

- Gafas (máximo 1 unidad): hasta 300 €

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Artículo 7.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de ayuda se formularán en el modelo normalizado que figura como anexo II a la presente Resolución, acompañadas de la documentación que se indica en el mismo.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

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Artículo 8.- Órgano competente para la instrucción.

La competencia para la instrucción de los expedientes de estas ayudas corresponde al Servicio de Prestaciones Económicas de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social.

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Artículo 9.- Órgano competente para la resolución.

1. Instruidos los expedientes, examinada su documentación y valoradas las solicitudes de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, el órgano instructor elevará a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión el oportuno informe propuesta de concesión o denegación.

2. Si la propuesta fuera favorable a la concesión de la ayuda, la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión formulará propuesta de resolución de concesión a la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social.

3. Si la propuesta fuera desfavorable, la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión dictará resolución denegatoria de la solicitud.

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Artículo 10.- Plazo de resolución y notificación de las resoluciones.

1. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar contemplado en el párrafo anterior sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo establecido en la legislación reguladora del procedimiento administrativo.

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Disposición final única. Eficacia y publicidad.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 15 de junio de 2021. El Director Gerente del IMAS, Raúl Nortes Ortín.

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Resolución de 15 de junio de 2021, del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se convocan las ayudas individualizadas a personas con discapacidad para el ejercicio 2021

Referencias

Afectada por:

Se establecen las bases reguladoras.

Contenido

Índice:

Artículo 1.- Objeto y régimen jurídico.
Artículo 2.- Finalidad.
Artículo 3.- Crédito presupuestario.
Artículo 4.- Requisitos, condiciones y criterios de valoración.
Artículo 5.- Acreditación de requisitos.
Artículo 6.- Clases y cuantías máximas de las ayudas.
Artículo 7.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Artículo 8.- Órgano competente para la instrucción.
Artículo 9.- Órgano competente para la resolución.
Artículo 10.- Plazo de resolución y notificación de las resoluciones.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.

Anexos 
Anexo I. Baremo a aplicar a las solicitudes de ayudas individualizadas a personas con discapacidad.
Anexo II. Solicitud.

TEXTO COMPLETO

Mediante Orden de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (BORM n.º 124 de 31 de mayo de 2018) se establecen las normas reguladoras de las ayudas individualizadas a personas con discapacidad.

El artículo 9, apartado 1, de la citada Orden dispone que el plazo de solicitud de las ayudas se iniciará mediante convocatoria pública, adoptada por el órgano competente para su concesión y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

La Orden de 21 de diciembre de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, durante el ejercicio 2021, consigna en el Programa 314C, clasificación orgánica 51.04.00, concepto 481.01, una partida económica con destino a la protección de las personas discapacitadas a través de las ayudas individualizadas a personas con discapacidad.

Para dar efectividad a la finalidad expuesta, mediante la ejecución de los créditos disponibles, y en garantía de los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, a propuesta de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3 de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación del Instituto Murciano de Acción Social, en relación con el artículo 9.1 b) del Decreto 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social

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Resuelvo:

Aprobar la convocatoria de las ayudas individualizadas a personas con discapacidad para el año 2021, en los términos que siguen:

Artículo 1.- Objeto y régimen jurídico.

1. Es objeto de la presente Resolución convocar las ayudas individualizadas a personas con discapacidad, de conformidad con lo establecido en la Orden de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (BORM n.º 124 de 31 de mayo de 2018), por la que se establecen las normas reguladoras de las citadas ayudas.

2. Esta convocatoria se regirá por lo establecido en la presente Resolución y en la Orden citada en el punto anterior, así como por las restantes normas de derecho administrativo que sean de aplicación, y en su defecto por las normas de derecho privado.

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Artículo 2.- Finalidad.

La finalidad de esta convocatoria es la tramitación de las ayudas individualizadas a personas con discapacidad en la Región de Murcia, transferencias económicas que se conceden con carácter no periódico y se otorgan por una sola vez durante el ejercicio económico, a personas afectadas por una discapacidad en grado igual o superior al 33%, que precisen la adquisición de instrumentos o ayudas especializadas, así como la eliminación de barreras arquitectónicas, como medidas recuperadoras de la discapacidad presentada.

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Artículo 3.- Crédito presupuestario.

1. Estas ayudas serán financiadas con cargo al Programa 314C, clasificación orgánica 51.04.00 concepto 481.01. Proyecto de gasto 20.587 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2021, por importe total de 500.000 €.

2. No obstante, y previas las oportunas modificaciones presupuestarias, podrán utilizarse créditos excedentes en partidas del presupuesto del Instituto Murciano de Acción Social, u otras aportaciones de Administraciones Públicas, para incrementar dicha cuantía, dándole la oportuna publicidad, sin que ello suponga la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

3. La cuantía máxima estimada en que se podrá incrementar la inicial es de 1.000.000 €.

4. En caso de que no se agote el crédito previsto para esta ayuda, el excedente podrá destinarse a financiar otro tipo de ayudas sociales competencia del Instituto Murciano de Acción Social.

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Artículo 4.- Requisitos, condiciones y criterios de valoración.

1. Para ser beneficiarias de estas ayudas, las personas solicitantes deberán reunir los requisitos y condiciones establecidas en los artículos 3 al 7 de la Orden 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se establecen las normas reguladoras de estas ayudas.

2. Para la valoración de la situación socio-económica de la unidad de convivencia se aplicará el baremo publicado en la presente Resolución como anexo I.

3. En el supuesto de que la persona solicitante esté ingresada en un centro residencial, pero no esté empadronada en dicha residencia, se computará junto a los miembros de su unidad familiar con los que figure empadronada.

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Artículo 5.- Acreditación de requisitos.

Los requisitos se acreditarán mediante la documentación exigida en el modelo normalizado de solicitud que figura como anexo II.

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Artículo 6.- Clases y cuantías máximas de las ayudas.

Los conceptos objeto de esta convocatoria y sus cuantías máximas son las siguientes:

• Eliminación de barreras arquitectónicas:

- Cambio de bañera por pie de ducha hasta 1.500 €

- Ampliación de puertas hasta 1.500 €

- Rampa hasta 1.000 €

- Instalación ascensor/salvaescaleras hasta 3.000 €

• Tratamiento bucodental: hasta 2.000 €

• Audífonos (máximo 2 unidades): hasta 3.000 €

• Grúa eléctrica hasta 1.200 €

• Cama eléctrica/ articulada completa (incluye somier articulado, colchón articulado y barandillas): hasta 1.100 €

• Gafas (1 unidad): hasta 300 €

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Artículo 7.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de ayuda se formularán en el modelo normalizado que figura como anexo II a la presente Resolución, acompañadas de la documentación que se indica en el mismo.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

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Artículo 8.- Órgano competente para la instrucción.

La competencia para la instrucción de los expedientes de estas ayudas corresponde al Servicio de Prestaciones Económicas de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social.

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Artículo 9.- Órgano competente para la resolución.

1. Instruidos los expedientes, examinada su documentación y valoradas las solicitudes de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, el órgano instructor elevará a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión el oportuno informe propuesta de concesión o denegación.

2. Si la propuesta fuera favorable a la concesión de la ayuda, la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión formulará propuesta de resolución de concesión a la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social.

3. Si la propuesta fuera desfavorable, la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión dictará resolución denegatoria de la solicitud.

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Artículo 10.- Plazo de resolución y notificación de las resoluciones.

1. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar contemplado en el párrafo anterior sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo establecido en la legislación reguladora del procedimiento administrativo.

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Disposición final única. Eficacia y publicidad.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 15 de junio de 2021. El Director Gerente del IMAS, Raúl Nortes Ortín.

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Extracto de la Resolución de 15 de junio de 2021 del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se convocan ayudas para Programas de Integración Sociolaboral para el año 2021 (APIS)

BORM nº 139 de 19 de junio de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Instituto Murciano de Acción Social

Vigencia: desde el 20 de junio de 2021

Referencias

Afectada por:

Establece las normas reguladoras.

Guía de Procedimientos y Servicios: Ayudas para Programas de Integración Sociolaboral (APIS)

Contenido

BDNS (Identif.): 570038

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/570038)

Primero. Beneficiarios:

Instituciones sin fin de lucro ubicadas en la Región de Murcia.

Segundo. Objeto:

Convocar ayudas, en régimen de no concurrencia competitiva para facilitar la contratación laboral de personas en situación de riesgo o exclusión social que, por sus especiales circunstancias, no puedan acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad.

Tercero: Bases reguladoras.

Orden de 18 de septiembre de 2017, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se establecen las normas reguladoras de las ayudas para Programas de Integración Sociolaboral (BORM nº 221 de 23 de septiembre de 2017), corrección de errores publicada en el BORM nº 227 de 30 de septiembre de 2017.

Cuarto. Cuantía.

Estas ayudas se harán efectivas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020, prorrogados para 2021, por un importe total de 398.000 €.

La cuantía de la ayuda ascenderá a 1.375 €/mes, extras incluidas, para contratos a jornada completa, excepto si el coste es inferior.

Cuando se trate de la renovación de una persona contratada con cargo al programa del año anterior la cuantía ascenderá a 1.175 €/mes.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del presente extracto en el BORM.

Las solicitudes se presentaran a través de la sede electrónica de la CARM (https://sede.carm.es), utilizando el modelo normalizado de “Formulario de presentación de solicitud de inicio” para el n.º de procedimiento 0764 disponible en la guía de procedimientos y servicios de la CARM, que deberá ser firmado electrónicamente por el representante de la entidad, previa su cumplimentación, siendo válida, además la utilización de cualquiera de los registros determinados en el artículo 16 pto. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Sexto. Destinatarios de las ayudas.

a) Titulares y beneficiarios de la prestación de la Renta Básica de Inserción y de las Ayudas Periódicas de Inserción y Protección Social o similares, que se encuentren en edad laboral y estén realizando un proyecto/itinerario individualizado de inserción sociolaboral.

b) Personas que hayan finalizado o se encuentren realizando un proyecto/itinerario de inserción sociolaboral en programas desarrollados por la administración regional o local o por instituciones sin fin de lucro.

c) Personas que habiendo sido contratadas a través de programas de integración sociolaboral con anterioridad, no hubieran alcanzado los objetivos previstos en su proyecto/itinerario individualizado de inserción, siempre que su renovación sea valorada como procedente por el Servicio competente de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del IMAS.

Séptimo. Otros datos:

Podrá asignarse hasta un máximo de tres puestos por entidad siempre y cuando la entidad haya desarrollado en los últimos tres años un programa de integración sociolaboral financiado por el IMAS y cuatro cuando todos los puestos de trabajo ofertados se ubiquen en municipios diferentes.

El contrato deberá tener una duración mínima de 6 meses y máxima de 10 meses, pudiendo ampliarse a 12 meses cuando la demanda sea inferior a la consignación presupuestaria. En los supuestos de renovación el contrato tendrá una duración máxima de 9 meses. Así mismo, la duración máxima establecida podrá ampliarse hasta 12 meses cuando ello permita el acceso a prestaciones/pensiones de carácter prolongado.

Las personas a contratar serán propuestas por:

a) Los Centros de Servicios Sociales municipales.

b) Las entidades sin ánimo de lucro del ámbito social que lleven a cabo los programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a personas en situación de riesgo o exclusión social financiados por el IMAS, en coordinación con los Servicios Sociales Municipales.

c) Otras entidades públicas de la administración regional o local y entidades sociales, siempre que desarrollen su actividad en el ámbito de la exclusión social y hayan sido autorizadas por el IMAS para la elaboración y seguimiento de los proyectos individuales de inserción, de las personas propuestas, beneficiarios de la prestación Renta Básica de Inserción.

Las solicitudes se atenderán teniendo en cuenta el orden de entrada en el registro electrónico de la CARM y la fecha de perfeccionamiento del expediente, siempre que reúnan los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 6 de las Normas Reguladoras, hasta el límite del crédito presupuestario, siendo condición que la entidad haya obtenido una evaluación positiva, en caso de haber realizado programas de integración sociolaboral con anterioridad.

Murcia, 15 de junio de 2021. El Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, Raúl Nortes Ortín.

 

Resolución de 2 de febrero de 2021, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) dirigidas a entidades sin fin de lucro, para la realización de medidas de inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación, en concreto para el programa 4 “Acciones de acompañamiento, búsqueda de empleo, apoyo y seguimiento en el puesto de trabajo, de personas con enfermedad” (MODIFICADA)

BORM número 34 de 11 de febrero de 2021

Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud

Vigencia: desde el 12 de febrero de 2021

Referencias

Afectada por:

Orden de 5 de diciembre de 2016, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a empresas de la Región de Murcia, corporaciones locales y entidades sin fin de lucro, para colaborar en la financiación de la contratación y otras medidas de inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación, (BORM número 293 de 20/12/2016):

Establece las bases reguladoras.

Modificada por:

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se publica la ampliación de la financiación recogida en la Resolución de 2 de febrero de 2021 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 34 de 11 de febrero de 2021), por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) dirigidas a entidades sin fin de lucro, para la realización de medidas de inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación, en concreto para el programa 4 “Acciones de acompañamiento, búsqueda de empleo, apoyo y seguimiento en el puesto de trabajo, de personas con enfermedad mental en proceso de recuperación”, (BORM número 136 de 16 de junio de 2021):

Amplia la financiación inicial autorizada en el artículo 4.

 

Contenido

TEXTO MODIFICADO

BDNS (Identif.): 547924

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/547924)

Primero. Beneficiarios:

- Entidades sin ánimo de lucro que desarrollen acciones de búsqueda de empleo, acompañamiento, apoyo y seguimiento en el puesto de trabajo de personas con enfermedad mental en proceso de recuperación, con los requisitos establecidos en la convocatoria.

- Entidades que obtuvieron la condición de entidad colaboradora en 2018.

Segundo. Objeto:

Subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro ubicadas en la Región de Murcia, con la finalidad de contratar insertores laborales para la realización de acciones de acompañamiento y búsqueda de empleo de personas con enfermedad mental y en proceso de recuperación, así como para subvencionar a estas personas la asistencia a actividades de formación en empresas.

Las entidades subvencionadas apoyarán el proceso de integración social de las personas del colectivo antes mencionado, colaborando con los servicios de tratamiento y seguimiento que tienen la responsabilidad del proceso del usuario/a.

La modalidad de subvención regulada en esta convocatoria es:

Programa 4. Acciones de acompañamiento, búsqueda de empleo, apoyo y seguimiento en el puesto de trabajo, de personas con enfermedad mental en proceso de recuperación:

Subprograma 4.1.- Ayudas para la contratación de insertores/as laborales.

Subprograma 4.2.- Ayudas para asistencia a actividades de formación en empresas.

Tercero. Bases reguladoras:

Orden de 5 de diciembre de 2016, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a empresas de la Región de Murcia, corporaciones locales y entidades sin fin de lucro, para colaborar en la financiación de la contratación y otras medidas de inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación, publicadas en el BORM n.º 293 de 20 de diciembre de 2016.

Cuarto. Cuantía:

Los programas incluidos en esta convocatoria serán cofinanciados con cargo al FSE en un porcentaje del 90%, en el marco del Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020, en el eje 6C. Innovación Social: 9.1 La inclusión activa, en particular con vistas a fomentar la igualdad de oportunidades, la participación activa y la mejora de la empleabilidad. Objetivo Específico: 9.1.1. Mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción.

Total 2021: 644.000 €.

La distribución presupuestaria estimada para cada uno de los subprogramas es:

Subprograma 4.1: 578.793 €.

Subprograma 4.2: 40.000 €.

(Ampliado el importe inicial de 25.207€ a 40.000€ por la Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se publica la ampliación de la financiación recogida en la Resolución de 2 de febrero de 2021 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 34 de 11 de febrero de 2021), por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) dirigidas a entidades sin fin de lucro, para la realización de medidas de inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación, en concreto para el programa 4 “Acciones de acompañamiento, búsqueda de empleo, apoyo y seguimiento en el puesto de trabajo, de personas con enfermedad mental en proceso de recuperación”, en su artículo primero)

Los créditos no consumidos por alguno de los subprogramas, podrá asignarse al otro.

La concesión de la subvención queda condicionada a la existencia en el Presupuesto Administrativo del Servicio Murciano de Salud para el ejercicio 2021, de crédito adecuado y suficiente en el momento que se resuelva la concesión.

Podrán solicitar subvención para el subprograma 4.1, aquellas entidades colaboradoras que hayan iniciado las acciones a partir del 1 de enero de 2021. Así mismo para el subprograma 4.2 podrán solicitar subvenciones aquellos beneficiarios que hayan realizado acciones a partir del 1 de noviembre de 2020 y que tengan continuidad en 2021. Todos deberán cumplir los demás requisitos establecidos en la convocatoria.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Para el Subprograma 4.1, el plazo será de 15 días a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BORM.

Para el Subprograma 4.2 el plazo estará abierto desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BORM, hasta el 31 de octubre de 2021.

Sexto. Otros datos:

Subprograma 4.1:

El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva.

Las ayudas se abonarán en dos plazos, un 50% de pago anticipado tras la concesión y el otro 50% a la mitad del periodo de ejecución.

Subprograma 4.2:

La concesión de las subvenciones se realizará según el orden de entrada de las solicitudes o de la fecha del perfeccionamiento del expediente, siempre que los beneficiarios reúnan los requisitos generales y específicos establecidos.

Las ayudas se abonarán anticipadamente.

Murcia, 2 de febrero de 2021. El Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, Asensio López Santiago.

 

Más información:

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Orden de 18 de mayo de 2021, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, por la que se constituye el Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se nombran a las personas que lo componen

BORM número 119 de 26 de mayo de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Vigencia: desde el 18 de mayo de 2021

Referencias

Decreto número 138/2020, de 5 de noviembre de 2020, por el que se regula la estructura, composición y funcionamiento del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, (BORM número 262 de 11 de noviembre de 2020):

Regula la Composición, Organización y Régimen de Funcionamiento del Observatorio.

Corrección de errores de la Orden de 18 de mayo de 2021, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, por la que se constituye el Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se nombran a las personas que lo componen (BORM número 135 de 15/06/2021):

Modificación del Anexo I con los componentes.

 

 

Contenido

El Decreto n.º 138/2020, de 5 de noviembre, por el que se regula la Composición, Organización y Régimen de Funcionamiento del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 262 de 11 de noviembre de 2020), en su disposición adicional segunda establece que, seleccionadas las asociaciones o federaciones y notificada su inclusión en el Observatorio, se procederá a su nombramiento.

Asimismo se dispone que iniciará el cómputo del periodo de cuatros años, a que se refiere el apartado 1 del artículo 5 del mencionado Decreto, la fecha en la que se produzca tal nombramiento.

En la disposición adicional tercera se determina que la constitución del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, así como la designación y nombramiento de sus componentes, se efectuará por Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de derechos de las personas LGTBI. Dicha competencia viene asignada a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional.

Las personas componentes del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género serán nombradas por un periodo de cuatro años.

