Extracto de la Orden de 15 de marzo de 2019 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, de convocatoria de subvenciones a corporaciones locales para adecuación de itinerarios peatonales a condiciones de accesibilidad y diseño universal

BORM nº 67 de 22 de marzo de 2019

Consejería de Fomento e Infraestructuras

Vigencia: desde el 23 de marzo de 2019

Referencias

Afectada por:

Establece las bases reguladoras.

Contenido

BDNS (Identif.): 444546

“De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http:www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.- Objeto, condiciones y finalidad de la subvención

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones para la financiación de actuaciones encaminadas a la disposición de itinerarios peatonales accesibles existentes en las áreas de uso peatonal de los espacios públicos de los municipios de la Región de Murcia para su adaptación a las condiciones de accesibilidad y diseño universal, de modo que los espacios públicos de las ciudades sirvan a todas las personas y puedan ser utilizados de forma no discriminatoria, autónoma y segura.

Segundo.- Régimen jurídico

La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en la Orden de 27 de febrero de 2019 de bases reguladoras de subvenciones a Corporaciones Locales para adecuación de itinerarios peatonales a condiciones de accesibilidad y diseño universal, publicada en el BORM n.º 50 de 1 de marzo de 2019, en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercero.- Actuaciones subvencionables

1. Serán subvencionables las actuaciones cuyo objeto sea la adecuación de elementos de urbanización de modo que permitan la disposición de itinerarios peatonales accesibles para la circulación de todas las personas en la ciudad de forma autónoma, continua y no discriminatoria.

2. Se consideran elementos de urbanización los que componen el espacio público urbanizado como pavimentos, vados, rampas, rejillas, alcorques, elementos de jardinería, etc.

Podrá incluirse la instalación o la sustitución de elementos de mobiliario urbano situados en áreas de estancia vinculadas directamente a los itinerarios peatonales accesibles que sean objeto de intervención.

3. Se consideran mobiliario urbano aquellos elementos cuya modificación o traslado no genere alteraciones sustanciales, como bancos, fuentes de agua potable, papeleras, elementos de protección al peatón (barandillas, pasamanos, vallas, zócalos), bolardos, elementos de señalización e iluminación así como elementos que requieran manipulación instalados en las áreas de estancia y que deban ser accesibles a todas las personas.

4. Las actuaciones propuestas deberán incluirse en un Plan de Acción. El Plan de Acción es el documento que delimita el área de intervención y describe las actuaciones objeto de subvención. Cada Plan de Acción deberá referirse a un área urbana continua en el municipio. Cada solicitud de subvención se referirá a un único Plan de Acción.

5. Las actuaciones deberán cumplir las exigencias contempladas en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

6. No se admitirán actuaciones iniciadas antes de la fecha de entrada en vigor de la convocatoria correspondiente.

Cuarto.- Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, las Corporaciones Locales que integran la Región de Murcia.

Quinto. Crédito presupuestario y cuantía total máxima.

1. La presente convocatoria de subvenciones a Corporaciones Locales para la adecuación de itinerarios peatonales a condiciones de accesibilidad y diseño universal; tiene un gasto autorizado total para la concesión y pago de las correspondientes ayudas de 200.000,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria 14.02.00.431B.766.31, en el proyecto de gastos 44743, del estado de gastos del presupuesto del ejercicio 2019.

2. En el supuesto de que exista crédito adecuado y suficiente en el estado de gastos del presupuesto del ejercicio correspondiente, el órgano competente podrá acordar la ampliación del gasto autorizado a que se refiere el apartado anterior en un máximo de 30.000,00 euros, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto antes de la resolución, sin necesidad de nueva convocatoria.

3. La cuantía total de las subvenciones podrá alcanzar la cantidad correspondiente a la totalidad del gasto autorizado incrementado, en su caso, con la ampliación establecida en el apartado segundo de este artículo.

Sexto.- Solicitudes y plazo de presentación

1. Para concurrir a esta convocatoria será necesario presentar la solicitud anexada a esta Orden, debidamente formalizada y firmada por el representante autorizado por la Corporación Local, dirigida a la Consejería de Fomento e Infraestructuras, acompañada de la documentación requerida que se indica en el artículo 8 de esta Orden.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro Electrónico Único de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia utilizando el formulario de solicitud electrónica genérica, que está accesible en la sede electrónica (sede.carm.es), adjuntando la solicitud y documentos establecidos en esta Orden, en virtud de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

3. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

4. Si la solicitud presentada de la ayuda no reuniera los requisitos previstos o la documentación aportada fuera incompleta, se requerirá al solicitante para que en el plazo de veinte días hábiles subsane las deficiencias detectadas o aporte la documentación necesaria, advirtiéndole que de no cumplir con dicho requerimiento en los términos previstos, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa Resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según les sea de aplicación.

Séptimo.- Documentación

La solicitud de subvención deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Plan de Acción suscrito por técnico municipal que deberá incluir:

- Reportaje fotográfico del estado actual.

- Memoria técnica descriptiva del objeto y características de la actuación y justificativa del cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

- Planos del estado actual de la zona de actuación en que figuren los obstáculos y desniveles existentes y que son objeto de eliminación o demolición en la propuesta.

- Planos de detalle con referencia expresa a su ubicación, a escala mínima 1/100 y debidamente acotados, en los que se definan todos los elementos, como itinerarios peatonales accesibles, vados peatonales, pendientes, pavimentos táctiles, plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, y, en su caso, la ubicación de elementos de mobiliario urbano.

- Presupuesto que incluirá el coste de ejecución material desglosado en unidades de obra y precios unitarios. Se podrán incluir gastos generales y beneficio industrial en su caso. Quedarán excluidos impuestos, tasas y tributos.

b) Documento que justifique la necesidad y conveniencia de las actuaciones propuestas en el Plan de Acción, suscrito por alguna organización representativa de personas con discapacidad.

c) Documento que acredite la autorización del representante de la corporación municipal.

d) Acuerdo municipal de solicitud de subvención.

e) Aprobación del Plan de Acción por órgano competente del Ayuntamiento.

Octavo. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.

El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con los siguientes criterios de valoración:

a) Se subvencionará un Plan de Acción por municipio atendiendo al orden cronológico de la fecha de solicitud de la subvención.

b) En caso de remanente de crédito, se podrá subvencionar un segundo Plan por municipio atendiendo al mismo orden cronológico, y así sucesivamente hasta agotar el crédito disponible en la convocatoria.

Noveno.- Resolución

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de 6 meses. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

3. Frente a la Orden de concesión denegación de subvenciones cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la previa interposición del recurso de reposición con carácter potestativo, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Décimo.- Plazo de ejecución

El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones será de seis meses a contar desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de la subvención.”

Murcia, 15 de marzo de 2019.—El Consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde Espín.

Extracto de la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital de 21 de diciembre de 2021 de convocatoria de tramitación anticipada, para la concesión de subvenciones cofinanciadas por el FEDER a entidades sin fin de lucro, para la financiación de actuaciones que fomenten la alfabetización digital y la e-inclusión, en el ámbito de la Región de Murcia, correspondiente al ejercicio 2022

BORM número 10 de 14 de enero de 2022

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital 

Vigencia: desde el 11 de enero de 2022

Contenido

BDNS (Identif.): 604591

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/604591)

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades siguientes:

a) Entidades privadas sin fin de lucro: asociaciones, fundaciones, federaciones u otro tipo de institución privada que pueda acreditar la carencia de lucro en sus objetivos.

b) Corporaciones de derecho público. Quedan excluidos expresamente como beneficiarios las universidades, entidades administradas por ellas y cámaras oficiales de comercio de la Región de Murcia.

El ámbito geográfico de cualquier beneficiario debe incluir todo o parte del territorio de la Región de Murcia.

No podrán resultar beneficiarias las entidades solicitantes en las que concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto les resulten de aplicación. Segundo. Objeto. Actuaciones que fomenten la alfabetización y la inclusión digitales.

Tercero. Bases Reguladoras.

Orden de 25 de octubre de 2018 de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a conceder a entidades sin fin de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de actuaciones que fomenten la alfabetización digital, el e-aprendizaje y la e-inclusión, en el ámbito de la Región de Murcia (BORM n.º 258 de 8 de noviembre de 2018).

Cuarto. Cuantía.

Importe total de la convocatoria: 300.000 euros.

Cada beneficiario podrá obtener una cuantía máxima en concepto de ayuda de 15.000 euros. Asimismo, en ningún caso, el importe concedido será superior al 90% de los gastos considerados subvencionables. El resto del importe del proyecto (como mínimo el 10% de los gastos subvencionables más los gastos no subvencionables, lo que incluye los impuestos indirectos), deberá ser aportado en su totalidad por el beneficiario.

Las ayudas estarán cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo de la Región de Murcia 2014-2020 en un 80%, en el marco del Objetivo Temático 2 “Mejorar el uso y la calidad de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y el acceso a ellas” y con fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en un 20%.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes de subvención dirigidas al Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, serán presentadas en el plazo de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Sexto. Otros datos.

La presentación de las solicitudes deberá realizarse por vía telemática a través del “Formulario de solicitud genérica”, disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, accesible a través de la página https://sede.carm.es Procedimiento 2498, acompañando la documentación requerida en el artículo 9 de la presente convocatoria.

Murcia, 21 de diciembre de 2021.—El Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, P.D. Orden de 18 de septiembre de 2019 (BORM n.º 218, de 20 de septiembre de 2019), la Secretaria General de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, Sonia Carrillo Mármol.

 

Decreto n.º 306/2010, de 3 de diciembre, por el que se establecen la intensidad de protección de los servicios, la cuantía de las prestaciones económicas, las condiciones de acceso y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (MODIFICADO)

BORM nº 290 de 17 de diciembre de 2010

Consejo de Gobierno

Vigencia: desde el 6 de enero de 2011

Referencias

Modificado por:

Decreto Ley 3/2015, de 7 de octubre, por el que se modifican los requisitos de acceso a la prestación económica de Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no profesionales del Sistema de la Dependencia así como la intensidad en su prestación y se regula la acreditación de las Comunidades Hereditarias para reclamar los atrasos devengados y no percibidos por las personas dependientes fallecidas, (BORM nº 235 de 10 de octubre de 2015):

Da nueva redacción al art. 23 y deroga el art. 31.1.

Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, (BORM nº 158 de 10 de julio de 2013):

Deroga los art. 6.3, 6.4 y 24.2.

Añade el art. 12.3.b y 28.4.

Da nueva redacción al art. 19, 23, 29, 30, 31.2 y 31.1.

Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia, (BORM nº 150 de 30 de junio de 2012):

Da nueva redacción al art. 35 y deroga la Disposición Transitoria Primera.

Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región de Murcia, (BORM número 5 de 8 de enero de 2022):

Da nueva redacción al apartado 3 del artículo 12 y al artículo 35.

Contenido

Índice:

TÍTULO PRIMERO.DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 2.Régimen de Acreditación e Inspección de los Servicios
Artículo 3.Red de servicios y centros
Artículo 4.Beneficiarios
Artículo 5.Servicios y prestaciones económicas por grado y nivel
Artículo 6.Efectividad del derecho a los servicios y prestaciones económicas
TÍTULO II.INTENSIDAD DE PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONDICIONES DE ACCESO
CAPÍTULO PRIMERO.DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 7.Intensidad de los servicios
Artículo 8.Condiciones de acceso a los servicios
Artículo 9.Prioridad de los servicios
Artículo 10.Preferencia en el acceso a los servicios
CAPÍTULO II.SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Artículo 11.Intensidad del Servicio de Prevención de las Situaciones de Dependencia
Artículo 12.Intensidad del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal
CAPÍTULO III.SERVICIO DE TELEASISTENCIA
Artículo 13.Intensidad del Servicio de Teleasistencia
CAPÍTULO IV.SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Artículo 14.Intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio
CAPÍTULO V.SERVICIOS DE CENTRO DE DÍA Y DE CENTRO DE NOCHE
Artículo 15.Intensidad del Servicio de Centro de Día y de Centro Noche
Artículo 16.Incomparecencia para el ingreso de la persona beneficiaria en los Centros de Día y Centros de Noche
CAPÍTULO VI.SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
Artículo 17.Intensidad del Servicio de Atención Residencial
Artículo 18.Estancias temporales en Residencias
Artículo 19.Traslado de usuarios entre centros de día y centros residenciales
Artículo 20.Incomparecencia para el ingreso de la persona beneficiaria en los centros residenciales
TÍTULO III.DEFINICIÓN, CONDICIONES DE ACCESO Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
CAPÍTULO PRIMERO.DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 21.Cuantía máxima de las prestaciones económicas
Artículo 22.Importe de la prestación económica a reconocer a cada beneficiario
Artículo 23.Intensidad de las prestaciones económicas
Artículo 24.Deducciones por prestaciones de análoga naturaleza y finalidad
CAPÍTULO II.LA PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA AL SERVICIO
Artículo 25.Definición y objeto
Artículo 26.Inexistencia o insuficiencia de servicios
Artículo 27.Condiciones de acceso a la Prestación Económica Vinculada al Servicio
Artículo 28.Pago y justificación del gasto
CAPÍTULO III.LA PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR Y APOYO A CUIDADORES NO PROFESIONALES
Artículo 29. Definición y objeto
Artículo 30.Condiciones de acceso a la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no Profesionales
Artículo 31.Requisitos del cuidador no profesional
CAPÍTULO IV.LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE ASISTENCIA PERSONAL
Artículo 32.Definición y objeto
Artículo 33.Condiciones de acceso a la Prestación Económica de Asistente Personal
Artículo 34.Requisitos del asistente personal
TÍTULO IV.RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS
Artículo 35.Régimen de compatibilidades
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición Transitoria Primera.Efectividad del régimen de compatibilidad
Disposición Transitoria Segunda.Aplicación de la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre
DISPOSICIÓN FINAL
Disposición Final Única.Entrada en vigor

TEXTO ACTUALIZADO

El art. 10.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece que el Gobierno de España aprobará, mediante Real Decreto, los criterios establecidos por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para determinar la intensidad de protección de los servicios y la compatibilidad e incompatibilidad entre los mismos.

Igualmente, el art. 20 de la citada Ley, establece que las cuantías de las prestaciones económicas, una vez acordadas por el Consejo Territorial, serán aprobadas por el Gobierno mediante Real Decreto.

El cumplimiento de estos mandatos se ha efectuado mediante la aprobación y publicación del Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

Ahora bien, el citado Real Decreto establece en su Preámbulo que esta regulación se efectúa sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas dicten normas de desarrollo y regulen las condiciones de acceso a las prestaciones y servicios, así como cualquier otra materia que resultare necesaria para la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre y del Real Decreto 727/2007, de 8 de junio.

En consecuencia, el Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, realiza una descripción general de los servicios y prestaciones económicas, pero establece que el acceso a los mismos se efectuará de acuerdo con las disposiciones que establezcan las Comunidades Autónomas.

Resulta, pues, necesario establecer las normas de desarrollo que concreten las características de las prestaciones, las condiciones de acceso a las mismas y sus cuantías, en el ámbito de la Región de Murcia, a fin de facilitar al conjunto de los ciudadanos, la efectividad del derecho subjetivo reconocido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

A tal efecto, el presente decreto aborda la intensidad de protección de los servicios, el régimen de compatibilidades e incompatibilidades, las condiciones de acceso a las prestaciones y la cuantía de las prestaciones económicas.

Para ello se ha tenido en cuenta lo previsto en la reciente Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y el importe de las prestaciones económicas para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I, a cuyo contenido se ajusta el presente decreto.

Tras la reorganización de la Administración Regional llevada a cabo por Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia nº 17/2010, de 3 de septiembre y de conformidad con el Decreto nº 242/2010, de 10 de septiembre, por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, corresponden a ésta, las competencias en materia de reconocimiento del derecho a las prestaciones contempladas en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, su seguimiento y control, así como la formación en materia de dependencia.

En el procedimiento de elaboración de esta disposición han sido oídos los Consejos Asesores Regionales de Personas con Discapacidad, de Personas Mayores y de Infancia y Familia, el Consejo Regional de Servicios Sociales, así como el Consejo Regional de Cooperación Local, teniendo en cuenta el Dictamen del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y el Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del art. 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

Este decreto se dicta al amparo de lo establecido en el art. 10.Uno.18 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en relación con lo dispuesto en los arts. 22.12 y 52.1 de la citada Ley 6/2004.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, tras la deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno, en sesión de fecha de 3 de diciembre de 2010

subir

DISPONGO

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente decreto tiene por objeto establecer la intensidad de protección de los servicios, la cuantía de las prestaciones económicas, las condiciones de acceso y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

subir

ARTÍCULO 2. RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS

A los servicios del Catálogo del art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se les aplicará el régimen de ordenación, acreditación, registro e inspección de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Asimismo, les serán aplicables las disposiciones vigentes en cuanto a las condiciones y régimen de prestación de los servicios.

subir

ARTÍCULO 3. RED DE SERVICIOS Y CENTROS

1. La red de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia estará integrada por los siguientes tipos:

a) Centros y servicios públicos de titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

b) Centros y servicios públicos de titularidad de las Entidades Locales de la Región de Murcia.

c) Centros y servicios privados concertados, debidamente acreditados y gestionados por las entidades definidas en el art. 2.8 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre y por entidades con ánimo de lucro.

2. Los centros y servicios mencionados, deberán figurar acreditados, conforme a la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para prestar servicios dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

3. Igualmente, los centros y servicios privados no concertados que presten servicios para personas en situación de dependencia deberán contar con la debida acreditación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

subir

ARTÍCULO 4. BENEFICIARIOS

1. Tendrán la consideración de beneficiarios de las prestaciones reguladas en este decreto, las personas que reúnan los requisitos señalados en el art. 5 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y tengan su residencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el momento de formular su solicitud.

2. La efectividad del derecho a dichas prestaciones se ejercitará progresivamente, de modo gradual, de acuerdo con el calendario establecido en la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

subir

ARTÍCULO 5. SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR GRADO Y NIVEL

1. A efectos de lo establecido en el art. 28.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a cada grado y nivel de dependencia podrán corresponder los siguientes servicios y prestaciones económicas:

a) Grado III. Niveles 1 y 2. Gran dependencia.

Servicio de Prevención de las Situaciones de Dependencia.

Servicio de Promoción de la Autonomía Personal.

Servicio de Teleasistencia.

Servicio de Ayuda a Domicilio.

Servicio de Centro de Día.

Servicio de Centro de Noche.

Servicio de Atención Residencial.

Prestación Económica Vinculada al Servicio.

Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores No Profesionales.

Prestación Económica de Asistencia Personal.

b) Grado II. Niveles 1 y 2. Dependencia severa.

Servicio de Prevención de las Situaciones de Dependencia.

Servicio de Promoción de la Autonomía Personal.

Servicio de Teleasistencia.

Servicio de Ayuda a Domicilio.

Servicio de Centro de Día.

Servicio de Centro de Noche.

Servicio de Atención Residencial.

Prestación Económica Vinculada al Servicio.

Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no Profesionales.

c) Grado I. Niveles 1 y 2. Dependencia moderada.

Servicio de Promoción de la Autonomía Personal.

Servicio de Teleasistencia.

Servicio de Ayuda a Domicilio.

Servicio de Centro de Día.

Servicio de Centro Noche.

Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no Profesionales.

Prestación Económica Vinculada al Servicio, en los supuestos previstos en la Ley 39/2006, en consonancia con el catálogo de servicios correspondiente al Grado.

subir

ARTÍCULO 6. EFECTIVIDAD DEL DERECHO A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

1. La efectividad del derecho a los servicios y prestaciones económicas se producirá a partir de la fecha de la resolución en la que se reconozca el concreto servicio, prestación o prestaciones que corresponden a la persona beneficiaria, de acuerdo con lo previsto en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

2. En el marco de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de los servicios o prestaciones económicas será de seis meses.

(Apartados 3 y 4 derogados por el art. 6.1 de la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas)

5. Si la persona beneficiaria no estuviera recibiendo el servicio que se le reconoce de entre los previstos en el catálogo, en plaza pública o concertada, en el momento de la resolución, la fecha de efectos será aquella en la que se incorpore o comience a prestarse el servicio de manera efectiva.

subir

TÍTULO II. INTENSIDAD DE PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONDICIONES DE ACCESO

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 7. INTENSIDAD DE LOS SERVICIOS

La intensidad de los servicios se establecerá en el correspondiente Programa Individual de Atención y se determinará por el contenido prestacional de cada uno de los servicios y por la duración o extensión de los mismos, según el grado y nivel de dependencia reconocido, en los términos establecidos en los artículos siguientes.

subir

ARTÍCULO 8. CONDICIONES DE ACCESO A LOS SERVICIOS

Podrán ser beneficiarios de los servicios quienes, además de reunir los requisitos generales que figuran en el art. 4 de este decreto, cumplan las siguientes condiciones:

a) Tener reconocido grado de dependencia suficiente, mediante Resolución dictada por el órgano con competencia en materia de valoración de dependencia.

b) Que el Programa Individual de Atención determine la adecuación del servicio.

c) Reunir los requisitos para poder ser usuario en cada uno de los tipos de servicios y programas existentes.

subir

ARTÍCULO 9. PRIORIDAD DE LOS SERVICIOS

En todo caso, los servicios tendrán carácter prioritario respecto de las prestaciones económicas.

subir

ARTÍCULO 10. PREFERENCIA EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS

1. Las personas en situación de dependencia, que según el calendario previsto en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, tengan reconocido el derecho a los servicios del sistema tendrán preferencia para el acceso a la Red de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. La prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado y nivel de dependencia, y a igual grado y nivel, por la capacidad económica de la persona beneficiaria, en el momento en que se efectúe la propuesta de resolución del Programa Individual de Atención.

3. El reconocimiento del derecho de acceso a los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia resultará incompatible con la permanencia de la persona interesada en cualquier otro procedimiento de acceso al servicio reconocido.

subir

CAPÍTULO II. SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

ARTÍCULO 11. INTENSIDAD DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA

1. Las personas en situación de dependencia recibirán servicios de prevención con el objeto de prevenir el agravamiento de su grado y nivel de dependencia, incluyendo esta atención en los programas de Promoción de la Autonomía Personal, de Teleasistencia, de Ayuda a Domicilio, de los Centros de Día y de Atención Residencial.

2. Los Planes de Prevención, que tendrán por objeto todas aquellas actuaciones encaminadas a prevenir la aparición de las situaciones de dependencia y su agravamiento, serán elaborados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y determinarán las intensidades de los servicios de prevención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3. En la elaboración de los Planes de Prevención se tendrán en cuenta los criterios, recomendaciones y condiciones mínimas que acuerde el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

subir

ARTÍCULO 12. INTENSIDAD DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

1. El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal tiene por finalidad disponer y ordenar los recursos, apoyos y asistencias de toda índole, que contribuyan eficazmente a incrementar, hasta el máximo grado posible, la autonomía y la vida independiente de las personas en situación de dependencia, para desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

2. De conformidad con el art. 6, apartado 2 del Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinan las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, son servicios de promoción para la autonomía personal, los de asesoramiento, orientación, asistencia y formación en tecnologías de apoyo y adaptaciones que contribuyan a facilitar la realización de las actividades de la vida diaria, los de habilitación, los de terapia ocupacional así como cualesquiera otros programas de intervención que se establezcan con la misma finalidad.

3. El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal tendrá una diferente intensidad:

a) Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad genérica, dirigido a toda clase de personas en situación de dependencia, así como a los menores con necesidad de atención temprana, que promoverá para ellas la máxima autonomía personal posible, en atención a sus circunstancias personales y como contenido del servicio, de los del Catálogo del artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de que sean beneficiarias.

b) Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad especializada, dirigido, preferentemente, a personas con discapacidad intelectual y personas con enfermedad mental, así como a aquellas otras con dificultades perceptivo-cognitivas o conductuales, que promoverá para ellas un itinerario vital completo que, con los apoyos precisos, fomenten su vida autónoma y plenamente comunitaria, bajo criterios propios y con uso preferente de los recursos ordinarios de la comunidad en que se integren. El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad especializada podrá ser prestado en régimen de atención diurna o en régimen que contemple residencias especializadas o viviendas, de estancia limitada o permanente, así como mediante otros tratamientos que en su día se regulen a propuesta del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, mediante Orden de la consejería competente en materia de servicios sociales.

(Apartado modificado por la Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región de Murcia en su Disposición final quinta)

4. La intensidad del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal estará en función de los servicios y programas propios, en la medida en que los precise la persona en situación de dependencia, de acuerdo con su itinerario de autonomía personal, plasmado en su Programa Individual de Atención y se ajustará, como mínimo, a los intervalos de protección establecidos por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

subir

CAPÍTULO III. SERVICIO DE TELEASISTENCIA

ARTÍCULO 13. INTENSIDAD DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA

1. El Servicio de Teleasistencia tiene por finalidad atender a las personas beneficiarias mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información y apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento y con el fin de favorecer la permanencia de los usuarios en su medio habitual, previniendo su dependencia y promocionando su autonomía.

2. Este Servicio de Teleasistencia comprenderá las siguientes medidas:

a) Apoyo inmediato a demandas ante situaciones de soledad, angustia, accidentes domésticos, caídas y enfermedades.

b) Seguimiento permanente desde el centro de atención mediante llamadas telefónicas periódicas.

c) Movilización de recursos ante situaciones de emergencia sanitaria, doméstica o social.

d) Funciones de agenda al objeto de recordar a la persona beneficiaria datos importantes sobre su salud, toma de medicamentos, realización de gestiones u otras actividades de análoga naturaleza.

3. El Servicio de Teleasistencia se prestará las veinticuatro horas del día durante todos los días del año para las personas en situación de dependencia, conforme a lo establecido en el Programa Individual de Atención y en las condiciones reguladas por las disposiciones aplicables.

4. El servicio quedará suspendido temporalmente durante el internamiento de la persona beneficiaria en una institución sanitaria o durante su estancia temporal en un centro residencial.

5. Para ser beneficiario de este servicio, además de reunir los requisitos generales que figuran en el art. 4 de este decreto y las condiciones de acceso determinadas en el art. 8, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) No padecer deficiencias importantes de audición y/o expresión oral, que impidan o imposibiliten el cumplimiento de la finalidad de este servicio.

b) Disponer en su domicilio de los medios necesarios para la instalación del servicio.

subir

CAPÍTULO IV. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

ARTÍCULO 14. INTENSIDAD DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

1. El Servicio de Ayuda a Domicilio comprende la atención personal en la realización de las actividades de la vida diaria y la cobertura de las necesidades domésticas, posibilitando la permanencia de la persona beneficiaria en el domicilio el mayor tiempo posible.

2. El Servicio de Ayuda a Domicilio podrá tener los siguientes contenidos:

a) Atenciones de carácter personal: Se engloban todas aquellas actividades que se dirigen al usuario del servicio, cuando éste no puede realizarlas por si mismo, o cuando precise:

Apoyo en el aseo y cuidado personales, con el objeto de mantener la higiene corporal.

Ayuda en la ingesta de alimentos, siempre que el usuario no sea autónomo para realizar por sí mismo la actividad.

Ayuda a la movilidad dentro del domicilio.

Compañía en el domicilio.

Acompañamiento fuera del hogar para la realización de diversas gestiones, tales como visitas médicas, tramitación de documentos u otras análogas.

Facilitar actividades de ocio en el hogar.

Otras atenciones de carácter personal, no recogidas en los apartados anteriores, que puedan facilitar una relación con el entorno.

b) Atenciones de carácter doméstico: Se entienden como tales, todas aquellas actividades y tareas que se realicen de forma cotidiana en el hogar y que estén referidas, entre otras, a:

Lavado y planchado de ropa.

Adquisición y preparación de alimentos.

Limpieza y mantenimiento de la vivienda.

Pequeñas reparaciones y otras tareas que no impliquen la participación de especialistas.

3. El Programa Individual de Atención podrá prever la supervisión y coordinación con los servicios sanitarios.

4. La intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio estará en función del Programa Individual de Atención y se determinará en número de horas mensuales de servicios asistenciales, mediante intervalos, según grado y nivel de dependencia y de acuerdo, como mínimo, con la siguiente asignación:

Grado III. Gran Dependencia  Horas de atención
Nivel 2 Entre 70 y 90 horas mensuales
Nivel 1 Entre 55 y 70 horas mensuales
Grado II. Dependencia severa  
Nivel 2 Entre 40 y 55 horas mensuales
Nivel 1 Entre 30 y 40 horas mensuales
Grado I. Dependencia Moderada  
Nivel 2 Entre 21 y 30 horas mensuales
Nivel 1 Entre 12 y 20 horas mensuales

5. El servicio quedará suspendido temporalmente durante el internamiento de la persona beneficiaria en una institución sanitaria o durante su estancia temporal en un centro residencial.

subir

CAPÍTULO V. SERVICIOS DE CENTRO DE DÍA Y DE CENTRO DE NOCHE

ARTÍCULO 15. INTENSIDAD DEL SERVICIO DE CENTRO DE DÍA Y DE CENTRO NOCHE

1. El Servicio de Centro de Día y de Centro de Noche, ofrece una atención integral, durante el periodo diurno o nocturno, a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el nivel de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores.

2. El Centro de Día y de Noche, público o privado concertado, debidamente acreditado, ajustará los servicios establecidos en el art. 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a las necesidades de las personas en situación de dependencia atendidas según su grado y nivel.

3. El Servicio de Centro de Día ofrecerá los siguientes servicios y programas de intervención:

a) Servicios básicos: de manutención y de asistencia en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD); servicios terapéuticos: de atención social, atención psicológica, terapia ocupacional y cuidados de la salud; y otros servicios complementarios: de peluquería, podología, cafetería o cualquier otro que se preste.

b) Programas de intervención terapéutica: terapias funcionales, cognitivas y psicoafectivas, socializadoras; programas sanitarios: alimentación y nutrición, aseo e higiene; programas de intervención con familias y cualquier otro que se realice.

4. El Servicio de Centro de Noche tiene por finalidad dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia que requieran atención durante la noche.

5. La tipología de centros incluirá Centros de Día para menores de 65 años, Centros de Día para mayores, Centros de Día de atención especializada por la especificidad de los cuidados que ofrecen, y Centros de Noche, que se adecuarán a las peculiaridades y edades de las personas en situación de dependencia.

6. La intensidad del Servicio de Centro de Día o de Noche estará en función de los servicios del centro que precisa la persona atendiendo a su grado y nivel de dependencia, de acuerdo con su Programa Individual de Atención y se ajustará, como mínimo, a los intervalos de protección establecidos por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

7. Cuando sea necesario por las dificultades de movilidad de la persona beneficiaria, se garantizará el transporte adaptado para la asistencia al Centro de Día o de Noche.

subir

ARTÍCULO 16. INCOMPARECENCIA PARA EL INGRESO DE LA PERSONA BENEFICIARIA EN LOS CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE NOCHE

Otorgada por la Administración una plaza pública de Centro de Día o Centro de Noche, de no producirse el ingreso en el plazo indicado en la resolución, se procederá, previa audiencia del interesado o su representante legal, a declarar a la persona interesada decaída en su derecho al ingreso, en el servicio asignado.

subir

CAPÍTULO VI. SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL

ARTÍCULO 17. INTENSIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL

1. El Servicio de Atención Residencial ofrece una atención integral y continuada, de carácter personal, social y sanitario, que se prestará en centros residenciales, públicos o privados concertados debidamente acreditados, teniendo en cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que precise la persona. Puede tener carácter permanente o temporal, de conformidad con el art. 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

2. El Servicio de Atención Residencial ofrecerá los siguientes servicios y programas de intervención:

a) Servicios básicos: de alojamiento, manutención y de asistencia en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD); servicios terapéuticos: de atención social, atención psicológica, terapia ocupacional y cuidados de la salud; y otros servicios complementarios: de peluquería, podología, cafetería, o similares.

b) Programas de intervención especializada según el tipo de necesidades derivadas del grado y nivel de dependencia del beneficiario.

3. La intensidad del Servicio de Atención Residencial estará en función de los servicios del centro que precisa la persona con dependencia, de acuerdo con su Programa Individual de Atención.

subir

ARTÍCULO 18. ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS

1. Se entenderá por estancia temporal, la permanencia en régimen de alojamiento, manutención y atención en un establecimiento residencial, única y exclusivamente por un periodo de tiempo limitado y predeterminado, durante el cual los usuarios de tales estancias tendrán los mismos derechos y obligaciones que el resto de residentes.

2. Serán circunstancias que determinen la estancia temporal, las siguientes:

a) Atención de situaciones temporales de convalecencia.

b) Enfermedad o internamiento hospitalario del cuidador no profesional.

c) Necesidad de descanso, vacaciones, fines de semana o formación del cuidador no profesional.

d) Ausencia de familiares o personas que puedan prestar al solicitante cuidados post-hospitalarios para la inmediata incorporación a su medio habitual.

e) Precisar el beneficiario tratamiento, seguimiento o atenciones especiales durante un periodo limitado que aconseje este recurso.

3. Las Estancias Temporales en centro residencial estará en función de la disponibilidad de plazas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del número de personas atendidas mediante cuidados en el entorno familiar.

No obstante, el titular de una estancia temporal en un Servicio de Atención Residencial, que viniera percibiendo prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, siempre que dicha estancia tenga una duración máxima de un mes al año natural, no perderá el derecho a la prestación económica asignada.

4. Las Estancias Temporales en centros residenciales se podrá prestar siempre que la plaza correspondiente no esté ocupada o reservada en régimen residencial permanente.

subir

ARTÍCULO 19. TRASLADO DE USUARIOS ENTRE CENTROS DE DÍA Y CENTROS RESIDENCIALES

(Dada nueva redacción al art. 19 por el art. 6.3 de la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas)

1. Las personas beneficiarias de plazas de centro de día o plazas residenciales o, en su caso, sus representantes, podrán formular solicitudes de traslado dirigidas al órgano competente, que acordará lo que proceda mediante resolución motivada.

2. Asimismo, el órgano competente podrá promover traslados cuando concurran las siguientes circunstancias excepcionales:

a) Supresión de plazas o cierre de centros.

b) Pérdida de la vigencia de un convenio o contrato de gestión de servicios, con centro de día o residencia concertada.

c) Por orientación técnica que determine el traslado, en especial por enfermedades mentales.

3. El traslado forzoso se acordará mediante resolución motivada, previa la instrucción del correspondiente expediente, en el que se garantizará la audiencia a la persona interesada o a su representante.

subir

ARTÍCULO 20. INCOMPARECENCIA PARA EL INGRESO DE LA PERSONA BENEFICIARIA EN LOS CENTROS RESIDENCIALES

Otorgada por la Administración una plaza pública de atención residencial, de no producirse el ingreso en el plazo indicado en la resolución, se procederá, previa audiencia del interesado o su representante legal, a declarar a la persona interesada decaída en su derecho al ingreso en el Servicio de Atención Residencial asignado.

subir

TÍTULO III. DEFINICIÓN, CONDICIONES DE ACCESO Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 21. CUANTÍA MÁXIMA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

La cuantía máxima de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se establecerá anualmente por el Gobierno mediante Real Decreto, previo acuerdo del Consejo Territorial, para los grados y niveles con derecho a prestaciones, actualizándose en función del incremento del IPC. Dicha cuantía podrá ser mejorada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

subir

ARTÍCULO 22. IMPORTE DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA A RECONOCER A CADA BENEFICIARIO

El importe de la prestación económica a reconocer a cada beneficiario se determinará deduciendo de la cuantía a que se refiere el artículo anterior, la aportación económica que le corresponda por participación en el coste de las mismas, según las previsiones contenidas en el Real Decreto 126/2010, de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de las prestaciones económicas y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En todo caso, los beneficiarios de las prestaciones económicas percibirán, como mínimo, los porcentajes que se garantizan en el citado Decreto 126/2010 para cada una de las prestaciones económicas.

subir

ARTÍCULO 23. INTENSIDAD DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

(Dada nueva redacción al art. 23 por el art. 6 del Decreto-Ley 3/2015, de 7 de octubre, por el que se modifican los requisitos de acceso a la prestación económica de Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no profesionales del Sistema de la Dependencia así como la intensidad en su prestación y se regula la acreditación de las Comunidades Hereditarias para reclamar los atrasos devengados y no percibidos por las personas dependientes fallecidas)

La determinación de la cuantía individual de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familia ry apoyo a cuidadores no profesionales y de asistencia personal se efectuará en función de la dedicación horaria de los cuidados, de acuerdo con la tabla que se establece a continuación, de tal manera que en la dedicación completa se percibirá la prestación íntegra, en la dedicación media el 65% y en la dedicación mínima el 50% del cuantía de la prestación.