En virtud de lo anterior, y en uso de las competencias conferidas por el artículo 25.4 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre de organización y régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del Decreto n.º 31/2019, de 31 de julio, de nombramiento,

Dispongo:

Primero.- Proceder al nombramiento de las personas componentes del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en la CARM, previsto en el Decreto n.º 138/2020, de 5 de noviembre, por el que se regula la Composición, Organización y Régimen de Funcionamiento del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que se incluyen como Anexo I a la presente Orden.

Segundo.- Las personas componentes del Observatorio son nombradas por un período de cuatro años a partir de la fecha de firma de este nombramiento.

Tercero.- Dar por constituido el Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Cuarto.- La presente Orden surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

La presente Orden agota la vía administrativa, y frente a la misma las personas interesadas pueden interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante la titular de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social en el plazo de un mes, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, computados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el BORM.

En Murcia, a 18 de mayo de 2021. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.

Anexo I. Composición del Pleno Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Descargar)

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de 1 de junio de 2021, por la que se autorizan las actuaciones administrativas automatizadas realizadas en su ámbito competencial

BORM número 132 de 11 de junio de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Vigencia: desde el 12 de junio de 2021

Contenido

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone en su artículo 40 que las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. La relación de los sellos electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos, debiendo adoptarse las medidas adecuadas para facilitar la verificación.

El artículo 41.1 de dicha norma define como actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público, especificando en el punto 2 que para ese caso deberá establecerse previamente el órgano competente para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente, e indicándose el órgano responsable a efectos de impugnación.

El artículo 42 de la citada Ley, establece que cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización del sello electrónico como sistema de firma para el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada.

El Decreto n.º 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su artículo 13 dispone que la creación de sellos electrónicos vinculados a órganos administrativos se realizará mediante Resolución de la Secretaría General de la Consejería o del máximo órgano directivo del organismo o entidad pública, que habrá de estar disponible en la sede electrónica, y constar del contenido que se establece en dicho artículo.

Conforme a los preceptos citados, mediante Resoluciones del Secretario General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social se crearon, el 16 de octubre de 2018, los sellos electrónicos de la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, de la Dirección General de Familias y Protección de Menores, de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector y de la Secretaría General (BORM, n.º 242, viernes, 19 de octubre de 2018), estableciendo en su punto quinto que el sello electrónico podrá ser utilizado para las actuaciones administrativas automatizadas que se autoricen por el órgano competente, así como para las demás actuaciones que prevea la normativa para este sistema de firma electrónica.

En relación con lo anterior, el artículo 5 del citado Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, establece que podrán adoptarse de forma automatizada las actuaciones administrativas en el marco de un procedimiento administrativo, realizadas íntegramente a través de medios electrónicos, debiendo ser autorizadas mediante Resolución de la Secretaría General de la Consejería o del máximo órgano directivo del organismo o entidad pública, que habrá de estar disponible en la sede electrónica.

En consecuencia, en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por el Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

Resuelvo:

Primero.- La presente Resolución tiene por objeto la identificación de las actuaciones administrativas automatizadas del ámbito de competencia de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social así como la designación de los órganos competentes sobre las funciones previstas en relación con las mismas.

Segundo.- En el ámbito de los sistemas de información en que participe la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social se podrán realizar las siguientes actuaciones administrativas automatizadas, autorizando el uso del sello electrónico a la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, a la Dirección General de Familias y Protección de Menores, a la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector y a la Secretaría General en todos los procedimientos administrativos de su competencia que figuren en la Guía de Procedimientos y Servicios:

- Emisión y firma de los certificados de inscripción en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, procedimiento 0795.

- Emisión y firma de los certificados de Declaración de Entidad apta para suscribir conciertos sociales, procedimiento 2635.

- Reconocimiento de la condición de familia numerosa, procedimiento 668.

- Renovación del Título Oficial de Familia Numerosa, procedimiento 1858.

- Comunicaciones de iniciación de procedimientos de oficio o a instancia de parte, con indicación del plazo para resolver y efectos del silencio administrativo.

- Comunicaciones relativas a los actos de instrucción y tramitación del procedimiento.

- Generación y emisión de certificados.

- Comunicaciones de carácter informativo dirigidas a los interesados.

- Intercambio de información con otras Administraciones Públicas, corporaciones, organismos, entidades e instituciones públicas.

- Cualquier otra actuación administrativa generada en el marco de los procedimientos competencia de la Secretaría General y/o cada una de las Direcciones Generales de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.

Tercero.- Determinar que las citadas actuaciones administrativas automatizadas serán generadas a través de los sistemas de información de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.

Todos los documentos que se emitan mediante los sistemas de información de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, incluirán un código seguro de verificación que permitirá, en todo caso, la comprobación de la autenticidad e integridad del documento accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Cuarto.- Sistema de firma y características técnicas.

1. El sistema de firma que se utilizará será el sello electrónico de la Secretaría General, de la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, de la Dirección General de Familias y Protección de Menores o de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.

2. Las características técnicas generales del sistema de firma y certificado aplicable son las que constan en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS/ DPC) particulares aplicables a los servicios de certificación y firma electrónica en el ámbito de organización y funcionamiento de las administraciones públicas, sus organismos y entidades vinculadas o dependientes, aprobada por la AC Camerfirma, que puede ser consultada en la dirección electrónica: https://www. camerfirma.com/politicas-de-certificacion-ac-camerfirma/.

Quinto.- Titularidad y responsabilidad.

El órgano titular del sello electrónico, y responsable de su utilización a los efectos de una eventual impugnación de la actuación administrativa automatizada, será la Secretaría General, la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, la Dirección General de Familias y Protección de Menores o a la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, dependiendo de quien realice la actuación automatizada.

Sexto.- Servicio de validación para la verificación del certificado.

La verificación del certificado podrá realizarse a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: https://sede.carm.es

Séptimo.- La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y deberá estar accesible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Murcia, a 1 de junio de 2021. La Secretaria General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, María Raquel Cancela Fernández.

Orden de convocatoria de las ayudas a familias numerosas de categoría especial, a familias con hijos/as nacidos/as de parto múltiple o adopción múltiple y a familias monoparentales

BORM número 128 de 5 de junio de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Vigencia: desde el 7 de junio de 2021

Contenido

Índice:

Acceder al texto completo

Artículo 1. Objeto y finalidad de las ayudas.
Artículo 2. Régimen jurídico.
Artículo 3. Tipos y cuantía máxima de las ayudas.
Artículo 4. Créditos presupuestarios.
Artículo 6. Distribución de créditos.
Artículo 5. Acreditación de requisitos.
Artículo 7. Solicitud y plazo de presentación.
Artículo 8. Documentación.
Artículo 9. Subsanación.
Artículo 10. Resolución, plazos y notificación.
Artículo 11. Cuantía.
Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios/as.
Artículo 13. Justificación de las ayudas.
Disposición final única. Efectos de la convocatoria.

Anexos:
Anexo I. Modelo de solicitud presencial.
Anexo II. Cláusulas consentimiento unidad familiar.

TEXTO COMPLETO

Mediante Decreto 89/2020, de 10 de septiembre (BORM n.º 214 de 15 de septiembre de 2020), se establecen las normas reguladoras de las ayudas individuales a familias numerosas de categoría especial, a familias con hijas e hijos nacidos de parto múltiple y a familias monoparentales.

El artículo 7, apartado 1, del citado Decreto dispone que el plazo de solicitud de las ayudas se determinará mediante convocatoria pública adoptada por el órgano competente para su concesión y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

En el presupuesto de gastos de la Dirección General de Familias y Protección de Menores para el año 2021 figuran en el Programa 313M, clasificación orgánica 18.02, concepto 481.99, los correspondientes créditos destinados a la concesión de ayudas individuales a familias con hijos/as nacidos/as de parto o adopción múltiple, a familias numerosas de categoría especial y a familias monoparentales.

Al objeto de dar efectividad a la finalidad de las citadas ayudas y efectuar la asignación de los referidos créditos en las condiciones de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, a propuesta de la Directora General de Familias y Protección de Menores y en uso de las facultades que me confiere la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente, del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el artículo 3 del Decreto de la Presidencia n.º 34/2021, de 3 de abril, de reorganización de la Administración Regional, modificado por Decreto de la Presidencia nº 47/2021, de 9 de abril.

Dispongo:

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Artículo 1. Objeto y finalidad de las ayudas.

1. Es objeto de la presente Orden la convocatoria de las ayudas individuales a las familias numerosas de categoría especial, a las familias con hijas e hijos nacidos de parto múltiple, adopción múltiple, acogimiento permanente o guarda con fines de adopción y a las familias monoparentales, al objeto de colaborar en los gastos ocasionados por este hecho durante el año 2021, de conformidad con lo establecido en el Decreto n.º 89/2020, de 10 de septiembre, por el que se establecen las normas reguladoras de las ayudas individuales a familias numerosas de categoría especial, a familias con hijas e hijos nacidos de parto múltiple y a familias monoparentales (BORM Número 214 Martes, 15 de septiembre de 2020).

2. La finalidad de las ayudas es realizar aportaciones económicas que se conceden con carácter no periódico y se otorgan por una sola vez durante el ejercicio económico a familias que cumplan los requisitos generales y específicos establecidos en los artículos 3 y 4 de sus normas reguladoras.

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Artículo 2. Régimen jurídico.

Esta convocatoria se regirá por lo establecido en la presente Orden y en las normas reguladoras, así como por las restantes normas de derecho administrativo que sean de aplicación, y en su defecto por las normas de derecho privado.

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Artículo 3. Tipos y cuantía máxima de las ayudas.

Los conceptos objeto de estas ayudas son los siguientes:

A) Gastos de Alimentación.

B) Tasas o precios de Comedores en Centros Públicos o Concertados.

C) Gastos de Vestido (Textil y Calzado).

D) Gastos de Farmacia y Parafarmacia.

E) Higiénico-sanitarios.

F) Accesorios de puericultura.

G) Gastos derivados de la asistencia a Centros de Atención a la Infancia, actividades extraescolares o extensión de horario para la conciliación de la vida familiar y laboral.

H) Gastos derivados de la contratación de personal para la atención domiciliaria de la/las personas dependientes y menores para la conciliación de la vida familiar y laboral.

Respecto a los gastos de alimentación quedan excluidos de los mismos las bebidas alcohólicas.

La cuantía máxima de las ayudas es de 2.500,00 €.

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Artículo 4. Créditos presupuestarios.

Las ayudas se concederán con cargo a los créditos previstos para ello en la partida presupuestaria 18.02.313M.481.99, proyecto de gasto número 12047, por un importe máximo de noventa mil euros (90.000,00 €).

La cuantía total máxima podrá incrementarse hasta llegar a 500.000,00 €, sin necesidad de nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, cuando se incremente el importe del crédito presupuestario disponible como consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito, así como por la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2021, previa publicación en el BORM de los créditos disponibles para este incremento.

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Artículo 5. Acreditación de requisitos.

1. Serán requisitos generales para ser beneficiarios/as de estas ayudas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de las normas reguladoras:

a) Tener reconocida la condición de familia numerosa, que debe encontrarse en vigor a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Este requisito no será exigible a las familias monoparentales.

b) No tener acceso a otras ayudas de análoga naturaleza y para la misma finalidad a través de servicios públicos, privados o concertados, subvencionados en todo o en parte por cualquiera de las Administraciones Públicas.

c) La unidad familiar debe residir en la Región de Murcia, figurando empadronados sus miembros en alguno de sus municipios en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo aquellos beneficiarios que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados como asimilados a la convivencia en el artículo 1.1.b del Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

d) No superar, en ningún caso, la renta per cápita familiar, calculada según lo establecido por el artículo 6 de las normas reguladoras, el importe del IPREM vigente.

2. Para ser beneficiarios/as de estas ayudas será necesario que cumplan alguno de los siguientes requisitos específicos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4 de las normas reguladoras:

a) Tener hijas e hijos nacidos de parto o adopción múltiple, considerando como tal el parto de tres menores como mínimo y con edad inferior a seis años en el momento de la solicitud. Asimismo, se equipara? a los supuestos anteriores el acogimiento permanente o la guarda con fines de adopción, legalmente constituidos de forma simultánea, de tres menores como mínimo y con edad inferior a seis años en el momento de la solicitud de la ayuda.

b) Ser familia numerosa de categoría especial según la definición dada por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

c) En el caso de tratarse de una familia monoparental, que las hijas o hijos que la integran sean personas solteras con edad inferior a 21 años de edad, o ser persona con discapacidad o estar incapacitados para trabajar, cualquiera que fuese su edad. No obstante, tal límite de edad se ampliara? hasta los 25 años de edad cuando cursen estudios que se consideren adecuados a su edad y titulación o encaminados a la obtención de un puesto de trabajo. Además de este requisito, deberán encontrarse en alguno de los siguientes supuestos de hecho:

c).1 Que el/la ascendiente figure como el único/a progenitor/a en el Registro Civil.

c).2 Que el/la ascendiente tenga en exclusiva la patria potestad.

c).3 Que el/la ascendiente este? en estado de viudedad o en situación equiparada.

c).4 Que se trate de una familia formada por una persona y los menores de edad que tenga en acogida por tiempo igual o superior a un año.

3. Los requisitos señalados en los apartados precedentes se acreditarán mediante la documentación que se detalla en el artículo 8 de esta convocatoria y cuyas instrucciones se encuentran recogidas en el ANEXO I (Solicitud: Ayudas a las familias numerosas de categoría especial, a familias con hijos/as nacidos/as de parto múltiple o adopción múltiple y a familias monoparentales).

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Artículo 6. Distribución de créditos.

1. El importe total destinado a las ayudas se distribuirá, en primer lugar, según el siguiente criterio:

a) Ayudas a familias con hijas e hijos nacidos de parto múltiple o adopción múltiple o que tengan menores en acogimiento permanente o guarda con fines de adopción: Importe total destinado a las ayudas multiplicado por el porcentaje de solicitudes que correspondan a esta modalidad de ayudas incrementado en un 20%.

b) Ayudas a familias monoparentales: Importe total destinado a las ayudas multiplicado por el porcentaje de solicitudes que correspondan a esta modalidad de ayudas incrementado en un 20%.

c) Ayudas a familias numerosas de categoría especial: Importe total destinado a las ayudas menos el importe resultante de las operaciones indicadas en los apartados anteriores.

2. Para todas las solicitudes de ayuda, en todas las modalidades, que cumplan los requisitos generales y específicos señalados en los artículos 3 y 4 de las normas reguladoras, se valorará la renta per cápita familiar, para cuyo cálculo se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 6 de las citadas normas reguladoras. En función de la renta per cápita resultante, podrá concederse la cantidad máxima de la ayuda solicitada o un porcentaje de la misma, según los siguientes tramos:

a) Renta per cápita de hasta 1.500,00 €: Importe máximo de la ayuda.

b) Renta per cápita de entre 1.501,00 y 3.500,00 €: 75% del importe máximo.

c) Renta per cápita de entre 3.501,00 y 6.000,00 €: 50% del importe máximo.

d) Renta per cápita de entre 6.001,00 € y el importe del IPREM vigente: 25% del importe máximo.

3. Dentro de cada uno de los tramos de renta, las solicitudes se atenderán según lo establecido en el artículo 6 de las normas reguladoras, por lo que a los efectos de la valoración de la cuantía de las ayudas se computarán los ingresos de la familia, entendida como se indica en el artículo 4 del decreto de las normas reguladoras, así como los correspondientes a ascendientes o descendientes que residan en el mismo domicilio.

4. La propuesta de asignación de las ayudas a cada una de las solicitudes así ordenadas se realizará según lo señalado en el apartado dos, hasta la total distribución de los créditos destinados a las mismas. No obstante, si distribuido todo el importe correspondiente a uno de los tipos de familias señalados en el apartado primero de este artículo, entre todas las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos, quedase crédito libre éste se asignara al resto de tipos de familias siguiendo los criterios establecidos en este artículo.

5. En el supuesto de contar con un incremento de la cuantía inicial de la convocatoria, se procederá a la asignación de estos créditos adicionales, siguiendo los criterios establecidos en el presente artículo, entre las solicitudes que hubieran quedado fuera de la distribución de los créditos iniciales.

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Artículo 7. Solicitud y plazo de presentación.

1. Las solicitudes de estas ayudas se formularán de acuerdo con el modelo de instancia que figura como anexo de la presente Orden, acompañado de la documentación correspondiente.

2. Las solicitudes y el resto de documentación se podrá presentar en el Registro General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o mediante la utilización de cualquiera de los medios o procedimientos que al respecto se establecen en la legislación reguladora del procedimiento administrativo.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

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Artículo 8. Documentación.

1. De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Servicio competente en materia de promoción y protección de las familias, como órgano instructor, podrá consultar o recabar, a través de certificados telemáticos, la documentación acreditativa de las circunstancias previstas en los artículos 3, 4 y 6 que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración salvo que el interesado se oponga a ello, en cuyo caso, deberá aportar los documentos acreditativos junto con la solicitud.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano instructor podrá requerir a la persona solicitante su presentación, o en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a los que se refiera el documento, con anterioridad a la propuesta de resolución.

La información obtenida será utilizada por la Administración, exclusivamente, para comprobar la concurrencia de requisitos, controlar la aplicación de los fondos públicos y el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios y realizar el seguimiento de las acciones, dentro de las competencias que tiene legalmente atribuidas.

La solicitud, debidamente cumplimentada, deberá ir acompañada (en su caso) de la documentación siguiente:

a) Certificado de empadronamiento/volante de la unidad convivencial.

b) Autorización a la Administración para la consulta en los archivos obrantes, de los datos e ingresos relacionados con la ayuda, así como la consulta con otras administraciones.

No obstante, la persona solicitante y resto de miembros de la familia obligados por edad, podrán oponerse expresamente a la consulta, debiendo presentar en tal caso los documentos cuya consulta no autorice.

El Anexo II Cláusula de consentimiento para consulta de datos de la Unidad Familiar, solo ha de ser cumplimentado y presentado junto a la solicitud, en los casos de unidades familiares con ascendientes, cónyuges y descendientes mayores de 16 años computables a los efectos de la renta per cápita.

c) Importe por el que se solicita la ayuda.

d) Declaración responsable relativa a las actividades realizadas durante el año 2020 de todos los miembros del núcleo de convivencia.

e) Certificado/documento bancario en el que conste el IBAN (24 dígitos) nombre de la persona que solicita la ayuda que ha de ser titular de la cuenta y debe constar su número de DNI/NIE.

f) Aquella documentación que afecte a la situación socio-económica y que se determine como necesaria. Acompañada de una declaración responsable u otros documentos acreditativos, como Vida Laboral relativa al año 2020.

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Artículo 9. Subsanación.

Si analizada la solicitud y demás documentación presentada, se observara que son incompletas o que no reúnen los requisitos exigidos, se requerirá al interesado/a para que, en un plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de recepción de la notificación correspondiente, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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Artículo 10. Resolución, plazos y notificación.

En lo relativo a la resolución, plazos y notificación se actuará de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de las normas reguladoras.

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Artículo 11. Cuantía.

El importe de las ayuda concedida por familia en ningún caso podrá ser superior a dos mil quinientos euros (2.500,00 €).

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Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios/as.

De conformidad con el artículo 10 de las normas reguladoras, las familias beneficiarias de las ayudas vendrán obligadas a:

a) Comunicar a la Consejería competente en materia de promoción y protección de las familias la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos nacionales o internacionales, así como la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que afecte a alguno de los requisitos o condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la presente ayuda.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería competente en materia de promoción y protección de las familias a las de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Comunidad Autónoma en relación con las ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.

c) Justificar las ayudas concedidas en los plazos y términos previstos en la presente Orden.

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Artículo 13. Justificación de las ayudas.

1. El abono de la ayuda se realizará por el importe total de la misma, en el momento de la concesión y con carácter previo a la justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

2. La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda se realizará mediante la aportación de la documentación siguiente:

a) Los gastos realizados con cargo a la ayuda y el pago de los mismos se justificarán mediante la presentación para cada uno de ellos de alguno de los documentos siguientes:

a.1) Original de las facturas y documento utilizado para el pago, donde deberá constar el C.I.F./N.I.F., número de factura, fecha y el recibí. Dichas facturas y documentos deberán ir debidamente desglosadas en conceptos y unidades, no admitiéndose facturas en las que no estén claramente especificados los mismos o que se refieran a conceptos globales.

a.2) Original de la transferencia bancaria o movimiento en la cuenta corriente si el pago se hubiera realizado por cheque, en su caso.

a.3) En el caso de pagos al contado, el original de la factura deberá llevar el recibí y la cantidad facturada nunca será superior a 2.500 €.

a.4) No serán válidos los tickets de caja como medio de justificación.

3. Los justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda serán relativos a gastos ejecutados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021, considerándose gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado en el apartado siguiente.

4. Los beneficiarios están obligados a presentar la justificación de las ayudas concedidas en el plazo de tres meses, a contar desde la finalización del periodo de ejecución.

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Disposición final única. Efectos de la convocatoria.

La presente Orden producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante la persona titular de la Consejería competente en materia de promoción y protección de las familias, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», o, directamente, recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo de dos meses contados desde el citado día, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y sin perjuicio de que las personas físicas puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Murcia, 1 de junio de 2021. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.

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Decreto número 89/2020, de 10 de septiembre, por el que se establecen las normas reguladoras de las ayudas individuales a familias numerosas de categoría especial, a familias con hijas e hijos nacidos de parto múltiple y a familias monoparentales

BORM número 214 de 15 de septiembre de 2020

Consejo de Gobierno

Vigencia: desde el 16 de septiembre de 2020

Referencias

Deroga a:

Contenido

Índice:

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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Definición de las ayudas.
Artículo 3. Requisitos generales.
Artículo 4. Requisitos específicos.
Artículo 5. Clases, concepto y cuantía máxima de las ayudas. Justificación.
Artículo 6. Cómputo de ingresos.
Artículo 7. Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
Artículo 8. Instrucción del Procedimiento.
Artículo 9. Resolución, plazos y notificación.
Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios.
Artículo 11. Devolución de las ayudas.
Artículo 12. Alteración de las condiciones.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final última. Entrada en vigor.

TEXTO COMPLETO

El Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de Reorganización de la Administración Regional, señala que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social tiene actualmente atribuidas las competencias en materia de promoción, protección y apoyo a la familia e infancia. En el mismo sentido, el Decreto n.º 169/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, en su artículo 5 establece que corresponderá a la Dirección General de Familias y Protección de Menores las competencias relativas a la promoción, protección y apoyo a las familias e infancia, incluida la dirección en la elaboración de planes, programas y proyectos específicos en estas materias.

De acuerdo con este marco normativo, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, considerando a las familias institución social básica que cumple un destacado papel en los ámbitos afectivo, educativo, económico y social, considera necesario la realización de actuaciones que contribuyan a afianzar dicha institución, consciente de las necesidades de realización personal de sus componentes en todos los ámbitos de la vida social.

Para atender con eficacia los objetivos propuestos, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, estima como medida esencial la dotación de ayudas económicas destinadas a familias numerosas de categoría especial, familias con hijas e hijos nacidos de parto múltiple y familias monoparentales cuya economía familiar se ha visto notablemente afectada por este hecho, por lo que se considera oportuno no condicionar el pago de las citadas ayudas a la previa justificación del cumplimiento de su finalidad.

Sobre la naturaleza de las ayudas se ha pronunciado el Consejo Jurídico en su Dictamen 189/2006, recaído en el Anteproyecto de la Ley de Renta Básica, señalando en relación con las ayudas sociales que “una entrega de fondos públicos sin contraprestación directa, y que tenga una finalidad pública, no es encajable en el concepto de subvención del artículo 2.1 de la Ley 38/2003 si carece de la afectación al cumplimiento de un determinado objetivo que se impone al beneficiario a modo de carga. Para este otro género de actividad administrativa se ha predicado por la doctrina el concepto de ayudas o también el de “subvenciones impropias”, en las que la finalidad no es el fomento, sino la tutela social de situaciones de necesidad. Son ayudas vinculadas al status de los beneficiarios, sin perseguir a través de su otorgamiento ninguna actuación específica de éstos, ni estar fundado su otorgamiento en la previa realización de una actividad determinada”.

A la vista de lo dicho, podemos concluir que las ayudas no encajan en el concepto técnico de subvención por no cumplir el requisito establecido en el artículo 2, b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Estaríamos en el terreno de las prestaciones asistenciales, en las que predomina la protección del individuo ante situaciones específicas de necesidad, no obstante lo cual, se hace necesario establecer las normas reguladoras y el procedimiento de concesión de dichas ayudas.

En el procedimiento de elaboración de esta disposición han sido oídos el Consejo Asesor Regional de Infancia y Familia y el Consejo Asesor Regional de Servicios Sociales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 95/2004, de 24 de septiembre, por el que se crean y regulan los consejos asesores regionales de carácter sectorial de servicios sociales, artículo 3 del Decreto 37/1987, de 28 de mayo, por el que se regula el Consejo Asesor Regional de Servicios Sociales y apartados 2 y 3 del artículo 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, tras la deliberación del Consejo de Gobierno, en sesión de fecha 10 de septiembre de 2020, en relación con el artículo 22.12 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,

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Dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente decreto tiene por objeto establecer las normas reguladoras de las ayudas individuales a familias numerosas de categoría especial, familias con hijas e hijos nacidos de parto múltiple y familias monoparentales en la Región de Murcia.

2. A efectos de este decreto se entiende por familia el grupo formado por padres, tutores, acogedores e hijas e hijos, excluyendo ascendientes de los primeros y descendientes de los segundos.

3. Se entiende, a efectos de este decreto, por familia monoparental la integrada por un ascendiente con uno o más hijos e hijas, siempre que no conviva con otra persona con la que constituya matrimonio o pareja de hecho excluyendo, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, los ascendientes del primero y descendientes de los segundos.

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Artículo 2. Definición de las ayudas.

Las ayudas a las que se refiere el presente decreto son aportaciones económicas que se conceden con carácter no periódico y se otorgan por una sola vez durante el ejercicio económico a familias numerosas de categoría especial, familias con hijas e hijos nacidos de parto múltiple y familias monoparentales destinadas a sufragar gastos determinados derivados de su composición y características.

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Artículo 3. Requisitos generales.

Serán requisitos para ser beneficiarios de estas ayudas:

1. Tener reconocida la condición de familia numerosa, que debe encontrarse en vigor a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Este requisito no será exigible a las familias monoparentales.

2. No tener acceso a otras ayudas de análoga naturaleza y para la misma finalidad a través de servicios públicos, privados o concertados, subvencionados en todo o en parte por cualquiera de las Administraciones Públicas.

3. La unidad familiar debe residir en la Región de Murcia, figurando empadronados sus miembros en alguno de sus municipios en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo aquellos beneficiarios que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados como asimilados a la convivencia en el artículo 1.1.b del Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

4. No superar, en ningún caso, la renta per cápita familiar, calculada según lo establecido por el artículo 6 de este decreto, el importe del IPREM vigente.

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Artículo 4. Requisitos específicos.

Para ser beneficiarios de estas ayudas será necesario que cumplan alguno de los siguientes requisitos específicos:

1. Tener hijas e hijos nacidos de parto o adopción múltiple, considerando como tal a los efectos de este decreto, el parto de tres menores como mínimo y con edad inferior a seis años en el momento de la solicitud. Asimismo, se equipará a los supuestos anteriores el acogimiento permanente o la guarda con fines de adopción, legalmente constituidos de forma simultánea, de tres menores como mínimo y con edad inferior a seis años en el momento de la solicitud de la ayuda.

2. Ser familia numerosa de categoría especial según la definición dada por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

3. En el caso de tratarse de una familia monoparental, que las hijas o hijos que la integran sean personas solteras con edad inferior a 21 años de edad, o ser persona con discapacidad o estar incapacitados para trabajar, cualquiera que fuese su edad. No obstante, tal límite de edad se ampliará hasta los 25 años de edad, cuando cursen estudios que se consideren adecuados a su edad y titulación o encaminados a la obtención de un puesto de trabajo. Además de este requisito, deberán encontrarse en alguno de los siguientes supuestos de hecho:

a) Que el ascendiente figure como el único progenitor en el Registro Civil.

b) Que el ascendiente tenga en exclusiva la patria potestad.

c) Que el ascendiente esté en estado de viudedad o en situación equiparada.

d) Que se trate de una familia formada por una persona y los menores de edad que tenga en acogida por tiempo igual o superior a un año.

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Artículo 5. Clases, concepto y cuantía máxima de las ayudas. Justificación

1. Las clases o tipos de estas ayudas serán los siguientes:

a) Gastos de alimentación, excluidos de los mismos las bebidas alcohólicas.

b) Tasas o precios de comedores en centros públicos o concertados.

c) Gastos de vestido (textil y calzado).

d) Gastos de farmacia y parafarmacia.

e) Higiénico-sanitarios.

f) Accesorios de puericultura.

g) Gastos derivados de la asistencia a Centros de Atención a la Infancia, actividades extraescolares o extensión de horario para la conciliación de la vida familiar y laboral.

h) Gastos derivados de la contratación de personal para la atención domiciliaria de la/las personas dependientes para la conciliación de la vida familiar y laboral.

i) Cualesquiera otros conceptos análogos que se establezcan en la convocatoria derivados de cambios en las circunstancias sociales o económicas.

Las cuantías máximas que podrán alcanzar estas ayudas serán las que se determinen en la correspondiente convocatoria.

2. Asimismo, en la convocatoria se determinará el plazo, forma y documentación para la justificación del destino de estas ayudas.

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Artículo 6. Cómputo de ingresos.

1. A efectos de la valoración de la cuantía de las ayudas se computarán los ingresos de la familia, entendida como se indica en el artículo 4 del presente decreto, así como los correspondientes ascendientes o descendientes que residan en el mismo domicilio.

2. El cálculo de ingresos se realizará teniendo en cuenta la Base Imponible resultante en el último ejercicio fiscal de todos los miembros de la familia, ascendientes y descendientes que residan en el mismo domicilio. En aquellos casos en que todas o algunas de las indicadas personas no estuviera obligada a realizar la declaración de la renta de las personas físicas, o en otros supuestos excepcionales en los que existan divergencias en los datos fiscales y que se determinen en la convocatoria, se computarán los ingresos que acrediten mediante nóminas, certificados de empresa y/o certificados de aquellos organismos públicos o privados de los que hubiera percibido ingresos, en la forma que se determine en la convocatoria.

3. Para la determinación de la renta per cápita familiar se dividirán el total de los ingresos percibidos por el número de miembros de la familia computables.

4. En el cálculo de ingresos de la unidad de convivencia no se computarán:

a. La asignación económica por hijas o hijo menor a cargo o mayor de 18 años con discapacidad.

b. Las prestaciones económicas del Sistema Murciano de Atención a la Dependencia.

c. Los subsidios por ayuda de tercera persona y de movilidad y compensación por gastos de transporte.

d. Los complementos por gran invalidez.

e. Las pensiones no contributivas.

f. Las becas procedentes de actividades de formación.

g. Las ayudas de emergencia social u otras de carácter finalista y naturaleza análoga.

h. Los importes en concepto de pensiones alimenticias o compensatorias en los supuestos de separación o divorcio.

i. El ingreso mínimo vital, salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social.

j. Las compensaciones económicas por acogimiento de menores.

k. Cualquier otra ayuda de naturaleza similar a las descritas en los apartados anteriores.

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Artículo 7. Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.

1. El plazo de solicitud de las ayudas se determinará por convocatoria pública, adoptada mediante Orden por la persona titular de la Consejería competente en materia de promoción y protección de las familias y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

2. La solicitud se formulará por las personas titulares del Título de Familia Numerosa o por la persona responsable de la familia monoparental, debiendo constar en la misma la firma de todos los miembros de la familia mayor de 18 años. Dicha solicitud se formalizará en el modelo que será publicado junto a la convocatoria, acompañada de la documentación que en dicho modelo se indique y podrá presentarse en el Registro General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o mediante la utilización de cualquiera de los medios o procedimientos que al respecto se establecen en la legislación reguladora del procedimiento administrativo.

3.- De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano competente podrá consultar o recabar, a través de certificados telemáticos, la documentación acreditativa de las circunstancias previstas en los artículos 3, 4 y 6 que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración salvo que el interesado se oponga a ello, en cuyo caso, deberá aportar los documentos acreditativos junto con la solicitud.

4.- Recibidas las solicitudes se requerirá a las personas que lo soliciten la subsanación que en las mismas o en su documentación anexa se observe, indicándoles de que si así no lo hicieren en el plazo de diez días, se les tendrá por desistidos de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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Artículo 8. Instrucción del Procedimiento.

1. La competencia para la instrucción de los expedientes corresponderá al Servicio competente en materia de promoción y protección de las familias.

2. En el procedimiento de instrucción se diferenciarán tres fases: una primera de admisión, en la que se examinará el cumplimiento por parte de las familias solicitantes de los requisitos formales y materiales de carácter general y específico contemplados en el presente decreto, una segunda relativa al estudio de las solicitudes que cumplan los requisitos y una tercera de propuesta de concesión o denegación.

3. Las ayudas se concederán a todas las personas solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en este decreto, hasta el agotamiento de los créditos presupuestarios, sin comparación alguna de las solicitudes y por estricto orden de entrada, estableciéndose unos criterios de distribución de la cuantía a percibir en la convocatoria de manera objetiva y fija.

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Artículo 9. Resolución, plazos y notificación.

1. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos de este procedimiento de concurrencia serán objeto de notificación. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar contemplado en el párrafo anterior sin que se haya notificado la resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo.

3. La ayuda reconocida será abonada en un pago único mediante transferencia bancaria.

4. La resolución del procedimiento corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de promoción y protección de las familias mediante Orden. Esta Orden pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra las misma el recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería competente en materia de promoción y protección de las familias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, o bien ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en la forma y plazo previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

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Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios.

1. Las familias beneficiarias de las ayudas vendrán obligadas a comunicar a la Consejería competente en materia de promoción y protección de las familias la obtención de ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, así como la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que afecte a alguno de los requisitos o condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda.

2. Las familias beneficiarias están obligadas a someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar la Consejería competente en materia de promoción y protección de las familias, la Intervención General de la Comunidad Autónoma en relación con las ayudas concedidas y el Tribunal de Cuentas, así como dar cumplimiento al resto de obligaciones específicas que se establecieran en la correspondiente convocatoria.

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Artículo 11. Devolución de las ayudas.

1. Serán causas de devolución de las ayudas concedidas:

a) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.

b) Obtención de ayudas de análoga naturaleza y para la misma finalidad con cargo a otros créditos de los presupuestos de la Comunidad Autónoma o de otras administraciones públicas o entes privados.

c) Alteración, ocultación o falseamiento de datos o circunstancias que pudieran haber permitido la obtención de la ayuda sin reunir los requisitos o en un importe superior al que hubiera correspondido.

2. La obligación de devolver estas ayudas llevará aparejada la de abonar el importe correspondiente al interés legal del dinero, desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro mediante la oportuna resolución, sin perjuicio de otras actuaciones que en derecho procedan.

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Artículo 12. Alteración de las condiciones.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención concurrente de ayudas para la misma finalidad otorgadas por otras administraciones o entes públicos, privados o concertados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la orden de concesión.

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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 14 de noviembre de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se establecen las normas reguladoras de las ayudas individuales a familias con hijos nacidos de parto múltiple y a familias numerosas de categoría especial con 6 o más hijos.

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Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 10 de septiembre de 2020. El Presidente, Fernando López Miras. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.

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Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se regula el acceso a la vivienda de jóvenes en régimen de propiedad a través de la línea ICREF AVAL JOVEN

BORM número 120 de 27 de mayo de 2021

Consejería de Fomento e Infraestructuras

Viegencia: desde el 28 de mayo de 2021

Contenido

Índice:

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Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Régimen jurídico.
Artículo 3. Definiciones.
Artículo 4. Tipología e importe de la línea de avales.
Artículo 5. Características de la garantía ICREF AVAL JOVEN.
Artículo 6. Compatibilidad y finalidad de la garantía.
Artículo 7. Condiciones subjetivas de acceso a la garantía.
Artículo 8. Condiciones objetivas de acceso a la garantía.
Artículo 9. Cómputo del umbral de renta.
Artículo 10. Acreditación de las condiciones de acceso a la garantía.
Artículo 11. Presentación de solicitudes y formalización de los préstamos.
Artículo 12. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Artículo 13. Seguimiento y control de las garantías.
Artículo 14. Incumplimientos.
Disposición final primera. Impugnación.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Anexos
Anexo I. Modelo de solicitud
Anexo II. Claúsula consulta/tratamiento de datos personales

TEXTO COMPLETO

Desde que comenzó la crisis económica en 2008, para la mayoría de jóvenes, el acceso a la propiedad de una vivienda se ha convertido en un obstáculo infranqueable, ya que vienen sufriendo con mayor intensidad las dificultades y los cambios del mercado de trabajo. El segmento de edad de entre 25 y 35 años, por razones económicas, se independiza menos pese a contar con niveles de ocupación similares.

Estas dificultades implican la contracción de la riqueza neta de este colectivo dado que aquellos/as que desearían adquirir una vivienda en propiedad, no pueden hacerlo porque no tienen el suficiente dinero ahorrado para afrontar los gastos iniciales, lo que se traduce en un freno al acceso a la propiedad de la vivienda. Según datos del observatorio social de La Caixa, en 2008 en España, el 54,9% de las personas jóvenes emancipadas menores de 29 años tenía una vivienda en propiedad, frente al 26,5% de 2017. Actualmente, esta situación se está viendo agravada por la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19.

Asimismo, la Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia, en su artículo 17 destinado al acceso a la vivienda de la población joven, impone como deber de las administraciones públicas la puesta en marcha de medidas que favorezcan el acceso a la vivienda de este colectivo, entre las que se cuenta, el establecimiento de incentivos y líneas de crédito subvencionadas con entidades financieras para la adquisición de viviendas.