Dedicación         horas/MES          
Completa 160 horas o más
Media Entre 80 y 159 horas
Mínima Menos de 80 horas

subir

ARTÍCULO 24. DEDUCCIONES POR PRESTACIONES DE ANÁLOGA NATURALEZA Y FINALIDAD

1. De acuerdo con lo establecido en el art. 31 de la Ley 39/2006, de la cuantía de las prestaciones económicas a reconocer, se deducirá cualquier otra prestación de análoga naturaleza o finalidad o de otros sistemas de protección pública. En concreto, se deducirá el complemento de Gran Invalidez regulado en el art. 139.4 de la Ley de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, el complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75%, el de necesidad de tercera persona de la pensión de invalidez no contributiva y el subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley 13/1082, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).

(Apartado 2 derogado por el art. 6.5 de la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas)

subir

CAPÍTULO II. LA PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA AL SERVICIO

ARTÍCULO 25. DEFINICIÓN Y OBJETO

1.La Prestación Económica Vinculada al Servicio consiste en una cuantía económica de periodicidad mensual, que tiene por finalidad contribuir a la financiación del coste del servicio que se determine en el Programa Individual de Atención de la persona en situación de dependencia, cuando por inexistencia o insuficiencia de servicios públicos o concertados en la red del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no sea posible al acceso a los mismos.

2. Esta prestación económica de carácter personal podrá vincularse a cualquiera de los servicios del catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, siempre y cuando se presten por un centro o entidad privado, con o sin ánimo de lucro, debidamente acreditado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En este sentido, no podrán vincularse servicios financiados total o parcialmente con fondos públicos de cualquier Administración Pública.

subir

ARTÍCULO 26. INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE SERVICIOS

1. En el supuesto de que la atención deba prestarse en un Centro, se considera inexistencia o insuficiencia del servicio, cuando no se disponga de plaza adecuada a las necesidades de la persona en situación de dependencia, de acuerdo con lo dispuesto en su Programa Individual de Atención, en un centro de la Red del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ubicado en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o cuando, en el Servicio de Centro de Día o de Centro de Noche, o en los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal prestados en régimen de atención diurna disponiendo de ella, la ausencia de transporte idóneo o la lejanía del centro, desaconsejen el desplazamiento de la persona beneficiaria desde su domicilio.

Se considerará la lejanía en los Servicios de Centro de Día o de Noche, o en los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal prestados en régimen de atención diurna, cuando los mismos se encuentren situados a una distancia superior a cuarenta y cinco kilómetros del domicilio de la persona beneficiaria.

2. Cuando la atención consista en cualesquiera otros servicios del Catálogo, se entenderá la inexistencia o insuficiencia de los mismos, cuando su grado de implantación en el municipio de residencia de la persona beneficiaria no asegure su completa prestación.

subir

ARTÍCULO 27. CONDICIONES DE ACCESO A LA PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA AL SERVICIO

Además de los requisitos generales que figuran en el art. 4 de este decreto, será preciso para acceder a esta prestación, que las personas beneficiarias cumplan las siguientes condiciones:

a) Reunir los requisitos específicos previstos para el acceso al servicio o servicios de atención, a los que se vincula la prestación.

b) Tener plaza u obtener efectivamente la prestación del servicio, en centro o entidad privada debidamente acreditados para la atención a la dependencia.

c) Que el Programa Individual de Atención determine la adecuación de esta prestación.

subir

ARTÍCULO 28. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DEL GASTO

1. Las resoluciones que reconozcan la Prestación Económica Vinculada al Servicio establecerán la cuantía mensual que corresponda a la misma.

2. El pago de esta prestación tendrá carácter mensual. Para ello el beneficiario o su representante deberá justificar, mediante la aportación de la correspondiente factura, el gasto realizado. Dicha factura será emitida por el centro o entidad privada, con o sin ánimo de lucro, debidamente acreditado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La factura deberá presentarse en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la realización del gasto.

3. La persona beneficiaria deberá comunicar al órgano competente en materia de dependencia, tan pronto como se conozcan y, en todo caso, en el plazo máximo de diez días, los cambios, en su caso, producidos relativos al prestador del servicio, a los efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente decreto. En el caso de que en el prestador del servicio no concurran los mismos, el órgano competente en materia de dependencia interrumpirá el pago de la prestación económica hasta que se cumpla con lo requerido anteriormente.

4. La cuantía de la prestación económica vinculada al servicio no podrá, en ningún caso, ser superior a la aportación que realice la persona beneficiaria por el coste del servicio que recibe.

(Apartado 4 añadido por el art. 6.6 de la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas)

subir

CAPÍTULO III. LA PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR Y APOYO A CUIDADORES NO PROFESIONALES

ARTÍCULO 29. DEFINICIÓN Y OBJETO

(Dada nueva redacción al art. 29 por el art. 6.7 de la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas)

1. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales consiste en una cuantía económica cuya finalidad es contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención específica prestada en su domicilio, a quien se encuentra en situación de dependencia, por persona de su familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada, cuando se reúnan las condiciones de acceso establecidas en los artículos siguientes.

2. Esta prestación, que tiene carácter excepcional, únicamente se podrá conceder cuando no sea posible el acceso a un servicio o, en su defecto, a una prestación económica vinculada al servicio, debido a la inexistencia de recursos públicos o privados acreditados, y siempre que se cumplan los restantes requisitos establecidos en el presente decreto.

subir

ARTÍCULO 30. CONDICIONES DE ACCESO A LA PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR Y APOYO A CUIDADORES NO PROFESIONALES

(Dada nueva redacción al art. 30 por el art. 6.8 de la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas)

Además de los requisitos generales que figuran en el art. 4 de este decreto, será necesario para acceder a esta prestación que el Programa Individual de Atención de la persona en situación de dependencia acredite que concurren las siguientes condiciones:

Que está siendo atendido mediante cuidados en el entorno familiar, con carácter previo a la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, por una persona cuidadora no profesional, que cumpla los requisitos que se establecen en el art. 31 de este decreto.

Que no sea posible el acceso a un servicio o, en su defecto, a una prestación económica vinculada al servicio, debido a la inexistencia de recursos públicos o privados.

Que se den las condiciones exigidas de convivencia y que la atención y cuidados que presta el cuidador se adecuan a las necesidades de la persona dependiente, en función de su grado de dependencia.

Que la vivienda reúne condiciones de habitabilidad y accesibilidad suficiente que permita el correcto ejercicio del cuidado personal, en función del grado de dependencia.

No se admitirá en el Programa Individual de Atención que una persona en situación de dependencia que estuviera atendida en un servicio, deje de hacerlo para poder percibir esta prestación económica.

No obstante, cuando existan razones que justifiquen la inadecuación de un servicio a las necesidades de la persona dependiente, o cambios en las condiciones personales y/o del entorno de esta, que así lo aconsejen, se podrá admitir un Programa Individual de Atención o una modificación del mismo en la que se contemple esta prestación.

Asimismo, en el caso de personas con discapacidad que terminan su formación, no podrá acordarse la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no Profesionales cuando existan servicios que permitan continuar su proceso de inserción sociolaboral y de promoción de la autonomía.

La concesión de esta prestación debe conllevar la designación de cuidador no profesional, que deberá asumir directa y personalmente la responsabilidad del cuidado y atención de la persona en situación de dependencia.

En el caso de varios cuidadores no profesionales que se sucedan de forma rotatoria, con cambio o no de domicilio de la persona en situación de dependencia, se determinarán claramente los períodos de tiempo que corresponden a cada una de ellos, dentro del período del año natural, sin que pueda establecerse para cada una de los mismos un período continuado inferior a tres (3) meses.

subir

ARTÍCULO 31. REQUISITOS DEL CUIDADOR NO PROFESIONAL

(Apartado uno derogado por Disposición Derogatoria del Decreto-Ley 3/2015, de 7 de octubre, por el que se modifican los requisitos de acceso a la prestación económica de Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no profesionales del Sistema de la Dependencia así como la intensidad en su prestación y se regula la acreditación de las Comunidades Hereditarias para reclamar los atrasos devengados y no percibidos por las personas dependientes fallecidas)

2. Solo cuando la persona en situación de dependencia tenga su domicilio en un entorno caracterizado por insuficiencia de recursos públicos o privados acreditados, la despoblación, o circunstancias geográficas o de otra naturaleza que impidan o dificulten otras modalidades de atención, incluida la atención mediante servicios con prestación vinculada, se podrá excepcionalmente autorizar la existencia de cuidados no profesionales por parte de una persona de su entorno que, aún no teniendo el grado de parentesco señalado en el apartado 1.b) de este artículo, resida en el municipio de la persona dependiente o en uno vecino, y lo haya hecho durante el período previo de un año a la presentación de la solicitud. En estos supuestos, las personas cuidadoras tendrán que reunir todos los requisitos establecidos en el apartado anterior, con excepción del requisito del empadronamiento y la convivencia en el mismo domicilio. La persona cuidadora no familiar no podrá tener la consideración de empleada del hogar en el domicilio de la persona beneficiaria, ni la atención y cuidados podrán desarrollarse en el marco de cualquier otra relación contractual, ya sea laboral o de otra índole.

El entorno a que se refiere el párrafo anterior habrá de tener, además, la consideración de entorno rural para las personas en situación de dependencia con Grado I. Todo ello deberá justificarse en el procedimiento, así como la imposibilidad de otra forma de atención.

(Dada nueva redacción al apartado 2 por el art. 6.9 de la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas)

3. En ningún caso, se podrá ser cuidador no profesional en el entorno familiar de más de dos dependientes.

4. Los cuidadores no profesionales deberán ajustarse a las normas sobre afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social establecidas en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia.

subir

CAPÍTULO IV. LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE ASISTENCIA PERSONAL

ARTÍCULO 32. DEFINICIÓN Y OBJETO

La Prestación Económica de Asistencia Personal es una cuantía económica de periodicidad mensual destinada a contribuir a los gastos derivados de la contratación de un asistente personal durante un número de horas, que posibiliten mayor autonomía en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria a las personas con gran dependencia, a fin de facilitarles el acceso a la educación o al trabajo, así como a una vida mas autónoma y normalizada.

subir

ARTÍCULO 33. CONDICIONES DE ACCESO A LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE ASISTENTE PERSONAL

Además de los requisitos generales que figuran en el art. 4 de este decreto, será preciso para acceder a esta prestación que concurran las siguientes condiciones:

a) Tener reconocido el grado III de dependencia en cualquiera de sus niveles.

b) Que la persona beneficiaria, por si misma o a través de su representante legal, tenga capacidad para determinar los servicios que requiere, para ejercer su control e impartir instrucciones al asistente personal de cómo llevarlos a cabo.

c) Que el Programa Individual de Atención determine la adecuación de esta prestación.

subir

ARTÍCULO 34. REQUISITOS DEL ASISTENTE PERSONAL

El asistente personal, como trabajador que, directamente o a través de una empresa, presta servicios a la persona beneficiaria con la finalidad establecida en los artículos anteriores, deberá reunir los siguientes requisitos:

a) No ser cónyuge, ni persona unida por análoga relación de afectividad o pariente por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco.

b) Ser mayor de 18 años.

c) Residir legalmente en España.

d) Prestar sus servicios mediante contrato con empresa especializada, o directamente, en virtud de contrato laboral o de prestación de servicios con la persona beneficiaria, en el que se incluirán las condiciones y directrices para la prestación del mismo, propuestas por la persona beneficiaria y, en su caso, las cláusulas de confidencialidad que se establezcan.

e) Cumplir con las obligaciones relativas a su afiliación y alta establecidas en materia de Seguridad Social cuando la relación entre la persona beneficiaria y su asistente personal esté basada en un contrato laboral o de prestación de servicios.

f) Reunir las condiciones de idoneidad para prestar los servicios derivados de la asistencia personal establecidas en el Programa Individual de Atención.

g) En el caso de que la persona encargada de la asistencia personal preste sus servicios a través de empresa especializada, ésta habrá de reunir los requisitos adecuados en materia de acreditación de Centros y Servicios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

subir

TÍTULO IV. RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

ARTÍCULO 35. RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES

1. El régimen de compatibilidades de los servicios y de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia será el siguiente:

a) El Servicio de Prevención de las Situaciones de Dependencia será compatible con todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad genérica será compatible con todos los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

b) El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad especializada, prestado en régimen que contemple residencias especializadas o viviendas de estancia limitada o permanente, será incompatible con todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Por otro lado, el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal prestado en régimen que contemple atención diurna será incompatible con todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo con el Servicio de Teleasistencia.

c) El Servicio de Teleasistencia será compatible con todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo con el Servicio de Atención Residencial, con la prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio de esta misma naturaleza y con el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, cuando este se preste en régimen que contemple residencias especializadas o viviendas, de estancia limitada o permanente.

d) El Servicio de Ayuda a Domicilio será incompatible con todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo con el Servicio de Teleasistencia y con el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad genérica.

e) El Servicio de Centro de Día y el Servicio de Centro de Noche serán incompatibles con todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo con el Servicio de Teleasistencia y con el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad genérica.

f) El Servicio de Atención Residencial será incompatible con todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo con el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad genérica, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.8, para las estancias temporales.

No obstante, en el caso de personas dependientes valoradas con el Grado III, que acrediten estar trabajando o realizando estudios oficiales, el Servicio de Atención Residencial podrá ser compatible con el cincuenta por ciento de la Prestación Económica de Asistente Personal, que le corresponda.

g) La Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no Profesionales será incompatible con todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo con los Servicios de Teleasistencia y Atención Temprana.

h) La Prestación Económica de Asistente Personal será incompatible con todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo con el Servicio de Teleasistencia. En el caso de personas dependientes valoradas con el Grado III, que acrediten estar trabajando o realizando estudios oficiales, podrá ser compatible con el cincuenta por ciento de la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no Profesionales que le corresponda.

i) El servicio de atención temprana será compatible con la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no Profesionales.

2. En ningún caso, podrán percibirse simultáneamente y en su totalidad más de dos prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de las definidas en la presente ley o de análoga naturaleza a las mismas.

Las prestaciones cuya compatibilidad no esté expresamente reconocida se entenderá que son incompatibles.

(Dada nueva redacción al artículo 35 por la Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región de Murcia en su Disposición final quinta)

subir

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. EFECTIVIDAD DEL RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD

(Derogada por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia)

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE

A las personas que hayan solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y se les reconozca un Grado III o un Grado II, les será de aplicación la Disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en la redacción vigente en el momento de presentación de la solicitud.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. ENTRADA EN VIGOR

El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia a 3 de diciembre de 2010.—El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel Siso.—El Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana García.

subir


Decreto número 10/2018, de 14 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia en los servicios sociales especializados en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad

BORM número 49 de 28 de febrero de 2018

Consejo de Gobierno

Vigencia: desde el 28 de junio de 2018

Referencias

Afectado por:

Ley 5/2021, de 22 de noviembre, de incremento del importe de las plazas en los conciertos sociales del sector de personas con discapacidad (BORM número 273 de 25 de noviembre de 2021):

Se incrementa el importe de las plazas.

Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región de Murcia, (BORM número 5 de 8 de enero de 2022):

Se modifica el artículo 2 y se añade una nueva Disposición adicional única.

 

Contenido

Índice:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2.- Objeto de los conciertos sociales.
Artículo 3.- Principios básicos del concierto social.
Artículo 4.- Requisitos de las Entidades y medios de acreditación.
Artículo 5.- Prohibiciones para concertar.
Artículo 6.- Proyecto Técnico de Centro y/o Servicio.
Artículo 7.- Procedimiento para la declaración de entidad apta para suscribir conciertos sociales.
Artículo 8.- Criterios de asignación de plazas a concertar.
Artículo 9.- Tramitación previa a la formalización del concierto social.
Artículo 10.- Importe de las plazas y su pago en el ámbito de la Administración Pública Regional.
Artículo 11.- Financiación.
Artículo 12.- Participación de los usuarios en el coste de las plazas objeto de concierto social.
Artículo 13.- Formalización de los conciertos sociales.
Artículo 14.- Órganos competentes para la formalización del concierto social.
Artículo 15.- Obligaciones de la Entidad Concertada.
Artículo 16.- Obligaciones de la Administración Concertante.
Artículo 17.- Duración de los conciertos sociales.
Artículo 18.- Revisión, modificación y extinción de los conciertos sociales.
Artículo 19.- Naturaleza y jurisdicción competente.
Artículo 20.- Incompatibilidad para percibir subvenciones.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Disposición adicional única.

TEXTO COMPLETO

El artículo 148.1.20 de la Constitución Española establece que “Las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en materia de asistencia social”.

En virtud de dicho precepto, la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia en su artículo 10. Uno, apartado 18, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de Asistencia y Bienestar Social. Desarrollo Comunitario. Política Infantil y de la Tercera Edad. Instituciones de Protección y tutela de menores, respetando en todo caso, la legislación civil, penal y penitenciaria. Promoción e integración de los discapacitados, emigrantes y demás grupos sociales necesitados de especial protección incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación”.

Por último, en desarrollo de dichas previsiones, se dictó la Ley 3/2003, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, cuyo Título IV regula la llamada Iniciativa en la Prestación de Servicios Sociales (artículos 25 y 26). Más en concreto, su artículo 25 dispone que “se reconoce el derecho de la iniciativa privada a participar en la prestación de servicios sociales con sujeción al régimen de registro, autorización e inspección establecido en esta Ley y demás legislación que resulte de aplicación”.

La Ley 3/2003 ha sido modificada por la Ley 16/2015, de 9 de noviembre, incluyéndose un nuevo artículo 7 bis que recoge las formas de organización de la gestión de los servicios Sociales. Así, dispone que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán organizar la prestación de los servicios sociales a través de las siguientes fórmulas:

a) Gestión directa,

b) Gestión indirecta en el marco general de la normativa de contratación del sector público,

c) Mediante conciertos sociales con entidades privadas con o sin ánimo de lucro, teniendo preferencia las declaradas de interés asistencial según lo establecido en el artículo 7.

d) Y mediante convenios con entidades de iniciativa social, entendiendo como tales, las fundaciones, asociaciones, cooperativas, organizaciones de voluntariado y demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro que realizan actividades de servicios sociales, siempre que sobre dichas entidades no ostente el dominio efectivo una entidad mercantil que opere con ánimo de lucro”.

De este modo, se reconoce además de la gestión directa e indirecta como formas tradicionales de organización de la gestión de los servicios sociales, el régimen de concertación social y el de convenios. Dicho reconocimiento está en consonancia con el principio de participación recogido en su artículo 5 según el cual, los poderes públicos deberán promover la participación de los usuarios, de las entidades y de los ciudadanos en general en la planificación y gestión de los servicios sociales en los términos recogidos en la citada ley.

Así pues, como principio que ha de regir el sistema de servicios sociales se encuentra el de participación, que ha de ser promovida y garantizada por los poderes públicos a todos los niveles, es decir, participación de los ciudadanos y de las entidades de iniciativa social y tanto en la planificación como en la gestión de los servicios sociales.

Para garantizar esa participación la Ley de Servicios Sociales establece la posibilidad de que se establezca conciertos sociales. Así, su artículo 25 tras reconocer en su apartado 1 el derecho de la iniciativa privada a participar en la prestación de servicios sociales establece en su apartado 2 que “las administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos, convenios u otras fórmulas de cooperación para la prestación de servicios sociales con cualquier entidad prestadora de los mismos recogida en la presente ley, de acuerdo con la planificación general de servicios sociales”.

Por su parte, el artículo 25 bis relativo al Régimen de concertación establece que “las Administraciones Públicas podrán encomendar la prestación de los servicios sociales de su competencia mediante el sistema de concierto social con entidades privadas con los requisitos que se establezcan en la normativa por la que se desarrolle con pleno respecto a los principios de publicidad, transparencia y no discriminación.

Su apartado 2 establece que “a los efectos de esta ley, se entiende por régimen de concertación la prestación de servicios sociales públicos a través de terceros, cuya financiación, acceso y control sean públicos”.

Además se aclara que el régimen de concierto social a que se refiere esta ley es un modo de organización de la gestión de los servicios sociales diferenciado de la modalidad contractual del concierto regulado en la normativa de contratación del sector público.

En definitiva, se está posibilitando que las Administraciones Públicas con competencia en la materia puedan encomendar de manera subsidiaria y complementaria a otras entidades la prestación de los servicios incluidos en el catálogo de servicios sociales mediante un régimen de concertación.

Además cabe decir que de acuerdo con su artículo 22, le corresponde a la consejería responsable en materia de servicios sociales “la gestión de los conciertos de prestación de servicios y la de los centros que correspondan a la Administración Regional”.

Por último, el apartado 4 del artículo 25 bis establece que “por Decreto de Consejo de Gobierno se desarrollará el régimen jurídico aplicable a los conciertos sociales”.

En conclusión, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en virtud de sus competencias exclusivas en materia de servicios sociales, le corresponde la configuración del sistema propio de servicios sociales y por tanto, de las formas de organización de la gestión de los citados servicios. En dicha gestión, de acuerdo con su artículo 7 bis en relación con su artículo 5, se ha de dar participación a las entidades con o sin ánimo de lucro, mediante el sistema de concertación social, teniendo preferencia las declaradas de interés asistencial, siendo necesario establecer su régimen jurídico aplicable. A tal fin y en desarrollo de la Ley 3/2003, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, se aprueba el presente Decreto.

En el procedimiento de elaboración de esta disposición han sido oídos el Consejo Asesor Regional de Personas Mayores, de Personas con Discapacidad y el Consejo Regional de Servicios Sociales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 95/2004, de 24 de septiembre, por el que se crean y regulan los consejos asesores regionales de carácter sectorial de servicios sociales, artículo 3 del Decreto 37/1987, de 28 de mayo, por el que se regula el Consejo Regional de Servicios Sociales y apartados 2 y 3 del artículo 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

Este Decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 32.1 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, artículos 21.1, 22.12 y 52.1 de la citada Ley 6/2004, artículos 7 bis y artículos 25 y siguientes de la Ley 3/2003, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, y consta de 20 artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición final única.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, de acuerdo con el Consejo Jurídico, tras la deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno, en sesión de 14 de febrero de 2018

subir

Dispongo:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente Decreto tiene por objeto desarrollar el régimen jurídico aplicable a los conciertos sociales en el ámbito de los servicios sociales especializados en los sectores de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, en el marco de la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

2. A estos efectos, se entiende por régimen de concertación, referido al concierto social, la prestación de servicios sociales públicos a través de terceros, cuya financiación, acceso y control sean públicos.

3. El régimen de concierto referido al concierto social previsto en este Decreto es un modo de organización de la gestión de servicios sociales diferenciado de la modalidad contractual del concierto regulado en la normativa de contratación del sector público.

4. El presente Decreto se aplicará a los Servicios Sociales especializados en los sectores de Personas Mayores y Personas con Discapacidad que presten la Administración Regional y las entidades locales de la Región de Murcia, así como las entidades privadas, físicas o jurídicas, que colaboren en las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales en el territorio de esta Comunidad Autónoma a través de la figura del concierto social, todo ello sin perjuicio de las competencias reconocidas a las entidades locales de la Región de Murcia en materia de Servicios Sociales.

subir

Artículo 2.- Objeto de los conciertos sociales.

1. Podrán ser objeto de concierto social en el ámbito de los servicios sociales especializados en los sectores de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, la reserva y ocupación de plazas y la prestación de servicios para su uso exclusivo por las personas usuarias de los servicios sociales de responsabilidad pública especializados en Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

2. El acceso a las plazas y servicios será en todo caso autorizado por las administraciones públicas competentes mediante los criterios previstos para ello en su normativa de aplicación.

A los efectos de este artículo, se han de entender incluidos los centros y servicios para las personas usuarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, así como los servicios de atención temprana.

(Artículo modificado por la Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región de Murcia, en su Disposición final cuarta)

subir

Artículo 3.- Principios básicos del concierto social.

1. Las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales especializados en Personas Mayores o en Personas con Discapacidad podrá encomendar la prestación de los servicios sociales de su competencia mediante el sistema de concierto social con pleno respeto a los principios recogidos en la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, así como a los siguientes:

a) publicidad,

b) transparencia y no discriminación,

c) utilización racional y eficiente de los recursos públicos,

d) control de la gestión de los servicios concertados,

e) cooperación,

f) servicio efectivo a la ciudadanía.

2. Las entidades privadas que intervengan en la reserva y ocupación de plazas actuarán con pleno respeto de los principios de igualdad y equidad, de atención personalizada e integral y continuidad de la atención y de calidad de la atención.

3. Asimismo, tanto las Administraciones Públicas como las entidades privadas concertadas deberán garantizar el respeto de los principios inspiradores del Sistema Público de Servicios Sociales recogidos en el artículo 5 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

4. Además, las Administraciones Públicas competentes habrán de tener en cuenta las especificidades y heterogeneidad de la demanda de las personas destinatarias de prestaciones del Catálogo de Servicios Sociales y del Catálogo de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en función de las necesidades específicas de apoyo que presentan, como criterio básico en la aplicación del régimen de concierto social.

subir

Artículo 4.- Requisitos de las Entidades y medios de acreditación.

1. Podrán suscribir conciertos sociales con las Administraciones Públicas de la Región de Murcia competentes en materia de servicios sociales especializados en Personas Mayores o en Personas con Discapacidad, todas las personas físicas o jurídicas de carácter privado, con o sin ánimo de lucro, que lo soliciten, realicen las prestaciones objeto de concierto social y cumplan con los requisitos establecidos en el siguiente párrafo.

2. Para poder suscribir conciertos sociales las entidades solicitantes deberán reunir necesariamente los siguientes requisitos:

a) Haber obtenido la oportuna autorización administrativa o, en su caso, acreditación, para la prestación objeto de concierto social, de acuerdo con la normativa vigente en materia de servicios sociales.

b) Estar inscritas en el correspondiente Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.

Dichos requisitos se comprobarán de oficio por el órgano competente para la formalización del concierto social.

c) Disponer de los medios materiales y profesionales adecuados y suficientes para la prestación objeto de concierto social en las condiciones establecidas en el acuerdo de formalización y de acuerdo con la normativa que sea aplicable.

Para la acreditación de los medios técnicos y profesionales, la entidad solicitante deberá presentar un proyecto técnico del centro y/o servicio con el contenido que se establece en el artículo 6.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Se considerará que se encuentran al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.

e) Cumplir con cualquier otra normativa que, con carácter general o específico, les sea de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por el tipo de plaza objeto de concierto social.

La acreditación de este requisito se realizará mediante la presentación de declaración responsable que recoja ese extremo.

3.- La presentación de la solicitud de concierto social conllevará la autorización del solicitante para que el órgano correspondiente compruebe a través de certificados telemáticos el cumplimiento de los requisitos acreditados por el solicitante mediante declaración responsable. Si el solicitante no otorgare dicha autorización, deberá aportar la correspondiente certificación acreditativa de los requisitos necesarios para poder concertar.

subir

Artículo 5.- Prohibiciones para concertar.

1. No podrán concertar las Entidades que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Haber sido sancionadas en los últimos cuatro años, en virtud de resolución firme, por la comisión de infracciones graves o muy graves de las tipificadas en la normativa sobre servicios sociales.

b) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraudes, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.

La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquéllas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado.

c) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; por infracción muy grave en materia medioambiental, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto.

d) Haberse resuelto un concierto o un contrato de idéntica naturaleza con el mismo titular, por haber incurrido en alguna de las causas de resolución imputable al solicitante establecidas en dicho concierto o contrato.

e) Haber solicitado la declaración de concurso, o haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento o ser declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la legislación en materia concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

f) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

g) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

h) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Se considerará que se encuentran al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.

i) En el caso de Entidades de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

j) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Las prohibiciones recogidas en el párrafo anterior afectarán también a aquellas entidades de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras entidades en las que hubiesen concurrido aquéllas.

3. La acreditación de los requisitos contenidos en este artículo se realizará mediante la presentación de declaración responsable de no encontrarse en ninguna causa de prohibición.

4. Las prohibiciones relativas a las circunstancias contenidas en las letras e), f), g), h) e i) del apartado 1 de este artículo, se apreciarán directamente por la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, subsistiendo las prohibiciones mientras concurran las circunstancias que en cada caso las determinan.

5. Las prohibiciones relativas a las circunstancias contenidas en las letras a), b), c), y j) del apartado 1 de este artículo se apreciarán directamente por la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, cuando la sentencia o la resolución administrativa se hubiera pronunciado expresamente sobre su alcance y duración, subsistiendo durante el plazo señalado en las mismas.

En el caso de que la sentencia o la resolución administrativa no contengan pronunciamiento sobre el alcance o duración de la prohibición, así como en los casos de la letra d) del apartado 1 de este artículo, el alcance y duración de la prohibición deberá determinarse por la Consejería competente en materia de Servicios Sociales mediante procedimiento instruido al efecto, sin que la duración de la prohibición pueda exceder de cinco años desde la fecha de la condena por sentencia firme o de tres años en los casos de sanción impuesta por resolución administrativa firme. No podrá iniciarse este procedimiento una vez transcurrido el plazo previsto para la prescripción de la correspondiente pena o sanción administrativa, o si hubiesen transcurrido más de tres meses desde la resolución del concierto o contrato.

subir

Artículo 6.- Proyecto Técnico de Centro y/o Servicio.

1.- El Proyecto Técnico al que se refiere el artículo 4.2 c) tendrá como mínimo, el siguiente contenido:

a) Descripción de las distintas dependencias de que consta el Centro en las que se vaya a realizar las prestaciones y desarrollar las actividades complementarias que se concierten.

Además, deberán acreditar la titularidad del centro o su disponibilidad por cualquier título jurídico válido, incluido el arrendamiento o cesión, por un período no inferior a la vigencia del concierto social. Este extremo deberá acreditarse antes de la formalización del acuerdo de concierto social.

b) Tipología y número total de plazas con que cuenta el Centro.

c) Descripción de medios materiales y el equipamiento que disponen para la prestación objeto de concierto social.

d) Organigrama del Centro con descripción de las funciones y plantilla de personal con que cuenta, con indicación de los títulos académicos y documentos acreditativos de la experiencia profesional previa, contratos de trabajo y tiempo de antigüedad en la entidad. Una vez formalizado el acuerdo deberá aportase copia de los contratos de trabajo de los profesionales.

e) Descripción de los distintos servicios que la plaza objeto de concierto social conlleva, tanto esenciales como complementarios

f) Programas de intervención correspondientes.

g) Reglamento Interno de Centro.

h) Cualquier otro extremo que sea necesario acreditar para la adecuada prestación objeto de concierto social.

2.- No obstante, si la documentación recogida en el apartado anterior ya obrase en poder de las Administraciones Públicas o hubiese sido elaborada por ellas, la entidad interesada no habrá de aportarlos de acuerdo con el artículo 53.1.d) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo.

subir

Artículo 7.- Procedimiento para la declaración de entidad apta para suscribir conciertos sociales.

1. Las entidades interesadas en la concertación de plazas en las condiciones establecidas por el presente Decreto, podrán presentar, en cualquier momento, la oportuna solicitud ante la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, con indicación de la tipología y número total de plazas con que cuenta el Centro.

Las solicitudes deberán presentarse de acuerdo con lo previsto en las leyes reguladoras del Procedimiento Administrativo Común y del Régimen Jurídico del Sector Público. La presentación de las solicitudes y del resto de documentación del procedimiento de forma telemática, se podrá realizar a través de un formulario electrónico específico que estará disponible en la Sede electrónica de la Administración regional.

2 Una vez instruido el correspondiente expediente, y acreditado el cumplimiento de los requisitos, se dictará Orden de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, por la que se declarará la condición de entidades aptas para la concertación social.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de tres meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin dictarse y notificarse resolución alguna el interesado podrá entender estimada su solicitud por silencio administrativo.

4. La Orden declarando o no la aptitud para suscribir conciertos sociales pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

5. La declaración de entidad apta para el concierto social, quedará inscritas como anotación en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, dependiente de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales.

subir

Artículo 8.- Criterios de asignación de plazas a concertar.

1. Para la asignación de las plazas que serán objeto de concierto social por parte de las Administraciones Publicas de la Región de Murcia competentes en esta materia se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) En primer lugar, en función de la demanda existente por la libre elección de las personas solicitantes de un centro o servicio específico.

b) Cuando la demanda existente no corresponda a un servicio o centro específico, se asignarán las plazas al centro o servicio del municipio en donde las personas demandantes tengan su domicilio. En el caso de que existan dos o más centros o servicios dentro del mismo municipio, se asignarán las plazas al centro o servicio que tenga la mayor puntuación entre los del municipio conforme al baremo recogido en el anexo a este Decreto.

c) En el caso de que no existiera ningún centro o servicio dentro del municipio de la solicitud, la asignación se extendería a los centros o servicios de otros municipios dentro de la misma Área de Salud, según el criterio de proximidad geográfica. El Área de Salud, a los efectos de este precepto, será la delimitada por el Mapa Sanitario de la Región de Murcia aprobado por Orden de la Consejería competente en materia de Sanidad. En el caso de que hubiera más de un centro o servicio dentro de la misma Área de Salud, se asignarán las plazas al centro o servicio que tenga la mayor puntuación entre los del Área de Salud conforme al baremo recogido en el anexo a este Decreto.

d) En el caso de no existir ningún centro o servicio con plazas disponibles que cumpla con los criterios establecidos en los apartados precedentes, se asignarán las plazas al centro o servicio que tenga la mayor puntuación a nivel regional conforme al baremo recogido en el anexo a este Decreto.

e) Por último, en igualdad de condiciones, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7, 7.bis y 25.3 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, se atenderá a los criterios de preferencia recogidos en el Anexo del presente Decreto, sin perjuicio de la aplicación de cualquier otro criterio que se establezca en la normativa de Servicios Sociales.

2. Dentro de los dos primeros meses de cada año, la Consejería competente en materia de servicios Sociales hará pública la oferta de plazas a concertar durante el mismo. Dicha oferta se realizará por municipio en función de la demanda existente y será objeto de publicación en el Portal de la Transparencia. No obstante, dicha Consejería podrá realizar una oferta adicional a la anterior en el caso de que surgieran nuevas necesidades.

3. Con independencia de los criterios establecidos por el apartado primero de este artículo, y en virtud de los principios de arraigo de la persona en el entorno de atención social y de continuidad en la atención y calidad, se podrán suscribir directamente conciertos sociales con todas aquellas entidades que fueran titulares de plazas concertadas o conveniadas del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto se encuentren ocupadas por personas usuarias de dicho sistema. Para ello, estas entidades habrán de ajustarse a los requisitos exigidos en la normativa reguladora del concierto social y haber sido calificadas previamente como entidades aptas para la concertación social.

En el concierto social suscrito al amparo de lo recogido en el párrafo anterior se incluirán el número de plazas ocupadas a la fecha de formalización del mismo, sin perjuicio de las plazas que se incrementen conforme a los criterios de asignación de recursos recogidos en el apartado primero de este artículo, o con la modificación a la que se sometan los conciertos sociales, de conformidad con lo dispuesto por el presente Decreto o demás normativa reguladora del concierto social.

subir

Artículo 9.- Tramitación previa a la formalización del concierto social.

1. A la vista de las solicitudes formuladas por las personas demandantes de los servicios sociales especializados en Personas Mayores o en Personas con Discapacidad, el órgano competente, de la Administración Pública correspondiente, para la formalización del concierto social solicitará de oficio informe a la unidad administrativa competente en materia de inscripciones registrales de Entidades, Centros y Servicios Sociales relativo a las entidades que hayan sido declaradas aptas para suscribir conciertos sociales.

2. Teniendo en cuenta el informe al que se refiere el párrafo anterior, el órgano competente iniciará de oficio el procedimiento para asignar las plazas conforme a los criterios establecidos en el artículo 8. En el caso de que para la asignación de plazas deban aplicarse los criterios del baremo recogido en el anexo a este Decreto, el órgano competente podrá requerir a las entidades a las que pudieran asignarse las plazas para que, en el plazo de 10 días hábiles, aporten la documentación que acredite los criterios que no puedan ser determinados de oficio por el órgano competente.

3. Una vez dictada la resolución en virtud de la cual se selecciona a la entidad con la que se suscribirá concierto social y se asignan las plazas que serán objeto de concierto social, se requerirá a dicha entidad para que presente la documentación exigida por el presente Decreto y su normativa de desarrollo con carácter previo a la suscripción del concierto social. No será necesario que la entidad presente aquellos datos y documentos que puedan ser obtenidos por la Administración a través de los servicios de interoperabilidad disponibles y para los cuales haya sido expresamente autorizada.

4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de tres meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido dicho plazo sin dictarse y notificarse resolución alguna, la entidad podrá entender desestimada su pretensión por silencio administrativo.

subir

Artículo 10.- Importe de las plazas y su pago en el ámbito de la Administración Pública Regional.