Por su parte, el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (en adelante ICREF), entidad pública empresarial dependiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tiene entre sus finalidades, la de actuar como principal instrumento de la política de crédito público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En este marco, es interés de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia favorecer que los/as jóvenes puedan acceder, en régimen de propiedad, por primera vez a una vivienda nueva susceptible de ser habitada de manera inmediata, a través de una línea de avales, ICREF AVAL JOVEN, que queda regulada en la presente Orden

El Decreto del Presidente nº 34/2021, de 3 de abril, de reorganización de la Administración Regional atribuye, en su artículo 10, a la Consejería de Fomento e Infraestructuras la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras materias, en vivienda.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 38 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

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Dispongo:

Artículo 1. Objeto.

1. Constituye el objeto de esta Orden favorecer el acceso de los jóvenes a una vivienda nueva en régimen de propiedad, a través de la regulación de una línea de avales, ICREF AVAL JOVEN que les ofrezca una cobertura temporal y parcial sobre la financiación que necesiten, en los términos establecidos en la misma.

2. A esta línea de avales podrán acceder las personas de edad inferior a 35 años de acuerdo con los criterios y requisitos que se definen en esta Orden.

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Artículo 2. Régimen jurídico.

Las garantías que se otorguen al amparo de la línea ICREF AVAL JOVEN se regirán por las disposiciones establecidas en esta Orden.

Supletoriamente se aplicará la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos y el derecho privado que resulte de aplicación.

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Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de esta Orden se entenderá por:

a) Unidad de convivencia: la compuesta por el conjunto de personas que vayan a habitar de forma habitual y permanente la vivienda para cuya financiación se obtiene la garantía, con independencia de la relación existente entre ellas.

b) Vivienda nueva: la terminada en su fase de construcción de la que no se haya producido la primera transmisión por parte del promotor a las personas adquirentes.

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Artículo 4. Tipología e importe de la línea de avales.

1. Siempre que se cumplan los requisitos objetivos y subjetivos regulados en este Orden, el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (en adelante ICREF) otorgará un aval de hasta el 20% del préstamo hipotecario de financiación de la vivienda siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5.

2. El importe global máximo de esta línea de avales asciende a diez millones ochocientos cincuenta mil euros (10.850.000 €).

Dentro del marco de las normas o acuerdos que se adopten en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, este importe global máximo, podrá ser objeto de ampliación en los términos que determine el correspondiente convenio de gestión, suscrito entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el ICREF, mediante la publicación de la oportuna Orden de la citada Consejería.

3. Los préstamos que se suscriban con las mencionadas entidades financieras contarán, desde su formalización, con la cobertura del aval del ICREF en los términos que se estipulen en el correspondiente convenio de gestión. En cualquier caso, y por lo que concierne a la naturaleza de esta garantía, se estará a las disposiciones previstas para la fianza en el Código Civil y lo estipulado en el correspondiente convenio.

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Artículo 5. Características de la garantía ICREF AVAL JOVEN.

1. Esta línea de avales será gestionada en colaboración con el ICREF y las entidades financieras participantes (en adelante la Entidad financiera), a través de convenios de colaboración.

2. La garantía otorgada por el ICREF sobre el préstamo hipotecario de financiación de la vivienda otorgado por la Entidad financiera, alcanzará hasta el 20% cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) La financiación será de más del 80% y hasta el 100% del menor de los siguientes dos valores (en adelante “valor de referencia”): valor de tasación (calculado de conformidad con la Orden ECO/805/2003 o de cualquier otra normativa que complemente, desarrolle o sustituya a aquella) o precio de compraventa de la vivienda.

No será objeto de financiación los impuestos o tasas, ya sean directos o indirectos, que graven las operaciones de adquisición y financiación de la vivienda.

b) Las operaciones de financiación entre los/las adquirentes de vivienda habitual que cumplan los requisitos establecidos en esta Orden y la Entidad financiera deberán instrumentarse mediante un contrato de préstamo hipotecario financiado con fondos de la citada Entidad. Con ocasión del otorgamiento del préstamo, no se podrá exigir la contratación de ningún producto o servicio adicional de la vivienda adquirida.

Los mencionados contratos de préstamo incorporarán las cláusulas que aseguren el correcto funcionamiento de los avales otorgados de acuerdo a lo que establezca el correspondiente convenio de adhesión de las entidades financieras a esta línea de avales.

c) El aval correspondiente se otorgará de forma automática una vez haya sido comunicada al ICREF la concesión del préstamo sin requerir aprobación previa por parte de la administración pública.

3. El aval quedará automáticamente sin efecto en el momento en el que el principal pendiente de pago del préstamo hipotecario de financiación objeto de la garantía sea igual o inferior al 80% del “valor de referencia” utilizado.

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Artículo 6. Compatibilidad y finalidad de la garantía.

1. La garantía será compatible con cualquier otra ayuda a la adquisición de vivienda siempre que no se exceda del 100% del coste de la actuación elegible y así lo permita la normativa reguladora de las ayudas y el derecho de la Unión Europea.

2. En caso de obtención de ayudas a la financiación, la ayuda deberá destinarse a la correspondiente amortización total o parcial del préstamo hipotecario de financiación avalado.

Dentro del marco legal establecido por la Orden de 12 de febrero de 1999, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento para la efectividad de la cesión a terceros de derechos de cobro frente a la Administración Regional y sus organismos autónomos y su toma de razón, en particular lo dispuesto en su artículo 2.4, las personas beneficiarias cederán, a la entidad financiera prestadora, los derechos de cobro del importe total de la ayuda directa reconocida autorizando, a dicha entidad, a que actúe en su nombre para amortizar anticipada y parcialmente la financiación hipotecaria otorgada y avalada por el ICREF.

3. La garantía tiene carácter finalista de manera que el importe del préstamo avalado debe destinarse al pago del precio de la vivienda financiada.

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Artículo 7. Condiciones subjetivas de acceso a la garantía.

1. Se podrán acoger a esta línea de avales las personas físicas que reúnan los requisitos siguientes:

a) Que las personas solicitantes, así como las que vayan a integrar la unidad de convivencia, posean la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o cuenten con residencia legal en España si se tratara de personas extranjeras provenientes de países terceros (fuera de la UE).

b) Que las personas solicitantes, así como las que vayan a integrar la unidad de convivencia, tengan una edad inferior a 35 años en el momento de solicitar la financiación.

c) Que el conjunto de ingresos de las personas solicitantes y de las que vayan a integrar la unidad de convivencia, no superen el límite de 5,4 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (en adelante IPREM) computado de acuerdo a lo establecido en el artículo 9.

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Artículo 8. Condiciones objetivas de acceso a la garantía.

1. Para acceder a esta línea de avales se deberán cumplir los siguientes requisitos.

a) Que la vivienda a adquirir esté situada en la Región de Murcia y se destine a domicilio habitual y permanente de las personas solicitantes y de las que vayan a integrar su unidad de convivencia, como mínimo, durante todo el periodo en que esté vigente la garantía.

b) Que se trate de vivienda nueva y la primera vivienda a la que se accede en régimen de propiedad. A este respecto, no podrá otorgarse la garantía cuando las personas solicitantes o alguno de los miembros que vayan a integrar la unidad de convivencia sean propietarios/as o usufructuarios/as de alguna vivienda en España.

Se exceptuará este requisito en los siguientes casos:

1.º) El derecho recae únicamente sobre una parte alícuota de la vivienda y se ha obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento.

2.º) No disponibilidad de la vivienda por causa de separación o divorcio; situaciones catastróficas o situaciones de violencia de género o amenaza/víctima de terrorismo.

3.º) La vivienda resulta inaccesible por situaciones sobrevenidas de dependencia o discapacidad, con un grado de discapacidad reconocido oficialmente igual o superior al 33 por ciento (33%).

c) Que el precio de adquisición de la vivienda, sin los gastos y tributos inherentes a la adquisición, sea igual o inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €).

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Artículo 9. Cómputo del umbral de renta.

La determinación de los ingresos de las personas solicitantes y de las que vayan a integrar la unidad de convivencia, atenderá a los siguientes criterios:

a) Se partirá de las cuantías de la base imponible general sumada a la base imponible del ahorro, reguladas en la legislación vigente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes a los datos fiscales relativos al ejercicio fiscal cerrado inmediatamente anterior al último período impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud de la financiación. La cuantía resultante se convertirá en número de veces el IPREM en vigor durante el periodo al que se refieran los ingresos evaluados, referido a 14 pagas.

b) Los ingresos máximos se ponderarán aplicando los siguientes coeficientes multiplicadores:

Unidad de convivencia Coeficiente
Unidad de convivencia de 1 a 3 personas 0,75
Unidad de convivencia de 4 o más personas 0,70
Familias numerosas de carácter general 0,70
Familias numerosas de carácter especial 0,60
Unidades de convivencia en las que haya una o más personas con parálisis cerebral o con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento (33%) 0,60
Unidades de convivencia en las que haya una o más personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento (65%) 0,60

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Artículo 10. Acreditación de las condiciones de acceso a la garantía.

Para acreditar los requisitos a que se refiere los artículos 7 y 8 deberán presentarse, ante la entidad financiera, los siguientes documentos:

a) Solicitud y declaración responsable conforme al modelo establecido en anexo I a esta Orden.

b) Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español.

c) Documento, válido en derecho, acreditativo del nivel de ingresos de las personas solicitantes y de los miembros que vayan a integrar la unidad de convivencia, correspondiente al ejercicio fiscal cerrado inmediatamente anterior al último período impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud de la financiación.

d) Certificado catastral o nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de las personas solicitantes y de los miembros que vayan a integrar la unidad de convivencia.

e) Contrato de compraventa de la vivienda adquirida.

f) documento en modelo que se acompaña como anexo II a esta Orden, relativo a la consulta y tratamiento de datos personales.

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Artículo 11. Presentación de solicitudes y formalización de los préstamos.

1. La solicitud deberá presentarse por las personas interesadas ante la Entidad financiera, con el modelo que figura en el anexo I de esta Orden y los préstamos correspondientes deberán formalizarse, siempre que se cuente con la correspondiente autorización antes del 31 de diciembre de 2022 y siempre que no se haya agotado el importe global máximo destinado a esta línea de avales a que se refiere el artículo 4.2.

No obstante, este plazo podrá ser objeto de prorroga a propuesta de la comisión de seguimiento prevista en el convenio celebrado entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el ICREF, mediante la correspondiente Orden de la Consejería competente en materia de vivienda.

2. Las personas solicitantes deberán acreditar ante la Entidad financiera que cumplen los requisitos de acceso a la garantía establecidos en los artículos 7 y 8.

La presentación de la solicitud implicará el consentimiento del interesado para el tratamiento de datos por el ICREF y la Consejería de Fomento e Infraestructuras, a efectos de las disposiciones vigentes en materia de protección de datos, así como la no oposición para poder consultar los datos necesarios para la comprobación del adecuado acceso a la garantía.

3. La Entidad financiera solo concederá los préstamos a las personas solicitantes que acrediten cumplir los requisitos establecidos en esta Orden y aporten la totalidad de la documentación requerida en los términos previstos en el artículo 10 y siempre que no se haya superado el importe global máximo de esta línea de avales (10.850.000 euros).

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Artículo 12. Obligaciones de las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias están obligadas a:

a) Someterse a las actuaciones de comprobación, de verificación y control financiero que puedan realizar los órganos competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.

b) Comunicar de inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud, a la Entidad financiera que esté realizando dicha tramitación, cualquier modificación de las condiciones que pudieran determinar la pérdida sobrevenida de la garantía o el no acceso a la misma.

c) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la adquisición de la vivienda. En caso de obtención de ayudas a la financiación, deberán destinarlas a la correspondiente amortización total o parcial del préstamo hipotecario de financiación avalado.

d) Utilizar el aval para la finalidad para la que ha sido concedido y conservar los documentos justificativos del cumplimiento de dicha finalidad.

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Artículo 13. Seguimiento y control de las garantías.

1. En los convenios que se suscriban entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el ICREF y entre el ICREF y las entidades financieras, se regulará la colaboración necesaria para el seguimiento y control de esta línea de avales.

2. La Entidad financiera deberá conservar la documentación acreditativa de los requisitos de elegibilidad de las personas a las que se les ha concedido el préstamo avalado durante toda la vida del aval y ponerla a disposición, previo requerimiento, del ICREF o de la Consejería competente en materia de vivienda.

3. La citada Consejería podrá verificar en todo momento que los préstamos avalados se han otorgado a personas que cumplían los requisitos de elegibilidad para obtenerlos, así como que el importe de aquellos se ha destinado a la finalidad para la que se otorgaron.

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Artículo 14. Incumplimientos.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos establecidos en esta Orden y demás normas aplicables, dará lugar a la cancelación de la garantía en el caso que proceda, y a la obligación de liberar como avalista al ICREF.

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Disposición final primera. Impugnación.

Contra la presente Orden cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como los recursos que, de acuerdo con la legislación vigente, se estimen convenientes.

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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Murcia, 24 de mayo de 2021. El Consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga Albacete.

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Decreto número 138/2020, de 5 de noviembre de 2020, por el que se regula la estructura, composición y funcionamiento del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

BORM número 262 de 11 de noviembre de 2020

Consejo de Gobierno

Vigencia: desde el 12 de noviembre de 2020

Contenido

Índice:

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Artículo 1. Objeto, naturaleza jurídica y adscripción
Artículo 2. Finalidad del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género
Artículo 3. Funciones
Artículo 4. Composición del Observatorio
Artículo 5. Duración en el cargo, nombramiento y cese
Artículo 6. Presidencia
Artículo 7. Vicepresidencias
Artículo 8. Vocalías
Artículo 9. Secretaría
Artículo 10. Régimen de funcionamiento
Artículo 11. Comisiones de trabajo
Disposición adicional primera. Medios materiales y personales
Disposición adicional segunda. Selección de las entidades LGBTI y entidades ciudadanas que formarán parte del Observatorio y sus representantes
Disposición adicional tercera.Constitución del Observatorio
Disposición final. Entrada en vigor

 

TEXTO COMPLETO

Preámbulo

El artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, afirma que «toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición».

Igualmente, el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, publicada el 18 de diciembre de 2000, prohíbe de forma expresa toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

 

También es preciso destacar las resoluciones del Parlamento Europeo de 8 de febrero de 1994, de 18 de enero de 2006 y de 24 de mayo de 2012, relativas a la igualdad de derechos de lesbianas y gais, y a la lucha contra la discriminación y la homofobia, así como la resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2014, sobre la hoja de ruta de la Unión Europea contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y la Directiva 2000/78/CE, del Consejo, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

 

En España, la igualdad está regulada dos veces en la Constitución. En su título I, artículo 14: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

 

En similares términos al artículo 9.2 de la Constitución Española, el artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia establece la obligación de la Comunidad Autónoma de velar, a través de sus órganos, por la promoción de las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facilitando la participación de la ciudadanía murciana en la vida política, económica, cultural y social.

 

La Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está orientada a prevenir, corregir y eliminar toda discriminación por razones de orientación sexual, expresión e identidad de género o diversidad corporal en cualquier ámbito de la vida y en particular en las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica o cultural. En orden a alcanzar este objetivo, entre otras actuaciones, la ley prevé en su artículo 5 la creación de un Observatorio regional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género como órgano de participación y consulta en materia de derechos de los colectivos LGBTI, disponiendo que su estructura, composición y funciones se establecerán reglamentariamente siendo este el objeto de este decreto. De este modo, se quiere configurar un órgano con participación social e institucional en el que estén representadas las entidades de los colectivos LGBTI de la Región de Murcia que sirva de foro de estudio, consulta y diálogo permanente para detectar necesidades, elaborar propuestas y trabajar en defensa y por la igualdad efectiva y real de los derechos de las personas LGBTI.

 

II

 

Este Decreto viene a desarrollar, por tanto, el artículo 5 de la Ley 8/2016, de 27 de mayo, así como dar cumplimiento a la disposición final primera de esta Ley para regular la estructura, composición y funcionamiento del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en la Región de Murcia.

 

La principal novedad de esta disposición es la constitución del propio Observatorio contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en la Región de Murcia, como órgano encargado de estudiar, hacer visibles y formular propuestas para prevenir y eliminar las discriminaciones que se produzcan por razones de orientación sexual, expresión o identidad de género o diversidad corporal.

 

De acuerdo con todo lo anterior, el presente reglamento se estructura en un preámbulo, once artículos, tres disposiciones adicionales y una disposición final.

 

En el artículo uno se describe el objeto del decreto que es regular la estructura, composición y funcionamiento del Observatorio, establecer su naturaleza jurídica concibiéndolo como órgano de participación y consulta en materia de derechos de los colectivos LGBTI, quedando adscrito a la Dirección General y Consejería competente en materia de derechos de las personas LGBTI; el artículo dos establece la finalidad del Observatorio, en el artículo tres se recogen sus funciones, en el cuatro, se establece su composición: Pleno y Comisión Permanente, recogiéndose en el artículo siguiente la duración en el cargo, nombramiento y cese de sus componentes. Los artículos seis, siete, ocho y nueve se dedican a regular la presidencia, vicepresidencia, vocalías y secretaría respectivamente. El régimen de funcionamiento se establece en el artículo diez, regulándose las comisiones de trabajo que se pudieran constituir en el artículo once. Por su parte, la disposición adicional primera señala que los medios materiales y personales para su constitución provendrán de la Dirección General competente en materia de derechos de las personas LGBTI; la disposición adicional segunda se refiere a la selección de las asociaciones o entidades que formarán parte del Observatorio y sus representantes y finalmente, la disposición adicional tercera establece el plazo de tres meses para designación y nombramiento de sus componentes.

 

Por consiguiente, de acuerdo con todo lo anterior, la disposición normativa está justificada por razones de interés general, se identifica con los fines perseguidos y es el instrumento más adecuado para conseguir su objetivo, por lo que cumple con los principios de necesidad y eficacia. Además, en virtud del principio de proporcionalidad contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, ejerciéndose de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea.

 

Como aspectos más relevantes de la tramitación, se destacan las siguientes consultas efectuadas: consulta previa en el Portal de Transparencia, información pública y audiencia a personas interesadas, asociaciones representativas de intereses y a otras Consejerías; se ha debatido en la Comisión Interdepartamental para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el Consejo Asesor Regional de la Mujer y en el Consejo Asesor Regional contra la Violencia sobre la Mujer y han sido evacuados informes del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, de la Vicesecretaría de la Consejería proponente, de la Dirección de los Servicios Jurídicos y del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

 

Este decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 10.UNO.18 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia que atribuye a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia competencia exclusiva en materia de promoción e integración de grupos sociales necesitados de especial protección, en los artículos 21.1, 22.12 y 52.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 8/2016, de 27 de mayo.

 

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, tras la deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno, en sesión de fecha 5 de noviembre de 2020.