1. El importe a pagar por plaza ocupada en la Administración de la Región de Murcia se determinará por Orden de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales en el caso de centros competencia de la misma, o por Resolución de su Director en el caso de organismos públicos adscritos con competencias en la materia.

2. En el caso de reserva de plaza se abonará un porcentaje sobre el importe de las plazas ocupadas que también se fijará en la Orden o Resolución, a que se refiere el apartado anterior para cada tipo de centro o servicio.

3.- El pago se hará a mensualidad vencida por el órgano competente, previa presentación del correspondiente documento justificativo por la Entidad concertada, a la que se acompañará la relación de los usuarios y, en su caso, de la cuantía de la participación económica fijada por la Administración para cada usuario, teniendo en cuenta para la determinación y gestión de dicha participación la normativa vigente en materia de precios públicos.

subir

Artículo 11.- Financiación.

La financiación de las plazas objeto de concierto social se hará con cargo a los presupuestos generales de las Administraciones Públicas competentes.

subir

Artículo 12.- Participación de los usuarios en el coste de las plazas objeto de concierto social.

1. Será de aplicación en todo caso la normativa sobre precios públicos en los supuestos que, de acuerdo con la misma, esté prevista la participación de las personas usuarias en el coste de las plazas objeto de concierto social. Para el cálculo de dicho precio público se estará lo dispuesto por la citada normativa sobre precios públicos.

2. Las entidades concertadas no podrán cobrar a las personas usuarias cantidad alguna distinta al precio público determinado y comunicado por la Administración para cada persona usuaria, por las prestaciones propias del sistema de servicios sociales o en su caso, del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

subir

Artículo 13.- Formalización de los conciertos sociales.

1. La formalización de los conciertos sociales se efectuará mediante un documento administrativo, denominado acuerdo de concierto social, cuyo modelo será aprobado por el órgano competente para la formalización del concierto social. La formalización se hará en el plazo máximo un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de la Orden o Resolución por la que se asigna el concierto social a la Entidad.

2. Dicho documento deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos de acuerdo con la normativa reguladora de cada tipo de centro:

1) Los servicios, recursos o prestaciones que conllevan las plazas objeto de concierto social con especificación en todo caso del número de plazas a concertar.

2) Los derechos y obligaciones de la Entidad concertada y en especial, las condiciones de prestación objeto de concierto social, debiendo tener, en todo caso, suscrita póliza de responsabilidad civil con entidad aseguradora que garantice la obligación de indemnizar a las personas usuarias, por los daños que se les pueda causar como consecuencia del desarrollo del concierto social y las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica de Protección de Datos, durante toda la vigencia del concierto social.

3) La duración, causas de modificación, revisión y extinción de los conciertos sociales.

4) El régimen de participación, en su caso, en el coste de las plazas por los usuarios, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación a cada servicio o centro.

5) El importe a pagar por la Administración a la Entidad concertada por plaza y su forma de pago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 en el ámbito de la Administración Pública Regional.

6) Naturaleza del acuerdo y jurisdicción competente en caso de conflicto o controversia.

7) Dotación de medios materiales y el equipamiento necesarios para la prestación del objeto de concierto social. El acuerdo de formalización podrá mejorar las condiciones mínimas exigidas para cada tipo de centro por la normativa aplicable siempre que se justifique técnicamente que es necesario para la adecuada prestación del objeto del concierto social, revisándose entonces al alza el precio de la plaza concertada.

8) Los requisitos profesionales de las personas que han de prestar el objeto del concierto social. El acuerdo de formalización podrá mejorar las condiciones mínimas exigidas, en su caso, para cada tipo de centro por la normativa aplicable siempre que se justifique técnicamente que es necesario para la adecuada prestación objeto de concierto social, revisándose entonces al alza el precio de la plaza concertada.

9) Descripción pormenorizada de los distintos servicios que la plaza objeto de concierto social conlleva, tanto esenciales como complementarios.

10) Los medios de seguimiento del concierto social.

11) Explicación del coste y financiación de la plaza objeto de concierto social, de forma general e individualizada por plaza. Las variaciones serán comunicadas por la entidad concertante en la memoria anual de seguimiento del concierto social.

12) Protocolos y registros necesarios.

13) Requisitos, límites y servicios susceptibles de ser contratados, arrendados o cedidos en ejecución por la entidad concertante.

14) El sistema de acceso de las personas usuarias, de conformidad con la normativa que, en cada caso, lo regule.

15) -Cualquier otro extremo que se considere necesario para la adecuada prestación objeto de concierto social.

3. Se podrá suscribir un único concierto social cuando se proceda a la reserva y ocupación de plazas en varios centros cuya titularidad corresponda a la misma entidad y, a juicio de la Administración concertante, con ello se obtenga una mayor simplificación y eficiencia en la gestión. En estos casos el acuerdo de formalización deberá recoger los distintos contenidos que, de acuerdo con lo dispuesto por el presente artículo, sean necesarios conforme a la tipología de centros incluidos en dicho acuerdo de formalización, distinguiendo dentro de dicho acuerdo de formalización secciones por colectivos o tipos de centro las cuales serán unidades independientes a efectos de modificación, extinción y revisión.

4. La relación de conciertos sociales con indicación de las partes firmantes del acuerdo de concierto social, el objeto y plazo de duración, sus posibles modificaciones y renovaciones y las obligaciones de ambas partes, con especial referencia a las obligaciones económicas será objeto de publicación en el Portal de la Transparencia. Dicha publicación se actualizará trimestralmente.

subir

Artículo 14.- Órganos competentes para la formalización del concierto social.

1. Corresponde a cada Administración Pública con competencias en materia de servicios sociales determinar el órgano a quien le corresponde la formalización del acuerdo de concierto social.

2. En el caso de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia le corresponderá al titular de la Consejería con competencias en materia de Servicios Sociales la formalización del acuerdo de concierto social, si son prestaciones correspondientes a ésta. En el caso, de Organismos autónomos vinculados a la Administración con competencias en materia de servicios sociales, le corresponderá la formalización a su Director.

subir

Artículo 15.- Obligaciones de la Entidad Concertada.

1. La entidad concertada estará obligada a proveer las plazas, en los términos estipulados en el acuerdo de concierto social, a que se refiere el artículo 13.

2. En particular, la entidad concertada deberá cumplir las siguientes obligaciones:

a) Proporcionar a las personas usuarias una atención adecuada, integral, personalizada y continuada, adaptada a sus necesidades específicas de apoyo.

b) Garantizar el acceso a los usuarios de todos los servicios en condiciones de igualad.

c) Prestar los servicios de acuerdo con los estándares de calidad asistencial exigibles al tipo de plaza que se trate.

d) Garantizar y proteger, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente su honor e intimidad personal y familiar, cumpliendo con el deber de confidencialidad y reserva de los datos personales, familiares o sociales a los que tiene acceso.

e) Promover la participación de las personas destinatarias de los servicios sociales en el servicio o centro, así como, en su caso, la participación de sus familiares.

f) Comunicar a la administración cualquier cambio o variación en las prestaciones y, en especial, cualquier cambio de titularidad de los centros o cualquier modificación en la composición y/o categoría profesional de la plantilla.

g) Colaborar con la administración concertante y facilitarle, en todo momento, las tareas de inspección o de otro tipo de control y, en particular, facilitarle toda la información económica, fiscal, laboral, técnica y asistencial y de cualquier otra índole que le sea solicitada y que resulte necesaria para valorar la ejecución del concierto social, con sujeción a la legislación en materia de protección de datos y a la restante normativa aplicable.

h) Someterse a las actuaciones de control financiero que corresponda a los órganos competentes de la Administración en relación con los fondos públicos aportados para la financiación de los conciertos social.

i) Comunicar a la administración concertante cualquier subvención, donación o aportación privada, cuyo objeto sea la financiación de las mejoras de mantenimiento del centro y de las actuaciones contempladas en el concierto social, o de las variaciones producidas en el concierto social cada año, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 bis, apartado 11 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales.

j) Cumplir en su caso, con la normativa reguladora de los requisitos materiales, funcionales y personales aplicables según la tipología de la plaza.

k) Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres en condiciones adecuadas de funcionamiento, limpieza e higiene.

l) Poner a disposición de las personas usuarias un sistema de quejas y reclamaciones, que deberá mantenerse a disposición de la administración concertante para que la misma conozca su contenido, su tramitación y la respuesta aportada por la entidad concertada a cualquier queja o reclamación presentada.

m) Dar a conocer a las personas usuarias y a la administración concertante el cobro de cualquier otra cantidad por servicios complementarios no incluidos en el precio público.

n) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de la prestación objeto de concierto social, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Para lo cual, ha de tener suscrito la correspondiente póliza de responsabilidad civil con entidad aseguradora.

o) Cumplir con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad establecida por el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

p) Comunicar anualmente a la Administración Pública con la que haya suscrito el concierto social las retribuciones dinerarias o en especie asignadas a los puestos de trabajo vinculados a la prestación objeto de concierto social. Esta comunicación se realizará a través de la memoria anual de seguimiento del concierto social.

q) En los casos de entidades que puedan tener contacto habitual con menores, presentar declaración responsable mediante la que acredita que el personal que desarrolla la actividad objeto de concierto social cumple el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Asimismo, deberá disponer de la documentación que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo comprobar su cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que dicho personal mantenga relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser actualizada o completada con los cambios de personal que se produzcan durante la vigencia del concierto social, procediendo a la inmediata sustitución del personal afectado de manera sobrevenida por el incumplimiento de esta obligación.

r) Cumplir con las obligaciones derivadas de la ley 7/2007 de 4 de abril para la igualdad entre hombres y mujeres y de la protección contra la violencia de género de la Región de Murcia, o derivadas de cualquier otra normativa que le sea de aplicación en materia de igualdad.

s) Cumplir con las obligaciones derivadas de cualquier otra normativa que, con carácter general o específico les sea de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por el tipo de plaza objeto de concierto social.

subir

Artículo 16.- Obligaciones de la Administración Concertante.

La Administración concertante una vez formalizado el acuerdo de concierto social, se obliga a lo siguiente:

a) A abonar a la entidad concertada, en el plazo máximo de 60 días, el importe de la plaza objeto de concierto social.

b) A respetar el compromiso de ocupación efectiva de plazas.

c) A comunicar de manera fehaciente a la entidad concertada cualquier circunstancia que afecte de manera relevante al concierto social suscrito y pudiera suponer su modificación, renovación o resolución, debiendo hacerlo con un plazo mínimo de 2 meses de antelación a la fecha en que se haga efectiva la circunstancia de la que se trate.

subir

Artículo 17.- Duración de los conciertos sociales.

1. La duración inicial de los conciertos sociales será la establecida en cada acuerdo, con el límite máximo de 6 años.

2. Los conciertos sociales podrán ser renovados por un periodo máximo de 4 años por acuerdo expreso de las partes 6 meses antes de su vencimiento. No obstante, siempre que las circunstancias lo permitan y sea posible, la Administración Pública competente intentará concertar prórrogas por el máximo tiempo establecido en la Ley del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, de modo que se respete el principio de continuidad en la atención y la calidad.

subir

Artículo 18.- Revisión, modificación y extinción de los conciertos sociales.

1.- Los conciertos sociales podrán ser objeto revisión y en su caso, de modificación en los términos que se establezca en el correspondiente acuerdo de formalización, cuando varíen las circunstancias iniciales de su suscripción, con el fin de adecuar las condiciones económicas y las prestaciones asistenciales a las nuevas necesidades, mediante el correspondiente documento administrativo, que se unirá al acuerdo de formalización

2. Son causas de extinción de los conciertos sociales las que se establezca en el correspondiente acuerdo de formalización y en concreto:

a) El vencimiento del plazo máximo de duración del concierto social.

b) El acuerdo mutuo entre la Administración Pública y la Entidad concertada.

c) El incumplimiento de las obligaciones determinadas como esenciales en el acuerdo de formalización, previo requerimiento a la entidad para exigir su cumplimiento, así como audiencia a la misma. Con carácter previo a la extinción del concierto social por esta causa, se recabará informe preceptivo de la Inspección de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En caso de incumplimiento parcial de las cláusulas del concierto social que no dé lugar a la resolución del concierto social, la Administración podrá adoptar medidas de ajuste de las aportaciones económicas a las prestaciones efectivamente realizadas.

d) La revocación de la correspondiente acreditación administrativa del centro objeto de concierto social.

e) La muerte de la persona física o la extinción de la persona jurídica a la que le corresponde la titularidad del centro, salvo que sea subrogada por otra persona que cumpla los requisitos para suscribir el concierto social y que asuma las obligaciones derivadas del mismo, previa autorización del órgano competente para la formalización del concierto social.

3. Extinguido el concierto social por alguna de las causas aquí contempladas deberá garantizarse a los usuarios por parte de la Administración la continuidad en la prestación objeto de concierto social. Para ello, la Administración podrá incluso, obligar a la entidad concertada, en los casos en que sea posible, a seguir prestando el objeto de concierto social, en las mismas condiciones que se venía prestando, hasta que pueda ser asumido por otra entidad concertada.

subir

Artículo 19.- Naturaleza y jurisdicción competente.

Corresponde a la Consejería competente en materia de Política Social, la resolución de cuantas cuestiones litigiosas surjan sobre la interpretación, modificación y efectos de los conciertos sociales, poniendo sus acuerdos fin a la vía administrativa. La jurisdicción contencioso administrativa será la competente para su posterior conocimiento en vía judicial.

subir

Artículo 20.- Incompatibilidad para percibir subvenciones.

Las entidades que hayan concertado la provisión de determinadas prestaciones a través del sistema regulado en esta Decreto, no podrán percibir subvenciones provenientes de cualquier Administración Pública destinadas a la misma finalidad o actividad objeto de concierto social o que tengan como fin financiar actividades que constituyan contenido básico de las prestaciones del concierto social suscrito.

subir

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Disposición adicional única.

A los efectos de aplicación de la presente ley, las referencias a "plazas" deben entenderse referidas a "plazas y servicios"

(Disposición añadida por la Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región de Murcia, en su Disposición final cuarta)

Dado en Murcia, a 14 de febrero de 2018.—El Presidente, por suplencia, el Consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera Barrachina.—La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás Olivares.

subir


Decreto n.º 126/2010, de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de las prestaciones económicas y servicios del sistema de autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (MODIFICADO)

BORM nº 131 de 10 de junio de 2010

Consejo de Gobierno

Vigencia: desde 30 de junio de 2010

Referencias

Deroga a:

Decreto nº 45/1996, de 9 de junio, por el que se crean los precios publicos aplicables al ámbito de los centros cuya cobertura social corresponde al Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia, (BORM nº 149 de 28 de junio de 1996), a excepción de la Disposición transitoria única:

"Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa

Queda derogado el Decreto número 45/1996, de 19 de junio, por el que se crean los precios públicos aplicables al ámbito de los centros cuya cobertura social corresponde al Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia, que solo será de aplicación a los efectos previstos en la Disposición transitoria única".

Modificado por:

Decreto-Ley nº 3/2016, de 1 de junio, por el que se modifica el régimen de participación económica de las personas beneficiarias de determinadas prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, (BORM nº 128 de 3 de junio de 2016):

Suprime el apartado 4 del artículo 9, renumerándose el apartado 5 que pasa a ser el nuevo apartado 4.
Añade el apartado 6 del art. 10.

Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, (BORM nº 158 de 10 de julio de 2013):

Da nueva redacción a los art. 4, 5, 7, 11, 12, 14,15, 16 y 18.
Añade los art. 4.4, 8.2, 9.5, 9.4, 10.3.c, 10.4, 10.5 y 14.3.c y 10.4.
Renumera como apa.1 art.8.UN y 8.1.
Deroga art.19.2 y 11.3

Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional, (BORM nº 301 de 31 de diciembre de 2012):

Da nueva redacción art.13.4 y 11.2.b.

Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia, (BORM nº 150 de 30 de junio de 2012):

Da nueva redacción a los art. 10, 11, 12, 13, 15, 16 , 19 y Disp. Adicional Primera.
Deroga el apartado 4 del art.10, la Disp. Adicional Segunda y la Disp. Transitoria Única.

Corrección de error en el Decreto n.º 126/2010, de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de las prestaciones económicas y servicios del sistema de autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, publicado con el número 10363, (BORM nº 149 de 1 de julio de 2010):

Modifica la fórmula matemática que aparece en el art. 15. 

Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región de Murcia, (BORM número 5 de 8 de enero de 2022):

Se modifica la letra c) del artículo 14.3.

Contenido

Índice:

CAPÍTULO PRIMERO.OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1.Objeto
Artículo 2.Ámbito de aplicación
CAPÍTULO II.CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS BENEFICIARIOS
Artículo 3.Capacidad económica
Artículo 4.Renta
Artículo 5.Patrimonio
Artículo 6.Periodo computable
Artículo 7.Determinación de la capacidad económica
Artículo 8.Comprobación de la capacidad económica
CAPÍTULO III.PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN EL COSTE DE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Artículo 9.Participación económica de los beneficiarios
Artículo 10.Participación económica de los beneficiarios en el Servicio de Atención Residencial
Artículo 11.Participación económica de los beneficiarios en el Servicio de Centro de día y de Centro de noche
Artículo 12.Participación económica de los beneficiarios en el Servicio de Ayuda a Domicilio
Artículo 13.Participación económica de los beneficiarios en el Servicio de Teleasistencia
Artículo 14.Participación económica del beneficiario en el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal
Artículo 15.Participación de los beneficiarios en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales
Artículo 16.Participación de los beneficiarios en la prestación económica vinculada al servicio
Artículo 17.Participación económica del beneficiario en la Prestación de asistencia personal
Artículo 18.Revisión de las cuantías de participación económica de los beneficiarios
Artículo 19.Deducciones por prestaciones de análoga naturaleza y finalidad
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional Primera
Disposición Adicional Segunda.Excepción al régimen de participación establecido en el presente decreto
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Disposición Transitoria Única.Participación en el coste de los servicios de las personas en situación de dependencia atendidas en centros públicos o concertados
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición Derogatoria Única.Derogación normativa
DISPOSICIÓN FINAL
Disposición Final Única.Entrada en vigor

TEXTO ACTUALIZADO

El art. 148.1.20 de la Constitución Española establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de asistencia social, entre otras. En coherencia con dicho precepto constitucional, el art. 10.Uno.18 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, califica dichas competencias como exclusivas.

No obstante, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, amparándose en el art. 149.1.1 de la Constitución, ha creado un sistema nacional de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, con el fin de garantizar el principio de igualdad y solidaridad interterritorial entre todas las personas dependientes con residencia en España, cuando reúnan los requisitos que establece la Ley.

El art. 33 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, determina que los beneficiarios de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante, SAAD) participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica.

Por su parte, el art. 8.2.d. del mismo texto legal establece que le corresponde al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, adoptar los criterios de participación del beneficiario en el coste de los servicios, y en cuanto a la determinación de la capacidad económica, el art. 14.7 indica que se determinará, en la forma que reglamentariamente se establezca, a propuesta del citado Consejo Territorial, en atención a la renta y el patrimonio de la persona solicitante.

En cumplimiento de dichas previsiones legales, con fecha 17 de diciembre de 2008, se publicó en el BOE, el Acuerdo adoptado por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su reunión de 27 de noviembre de 2008, sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones del SAAD, a cuyo contenido se ajusta el presente decreto.

Por el contrario, no se ha publicado norma reglamentaria alguna por parte de la Administración del Estado, que dé cumplimiento al art. 8.2.d de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en relación con el art. 14.7 de dicho texto legal, por lo que se hace preciso establecer las disposiciones reglamentarias que serán de aplicación en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a los efectos de determinar la participación económica de los beneficiarios en el coste de los servicios y prestaciones del SAAD.

No obstante, no les será de aplicación el régimen de participación establecido en este decreto a aquellas personas que tuviera reconocido grado protegible o al menos, lo hubieran solicitado a la entrada en vigor del presente decreto, y les corresponda conforme a su Programa Individual de Atención (en adelante, PIA), previsto en el art. 29 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, la prestación económica de asistencia personal, o la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio.

Además, las personas que, a la entrada en vigor del presente decreto, estuvieran siendo atendidas en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, en plazas públicas de centros de titularidad pública o privada, o fueran perceptoras de alguna prestación económica vinculada a tales servicios, mantendrán el régimen de participación que les fuera de aplicación en esa fecha, salvo que esta regulación les sea más favorable. Asimismo, será de aplicación lo previsto en el párrafo anterior, a aquellas personas, que tuviera reconocido grado protegible o al menos, lo hubieran solicitado a la entrada en vigor del presente decreto y les corresponda conforme a su PIA, cualquiera de los servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, o de las prestaciones económicas vinculadas a tales servicios.

Tras la reorganización de la Administración Regional llevada a cabo por Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia número 26/2008, de 25 de septiembre y de conformidad con el Decreto nº 284/2009, de 11 de septiembre, por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, corresponde a ésta, las competencias en materia de reconocimiento del derecho a las prestaciones contempladas en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, su seguimiento y control, así como la formación en materia de dependencia.

En el procedimiento de elaboración de esta disposición han sido oídos los Consejos Asesores Regionales de Personas con Discapacidad, de Personas Mayores y de Infancia y Familia, el Consejo Regional de Servicios Sociales, así como el Consejo de Cooperación Local, se han tenido en cuenta el Dictamen del Consejo Económico y Social y el Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del art. 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

Este Decreto se dicta al amparo de lo establecido en el art. 10.Uno.18 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en relación con lo dispuesto en los arts. 22.12 y 52.1 de de la citada Ley 6/2004.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, tras la deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno, en sesión de fecha 28 de mayo de 2010.

subir

Dispongo:

CAPÍTULO PRIMERO. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1. OBJETO

El presente decreto tiene por objeto establecer, a los efectos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, los criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios de las prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y su participación económica en las citadas prestaciones.

subir

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de este decreto se extiende a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

subir

CAPÍTULO II. CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS BENEFICIARIOS

ARTÍCULO 3. CAPACIDAD ECONÓMICA

De acuerdo con lo establecido en el art. 14.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la capacidad económica personal a los efectos del Sistema de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) se calculará valorando la renta y el patrimonio del interesado.

subir

ARTÍCULO 4. RENTA

1. A efectos de lo previsto en el presente decreto, se considera renta la totalidad de los ingresos de los beneficiarios, cualquiera que sea su fuente de procedencia, derivados, directa o indirectamente, del trabajo personal, de elementos patrimoniales, bienes o derechos, del ejercicio de actividades económicas, o que se obtengan como consecuencia de una alteración en la composición del patrimonio del interesado, así como cualquiera otros sustitutivos de los citados, atendiendo a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, o en su caso, a las normas fiscales que pudieran ser de aplicación.

2. Para el cálculo de la renta personal serán de aplicación las siguientes reglas:

a) Cuando el beneficiario tuviera a su cargo cónyuge o pareja de hecho, ascendientes mayores de 65 años, descendientes o personas vinculadas a la persona beneficiaria por razón de tutela y/o acogimiento de menores de 25 años o mayores de tal edad en situación de dependencia o con discapacidad, siempre que convivieran con la persona beneficiaria y dependan económicamente del mismo, su capacidad económica se determinará dividiendo su renta entre el número de personas consideradas además del beneficiario.

b) Se entenderá como renta personal, en los casos de persona beneficiaria con cónyuge en régimen de gananciales o de participación de bienes, o cuando se presente declaración conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la mitad de la suma de los ingresos de ambos miembros de la pareja.

(Dada nueva redacción al apartado 2 por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, en su art. 7.1)

3. En los ingresos del beneficiario, no se tendrán en consideración, como renta, la cuantía de las prestaciones de análoga naturaleza y finalidad recogidas en el art. 19.

4. No tendrá la consideración de renta la ayuda económica establecida en el art. 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y aquellas ayudas de igual contenido que se hayan podido establecer por las comunidades autónomas.

(Apartado 4 añadido por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, en su art. 7.1)

subir

ARTÍCULO 5. PATRIMONIO

1. A los efectos de lo previsto en el presente decreto, se considera patrimonio del beneficiario el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que debe responder, de conformidad con las normas fiscales que, en su caso, pudieran resultar de aplicación.

Tendrán la consideración de capital mobiliario, los depósitos en cuenta corriente y a plazo, fondos de inversión y fondos de pensiones, valores mobiliarios, seguros de vida y rentas temporales o vitalicias y de capital inmobiliario los bienes de naturaleza rústica y urbana.

2. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación de Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas, el seguro de dependencia y por la que se establece determinadas normas tributarias, se computarán las disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud, ya fueran a título oneroso o gratuito, a favor de los cónyuges, personas con análoga relación de afectividad al cónyuge o parientes hasta el cuarto grado inclusive, con arreglo a las siguientes normas:

a) En las disposiciones de bienes, constitución de derechos reales sobre los mismos, o renuncia a derechos, se computará como capacidad económica del solicitante el valor de dichos bienes o derechos a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, deduciéndose del mismo, en el caso de que se hubiera tratado de disposición a título oneroso, la contraprestación recibida, siempre y cuando exista constancia de su efectiva recepción.

b) Cuando se trate de la renuncia a rentas, pensiones, y en general, todo rendimiento periódico, si ésta hubiera sido realizada de forma gratuita, se computará las mismas como si siguieran percibiéndose. Si la renuncia hubiera sido onerosa, se computará como capacidad económica del solicitante la diferencia entre el valor capitalizado de la renta renunciada y la contraprestación recibida, valorada conforme a lo establecido en el Impuesto sobre el Patrimonio, siempre y cuando exista constancia de su efectiva recepción.

c) Cuando la disposición haya sido realizada a través del aumento de deudas u obligaciones, si éstas hubieran sido contraídas a título gratuito, no se computarán para disminuir la capacidad económica del solicitante. Si hubieran sido contraídas a título oneroso, sólo disminuirán la capacidad económica del solicitante hasta el valor, a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, otorgado a los bienes o derechos recibidos a cambio.

Estas normas no afectaran al cómputo del patrimonio del solicitante, respecto de aquellos bienes o derechos obtenidos como consecuencia de las disposiciones anteriores, que se encuentren en su patrimonio en el momento de la solicitud de prestación. La valoración de estos bienes o derechos se realizará conforme a su naturaleza, de manera análoga al resto de su patrimonio.

3. Se consideran exentos de cómputo, la vivienda habitual y los bienes y derechos calificados como tales en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

Únicamente se computará la vivienda habitual en el supuesto de que la persona beneficiaria reciba el servicio de atención residencial o la prestación económica vinculada a tal servicio y no tenga personas a su cargo que continúen residiendo en dicha vivienda. En este caso, el valor a computar será el valor catastral de la vivienda o, en su defecto, el valor escriturado, aplicada la exención que por vivienda habitual establezca, en su caso, la normativa del Impuesto sobre el Patrimonio.

(Dada nueva redacción al apartado 3 por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, en su art. 7.2)

4. En los supuestos de cotitularidad, solo se tendrá en cuenta, a efectos de lo dispuesto en este artículo, el porcentaje correspondiente a la propiedad del beneficiario.

5. En la determinación del patrimonio, no se computarán los bienes y derechos aportados a un patrimonio especialmente protegido, en los términos de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, del que sea titular el beneficiario, mientras persista tal afección. No obstante, sí se computarán, las rentas derivadas de dicho patrimonio que no se integren en el mismo.

subir

ARTÍCULO 6. PERIODO COMPUTABLE

El período a computar en la determinación de las rentas y del patrimonio será el correspondiente al año de la última declaración fiscal disponible o pensión conocida a la fecha del hecho causante. No obstante, si durante la tramitación del expediente, se dispusiera de la información tributaria correspondiente al ejercicio económico siguiente, se computarán los ingresos y patrimonio de dicho ejercicio.

subir

ARTÍCULO 7. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA

La capacidad económica personal del beneficiario será la correspondiente a su renta, incrementada en un 5 por ciento de su patrimonio neto a partir de los 65 años de edad, en un 3 por ciento de los 35 a los 65 años y en un 1 por ciento a los menores de 35 años.

A estos efectos, se considera patrimonio exento hasta un máximo de 20.000 euros.

(Art. 7 modificado por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, en su art. 7.3)

subir

ARTÍCULO 8. COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA

1. El interesado o su representante podrán prestar su consentimiento a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que, a través del organismo que corresponda, recabe de cualquier Administración Pública la información que sea necesaria para determinar y verificar la capacidad económica regulada en los artículos anteriores.

2. La falsificación u ocultación de datos sobre la capacidad económica podrá dar lugar a la suspensión o extinción de la prestación, además de las responsabilidades de cualquier otro tipo en que pudiera incurrir la persona beneficiaria.

En el caso de prestaciones económicas conllevará, además, la devolución de las cantidades percibidas indebidamente, y en el supuesto de participación insuficiente en el coste de los servicios conllevará la obligación de resarcir la diferencia.

(Apartado 2 añadido por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, en su art. 7.4)

subir

CAPÍTULO III. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN EL COSTE DE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

ARTÍCULO 9. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS BENEFICIARIOS

1. Para determinar la participación económica de los beneficiarios en el coste de las prestaciones del SAAD, se tendrá en cuenta la naturaleza de la prestación de dependencia reconocida y la capacidad económica del mismo, distinguiéndose entre los servicios y las prestaciones económicas de los arts. 14 y 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

2. Los beneficiarios del SAAD cuya capacidad económica no supere el IPREM estarán exentos de contribuir al coste económico de las prestaciones y servicios asignados, excepto en el supuesto de que se les preste servicio de atención residencial.

3. La contribución que corresponda a los beneficiarios del SAAD en el coste económico de las prestaciones y servicios, se abonará directamente por estos a las entidades o personas que los presten.

4. Cualquier modificación de la participación económica que se establezca por norma de carácter general, será de aplicación directa, sin necesidad de revisar o modificar la resolución de aprobación del Programa Individual de Atención.

(Se suprime el apartado 4, renumerándose el apartado 5 como apartado 4 por el Decreto-Ley nº 3/2016, de 1 de junio, por el que se modifica el régimen de participación económica de las personas beneficiarias de determinadas prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su art. único)

subir

ARTÍCULO 10. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS BENEFICIARIOS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 

1. Los beneficiarios cuyo Programa Individual de Atención contemple la prestación de Servicio de Atención Residencial contribuirán al coste del mismo del siguiente modo:

(Dada nueva readacción al apartado 1 por la Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia, en su art. 2)

a) Si el beneficiario tiene una capacidad económica inferior al precio de referencia incrementado en el 20 por ciento del IPREM, participará con el importe íntegro de su capacidad económica, descontándole el 20 por ciento del IPREM al mes para gastos personales.

(Dada nueva redacción al apartado 1.a por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, en su art. 8.1)

b) Si el beneficiario tiene una capacidad económica igual o superior al precio de referencia incrementado en el 20 por ciento del IPREM por mes, participará con una cuantía igual a dicho precio de referencia.

2. La prestación del servicio de atención residencial se garantizarán en todo caso, a quienes carezcan de ingresos suficientes.

3. Los precios de referencia del Servicio de Atención Residencial, a los solos efectos de determinar la participación económica de los beneficiarios en su coste, serán los siguientes:

a) En Residencia de personas mayores en situación de dependencia

1º. En Residencia para personas mayores: 1.600 €/mes

2º. En Residencia gero-psiquiátrica: 1.800 €/mes

b) En Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad

1º. En Residencia para personas con enfermedad mental: 2.100 €/mes

2º. En Residencia para personas con discapacidad intelectual: 2.300 €/mes

3º. En Residencia para personas con discapacidad física: 2.200 €/mes

4º. En Residencia de atención especializada: 3.300 €/mes

c) En vivienda tutelada: 1.500 euros/mes

Dichos precios se actualizarán anualmente de conformidad con la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL).

(Apartado 3.c añadido por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, en su art. 7.6)

4. La determinación de la participación económica de la persona beneficiaria del servicio de atención residencial se realizará teniendo en cuenta la capacidad económica en función de la renta líquida que perciba el usuario y su patrimonio.

(Apartado 4 añadido por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, en su art. 8.1)

5. En los casos en los que la aportación de la persona beneficiaria no sea suficiente para abonar en su totalidad su participación en el coste del servicio, la Administración podrá acudir al sistema que haya establecido sobre reconocimiento de deuda con el fin de proceder a la ejecución de la misma. En todo caso la ejecución de la deuda no se llevará a cabo sobre la vivienda habitual, en los casos en los que tengan su vivienda habitual las personas y con los requisitos a los que se refiere el art. 5.3, en su apartado tercero.

(Apartado 5 añadido por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, en su art. 7.7)

6. Si la persona beneficiaria del servicio de atención residencial fuera titular de alguna prestación de análoga naturaleza y finalidad de las citadas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la cuantía de dicha prestación se sumará, en su totalidad, al importe que le corresponda satisfacer en concepto de participación económica en el coste del servicio, sin que el importe de dicha suma pueda superar, en ningún caso, el 100 por cien del coste de referencia del servicio.

(Apartado 6 añadido por el Decreto-Ley nº 3/2016, de 1 de junio, por el que se modifica el régimen de participación económica de las personas beneficiarias de determinadas prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su art. único)

subir

ARTÍCULO 11. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS BENEFICIARIOS EN EL SERVICIO DE CENTRO DE DÍA Y DE CENTRO DE NOCHE 

1. La participación de los beneficiarios cuyo Programa Individual de Atención contemple la prestación del Servicio de Centro de Día o de Centro de Noche, se determinará mediante la aplicación de la siguiente fórmula matemática:

Fórmula art. 11

Siendo: C= La participación de la persona usuaria o copago en euros

P= Precio de referencia del servicio en euros

R= Capacidad económica en euros

I= Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)

2. Los precios de referencia de los Servicios de Centro de Día y Centro de Noche, a los solos efectos de determinar la participación económica de los beneficiarios en su coste, serán los siguientes:

a) En Centro de Día y

Centro de Noche para mayores: 700 €/mes

b) En centro de día y noche para personas menores de 65 años

(Se modifica el punto b por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, en su art. 7.8)

Horas intensidad/asistencia semanal GRADO 3 y 2 GRADO 1
Hasta 15 horas 448 €/mes 265 €/mes
16-25 744 €/mes 440 €/mes
26-37 1100 €/mes 650 €/mes

c) En centro de día y noche para personas de atención especializada

(Se modifica el punto c por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, en su art. 7.8)

Horas intensidad/asistencia semanal GRADO 3 y 2 GRADO 1
Hasta 15 horas 652 €/mes 408 €/mes
16-25 1.083 €/mes 677 €/mes
26-37 1.600 €/mes 1.000 €/mes

Dichos precios se actualizarán anualmente de conformidad con la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL).

3. (Apartado 3 derogado por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, en su art. 8.2)

4. Si conlleva gasto de manutención o transporte, dicho porcentaje de participación podrá alcanzar el cien por cien del precio de referencia.

(Apartado 4 modificado por la Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia, en su art. 3)

subir

ARTÍCULO 12. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS BENEFICIARIOS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

1.- La participación del beneficiario en el coste del servicio se determinará mediante la aplicación de las siguientes fórmulas, que garantizan la disminución proporcional del coste en función del número de horas de atención.

1º Hasta 20 horas mensuales:

PB = ((0,5 × IR × CEB) / IPREM) - (0,4 × IR)

2º De 21 a 45 horas mensuales:

PB = ((0,4 × IR × CEB) / IPREM) – (0,3 × IR)

3º De 46 a 70 horas mensuales:

PB = ((0,3333 × IR × CEB) / IPREM) – (0,25 × IR)

Donde:

PB: Participación de la persona beneficiaria.

IR: Coste hora servicio de ayuda a domicilio.

CEB: Capacidad económica de la persona beneficiaria.

(Modificado el apartado 1 por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, en su art. 4)

2. El precio de referencia del servicio, a los solos efectos de determinar la participación económica de los beneficiarios en su coste, se fija en 14 euros por hora, para los servicios relacionados para la atención personal y en 9 euros por hora para los servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar.

(Dada nueva redacción a apartado 2 por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, an su art. 7.9)

3. La participación del beneficiario en el servicio estará determinada por la intensidad del mismo, reconocida en el Programa Individual de Atención, con la aplicación de la fórmula anterior.

4. La persona beneficiaria participará en el coste del servicio, en todo caso, con 20 euros mensuales, si la cuantía obtenida en la aplicación de la fórmula resulta negativa o inferior a esta cantidad.