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Dispongo:

Artículo 1. Objeto, naturaleza jurídica y adscripción

1. El presente decreto tiene por objeto regular la estructura, composición y funcionamiento del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, como órgano de participación y consulta y propuesta de actuaciones en materia de derechos de los colectivos LGBTI, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. El Observatorio regional depende de la Dirección General competente en materia de derechos de las personas LGBTI, quedando adscrito a la Consejería con competencias en esta materia.

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Artículo 2. Finalidad del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 8/2016, de 27 de mayo, el Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género tiene como finalidad la realización de estudios, identificación de necesidades, elaboración de propuestas y recomendaciones en relación a la promoción de la igualdad real y efectiva del colectivo LGBTI en las diversas esferas de la vida económica, política, cultural, laboral y social, y la lucha contra la homofobia, bifobia lesbofobia y/o transfobia.

2. En el Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género estarán representadas las entidades LGBTI que hayan destacado en su trayectoria de trabajo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que tengan como fin la actuación por la igualdad social LGBTI.

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Artículo 3. Funciones

1. Las funciones del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género son las siguientes:

a) De conformidad con el artículo 5.2 de la Ley 8/2016, de 27 de mayo, tiene las siguientes funciones:

1.ª Realizar estudios que tengan por objeto el análisis de los principales problemas para el reconocimiento, restablecimiento y garantía de los derechos de las personas LGBTI y formular recomendaciones al respecto de la Administración Publica.

2.ª Realizar propuestas y recomendaciones en materia de políticas públicas para la garantía de los derechos de las personas LGBTI en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3.ª Presentar propuestas que promuevan la transversalidad del enfoque de los derechos de las personas del sector LGBTI en la formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las políticas públicas sectoriales.

4.ª Mantener comunicación permanente con las instancias públicas y privadas pertinentes para la materialización de los derechos de las personas LGBTI.

5.ª Las demás que correspondan al carácter consultivo del Observatorio.

b) Además, también tiene las siguientes funciones:

1.ª Remitir periódicamente toda la información estadística y los indicadores creados por el Observatorio al Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), que integrará esa información en sus sistemas de divulgación de la estadística regional.

2.ª Aprobar su reglamento de funcionamiento interno por el Pleno.

3.ª Evaluar la aplicación del principio de igualdad de derechos de las personas LGBTI en las administraciones públicas de la Región de Murcia.

2. De conformidad con el artículo 25.3 de la Ley 8/2016, de 27 de mayo, la Administración autonómica, en colaboración con el Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, elaborará un plan integral sobre educación y diversidad LGBTI en la Región de Murcia que partirá de un estudio de la realidad LGBTI regional que analice la percepción que se tiene de estas cuestiones por parte del profesorado, progenitores y alumnado, y que contemplará las medidas necesarias para garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas LGBTI en el ámbito educativo. Las medidas previstas en este plan integral se aplicarán en todos los niveles y ciclos formativos.

3. El Observatorio regional elaborará anualmente un informe que se someterá a aprobación del Pleno en el primer trimestre del año, del que se dará traslado al Gobierno Regional y a la Asamblea Regional exponiendo su actividad y reflejando el grado de cumplimiento de la ley, las medidas adoptadas al amparo de la misma, así como la repercusión social de estas.

4. La información relativa a las actuaciones del Observatorio se tratará de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y estará disponible en el portal de internet gestionado por el centro directivo competente en esta materia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

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Artículo 4. Composición del Observatorio

1. El Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género se compone de Pleno y Comisión Permanente.

2. Las funciones del Pleno son todas aquellas que tiene el Observatorio y tendrá la siguiente composición:

a) La presidencia, que ocupará la persona titular de la Consejería competente en materia de derechos de las personas LGBTI.

b) La vicepresidencia primera, que la ocupará la persona titular de la Dirección General competente en materia de derechos de las personas LGBTI, que sustituirá al titular de la Presidencia en caso de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa legal.

c) La vicepresidencia segunda, que la ocupará una persona en representación de las entidades LGBTI de la Región de Murcia, elegida por éstas entre las que hayan sido previamente seleccionadas conforme se establece en la disposición adicional segunda de este decreto.

d) Vocalías:

1.ª Tres personas en representación de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, siendo una de ellas representante de Policía Local.

2.ª Dos personas de las organizaciones sindicales que tengan la consideración de más representativas en el ámbito autonómico. Esta vocalía podrá tener carácter rotatorio entre dichas organizaciones cuando de conformidad con la normativa aplicable, existan más de dos organizaciones que tengan la calificación de más representativa en la Región de Murcia.

3.ª Dos personas de las organizaciones empresariales que tengan la consideración de más representativas en el ámbito autonómico. Esta vocalía podrá tener carácter rotatorio entre dichas organizaciones cuando de conformidad con la normativa aplicable, existan más de dos organizaciones que tengan la calificación de más representativa en la Región de Murcia.

4.ª Vocalías de entidades LGBTI y entidades ciudadanas:

1.ª Cinco vocalías, una por cada una de las entidades LGBTI de la Región de Murcia con implantación en el ámbito de la Región y reconocida trayectoria en favor de la igualdad social y en actividades contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.

2.ª Una vocalía para entidades representativas de personas con discapacidad en la Región de Murcia.

3.ª Una vocalía para entidades representativas de familias de la Región de Murcia.

Deben cumplir los requisitos establecidos en el apartado 5 y 6 de este artículo, siendo seleccionadas conforme se establece en la disposición adicional segunda de este decreto.

5.ª Una persona en representación del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

6.ª Dos personas, una en representación de Guardia Civil y otra de Policía Nacional.

7.ª Cuatro personas en representación de las Universidades de la Región de Murcia.

8.ª Tres personas en representación de los medios de prensa escrita, radio y televisión.

9.ª En representación de la Administración Regional, un vocal de cada uno de los órganos directivos competentes en las siguientes materias y/o de los siguientes organismos públicos:

1.ª Agricultura, ganadería y pesca.

2.ª Cultura.

3.ª Deporte.

4.ª Educación.

5.ª Empleo: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia (SEFCARM).

6.ª Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

7.ª Juventud.

8.ª Medios de comunicación y publicidad institucional.

9.ª Políticas sociales: familia, menor, colectivos desfavorecidos.

10ª Salud.

11.ª Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

e) La secretaría, desempeñada por un/a funcionario/a designado/a por él órgano directivo competente en materia de derechos LGBTI, que asistirá a las reuniones con voz pero sin voto.

Cuando la persona titular de la Secretaría no pueda asistir a las reuniones, por ausencia, vacante, enfermedad u otras causas, la persona titular del órgano directivo competente dispondrá su sustitución por personal del mismo.

3. La Comisión Permanente estará integrada por los siguientes componentes del Pleno:

a) Presidencia: la persona titular del órgano directivo competente en materia de derechos LGBTI.

b) Vocalías:

1.ª Tres vocales en representación de entidades LGBTI elegidas por y entre las que forman parte del Pleno.

2.ª En representación de la Administración Regional, un vocal de cada uno de los órganos directivos competentes en las siguientes materias y/o de los siguientes organismos públicos:

1.ª Educación.

2.ª Juventud.

3.ª Salud.

Podrán asistir a las reuniones de la Comisión Permanente otros vocales componentes del Pleno cuando en el orden del día figuren asuntos directamente relacionados con la finalidad o competencia de la entidad u órgano al que representan y así lo decida el Presidente.

c) Secretaría: un/a funcionario/a designado por el órgano directivo competente en materia de derechos LGBTI, con voz y sin voto siendo desempeñada por la persona que asuma la Secretaría del Pleno del Observatorio.

4. A la Comisión Permanente le corresponde el ejercicio de funciones y cometidos relativos a asuntos de trámite y de realización de informes, propuestas, consultas y estudios que le sean encomendados expresamente por el Pleno del Observatorio; seguimiento de las funciones encomendadas al Observatorio; velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Pleno debiendo rendir cuentas con carácter periódico al Pleno del Observatorio del desarrollo de las actividades encomendadas.

5. Las vocalías de entidades LGBTI y entidades ciudadanas que deseen formar parte del Observatorio, previa solicitud al mismo, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos siendo seleccionadas conforme se establece en la disposición adicional segunda de este decreto:

a) Ser una entidad privada sin ánimo de lucro y de carácter social, con personalidad jurídica propia, y con figura jurídica de asociación, federación, fundación o cualquiera similar que esté a favor de la atención, promoción, y/o mejora de los derechos humanos y de la igualdad social de todas las personas.

b) Estar legalmente constituida e inscrita en el correspondiente registro administrativo, de conformidad con su personalidad jurídica.

c) Tener domicilio social o delegación autónoma en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

d) Tener contemplado en sus estatutos como objetivos, fines o principios el compromiso con la igualdad de derechos y la no discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual y la mejora de las condiciones de vida públicas y privadas, individuales y colectivas de las personas y colectivos LGBTI, en cualquier ámbito de actuación, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

e) Acreditar una reconocida trayectoria de trabajo materializada inequívocamente en actuaciones concretas tendentes a la defensa de los derechos de las personas LGBTI en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

6. Para poder tener representantes como vocales en el Observatorio, a las entidades ciudadanas, se les podrá exceptuar del cumplimiento del requisito recogido en la letra d) del apartado 5, pudiendo cumplir con el mismo o no.

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Artículo 5. Duración en el cargo, nombramiento y cese

1. Las personas componentes del Observatorio Regional serán nombradas por la persona titular de la Consejería competente en materia de derechos de las personas LGBTI por un periodo de 4 años renovables por periodos de igual duración, previa nueva designación, excepto aquellas vocalías con carácter rotatorio anual y aquellas personas que lo sean por razón del cargo que ocupan, en cuyo caso conservarán su condición mientras ostenten aquél en virtud del cual fueron designados.

2. Vacante el cargo, por renuncia, cese, revocación expresa o cuando concurra causa justificada, se procederá a la designación y posterior nombramiento de quien le sustituya, en el plazo máximo de dos meses.

3. Las personas componentes del Observatorio y suplentes que les sustituyan en caso de ausencia, vacante o enfermedad, o cuando concurra causa justificada, serán designadas por el organismo al que representen.

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Artículo 6. Presidencia

Corresponde a la Presidencia del Pleno:

a) Ostentar la representación del Pleno y de la Comisión Permanente.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno y de las Comisiones en su caso, así como la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, las peticiones de los demás componentes, siempre que hayan sido formuladas con una antelación de, al menos quince días antes de la convocatoria de sesiones ordinarias o extraordinarias.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.

d) Dirimir con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.

e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Observatorio y de las Comisiones.

f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a la Presidencia.

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Artículo 7. Vicepresidencias

Las Vicepresidencias tendrán las siguientes atribuciones:

a) Sustituirán a la Presidencia, por el orden establecido en el artículo 4, en la totalidad de sus funciones, en casos de vacante, ausencia o enfermedad. Asimismo asistirán a la Presidencia en el Pleno cuando sea necesario.

b) Cuantas otras se desprendan de lo regulado en el presente decreto o sean inherentes a la condición de Vicepresidente/a.

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Artículo 8. Vocalías

Las personas componentes del Observatorio deberán:

a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los componentes por medios telemáticos en igual plazo.

b) Participar en los debates de las sesiones.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos del Observatorio, en virtud del cargo que desempeñan.

d) Formular ruegos y preguntas.

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

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Artículo 9. Secretaría

Corresponde a la Secretaría:

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente por orden de la Presidencia.

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros del Observatorio, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

d) Preparar el despacho de los asuntos y redactar las actas de las sesiones.

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a la Secretaria.

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Artículo 10. Régimen de funcionamiento

1. El Observatorio funcionará en Pleno y en Comisión Permanente. El Pleno se reunirá con carácter ordinario y previa convocatoria de su Presidencia, una vez al semestre como mínimo. Con carácter extraordinario se reunirá cuando lo solicite un tercio de sus componentes, estando obligada la Presidencia a convocarlo, en un plazo máximo de quince días.

2. La Comisión Permanente celebrará, al menos, dos sesiones ordinarias al año, y podrá reunirse en sesión extraordinaria siempre que la convoque la Presidencia por propia iniciativa o a petición de un tercio de sus componentes.

3. El Observatorio se entenderá constituido válidamente a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, cuando concurran, además de las personas titulares o suplentes de la Presidencia, y de la Secretaria, al menos la mitad de las demás personas que lo componen, si es en primera convocatoria; o al menos un tercio de las mismas, si es en segunda convocatoria.

4. Los acuerdos se adoptaran por mayoría de votos, correspondiendo a la Presidencia con su voto de calidad dirimir los empates que pudieran producirse en la adopción de los mismos.

5. A propuesta del Pleno, se podrá convocar a las sesiones a personas cualificadas y expertas en el terreno de la investigación o de la actuación por la igualdad de derechos de los colectivos LGBTI, al objeto de que asistan a las mismas, con voz pero sin voto, e informen al Pleno del Observatorio sobre las materias que les fueran requeridas.

6. Para las cuestiones no previstas en este decreto, el funcionamiento del Observatorio se regirá por los preceptos establecidos para los órganos colegiados en la legislación autonómica vigente y por el reglamento de funcionamiento que pueda aprobar el Pleno del Observatorio.

7. La pertenencia al Observatorio Regional contra la Discriminación Sexual e Identidad de Género no generará derecho a retribución sin perjuicio del reembolso de los gastos que dicha participación ocasione según se establezca en el reglamento de funcionamiento interno del Observatorio.

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Artículo 11. Comisiones de trabajo

1. En el seno del Observatorio se podrán constituir comisiones de trabajo para la realización de informes, estudios o propuestas sobre aquellos asuntos que específicamente le sean encomendados, cuya presidencia deberá recaer en una de las personas integrantes del Observatorio.

2. El pleno del Observatorio acordará por mayoría absoluta de sus componentes la creación de la comisión que estime oportuna, regulándose ésta de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3. El personal funcionario o laboral de la Administración Regional que se determine, a propuesta de la Comisión de Trabajo, podrá formar parte del mismo como personal técnico o asesor, con voz pero sin voto.

4. Las comisiones de trabajo quedarán válidamente constituidas con la mitad más una de las personas que la compongan, adoptándose los acuerdos por mayoría de votos de las personas presentes.

5. Las comisiones de trabajo serán disueltas una vez cumplidos los objetivos que hubiesen motivado su creación, salvo que las acciones que se les asignen fueran convertidas en permanentes.

6. Los acuerdos de las comisiones de trabajo sobre las materias encomendadas serán elevados a través de la presidencia de la comisión al Pleno, que podrá hacerlos suyos ratificando su contenido o modificando los apartados que considere oportunos por otros más adecuados.

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Disposición adicional primera. Medios materiales y personales

La Dirección General competente en materia de derechos de las personas LGBTI dispondrá de los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para la constitución y funcionamiento del Observatorio Regional.

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Disposición adicional segunda. Selección de las entidades LGBTI y entidades ciudadanas que formarán parte del Observatorio y sus representantes

1. En el plazo de veinte días, desde la entrada en vigor del presente decreto, las entidades LGBTI y ciudadanas que deseen formar parte del Observatorio formularán solicitud a la Presidencia del Observatorio.

Dicha solicitud se acompañará de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos recogidos en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de este decreto.

2. La Dirección general competente en materia de derechos de las personas LGBTI, examinará las solicitudes y comprobará el cumplimiento de los requisitos, dictando resolución al efecto. En caso de que el número de entidades seleccionadas fuera superior al de vocalías a ocupar por entidades LGBTI y/o entidades ciudadanas, por parte del Pleno del Observatorio, bien en la sesión constitutiva si se diera esta circunstancia o bien con posterioridad, se acordará un sistema rotatorio de participación entre las entidades que tengan el mismo carácter para desempeñar estas vocalías.

3. Posteriormente se notificará a las entidades seleccionadas su inclusión en el Observatorio, que designarán vocal y suplente, procediéndose a su nombramiento por la persona titular de la Presidencia del Observatorio, constituyendo la fecha en la que se produzca tal circunstancia la de inicio del cómputo del periodo de cuatros años a que se refiere el apartado 1 del artículo 5 del presente decreto. Transcurrido el plazo de cuatro años desde el correspondiente nombramiento, la Dirección General competente acordará la apertura de un nuevo trámite por plazo de veinte días para la presentación de solicitudes, a contar desde la publicación de la oportuna resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, sin perjuicio de la notificación de tal publicación a las entidades que hubieran presentado solicitudes en el anterior periodo establecido al efecto.

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Disposición adicional tercera. Constitución del Observatorio

La constitución del Observatorio, así como el nombramiento de sus componentes se efectuará por Orden de quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de derechos de las personas LGBTI dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

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Disposición final. Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 5 de noviembre de 2020. El Presidente, Fernando López Miras. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.

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Decreto número 99/2021 de 13 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico de la vivienda protegida de promoción privada en la Región de Murcia

BORM número 113 de 19 de mayo de 2021

Consejo de Gobierno

Vigencia: desde el 20 de mayo de 2021

Contenido

Índice:

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TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y régimen jurídico.
Artículo 2. Definiciones.
TITULO I. VIVIENDA PROTEGIDA DE PROMOCIÓN PRIVADA
Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 3. Clasificación de las viviendas protegidas.
Artículo 4. Vivienda sostenible.
Artículo 5. Ingresos familiares.
Artículo 6. Requisitos de acceso a la vivienda.
Artículo 7. Destino de la vivienda.
Artículo 8. Superficies de viviendas y sus anejos.
Artículo 9. Ordenación técnica.
Artículo 10. Personas promotoras.
Capítulo II. Régimen legal
Artículo 11. Duración del régimen legal de protección.
Artículo 12. Descalificación de vivienda protegida a petición de la persona titular de la propiedad.
Artículo 13. Limitaciones a la facultad de disponer de las viviendas protegidas.
Artículo 14. Derecho de adquisición preferente y de retracto.
Artículo 15. Precio máximo de venta.
Artículo 16. Precio máximo de renta.
TÍTULO II. PROCEDIMIENTO
Capítulo I. Procedimiento de calificación de vivienda protegida de promoción privada
Artículo 17. Iniciación.
Sección 1.ª: Procedimiento para la calificación de vivienda protegida
Artículo 18. Calificación Provisional.
Artículo 19. De la modificación de los proyectos y de la calificación provisional.
Artículo 20. Percepción de cantidades a cuenta.
Artículo 21. Calificación provisional de viviendas libres.
Sección 2.ª: Contratos
Artículo 22. Contratos.
Capítulo II. Finalización del procedimiento
Artículo 23. Calificación definitiva.
Artículo 24. Calificación definitiva de viviendas libres.
Artículo 25. Imposibilidad de obtener la calificación definitiva.
Artículo 26 Resolución del procedimiento.
Artículo 27. Elevación a escritura pública y entrega de la vivienda.
Disposición adicional única. Asimilación de las viviendas calificadas protegidas a las viviendas de protección oficial.
Disposición transitoria primera. Determinación de precios de las viviendas protegidas.
Disposición transitoria segunda. Calificaciones definitivas reconocidas al amparo de normativa anterior.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Viviendas de protección oficial de régimen especial.
Disposición final segunda. Actualización de precios de las viviendas protegidas.
Disposición final tercera. Normativa aplicable.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

TEXTO COMPLETO

La garantía constitucional del disfrute de una vivienda es una responsabilidad compartida por todos los poderes del Estado. El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia en su artículo 10 Uno 2, otorga competencias exclusivas en materia de urbanismo y vivienda a los poderes públicos regionales, lo que permite el desarrollo de una política de vivienda que, en sinergia con la política estatal, contribuye a garantizar el acceso a una vivienda digna.