(Dada nueva redacción a apartado 4 por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, en su art. 8.3)

subir

ARTÍCULO 13. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS BENEFICIARIOS EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA 

(Se da nueva redacción al art. 13 por la Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia, en su art. 5)

1. El Servicio de Teleasistencia tendrá carácter gratuito para todos los beneficiarios cuyo Programa Individual de Atención lo reconozca y cuya capacidad económica no supere el IPREM.

2. Los beneficiarios cuya capacidad económica esté entre una y dos veces el IPREM contribuirán con el cincuenta por ciento del precio de referencia.

3. Los beneficiarios cuya capacidad económica sea superior a dos veces el IPREM contribuirán con el cien por cien del precio de referencia.

4. El precio de referencia del Servicio de Teleasistencia, a los solos efectos de determinar la participación económica de los beneficiarios en su coste será igual al precio medio de los contratos de prestación de estos servicios que suscriba la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

(Dada nueva redacción al apartado 4 por la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional, en su disposición adicional undécima)

subir

ARTÍCULO 14. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DEL BENEFICIARIO EN EL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 

1. El régimen de participación económica de los beneficiarios en la financiación del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal será el establecido en el art. 11.

2. Cuando el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal incluya atención residencial, en residencias especializadas o viviendas de estancia limitada o permanente, será de aplicación el mismo régimen de participación económica del beneficiario que en el caso de los servicios de atención residencial.

3. Los precios de referencia del Servicio Promoción de la Autonomía Personal, a los solos efectos de determinar la participación económica de los beneficiarios en su coste, serán los siguientes:

a) En atención diurna

Horas intensidad/ asistencia semanal GRADO 3 Y 2 GRADO 1
Hasta 15 horas 326 €/mes 183 €/mes
16-25 542 €/mes 305 €/mes
26-37 800 €/mes 450 €/mes

(Apartado a modificado por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, en su art. 7.10)

b) En atención integral: 1.500 €

c) En atención temprana: será gratuita para todos los menores que reúnan los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

(Apartado c modificado por la Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región de Murcia, en su Disposición final tercera)

Dichos precios se actualizarán anualmente de conformidad con la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL).

subir

ARTÍCULO 15. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN LA PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR Y APOYO A CUIDADORES NO PROFESIONALES

(Dada nueva redacción al art. 15 por la Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia, en su art. 6)

1. Las cuantías de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales que percibirán los beneficiarios del SAAD, serán las que reglamentariamente se fijen, menos la cantidad que corresponda por participación del beneficiario en el coste de las mismas.

2.- La cuantía mensual de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, se establece en función de la capacidad económica de la persona beneficiaria y proporcionalmente al mayor grado de dependencia, de conformidad con la siguiente fórmula matemática:

CPE = (1.33 × Cmax) – (0,44 × CEB × Cmax) / IPREM

Donde:

CPE: Cuantía de la prestación económica.

Cmax: Cuantía máxima de la prestación económica.

CEB: Capacidad económica del beneficiario.

(Dada nueva redacción al apartado 2 por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas,en su art. 8.4)

3.- Cuando la cuantía de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, en cómputo anual, sea inferior o igual a 60 euros, el abono de la misma será satisfecho en un pago único, en el mes de noviembre siguiente a la fecha de la resolución por la que se reconozca el derecho de acceso a dicha prestación económica.

(Dada nueva redacción al apartado 3 por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas,en su art. 8.4)

subir

ARTÍCULO 16. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN LA PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA AL SERVICIO 

La cuantía mensual de la prestación vinculada al servicio y de la prestación económica de asistente personal se establece en función del coste del servicio y la capacidad económica, de conformidad con lo siguiente:

CPE = IR + CM - CEB

Donde:

CPE: Cuantía de la prestación económica.

IR: Coste del servicio.

CM: Cantidad para gastos personales de la persona beneficiaria para cada tipo de servicio, que se obtiene de la diferencia entre la capacidad económica de la persona beneficiaria, menos el copago que le correspondería para el caso de recibir el servicio público de que se trate.

CEB: Capacidad económica de la persona beneficiaria.

(Dada nueva redacción al art. 16 por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas,en su art. 8.5)

subir

ARTÍCULO 17. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DEL BENEFICIARIO EN LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA PERSONAL 

1. Las cuantías de la Prestación económica de asistencia personal que percibirán los beneficiarios del SAAD, serán las que reglamentariamente se fijen, menos la cantidad que corresponda por participación del beneficiario en el coste de las mismas.

2. La cantidad a percibir se calculará aplicando la siguiente fórmula matemática:

 Fórmula art. 17

Donde: P = Prestación económica que recibe el beneficiario en euros

A= Prestación económica fijada anualmente, en euros

R = Capacidad económica del beneficiario en euros

I = Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)

3. Se garantiza que los beneficiarios de la Prestación económica de asistencia personal perciban, en todo caso, el cuarenta por ciento de la cuantía establecida anualmente para esta prestación económica.

No obstante, cuando la contratación de una asistencia personal tenga por finalidad facilitar al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, dicho porcentaje será del cincuenta por ciento de la cuantía establecida anualmente para esta prestación económica, salvo que se le haya reconocido algún tipo de compatibilidad con las prestaciones económicas o servicios del catálogo, en cuyo caso, se podrá reducir hasta el veinticinco por ciento.

subir

ARTÍCULO 18. REVISIÓN DE LAS CUANTÍAS DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS BENEFICIARIOS 

1. Las cuantías de la participación económica del beneficiario podrán ser revisadas cada dos años.

2. No obstante lo anterior, se procederá a la revisión de la cuantía de la participación económica del beneficiario, a instancia de este o de su representante, como máximo dos veces al año, cuando se acredite, al menos, un cinco por ciento de pérdida de capacidad económica del mismo. Así mismo, serán revisadas, de oficio o a instancia de parte, cuando se constaten incrementos en la capacidad económica del beneficiario superiores al cinco por ciento.

(Dada nueva redacción al apartado 2 por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas,en su art. 7.11)

3. De igual modo, se revisarán estas cuantías cuando tengan lugar variaciones superiores al cinco por ciento en la cuantía máxima fijada para las prestaciones económicas, o en el precio de referencia de los servicios.

subir

ARTÍCULO 19. DEDUCCIONES POR PRESTACIONES DE ANÁLOGA NATURALEZA Y FINALIDAD 

1. De acuerdo con lo establecido en el art. 31 de la Ley 39/2006, de la cuantía de las prestaciones económicas a reconocer, se deducirá cualquier otra prestación de análoga naturaleza o finalidad o de otros sistemas de protección pública. En concreto, se deducirá el complemento de Gran Invalidez regulado en el art. 139.4 de la Ley de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, el complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75%, el de necesidad de tercera persona de la pensión de invalidez no contributiva, el subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley 13/1082, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).

2. (Apartado 2 derogado por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas,en su art. 8.6)

subir

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera

Los servicios y prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, o cualesquiera otros de análoga naturaleza, que se presten fuera del SAAD, y en el ámbito de los Servicios Sociales, cuando estén financiados total o parcialmente por fondos procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, deberán adaptar progresivamente el régimen de participación económica de los beneficiarios que se regula en el presente decreto, siempre y cuando su régimen jurídico lo permita.

(Dada nueva redacción por la Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia,en su art. 9)

subir

Disposición Adicional Segunda. Excepción al régimen de participación establecido en el presente decreto

(Derogada por la Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia, en su disposición derogatoria única)

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición Transitoria Única. Participación en el coste de los servicios de las personas en situación de dependencia atendidas en centros públicos o concertados

(Derogada por la Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia, en su disposición derogatoria única)

subir

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa

Queda derogado el Decreto número 45/1996, de 19 de junio, por el que se crean los precios públicos aplicables al ámbito de los centros cuya cobertura social corresponde al Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia, que solo será de aplicación a los efectos previstos en la Disposición transitoria única.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición Final Única. Entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, 28 de mayo de 2010.—El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luís Valcárcel Siso.—El Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana García.

subir


Decreto n.º 74/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones (MODIFICADO)

BORM nº 134 de 14 de junio de 2011

Consejo de Gobierno

Vigencia: desde el 14 de julio de 2011

Referencias

Modificado por:

Decreto-Ley 3/2015, de 7 de octubre, por el que se modifican los requisitos de acceso a la prestación económica de Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no profesionales del Sistema de la Dependencia así como la intensidad en su prestación y se regula la acreditación de las Comunidades Hereditarias para reclamar los atrasos devengados y no percibidos por las personas dependientes fallecidas (BORM nº 235 de 10 de octubre de 2015): 

Da nueva redacción al artículo 19.3.

Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública (BORM nº 300 de 30 de diciembre de 2013):

Da nueva redacción a los artículos 17 y 20.

Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas (BORM nº 158 de 10 de julio de 2013):

Deroga el artículo 17.2.

Da nueva redacción a los artículos 19.2 y 20.1.

Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región de Murcia, (BORM número 5 de 8 de enero de 2022):

Se modifica el apartado cuarto del artículo 15.

Afectada por:

Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia (BORM nº 150 de 30 de junio de 2012):

"Disposición Transitoria Segunda. Plazo máximo para resolver y notificar establecido en el Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones.

Se entenderá que el plazo máximo para resolver y notificar la solicitud de reconocimiento de grado de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema de Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es de 6 meses desde la presentación de dicha solicitud".

Contenido

Índice:

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 2.Titulares del derecho al reconocimiento de la situación de dependencia
Artículo 3.Competencias
Artículo 4.Órganos competentes
Artículo 5.Utilización de medios telemáticos, informáticos y electrónicos
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SAAD
SECCIÓN PRIMERA. Reconocimiento de la situación de dependencia
Artículo 6.Iniciación
Artículo 7.Solicitud y documentación
Artículo 8.Lugar de presentación de las solicitudes
Artículo 9.Subsanación
Artículo 10.Instrucción para el reconocimiento de la situación de dependencia
Artículo 11.Valoración de la dependencia y Dictamen sobre grado y nivel de dependencia
Artículo 12.Resolución de reconocimiento de la situación de dependencia
Artículo 13.Revisión del grado y nivel de dependencia
SECCIÓN SEGUNDA. Reconocimiento del derecho a los servicios y prestaciones económicas del SAAD
Artículo 14.Inicio
Artículo 15.Programa Individual de Atención
Artículo 16.Composición y funcionamiento de la Comisión para la elaboración del PIA
Artículo 17.Efectividad del derecho a los servicios y prestaciones económicas
Artículo 18.Revisión del PIA
CAPÍTULO III. EXTINCIÓN, SUSPENSIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES DEL SAAD
Artículo 19.Extinción y suspensión del derecho a los servicios y prestaciones económicas del SAAD
Artículo 20.Efectividad de las revisiones y extinciones
Artículo 21.Obligaciones de los beneficiarios de los servicios y prestaciones económicas
Artículo 22.Seguimiento de las prestaciones
CAPÍTULO IV.INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 23.Régimen de infracciones y sanciones
Artículo 24.Competencias
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Disposición Transitoria Única. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto
DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Primera. Carácter supletorio de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
Disposición Final Segunda. Entrada en vigor

TEXTO ACTUALIZADO

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. En efecto, la Ley configura un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español.

La competencia exclusiva del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales (art. 149.1.1 de la Constitución) justifica la regulación por parte de dicha Ley de las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y con pleno respeto de las competencias que las mismas hayan asumido en materia de asistencia social en desarrollo del art. 148.1.20 de la Constitución.

En coherencia con dicho precepto constitucional, el art. 10.Uno.18 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, atribuye como exclusiva a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la competencia en materia de «asistencia y bienestar social. Desarrollo comunitario. Política infantil y de la tercera edad. Instituciones de protección y tutela de menores, respetando, en todo caso, la legislación civil, penal y penitenciaria. Promoción e integración de los discapacitados, emigrantes y demás grupos sociales necesitados de especial protección, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación».

Además, el apartado 29 del citado precepto atribuye como exclusiva la competencia a esta Comunidad Autónoma en materia de «procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia».

El art. 11 de la referida Ley 39/2006, de 14 de diciembre establece que corresponden a las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias que le son propias según la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la legislación vigente, las funciones de planificar, ordenar, coordinar y dirigir, en el ámbito de su territorio, los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia; gestionar, en su ámbito territorial, los servicios y recursos necesarios para la valoración y atención de la dependencia; y asegurar la elaboración de los correspondientes Programas Individuales de Atención.

Por otro lado, el art. 28 de la Ley dispone que el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema se ajustará a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las especialidades que resulten de la propia Ley.

Entre estas especialidades resulta esencial la que afecta a la evaluación de la dependencia, para lo cual la Ley prevé la aplicación de un instrumento de valoración que ha sido aprobado por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y tras su entrada en vigor por el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, aplicación que corresponde realizar a las Comunidades Autónomas.

Asimismo, establece la Ley en su art. 27 que las Comunidades Autónomas determinarán los órganos de valoración de la dependencia, que emitirán un dictamen sobre el grado y nivel, con especificación de los cuidados que la persona pueda requerir.

Además en materia de valoración hay que tener en cuenta que, con fecha 12 de marzo de 2010, se publicó en el BOE, el Acuerdo adoptado por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su reunión de 25 de enero de 2010, en materia de órganos y procedimientos de valoración de la situación de dependencia, a cuyo contenido se ajusta el presente decreto.

Una vez reconocida la situación de dependencia en el grado y nivel que corresponda, se prevé en su art. 29, la elaboración del Programa Individual de Atención (en adelante, PIA) que contemple los servicios y prestaciones económicas a asignar a los beneficiarios, en función del calendario previsto en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

De conformidad con el art. 30 del mismo texto legal, el grado o nivel de dependencia será revisable, a instancia del interesado, de sus representantes o de oficio por las Administraciones Públicas competentes, por mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia o por error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo, añadiéndose que «las prestaciones podrán ser modificadas o extinguidas en función de la situación personal del beneficiario, cuando se produzca una variación de cualquiera de los requisitos establecidos para su reconocimiento, o por incumplimiento de las obligaciones reguladas en la presente Ley».

La Ley en su título III, que abarca los arts. 42 a 47, aborda la regulación de las infracciones y sanciones, estableciéndose los sujetos responsables, las infracciones y su clasificación, las sanciones, la prescripción de unas y otras y las competencias, con indicación de los órganos competentes en la Administración General del Estado para el procedimiento sancionador y remitiendo a las Comunidades Autónomas el desarrollo del cuadro de infracciones y sanciones. Además se dispone que la incoación e instrucción de los expedientes sancionadores, así como la imposición de las correspondientes sanciones, corresponderá a cada Administración Pública en el ámbito de sus respectivas competencias, por lo que, a la vista de tales preceptos, resulta necesario la regulación del procedimiento sancionador y la determinación de los órganos competentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Así las cosas, el presente decreto tiene por objeto establecer la regulación de las distintas funciones que dentro del citado Sistema corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en orden a la valoración de la situación de dependencia, así como a la resolución del procedimiento para el reconocimiento de dicha situación y determinación de los servicios o prestaciones económicas que, en cada caso, correspondan. Además se aborda el régimen jurídico de las infracciones y sanciones, concretándose los órganos competentes en el ámbito de nuestra Región y el procedimiento sancionador aplicable.

En cuanto a los órganos competentes, cabe decir que, en la actualidad, en virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social, le corresponde a éste, a través de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, el reconocimiento del grado de dependencia a todos los efectos previstos en la legislación vigente.

Por otro lado y tras la reorganización de la Administración Regional llevada a cabo por Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia nº 17/2010, de 3 de septiembre y de conformidad con el Decreto nº 242/2010, de 10 de septiembre, por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, corresponde a ésta, a través de la Oficina para la Dependencia, las competencias y funciones en materia de reconocimiento del derecho a los servicios y prestaciones económicas contempladas en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, su seguimiento y control, así como la formación en materia de dependencia.

En el procedimiento de elaboración de esta disposición se ha dado audiencia a la Federación de Municipios y a las Entidades Locales de la Región de Murcia, han sido oídos los Consejos Asesores Regionales de Personas con Discapacidad, de Personas Mayores y de Infancia y Familia, el Consejo Regional de Servicios Sociales, así como el Consejo Regional de Cooperación Local, se han tenido en cuenta el Dictamen del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del art. 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

Este decreto se dicta al amparo de lo establecido en el art. 10.Uno.18 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en relación con lo dispuesto en los arts. 22.12 y 52.1 de de la citada Ley 6/2004.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, tras la deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno, en sesión de fecha 20 de mayo de 2011.

subir

Dispongo

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Es objeto del presente decreto regular el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del SAAD, determinar la composición y funciones de los órganos competentes para su valoración y resolución, así como establecer su régimen de infracciones y sanciones.

2. El ámbito de aplicación de este decreto se extiende a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

subir

ARTÍCULO 2. TITULARES DEL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

1. De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, son titulares del derecho al reconocimiento de la situación de dependencia en la Región de Murcia, los españoles que reúnan los siguientes requisitos:

a) Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

b) Para los menores de tres años, encontrarse en situación de dependencia conforme a lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

c) Tener acreditada residencia en territorio español durante cinco años, dos de los cuales deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para los menores de cinco años, el período de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia.

2. A los efectos del presente decreto, los interesados que reúnan los requisitos establecidos en el apartado anterior, deberán, además, residir y estar empadronados en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el momento de la presentación de la solicitud.

3. Así mismo, las personas que, reuniendo los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo y residiendo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la fecha de presentación de la solicitud, carezcan de la nacionalidad española se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen.

Para los menores que carezcan de la nacionalidad española se estará a lo dispuesto en las leyes del menor vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, así como en los tratados internacionales.

4. Las personas en situación de dependencia que como consecuencia de su condición de emigrantes españoles retornados no cumplan el requisito del período de residencia en el territorio español previsto en este artículo, podrán acceder a prestaciones asistenciales con igual contenido y extensión que las prestaciones y ayudas económicas reguladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en los términos establecidos en la disposición adicional única del Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

subir

ARTÍCULO 3. COMPETENCIAS

1. Las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el ámbito del reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del SAAD, se ejercerán conforme a los principios y disposiciones generales contenidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

2. Las entidades locales de la Región de Murcia participarán en el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del SAAD, en los términos previstos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre y en las disposiciones del presente decreto.

3. A los efectos del presente decreto, las administraciones públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, actuarán de conformidad con los principios de coordinación, colaboración y cooperación administrativa.

subir

ARTÍCULO 4. ÓRGANOS COMPETENTES

1. Corresponderá al órgano de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que tenga atribuida la competencia en materia de valoración de dependencia, la tramitación y resolución de reconocimiento de la situación de dependencia.

2. Corresponderá al órgano de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que tenga atribuida la competencia en materia de dependencia, la tramitación y resolución del reconocimiento del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

subir

ARTÍCULO 5. UTILIZACIÓN DE MEDIOS TELEMÁTICOS, INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS

1. En el procedimiento que se regula en el presente decreto se podrán utilizar medios telemáticos, informáticos y electrónicos, de conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, adecuándose al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, y demás normativa que le resulte de aplicación.

2. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería competente en materia de política social, colaborará con las restantes Administraciones Públicas, mediante los correspondientes instrumentos y procedimientos, en la implantación y desarrollo del SAAD en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SAAD

SECCIÓN PRIMERA. Reconocimiento de la situación de dependencia

subir

ARTÍCULO 6. INICIACIÓN

El reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del SAAD se iniciará a solicitud de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de quien ostente su representación.

subir

ARTÍCULO 7. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN

1. La solicitud se formulará en el modelo normalizado, que será aprobado por Orden del Consejero competente en materia de dependencia, requiriéndose la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Tarjeta acreditativa de la condición de residente, en el que conste el Número de Identificación de Extranjero (NIE) en vigor del solicitante.

Cuando el solicitante sea un menor de 14 años será necesario además el Libro de Familia y el DNI o Tarjeta acreditativa de la condición de residente, en el que conste el Número de Identificación de Extranjero (NIE), de quien ostente su representación legal.

b) En el supuesto de actuar por medio de representante, fotocopia del DNI o Tarjeta acreditativa de la condición de residente, en el que conste el Número de Identificación de Extranjero (NIE), del representante. Además deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.

c) Documento emitido por el Ayuntamiento correspondiente, que acredite la residencia del solicitante en un municipio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al tiempo de presentar la solicitud. De la presentación de este documento están eximidas las personas que estén siendo atendidas en residencias públicas o concertadas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

d) Documento emitido por el Ayuntamiento correspondiente, que acredite la residencia en territorio español durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

En el supuesto de residentes que carezcan de la nacionalidad española deberán presentar certificado emitido por el Ministerio del Interior que acredite el cumplimiento de los mismos períodos.

Cuando el solicitante sea un menor de cinco años, se presentará la correspondiente documentación que acredite el cumplimiento de los mismos períodos de la persona que ejerza su guarda y custodia.

e) Informe sobre condiciones de salud del solicitante emitido por facultativo correspondiente a su régimen de asistencia sanitaria, según modelo normalizado, que será aprobado por Orden del Consejero competente en materia de dependencia.

Si la persona es usuaria de un recurso residencial cuya titularidad y gestión corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el informe de salud será emitido por el facultativo de dicho recurso.

f) Copia íntegra de la Declaración de los impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio de las personas Físicas, referidas al último período impositivo con plazo de presentación vencido al inicio de cada año. Quienes no estuvieran obligados a declarar, deberán presentar certificado de retenciones de rendimientos percibidos o, en su defecto, declaración responsable de los ingresos y declaración sobre la titularidad de los bienes inmuebles, así como de los bienes muebles, sobre los que se ostenten un derecho de propiedad, posesión o usufructo.

g) Documentación acreditativa de las circunstancias personales y familiares alegadas por el interesado, incluidas las de trascendencia económica.

h) Para los solicitantes de la Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, será necesario aportar la siguiente documentación:

1º DNI/NIE/ en vigor del cuidador o Tarjeta acreditativa de la condición de residente, en el que conste el Número de Identificación de Extranjero (NIE), del cuidador, en el supuesto de no tener nacionalidad española.

2º Documentación justificativa del parentesco existente entre el interesado y el cuidador (Libro de Familia).

3º Certificado de empadronamiento del cuidador familiar acreditativo de residir en la Región de Murcia.

4º En el caso de que no exista relación de parentesco hasta el tercer grado, deberá aportar certificado de empadronamiento del cuidador de al menos un año de antigüedad en el mismo municipio o en otro vecino.

5º Compromiso del cuidador de prestar el cuidado y la atención de forma adecuada y continuada durante un periodo mínimo de un año.

6º Fotocopia del documento bancario en el que figure la persona dependiente como titular y el código cuenta cliente (20 dígitos).

2. De conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y el Decreto nº 286/2010, de 5 de noviembre, sobre medidas de simplificación documental en los procedimientos administrativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no podrá exigirse la presentación de originales ni copias compulsadas de aquella documentación que, siendo necesaria para la resolución del procedimiento, se encuentre en poder de la Administración actuante o que ésta, conforme a la plataforma de interoperabilidad, pueda obtener de oficio.

3. El órgano instructor podrá requerir la presentación de documentos originales o copias compulsadas a efectos de comprobar la autenticidad de la documentación aportada por los interesados.

4. El modelo de solicitud estará a disposición de los interesados en todos los Centros de Servicios Sociales de la Región de Murcia y en los Registros y Ventanillas Únicas de la Administración Regional.

5. El órgano competente en materia de dependencia y los Centros de Servicios Sociales correspondientes al domicilio del solicitante facilitarán cuanta información y orientación sea necesaria para la cumplimentación de las solicitudes o de cualquiera de sus trámites.

subir

ARTÍCULO 8. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES

La solicitud, debidamente cumplimentada, junto con la documentación citada, se dirigirá al órgano competente en materia de dependencia y se podrá presentar en el registro correspondiente del Instituto Murciano de Acción Social, o en el registro correspondiente de la Consejería competente en materia de política social, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

subir

ARTÍCULO 9. SUBSANACIÓN

De conformidad con lo previsto en el art. 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados o no se adjuntan los documentos preceptivos, a los que se refiere el art. 7, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos exigidos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 del mismo texto legal.

subir

ARTÍCULO 10. INSTRUCCIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba dictarse la resolución.

2. La instrucción del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia requerirá de los siguientes actos e informes preceptivos:

a) Valoración de la situación de dependencia.

b) Dictamen sobre grado y nivel de dependencia.

subir

ARTÍCULO 11. VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y DICTAMEN SOBRE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

1. El órgano instructor notificará al interesado el día y la hora en que haya de realizarse la valoración de la situación de dependencia. Dicha Valoración se realizará por un equipo en el que se integrará el personal definido en la correspondiente relación de puestos de trabajo, perteneciente al área sanitaria y, en su caso, psicosocial, que actuará aportando las especificidades de su profesión, pero dentro de un enfoque de interdisciplinaridad y se llevará a cabo en el entorno habitual del interesado.

Se valorará la capacidad del interesado para llevar a cabo por sí mismo las actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión para su realización por personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental.

En el caso de personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental se valorará, así mismo, las necesidades de apoyo para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad.

2. Las funciones de este equipo multidisciplinar de valoración de la dependencia serán las siguientes:

a) Revisar, a efectos de valoración, el informe de salud así como la restante documentación que, en su caso, se requiera al solicitante.

b) Aplicar el Protocolo del Baremo de Valoración de Dependencia (BVD) y de la Escala de Valoración Específica para menores de tres años (EVE), aprobados por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre y, tras su entrada en vigor, por el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero.

c) Emitir los dictámenes técnicos sobre grado y nivel de dependencia a los que se refiere el artículo anterior.

d) Determinar la correspondencia entre el resultado de los baremos citados con la información relativa a las condiciones de salud.

e) Elevar la propuesta sobre el grado y nivel de dependencia de la persona valorada, con especificación de los cuidados que el interesado pueda requerir, al órgano competente para resolver en materia de valoración de dependencia.

f) Valorar si concurren las circunstancias en que procedería la revisión del grado y nivel de dependencia.

g) Proponer, en su caso, el plazo máximo en que deba efectuarse la revisión del grado y nivel de dependencia dictaminados.

h) Solicitar, excepcionalmente, cuantos informes médicos, psicológicos o sociales complementarios o aclaratorios se consideren convenientes, cuando el contenido de los antecedentes obrantes en el expediente o las especiales circunstancias del solicitante, lo aconsejen.

i) Prestar asistencia técnica y asesoramiento, si le son requeridos, en las reclamaciones, recursos en vía administrativa y contenciosa en que sea parte la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de valoración de la situación de dependencia.

j) Constituirse como referencia técnica en la coordinación con otros equipos que en campos distintos atienden a las personas que se valoran.

k) Impulsar y promover medidas formativas.

l) Aquellas otras que le sean atribuidas por la normativa vigente.

3. Una vez efectuada la valoración, se emitirá un dictamen técnico, que deberá contener el diagnóstico, situación, grado y nivel de dependencia, los cuidados que la persona pueda requerir y aquellos otros extremos que se consideren relevantes en función de cada caso.

Para la formulación de sus dictámenes, dicho equipo podrá recabar cuantas informaciones considere necesarias.

4. El personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia que, por razón de sus funciones, conozca cualquier tipo de datos respecto del historial clínico y social de los interesados, o parte del mismo, está obligado a mantener la confidencialidad de los mismos.

5. Conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando por causa imputable al interesado, no sea posible llevar a cabo la valoración, el órgano competente le advertirá que transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Transcurrido este plazo sin que sea posible realizar la valoración, se acordará el archivo de las actuaciones.

subir

ARTÍCULO 12. RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

1. El titular del órgano competente en materia de valoración de dependencia, basándose en el dictamen técnico, dictará resolución expresa sobre el reconocimiento de la situación de dependencia, determinando los servicios o prestaciones económicas que, con carácter general, corresponden al solicitante según el grado y nivel de dependencia reconocido, con indicación de la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia será de seis meses, que se computará desde la fecha de la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación, demorándose la efectividad del derecho al acceso a los servicios y prestaciones económicas del SAAD determinados en dicha resolución hasta la fecha de aprobación del PIA.

Con el fin de que las personas interesadas puedan acreditar la situación de discapacidad del hijo o menor, a los efectos de la ampliación del permiso de maternidad o paternidad y, en su caso, de los correspondientes subsidios, las Administraciones competentes establecerán que, en dichos supuestos, la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia de los menores de tres años a través de la aplicación del EVE se dicte en el plazo máximo de 30 días naturales, desde la fecha de entrada de la correspondiente solicitud en el registro del órgano competente.

3. Los plazos máximos para resolver podrán suspenderse o ampliarse por el órgano competente para resolver, de conformidad con lo establecido en el art. 42, apartados 5 y 6, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. El vencimiento de los plazos mencionados sin haberse notificado resolución expresa determinará la desestimación de la solicitud formulada, por silencio administrativo, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.

5. La resolución tendrá validez en todo el territorio del Estado y deberá notificarse al solicitante o a sus representantes y a los Servicios Sociales correspondientes al municipio de su residencia.

6. La resolución de reconocimiento de la situación de dependencia no agota la vía administrativa, y podrá ser recurrida en alzada ante el superior jerárquico del órgano que las dictó.

subir

ARTÍCULO 13. REVISIÓN DEL GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA

1. De conformidad con el art. 30 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, el grado y nivel de dependencia será revisable por alguna de las siguientes causas:

a) La existencia de condiciones o circunstancias, debidamente acreditadas, que impliquen una mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia.

b) El error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo.

2. El procedimiento se iniciará a instancia del interesado, de quien ostente su representación o de oficio por el órgano competente en materia de valoración, debiendo garantizarse, en este último caso, la debida audiencia al interesado o a su representante legal.

3. Con la solicitud de revisión o, una vez iniciado de oficio el procedimiento de revisión por la propia Administración, el interesado presentará cuantos informes o documentos resulten necesarios para acreditar la causa de la revisión, siendo de aplicación lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el caso de que sea necesaria la subsanación.

4. Resultarán de aplicación al procedimiento de revisión las disposiciones contenidas en el presente decreto en materia de reconocimiento de la situación de dependencia.

5. La revisión del grado o nivel de dependencia podrá suponer la modificación o extinción de los servicios o prestaciones económicas reconocidos en los términos previstos en el presente decreto.

subir

SECCIÓN SEGUNDA. Reconocimiento del derecho a los servicios y prestaciones económicas del SAAD

ARTÍCULO 14. INICIO

Una vez reconocida la situación de dependencia, se procederá por el órgano competente en materia de dependencia, al reconocimiento del derecho a los servicios y prestaciones económicas del SAAD mediante la elaboración del PIA.

subir

ARTÍCULO 15. PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN

1. El PIA determinará las modalidades de intervención más adecuadas a las necesidades del dependiente, de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución para su grado y nivel, con la previa consulta del beneficiario y, en su caso, de su familia o entidades tutelares que le representen.

Teniendo en cuenta la alternativa u opción preferente elegida por el beneficiario o, en su caso, por su familia o entidades tutelares que le representen, el órgano competente elaborará el PIA.

2. La elaboración del PIA se ordenará en función del calendario de implantación previsto en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, respetando la fecha de la resolución, por la que se reconoce la situación de dependencia.

3. Cuando la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia emitida se refiera a un grado y nivel no implantado, de acuerdo con el calendario del apartado 1 de la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la elaboración del PIA se iniciará a partir del primer día del año en el que proceda la implantación del grado y nivel de dependencia que le haya sido reconocido.

4. Para la elaboración del Plan individual de Atención Temprana se solicitará a los Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio de residencia del interesado la realización de un informe social en el que se detalle la situación social, familiar y del entorno de la persona en situación de dependencia y se concrete, con la participación del interesado, el servicio o prestación económica que se considere más adecuado de entre los que le correspondan en función de su grado y nivel. La remisión de dicho informe, junto con la documentación presentada por el interesado, deberá evacuarse en el plazo máximo de un mes desde su petición.

Asimismo, cuando la persona en situación de dependencia sea un menor de entre 0 y 6 años se solicitará al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica -EOEP- correspondiente informe técnico de valoración sobre la necesidad de atención temprana, de conformidad con lo dispuesto por la normativa regional en materia de atención temprana.

(Apartado modificado por la Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región de Murcia en su Disposición final segunda) 

5. La Comisión, a que se refiere el artículo siguiente, teniendo en cuenta los datos obrantes en el expediente, emitirá un informe en el que se determinarán las modalidades de intervención más adecuadas a las necesidades de la persona en situación de dependencia, de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución para su grado y nivel. Para ello, tendrá en cuenta la documentación aportada por el interesado y aquella otra que obre en poder de la Administración, el dictamen técnico, el informe social o informe sobre el entorno, así como cualquier otro informe que pudiera solicitar del sistema público de servicios sociales, tanto en el nivel de atención social primaria como en el de atención social especializada, que considere necesario.

6. El órgano instructor a la vista del expediente y del informe de la Comisión, formulará propuesta de resolución de PIA.

7. Dicha propuesta, de conformidad con el art. 29 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, deberá ser notificada al interesado y, en su caso, a su familia o entidades tutelares que le representen, cuando incluya servicios o prestaciones económicas que difieran de la opción preferente solicitada para que, en el plazo de diez días, el beneficiario o su familia elijan entre las alternativas propuestas.

8. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados el órgano instructor elevará su propuesta de resolución de PIA al órgano competente en materia de dependencia.

9. El titular del órgano competente en materia de dependencia, una vez examinada la propuesta de resolución de PIA formulada, lo aprobará, mediante resolución expresa, en la que se reconocerá el derecho a los servicios y prestaciones económicas del SAAD, determinando aquellos que correspondan a la persona en situación de dependencia, en función de las disponibilidades de recursos y prestaciones de la Red de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, e incorporando en su caso, los servicios que ya esté disfrutando el interesado como recursos de atención a la dependencia.

10. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de reconocimiento del derecho a los servicios y prestaciones económicas del SAAD será de seis meses, que se computará desde la fecha de la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.

El plazo máximo para resolver podrá suspenderse o ampliarse por el órgano competente para resolver, de conformidad con lo establecido en el art. 42, apartados 5 y 6, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

11. El vencimiento del plazo mencionado sin haberse notificado resolución expresa determinará la desestimación de la solicitud formulada, por silencio administrativo, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.

12. La resolución deberá notificarse al solicitante o a sus representantes y a los Servicios Sociales correspondientes al municipio de su residencia.

13. La resolución de reconocimiento del derecho a los servicios y prestaciones económicas del SAAD no agota la vía administrativa, y podrá ser recurrida en alzada ante el superior jerárquico del órgano que las dictó.

subir

ARTÍCULO 16. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PIA

1. Se crea una Comisión a la que le corresponderá, a fin de elaborar el PIA, la emisión del informe a que se refiere el artículo anterior, y que estará presidida por el titular del órgano competente en materia de dependencia o por persona en quien delegue y de la que formarán parte:

a) Un representante del Servicio competente en materia de personas mayores.

b) Un representante del Servicio competente en materia de personas con discapacidad.

c) Dos representantes del órgano competente en materia de dependencia.

d) Un representante de la Dirección General competente en materia de pagos de las prestaciones económicas.

2. Actuará como Secretario de la Comisión, un funcionario designado por el Presidente.

3. La Comisión podrá ser asistida por personal técnico siempre que se considere necesario por las características de los expedientes.

4. El funcionamiento de esta Comisión se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.

5. La Comisión se reunirá, al menos, una vez al mes y siempre que sea convocada por su Presidente.

subir

ARTÍCULO 17. EFECTIVIDAD DEL DERECHO A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

1.-El derecho de acceso a los servicios derivados del reconocimiento de la situación de dependencia se generará desde la fecha de la resolución en la que se reconozca el concreto servicio.

2.- -La efectividad del derecho a las prestaciones económicas se producirá el primer día del mes siguiente al que se dicte la correspondiente resolución.

(Art. 17 modificado por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, en su art. 5, uno, y por la Ley 14/2013, de medidas tributarias, administrativas y de función pública, en su Disposición Final Séptima)

subir

ARTÍCULO 18. REVISIÓN DEL PIA

1. El PIA podrá revisarse:

a) De oficio por el órgano competente en materia de dependencia, en los siguientes supuestos:

1º Revisión del grado o nivel de dependencia reconocido, siempre que ésta implique una modificación de los servicios o prestaciones económicas que se estuvieran percibiendo.

2º Disponibilidad del servicio o centro en la Red del Sistema, cuando la prestación reconocida fuera la prestación económica vinculada al servicio.

3º Traslado de residencia de forma permanente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde otra comunidad autónoma, en los términos previstos en el art. 3.2. del Real decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

b) A instancia del interesado o de su representante, siempre que se acredite una variación en las condiciones de salud o en la situación de su entorno que pudieran motivar una modificación del servicio o prestación económica concedida.

2. Serán de aplicación al procedimiento de revisión, las disposiciones contenidas en el presente decreto para la aprobación del PIA.