La Ley 6/2015, de 24 de marzo, de Vivienda y Lucha contra la Ocupación de la Región de Murcia y la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del Covid-19 en el área de vivienda e infraestructuras, establecen la base legal para el desarrollo de la normativa regional en materia de vivienda. La citada Ley enumera entre sus principios rectores, la promoción e impulso de las acciones necesarias para que todos los ciudadanos de la Región de Murcia tengan acceso a una vivienda digna y adecuada, especialmente los que tengan mayor dificultad económica y los grupos de población con características sociales o circunstancias específicas que los hacen más vulnerables. Asimismo, la Ley 6/2015 señala, entre las competencias de la Comunidad Autónoma de la Región Murcia, el desarrollo de una política propia en materia de vivienda que incluye, entre otras facultades, la potestad reglamentaria en materia de vivienda protegida y la regulación de los requisitos para acceder a este tipo de viviendas, las limitaciones de uso, destino y facultad de disponer y, si las hubiere, las ayudas públicas que se pudieran otorgar. La misma disposición legal, en su Título III, recoge lo relativo al régimen de viviendas protegidas.

La regulación de la vivienda protegida en la Región de Murcia ha estado vinculada a la regulación de los planes regionales de vivienda lo que implica, de facto, otorgar una vigencia limitada en el tiempo al régimen legal correspondiente y resultando, de alguna manera, unida al régimen coyuntural de ayudas públicas que pudieran destinarse a este tipo de actuaciones.

Criterios de seguridad jurídica recomiendan extraer el régimen jurídico de la vivienda protegida de normativas de claro carácter coyuntural, habida cuenta de la necesidad de construcción de este tipo de viviendas en la Región, no solo por la demanda social, sino también, porque la normativa urbanística regional establece una reserva de suelo para la construcción de este tipo de vivienda.

En este contexto, el presente decreto regula la vivienda protegida de promoción privada en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, definiendo la tipología, el régimen, usos, precios de venta y renta, condiciones y requisitos para la ocupación y acceso, así como las limitaciones a la libre disposición mientras dure la protección de las viviendas.

El decreto se estructura en 27 artículos distribuidos en 3 títulos; 1 disposición adicional; 2 disposiciones transitorias; 1 derogatoria y 4 disposiciones finales.

El Título Preliminar determina el objeto, el ámbito de aplicación y las definiciones propias de este decreto.

El Título I, recoge las disposiciones relativas al régimen de vivienda protegida de promoción privada en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dividido en dos capítulos que establecen las disposiciones generales y el régimen legal de este tipo de vivienda protegida.

El Título II regula el procedimiento de calificación y los contratos, estructurado en dos capítulos, introduciendo la tramitación electrónica del procedimiento, en caso necesario a través del funcionario habilitado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y para aquellos no obligados, la presentación semipresencial en aras de la reducción de cargas administrativas, simplificación y agilización de la gestión.

La disposición adicional hace referencia a la asimilación de las viviendas calificadas protegidas a las viviendas de protección pública.

Las disposiciones transitorias determinan la normativa aplicable a los expedientes de calificación definitiva reconocidos al amparo de la normativa anterior y la determinación del precio de las viviendas protegidas.

La disposición derogatoria única establece las normas que quedan derogadas a la entrada en vigor del presente decreto.

Las disposiciones finales recogen los supuestos de determinación y actualización de los precios; las especificidades aplicables a las viviendas de protección oficial de régimen especial; la normativa aplicable y la entrada en vigor del decreto.

El Decreto del Presidente n.º 34/2021, de 3 de abril, de reorganización de la Administración Regional atribuye, en su artículo 10, a la Consejería de Fomento e Infraestructuras la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras materias, en vivienda.

En la tramitación de esta norma se han sustanciado los trámites de información y audiencia pública, en el portal de participación ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, durante un período de 15 días naturales (artículo 133.2 de la Ley 39/2015; artículo 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y artículo 30 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia). El trámite de audiencia se publicó en el BORM n.º 113, de 18 de mayo de 2019.

Asimismo, se ha dado audiencia a las organizaciones y asociaciones más representativas, en particular a la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (FRECOM); la Asociación de Promotores de la Región de Murcia (APIRM); el Colegio Notarial de Murcia; el Colegio de Registradores de la Propiedad; el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia; el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia; el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Murcia; el Colegio Oficial de? Administradores de Fincas de Murcia y la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM).

La presente norma ha sido sometida a consulta del Consejo de Vivienda de la Región de Murcia en tanto órgano colaborador de la administración regional para facilitar la coordinación entre los distintos agentes relacionados con el sector de la vivienda y el estudio y análisis de la evolución del mismo en la Región de Murcia.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Fomento e Infraestructuras, de acuerdo el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 13 de mayo de 2021,

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Dispongo:

TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y régimen jurídico.

1. El objeto de este decreto es la regulación de la vivienda protegida de promoción privada en el ámbito territorial de la Región de Murcia.

2. En el marco de lo establecido en la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda y Lucha contra la Ocupación de la Región de Murcia, la vivienda protegida de promoción privada se regulará por lo establecido en este decreto y supletoriamente por la normativa que resulte de aplicación.

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Artículo 2. Definiciones.

1. Tendrán la consideración de viviendas protegidas las que así sean calificadas por la Administración de la Comunidad Autónoma y cumplan los requisitos de calidad, diseño, superficie, uso, precio máximo de venta o renta y demás condiciones que se establecen en la Ley 6/2015, de 24 de marzo (Título III, Capítulos I y II sección 1.ª), en el presente decreto y demás normativa de aplicación. Todo ello con independencia de que provengan de actuaciones de nueva construcción, de rehabilitación, se trate de viviendas en proceso de construcción o ya construidas, que tuvieran previamente la condición de viviendas libres o de que obtengan o no financiación pública.

2. Tendrán la consideración de viviendas de promoción privada, las promovidas por una persona física o jurídica de naturaleza privada en cualquiera de las modalidades de promoción previstas en este decreto.

3. Tendrán la consideración de vivienda protegida de nueva construcción, la calificada como tal por reunir los requisitos de superficie, uso, calidad y precio establecidos por este decreto y demás disposiciones que sean de aplicación.

A los efectos de este decreto, se asimilarán a las viviendas protegidas de nueva construcción, las viviendas que procedan de la rehabilitación de edificios o estén ya construidas y tengan previamente la condición de libres, siempre que reúnan los requisitos exigidos para ello.

4. Tendrá la consideración de unidad familiar o de convivencia, el conjunto de personas que habitan y disfrutan de una vivienda de forma habitual y permanente con vocación de estabilidad, independientemente de la relación existente entre todas ellas.?

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TITULO I. VIVIENDA PROTEGIDA DE PROMOCIÓN PRIVADA

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 3. Clasificación de las viviendas protegidas.

Las viviendas protegidas de promoción privada en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se clasifican en función de su régimen de uso y de la renta de sus destinatarios, siéndoles de aplicación lo siguiente:

1. Por lo que respecta al régimen de uso, se clasifican en vivienda protegida para venta, para uso propio o para arrendamiento con o sin opción de compra.

2. Por lo que respecta a la renta de las personas destinatarias, se clasifican atendiendo a los siguientes regímenes:

a) Régimen general: se podrán calificar en este régimen las viviendas protegidas destinadas a personas cuya unidad familiar o de convivencia disponga de unos ingresos máximos de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (en adelante IPREM).

b) Régimen especial: se podrán calificar en este régimen, las viviendas protegidas destinadas a personas cuya unidad familiar o de convivencia disponga de unos ingresos máximos de 2,5 veces el IPREM.

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Artículo 4. Vivienda sostenible.

Las viviendas protegidas podrán promoverse para fomentar la denominada vivienda sostenible, compatible con los requerimientos económicos y de conservación del medio ambiente mediante la aplicación de técnicas de construcción que supongan un menor uso de materiales, en particular de los contaminantes; un mayor ahorro energético y de consumo de agua, incluyendo el diseño de viviendas adecuadas a las condiciones bioclimáticas de la zona en la que se ubiquen; así como mediante la aplicación de innovaciones tecnológicas de toda índole.

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Artículo 5. Ingresos familiares.

1. Los ingresos de la unidad familiar o de convivencia, determinantes del derecho de acceso a una vivienda protegida, se calcularán de acuerdo a las siguientes reglas:

a) Se partirá de las cuantías de la base imponible general sumada a la base imponible del ahorro, reguladas en la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes a los datos fiscales relativos al ejercicio fiscal cerrado inmediatamente anterior a la firma del contrato de compraventa, adjudicación, arrendamiento o en su caso, escritura pública de declaración de obra nueva para el supuesto de promoción individual para uso propio. La cuantía resultante se convertirá en número de veces el IPREM en vigor durante el periodo al que se refieran los ingresos evaluados, referido a 14 pagas.

b) Los ingresos familiares máximos vendrán referidos a los ingresos familiares ponderados que se determinarán aplicando los siguientes coeficientes multiplicadores:

Unidad de convivencia Coeficiente
Unidad de convivencia de 1 a 3 personas. 0,75
Unidad de convivencia de 4 o más personas. 0,70
Familias numerosas de carácter general 0,60
Familias numerosas de carácter especial 0,60
Unidades de convivencia en las que haya una o más personas con parálisis cerebral o con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento (33%).  

Unidades de convivencia en las que haya una o más personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento (65%)

 

c) Los ingresos familiares mínimos deberán superar una vez el IPREM.

2. Cuando la adquisición de la vivienda lo sea a título privativo de uno de los cónyuges, se tendrán en cuenta los ingresos de ambos, puesto que son constituyentes de una misma unidad familiar o de convivencia.

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Artículo 6. Requisitos de acceso a la vivienda.

1. Con carácter general, el acceso a la vivienda protegida será en propiedad o en arrendamiento.

2. Para acceder en primera transmisión a viviendas protegidas se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que la persona adquirente, adjudicataria, promotora individual o arrendataria no supere el límite máximo de ingresos familiares establecidos para cada régimen de vivienda y cumpla los requisitos recogidos en este decreto.

b) Que las personas adquirentes, adjudicatarias, promotoras individuales para uso propio y las arrendatarias, no sean titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna vivienda en la misma localidad y en caso de que lo sean, que la vivienda resulte inadecuada para sus circunstancias personales o familiares. Se entiende que las viviendas son inadecuadas en los siguientes supuestos:

1.º) Situaciones de dependencia o discapacidad reconocidas oficialmente, con un grado reconocido igual o superior al 33 por ciento (33%), producidas con posterioridad a la adquisición de la vivienda.

2.º) Situaciones catastróficas.

3.º) Situaciones de violencia de género o de víctima de terrorismo.

4.º) Familias numerosas que adquieran una vivienda mayor por incremento del número de hijos.

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Artículo 7. Destino de la vivienda.

Las viviendas protegidas se destinarán a domicilio habitual y permanente de las personas adquirentes, adjudicatarias o arrendatarias, sin que en ningún caso puedan dedicarse a segunda residencia o cualquier otro uso, y sin que pierda tal carácter por el hecho de que la persona titular o cualquier miembro de la unidad familiar o de convivencia ejerza en la vivienda una profesión, oficio o pequeña industria que sea compatible con el uso residencial, sin perjuicio de la necesidad de obtención de las licencias y demás autorizaciones que sean preceptivas para ello.

A estos efectos, la vivienda se considerará domicilio habitual y permanente siempre que no permanezca desocupada más de tres meses seguidos al año salvo que medie justa causa debidamente autorizada por la Consejería competente en materia de vivienda.?

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Artículo 8. Superficies de viviendas y sus anejos.

1. Podrán ser calificadas como viviendas protegidas para venta, uso propio o arrendamiento, con o sin opción de compra, aquellas que tengan una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados, pudiendo alcanzar los 120, cuando las personas destinatarias pertenezcan a una de las siguientes unidades familiares o de convivencia: familias numerosas o aquellas integradas por alguna persona con discapacidad o dependientes, de acuerdo a lo recogido en el artículo 5.1 b.

En caso de familias numerosas de carácter especial compuestas por cinco hijos/as la vivienda podrá alcanzar 150 metros cuadrados útiles, pudiendo sumar diez metros cuadrados útiles adicionales por cada hijo/a que supere dicho número. Las mujeres embarazadas podrán alegar su situación si el futuro parto supone un cambio en la categoría de la familia.

Excepcionalmente, podrán ser destinatarios de las anteriores viviendas quienes no ostenten dicha condición, cuando resulte acreditado que no existe demanda de las citadas unidades familiares o de convivencia. A estos efectos, la promotora deberá:

a) Exponer la oferta, durante un periodo de tres meses, en el correspondiente tablón de anuncios en la sede del órgano competente en materia de familia numerosa, discapacidad o dependencia que expedirá el correspondiente certificado al efecto.

b) Remitir a la Dirección General competente en materia de vivienda, una copia del anuncio expuesto en el mencionado tablón, a efectos de su envío a las federaciones o confederaciones de las asociaciones de discapacidad con presencia en el ámbito territorial de la Región de Murcia que así lo soliciten.

2. En las promociones de viviendas de nueva construcción para venta o promoción para uso propio, será obligatoria la vinculación por vivienda de una plaza de garaje y un trastero cuando estos figuren en el proyecto o las ordenanzas municipales exijan su dotación. Dicha vinculación debe constar en el proyecto y en el Registro de la Propiedad salvo en caso de expresa renuncia por el comprador a la plaza de garaje y/o trastero, previa a la obtención de la calificación definitiva. En ningún caso tendrán la consideración de local comercial.

A efectos del cálculo del precio máximo de los citados anejos, vinculados o no a las viviendas protegidas, la superficie útil máxima computable será de 25 metros cuadrados para el garaje o anejo y de 8 metros cuadrados para el trastero, con independencia de que su superficie útil real sea superior.

3. Superficies de vivienda:

a) Se entiende por superficie cerrada de la vivienda, la superficie medida en proyección horizontal, limitada por la cara exterior de los cerramientos exteriores y los ejes de los cerramientos medianeros, excluyendo los huecos mayores de un metro cuadrado y las superficies cuya altura libre sea inferior a 1,50 metros.

b) Se entiende por superficie construida de la vivienda, la suma de la superficie cerrada, la mitad de la superficie construida de los espacios exteriores cubiertos de propiedad privada y la parte proporcional de la superficie cerrada de los elementos de acceso, comunicación, servicios e instalaciones.

c) Se entiende por superficie útil de la vivienda la del suelo de la misma, cerrada por el perímetro definido por la cara interior de todos sus cerramientos. A estos efectos, el método para calcular dicha superficie consistirá en tomar las cotas desde paramentos terminados y a distancias equidistantes de los planos verticales y horizontales que conforman el espacio a determinar. Asimismo, incluirá la mitad de la superficie útil de los espacios exteriores cubiertos de propiedad privada de la vivienda, tales como terrazas, tendederos, balcones u otros. El cómputo de la superficie útil de los espacios exteriores, se verá limitado al 10 por 100 de la superficie útil interior de la vivienda cuando la mitad de la referida superficie útil de espacios exteriores supere el mencionado porcentaje del 10 por 100. Todas las terrazas, tendederos, balcones u otros espacios exteriores de la vivienda deberán tener la misma consideración en cuanto a su uso, bien sea éste privativo o común.

Del cómputo de la superficie útil queda excluida la superficie ocupada en planta por las divisiones interiores de la vivienda, fijas o móviles, por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a un decímetro cuadrado, así como la superficie de suelo con una altura libre inferior a 1,50 metros.

d) El cómputo de las superficies de vivienda establecidas en los dos puntos anteriores del presente apartado, no podrán superar en ningún caso la superficie construida o útil máxima establecida para el tipo de vivienda protegida de que se trate en cada caso.

4. Superficies de garaje:

a) Se entiende por superficie construida de la plaza de garaje aquella que, ubicándose en espacio edificado, está constituida por la superficie conformada por la delimitación de la propia plaza, más la parte proporcional de las superficies cerradas comunes que correspondan a viales de acceso y circulación y a aquellos espacios destinados a instalaciones, servicios y accesos que sean necesarios para un correcto uso y funcionamiento del garaje.

b) Se entiende por superficie útil de la plaza de garaje aquella que, ubicándose en espacio edificado, está constituida por la superficie conformada por la delimitación de la propia plaza más la parte proporcional de las superficies útiles comunes que correspondan a viales de acceso y circulación.?

c) Se entiende por superficie construida de la plaza de garaje en superficie o en porche, no cerrada lateralmente en todos sus lados, aquella que ubicándose en espacio privado no edificado, está constituida por la superficie conformada por la delimitación de la propia plaza más la parte proporcional de las superficies cerradas comunes que correspondan a viales de acceso y circulación.

d) Se entiende por superficie útil de plaza de garaje en superficie o en porche, no cerrada lateralmente en todos sus lados, aquella que ubicándose en espacio privado no edificado, está constituida por la superficie conformada por la delimitación de la propia plaza.

5. Superficies de trastero y de instalaciones complementarias:

a) Se entiende por superficie construida de trastero y de instalaciones complementarias, la constituida por su respectiva superficie cerrada, más la parte proporcional que corresponda a zonas comunes necesarias exclusivamente para su correcto uso y funcionamiento.

b) Se entiende por superficie útil de trastero y de instalaciones complementarias, la del suelo del mismo, cerrado por el perímetro definido por la cara interior de sus cerramientos con el exterior o con otras zonas de diferente uso más, en el supuesto de trasteros, la parte proporcional de los pasillos que sirvan de acceso exclusivo a los mismos. De este cómputo queda excluida la superficie ocupada en planta por las divisiones interiores que existieran, fijas o móviles, por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a un decímetro cuadrado, así como la superficie de suelo con una altura libre inferior a 1,50 metros.

6. Superficies de locales:

a) Se entiende por superficie construida de local, la constituida por su superficie cerrada más la parte proporcional de la superficie cerrada de los elementos comunes de acceso si los tuviera.

b) Se entiende por superficie útil de local, la del suelo del mismo cerrado por el perímetro definido por la cara interior de sus cerramientos con el exterior o con otras zonas de diferente uso. De este cómputo queda excluida la superficie ocupada en planta por las divisiones interiores que existieran, fijas o móviles, por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a un decímetro cuadrado, así como la superficie de suelo con una altura libre inferior a 1,50 metros.

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Artículo 9. Ordenación técnica.

Las viviendas protegidas cumplirán lo dispuesto por la normativa estatal y autonómica en materia de edificación vigente desde la fecha de la solicitud de calificación provisional. La referencia en construcción es el Código Técnico de Edificación vigente.?

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Artículo 10. Personas promotoras.

Podrán ser promotoras de las viviendas protegidas las personas físicas o jurídicas privadas (en adelante la promotora) que directa o indirectamente decidan, impulsen, programen y financien, con medios propios o ajenos, la construcción, reforma o rehabilitación de las viviendas.

Son promotoras para uso propio las personas físicas, individualmente consideradas o agrupadas en cooperativas de vivienda, comunidades de propietarios o cualquier otra entidad cuya naturaleza determine que sus socias o partícipes resulten personas adjudicatarias o arrendatarias de las viviendas que decidan, impulsen, programen y financien, con medios propios o ajenos, la construcción, reforma o rehabilitación, directa o indirectamente, de una vivienda protegida, destinada a satisfacer su necesidad de vivienda.

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Capítulo II. Régimen legal

Artículo 11. Duración del régimen legal de protección.

1. El régimen de protección de las viviendas protegidas tendrá una duración de diez años computados a partir de la fecha de su calificación definitiva excepto que, por la Consejería competente en materia de vivienda, se autorice el cambio de uso o se ejercite la opción de compra a que se refiere el apartado siguiente.

2. En caso de arrendamiento con opción de compra, la persona arrendataria podrá ejercer esta opción en cualquier momento, siempre atendiendo a la limitación del plazo de 10 años de duración del régimen de protección.

3. En todo caso, las viviendas protegidas edificadas sobre suelos destinados por el planeamiento urbanístico a la construcción de vivienda protegida, estarán sujetas al régimen legal de protección mientras se mantenga la calificación del suelo.

4. Las limitaciones que impone el régimen legal de protección pública se extinguirán por las siguientes causas:

a) El mero transcurso del plazo a que se refiere el número 1 de este artículo, sin que sea necesaria ninguna declaración especial al efecto.

b) La descalificación, a petición de la persona titular de la propiedad, que se podrá solicitar durante la vigencia del régimen legal de protección, una vez transcurrido el plazo y las condiciones establecidas en el artículo 12.

No podrán ser objeto de descalificación las viviendas protegidas calificadas expresamente para arrendamiento mientras mantengan dicho régimen de uso.

c) La descalificación como sanción impuesta a través del correspondiente procedimiento sancionador de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 6/2015, de 24 de marzo y demás normativa aplicable.

5. La protección se extenderá a:

a) Los locales de negocio situados en los inmuebles destinados a vivienda cuya superficie útil no exceda del 40 por 100 de la superficie útil total. Estos locales de negocio deberán ubicarse en la promoción en plantas completas y distintas a las que se destinen a viviendas, de modo que no sea factible su unión física con viviendas medianeras. Su venta y alquiler serán libres.

b) Los jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y de recreo y, en general, los anejos o cualquier otro elemento que no constituya la vivienda propiamente dicha. No podrá cobrarse precio alguno a la persona adquirente por tales anejos o dependencias, reputándose que su coste de construcción queda incluido en el precio de la vivienda y anejos.

6. Una vez extinguida la protección, las viviendas y elementos complementarios, quedarán sometidos al régimen establecido por la legislación común.

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Artículo 12. Descalificación de vivienda protegida a petición de la persona titular de la propiedad.

Transcurridos cinco años, contados a partir de la fecha de calificación definitiva, la persona titular de la propiedad podrá solicitar la descalificación de la vivienda. La Consejería competente en materia de vivienda podrá conceder la descalificación siempre que no se deriven perjuicios para terceros y previo reintegro del importe de las bonificaciones tributarias y de otro tipo con los intereses legales correspondientes.

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Artículo 13. Limitaciones a la facultad de disponer de las viviendas protegidas.

1. Las limitaciones a la facultad de disponer derivadas del régimen de protección vienen determinadas por:

a) La duración del periodo de protección a que se refiere el artículo 11.

b) El destino de la vivienda durante el periodo de protección. La vivienda deberá constituir el domicilio habitual y permanente de la persona titular de la propiedad o arrendataria. Deberá ser ocupada dentro del plazo de seis meses siguientes a la fecha de formalización de la escritura pública de compraventa o de adjudicación, o de la firma del contrato de arrendamiento, salvo en el caso de emigrantes que deberá ser ocupada dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha del retorno.

c) Las limitaciones de superficie y de precios de venta y renta de las? viviendas a que se refiere este decreto.

2. No se exigirá autorización administrativa ni el cumplimiento de las condiciones generales, debiéndose respetar en todo caso el precio máximo legal de venta de la vivienda protegida, en los siguientes supuestos: segunda o posterior transmisión de viviendas mediante subasta y adjudicación por ejecución judicial del préstamo; dación en pago a favor de la persona acreedora del préstamo hipotecario que grave el inmueble o a favor de cualquier sociedad de su grupo o venta extrajudicial.

3. Las limitaciones anteriores se harán constar expresamente en la escritura de compraventa, adjudicación o declaración de obra nueva, en el supuesto de promoción en alquiler o individual para uso propio y en la escritura de formalización del préstamo hipotecario, a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad en el que se especificará la prohibición de disponer por nota marginal.

4. Para la transmisión por la promotora en caso de subasta y adjudicación por ejecución judicial del préstamo, dación en pago a favor la persona acreedora del préstamo hipotecario que grave el inmueble o a cualquier sociedad de su grupo o venta extrajudicial, incluidas sociedades o fondos de inversión inmobiliaria, se requerirá comunicación previa a la Dirección General competente en materia de vivienda. Las nuevas personas titulares tendrán obligación de atenerse a las condiciones, plazos y precios de venta y renta máximos establecidos, subrogándose en derechos y obligaciones. La mencionada comunicación deberá quedar oportunamente acreditada en la correspondiente escritura de transmisión.

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Artículo 14. Derecho de adquisición preferente y de retracto.

1. La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ostenta un derecho de adquisición preferente y de retracto en la segunda y posterior transmisión de las viviendas protegidas y sus anejos vinculados, que se ejercerán de la siguiente forma:

a) Derecho de tanteo, con una vigencia de 4 años contados desde la fecha de la inscripción del mismo en el Registro de la Propiedad. Este derecho se podrá ejercitar en el plazo de 60 días naturales, a contar desde el siguiente a aquel en que se notifique a la Consejería competente en materia de vivienda, de forma fehaciente, por la persona vendedora a la titular de derecho de tanteo, la decisión de vender o dar en pago la vivienda, el precio ofrecido, las condiciones esenciales de la transmisión y el nombre, domicilio y circunstancias de la persona que pretende adquirir la vivienda.

b) Derecho de retracto, en igual plazo de cuatro años, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1507 y siguientes del Código Civil, cuando no se hubiere hecho la notificación del tanteo prevista en el apartado anterior, se omitiere en ella cualquiera de los requisitos exigidos o resultare inferior el precio efectivo de la transmisión o menos onerosas las restantes condiciones de estas. En todo caso, la persona retrayente se subrogará en las acciones judiciales o administrativas que puedan corresponder al/la comprador/a para el reintegro de las cantidades percibidas en exceso sobre los precios máximos de venta fijados en la legislación vigente.

2. La promotora hará constar esta limitación expresamente en las escrituras públicas de compraventa, adjudicación o de declaración de obra nueva y se inscribirá, mediante nota marginal, en el Registro de la Propiedad.

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Artículo 15. Precio máximo de venta.

1. El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas protegidas y sus anejos, tanto en primera como en segunda y posteriores transmisiones, se establecerá por Orden de la Consejería competente en materia de vivienda.

2. El precio de venta de las viviendas protegidas no podrá en ningún caso superar el límite del precio máximo legal de venta al que se refiere el apartado anterior. Este límite deberá respetarse en caso de sustituciones o cambios de calidades, aun cuando hayan sido solicitadas por las personas adquirentes.

El precio de venta será el de la compraventa. En el supuesto de adjudicación o de promoción individual para uso propio, vendrá constituido por el valor de la edificación sumado al del suelo, que figure en la escritura de declaración de obra nueva, e incluirá el conjunto de los pagos que efectúe la promotora, la persona cooperativista o comunera imputables al coste de la vivienda por ser necesarios para llevar a cabo la promoción y la individualización física y jurídica de ésta, incluyendo los gastos necesarios.

A estos efectos, se entenderá por gastos necesarios los de elevación a escritura pública e inscripción registral del suelo; los de declaración de obra nueva y división horizontal; los del préstamo hipotecario y sus intereses abonados durante el periodo de construcción incluyendo, entre? otros, los gastos de formalización del mismo, los de notaría, Registro de la Propiedad, gestoría, impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados; los de tasaciones realizadas por la entidad prestataria al objeto de verificar el nivel de obra ejecutada para el pago de certificaciones; los de seguros de percepción de cantidades a cuenta y otros análogos. No tendrán tal consideración las aportaciones al capital social, las cuotas sociales ni las de participación de otras actividades que pueda desarrollar la cooperativa o comunidad de propietarios.

3. El precio máximo legal por metro cuadrado de superficie útil de venta de los anejos, estén vinculados o no al proyecto y registralmente a la vivienda, no podrá exceder del 60 por 100 del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda.

4. En caso de segundas o posteriores transmisiones de las viviendas protegidas, para venta o uso propio, que se produzcan durante el plazo legal de protección, el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil no podrá superar el establecido por metro cuadrado de superficie útil para las viviendas calificadas provisionalmente en la misma fecha en que se produzca la transmisión y en la misma localidad.

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Artículo 16. Precio máximo de renta.

1. El precio de referencia para el alquiler de las viviendas protegidas y sus anejos, en régimen de arrendamiento con o sin opción de compra, se establecerá por Orden de la Consejería competente en materia de vivienda.

La renta máxima inicial anual de dichas viviendas será el 5,5% de su precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, vigente en el momento de celebración del contrato de arrendamiento.

2. La renta inicial podrá actualizarse anualmente de conformidad con la evolución que experimente el Índice General Nacional del Sistema de Índices de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

3. La persona arrendadora deberá asumir la administración, explotación y mantenimiento del inmueble hasta que concluya el periodo de vinculación al régimen de protección.

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TÍTULO II. PROCEDIMIENTO

Capítulo I. Procedimiento de calificación de vivienda protegida de promoción privada

Artículo 17. Iniciación.

1. El procedimiento de calificación de vivienda protegida de promoción privada se iniciará a solicitud de la? persona interesada.

2. La solicitud se podrá presentar electrónicamente o de manera semipresencial, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas respecto a los obligados a relacionarse a través de medios electrónicos.

a) La solicitud electrónica se presentará en la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de Registro Electrónico Único, accesible en la dirección electrónica https://sede.carm.es, mediante el modelo de formulario que estará disponible en el menú del procedimiento correspondiente.

Las notificaciones se realizarán asimismo a través de medios electrónicos mediante el sistema de Dirección Electrónica Habilitada. Las notificaciones estará accesibles a través de la URL https://notificaciones.060.es y a través de “Mi carpeta” en Punto General de Acceso de la Administración General del Estado en https://sede.administración.gob.es/carpeta/clave.htm disponiendo la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia un enlace a las URLS anteriores en el apartado de notificaciones.

Las personas interesadas no obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, en el caso de que no dispongan de medios de autenticación y firma electrónica podrán, previa identificación y consentimiento expreso, relacionarse electrónicamente mediante funcionario/a habilitado/a para ello, en los términos establecidos en el artículo 12.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cualquiera de las Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano, con función de registro y con habilitación a estos efectos.

b) La solicitud semipresencial para los ciudadanos que no dispongan de firma digital y no estén obligados a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas, se cumplimentará de manera electrónica en el modelo de formulario “Asistente Papel”/ Semipresencial “que estará disponible en el menú del procedimiento correspondiente “Solicitar Presencialmente” bajo la denominación “Generación de formulario de solicitud sin certificado digital”.

Este formulario se imprimirá, firmará y presentará junto con la documentación establecida en este decreto, en cualquiera de las Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano, con función de registro.

Cuando los ciudadano/as no tengan habilidades y medios electrónicos para la generación previa del formulario de solicitud, se podrá generar, cumplimentar e imprimir para la firma por las personas interesadas, en cualquiera de las Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano, con función de registro, o en cualquiera de los registros u oficinas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre a efectos de su presentación inmediata en el registro.

No se admitirán los formularios de solicitudes cumplimentados de forma distinta a la establecida en los párrafos anteriores.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia procederá al tratamiento de los datos de carácter personal en la medida que resulte necesario para la gestión de este procedimiento, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

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Sección 1.ª: Procedimiento para la calificación de vivienda protegida

Artículo 18. Calificación Provisional.

1. Se entiende por calificación provisional la actuación en virtud de la cual la Consejería competente en materia de vivienda autoriza la realización de la actividad solicitada, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos exigidos en este decreto.

En la calificación provisional se indicará la fecha de la solicitud de calificación y el precio máximo de venta o renta fijado por la Administración, sin perjuicio de dejar constancia de los derechos y prerrogativas de la Administración, así como de las limitaciones y prohibiciones a la facultad de disponer a que esté sujeta la vivienda según su régimen de protección.

2. Con carácter general, la calificación provisional se solicitará para edificaciones que comprendan edificios completos sobre una única parcela o varias, siempre propiedad de la promotora. Se podrá compatibilizar, en una misma promoción, la existencia de otras viviendas no sometidas a ningún régimen de protección, excepto cuando se trate de viviendas construidas sobre suelos destinados a viviendas con algún tipo de protección pública.

Asimismo, podrán coexistir en una misma promoción viviendas protegidas destinadas a alquiler con viviendas protegidas destinadas a venta.

Cuando concurran distintos regímenes legales en la misma promoción, se pondrá en conocimiento de los organismos públicos que corresponda a los efectos fiscales y financieros pertinentes.

3. Las promotoras de vivienda protegida presentarán la solicitud de calificación provisional de acuerdo a lo establecido en el artículo 17, ante la Consejería competente en materia de vivienda, acompañada de la siguiente documentación:

a) Identificación de la persona solicitante y, en su caso, determinación de la representación que ostente.

b) Acreditación de la titularidad de los terrenos libres de las cargas y gravámenes que puedan representar un obstáculo económico, jurídico o técnico? para el desarrollo del proyecto y de la disposición del certificado del Registro de la Propiedad que así lo acredite, con indicación de la descripción registral del solar. Si la entidad o persona solicitante no es titular de los terrenos, deberá contar con documentación acreditativa de la promesa de venta a su favor, u otro título probatorio de la disponibilidad de los terrenos para construir.

c) Proyecto básico y de ejecución redactado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente, que deberá contener los planos de distribución y superficies para cada tipo de vivienda, tipología, número y superficie útil de las viviendas, de los garajes y trasteros, con especificación de que se encuentran vinculados en proyecto y registralmente a las viviendas de los edificios en que estén situados, así como de los locales.

d) La superficie útil de cada tipo de vivienda, de los garajes y de los trasteros, así como de los locales, especificando el régimen para el que solicita la calificación.

e) Licencia municipal de obras, cédula o certificado urbanístico expedido por el ayuntamiento correspondiente, en que se consigne la calificación urbanística del terreno y se indique el área geográfica en la que se ubica la promoción.

f) Cuando se trate de promociones para uso propio agrupadas en cooperativas o comunidades de propietarios: relación de las personas socias o comuneras con indicación de su nombre y apellidos, su número de identificación fiscal y la correspondiente declaración responsable de ingresos referidos al periodo impositivo inmediatamente anterior a la firma del contrato.

4. La Dirección General competente en materia de vivienda resolverá la calificación provisional en el plazo de tres meses siguientes a la fecha de solicitud.

La resolución de calificación provisional contendrá los datos o circunstancias que, por aplicación de este decreto y demás normas vigentes, deban quedar recogidos y en todo caso los extremos siguientes:

a) Fecha de la solicitud de calificación provisional.

b) Código de identificación del expediente y régimen de las viviendas: de uso (venta, arrendamiento, uso propio) y según el nivel de renta de las personas destinatarias (régimen general o especial).

c) Identificación de la persona solicitante (nombre o razón social, domicilio e identificación fiscal), tipo de promotora y su naturaleza jurídica.

d) Descripción registral del solar donde se van a construir o estén promoviéndose las viviendas y plazos de ejecución del proyecto.

e) Área geográfica homogénea en la que queda incluida la actuación protegida.

f) Tipología, número y superficie útil de las viviendas, de los garajes y trasteros, con especificación de que se encuentran vinculados en proyecto y registralmente a las viviendas de los edificios en que estén situados así como de los locales.

g) Precio máximo por metro cuadrado de superficie útil y precios máximos de venta y renta de las viviendas y anejos.

h) Derechos y prerrogativas de la Administración, así como de las limitaciones y prohibiciones a la facultad de disponer a que esté sujeta la vivienda según su régimen de protección.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, recurso de alzada ante el titular de la Consejería competente en materia de vivienda, en plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél en que se reciba la notificación de dicha resolución, transcurrido dicho plazo la resolución será firme a todos los efectos.

Una vez obtenida la calificación provisional no podrá procederse a la actualización del precio de las viviendas a las que dicha calificación se refiera.

5. La falsedad en los hechos, documentos o certificaciones aportados a la Administración, alegados o expedidos en su favor o en favor de terceros, por promotoras, constructoras, la dirección facultativa de las obras de construcción y rehabilitación, será constitutiva de infracción muy grave conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo y sancionada con multa de 15.001 a 90.000 euros.

Artículo 19. De la modificación de los proyectos y de la calificación provisional.

1. Las modificaciones de proyecto motivadas por exigencias técnicas, jurídicas o comerciales, que tengan lugar tras la presentación de la solicitud de calificación provisional o con posterioridad a su otorgamiento, se deberán notificar a la Consejería competente en materia de vivienda, cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Modificaciones anteriores a la obtención de la calificación provisional: la notificación deberá acompañarse de la siguiente documentación:

1.º) Documentación justificativa de la modificación del proyecto inicialmente presentado.

2.º) Consentimiento de las personas adquirentes de las viviendas de la promoción de que se trate, o en su caso, declaración responsable de la promotora de que no existen viviendas vendidas.

b) Modificaciones posteriores a la obtención de la calificación provisional: la notificación deberá acompañarse de la documentación a que hace referencia la letra a) de este artículo teniendo en cuenta que la modificación que se solicite no podrá conllevar variaciones de las calidades o incremento de las dotaciones previstas si sobrepasan el precio máximo fijado en la calificación provisional.

La Dirección General competente en materia de vivienda emitirá la oportuna resolución de modificación de la calificación provisional de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18.4.

2. El proyecto final se ajustará a las modificaciones que se hayan aprobado cumpliendo todos los requisitos exigibles a la vivienda en general y a la vivienda protegida de promoción privada.

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Artículo 20. Percepción de cantidades a cuenta.