3. La resolución por la que se revise el PIA, será dictada por el titular del órgano competente en materia de dependencia.

subir

CAPÍTULO III. EXTINCIÓN, SUSPENSIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES DEL SAAD

ARTÍCULO 19. EXTINCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL DERECHO A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SAAD

1. El derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema se extinguirá, dándose la debida audiencia al interesado, cuando en el beneficiario concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) No residir en territorio español.

b) Pérdida de la condición de residente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

c) Traslado de residencia de forma permanente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a otra comunidad autónoma.

d) Mejoría de la situación de dependencia que determine que el beneficiario no se encuentre en tal situación.

e) Incumplimiento de alguna de las condiciones o requisitos específicos exigidos para determinar el derecho a cada uno de los servicios y prestaciones económicas.

f) Sustitución de la prestación reconocida por otra prestación, como consecuencia de la modificación del grado y nivel de dependencia reconocido o de la revisión del PIA.

g) Incumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en su normativa de desarrollo y en el art. 21 del presente decreto.

h) Percepción de prestación o ayuda incompatible.

i) Renuncia del beneficiario.

j) Fallecimiento del beneficiario.

2. El derecho a los servicios y prestaciones económicas del sistema se suspenderá de oficio, dándose la debida audiencia al interesado, o previa solicitud del interesado cuando en el beneficiario concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Ausencia del territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por un periodo superior a noventa días.

b) Ingreso en estancia hospitalaria, por un periodo superior a un mes.

c) Incumplimiento de la obligación de presentar la declaración anual de seguimiento de prestaciones en el plazo que se establezca al afecto.

d) Usuarios del servicio de centro de día o del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP) en atención diurna, que se encuentren en situación de alta laboral o en un curso de formación que suponga asistir a otra entidad, una vez producida con anterioridad la incorporación al servicio correspondiente, y siempre que el horario de las actividades laborales o formativas del usuario coincida con el del centro prestador del servicio o cuando alcance las 37 horas semanales. El usuario podrá estar en esta situación hasta doce meses, transcurridos lo cuales deberá optar entre la reincorporación al servicio o la modificación de los servicios o prestaciones económicas que se estuviere percibiendo.

En los supuestos d), e), f), g) y h) del apartado primero de este artículo, podrá acordarse la suspensión temporal por un plazo máximo de seis meses del derecho a la prestación reconocida en tanto no se acredite fehacientemente los presupuestos de hecho que den lugar a la extinción del derecho.

(Dada nueva redacción al apartado 2 por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, en su art. 5, dos)

3. En el caso de que se produzca el fallecimiento de la persona dependiente, sin que en el plazo máximo de seis meses desde su solicitud haya recaído resolución de reconocimiento de su derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, la comunidad hereditaria del causante podrá solicitar el abono de las prestaciones económicas causadas y no percibidas por su titular hasta la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad o la del fallecimiento de la persona dependiente si este se hubiera producido con anterioridad a dicha entrada en vigor.

A tal deberá resultar acreditado en el expediente la voluntad de la persona dependiente de solicitar la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales así como que los cuidados hayan sido oportuna y adecuadamente prestados a aquella.

(Dada nueva redacción al apartado 3 por el Decreto-Ley 3/2015, de 7 de octubre, por el que se modifican los requisitos de acceso a la prestación económica de Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no profesionales del Sistema de la Dependencia así como la intensidad en su prestación y se regula la acreditación de las Comunidades Hereditarias para reclamar los atrasos devengados y no percibidos por las personas dependientes fallecidas, en su artículo 5)

subir

ARTÍCULO 20. EFECTIVIDAD DE LAS REVISIONES Y EXTINCIONES

1. Si la revisión diera lugar a la modificación del contenido o intensidad de un servicio o a su suspensión o extinción, los efectos de la modificación, suspensión o extinción se producirán en la fecha de la resolución en que se declare.

2. Si la revisión afectara a la cuantía de una prestación económica, sus efectos se producirán el primer día del mes siguiente al que se dicte la correspondiente resolución.

3. Si la revisión diera lugar a la extinción de una prestación económica, sus efectos se producirán al día siguiente en que se haya producido la causa determinante de su extinción.

4. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, en el supuesto de que la causa de extinción de un servicio o una prestación económica sea el reconocimiento del derecho a otro servicio u otra prestación económica, sus efectos se mantendrán hasta el día inmediato anterior a la fecha en la que se reconozca el derecho de acceso al nuevo servicio o prestación económica.

(Art. 20 modificado por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas en su artículo 5.3 y por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública, en su Disposición Final Séptima)

subir

ARTÍCULO 21. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

1. Son obligaciones de los beneficiarios:

a) Facilitar directamente, o a través de su representante, toda la información y datos que le sean requeridos y que resulten necesarios para proceder a la valoración del grado y nivel de dependencia, así como a su revisión y modificación.

b) Facilitar directamente, o a través de su representante, la información que le sea requerida y que resulte necesaria para reconocer o mantener el derecho al servicio y/o prestación económica, así como a su revisión y modificación.

c) Destinar las prestaciones económicas a las finalidades para las que fueron reconocidas, así como a justificar su aplicación.

d) Hacer un uso adecuado y conforme a su naturaleza de los servicios que le hayan sido reconocidos.

e) Efectuar el pago de su participación en el coste de los servicios que reciba desde la fecha de su efectividad, en la cuantía que corresponda.

f) Comunicar al órgano concedente cualquier variación de circunstancias que puedan afectar al derecho, al contenido o a la intensidad de los servicios y prestaciones económicas que tuviera reconocidos, en el plazo de diez días a contar desde que dicha variación se produzca.

g) Comunicar al órgano concedente los desplazamientos temporales y definitivos de su residencia habitual tanto dentro de la misma localidad como a otra ciudad o comunidad autónoma o al extranjero, en el plazo de diez días a contar desde que se produzca el desplazamiento.

h) Facilitar cuantas comprobaciones o visitas a su residencia habitual sean necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos y circunstancias exigidas para ser beneficiario del servicio y/o prestación económica.

2. Si el beneficiario incumpliera las obligaciones establecidas en los anteriores apartados, y como consecuencia de ello, se derivaran cuantías indebidamente percibidas de la prestación económica reconocida, o una participación insuficiente en el coste de los servicios, el beneficiario estará obligado a su reintegro o al abono de la diferencia que proceda, y la exigencia del interés legal del dinero que corresponda hasta la fecha en que se dicte la resolución por la que se declare el reintegro, sin perjuicio de las infracciones en que pudiera incurrir.

No obstante, se podrá efectuar el reintegro voluntario, en cuyo caso, sólo se devengarán los intereses de demora correspondientes hasta la fecha de devolución efectiva.

Al procedimiento de reintegro le será de aplicación las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, relativo al procedimiento de reintegro de Subvenciones.

subir

ARTÍCULO 22. SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

1. El órgano competente en materia de dependencia establecerá los mecanismos de seguimiento y realizará las actividades de control de calidad de las prestaciones reconocidas así como verificará el cumplimiento establecido en el PIA, sin perjuicio de las competencias de inspección que le puedan corresponder a otros órganos de esta Consejería.

2. Con carácter general, se realizará un seguimiento anual. En cualquier caso, si antes de la fecha prevista para el seguimiento, el profesional responsable del mismo tuviese información acerca de la existencia de cambios sustanciales que pudieran afectar a la adecuación de las prestaciones y servicios, podrá iniciar actuaciones de control sin tener que esperar al momento previsto para realizar el mismo.

3. En relación con la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, el seguimiento es un actividad de carácter técnico que tiene por objeto comprobar que persisten las condiciones adecuadas de atención, de convivencia, de habitabilidad de la vivienda y las demás de acceso a la prestación, garantizar la calidad de los cuidados así como prevenir posibles situaciones futuras de desatención, a cuyo efecto, el órgano competente en materia de de dependencia, recabará de los Servicios Sociales de Atención Primaria toda la información necesaria para su seguimiento.

4. En relación con los servicios, se recabará la información necesaria para llevar a cabo el seguimiento de los Centros Directivos competentes en materia de personas discapacitadas y personas mayores.

subir

CAPÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 23. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

1. El régimen de infracciones y sanciones será el regulado en el título III de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre y del procedimiento sancionador, el previsto en el Decreto 131/2005, de 25 de noviembre, por el que se regula el procedimiento sancionador de las infracciones en materia de servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. En todo caso, la sanción implicará el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, y la exigencia del interés de demora correspondiente.

subir

ARTÍCULO 24. COMPETENCIAS

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia será órgano competente para imponer las sanciones por las infracciones tipificadas en el art. 43 de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre:

1) El Consejo de Gobierno, cuando las sanciones sean de cuantía superior a 300.000 euros o en los supuestos de cierre de la empresa o de clausura del servicio o establecimiento.

2) El titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales, cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones muy graves.

3) El titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de servicios sociales, cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones graves.

4) El titular del órgano competente en materia de dependencia, cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones leves.

subir

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición Transitoria Única. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto

Las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del SAAD presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, se tramitarán siguiendo las disposiciones contenidas en el mismo, resultando válidos, en su caso, todos los trámites realizados.

De conformidad con el art. 5 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, a las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del mismo y que se les reconozca un Grado III o un Grado II, les será de aplicación la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en la redacción vigente en el momento de presentación de la solicitud.

subir

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera. Carácter supletorio de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre

En lo no previsto en el presente decreto, será de aplicación supletoria la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia a 20 de mayo de 2011.—El Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.—El Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana García.

 

subir


Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región de Murcia

BORM número 5 de 8 de enero de 2022

Presidencia

Vigencia: desde el 9 de enero de 2022

Contenido

Índice:

Acceder al texto completo

Capítulo I.Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Definición de atención temprana.

Artículo 3. Destinatarios.

Artículo 4. Finalidad y objetivos.

Artículo 5. Principios rectores.

Artículo 6. Niveles y modalidades de intervención.

Artículo 7. Ámbitos de actuación.

Capítulo II. Coordinación, colaboración y cooperación

Sección 1.ª Relaciones interdisciplinares, distribución competencial y actuaciones en atención temprana.

Artículo 8. Coordinación y cooperación interdisciplinar.

Artículo 9. Competencias y actuaciones en el ámbito de servicios sociales.

Artículo 10. Competencias y actuaciones en el ámbito sanitario.

Artículo 11. Competencias y actuaciones en el ámbito educativo.

Sección 2.ª Recursos de intervención en atención temprana

Artículo 12. Recursos de intervención en atención temprana.

Artículo 13. Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP).

Artículo 14. Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de la Red Pública de Servicios Sociales (CDIAT).

Artículo 15. Intervención por servicios sociales especializados en atención temprana.

Artículo 16. Derechos y obligaciones de los usuarios del Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.

Artículo 17. Causas de extinción del derecho al Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.

Sección 3.ª Órganos de coordinación

Artículo 18. Comisión Regional de Coordinación en Atención Temprana.

Artículo 19. Comisión Técnica de Atención Temprana.

Capítulo III. Procedimiento para la determinación, revisión, seguimiento y extinción de la necesidad de atención temprana.

Artículo 20. Procedimiento ordinario y medidas provisionales de intervención en atención temprana.

Artículo 21. Documentación.

Artículo 22. Valoración de necesidad de atención temprana.

Artículo 23. Reconocimiento de la necesidad de servicios especializados de atención temprana.

Artículo 24. Incorporación al centro de desarrollo infantil y atención temprana. Plan Individual de Atención Temprana (PIAT).

Artículo 25. Traslado de centro de desarrollo infantil y atención temprana.

Artículo 26. Seguimiento y evaluación.

Artículo 27. Revisión.

Artículo 28. Procedimiento de extinción del Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.

Capítulo IV. Formación, Investigación e Innovación.

Artículo 29. Estrategia de formación.

Artículo 30. Promoción de proyectos de investigación e innovación en atención temprana.

Artículo 31. Premio a la Innovación y las Buenas Prácticas en materia de atención temprana.

Artículo 32. Nuevas tecnologías y atención temprana.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

Disposición final primera. Ayudas al transporte.

Disposición final segunda. Modificación del Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones.

Disposición final tercera. Modificación del Decreto 126/2010, de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de las prestaciones económicas y servicios del sistema de autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Disposición final cuarta. Modificación del Decreto n.º 10/2018, de 14 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia en los servicios sociales especializados en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad.

Disposición final quinta. Modificación del Decreto 306/2010, de 3 de diciembre, por el que se establecen la intensidad de protección de los servicios, la cuantía de las prestaciones económicas, las condiciones de acceso y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Disposición final sexta. Condiciones mínimas de los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de la Red Pública de Servicios Sociales (CDIAT).

Disposición final séptima. Red de Atención Temprana sostenida con fondos públicos.

Disposición final octava. Cartera de servicios de la intervención integral en atención temprana.

Disposición final novena. Deslegalización.

Disposición final décima. Protocolo de Coordinación de Atención Temprana.

Disposición final undécima. Plan Regional Integral de Atención Temprana.

Disposición final duodécima. Entrada en vigor.

TEXTO COMPLETO

El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley por la que se regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:

Preámbulo

La Constitución española de 1978 instaura un Estado social y democrático de Derecho (artículo 1.1), estableciendo en su artículo 9.2 que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”, proclamando, en su artículo 14, que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Además, la Carta Magna consagra en su artículo 15 que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, (...)” y, dentro del capítulo III del Título l, al enumerar los principios rectores de la política social y económica, hace mención expresa a la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y, dentro de esta, con carácter singular la de los menores de edad (artículo 39). Destacan, también, el artículo 27, en su apartado 2, que dispone que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, y el artículo 43, en sus apartados 1 y 2, que declaran, expresamente, que:

“1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.

En lo que respecta a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, el artículo 148.1.20.ª y 21.ª de la CE establece la posibilidad de que estas asuman competencias en materia de “Asistencia Social” y “Sanidad”, así como en materia educativa, de acuerdo con el artículo 149.1.30.ª

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia (Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio) atribuye a nuestra Comunidad Autónoma (CARM) la competencia exclusiva en materia de “Asistencia y bienestar social”. Desarrollo comunitario. Política infantil y de la tercera edad. Instituciones de protección y tutela de menores, respetando, en todo caso, la legislación civil, penal y penitenciaria. Promoción e integración de los discapacitados, emigrantes y demás grupos sociales necesitados de especial protección, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación” (artículo diez.uno.18), por lo que le corresponde la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, que ejercerá respetando, en todo caso, lo dispuesto en la Constitución (artículo diez.dos).

Recoge también el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de sanidad (artículo once.1) y educación (artículo dieciséis).

Asimismo, además de reseñar en el artículo noveno, que los derechos y deberes fundamentales de los murcianos son los establecidos en la Constitución para los españoles, establece que la Comunidad Autónoma, en el ámbito de su competencia y a través de sus órganos, velará por “Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”.

El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia dispone que los servicios sociales especializados en el sector de personas con discapacidad realizarán actuaciones a fin de procurar el tratamiento, rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, así como para la prevención de la discapacidad.

El Instituto Murciano de Acción Social (en adelante, IMAS) tiene por finalidad ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en el Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, siendo su área de actuación, entre otras, la de personas con discapacidad.

Los artículos 12 y 13 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, establecen la responsabilidad Sistema Nacional de Salud del Sistema en materia de promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad en los ámbitos de la atención primaria y atención especializada.

De acuerdo con los principios establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Sistema Educativo tiene como uno de los principios de actuación de las Administraciones educativas el establecimiento de los procedimientos y recursos necesarios para identificar tempranamente a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, instando a que la atención integral se inicie desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada por personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las Administraciones educativas.

Por otro lado, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece los pilares en los que se inspira la protección de los menores, por lo que deben destacarse los principios que la misma establece en su articulado, especialmente los principios de interés superior del menor y el de igualdad de oportunidades. Asimismo, ha de ponerse en valor el contenido de la Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia de la Región de Murcia.

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) contempla la actuación de los poderes públicos en esta materia bajo los principios de transversalidad y atención integral e integrada en la atención a las personas en situación de dependencia, así como de colaboración de los servicios sociales y sanitarios en la prestación de los servicios a los usuarios del SAAD, haciendo especial hincapié en la protección de los menores de tres años de edad en situación de dependencia mediante un plan integral de atención que facilite la atención temprana y rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e intelectuales. En su reunión de 4 de julio de 2013, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha acordado los criterios comunes que, en materia de atención temprana y rehabilitación, deben contemplarse en los diferentes planes de atención integral a menores de tres años, con especificación de los principios y líneas estratégicas de los mismos, debiendo las respectivas Administraciones en su ámbito competencial desarrollarlos y, en su caso, ampliarlos y mejorarlos.

En el marco de esta nueva concepción, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, recoge, entre otros, los principios de la autonomía individual y vida independiente, no discriminación, igualdad entre mujeres y hombres y respeto al desarrollo de la personalidad, de las personas con discapacidad y, en especial, de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad, principios todos ellos que necesariamente han de inspirar la red integral de atención temprana en los ámbitos de las distintas Administraciones Públicas competentes en la materia.

Es por ello que, orientada tanto a la población infantil como a su entorno familiar y social, la atención temprana comprende una intervención integral cuya finalidad última es potenciar todas las posibilidades de desarrollo armónico del menor integrado en su entorno y lograr el máximo de autonomía posible.

Derivado de lo anterior, entre los principios que han de informar la intervención integral en atención temprana hemos de destacar los de coordinación y cooperación. Así, es primordial la coordinación entre las instituciones y distintas administraciones que tienen competencias y atribuciones en este ámbito, debiendo establecerse entre los sistemas públicos y privados implicados (sanitario, educativo y de servicios sociales) mecanismos de coordinación y derivación que eviten la fragmentación de las intervenciones y garanticen la continuidad del proceso. Asimismo, las intervenciones integrales en atención temprana deben abordar a los menores y sus familias desde una perspectiva global que tome en consideración todos los aspectos que pueden influir en la evolución de la situación, evitando de este modo intervenciones parciales o fragmentadas.

Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto es evidente que para poder realizar una adecuada intervención en atención temprana es necesario que la norma que la regule establezca mandatos tanto a los órganos administrativos competentes en materia de servicios sociales como a los correspondientes órganos administrativos en materia de educación o sanidad.

Sin embargo, pese a la relevancia de esta intervención, la atención temprana no cuenta actualmente con una normativa estatal básica que garantice un modelo común de atención temprana en toda España, precisando un marco regulador que garantice los contenidos de la prestación o los principios de actuación, tal y como se ha demandado a través del Libro Blanco de la atención temprana o por las asociaciones o representantes de personas con discapacidad.

La disposición adicional cuarta de la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, estableció la prestación del Servicio de Atención Temprana con carácter universal para todos los menores de entre cero y seis años de la Región de Murcia cuando el servicio público de valoración determine su necesidad.

El Decreto n.º 34/2021, de 3 de abril, de Reorganización de la Administración Regional, establece las competencias que corresponden a las consejerías competentes en materia de educación, sanidad y servicios sociales, respectivamente. La norma reguladora de la intervención integral en atención temprana habrá de disponer sobre competencias que, de acuerdo con la actual distribución de competencias dentro del Gobierno Regional, corresponden a distintas consejerías.

Esta Ley regula la actuación integral en atención temprana, estableciendo la necesaria coordinación de los órganos competentes en esta materia en los distintos ámbitos, sanitario, educativo y de servicios sociales, así como el procedimiento de valoración y atención de la necesidad de atención temprana.

Para ello se establecen, entre otros aspectos, la definición y principios que han de regir la atención temprana, la población destinataria de la intervención integral en atención temprana, los derechos y obligaciones de los menores y sus representantes legales, los recursos de intervención en atención temprana, y se crean la Comisión Regional de Coordinación en Atención Temprana y la Comisión Técnica de Atención Temprana.

Esta norma ha sido elaborada en colaboración con los profesionales de los centros de atención temprana y de las entidades públicas y no lucrativas de nuestra Región, que han aportado su amplia formación y experiencia, demostrada a lo largo de más de treinta años de tratamiento exitoso, y que ha situado a esta región como referente a nivel nacional.

Asimismo, esta ley conlleva el desarrollo técnico del artículo 16, en su apartados 1.º y 2.º, de la Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia, que dispone, con el siguiente tenor literal: “1. Sin perjuicio de las prestaciones que (..) puedan ser calificadas de garantizadas, tendrán dicha condición: letra g) La atención temprana dirigida a niños de 0 a 6 años con discapacidad o riesgo de padecerla, que comprenderá como mínimo la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y la atención de casos” y “2. Todas las prestaciones económicas y prestaciones de servicios enumerados en el apartado anterior tendrán carácter gratuito, salvo lo referido en las letras f) y h) que se rigen por su propia normativa".

La presente ley se completa con una disposición transitoria y doce finales, de las cuales hemos de destacar el régimen transitorio de homologación del servicio, para los usuarios de Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana que a la entrada en vigor de la presente ley estén siendo atendidos por entidades perceptoras de subvención autonómica, así como respecto a la posibilidad de concesión de ayudas individualizadas de transporte.

Por último, cabe mencionar que esta norma se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cumple con los principios de necesidad y eficiencia, puesto que, con su aprobación, se adoptan las medidas normativas necesarias para asegurar la prestación del servicio de atención temprana a los menores de 6 años que así lo demanden y necesiten, evitando un trato desigual y discriminatorio a los menores no dependientes que necesiten atención temprana, ya que hasta ahora solo podían acceder al mismo de forma privada.

Asimismo, la regulación que se introduce es la imprescindible para hacer efectivo el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), de tal modo que también se respeta el principio de proporcionalidad.

 

subir

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente ley es:

a) Garantizar la atención temprana en la Región de Murcia de la población infantil menor de 6 años con trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos y sus familias.

b) Regular los servicios de atención temprana como una red integral de responsabilidad pública, de carácter universal, gratuita y de calidad.

c) Establecer la actuación integral en atención temprana en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para mejorar el desarrollo de los menores de entre cero y seis años y coordinar los recursos, definiendo las competencias en el ámbito sanitario, educativo y de servicios sociales, así como los mecanismos de coordinación.

d) Regular el procedimiento de valoración de la necesidad de atención temprana y la prestación de la misma.

subir

Artículo 2. Definición de atención temprana.

Se entiende por atención temprana el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los menores con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad de los menores, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar.

subir

Artículo 3. Destinatarios.

1. Son destinatarios de los servicios de atención temprana los niños de cero a seis años, con trastornos y alteraciones en su desarrollo o riesgo de padecerlos, residentes en la Región de Murcia. Excepcionalmente, se prolongará la intervención, si las circunstancias así lo requieren, siempre y cuando la continuidad del tratamiento en las mismas condiciones permita establecer un pronóstico de mayor recuperación sobre otras alternativas. Esta excepcionalidad será por un período máximo de un año.

Asimismo, la atención temprana podrá prolongarse en quienes superen la edad prevista en el apartado anterior, previo informe favorable del órgano competente, en los términos que establezca esta ley o su desarrollo reglamentario.

2. Serán también destinatarios de los servicios de atención temprana los menores y sus familias hasta la finalización del curso escolar en el que cumpla los seis años.

3. Aquellos alumnos que estén recibiendo los servicios de atención temprana y que deban permanecer un curso más en Educación infantil seguirán recibiendo los mencionados servicios de atención temprana.

subir

Artículo 4. Finalidad y objetivos.

1. La atención temprana tiene como finalidad favorecer el óptimo desarrollo y la máxima autonomía personal de los menores, tratando de minimizar y, en su caso, eliminar los efectos de una alteración o discapacidad o el riesgo de padecerla, así como la aparición de dificultades añadidas, para la integración familiar, social y la calidad de vida del menor y su familia en el entorno.

2. Los objetivos específicos de la atención temprana son

a) Reducir los efectos de un déficit sobre el desarrollo global del menor.

b) Evitar o reducir la aparición de alteraciones asociadas a las propias alteraciones de desarrollo y/o al riesgo de padecerlo.

c) Optimizar el desarrollo del menor y su grado de autonomía, posibilitando, de la forma más completa, su integración en el medio familiar, escolar y social, y considerando al menor y a su familia como sujetos activos de la intervención, así como a la familia como el principal agente impulsor del desarrollo del menor.

d) Garantizar que cada menor cuente con una atención individualizada e integral.

e) Proporcionar apoyo y procurar la satisfacción de las necesidades de las familias.

f) Alcanzar estándares de calidad en la prestación del servicio de atención temprana que incluya el desarrollo de planes de formación continua para los profesionales que trabajen en este ámbito.

subir

Artículo 5. Principios rectores.

La intervención integral en atención temprana en la Región de Murcia se rige por los siguientes principios:

a) Interés superior del menor: la atención temprana deberá garantizar, en todas sus actuaciones, el principio de primacía del interés superior del menor y la protección de sus derechos sobre cualquier otro interés legítimo concurrente, en orden a garantizar su desarrollo y el acceso a una vida plena, en condiciones que le permitan alcanzar el máximo de autonomía posible, facilitando su participación activa en la familia y en la comunidad.

b) Universalidad: el acceso al servicio de todos los menores que reúnan los requisitos establecidos

c) Gratuidad: la cobertura del coste de los recursos por la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de modo que se facilite a todos los menores el acceso al servicio sin que las condiciones personales de índole económica afecten al derecho. Por lo tanto, en la Región de Murcia la atención temprana será gratuita para todos los menores que reúnan los requisitos establecidos.

d) Igualdad y equidad: se garantizarán la igualdad en el acceso con arreglo a criterios de equidad, sin discriminación alguna asociada a condiciones personales, económicas o sociales.

e) Atención personalizada, integral y continua: la adecuación del servicio a las necesidades y capacidades personales, familiares y sociales, considerando los aspectos relativos a la prevención, estimulación, atención, promoción y la integración para la elaboración de un plan individual de atención. De acuerdo con este principio, las intervenciones integrales en atención temprana deben abordar a los menores y sus familias desde una perspectiva global que tome en consideración todos los aspectos que pueden influir en la evolución de la situación. Asimismo, tanto los tratamientos habilitadores y rehabilitadores como la intervención con la familia y el entorno del menor se planificarán teniendo en cuenta la situación específica de cada menor y de su familia.

f) Diligencia y responsabilidad pública: la atención temprana es un derecho garantizado por los poderes públicos, independientemente de que el servicio sea prestado por entidades privadas concertadas y debidamente autorizadas.

g) Coordinación y cooperación: la actuación conjunta, integral, coherente y de optimización de recursos entre las distintas administraciones públicas e instituciones, tanto públicas como concertadas, que intervienen en la atención integral de la atención temprana de los menores.

h) Participación: la contribución activa, comprometida y responsable de las familias y del entorno en el desarrollo de los planes y programas de la atención temprana, así como de todos los agentes participantes, favoreciendo la información, orientación, apoyo y el asesoramiento a la familia.

i) Proximidad y sectorización: los recursos para la intervención integral en atención temprana deben estar próximos a la zona de referencia del entorno familiar, ser accesibles y organizarse en función de una red pública de centros que atiendan las necesidades de los menores y sus familias.

j) Interdisciplinariedad y cualificación profesional: el desarrollo de las actuaciones en el ámbito de la atención temprana por profesionales de los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales organizados o coordinados de forma interdisciplinar y/o transdisciplinar, con formación específica o experiencia acreditada en atención temprana, que será actualizada y evaluada.

k) Evaluación y calidad: la organización de la atención temprana será evaluada, y se establecerán criterios y sistemas basados en el modelo de calidad de vida, con indicadores que permitan conocer la calidad de las actuaciones.

l) Prevención: la atención temprana supone un conjunto de acciones que se orientan hacia la prevención y la intervención de los menores que se encuentran en situaciones de riesgo o que presentan algún trastorno en el desarrollo o alguna discapacidad. Así mismo, es un conjunto de intervenciones con el que se actúa para poder garantizar las condiciones y la respuesta familiar ante estas circunstancias en los diferentes entornos vitales.

m) Todos aquellos incluidos en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

subir

Artículo 6. Niveles y modalidades de intervención.

1. La atención temprana se organiza en los siguientes niveles de intervención:

a) Prevención primaria: tiene por objeto la información, formación y sensibilización para evitar las condiciones que pueden llevar a la aparición de alteraciones en el desarrollo infantil, realizando los programas necesarios destinados a la población en general.

b) Prevención secundaria: tiene por objeto la detección precoz de posibles alteraciones y situaciones de riesgo biológico, psicológico y social en el desarrollo infantil, la evaluación de los mismos, así como las derivaciones de los menores entre los sistemas sanitario, educativo y de servicios sociales, con el fin de evitar o reducir las consecuencias que de ello puedan derivarse.

c) Prevención terciaria: tiene por objeto la realización de las intervenciones necesarias dirigidas al menor, a su familia y a su entorno para mejorar las condiciones de desarrollo de los primeros mediante la atenuación o superación de las consecuencias negativas de las alteraciones diagnosticadas o de los contextos con los que interactúan.

2. La intervención en atención temprana se desarrollará bajo las siguientes modalidades: atención directa a los menores, atención en el entorno sociofamiliar, educativo y sanitario, y atención en el proceso de escolarización.

subir

Artículo 7. Ámbitos de actuación.

Los ámbitos de actuación de la atención temprana comprenden:

a) Prevención de situaciones de riesgo biológico, psicológico y/o social.

b) Detección, por los sistemas implicados, de cualquier retraso en el desarrollo del menor o de las situaciones de riesgo.

c) Evaluación de las necesidades del menor, de su familia y de su entorno.

d) Diagnóstico de las alteraciones del desarrollo.

e) Atención interdisciplinar o transdisciplinar del menor, de su familia y de su entorno.

f) Orientación y apoyo a la familia y al entorno en el proceso de atención al desarrollo integral del menor.

g) Coordinación de las actuaciones de las Administraciones Públicas y de los profesionales sanitarios, educativos y de servicios sociales que participan en la prevención, detección precoz e intervención necesarias para la atención de los menores con alteraciones en el desarrollo, dependencia y/o discapacidad o riesgo de padecerla.

h) Seguimiento, evaluación y revisión, en su caso, de las actuaciones desarrolladas.

subir

Capítulo II

Coordinación, colaboración y cooperación

Sección 1.ª

Relaciones interdisciplinares, distribución competencial y actuaciones en atención temprana.

Artículo 8. Coordinación y cooperación interdisciplinar.

1. Los profesionales que intervengan en atención temprana actuarán bajo los principios de coordinación y cooperación en la intervención, el seguimiento, el intercambio de información y, si procede, la derivación de casos.

2. Para el intercambio de información y la derivación entre sistemas, la Comisión Regional de Coordinación de la Atención Temprana aprobará el Protocolo de Coordinación de Atención Temprana, y se implementará un sistema informático de atención temprana, que permita a los agentes implicados conocer la información necesaria para una atención integral y de calidad al menor y a su familia, con pleno respeto a la normativa en materia de protección de datos personales.

subir

Artículo 9. Competencias y actuaciones en el ámbito de servicios sociales.

1. Corresponde a la consejería competente en materia de servicios sociales:

a) La realización de las actuaciones de intervención necesarias desde los servicios sociales para la prevención primaria, secundaria y terciaria de cara a mejorar el desarrollo y la autonomía de los menores, así como la orientación y apoyo a las familias y al entorno.

b) La tramitación del expediente de necesidad de atención temprana.

c) La prestación del Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (SEDIAT), de acuerdo con el informe de valoración técnica de necesidad de atención temprana y/o el Plan Individual de Atención Temprana (PIAT) que se haya determinado por parte del órgano competente en el reconocimiento de la situación de dependencia. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15, estas prestaciones serán llevadas a cabo en los centros de desarrollo infantil y atención temprana de la Red Pública de Servicios Sociales (CDIAT).

El Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana se define como el conjunto de intervenciones dirigidas a la población de 0 a 6 años, su familia y su entorno, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades transitorias o permanentes que presentan las niñas y los niños con alteraciones en su desarrollo o con riesgo de padecerlas.

d) La elaboración y aprobación, cada cuatro años, de un Plan Regional Integral de Atención Temprana, como un instrumento participativo y público con intervención de los agentes afectados. Asimismo, le corresponde el seguimiento, evaluación y, en su caso, revisión del mencionado Plan Regional. Tanto para su aprobación como para su evaluación y revisión, el Plan Regional Integral de Atención Temprana requerirá informe previo de la Comisión Regional de Coordinación de Atención Temprana.

En este Plan existirá una dotación específica dirigida a la investigación y a la formación de los profesionales educativos, de los servicios sociales y de sanidad en materia de atención temprana.

La elaboración del Plan Regional Integral de Atención Temprana se realizará siguiendo las previsiones establecidas por el Anexo II del Acuerdo de 4 de julio de 2013 del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre criterios comunes, recomendaciones y condiciones mínimas de los planes de atención integral a menores de tres años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla.

2. Las actuaciones de prevención, dirigidas a evitar las condiciones que pueden llevar a la aparición de deficiencias o alteraciones en el desarrollo infantil, incluirán, entre otras:

a) La prevención de situaciones de riesgo social y maltrato de menores.

b) La prevención de alteraciones del desarrollo a través de programas realizados sobre población de riesgo social.

c) La detección de alteraciones del desarrollo en población atendida por los servicios sociales en cualquiera de sus niveles.

d) El desarrollo de programas de prevención y detección temprana de las necesidades que presentan los menores y sus familias, en coordinación con los servicios educativos y sanitarios.

e) Promover la formación sobre prevención e intervención de las alteraciones del desarrollo a los profesionales de los distintos ámbitos de atención temprana.

3. En el caso de precisar intervenciones de atención temprana, las actuaciones en el ámbito de los servicios sociales serán, entre otras:

a) Inclusión en programas de intervención familiar, para menores en los que se detecten factores sociales de riesgo determinantes para el desarrollo.

b) En los casos que exista discapacidad, valoración de la misma por los Centros de Valoración y Orientación de personas con discapacidad. Tal valoración no supondrá, en ningún caso, condicionamiento, demora o limitación al acceso inmediato a los recursos del servicio de desarrollo infantil v atención temprana, la valoración técnica de necesidad de atención temprana y/o el Plan Individual de Atención Temprana (PIAT).

c) Reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Tal valoración no supondrá, en ningún caso, condicionamiento, demora o limitación al acceso inmediato a los recursos del servicio de desarrollo infantil y atención temprana, la valoración técnica de necesidad de atención temprana y/o el Plan Individual de Atención Temprana (PIAT).

d) Garantizar la coordinación entre los Servicios Sociales de Atención Primaria y los profesionales de otros niveles y ámbitos de intervención.

subir

Artículo 10. Competencias y actuaciones en el ámbito sanitario.

1. Niveles de actuación de la consejería competente en materia de sanidad:

a) Prevención primaria. Dirigida a la población general para evitar las condiciones que puedan llevar a que se produzca una deficiencia o alteraciones en el desarrollo infantil.

b) Prevención secundaria. Dirigida a la detección y diagnóstico de forma precoz de alteraciones en el desarrollo y situaciones de riesgo.

c) Prevención terciaria. Dirigida a niños ya diagnosticados de alteración en el desarrollo.

d) La detección y diagnóstico del menor, cuando presente indicadores de riesgo biológico, psicológico o social.

2. Corresponde a la consejería competente en materia de sanidad las actuaciones de prevención, promoción e intervención siguientes:

a) Prevención primaria: programas de prevención en el diagnóstico, educación para la salud y de seguimiento en la población afectada, con especial atención a menores en situación de alto riesgo.

b) Prevención secundaria: campañas de sensibilización a profesionales para el diagnóstico precoz en población de riesgo, programas de prevención de complicaciones y de seguimiento específico a menores con problemas durante el embarazo o periodo neonatal.

c) Prevención terciaria: seguimiento de los niños ya diagnosticados y la atención multidisciplinar descartando la aparición de comorbilidades.

d) En las actuaciones de detección y diagnóstico se realizará, entre otras, el diagnóstico funcional, sindrómico o etiológico de la alteración en el desarrollo, así como la realización de informe sanitario cuando se considere que el menor debe ser valorado por el equipo de orientación educativa y psicopedagógica de atención temprana por presentar indicadores de riesgo biológico, psicológico o social.

subir

Artículo 11. Competencias y actuaciones en el ámbito educativo.

1. Sin perjuicio de los tres niveles de intervención recogidos en el artículo 6.1, corresponde a la consejería competente en materia de educación:

a) La escolarización de los menores de 3 a 6 años, y de los menores de 0 a 3 años cuando ello sea posible, según lo establecido por la legislación educativa vigente, y la provisión de los apoyos específicos que requieran, así como la orientación educativa a los padres, madres o tutores legales para facilitar la integración educativa del menor y potenciar sus capacidades.

b) La realización de actuaciones de detección y evaluación de las necesidades educativas del menor.

c) La valoración técnica de necesidad de atención temprana y el seguimiento de la evolución de la atención temprana recibida por el menor, en coordinación con los profesionales del centro de desarrollo infantil y atención temprana de la Red Pública de Servicios Sociales.

2. De acuerdo con las competencias establecidas en el apartado anterior, las actuaciones en el ámbito educativo serán, entre otras:

a) El desarrollo de programas de prevención y detección temprana de las necesidades que presentan los menores.

b) La realización de la evaluación psicopedagógica para la determinación de las necesidades educativas del menor.

c) La emisión del informe de valoración técnica sobre la necesidad de atención temprana según baremo establecido en aquellos casos en que proceda.

d) El seguimiento de la evolución del menor en relación con la idoneidad de la atención temprana recibida, en coordinación con los profesionales del centro que proporciona la intervención y los servicios sociales especializados.

e) La emisión, en su caso, del informe de continuación de la intervención prescrita.

f) La orientación educativa a los padres, madres o tutores legales para facilitar la integración educativa del menor y potenciar sus capacidades.

g) Una vez realizada la escolarización de los menores, colaborar con los profesionales de los centros educativos en el proceso de elaboración, desarrollo y evaluación de las adaptaciones curriculares que precise el alumnado, así como colaborar con otros organismos e instituciones que presten atención a la infancia con el fin de llevar a cabo actuaciones conjuntas.

subir

Sección 2.ª

Recursos de intervención en atención temprana

Artículo 12. Recursos de intervención en atención temprana.

Los recursos para el desarrollo de la intervención en atención temprana en la Región de Murcia son:

a) Los centros de desarrollo infantil y atención temprana. (CDIAT) y Servicios Sociales especializados.

b) Los equipos de atención primaria y especializada de la Consejería competente en materia de sanidad.

c) La dirección general competente en gestión de centros de atención a personas con discapacidad u órgano específico de gestión de la atención temprana que se cree en la Consejería competente.

d) Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de atención temprana, específicos y de sector (EOEP).

e) Los Centros de Educación de Infantil y Primaria y demás recursos educativos de atención a la infancia, como guarderías municipales, escuelas infantiles de la CARM, puntos de atención a la infancia y centros de atención a la infancia.

f) Los Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria.

subir

Artículo 13. Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP).

1. Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica son equipos multidisciplinares especializados en la evaluación y determinación de las necesidades en atención temprana, integrados en la consejería competente en materia de educación.

2. Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de atención temprana intervienen con menores de 0-3 años, mientras que los EOEP de sector y los específicos intervienen con los menores de 3-6 años, de conformidad con la Orden de 24 de noviembre de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura por la que se dictan instrucciones sobre el funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, y el resto de normativa aplicable a los EOEP.

3. Las actuaciones a desarrollar por los profesionales de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica son:

a) Realizar la valoración técnica de la necesidad de atención temprana según baremo establecido, asignando el módulo correspondiente, así como las sesiones de cada tipo de tratamiento.

b) Establecer el seguimiento del tratamiento junto con el centro de desarrollo infantil y atención temprana.

c) Determinar la necesidad de continuidad en la intervención en coordinación con el centro de desarrollo infantil y atención temprana.

d) Realizar la propuesta de escolarización del menor en el sistema educativo en coordinación con el centro de desarrollo infantil y atención temprana.

e) Informar a las familias sobre la necesidad de la solicitud de dependencia.

subir

Artículo 14. Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de la Red Pública de Servicios Sociales (CDIAT).

1. Los centros de desarrollo infantil y atención temprana son centros de titularidad pública o privada incluidos en la red de centros sostenidos con fondos públicos. Dentro de los CDIAT se podrán distinguir:

a) CDIAT genéricos: aquellos centros que atienden a cualquier menor que presente necesidades de atención temprana.

b) CDIAT específicos: aquellos centros especializados en una discapacidad, clínica y concretamente diagnosticada, que atienden a aquella población infantil afectada por la misma.

2. Los centros de desarrollo infantil y atención temprana se configuran como recursos específicos para llevar a cabo la ejecución de la intervención de servicios sociales especializados de atención temprana del menor, su familia y su entorno, en colaboración y coordinación con los recursos de los demás sistemas implicados, de acuerdo con el Plan Individual de Atención Temprana (PIAT), elaborado por el equipo técnico del centro, según lo contemplado en el informe de valoración técnica de necesidad de atención temprana y módulo de intervención, y constituyen el núcleo de distribución de las acciones previstas en el artículo 15, en relación con el niño, la familia, el entorno y la calidad del programa.

3. Los centros de desarrollo infantil y atención temprana deberán contar con las oportunas autorizaciones sanitarias, sociales y de otros ámbitos que sean precisas. Asimismo, deberán contar con un reglamento de régimen interior, el cual deberá ser aprobado por la dirección general competente en gestión de centros de atención a personas con discapacidad del IMAS.

4. Las actuaciones del equipo de los centros de desarrollo infantil y atención temprana responden a los tres niveles de atención temprana establecidos en el artículo 6. En este sentido, los CDIAT realizarán las siguientes actuaciones:

a) Cada CDIAT estará adscrito a un área territorial concreta, determinada por la Comisión Regional de Coordinación en Atención Temprana, y desarrollará diversas actuaciones según el principio de proximidad geográfica que serán llevadas a cabo por el equipo del centro en coordinación con los recursos comunitarios de la zona de influencia. No obstante lo anterior, los CDIAT específicos podrán atender a menores que tengan la discapacidad en la que el centro está especializado y que residan en una localidad no incluida en el área territorial del centro. Para ello se informará a la familia sobre las posibilidades de tratamiento para que pueda decidir la alternativa que le parezca más adecuada.

b) Prevención y detección de los casos. Los centros de desarrollo infantil y atención temprana colaborarán y serán a su vez impulsores de programas comunitarios dentro del ámbito preventivo y de detección precoz de la población de los menores con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlo, todo ello en coordinación con los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, pudiendo participar los pediatras de la zona.

c) Diseño, coordinación y desarrollo del Plan individual de Atención Temprana, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24.

d) Seguimiento y evaluación. Desde los centros de desarrollo infantil y atención temprana se establecerá un plan de seguimiento para cada caso, fijando evaluaciones periódicas del desarrollo del menor, teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 26 y 27.

e) Coordinación. Con relación a este punto, desde los centros de desarrollo infantil y atención temprana se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

1.º- Reuniones interdisciplinares internas de los centros de desarrollo infantil y atención temprana, realizadas por el equipo de profesionales cualificados en atención temprana del centro, encaminadas a la coordinación interdisciplinar para el abordaje integrado de los casos de nuevo ingreso y en curso, así como las cuestiones relacionadas con la planificación, organización y funcionamiento del propio CDIAT.

2.º- Reuniones de coordinación entre los centros de desarrollo infantil y atención temprana de la Región de Murcia, para consensuar actuaciones comunes, sin perjuicio de la superior coordinación que se establezca en el seno de la Comisión Regional de Coordinación en Atención Temprana.

3.º- Reuniones interdisciplinares del CDIAT con otros profesionales de los recursos sanitarios, educativos y sociales, con el fin de coordinar los diferentes procedimientos de actuación con el menor y su familia, e integrarlos en el Plan Individual de Atención Temprana debiendo tener en cuenta, en todo caso, los protocolos, líneas estratégicas de actuación y demás acuerdos establecidos por la Comisión Regional de Coordinación en Atención Temprana.

f) Elaboración de planes periódicos de formación y evaluación para su personal, de acuerdo con las directrices aprobadas por la Comisión Regional de Coordinación en Atención Temprana.

subir

Artículo 15. Intervención por servicios sociales especializados en atención temprana.

1. La modalidad principal de intervención desde los servicios sociales especializados en atención temprana se realizará a través del Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (SEDIAT), el cual será prestado por los centros de desarrollo infantil y atención temprana y que incluirá, como mínimo, los siguientes tratamientos e intervenciones que no estén siendo prestados por los otros sistemas o que, siendo prestados, requieran un refuerzo adicional que el sistema prestador principal no puede aportar:

a) Apoyo psicopedagógico.

b) Atención psicológica.

c) Rehabilitación auditiva.

d) Logopedia.

e) Fisioterapia.

f) Estimulación multisensorial.

g) Orientación y apoyo a familias.

h) Estimulación global.

i) Psicomotricidad.

j) Cuantos otros tratamientos o intervenciones que, en función de las nuevas necesidades específicas detectadas, determine la Comisión Regional de Coordinación en Atención Temprana.

2. Todos estos tratamientos e intervenciones se prestarán en los locales propios de los centros prestadores de servicios, así como en el domicilio familiar o en otros entornos naturales del menor cuando sea procedente, debiendo, en este último caso, realizarse de una forma coordinada.

3. La intervención de los servicios sociales especializados de atención temprana se asignará en las sesiones de tratamiento que requieran el menor y su familia, conforme al baremo establecido. Este baremo deberá ser aprobado mediante orden conjunta de las consejerías competentes en materia de sanidad, servicios sociales y educación, a propuesta de la Comisión Técnica de Atención Temprana.

Las intervenciones con los menores y sus familias podrán realizarse en sesiones individuales o grupales.

Todas las intervenciones que correspondan conforme al baremo, ya sean grupales o individuales, deberán recogerse en el Plan Individual de Atención Temprana.

4. Cuando los destinatarios del Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana sean menores dependientes, o que hayan solicitado el reconocimiento del derecho a los servicios o prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), se deberá tener en cuenta lo dispuesto por la normativa reguladora de dicho sistema.

5. La intervención de servicios sociales especializados de atención temprana será compatible con las intervenciones desde los sistemas de salud y educación, siempre que se ajuste a los protocolos de coordinación existentes entre los tres sistemas y que exista una complementariedad entre la intervención recibida por el menor y su familia, sin que pueda producirse en ningún caso una duplicidad de servicios. Dicha complementariedad será considerada y valorada por los técnicos de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y recogida en el informe de valoración del menor.

Para la compatibilidad de la intervención de servicios sociales especializados de atención temprana con el resto de servicios y prestaciones del sistema de servicios sociales y de la dependencia se estará a lo que en cada momento disponga la normativa regional o nacional.

subir

Artículo 16. Derechos y obligaciones de los usuarios del Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.

1. La familia o representantes del menor, como usuarios del Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, tienen derecho a:

a) Solicitar, de forma motivada, la modificación del Plan individual de Atención Temprana por variación sustancial de las circunstancias del menor.

b) Conocer las normas y el reglamento de régimen interior que rigen el funcionamiento del centro de desarrollo infantil y atención temprana que les ha sido concedido.

c) Tomar parte en los órganos de participación establecidos por el centro de desarrollo infantil y atención temprana independientemente de su condición de socios o miembros de la entidad titular del centro.

d) Que no les sea exigible cantidad alguna por ninguno de los conceptos recogidos en el Plan Individual de Atención Temprana.

e) Que el centro de desarrollo infantil y atención temprana ajuste los horarios de las intervenciones, en la medida de lo posible y siempre dentro de lo razonable, a las circunstancias laborales de los padres o tutores.

f) Que se les informe con antelación razonable de cualquier modificación horaria o de calendario que pueda incidir en la prestación de las intervenciones programadas, excepto en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor.

2. La familia o representantes del menor, como usuarios del centro de desarrollo infantil y atención temprana, tienen las siguientes obligaciones:

a) Comunicar la recepción de cualquier otro servicio, ayuda o prestación de análoga naturaleza.

b) Asistir a las sesiones programadas, excepto por causas ineludibles.

c) Avisar con suficiente antelación de la no asistencia a alguna sesión de intervención.

d) Respetar las normas de convivencia establecidas en el reglamento de régimen interno del centro de desarrollo infantil de atención temprana.

e) Conocer la normativa de funcionamiento del centro de desarrollo infantil y atención temprana.

f) Facilitar o aportar toda la información disponible o relevante para una adecuada intervención.

Estos derechos y obligaciones se recogerán en el reglamento de régimen interior de los centros de desarrollo infantil y atención temprana.

subir

Artículo 17. Causas de extinción del derecho al Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.

1. El derecho al Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana se extingue por alguna de las siguientes causas:

a) Cumplimiento del plazo de intervención señalado en el informe de valoración emitido por el equipo de orientación educativa y psicopedagógica.

b) No cumplir el requisito de edad dispuesto en el artículo 3.

c) Traslado a otra Comunidad Autónoma.

d) Recibir la atención necesaria por parte de otro sistema implicado en la intervención integral en atención temprana.

e) Por voluntad expresa del padre, madre o representante legal, siempre que no suponga un riesgo para la integridad o el bienestar del menor, debiendo acreditarse este extremo mediante informe del centro de desarrollo infantil y atención temprana o de cualquier otro centro autorizado o profesional cualificado.

f) Por causas sobrevenidas relativas al menor u otras circunstancias que hagan imposible la prestación del servicio.

g) Incomparecencia o incumplimiento de las obligaciones recogidas en el artículo 16, o de las normas que se establezcan para una correcta prestación del servicio.

h) Por falsedad u omisión grave en la información proporcionada por la familia o representante legal en cualquiera de las fases de solicitud del servicio o de instrucción del procedimiento.

i) Por cumplimiento de los objetivos de intervención determinados en el Plan individual de Atención Temprana sin que se considere necesario establecer otros nuevos objetivos.

2. En aquellos supuestos en que pudiera existir dejación de funciones o una actitud del padre, madre o representante legal del menor que pudiese repercutir en una desprotección del mismo, se actuará de conformidad con lo establecido en la Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia de la Región de Murcia, no perdiendo el menor el derecho a la incorporación al Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.

subir

Sección 3.ª

Órganos de coordinación

Artículo 18. Comisión Regional de Coordinación en Atención Temprana.

1. Con el fin de asegurar la necesaria coordinación interdepartamental de los distintos sistemas implicados, se crea la Comisión Regional de Coordinación en Atención Temprana, adscrita a la consejería competente en materia de servicios sociales e integrada por los siguientes miembros:

a) La persona titular de la consejería competente en materia de servicios sociales, que ocupará la presidencia y que dirimirá con su voto los empates.

b) La persona titular de la Secretaría General de la consejería competente en materia de servicios sociales.

c) La persona titular de la Dirección General del ámbito sanitario competente en esta materia.

d) La persona titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de sanidad.

e) La persona titular de la Dirección General del ámbito educativo competente en esta materia.

f) La persona titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de educación.

g) La persona titular de la Dirección Gerencial del IMAS.

h) La persona titular de la Dirección General competente en gestión de centros de atención a personas con discapacidad del IMAS.

i) Cuatro representantes de los centros de desarrollo infantil y atención temprana concertados de titularidad pública, designados por la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

j) Dos representantes de los centros de desarrollo infantil y atención temprana concertados de titularidad privada, designados uno por la Federación de Entidades sin Ánimo de Lucro titulares de CDIAT que mayor número de asociados tenga en la Región de Murcia, y otro mediante acuerdo entre las entidades sin ánimo de lucro no integradas en la anterior Federación y las entidades con ánimo de lucro titulares de CDIAT. En el caso de no producirse la designación regulada en este apartado tras el requerimiento realizado por la presidencia de la Comisión, esta última decidirá sobre la designación.

k) Dos representantes de los colectivos de personas con discapacidad a propuesta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CERMI Comunidad de Murcia).

2. Las funciones de la Comisión Regional de Coordinación en Atención Temprana son:

a) Proponer las líneas estratégicas de acción en materia de atención temprana en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

b) Aprobar la planificación anual previa valoración de las recomendaciones y propuestas recibidas de la Comisión Técnica de Atención Temprana.

c) Promover la coordinación entre los sistemas implicados en la atención temprana y el desarrollo de la cartera de servicios propios de cada sistema de acuerdo a las competencias que les son propias.

d) Revisar y determinar la actualización de los correspondientes servicios y prestaciones de atención temprana de los tres sistemas implicados.

e) Aprobar el Protocolo de Coordinación de Atención Temprana establecido en el artículo 8.

f) Establecer grupos de trabajo para el desarrollo de los protocolos y actuaciones que se precisen, así como para la propuesta de corrección de las desviaciones acaecidas y resolución de posibles discrepancias en la aplicación de la presente ley.

g) Determinar las áreas territoriales de actuación de los centros de desarrollo infantil y atención temprana, sin perjuicio de lo dispuesto por la presente ley para los centros de desarrollo infantil y atención temprana específicos.

h) Establecer los criterios y sistemas basados en el modelo de calidad de vida, con indicadores que permitan conocer la calidad de las actuaciones así como la autoevaluación por los propios centros de desarrollo infantil y atención temprana.

i) Realizar la valoración, con base en criterios científicos, de las buenas prácticas de los centros de desarrollo infantil y atención temprana, así como su promoción y difusión.

j) Promover, coordinar y establecer las directrices de los planes periódicos de formación y evaluación para el personal de los centros de desarrollo infantil y atención temprana.

3. La Comisión Regional de Coordinación de Atención Temprana se reunirá al menos una vez al año y su régimen jurídico será el previsto en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público.

subir

Artículo 19. Comisión Técnica de Atención Temprana.

1. Se crea la Comisión Técnica de Atención Temprana, adscrita a la consejería competente en materia de servicios sociales, que estará formada por:

a) Tres miembros del personal técnico de la Dirección General competente en materia de gestión de centros de atención a personas con discapacidad del IMAS, uno de los cuales ocupará la presidencia y dirimirá con su voto los empates.

b) Dos miembros del personal técnico del ámbito de salud adscritos a la Dirección General competente en esta materia, una de los cuales habrá de ser coordinador regional de pediatría.

c) Dos miembros del personal técnico del ámbito de educación adscritos de la Dirección General competente en esta materia.

d) Persona que ostente la dirección de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica de atención temprana.

e) Persona que ostente la dirección de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica de sector.

f) Cuatro miembros del personal técnico representantes de los centros de desarrollo infantil y atención temprana concertados de titularidad pública, designados por la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

g) Dos miembros del personal técnico representantes de los centros de desarrollo infantil y atención temprana concertados de titularidad privada, designados uno por la Federación de Entidades sin Ánimo de Lucro titulares de CDIAT que mayor número de asociados tenga en la Región de Murcia, y otro mediante acuerdo entre las entidades sin ánimo de lucro no integradas en la anterior Federación y las entidades con ánimo de lucro titulares de CDIAT. En el caso de no producirse la designación regulada en este apartado tras el requerimiento realizado por la presidencia de la Comisión, esta última decidirá sobre la designación.

h) Dos miembros del personal técnico en representación de los colectivos de personas con discapacidad a propuesta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CERMI Región de Murcia).

2. La Comisión Técnica de Atención Temprana podrá contar con la participación de otros profesionales expertos, así como con padres, madres o representantes legales de los menores, con voz pero sin voto, cuando se estime necesario, a propuesta de sus miembros.

3. Las funciones de la Comisión Técnica de Atención Temprana:

a) Analizar la coordinación y seguimiento de la intervención integral en atención temprana desde los sistemas sanitario, educativo y de servicios sociales para proponer sistemas que garanticen las actuaciones necesarias de cada una de las áreas en el proceso de intervención, así como la coordinación entre ellas.

b) Analizar y proponer protocolos de coordinación, derivación, intervención, seguimiento e intercambio y registros de información.

c) Analizar y evaluar el desarrollo de las actuaciones de intervención con el fin de detectar nuevas necesidades y planteamientos y poder diseñar aspectos de mejora continua.

d) Elevar recomendaciones y propuestas a la Comisión Regional de Coordinación en Atención Temprana, para el desarrollo de las funciones que le son propias.

e) Analizar las incidencias producidas en la aplicación de la presente ley, así como proponer la corrección de las desviaciones acaecidas y resolver las posibles discrepancias.

4. La Comisión Técnica de Atención Temprana se constituye como comisión de trabajo, se reunirá al menos dos veces al año y su régimen jurídico será el previsto en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público.

subir

Capítulo III

Procedimiento para la determinación, revisión, seguimiento y extinción de la necesidad de atención temprana.

Artículo 20. Procedimiento ordinario y medidas provisionales de intervención en atención temprana.

1. El procedimiento se iniciará a solicitud de los padres o representantes legales del menor, cuando profesionales de los servicios sociales, sanitarios o educativos detecten la necesidad de servicios de atención temprana mediante el correspondiente informe de derivación. Junto a la solicitud se deberá acompañar el informe del servicio de pediatría, relativo a la concurrencia de indicadores de riesgo biológico, psicológico o social.

2. La Dirección General competente en gestión de centros de atención a personas con discapacidad del IMAS instruirá y resolverá el procedimiento de reconocimiento de la necesidad de servicios especializados de atención temprana y del derecho al Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.

3. Cuando el servicio de pediatría determine la necesidad de intervención inmediata, las familias, la dirección de los CDIAT y los profesionales de derivación podrán solicitar el inicio provisional de la intervención, hasta que se resuelva el procedimiento, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. En los casos de urgencia y para la protección del menor, los centros de desarrollo infantil y atención temprana y los profesionales de derivación podrán adoptar las medidas de intervención necesarias sin necesidad de resolución administrativa. No obstante, deberán comunicar las medidas adoptadas en el plazo máximo de 5 días a la Dirección General competente en gestión de centros de atención a personas con discapacidad, acompañando un informe de valoración y la descripción de las medidas de intervención adoptadas y justificación de la urgencia. La Dirección General resolverá en el plazo máximo de 5 días sobre el mantenimiento, modificación o suspensión de las medidas provisionales adoptadas.

5. El seguimiento de los menores de riesgo biológico o psicosocial, incluyendo los recién nacidos con factores de riesgo prenatal o perinatal, se realizará directamente, previa derivación del servicio de pediatría, por parte de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de atención temprana.

subir

Artículo 21. Documentación.

1. En el procedimiento se dispondrá de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con los datos del menor y sus padres o representantes legales relativos a la identificación, domicilio, patria potestad o representación, derivación del sistema desde el que sea remitido, así como los datos médicos, sociales, psicológicos y pedagógicos que, respecto al menor, tengan en su poder las Administraciones Públicas.

2. No obstante lo anterior, los padres o representantes del menor podrán presentar cualesquiera otros informes o datos que estimen necesarios. De acuerdo con ello, podrán presentar junto con la solicitud informe de valoración complementario al objeto de determinar la necesidad de atención temprana y, en su caso, la procedencia del Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana realizado por el equipo profesional de un centro de desarrollo infantil y atención temprana con base en el baremo indicado en el artículo 15.3, debiendo recoger dicho informe como mínimo la información a la que se refiere el artículo 22.3.

3. De forma voluntaria, podrá solicitarse simultáneamente el reconocimiento de la condición de discapacidad y/o dependencia. De ser así, los equipos de valoración de dependencia y/o discapacidad actuarán de forma coordinada en la valoración con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica correspondiente.

subir

Artículo 22. Valoración de necesidad de atención temprana.

1. El equipo de orientación educativa y psicopedagógica que corresponda en cada zona realizará la valoración técnica al objeto de determinar la necesidad de servicios especializados de atención temprana y del derecho al Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana mediante el estudio y diagnóstico de las necesidades que puedan derivar en dificultades en el desarrollo del menor. Para ello, el órgano instructor remitirá la solicitud y toda la documentación presentada al equipo de orientación educativa y psicopedagógica correspondiente.

2. Si la documentación aportada no resulta suficiente para valorar la necesidad de atención temprana, el equipo de orientación educativa y psicopedagógica podrá requerir a los sistemas sanitario, educativo y de servicios sociales cualquier información complementaria que considere oportuna.

3. Tras el estudio y el diagnóstico de la situación, e independientemente de las calificaciones de dependencia y discapacidad, el equipo de orientación educativa y psicopedagógica emitirá el correspondiente informe de valoración técnica en el que se hará constar, como mínimo:

a) Los datos personales del menor.

b) Los resultados de la valoración por áreas de desarrollo.

c) El diagnóstico de la situación del menor.

d) Apoyos especializados que recibe, en el caso de menores escolarizados en el segundo ciclo de Educación Infantil.

e) Valoración sobre la existencia de necesidad de atención temprana y, en su caso, la procedencia del Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.

f) La prescripción de las sesiones necesarias y el seguimiento sobre el desarrollo de la intervención.

g) La duración prevista de la intervención y la fecha de revisión.

4. No obstante lo regulado en los párrafos precedentes, cuando se presente junto con la solicitud informe de valoración complementario realizado por el equipo profesional de un centro de desarrollo infantil y atención temprana de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21.2, el equipo de orientación educativa y psicopedagógica que vaya a realizar la evaluación de la necesidad de atención temprana deberá tenerlo en consideración a la hora de realizar la prescripción de la intervención que el menor precise, al igual que el resto de informes, documentos y alegaciones que se recojan en el expediente administrativo.

5. En el plazo de 30 días desde que se inició el procedimiento, el equipo de orientación educativa y psicopedagógica deberá redactar la valoración técnica a que se refiere el artículo 13.3. a) y remitirla al órgano instructor.

subir

Artículo 23. Reconocimiento de la necesidad de servicios especializados de atención temprana.

1. Conforme al informe de valoración técnica remitido por el equipo de orientación educativa y psicopedagógica, y en el plazo de 10 días, el órgano instructor, mediante resolución, asignará la intensidad y el conjunto de recursos más adecuados a las necesidades del menor y su familia de entre los seleccionados por los solicitantes, debiendo tenerse en cuenta como criterio prioritario la elección realizada por los mismos.

En el caso de que la resolución difiera de la valoración realizada por el equipo de orientación educativa y psicopedagógica, esta deberá estar motivada.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de concesión o denegación del Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana será de 40 días a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.3.

Durante la tramitación del procedimiento, se podrán adoptar de oficio las medidas provisionales previstas en el artículo 20.

Transcurrido dicho plazo sin dictarse y notificarse resolución alguna, podrá entenderse desestimada la solicitud por silencio administrativo.

3. Esta resolución no pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso de alzada ante la Presidencia del Instituto Murciano de Acción Social, de conformidad con el artículo 5 del Decreto 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social, en relación con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación.

subir

Artículo 24. Incorporación al centro de desarrollo infantil y atención temprana. Plan Individual de Atención Temprana (PIAT).

1. Una vez reconocido el derecho al Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, la incorporación del menor al centro de desarrollo infantil y atención temprana deberá producirse en el plazo más breve posible, como máximo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la resolución. En el supuesto de no efectuarse la incorporación del menor en el CDIAT, se tendrá en cuenta, si procede, lo dispuesto en el artículo 17.2.

2. Cuando se produzca la incorporación del menor, se realizará la acogida y valoración de este y su familia en el centro de desarrollo infantil y atención temprana, se realizará por el equipo técnico del centro una propuesta de intervención interdisciplinar elaborando el Plan individual de Atención Temprana que contemple la intervención en los diferentes contextos donde se desenvuelve el menor, teniendo en cuenta para ello lo establecido en el informe de valoración del equipo de orientación educativa y psicopedagógica.

3. El Plan Individual de Atención Temprana contendrá como mínimo:

a) Datos del menor

b) El diagnóstico de la situación de necesidad de servicios especializados de atención temprana, según informe de valoración técnica del equipo de orientación educativa y psicopedagógica.

c) Objetivos de la intervención.

d) Intervención que recibirá y las características de la misma (número de sesiones, temporalización, agrupamientos, profesionales que intervienen, etcétera), teniendo en cuenta lo establecido en el informe de valoración del equipo de orientación educativa y psicopedagógica.

Este Plan Individual de Atención Temprana deberá ser remitido a la Administración Regional, a través del sistema informático de atención temprana, en el plazo de un mes.

4. El Plan individual de Atención Temprana se revisará al menos anualmente, así como siempre que exista una nueva valoración por los equipos de orientación educativa y psicopedagógica.

subir

Artículo 25. Traslado de centro de desarrollo infantil y atención temprana.

1. Los padres o representante legal del menor podrá pedir el traslado de centro de desarrollo infantil y atención temprana mediante solicitud dirigida a la Dirección General con competencias en gestión de centros de atención a personas con discapacidad del IMAS, si su situación requiriese dicho traslado.

2. Asimismo, la Dirección General con competencias en gestión de centros de atención a personas con discapacidad del IMAS podrá promover de oficio traslados, dando la debida audiencia a las personas interesadas, cuando concurran las siguientes circunstancias excepcionales:

a) Supresión de plazas o cierre de centros.

b) Pérdida de la vigencia de un convenio, contrato o concierto social con centro de desarrollo infantil y atención temprana concertado.

c) Por orientación técnica que determine el traslado.

3. El procedimiento de traslado será el recogido en la normativa sobre Procedimiento Administrativo Común.

subir

Artículo 26. Seguimiento y evaluación.

1. El centro de desarrollo infantil y atención temprana en el que se realice la intervención emitirá los informes anuales de seguimiento y evolución que se le requieran para valorar la situación del menor, de su familia y de su entorno, así como informe sobre la situación del menor una vez finalizada la intervención. Dichos informes serán remitidos a la Dirección General competente en gestión de centros de atención a personas con discapacidad del IMAS, a través del sistema informático de atención temprana integral. Los informes de seguimiento y evaluación podrán ser recabados con una periodicidad inferior a la anual cuando la Dirección General competente en gestión de centros de atención a personas con discapacidad del IMAS lo considere oportuno.

2. El equipo de orientación educativa y psicopedagógica y la Dirección General competente en gestión de centros de atención a personas con discapacidad del IMAS, de acuerdo con los protocolos que se establezcan, llevarán a cabo el seguimiento y evaluación de la intervención con cada menor y su familia con una periodicidad al menos anual, valorándose los cambios producidos en su desarrollo, la eficacia de la metodología de intervención y su efectividad conforme a los objetivos programados en el Plan individual de Atención Temprana. Esta evaluación se basará en los informes emitidos por el centro de desarrollo infantil y atención temprana y, si se considerase oportuno, en una entrevista diagnóstica y de seguimiento con el menor y su familia.

subir

Artículo 27. Revisión.

1. Los servicios especializados de atención temprana y el Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana reconocidos podrán revisarse, garantizando la debida audiencia:

a) A propuesta del servicio social, sanitario o educativo que derivó el caso.

b) A propuesta del equipo de orientación educativa y psicopedagógica cuando tenga constancia de una variación de la situación del menor.

c) A solicitud de los padres o representante legal del menor con informe favorable preceptivo del centro de desarrollo infantil y atención temprana que presta el servicio.

2. En el caso de que efectivamente haya variado la situación y se requiera una modificación en la intervención, deberá dictarse un nuevo Plan Individual de Atención Temprana para cuyo procedimiento de aprobación se estará a lo establecido en los artículos 20 y siguientes.

subir

Artículo 28. Procedimiento de extinción del Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.

1. El órgano encargado de la instrucción y resolución de los procedimientos de extinción del derecho al Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana será la Dirección General competente en gestión de centros de atención a personas con discapacidad del IMAS.

2. Cuando la causa de la extinción sea una de las señaladas en las letras a), d), e) e i) del artículo 17, se deberá dar trámite de audiencia a los interesados.

3. La extinción del Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana requerirá informe de valoración del equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los casos recogidos en los apartados a), d) e i) del artículo 17.

4. Para que la extinción del derecho se produzca por la causa g) y h) del artículo 17, será necesario que los servicios sociales de atención primaria de la zona de residencia del menor y, en su caso, los servicios sociales especializados de protección del menor emitan un informe con indicación de la situación familiar y de la existencia o no de una situación de abandono, negligencia o riesgo para el menor, en el que se señalarán las intervenciones llevadas a cabo para resolver la situación, así como la adopción de las medidas legales oportunas, antes de proceder a la extinción del derecho. Este informe será solicitado de oficio.

subir

Capítulo IV

Formación, Investigación e Innovación.

Artículo 29. Estrategia de formación.

1. La Administración Pública impulsará la formación de profesionales implicados en la atención temprana.

2. La Administración Pública fomentará centros de referencia para la formación en determinados trastornos del desarrollo, especialmente para profesionales vinculados a los CDIAT.

3. Se promoverá que los principios básicos para la prevención e intervención en la atención temprana se incorporen en los currículos de las titulaciones de grado y postgrado implicadas.

4. La Administración educativa de la Región de Murcia adoptará las medidas necesarias para incluir en los planes de formación permanente del profesorado una formación inicial y continua en materia de atención temprana.

5. Se establecerán líneas de colaboración con las universidades de Murcia en el desarrollo de estrategias de formación en materia de atención a los trastornos del desarrollo.

subir

Artículo 30. Promoción de proyectos de investigación e innovación en atención temprana.

1. La Administración fomentará la investigación en atención temprana, fundamentalmente en el campo de la investigación epidemiológica y de la investigación evaluativa de las intervenciones. Así como el desarrollo de investigaciones interdisciplinares.

2. Colaborar con las universidades de Murcia en el desarrollo de estrategias de formación, investigación e innovación en materia de atención a los trastornos del desarrollo.

3. La Administración Pública facultará cauces para el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como el acceso a las fuentes documentales.

subir

Artículo 31. Premio a la Innovación y las Buenas Prácticas en materia de atención temprana.

1. La Consejería competente en materia de Política Social publicará, con la periodicidad que se determine, una convocatoria de premios a las mejores experiencias de innovación y buenas prácticas que se hayan desarrollado en la Región de Murcia en el ámbito de la atención temprana, dirigida a los diferentes sectores sociales, públicos y privados, que asuman iniciativas en dichas materias.

2. Reglamentariamente se establecerán el diseño, las características, la periodicidad y las bases que regirán las citadas convocatorias.

subir

Artículo 32. Nuevas tecnologías y atención temprana.

Las Consejerías competentes en las materias de salud, educación, políticas sociales e innovación trabajarán de forma conjunta para promover el desarrollo de juegos que utilicen las nuevas tecnologías y consigan incidir positivamente en el desarrollo de las personas menores con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos.

subir

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

1. Los menores de seis años que a la fecha de entrada en vigor de esta ley se encuentren recibiendo servicios de atención temprana en alguno de los centros financiados mediante subvención por parte del IMAS o mediante prestación económica vinculada al servicio dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, podrán continuar acudiendo al CDIAT del que son usuarios para recibir las mismas intervenciones y número de horas que vengan recibiendo en dichos centros.

2. Para acogerse a este régimen transitorio los padres o representantes legales de los menores deberán formular, como máximo en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente ley, solicitud acompañando declaración responsable del director del centro de desarrollo infantil y atención temprana sobre la atención prestada al menor en el mismo con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta disposición, la cual contendrá la intervención y las horas de atención dispensados. En dicha declaración responsable se habrá de señalar la fecha de inicio de la prestación del servicio, que el menor se encuentra en alguna de las circunstancias descritas por el artículo 3, así como que el servicio continúa prestándose a la fecha de la misma.

3. A la vista de la solicitud y declaración responsable presentada en tiempo y forma, e independientemente de la calificación de discapacidad y/o dependencia, la Dirección General competente en gestión de centros de atención a personas con discapacidad del IMAS dictará resolución de reconocimiento de la necesidad de atención temprana y del derecho al Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana por homologación. Estas resoluciones podrán tener carácter colectivo para incluir a varios usuarios de un mismo centro de desarrollo infantil y atención temprana.

4. Con posterioridad a que se haya dictado la resolución de reconocimiento por homologación, se podrá revisar de oficio la adecuación de los servicios recibidos a la situación de necesidad del menor y su familia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27. Tras la revisión se podrá asignar al usuario una intervención diferente de la recibida hasta el momento, intensidades distintas u otro centro de desarrollo infantil y atención temprana de la red pública de centros, de entre los que le hayan sido dados a elegir por considerarse más adecuado a su situación, en función del informe de valoración y garantizándose en todo momento la coherencia y la continuidad en la atención del menor.

5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la solicitud o a la declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar recibiendo el servicio reconocido desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución que declare tales circunstancias, en los supuestos que se aprecie culpa o negligencia grave, determinará la obligación del responsable de la inexactitud, falsedad u omisión de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento del derecho al servicio.

subir

Disposición final primera. Ayudas al transporte.

Podrán establecerse ayudas individualizadas de transporte para aquellos menores que residan en localidad o zona rural alejada del centro de desarrollo infantil y atención temprana que les ha sido asignado.

subir

Disposición final segunda. Modificación del Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones.

Se modifica el apartado cuarto del artículo 15 del Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones, que queda redactado en los siguientes términos:

“4. Para la elaboración del Plan individual de Atención Temprana se solicitará a los Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio de residencia del interesado la realización de un informe social en el que se detalle la situación social, familiar y del entorno de la persona en situación de dependencia y se concrete, con la participación del interesado, el servicio o prestación económica que se considere más adecuado de entre los que le correspondan en función de su grado y nivel. La remisión de dicho informe, junto con la documentación presentada por el interesado, deberá evacuarse en el plazo máximo de un mes desde su petición.