1. Una vez obtenida la calificación provisional y antes de la calificación definitiva podrán percibirse, durante el periodo de construcción de las viviendas, de parte de las personas adquirentes pagos en concepto de cantidades a cuenta del precio de la vivienda. A tal efecto las promotoras (incluidas las promociones que se realicen en régimen de comunidad de propietarios o sociedad cooperativa), deberán cumplir las condiciones siguientes:

a) Garantizar, desde la obtención de la licencia de edificación, para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido para la entrega de la vivienda, la devolución de las cantidades entregadas más los intereses legales, mediante contrato de seguro de caución suscrito con entidades aseguradoras, debidamente autorizadas para operar en España, o mediante aval solidario emitido por entidades de crédito debidamente autorizadas.

b) Percibir las cantidades anticipadas a través de entidades de crédito en las que habrán de depositarse en cuenta especial con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes a la promotora y de las que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la construcción de las viviendas. Para la apertura de estas cuentas o depósitos la entidad de crédito, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía a que se refiere la letra a) de este número.

2. La garantía se extenderá a las cantidades aportadas por las personas adquirentes, incluidos los impuestos aplicables más el interés legal del dinero, y responderá de la devolución del importe de las cantidades recibidas y sus intereses legales en caso de no obtener la calificación definitiva o haberla obtenido fuera del plazo fijado o de la prórroga concedida. Los requisitos de las garantías, su ejecución y cancelación, se ajustarán a lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y en la ley 6/2015 de 24 de marzo.

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Artículo 21. Calificación provisional de viviendas libres.

1. Las promociones de viviendas libres, procedentes o no de actuaciones de rehabilitación que, a los efectos de este decreto se asimilan a las viviendas protegidas de nueva construcción, podrán ser calificadas provisionalmente como viviendas protegidas.

2. La solicitud de calificación provisional se presentará, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17, ante la Consejería competente en materia de vivienda y deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) Datos identificativos de la persona solicitante.

b) Licencia municipal de obras, cédula o certificado urbanístico expedido por el ayuntamiento correspondiente, en que se consigne la calificación urbanística del terreno y se indique el área geográfica en la que se ubica la promoción.

c) Proyecto de ejecución de las obras debidamente visado, suscrito por la promotora y certificado por el arquitecto redactor, con planos de distribución y superficies individualizados por tipo de vivienda, indicando que es coincidente con el que ha obtenido licencia municipal de obras, así como certificado de calificación energética de las viviendas según la normativa aplicable.

d) Certificado realizado por la dirección de obras sobre el estado de las mismas.

e) Escritura en la que figuren los datos registrales de las viviendas que se pretenden calificar, especificando el régimen para el que solicita la calificación.

3. La Dirección General competente en materia de vivienda resolverá la calificación provisional, en el plazo de tres meses siguientes a la fecha de solicitud, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18.4.

4. La falsedad en los hechos, documentos o certificaciones aportados a la Administración, alegados o expedidos en su favor o en favor de terceros, por promotoras, constructoras, la dirección facultativa de las obras de construcción y rehabilitación, será constitutiva de infracción muy grave conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo y sancionada con multa de 15.001 a 90.000 euros.

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Sección 2.ª: Contratos

Artículo 22. Contratos.

1. Los contratos de compraventa o adjudicación, de arrendamiento y las escrituras públicas de declaración de obra nueva de las viviendas protegidas, deberán incluir las siguientes cláusulas con carácter general:

a) La sujeción de la vivienda a las prohibiciones y limitaciones derivadas del régimen de protección previsto en el presente decreto. Las condiciones de utilización serán las señaladas en la calificación definitiva y los precios de venta o renta no podrán exceder los límites establecidos.

b) El destino de la vivienda a domicilio habitual y permanente de las personas adquirentes, adjudicatarias o arrendatarias de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7.

c) La obligación de la promotora, persona que vende o da en arrendamiento de:

1.º) Entregar las llaves de la vivienda en el plazo máximo de seis meses a contar desde la concesión de la calificación definitiva o desde la fecha del contrato, si fuera posterior, salvo que dicho plazo sea prorrogado por la Consejería competente en materia de vivienda.

2.º) Entregar a la persona adquirente o arrendataria un ejemplar del contrato o título.

d) Con carácter específico para los contratos de compraventa o títulos de adjudicación:

1.º) Que la promotora o persona que vende se obliga a elevar a escritura pública el contrato de compraventa o título de adjudicación en el plazo de seis meses a partir de la fecha de calificación definitiva de la vivienda o de la del contrato, si éste fuera posterior, salvo que dicho plazo sea prorrogado por la Consejería competente en materia de vivienda.

2.º) Que los gastos concernientes a la declaración de obra nueva y división horizontal, así como los de constitución y división del crédito hipotecario, serán en todo caso a cuenta de la promotora de la vivienda.

3.º) Que la persona adquirente podrá instar la resolución del contrato o título en el caso de denegación de la calificación definitiva de la vivienda.

e) Con carácter específico para los contratos de arrendamiento:

1.º) Que el contrato se celebra al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos y se somete al régimen jurídico previsto en la misma, de acuerdo a las especificaciones derivadas del propio régimen de protección de la vivienda.

2.º) Que el subarriendo total o parcial de la vivienda dará lugar a la resolución del contrato.

2. La obligación de incluir tales cláusulas será directamente exigida a las promotoras, personas que venden o dan en arrendamiento las viviendas.

3. La Consejería competente en materia de vivienda podrá exigir, a efectos de comprobación, la copia del contrato y los documentos que estime oportunos para verificar que la persona demandante de vivienda protegida cumple los requisitos establecidos en los artículos del 5 al 7.

En caso de que el contrato no contenga las cláusulas obligatorias, o no se aporte toda o parte de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones para acceder a la vivienda, se concederá un plazo de treinta días para la subsanación, transcurrido el cual y previo apercibimiento, se procederá a la incoación del correspondiente expediente sancionador de conformidad con lo que determine la legislación vigente.

4. La Consejería competente en materia de vivienda podrá obtener de las Administraciones Públicas los documentos que estime necesarios para la comprobación de los requisitos de adquirientes y arrendatario/as.

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Capítulo II. Finalización del procedimiento

Artículo 23. Calificación definitiva.

1. Las promotoras de viviendas protegidas deberán ejecutar el proyecto en un plazo máximo de treinta y seis meses desde la notificación de la calificación provisional. Excepcionalmente, a instancia de la promotora, mediando causa justificada, la Consejería competente en materia de vivienda podrá prorrogar dicho plazo, hasta un máximo, de dieciocho meses adicionales.

2. La licencia de primera ocupación o título habilitante de naturaleza urbanística, dictada por la Administración local, equivaldrá a la calificación administrativa con la que finaliza el procedimiento, para ello la Administración Local trasladará a la Dirección General competente en materia de vivienda la concesión de dicha licencia o título habilitante de naturaleza urbanística.

Recibido lo anterior, la mencionada Dirección General comunicara a la promotora la correspondiente calificación definitiva con indicación del expediente; datos de la promoción; régimen de uso de las viviendas; calificación urbanística del suelo; plazo de duración del régimen de protección, plazo de ejercicio del derecho de tanteo y retracto de la Administración Regional y los precios de venta y renta.

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Artículo 24. Calificación definitiva de viviendas libres.

1. El título habilitante de naturaleza urbanística, a tenor de lo establecido en el artículo 262 Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, emitido por la Administración local, equivaldrá a la calificación definitiva de las promociones de viviendas libres, procedentes o no de actuaciones de rehabilitación, que hayan obtenido previamente su calificación provisional al amparo de este decreto. La Administración Local trasladará a la Dirección General competente en materia de vivienda la concesión de dicho título habilitante.

2. Recibido lo anterior, la mencionada Dirección General, comunicara a la promotora la correspondiente calificación definitiva con indicación del expediente; datos de la promoción; régimen de uso de las viviendas; calificación urbanística del suelo; plazo de duración del régimen de protección, plazo de ejercicio del derecho de tanteo y retracto de la Administración Regional y los precios de venta y renta.

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Artículo 25. Imposibilidad de obtener la calificación definitiva.

1. En caso de no poder obtener la licencia de primera ocupación o título habilitante de naturaleza urbanística, por causas imputables a la promotora, las personas adquirientes de las viviendas podrán optar entre:

a) Ejecutar la garantía otorgada conforme a lo establecido en la normativa aplicable sobre percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas y sus disposiciones complementarias.

b) Solicitar a la Consejería competente en materia de vivienda la rehabilitación del expediente a su favor, siempre que medie contrato de compraventa o cantidades entregadas a cuenta.

En este caso, las personas adquirientes se comprometerán a terminar las obras o subsanar las deficiencias que impidieron la obtención de la licencia de primera ocupación o título habilitante de naturaleza urbanística, en el nuevo plazo que la Administración establezca. Una vez concedida la rehabilitación del expediente y, mediando consentimiento de la entidad financiera, se podrá proceder a la subrogación de las citadas personas en el préstamo que se hubiere concedido a la promotora.

Del precio final pendiente de pago de venta de la vivienda se deducirán las cantidades invertidas por las personas adquirientes en las obras necesarias para la obtención de la calificación definitiva.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no será responsable en ningún caso de los daños o perjuicios que puedan derivarse para terceros como consecuencia de la denegación de la calificación definitiva por cualquier causa imputable a la promotora.

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Artículo 26 Resolución del procedimiento.

Al amparo de lo previsto en el artículo 28 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, en ningún caso podrán adquirirse por silencio administrativo derechos relacionados con las viviendas protegidas en contra de lo dispuesto en este decreto y demás disposiciones de aplicación.

Consecuentemente, transcurridos los plazos establecidos en la presente disposición, para resolver las solicitudes amparadas por la misma, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la resolución del procedimiento de que se trate es desestimatoria.

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Artículo 27. Elevación a escritura pública y entrega de la vivienda.

Dentro del plazo máximo de seis meses desde la fecha de concesión de la calificación definitiva, las promotoras de vivienda protegida para venta o uso propio deberán elevar a escritura pública los contratos de compraventa o títulos de adjudicación, celebrados con anterioridad a la concesión de dicha calificación y entregar las viviendas a las personas adquirentes. Excepcionalmente, a instancia de la promotora y mediando justa causa, la Consejería competente en materia de vivienda podrá prorrogar el indicado plazo.

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Disposición adicional única. Asimilación de las viviendas calificadas protegidas a las viviendas de protección oficial.

A los efectos de lo dispuesto en la disposición transitoria duodécima de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, se entiende por viviendas con protección pública las viviendas calificadas como protegidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

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Disposición transitoria primera. Determinación de precios de las viviendas protegidas.

Hasta que no se dicte la correspondiente Orden de la Consejería competente en materia de vivienda de determinación de precios aplicables a las viviendas protegidas de promoción privada, permanecerá en vigor la Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se determinan los precios máximos aplicables a las viviendas protegidas en la Región de Murcia y se delimitan las áreas geográficas, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, BORM n.º 96, de 27 de abril de 2019.

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Disposición transitoria segunda. Calificaciones definitivas reconocidas al amparo de normativa anterior.

Los decretos 5/2015, de 30 de enero, por el que se regula el Plan Regional de Rehabilitación y Vivienda 2013-2016 y 8/2017, de 25 de enero, por el que se prorroga el Decreto 5/2015 al año 2017, seguirán siendo de aplicación a los expedientes resueltos a su amparo.

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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

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Disposición final primera. Viviendas de protección oficial de régimen especial.

Se considerarán viviendas de protección oficial de régimen especial, a los efectos del artículo 91.Dos.1.6.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, las viviendas calificadas en el marco de este decreto como protegidas de régimen especial, destinadas exclusivamente a unidades familiares o de convivencia cuyos ingresos no excedan de 2,5 veces el IPREM, siempre que su precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil no exceda del establecido para cada área geográfica.

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Disposición final segunda. Actualización de precios de las viviendas protegidas.

Para la determinación de los precios máximos aplicables a las viviendas protegidas de promoción privada de régimen general y especial se estará a lo dispuesto en la Orden de la Consejería competente en materia de vivienda.

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Disposición final tercera. Normativa aplicable.

En lo no previsto en la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, en el presente decreto y demás normativa de aplicación, a las viviendas protegidas de promoción privada en la Región de Murcia les será de aplicación la normativa vigente en materia de edificación.

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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

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Orden por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la prestación del servicio de preparación para la vida independiente a personas jóvenes tuteladas y extuteladas en riesgo de exclusión social y por la que se determina el importe de dicho servicio

BORM número 61 de 15 de marzo de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Vigencia: desde el 15 de marzo de 2021

Referencias

Modificada por:

Orden por la que se modifica el modelo de acuerdo de concierto social para la prestación del servicio de preparación para la vida independiente a personas jóvenes tuteladas y extuteladas en riesgo de exclusión social y por la que se determina el importe de dicho servicio, (BORM número 110 de 15 de mayo de 2021):

Modifica la cláusula quinta (Locales y equipamientos) y sexta (Personal).

Contenido

El Decreto 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia en materia de protección y reforma del menor, establece en su artículo 2, apartado c, que podrán ser objeto de concierto social en el ámbito de protección y reforma de menores, entre otros, “Los que tengan por finalidad preparar para la vida independiente a los jóvenes ex tutelados”, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7 bis y artículos 25 y siguientes de la Ley 3/2003, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

El artículo 12 del mencionado Decreto 62/2019, de 3 de mayo, establece que la formalización de los conciertos sociales se efectuará en documento administrativo, por el titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales mediante el denominado acuerdo de concierto social, según modelo aprobado previamente por el titular de la citada consejería.

El artículo 10 de dicho Decreto establece que el importe a pagar por plaza ocupada, reservada o servicio prestado se determinará por Orden de la Consejería competente en materia de servicios sociales.

De acuerdo con la normativa recogida en los párrafos precedentes, y en virtud de las atribuciones conferidas a la Consejería competente en materia de servicios sociales por el Decreto del Presidente n.º 44/2019, de 3 de septiembre, por el que modifica el Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional,

Dispongo:

Primero.- Aprobar el modelo de acuerdo de concierto social para la prestación del Servicio de preparación para la vida independiente a personas jóvenes tuteladas y extutelados en riesgo de exclusión social recogido en el anexo de la presente.

Segundo.- Establecer el importe a pagar por la Consejería competente en materia de servicios sociales por la prestación del Servicio de Preparación para la vida independiente con Atención Residencial para Jóvenes Extutelados y en riesgo de exclusión Social, que será el establecido en la cláusula octava del modelo de acuerdo, recogido en el anexo de la presente propuesta. Los importes establecidos podrán ser objeto de revisión, conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, siempre que se justifique en una memoria económica específica, en los términos recogidos en la citada ley y su normativa de desarrollo.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.

 

Anexo. Modelo de acuerdo de concierto social para la prestación del servicio de preparación para la vida independiente a personas jóvenes tuteladas y extuteladas en riesgo de exclusión social y por la que se determina el importe de dicho servicio (Descargar)


Extracto de la Orden de 7 de mayo de 2021, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, por la que se convocan subvenciones a entidades locales de más de 20.000 y hasta 60.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la financiación de la elaboración de un diagnóstico local participativo en el marco del Programa Operativo Regional de Fondo Social Europeo

BORM número 108 de 13 de mayo de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Vigencia: desde el 14 de mayo de 2021

Referencias

Afectada por:

Orden de 5 de enero de 2010 de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones en materia de servicios sociales, (BORM número 6 de 09/01/2010):

Establece las bases reguladoras.

Reglamentos de la Unión Europea para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014- 2020.

Establecen las bases reguladoras.

Contenido

BDNS (Identif.): 562691

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562691)

Primero. Beneficiarios

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las entidades locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de más de 20.000 y hasta 60.000 habitantes, según lo recogido en el Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020 (BOE n.º 340, de 30 de diciembre de 2020).

Las Mancomunidades de Servicios Sociales podrán presentar solicitudes para la financiación de proyectos dirigidos a un territorio o zona determinada si el municipio en el que se vaya a desarrollar el proyecto tiene más de 20.000 y hasta 60.000 habitantes.

Segundo. Objeto

El objeto de la presente Orden es convocar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades locales de más de 20.000 y hasta 60.000 habitantes, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la elaboración de un diagnóstico local participativo en un determinado territorio con el fin de conocer las necesidades, los recursos y potencialidades locales y proponer las líneas estratégicas y transversales de actuación acordadas entre los diferentes protagonistas comunitarios (la administración pública, los recursos técnicos públicos y privados y la ciudadanía/organizaciones sociales) y derivadas de dicho diagnóstico.

La finalidad que se persigue con esta línea de subvención es promover, en barrios o territorios definidos con población en situación de vulnerabilidad social, procesos de diagnóstico local participativo que permitan obtener información acerca de los problemas, necesidades y potencialidades comunitarias y su articulación dinámica con recursos locales y externos, así como de las oportunidades de desarrollo que tienen los y las habitantes del territorio y el establecimiento de las líneas de actuación estratégicas y transversales derivadas de este diagnóstico.

Las actuaciones derivadas de los programas a financiar se realizarán en territorios en los que exista población en situación de vulnerabilidad social, entendiendo como tal la presencia de una precariedad material y económica acompañada de otras variables personales y sociales como pueden ser: riesgo o situación de exclusión social, pobreza, carencia o deterioro de infraestructuras, escasez o inexistencia de cauces de participación social, asociacionismo o iniciativa cívica que favorezca la implicación de la propia ciudadanía en la respuesta a sus problemas.

Las propuestas presentadas deberán ajustarse al Programa Marco que figura como Anexo III a esta convocatoria.

Tercero. Bases reguladoras

El procedimiento de esta convocatoria se rige por lo dispuesto en la presente Orden, por la Orden de 5 de enero de 2010 de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones en materia de servicios sociales (BORM nº 6 de 09/01/2010) y en los Reglamentos de la Unión Europea para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020, concretamente: el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes y disposiciones generales para los fondos estructurales, en adelante Reglamento de Disposiciones Comunes, el Reglamento Delegado (UE) 480/2014 de la Comisión; el Reglamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo, en adelante Reglamento del FSE, así como la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020, por lo establecido en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en todo lo que resulte de aplicación y, con carácter supletorio, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como por cualquier otra disposición o norma del ordenamiento jurídico que resulte de aplicación.

Cuarto. Cuantía

Esta subvención se hará efectiva con cargo a los créditos de la partida presupuestaria 18.04.00.313A.461.99, de la Ley 1/2020 de 3 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, prorrogada por Orden de 21 de diciembre de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, durante el ejercicio 2021, proyecto de gasto 43534, cofinanciados en un 10% por fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y un 90% por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo FSE 2014-2020 de la Región de Murcia, por un importe total máximo de 632.000,00 €, según las siguientes anualidades.

Año 2021: 300.000,00 €

Año 2022: 332.000,00 €

Quinto. Plazo presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de veinticinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria de subvención en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Sexto. Otros datos

El plazo ordinario de ejecución del programa subvencionado se iniciará a partir de la fecha que se indique en la resolución de concesión de la subvención y se prolongará por 18 meses, teniendo en cuenta que el plazo máximo de ejecución, incluyendo las posibles ampliaciones, será el 31 de diciembre de 2022.

Murcia, 7 de mayo de 2021. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.