Asimismo, cuando la persona en situación de dependencia sea un menor de entre 0 y 6 años se solicitará al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica -EOEP- correspondiente informe técnico de valoración sobre la necesidad de atención temprana, de conformidad con lo dispuesto por la normativa regional en materia de atención temprana”.

subir

Disposición final tercera. Modificación del Decreto 126/2010, de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de las prestaciones económicas y servicios del sistema de autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Se modifica la letra c) del artículo 14.3 del Decreto 126/2010, de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de las prestaciones económicas y servicios del sistema de autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que queda redactado en los siguientes términos:

“c) En atención temprana: será gratuita para todos los menores que reúnan los requisitos establecidos en la normativa aplicable.”

subir

Disposición final cuarta. Modificación del Decreto n.º 10/2018, de 14 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia en los servicios sociales especializados en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad.

1. Se modifica el artículo 2 del Decreto n.º 10/2018, de 14 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia en los servicios sociales especializados en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 2.- Objeto de los conciertos sociales.

1. Podrán ser objeto de concierto social en el ámbito de los servicios sociales especializados en los sectores de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, la reserva y ocupación de plazas y la prestación de servicios para su uso exclusivo por las personas usuarias de los servicios sociales de responsabilidad pública especializados en Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

2. El acceso a las plazas y servicios será en todo caso autorizado por las administraciones públicas competentes mediante los criterios previstos para ello en su normativa de aplicación.

A los efectos de este artículo, se han de entender incluidos los centros y servicios para las personas usuarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, así como los servicios de atención temprana.

2. Se añade una disposición adicional única con el siguiente tenor literal:

Disposición adicional única. A los efectos de aplicación de la presente ley, las referencias a "plazas" deben entenderse referidas a "plazas y servicios".

subir

Disposición final quinta. Modificación del Decreto 306/2010, de 3 de diciembre, por el que se establecen la intensidad de protección de los servicios, la cuantía de las prestaciones económicas, las condiciones de acceso y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

1. El apartado 3 del artículo 12 queda redactado del siguiente modo

“3. El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal tendrá una diferente intensidad:

a) Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad genérica, dirigido a toda clase de personas en situación de dependencia, así como a los menores con necesidad de atención temprana, que promoverá para ellas la máxima autonomía personal posible, en atención a sus circunstancias personales y como contenido del servicio, de los del Catálogo del artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de que sean beneficiarias.

b) Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad especializada, dirigido, preferentemente, a personas con discapacidad intelectual y personas con enfermedad mental, así como a aquellas otras con dificultades perceptivo-cognitivas o conductuales, que promoverá para ellas un itinerario vital completo que, con los apoyos precisos, fomenten su vida autónoma y plenamente comunitaria, bajo criterios propios y con uso preferente de los recursos ordinarios de la comunidad en que se integren. El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad especializada podrá ser prestado en régimen de atención diurna o en régimen que contemple residencias especializadas o viviendas, de estancia limitada o permanente, así como mediante otros tratamientos que en su día se regulen a propuesta del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, mediante Orden de la consejería competente en materia de servicios sociales”.

2. Se modifica el artículo 35, cuya nueva redacción es la siguiente:

“Artículo 35. Régimen de compatibilidades.

1. El régimen de compatibilidades de los servicios y de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia será el siguiente:

a) El Servicio de Prevención de las Situaciones de Dependencia será compatible con todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad genérica será compatible con todos los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

b) El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad especializada, prestado en régimen que contemple residencias especializadas o viviendas de estancia limitada o permanente, será incompatible con todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Por otro lado, el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal prestado en régimen que contemple atención diurna será incompatible con todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo con el Servicio de Teleasistencia.

c) El Servicio de Teleasistencia será compatible con todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo con el Servicio de Atención Residencial, con la prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio de esta misma naturaleza y con el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, cuando este se preste en régimen que contemple residencias especializadas o viviendas, de estancia limitada o permanente.

d) El Servicio de Ayuda a Domicilio será incompatible con todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo con el Servicio de Teleasistencia y con el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad genérica.

e) El Servicio de Centro de Día y el Servicio de Centro de Noche serán incompatibles con todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo con el Servicio de Teleasistencia y con el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad genérica.

f) El Servicio de Atención Residencial será incompatible con todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo con el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad genérica, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.8, para las estancias temporales.

No obstante, en el caso de personas dependientes valoradas con el Grado III, que acrediten estar trabajando o realizando estudios oficiales, el Servicio de Atención Residencial podrá ser compatible con el cincuenta por ciento de la Prestación Económica de Asistente Personal, que le corresponda.

g) La Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no Profesionales será incompatible con todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo con los Servicios de Teleasistencia y Atención Temprana.

h) La Prestación Económica de Asistente Personal será incompatible con todos los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo con el Servicio de Teleasistencia. En el caso de personas dependientes valoradas con el Grado III, que acrediten estar trabajando o realizando estudios oficiales, podrá ser compatible con el cincuenta por ciento de la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no Profesionales que le corresponda.

i) El servicio de atención temprana será compatible con la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no Profesionales.

2. En ningún caso, podrán percibirse simultáneamente y en su totalidad más de dos prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de las definidas en la presente ley o de análoga naturaleza a las mismas.

Las prestaciones cuya compatibilidad no esté expresamente reconocida se entenderá que son incompatibles”.

subir

Disposición final sexta. Condiciones mínimas de los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de la Red Pública de Servicios Sociales (CDIAT).

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, por el Consejo de Gobierno se aprobará un decreto que establezca las condiciones mínimas que han de reunir los CDIAT.

subir

Disposición final séptima. Red de Atención Temprana sostenida con fondos públicos.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, el Consejo de Gobierno aprobará mediante decreto la estructura y condiciones de la Red de Atención Temprana sostenida con fondos públicos.

subir

Disposición final octava. Cartera de servicios de la intervención integral en atención temprana.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, el Consejo de Gobierno mediante decreto determinará la Cartera de Servicios de la intervención integral en atención temprana.

subir

Disposición final novena. Deslegalización.

Se mantiene el carácter reglamentario de las modificaciones establecidas en las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta.

subir

Disposición final décima. Protocolo de Coordinación de Atención Temprana.

En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, la Comisión Regional de Coordinación de la Atención Temprana aprobará el Protocolo de Coordinación de Atención Temprana al que hace referencia el artículo 8.2. En el mismo plazo deberá estar implementado el sistema informático de atención temprana previsto en el mismo apartado.

subir

Disposición final undécima. Plan Regional Integral de Atención Temprana.

En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley, se aprobará el primer Plan Regional Integral de Atención Temprana.

subir

Disposición final duodécima. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. En el plazo máximo de 6 meses estará publicado el baremo que se indica en el artículo 15.3 y desarrollada la aplicación informática necesaria para la gestión de la atención temprana”.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Murcia, a 23 de diciembre de 2021. El Presidente, Fernando López Miras.

subir

Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social relativa a la convocatoria de subvenciones a las empresas de la Región de Murcia para la implantación de planes de igualdad, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Social Europeo

BORM número 5 de 8 de enero de 2022

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Vigencia: desde el 9 de enero de 2022

Contenido

BDNS (Identif.): 604153

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/604153)

Objeto y finalidad.

Esta Orden tiene por objeto la convocatoria de subvenciones, mediante el procedimiento de tramitación anticipada, para la elaboración e implantación de planes de igualdad de las empresas de la Región de Murcia, por la cuantía que se establece en el artículo 10 de la presente Orden. Estas ayudas tendrán la consideración de “Ayudas minimis” de acuerdo con la regulación Europea contenida en el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, el Reglamento 1408/2013, de 18 de diciembre, y el Reglamento (UE) 717/2014 de 27 de junio.

Financiación.

La financiación de las subvenciones se realizará con cargo al proyecto 45363 “Planes de Igualdad en Empresas” de la partida presupuestaria 18.03.323B.471.02, correspondiente al presupuesto de la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022. La cuantía total de las subvenciones convocadas es de 300.000 euros, cofinanciados en un 80% por el Fondo Social Europeo dentro del eje 1, objetivo específico 8.4.2, actuación 8.4.2.2. .”Promoción de la empleabilidad y la iniciativa empresarial femenina” en el marco del Programa Operativo FSE de la Región de Murcia 2014-2020.

Procedimiento de concesión.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos, hasta el límite del crédito presupuestario establecido en la convocatoria, sin que sea necesario la comparación de las solicitudes, ni la prelación entre las mismas, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Solicitud y plazo de presentación. Las solicitudes de subvención, debidamente cumplimentadas, se formularán de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se formalizarán en el modelo de instancia que figura como Anexo I.
La presentación de la documentación por medios electrónicos se realizará a través del “procedimiento 2500”, disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que será accesible a través de la página https://sede.carm.es.

La solicitud y el resto de la documentación que lo requiera, deberá ser firmada electrónicamente, y serán presentadas electrónicamente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Plazos de ejecución y justificación.

El plazo de ejecución para la elaboración de los planes de igualdad y la realización completa de tres de las medidas previstas en el mismo, será de 6 meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la concesión.

La justificación de las subvenciones acerca del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos, así como la aplicación de los fondos percibidos a la finalidad que sirvió de fundamento a la concesión de la subvención, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con los artículos 29 a 33 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y en su caso, con los demás requisitos requeridos en la normativa de aplicación a los proyectos financiados con el Fondo Social Europeo para el período 2014-2020, se deberá presentar en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de ejecución.

Régimen jurídico.

La concesión de estas subvenciones se regirá por lo establecido en la Orden de Bases Reguladoras y en esta Orden de convocatoria, por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por cualquier otra disposición del ordenamiento jurídico que resulte de aplicación.

Murcia, 30 de diciembre de 2021.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez. 

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), para el impulso y consolidación del sistema tarjeta social digital

BORM número 301 de 31 de diciembre de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social 

Contenido

Visto el “Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), para el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital“, y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la Administración Regional,

Resuelvo:

Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), para el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital”, suscrito por la Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social y por la Consejera de Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y Política Social.

Murcia, 21 de diciembre de 2021.—La Secretaria General, M.ª Raquel Cancela Fernández.

Descargar el Convenio (Documento Adobe Acrobat [.pdf] 1.4 MB)

Orden de 28 de diciembre de 2021 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a corporaciones locales y entidades sin fin de lucro para la adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos residenciales del sector de personas con discapacidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation EU, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

BORM número 301 de 31 de diciembre de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Instituto Murciano de Acción Social

Vigencia: desde el 1 de enero de 2022

Contenido

Índice:

Acceder al texto completo

TÍTULO I

Artículo 1.- Objeto.

Artículo 2. Naturaleza y régimen jurídico.

Artículo 3. Crédito presupuestario.

Artículo 4. Limitaciones presupuestarias.

Artículo 5. Principios que han de regir las actuaciones subvencionables.

Artículo 6: Beneficiarias.

Artículo 7. Cuantía de las subvenciones.

Artículo 8. Gastos subvencionables

Artículo 9. Inicio del procedimiento de concesión.

Artículo 10. Presentación de solicitudes.

Artículo 11. Subsanación y mejora de las solicitudes.

Artículo 12. Instrucción.

Artículo 13. Comisión de evaluación.

Artículo 14. Propuesta de resolución.

Artículo 15.- Aceptación o renuncia por las beneficiarias.

Artículo 16. Resolución de concesión.

Artículo 17.- Notificación.

Artículo 18.- Pago.

Artículo 19. Plazos de ejecución de la actividad y modificación de proyectos.

Artículo 20. Compatibilidad con otras subvenciones

Artículo 21. Subcontratación.

Artículo 22. Justificación.

Artículo 23. Incumplimientos y reintegros.

Artículo 24. Infracciones y sanciones.

Artículo 25. Publicidad

TÍTULO II

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN

Artículo 26. Líneas A y B.- Subvenciones dirigidas a Corporaciones Locales y entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad para remodelación y equipamiento o construcción y equipamiento de bienes inmuebles de carácter residencial insertos en la comunidad destinados a programas innovadores de atención centrada en la persona y para la promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad física o intelectual.

Artículo 27. Líneas C y D. Subvenciones dirigidas a Corporaciones locales y entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad para construcción y equipamiento o remodelación y equipamiento de recursos residenciales insertos en la comunidad destinados a programas innovadores de atención centrada en la persona y para la promoción de la vida independiente de las personas con alteraciones crónicas de la salud mental.

Artículo 28. Líneas E y F. Subvenciones dirigidas a Corporaciones Locales y entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad para adquisición, remodelación y equipamiento de viviendas en la comunidad destinadas a la atención a personas con alteraciones graves del comportamiento escolarizadas en centros de educación especial.

Artículo 29. Líneas G y H: Subvenciones dirigidas a Corporaciones locales y a entidades sin fin de lucro del área de la discapacidad para la adquisición, remodelación y equipamiento de viviendas en la comunidad destinadas a personas con discapacidad.

TÍTULO III

BAREMO

Artículo 30. Criterios de baremación aplicables a los proyectos de las líneas A-1, B-1 y D-1:

Artículo 31. Criterios de baremación aplicables a los proyectos de las líneas A-2, B-2, C y D-2:

Artículo 32. Criterios de ponderación entre proyectos de una misma línea.

Artículo 33.- Criterios de baremación aplicables a los proyectos de las líneas E y F:

Artículo 34. Criterios de baremación aplicables a los proyectos de las líneas G y H:

Artículo 35.- Criterios de desempate.

Disposición final primera. Impugnación.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

TEXTO COMPLETO

La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de 2006 y el Pilar Europeo de Derechos Sociales de la Unión Europea de 2017, han servido de impulso a un cambio conceptual en el abordaje de la atención a la discapacidad. Con él, se pretende superar visiones asistencialistas configuradas en función de las organizaciones e instituciones prestadoras de servicios, para adquirir un enfoque de derechos que potencie la libertad de decisión, la autonomía personal, la integración y participación en la comunidad y la atención centrada en las personas. Esta perspectiva internacional se ha visto reforzada con la trasposición de la Convención a la legislación nacional mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y, con las modificaciones en la legislación civil y procesal introducidas por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Con este nuevo modelo como telón de fondo, la crisis sanitaria mundial causada por la pandemia de COVID-19 ha producido una serie de consecuencias de índole social y económica de alta intensidad a las que la Unión Europea ha querido dar respuesta, entre otras maneras, a través del instrumento de recuperación NextGenerationEU. Con él se aprovecha la necesidad de reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus para construir una nueva Europa más ecológica, más digital, más resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y futuros. El elemento central de este instrumento de financiación de la Unión Europea NextGenerationEU es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dotado con 723.800 millones de euros en préstamos y subvenciones disponibles para los Estados para apoyar las reformas e inversiones emprendidas por los países de la UE. El objetivo es mitigar el impacto económico y social de la pandemia de coronavirus y hacer que las economías y sociedades europeas sean más sostenibles y resilientes y estén mejor preparadas para los retos y las oportunidades de las transiciones ecológica y digital.
En este contexto conceptual y financiero, la Comisión Europea ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (en adelante PRTR), basado en cuatro ejes transversales: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Éstos se articulan en treinta componentes de inversiones y reformas, para los cuales las Comunidades Autónomas han podido presentar proyectos específicos dirigidos a cumplir los fines en su ámbito territorial. En concreto, el Componente 22 se articula como un Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión social e incluye como una de sus líneas la inversión para el desarrollo de un Plan de apoyos y cuidados de larga duración orientado a la dotación de nuevos equipamientos en la comunidad para promover la desinstitucionalización y el cambio de modelo de cuidados de larga duración que se pretende impulsar.
El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, establece en su artículo 10.1.18, que corresponde a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva, entre otras, en materia de promoción e integración de los discapacitados, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.
Con fecha 19 de noviembre de 2021 se suscribió convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. En el marco de dicho convenio, y dentro de la Línea específica de inversión I1 Plan de apoyos y cuidados de larga duración del Componente 22 “Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión” del PRTR, la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS cuenta con cuatro proyectos, en los que se incluye líneas de subvenciones a Corporaciones locales y entidades sin fin de lucro para el logro de los objetivos propios de cada uno de los proyectos. En relación con el cumplimiento de la normativa de ayudas de Estado, las subvenciones reguladas en esta Orden, dirigidas a la adquisición, construcción, remodelación y equipamiento, presentan dos destinatarias diferenciadas: las Corporaciones locales, que como tales no están incluidas en la categoría de empresas tal y como se entienden en el concepto de ayudas de Estado; y las entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad. En relación con éstas últimas, la exención de consideración de estas subvenciones como ayudas de Estado se ampara en el apartado h) de la Línea de Inversión 1 (I1) del Componente 22 del PRTR “España Puede” aprobado por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021, en el que se declara que “Respecto a la parte de infraestructuras, entran en el ejercicio de las competencias públicas del Estado, según reconoció el Tribunal de Justicia en su sentencia Leipzig/Halle. En tal caso, la financiación pública no está sujeta a las normas sobre ayudas estatales.” Más específicamente, la financiación a las entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad a que se refiere la presente Orden de bases no supone una distorsión de la competencia potencial, puesto que sus destinatarios carecen de fin de lucro y no se establece por tanto entre ellos una relación de competencia comercial ni se mejora la posición competitiva de las que finalmente resulten perceptoras. Tampoco se produce con esta financiación un efecto sobre el comercio entre los Estados miembros de la Unión Europea, puesto que los servicios residenciales a personas con discapacidad tienen un carácter estrictamente regional y por tanto local a efectos europeos.
Las subvenciones que se regulan en esta Orden se encuentran comprendidas en el Objetivo 02-0-12-OOAA-A01-L01-OB10 - Financiación nuevo modelo de centros para personas con discapacidad MRR del Contrato-Programa del Instituto Murciano de Acción Social para el ejercicio 2022 y serán incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2022 como nuevo Objetivo Presupuestario concordante con las competencias del IMAS y con las obligaciones adquiridas a través de los proyectos en el marco del PRTR, con arreglo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Esta Orden se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De este modo, cumple con los principios de necesidad y eficiencia, puesto que, con su aprobación, se adoptan las medidas normativas necesarias para asegurar la correcta ejecución de los fondos vinculados a los proyectos del PRTR afectados por la presente Orden. La regulación que se introduce es la imprescindible para la adecuada gestión de los proyectos en el marco de la financiación europea, de tal modo que también se respeta el principio de proporcionalidad. Por último, se respetan los principios de seguridad jurídica y eficiencia puesto que la regulación introducida es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y se introducen las cargas administrativas estrictamente necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones que la puesta en marcha de los proyectos requiere.
Las presentes Bases se han elaborado y cumplen escrupulosamente con los principios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de no discriminación, ya que este tipo de regulación permite la puesta en marcha de proyectos dirigidos a fomentar la autonomía y capacidad de autodeterminación de las personas con discapacidad y aliviar la carga asistencial que ha venido siendo tradicionalmente asumida por las mujeres en nuestra sociedad.
Los distintos proyectos financiados responden a un nuevo modelo de cuidados de larga duración que viene a superar el modelo tradicional existente y conllevan un cambio, tanto en las infraestructuras de los recursos existentes como en la formación de los profesionales para conseguir su objetivo fundamental que es un nuevo modelo centrado en la persona, donde esta sea la protagonista real de su vida. Dicho cambio supone un cambio en los objetivos de la gestión y a su vez requiere la identificación de ciertos indicadores necesarios para identificar y evaluar dicho cambio en cada uno de los proyectos financiados. Cada uno de los proyectos recoge una serie de hitos que deben cumplirse para dar respuesta a este nuevo modelo.
Las bases reguladoras se ajustan a los objetivos e indicadores marcados por el Componente 22 del PRTR, a través de la línea de inversión I1, recogiéndose en el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia los siguientes hitos con su temporalización:
1) Actividades previas para publicación convocatoria subvenciones, en el segundo Semestre de 2021.
2) Publicación de convocatorias de subvenciones, resolución y transferencia del pago en el primer semestre de 2022.
Según lo establecido en el artículo 2.2.b) y c) de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), son áreas de actuación de este Instituto las personas con discapacidad y las personas con enfermedad mental crónica. Por su parte, el artículo 3.h) del Decreto n. º 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social, establece como función propia de este Instituto la coordinación, ejecución y seguimiento de los planes y programas con otras Administraciones Públicas así como con la Unión Europea en materias de su competencia.
En éste área el órgano competente para la concesión de subvenciones es la Dirección Gerencial del IMAS a tenor de lo previsto en el artículo 9 b) del Decreto 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social en relación con el artículo 10.1 de la ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en uso de las facultades que me confiere el artículo 16 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a propuesta del Instituto Murciano de Acción Social
 

subir

Dispongo:
 

TÍTULO I
Artículo 1.- Objeto.

1. La presente disposición tiene por objeto establecer, con arreglo al régimen de concesión previsto en el Capítulo II del Título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del Capítulo I del Título I de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las bases reguladoras de subvenciones de concurrencia competitiva dirigidas a corporaciones locales y entidades sin fin de lucro para la adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos residenciales insertos en la comunidad para personas con discapacidad, para la promoción de los derechos a la vida independiente, la libertad de elección, la autodeterminación y la atención centrada en la persona, en los términos recogidos en el artículo 5 y los especificados para cada una de las líneas de subvenciones recogidas en el Título II de la presente Orden.
Las subvenciones reguladas por la presente Orden se concederán en los ejercicios 2022 y 2023 por el Instituto Murciano de Acción Social, a propuesta de la Dirección General de Personas con Discapacidad, con cargo a los créditos de sus presupuestos incorporados con motivo del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia NEXTGENERATION-EU para la ejecución de proyectos del Componente 22 “Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social”.
2. Las ayudas reguladas en esta Orden de Bases tendrán como finalidad contribuir a los objetivos marcados en la Línea específica de inversión I1 Plan de apoyos y cuidados de larga duración del Componente 22 “Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (PRTR), a través de los proyectos, hitos y objetivos establecidos en los Anexos del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. En concreto, cuenta con cuatro proyectos en los que se incluyen líneas de subvenciones a Corporaciones locales y entidades sin fin de lucro para el logro de los objetivos propios de cada uno de los proyectos, que son:
Proyecto 10. Construcción y remodelación de equipamientos para personas con discapacidad.
Proyecto 11. Construcción y remodelación de equipamientos para personas con alteraciones crónicas de la salud mental.
Proyecto 12. Adquisición de nuevos equipamientos para personas con alteraciones crónicas de la salud mental.
Proyecto 13. Adquisición de viviendas en la comunidad para personas con discapacidad.

subir

Artículo 2. Naturaleza y régimen jurídico.
1.- Las subvenciones previstas en esta Orden se regirán, además de por lo previsto en la misma, por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la normativa de subvenciones de la Unión Europea; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento; la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; el Decreto-Ley 6/2021, de 2 de septiembre, de medias urgentes de impulso de la Administración Regional para la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU) para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia y las Resoluciones de convocatoria, así como por las restantes normas de derecho administrativo que sean de aplicación y, en su defecto, por las normas de derecho privado.
2.- Según queda recogido en el apartado h) de la Línea de Inversión 1 (I1) del Componente 22 en el que se enmarcan estos fondos, estas líneas de subvenciones no tienen la consideración de ayudas de Estado: “Respecto a la parte de infraestructuras, entran en el ejercicio de las competencias públicas del Estado, según reconoció el Tribunal de Justicia en su sentencia Leipzig/Halle. En tal caso, la financiación pública no está sujeta a las normas sobre ayudas estatales.”

subir

Artículo 3. Crédito presupuestario.
Estas subvenciones se concederán con cargo a las partidas presupuestarias siguientes:
• Línea A: 51.02.00.313F.761.01 Código de proyecto 49231.
• Línea B: 51.02.00.313F.781.01 Código de proyecto 49232.
• Línea C: 51.02.00.313F.761.01 Código de proyecto 49233.
• Línea D: 51.02.00.313F.781.01 Código de proyecto 49234.
• Línea E: 51.02.00.313F.761.01 Código de proyecto 49235.
• Línea F: 51.02.00.313F.781.01 Código de proyecto 49236.
• Línea G: 51.02.00.313F.761.01 Código de proyecto 49237.
• Línea H: 51.02.00.313F.781.01 Código de proyecto 49238.

subir

Artículo 4. Limitaciones presupuestarias.
1.- Se podrá conceder subvenciones por los siguientes importes máximos para cada anualidad:
• Año 2022: 10.497.971,78 €.
• Año 2023: 4.870.576,79 €
Con carácter estimativo, y a efectos de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, estos fondos se distribuirán entre las siguientes líneas:
Línea Año 2022 Año 2023
A - Corporaciones locales 870.000,00 € 395.000,00 €
B - Entidades sin fin de lucro 871.955,41 € 397.587,12 €
C - Corporaciones locales 1.325.000,00 € 255.000,00 €
D - Entidades sin fin de lucro 1.328.273,10 € 257.517,68 €
E - Corporaciones locales 1.525.000,00 € 925.000,00 €
F - Entidades sin fin de lucro 1.526.000,00 € 926.000,00 €
G - Corporaciones locales 1.525.000,00 € 855.000,00 €
H - Entidades sin fin de lucro 1.526.743,27 € 859.471,99 €

No obstante lo anterior, si una vez finalizados el plazo de admisión de solicitudes y el de subsanación de cada convocatoria, se detectara que el conjunto de todas las presentadas para una misma línea que reúnan los requisitos para obtener subvención, no alcanzara el importe total establecido para cada línea, los créditos sobrantes podrán incorporarse a la otra línea correspondiente a la misma finalidad y objeto, previas las modificaciones presupuestarias oportunas, siempre y cuando siga existiendo sobrante en la misma línea una vez aplicado lo previsto en el artículo 7.1. de la presente Orden.
2.- Las subvenciones que se otorguen serán concedidas hasta el límite de las consignaciones presupuestarias definidas existentes, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden, y de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia competitiva, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos que se establecen y eficiencia en la asignación de los recursos.

subir

Artículo 5. Principios que han de regir las actuaciones subvencionables.
Los recursos residenciales financiados total o parcialmente mediante las subvenciones reguladas en la presente Orden irán dirigidos a acoger proyectos de promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad, basados en el principio de atención centrada en la persona. En concreto, las entidades solicitantes habrán de regir el funcionamiento de los futuros recursos residenciales según los siguientes principios:
• Fomento de la autonomía personal: el modelo de atención estará basado en la promoción de la independencia y autosuficiencia de las personas, potenciando sus capacidades y priorizando las intervenciones que mejoran la autonomía, el autocuidado y la potenciación de las capacidades personales, siempre dentro del respeto a la voluntad de las personas usuarias.
• Voluntariedad: la asistencia y estancia en el recurso residencial de las personas usuarias tendrá carácter voluntario y no podrán establecerse restricciones físicas (salvo las medidas de protección para evitar autolesiones, prescritas por profesional competente para ello) o químicas a su libre movimiento y deambulación, excepto en caso de prescripción facultativa por riesgo inminente para la vida o integridad física propia o de otras personas.
• Sistema de apoyos personalizado: todas las actividades y actuaciones del recurso residencial irán dirigidas a facilitar a las personas usuarias los apoyos necesarios para la elaboración y puesta en práctica de sus proyectos de vida individuales, supeditando los criterios organizativos de la entidad a las necesidades e intereses individuales de aquellas. El recurso residencial asignará a cada persona usuaria un o unos profesionales de referencia, que será, junto con el personal técnico y de atención directa necesario para hacer efectivo el plan de apoyos personal, el encargado de los apoyos cotidianos y de transmitir y recibir la información relevante de la familia y el entorno de la persona usuaria. También asignará a cada persona usuaria un profesional específico gestor de caso, responsable de defender la voz, voluntad y preferencias de esa persona usuaria; estará comprometido con las metas y objetivos de ésta y específicamente encargado de defender sus derechos y su plan de apoyos libremente elaborado. Este último profesional coordinará la prestación de los apoyos individuales, promoverá la participación de la persona usuaria en la elección de su profesional/es de referencia y verificará que los apoyos que recibe continúan respondiendo a los intereses y deseos actuales de aquella mediante la evaluación periódica del plan de apoyos.
• Atención centrada en la persona: cada persona usuaria elaborará, con el apoyo de su gestor de caso y del resto de profesionales del recurso residencial, un plan de apoyos individual para hacer realidad sus proyectos de vida, en el que se incluirán sus metas personales y actividades diarias significativas. Las propias personas usuarias tendrán un papel central en el diseño, planificación y seguimiento de su plan de apoyos, y se fomentará la toma de decisiones informada y el derecho a elegir. Se garantizará que puedan acceder a toda la información relevante sobre sus decisiones y sus apoyos de manera comprensible para ellas, y ellas mismas determinarán el grado de participación de sus familiares y otras personas importantes de su entorno en el diseño e implementación del plan de apoyos. Las actividades cotidianas incluidas en los planes de apoyo habrán de ser estimulantes para las capacidades e intereses personales, evitando tareas repetitivas e infantilizadas y promoviendo oportunidades para que las personas puedan participar en acciones cotidianas relevantes y significativas.
• Dignidad e intimidad: La documentación e información sobre las personas usuarias reflejará una visión respetuosa y positiva de ellas, destacando sus fortalezas, historia de vida, intereses y valores. Se aplicarán los procedimientos necesarios de salvaguardia de la confidencialidad y protección de datos y se garantizará que las personas que les prestan apoyos disponen de la información relevante y significativa para realizar su función de acuerdo con los deseos de la persona usuaria.
• Seguridad de las personas usuarias: el recurso residencial contará con todas las medidas técnicas, organizativas y materiales necesarias para garantizar la seguridad, y prevenir y evitar cualquier tipo de abuso físico, emocional, material o de cualquier otra índole a las personas usuarias del mismo.
• Participación: se promoverá la participación activa de las personas usuarias en la organización del funcionamiento del recurso residencial. Se promoverán cauces para la participación activa en las decisiones cotidianas mediante asambleas, grupos de participación, elección de portavoces o cualquier sistema similar. Se les facilitará asimismo información anticipada sobre los turnos del personal, de manera que sepan con antelación cuál es la persona o personas de apoyo con las que pueden contar. Se tendrán en cuenta las preferencias de las personas usuarias para la contratación del personal que les va a prestar atención y apoyos.
• Coordinación con los recursos comunitarios: los recursos residenciales establecerán redes de colaboración, cooperación y apoyo con los recursos sanitarios, sociales, educativos, formativos y de cualquier otra índole del entorno, de manera que se establezca un plan conjunto que favorezca y potencie el desarrollo de los proyectos vitales de las personas usuarias del recurso residencial.
• Inserción en la comunidad: los recursos residenciales tendrán que estar ubicados en entornos no aislados y próximos a servicios comunitarios (tiendas, transporte público, centro sanitario, recursos culturales, asociaciones, etc.), formando parte del vecindario del núcleo de población en el que se sitúen. Su dinámica de funcionamiento incorporará los recursos y servicios comunitarios disponibles para la ciudadanía, y se favorecerá tanto la participación de las personas usuarias en las actividades de la comunidad como la participación de la comunidad en las actividades que se realicen en el recurso residencial, fomentando el establecimiento y mantenimiento de vínculos personales con personas del entorno.
• Diseño doméstico: Los espacios se organizarán en unidades de convivencia tipo viviendas para grupos reducidos de personas, con diseño, tamaño y decoración similares a cualquier hogar familiar. Se promoverá que las personas residentes puedan personalizar sus espacios con mobiliario y enseres elegidos por ellas. Los espacios físicos serán suficientes para permitir la deambulación en sillas de ruedas y la instalación de las ayudas técnicas que puedan ser precisas, a medida que se vayan haciendo necesarias.
• Derecho a la intimidad: los recursos residenciales garantizarán el derecho de las personas residentes a disfrutar de dormitorios individuales con baño propio, espacios en los que se salvaguardará su intimidad y a los que se accederá cuando la persona lo decida y dé permiso para que entren otras personas. El uso de habitaciones dobles se dejará a elección de las personas residentes.
• Libertad de elección: la agrupación de personas en unidades de convivencia se hará con criterios de elección personal y buena convivencia, no según tipología, fragilidad o intensidad de sus necesidades de apoyo.
• Fomento de las relaciones personales y sociales: en función de la voluntad de la persona usuaria, se adoptarán las medidas necesarias para potenciar las relaciones familiares, afectivas y de amistad previas al ingreso en el recurso residencial, así como aquellas nuevas externas al recurso residencial que puedan crearse.
• Organización horaria: los recursos residenciales establecerán una distribución de los tiempos y actividades, así como de los horarios de los profesionales, de manera que el funcionamiento del recurso residencial guarde la mayor similitud posible con la propia de un hogar familiar, promoviendo la continuidad de la atención por parte de los mismos profesionales para proporcionar referencias sólidas a las personas usuarias.
• En lo que se refiere a las viviendas financiadas mediante las líneas E y F, las destinatarias son personas que, estando atendidas en el sistema educativo, precisen de apoyos que no puedan ser prestados en su entorno familiar por la complejidad de sus conductas. La ubicación de los recursos residenciales está determinada por el análisis previo de las personas que actualmente presentan esta necesidad de atención, así como por la ubicación de los centros de educación especial, a los efectos de no desligar a las personas de su entorno de referencia, puesto que el propio proyecto implica una necesidad de trabajar en red con todos los servicios comunitarios del entorno. La intensidad de los apoyos vendrá determinada por las necesidades individuales de cada una de las personas atendidas y valorada conjuntamente por los departamentos que intervienen en el proceso de atención al menor durante su etapa educativa.
• Estabilidad en el empleo e igualdad efectiva: La entidad titular del recurso residencial promoverá unas condiciones de trabajo seguras, estables y con justicia remunerativa, y adoptará protocolos para prevenir situaciones de acoso o abuso laboral o sexual al personal, así como cualquier tipo de discriminación laboral o salarial por sexo o por cualquier otra condición personal de las personas trabajadoras.
• Cumplimiento del principio “no causar daño significativo” (“do not significant harm DNSH”) al medio ambiente, entendido según los criterios recogidos en la Guía Técnica de la Comisión Europea sobre la aplicación del principio “no causar daño significativo” en el marco regulatorio para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, que se adjunta a la presente Orden de bases como Anexo I. El incumplimiento de este aspecto será causa directa de denegación de la subvención.
• Cumplimiento de los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, tal y como están regulados por la Unión Europea.
• Todos los recursos financiados mediante las subvenciones reguladas por la presente Orden habrán de contribuir a la transición digital y ecológica mediante la utilización de materiales, productos, sistemas y mecanismos que promuevan la digitalización y el uso de tecnologías protectoras del medio ambiente, para favorecer la vida independiente de las personas usuarias y la sostenibilidad de los recursos creados. Asimismo colaborarán en la eficiencia energética mediante la instalación, allí donde sea técnicamente posible y económicamente rentable, de fuentes de energía renovables (solar térmica, solar fotovoltaica, geotermia, aerotermia o biomasa) y favorecerán el cambio de combustibles hacia otros de mayor eficiencia, menor emisión de gases contaminantes y menores GEI. Los edificios nuevos se construirán ajustándose a los estándares en materia de eficiencia energética establecidos en la legislación nacional e internacional, concretamente que sean edificios de consumo energético casi nulo, según establece la Directiva 2010/31/UE, modificada por la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios 2018/844/UE, y los requisitos que exige el Código Técnico de la Edificación determinados en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. En el caso de reforma en edificios ya existentes, se habrá de mejorar el comportamiento energético en al menos una letra de acuerdo con la Certificación de Eficiencia Energética. El incumplimiento de este aspecto será causa directa de denegación de la subvención.

subir

Artículo 6: Beneficiarias.
1.- Podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden, según las líneas detalladas en los artículos 25 y siguientes:
a. Para la línea de subvención A-1: las corporaciones locales que sean propietarias de recursos residenciales de atención a personas con discapacidad intelectual que cuenten con plazas concertadas con el IMAS.
b. Para las líneas de subvención B-1 y D-1: las entidades sin fin de lucro que sean propietarias de recursos residenciales de atención a personas con discapacidad que cuenten con plazas concertadas con el IMAS.
c. Para las líneas de subvención A-2, C, E y G: las corporaciones locales inscritas en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia autorizadas para la realización de actuaciones en el área de las personas con discapacidad.
d. Para las líneas de subvención B-2, D-2, F y H: las entidades sin fin de lucro inscritas en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia autorizadas para la realización de actuaciones en el área de las personas con discapacidad.
2.- En particular, para poder obtener la condición de beneficiaria, la entidad solicitante deberá:
a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria
b) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones económicas ante la Tesorería General de la Seguridad Social.
c) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo que las deudas estén suspendidas o garantizadas.
En la solicitud se autorizará al órgano gestor para recabar de las administraciones competentes cuantos datos sean necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Según lo dispuesto en el artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, en caso de no autorizar dicha consulta, la entidad habrá de acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión.
La información obtenida será utilizada por la administración, exclusivamente, para comprobar la concurrencia de requisitos, controlar la aplicación de los fondos públicos, el cumplimiento de las obligaciones por las beneficiarias y el seguimiento de las acciones, dentro de las competencias que tiene legalmente atribuidas. El órgano concedente, por su parte, además del cumplimiento de las garantías y obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, queda sometido a las actuaciones de comprobación a cargo de la beneficiaria al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y de las condiciones normativas que fueran de aplicación.
3.- No podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente norma las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.- Serán causa directa de exclusión:
a) Que la entidad no cuente con el Plan de Igualdad que en su caso sea obligatorio por contar con más de 50 trabajadores (art. 1.1 y art. 1.3 del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación).
b) Que la entidad no cuente con al menos un 2% de trabajadores con discapacidad que en su caso sea obligatorio por contar con más de 50 trabajadores (art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social).
5.- Serán obligaciones de las beneficiarias las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en particular las siguientes:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Solicitar y obtener la autorización administrativa previa del Registro de Centros y Servicios Sociales con anterioridad al inicio de la obra de construcción o reforma.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y evaluación a efectuar por el órgano concedente, así como a las de control financiero que puedan realizar los órganos competentes, tanto autonómicos como nacionales y comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en orden a verificar la afectación del bien a su fin, así como la correcta ejecución de los proyectos subvencionados.
e) Comunicar de inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud, al órgano competente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cualquier modificación de las condiciones que puedan determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda. La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un expediente de reintegro de las cantidades que pudiera haberse cobrado indebidamente.
f) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, en formato electrónico, durante un periodo de cinco años a partir de la operación, y en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
i) Someterse a la normativa reguladora de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por el órgano concedente con la finalidad de justificar adecuada y suficientemente el cumplimiento de los objetivos financiados.
j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la presente Orden y demás normativa de aplicación.
k) Inscribir los bienes inmuebles financiados mediante las subvenciones regulada por la presente Orden en el inventario municipal o en el Registro de la Propiedad, según corresponda, según lo recogido en el párrafo segundo del artículo 31.4.a) de la Ley 38/2003.
l) Inscribir los bienes muebles financiados mediante las subvenciones regulada por la presente Orden en el inventario municipal, en el caso de subvenciones a Corporaciones locales.
m) Mantener destinados al uso previsto durante al menos treinta años los bienes inmuebles financiados mediante las subvenciones regulada por la presente Orden. A este respecto, se aplicará lo establecido en el artículo 31.5.b) de la Ley 38/2003.
n) Mantener destinados al uso previsto los bienes muebles financiados mediante las subvenciones regulada por la presente Orden, durante al menos diez años en el caso de equipamiento y de cuatro años en el caso del equipamiento informático, o el fin de su vida útil, con obligación de reponerlos en caso de pérdida de utilidad.
6.- La entidad que pretenda acceder a las subvenciones se compromete, con la presentación de la solicitud de subvención, a obtener de otras fuentes la cofinanciación necesaria para cubrir la totalidad del proyecto presentado para esa anualidad, si el importe de la subvención no alcanzara dicha cuantía.
7. La entidad que pretenda acceder a las subvenciones se compromete, con la presentación de la solicitud de subvención, a ejecutar el proyecto presentado para esa anualidad en el plazo indicado para cada línea de subvención, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19.2 y 19.3 para cada una de las líneas de ejecución, y a la creación efectiva de las plazas recogidas en dicho proyecto al finalizar el plazo de ejecución. No se permitirá el fraccionamiento de un proyecto entre las dos convocatorias de las subvenciones reguladas por las presentes bases, de manera que los proyectos subvencionados en 2022, habrán de cubrir una unidad de convivencia, módulo o ala diferente a la del proyecto subvencionado en 2023.
8.- La entidad que pretenda acceder a las subvenciones se compromete, con la presentación de la solicitud de subvención, a proporcionar los datos que se le soliciten por el órgano concedente para verificar el cumplimiento de los hitos intermedios y la calendarización de cada proyecto.
9.- La entidad que pretenda acceder a las subvenciones se compromete, con la presentación de la solicitud de subvención, a conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales y regionales competentes ejerzan sus competencias.
10.- La entidad que pretenda acceder a las subvenciones se compromete a adoptar todas las medidas necesarias y aplicar los principios éticos más exigentes para prevenir cualquier riesgo de fraude, corrupción o conflicto de intereses. Igualmente se compromete a denunciar cualquier hecho constitutivo de fraude, corrupción o conflicto de interés ante las autoridades competentes.
11.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tanto la Administración regional como la Administración General del Estado, así como los órganos que se contemplan en el citado artículo, podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales creado por Orden JUS/319/2018, así como a otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar los datos previstos sobre los titulares reales. Asimismo, se producirá la cesión de información necesaria entre estos sistemas y el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.

subir

Artículo 7. Cuantía de las subvenciones.
1.- Para las líneas A, B, C y D, el importe máximo a financiar mediante las subvenciones reguladas en la presente Orden será de 65.000,00 € por plaza de nueva construcción y de 13.000,00 € por plaza reformada. Estos límites máximos incluyen el equipamiento y el coste de acondicionar los edificios a los estándares de eficiencia energética de la Directiva 2010/31/UE, modificada por la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios 2018/844/UE, y los requisitos que exige el Código Técnico de la Edificación determinados en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
En la convocatoria con cargo a los presupuestos del año 2022 sólo se podrá subvencionar a cada entidad un máximo de 650.000,00 €, correspondiente a 10 plazas por beneficiaria en el caso de nuevas construcciones y a un máximo de 260.000,00 €, correspondiente a 20 plazas por beneficiaria en el caso de reforma de plazas ya existentes. En la convocatoria con cargo a los Presupuestos de 2023 sólo se podrá subvencionar a cada entidad un máximo de 325.000,00 €, correspondiente a 5 plazas por beneficiaria en el caso de nuevas construcciones y de un máximo de 130.000,00 € correspondiente a 10 plazas por beneficiaria en el caso de reforma de plazas ya existentes. No obstante, si el importe total de todos los proyectos, que reúnan los requisitos para obtener subvención, presentados para una misma línea no alcanzara el importe total disponible para esa línea establecido en el artículo 4.1 de la presente Orden, el importe sobrante de dicha línea podría ser adjudicado a proyectos aprobados aunque se rebasen los límites establecidos en el presente párrafo. Esta adjudicación de créditos sobrantes se otorgará a cada uno de los proyectos que superen los límites establecidos por orden de la puntuación obtenida en el proceso de baremación, hasta agotar los créditos disponibles.
2.- Para las líneas E, F, G y H, el importe máximo financiable por vivienda, incluidos todos los gastos relacionados con la adquisición, remodelación y equipamiento, será de 262.000,00 €. En caso de que la vivienda sea ya propiedad de la entidad solicitante y únicamente procedan la reforma y el equipamiento, se aplicará el límite máximo subvencionable de 13.000,00 € por plaza reformada.
Los límites máximos de coste por plaza recogidos en el presente artículo son los establecidos por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el apartado 10. Financiación del Componente 22-I1 del PRTR, y tienen su fundamento en los estudios de costes del Tribunal de Cuentas y los estudios de coste de construcción de recursos residenciales localizados en distintas regiones, tal y como en dicho apartado 10 se manifiesta expresamente.
Los límites máximos por entidad beneficiaria recogidos en el presente artículo para las líneas A, B, C y D están basados en criterios de descentralización y desconcentración de recursos, de manera que ninguna entidad pueda obtener por sí sola más del 75% del total de fondos disponibles para las líneas A y B ni más del 50% para las líneas C y D, todo ello teniendo en cuenta el número de entidades potencialmente solicitantes.

subir

Artículo 8. Gastos subvencionables
1.- Serán gastos subvencionables los costes de las obras de reforma o construcción de inmuebles destinados a alojamiento residencial de personas con discapacidad, con las especificidades establecidas en los artículos 7.1, 26 y 27 de la presente Orden de bases, así como el equipamiento necesario para la puesta en uso de dichos inmuebles. Asimismo estarán incluidos los costes de elaboración de los proyectos técnicos necesarios para la realización de las obras referidas.
2.- Será también gasto subvencionable la adquisición de viviendas de las tipologías recogidas en los artículos 28 y 29 de la presente Orden de bases, así como la remodelación de las mismas, si fuera precisa, el proyecto técnico de ésta y la adquisición del equipamiento necesario para su puesta en uso como alojamientos.
3. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos de los gastos citados en los dos puntos anteriores ni las comisiones a agencias inmobiliarias o entidades mediadoras en la adquisición.
4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe subvencionable supere los 40.000,00 € en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 15.000,00 € en el supuesto de suministro de equipamientos o de prestación de servicios, la entidad habrá de presentar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado el suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la solicitud de subvención, o, en su caso, en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la oferta económica más ventajosa.

subir

Artículo 9. Inicio del procedimiento de concesión.
1.- El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
2.- Se iniciará de oficio, mediante Resolución de convocatoria de las subvenciones de la Dirección Gerencial del IMAS, que se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y un extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
 

subir

Artículo 10. Presentación de solicitudes.
1.- La solicitud electrónica se presentará en el Registro electrónico único de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia utilizando el formulario de solicitud electrónica que estará disponible en la sede electrónica (sede.carm.es) con código 2127 o por cualquier registro electrónico, de conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Se presentará una única solicitud para todas las actuaciones relativas a un mismo inmueble, y el equipamiento siempre tendrá que formar parte de un proyecto de construcción, reforma o adquisición de un inmueble.
3.- Se presentará una solicitud por cada inmueble independiente, de manera que cada entidad tendrá que presentar tantas solicitudes como inmuebles diferentes pretenda construir, adquirir o reformar.
4. La presentación de la solicitud presume la aceptación incondicionada de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la presente Orden de bases y en la correspondiente Resolución de convocatoria.
5. En las correspondientes convocatorias se establecerán la documentación concreta y los modelos pertinentes de los documentos a presentar junto con la solicitud:
• Proyecto de actuación.
• Declaración responsable de no estar incursa la entidad en las prohibiciones establecidas en los artículos 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y 11 de la Ley 7/2005 de subvenciones de la CARM.
• Declaraciones de cesión y tratamiento de datos y compromiso de cumplimiento de principios transversales.
• Certificado de la aprobación por la Junta directiva de la entidad o la Junta de Gobierno local del proyecto para el que se solicita subvención.
• Certificado de compromiso de aportación de la cofinanciación necesaria para finalizar el proyecto presentado.
• Certificado del registro del Plan de Igualdad en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo regulado en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad.
• Certificado de calidad en vigor en base a la norma ONG con calidad, ISO 9001:2015, EFQM u otros sistemas de calidad que garanticen el control de los procesos y programas.
• Documentos especificados para cada una de las líneas en el Título II de la presente Orden de Bases.
6.- El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la Resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

 

subir

Artículo 11. Subsanación y mejora de las solicitudes.
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos previstos o la documentación aportada fuera incompleta, se requerirá al solicitante para que en el plazo improrrogable de diez días subsane las deficiencias detectadas o aporte la documentación necesaria advirtiéndole que, de no cumplir con dicho requerimiento, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa Resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

 

subir

Artículo 12. Instrucción.
1.- El órgano instructor de las subvenciones reguladas por la presente Orden de bases será la Dirección General de Personas con Discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social.
2.- La unidad administrativa competente para la instrucción del procedimiento será el Servicio de Atención a Discapacitados, Inmigrantes y Otros Colectivos de la Dirección General de Personas con Discapacidad. Todos los profesionales que intervengan en la instrucción de los expedientes harán una declaración expresa de ausencia de conflicto de intereses.
3.- El procedimiento de instrucción será el establecido en el artículo 18 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4. La unidad administrativa competente revisará las solicitudes presentadas y las remitirá a la Comisión de Evaluación, para estudio y formulación del informe que fundamente la propuesta de resolución de concesión o denegación en su caso.

 

subir

Artículo 13. Comisión de evaluación.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de subvención e instruidos los expedientes correspondientes, se constituirá una Comisión de evaluación.
2. La Comisión estará presidida por la persona titular de la dirección general competente o persona en quien ésta delegue, e integrada por un mínimo de tres miembros designados por su titular de entre el personal empleado público de la CARM, actuando uno de ellos en calidad de secretario. Se hará consulta previa entre las personas candidatas a formar parte de la Comisión para verificar la ausencia de conflictos de interés de las personas seleccionadas.
3. Los miembros de la Comisión de Evaluación harán una declaración expresa de ausencia de conflicto de intereses.

 

subir

Artículo 14. Propuesta de resolución.
1. Una vez distribuidos todos los créditos entre las entidades que cumplan los requisitos, hasta agotar aquellos, la Comisión de Evaluación emitirá informe motivado sobre la distribución de los importes entre los proyectos seleccionados así como acerca de los expedientes propuestos para denegación.
2 El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación, formulará propuesta de resolución al órgano concedente. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que, de la información que obra en su poder, se desprende que las beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

 

subir

Artículo 15.- Aceptación o renuncia por las beneficiarias.
1.- La propuesta de resolución se notificará a las entidades que hayan sido propuestas como beneficiarias en la fase de instrucción, para que en el plazo de diez días naturales desde la notificación comuniquen su aceptación o renuncia, con la advertencia de que, de no recibirse comunicación en sentido contrario, se entenderá producida la aceptación.
2.- La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria propuesta, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
3.- Una vez recibidas las declaraciones de aceptación y las posibles renuncias o transcurrido el plazo para ello, la Comisión estudiará si las renuncias realizadas permiten incorporar alguno de los proyectos propuestos provisionalmente para denegación por falta de disponibilidad presupuestaria, en cuyo caso remitirá a la entidad solicitante de dicho proyecto la correspondiente propuesta de concesión para recabar su aceptación de la subvención.

 

subir

Artículo 16. Resolución de concesión.
1.- Instruidos los expedientes y examinados los informes emitidos y la documentación aportada, el órgano instructor elevará la propuesta de concesión o denegación a la persona titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social quien, previa fiscalización favorable por la Intervención Delegada de los expedientes con propuesta de concesión, dictará la Resolución de concesión de las subvenciones.
2.- La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes.
3.- El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a las entidades interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de la concesión de la subvención.
4.- Contra las resoluciones que dicte la Dirección Gerencial, que no ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia del Instituto Murciano de Acción Social, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación.

 

subir

Artículo 17.- Notificación.
1.- De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones, las subvenciones concedidas serán comunicadas por el órgano concedente a la BDNS a efectos de su registro.
2.- La publicación de las propuestas de resolución provisional y definitiva, así como de las resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y demás actos del procedimiento, tendrán lugar en la sede electrónica de la CARM (sede.carm.es), y surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con los procedimientos de concurrencia competitiva.

 

subir

Artículo 18.- Pago.
1.- El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado en el caso de que se trate de gastos aún no realizados en el momento de la convocatoria de cada subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no siendo necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16. 2, a) y d) de la dicha Ley.
2.- En el caso de los gastos efectuados entre el 1 de febrero de 2020 y la fecha de convocatoria de cada subvención, y de conformidad con el artículo 34.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el pago de la subvención se realizará previa justificación, por la entidad beneficiaria, de la realización del proyecto, en los términos recogidos en el artículo 22 de la presente Orden de bases.

 

subir

Artículo 19. Plazos de ejecución de la actividad y modificación de proyectos.
1.- Podrán incluirse en estas subvenciones los proyectos iniciados a partir del 1 de febrero de 2020, siempre que se ajusten a los plazos límite de ejecución para cada línea señalados en los apartados siguientes.
2.- El fin del plazo de ejecución de los proyectos subvencionados por las líneas E, F, G y H será para las subvenciones concedidas con cargo a la anualidad 2022 el 31 de diciembre de 2022 y para las concedidas con cargo a la anualidad 2023, el 31 de diciembre de 2023.
3.- El plazo de ejecución de los proyectos subvencionados por las líneas A, B, C y D será de 31 de diciembre de 2023, siempre que en el proyecto presentado por la entidad no se prevea un plazo de ejecución inferior.
4.- La actividad subvencionada deberá realizarse en los términos planteados por la entidad solicitante en su proyecto, con las modificaciones que, en su caso, se hubiesen autorizado por el órgano concedente durante el período de ejecución en los términos establecidos en el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, siempre que, en este último caso, dichas modificaciones no alteren la finalidad perseguida con su concesión, ni alteren de forma sustancial los conceptos del proyecto subvencionado.
5.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán obligadas a comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social, las modificaciones de las circunstancias que originaron la concesión de la subvención, tan pronto como se conozcan y en todo caso en un plazo máximo de 15 días desde que se produjeron. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para concesión de la subvención y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones y entes públicos o privados, nacionales o internacionales podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
6.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a las entidades sin fin de lucro beneficiarias incrementarán el importe de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada. Esta obligación no será de aplicación cuando el beneficiario sea una Administración Pública.

 

subir

Artículo 20. Compatibilidad con otras subvenciones
Las subvenciones reguladas en la presente Orden serán compatibles con la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que los distintos fondos no cubran los mismos costes.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o financiación, supere el coste del gasto subvencionado.

 

subir

Artículo 21. Subcontratación.
1.- Se entenderá por subcontratación el hecho de que la actividad objeto de la subvención, la ejecuten personas físicas o jurídicas distintas de las subvencionadas.
2.- No se podrán subcontratar las actuaciones objeto de las subvenciones reguladas por la presente Orden de bases.

 

subir

Artículo 22. Justificación.
1.- En los supuestos de pago anticipado recogidos en el artículo 18.1 de la presente Orden de bases, las entidades beneficiarias están obligadas a justificar, ante el Instituto Murciano de Acción Social, la aplicación de los fondos percibidos en el plazo de tres meses tras la finalización del plazo de ejecución de la subvención correspondiente, recogidos en el artículo 19 de la presente Orden de bases.
En los supuestos de justificación previa recogidos en el artículo 18.2 de la presente Orden de bases, las entidades beneficiarias están obligadas a justificar, en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución de la concesión ante el Instituto Murciano de Acción Social, la aplicación de los fondos percibidos de forma previa al pago de la subvención.
2. La justificación de las subvenciones se realizará en todo caso mediante la presentación en sede electrónica ante la Dirección General de Personas con Discapacidad de la siguiente documentación:
• a). Memoria técnica justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de subvención, con indicación de las actividades realizadas, de los resultados obtenidos y del grado de cumplimiento de los compromisos asumidos, firmada por el profesional que la haya elaborado, con el Visto Bueno del Presidente o responsable de la entidad, según el modelo recogido en la correspondiente convocatoria.
• Memoria económica justificativa del coste de las actuaciones realizadas, que contendrá:
• Certificación de la tesorería de la entidad de haber sido registrado en su contabilidad el ingreso de la financiación recibida y su destino íntegro al desarrollo del objeto de la subvención en su caso.
• Relación clasificada de gastos para construcción adquisición o reforma y de gastos de equipamiento, en el modelo facilitado por la Dirección General de Personas con Discapacidad, firmado por la Tesorería de la Entidad con el Visto Bueno del Presidente. En este anexo se reflejarán los gastos con cargo a la subvención de referencia, debiendo incluirse tanto los gastos referidos al importe imputable a la subvención procedente de la Comunidad Autónoma como la cofinanciación por parte de la entidad subvencionada. Se indicarán las desviaciones acaecidas respecto al presupuesto inicial, si las hubiera.
• Cuando proceda, certificaciones de obra firmadas por persona competente para ello y aprobadas por el órgano de la Entidad que corresponda, así como las facturas de obras y los documentos que justifiquen su pago.
• Factura de los honorarios profesionales efectivamente abonados, así como sus correspondientes documentos de pago, si procede.
• Facturas del material de equipamiento adquirido y los documentos que justifiquen su pago.
• Memoria sobre la elección de proveedor, en los supuestos del artículo 8.4 de la presente Orden de bases.
• Declaración de Ingresos, en el modelo facilitado por la Dirección General de Personas con Discapacidad, en el que se incluirá relación detallada de todos los ingresos o fondos de cualquier procedencia que se hayan destinado a financiar el objeto de la subvención, con indicación del importe y su procedencia.
• En el caso de las adquisiciones de bienes inmuebles, certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
• Declaración de utilización de los fondos y el cumplimiento de objetivos, según el modelo recogido en la correspondiente convocatoria.
• c). Certificado de la tesorería de la entidad sobre los perceptores finales de los fondos y de las empresas contratadas para la ejecución de los proyectos, en el modelo facilitado por la Dirección General de Personas con Discapacidad.
• d). En su caso, certificado de inscripción del inmueble en el inventario municipal o el Registro de la Propiedad, según proceda.
• e). En su caso, certificado de inscripción de los bienes muebles en el inventario municipal.
• f). Plan de formación al personal para implantar el modelo de cuidados de larga duración basado en la atención integral centrada en la persona, la autonomía personal y el derecho de elección siguiendo los principios establecidos en el artículo 5 de la presente Orden.
• g). Declaración responsable de haber adecuado su Reglamento de Régimen Interior y normas de funcionamiento interno para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos en la normativa, en particular los derechos a la autonomía personal y la atención integral y el derecho a la participación plena y de los principios recogidos en el artículo 5 de la presente Orden.

 

subir

Artículo 23. Incumplimientos y reintegros.
1.- En el supuesto de incumplimiento del proyecto, los plazos o las obligaciones esenciales establecidas en la presente Orden por parte de la beneficiaria de subvenciones, ésta deberá reintegrar las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el interés de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la sanción administrativa en que se hubiera incurrido según la Ley y de las demás causas de reintegro de acuerdo con el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 38/2003.
2.- En el supuesto de incumplimiento de obligaciones que no sean esenciales para la consecución del fin público perseguido con la subvención, y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, así como acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente, todo ello de acuerdo con el principio de proporcionalidad.
3.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, procederá el reintegro por el incumplimiento de las medidas de difusión de financiación pública cuando la entidad beneficiaria no adopte las medidas establecidas en el artículo 25 de la presente Orden de bases.
4.- Serán también de aplicación las causas de reintegro recogidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y su normativa de desarrollo.

 

subir

Artículo 24. Infracciones y sanciones.
Será de aplicación en esta materia las disposiciones del Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del Título IV de la citada Ley 7/2005 de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

 

subir

Artículo 25. Publicidad
1.- La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
2.- La publicidad de estas ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones 38/2003 y en los artículos 3.1, 14 y 17.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3.- Conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada de la normativa aplicable en materia de subvenciones, y de manera adicional a esta, la Administración pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de Transparencia las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarias, así como su objetivo o finalidad.
4.- Todas las obras de construcción, reforma y equipamiento financiadas mediante las subvenciones reguladas en la presente Orden habrán de hacer constar, en un cartel indicador mientras duren las obras, y en los recursos residenciales una vez finalizados, que la financiación ha sido efectuada por la Administración General del Estado, así como hacerlo constar en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de los proyectos financiados, de acuerdo con lo establecido en el “Manual de imagen Institucional de la Administración General del Estado”, aprobado por Orden de 27 de septiembre de 1999 en desarrollo del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, y por la Resolución de 28 de febrero de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, y la Guía para la edición y publicación de páginas web en la Administración General del Estado, aprobada por Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas.
Adicionalmente, deberá exhibirse de forma correcta y destacada, el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga “financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”, junto al logo del PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. Del mismo modo, todos los documentos, publicidad y publicaciones que se desarrollen en este ámbito, deberán contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU». Cuando se muestre en asociación con otro logotipo, el emblema de la Unión Europea deberá mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como los otros logotipos. El emblema debe permanecer distinto y separado y no puede modificarse añadiendo otras marcas visuales, marcas o texto. Aparte del emblema, no podrá utilizarse ninguna otra identidad visual o logotipo para destacar el apoyo de la UE.
La publicidad se realizará de conformidad con lo establecido en el Manual de Marca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia confeccionado por la Secretaría de Estado de Comunicación, que se incorpora a la presente Orden de bases como Anexo II.
Cuando los recursos financiados estén integrados en la Red Pública Regional de Servicios Sociales, observarán las normas de aplicación del Decreto 58/1990, de 26 de julio, del símbolo de la Red Pública Regional de Servicios Sociales, y demás normativa de desarrollo aplicable en la materia.


 

subir

TÍTULO II
LÍNEAS DE SUBVENCIÓN
Artículo 26. Líneas A y B.- Subvenciones dirigidas a Corporaciones Locales y entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad para remodelación y equipamiento o construcción y equipamiento de bienes inmuebles de carácter residencial insertos en la comunidad destinados a programas innovadores de atención centrada en la persona y para la promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad física o intelectual.

1.- Objeto de las Líneas.
1.- Es objeto de la Línea A la convocatoria de subvenciones dirigidas a Corporaciones Locales para la remodelación y equipamiento o construcción y equipamiento de inmuebles de carácter residencial insertos en la comunidad destinados a programas innovadores de atención centrada en la persona y para la promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad física o intelectual.
2.- Es objeto de la Línea B la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad para la remodelación y equipamiento o construcción y equipamiento de inmuebles de carácter residencial insertos en la comunidad destinados a programas innovadores de atención centrada en la persona y para la promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad física o intelectual.
2.- Tipos de proyectos financiables:
Podrán ser objeto de subvención los siguientes dos tipos de proyectos:
A-1 y B-1) La remodelación de recursos residenciales para personas con discapacidad intelectual ya existentes en los que el IMAS cuenta con plazas concertadas, y su reconversión en pequeñas unidades de convivencia de carácter similar al de una familia, para implementar el modelo de cuidados de larga duración para personas con discapacidad basado en la atención integral centrada en la persona, la autonomía personal y el derecho de elección. Esta remodelación podrá incluir el equipamiento necesario, de manera que a la finalización del proyecto el inmueble se halle en condiciones de ocupación inmediata.
I.- El coste máximo subvencionable será de 13.000,00 € por plaza residencial reformada, incluyendo el equipamiento.
II.- Requisitos:
a).- Los inmuebles que se presenten a esta línea de subvención habrán de estar ubicados o bien en entornos urbanos, o bien en entornos periurbanos bien comunicados con aquellos mediante transporte público accesible y frecuente. El entorno habrá de ser igualmente accesible.
b).- El proyecto habrá de incluir, en su caso, las previsiones de reubicación, en recurso residencial debidamente autorizado, de los residentes en plazas concertadas durante el periodo de ejecución de las obras de reforma y equipamiento, de manera que se mantenga la calidad de la atención prestada actualmente hasta el fin de las mismas.
c).- El proyecto habrá de incluir un plan para garantizar que, al finalizar la reforma y equipamiento, el personal del recurso residencial dispondrá de la formación adecuada para implantar el modelo de cuidados de larga duración basado en la atención integral centrada en la persona, la autonomía personal y el derecho de elección. Esta formación no podrá ser financiada con cargo a estos proyectos.
d).- El proyecto habrá de incluir el compromiso formal de la entidad de adecuar su Reglamento de Régimen Interior y normas de funcionamiento interno para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos en la normativa, así como los principios de funcionamiento y características de los recursos recogidos en el artículo 5 de la presente Orden de bases.
e).-El proyecto habrá de incluir el compromiso formal de la entidad de poner a disposición de la Administración regional las plazas que ésta solicite concertar, pudiendo reservarse para sí la entidad como máximo un 10% del total de plazas del recurso residencial, siempre que éstas no hayan sido reformadas mediante la subvención.
f).- Los espacios reformados, una vez finalizadas las obras, habrán de cumplir las siguientes condiciones:
Completamente accesibles en todas sus zonas y estancias.
• Configurados como pequeñas unidades de convivencia de como máximo diez personas cada una.
• Dotados de dormitorios preferentemente individuales o como máximo dobles, con baño propio. Al menos un 50% de los dormitorios reformados habrán de ser individuales.
• Adecuación de las zonas comunes (comedores, salones, zonas de ocio) para favorecer su uso de forma individual o en pequeños grupos en zonas separadas.
• Equipados con fuentes de energía renovables (solar térmica, solar fotovoltaica, geotermia, aerotermia o biomasa). Se habrá de mejorar el comportamiento energético en al menos una letra de acuerdo con la Certificación de Eficiencia Energética.
• Dotados con sistemas domóticos que faciliten la intimidad, autonomía personal y seguridad de las personas usuarias.
g).- Será causa de exclusión del proyecto el incumplimiento de alguno de los requisitos de los apartados anteriores.
III.- Documentación específica a presentar para esta línea de subvención:
• Documento que acredite la propiedad del inmueble a reformar.
• Plano de situación del recurso residencial respecto al entorno.
• Plano de superficie de la configuración del recurso residencial previa a la reforma, que especifique las estancias y dimensiones de cada una de ellas.
• Plano de superficie de la reforma proyectada o realizada, que especifique las estancias y dimensiones de cada una de ellas.
• Licencia de obras si ya se hubiera obtenido, o solicitud de la misma si ya se hubiera formulado.
• Proyecto básico y de ejecución de la reforma, si ya se hubiera elaborado, o las ofertas que corresponda en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la presente Orden de bases, junto con la memoria acerca de la elección de una de las ofertas.
• Contrato con empresa constructora para la ejecución de la obra, si ya se hubiese formalizado, o las ofertas que corresponda en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la presente Orden de bases, junto con la memoria acerca de la elección de una de las ofertas.
• Declaración responsable de la empresa constructora, si ya se hubiese adjudicado, sobre el cumplimiento de los requisitos del artículo 29.7 de la Ley 38/2003 y del artículo 68 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.
El proyecto básico y de ejecución, así como el contrato con la empresa constructora, habrán de incluir las cláusulas siguientes que les sean aplicables en cada caso:
• Alto nivel de eficiencia energética y sostenibilidad:
• Los inmuebles habrán de ser energéticamente eficientes, preparados para soportar precipitaciones intensas, incremento de las temperaturas y olas de calor frecuentes. Se realizará una evaluación de la vulnerabilidad de las instalaciones ante el riesgo climático y se establecerán las soluciones de adaptación adecuadas.
• Economía circular:
• Los diseños de edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad (ISO20887) para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios para que sean más eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje.
• Se usará el Protocolo de Gestión de Residuos de la UE.
• Se aplicará el principio de jerarquía de residuos, priorizando la prevención, preparación para la reutilización, el reciclado, la valoración energética y por último la eliminación (si medioambientalmente es posible).
• Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición [excepto los del código LER17 05 04] se preparará para la reutilización, el reciclaje y la revalorización [puede incluir que se usen como relleno en sustitución de otros materiales].
• Protección medioambiental:
• Se realizará la evaluación de impacto ambiental cuando sea preceptivo (Directiva 2011/92/EU).
• En la construcción y rehabilitación de edificios e instalaciones, se aplicará la Directiva UE 2018/844 de eficacia energética para que sean edificios de consumo de energía casi nulo.
• No se permitirán sistemas de calefacción y refrigeración basados en combustibles fósiles sino en tecnologías cero contaminantes.
• Se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante las obras y se cumplirá la normativa relativa a contaminación de suelos y agua.
A-2 y B-2) La dotación de nuevos recursos residenciales para proporcionar atención integral centrada en la persona en entornos comunitarios a personas con discapacidad física o intelectual, basados en la autonomía personal y el derecho de elección. Podrá incluir tanto la construcción como la adquisición de un local ya existente y su reforma. En ambos casos, podrá incluir el equipamiento, de manera que a la finalización del proyecto el inmueble se halle en condiciones de ocupación inmediata.
I.- El coste máximo subvencionable será de 65.000,00 € por plaza residencial creada, incluyendo el equipamiento.
II.- Requisitos:
a).- Los inmuebles que se presenten a esta línea de subvención habrán de estar ubicados en un entorno urbano accesible, en barrio no conflictivo, con acceso a pie o mediante transporte público adaptado a los servicios y equipamientos sanitarios, educativos, formativos, culturales, deportivos y de ocio a disposición del público de la zona.
b).- El proyecto habrá de incluir un plan para garantizar que, al finalizar la construcción o reforma y equipamiento, el personal del recurso residencial dispondrá de la formación adecuada para implantar el modelo de cuidados de larga duración basado en la atención integral centrada en la persona, la autonomía personal y el derecho de elección. Esta formación no podrá ser financiada con cargo a estos proyectos.
c).- El proyecto habrá de incluir el compromiso formal de la entidad de adecuar su Reglamento de Régimen Interior y normas de funcionamiento interno para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos en la normativa, así como los principios de funcionamiento y características de los recursos recogidos en el artículo 5 de la presente Orden de bases.
d).- El proyecto habrá de incluir el compromiso formal de la entidad de poner a disposición de la Administración regional las plazas, construidas con las subvenciones reguladas por la presente Orden de bases, que ésta solicite concertar.
e).- Los espacios creados, una vez finalizadas las obras, habrán de cumplir las siguientes condiciones:
• Completamente accesibles en todas las zonas y estancias destinadas al uso por parte de las personas con discapacidad.
• Configurados como pequeñas unidades de convivencia de como máximo diez personas cada una.
• Dotados de dormitorios preferentemente individuales o como máximo dobles, con baño propio. Al menos un 50% de los dormitorios habrán de ser individuales En el caso de recursos para personas con discapacidad física, cada dormitorio habrá de contar también con una sala de estar propia.
• Adecuación de las zonas comunes (comedores, salones, zonas de ocio) para favorecer su uso de forma individual o en pequeños grupos en zonas separadas.
• Equipados con fuentes de energía renovables (solar térmica, solar fotovoltaica, geotermia, aerotermia o biomasa). Se habrá de mejorar el comportamiento energético en al menos una letra de acuerdo con la Certificación de Eficiencia Energética.
• Dotados con sistemas domóticos que faciliten la intimidad, autonomía personal y seguridad de las personas usuarias.
f).- Será causa de exclusión del proyecto el incumplimiento de alguno de los requisitos de los apartados anteriores.
III.- Documentación específica a presentar para esta línea de subvención:
• Documento que acredite la propiedad o cesión en uso del suelo donde se ubique el inmueble o del inmueble en sí hasta al menos el año 2052.
• En el caso de adquisiciones de inmuebles ya construidos para su reforma, el documento del punto anterior se sustituirá por nota simple sobre la titularidad del inmueble con indicación de las cargas, declaración de la propiedad sobre el estado de ocupación del inmueble y los costes de comunidad y otros asociados y oferta de venta con indicación del precio final total, así como el plazo de validez de dicha oferta.
• Plano de situación del recurso residencial respecto al entorno.
• Plano de superficie de la construcción o reforma proyectada o realizada, que especifique las estancias y dimensiones de cada una de ellas.
• Licencia de obras si ya se hubiera obtenido, o solicitud de la misma si ya se hubiera formulado.
• Proyecto básico y de ejecución de la obra o reforma, si ya se hubiera elaborado, o las ofertas que corresponda en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la presente Orden de bases, junto con la memoria acerca de la elección de una de las ofertas.
• Contrato con empresa constructora para la ejecución de la obra, si ya se hubiese formalizado, o las ofertas que corresponda en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la presente Orden de bases, junto con la memoria acerca de la elección de una de las ofertas.
• Declaración responsable de la empresa constructora, si ya se hubiese adjudicado, sobre el cumplimiento de los requisitos del artículo 29.7 de la Ley 38/2003 y del artículo 68 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.
El proyecto básico y de ejecución, así como el contrato con la empresa constructora, habrán de incluir las cláusulas siguientes que les sean aplicables en cada caso:
• Alto nivel de eficiencia energética y sostenibilidad:
• Los inmuebles habrán de ser energéticamente eficientes, preparados para soportar precipitaciones intensas, incremento de las temperaturas y olas de calor frecuentes. Se realizará una evaluación de la vulnerabilidad de las instalaciones ante el riesgo climático y se establecerán las soluciones de adaptación adecuadas.
• Economía circular:
• Los diseños de edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad (ISO20887) para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios para que sean más eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje.
• Se usará el Protocolo de Gestión de Residuos de la UE.
• Se aplicará el principio de jerarquía de residuos, priorizando la prevención, preparación para la reutilización, el reciclado, la valoración energética y por último la eliminación (si medioambientalmente es posible).
• Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición [excepto los del código LER17 05 04] se preparará para la reutilización, el reciclaje y la revalorización [puede incluir que se usen como relleno en sustitución de otros materiales].
• Protección medioambiental:
• Se realizará la evaluación de impacto ambiental cuando sea preceptivo (Directiva 2011/92/EU).
• En la construcción y rehabilitación de edificios e instalaciones, se aplicará la Directiva UE 2018/844 de eficacia energética para que sean edificios de consumo de energía casi nulo.
• No se permitirán sistemas de calefacción y refrigeración basados en combustibles fósiles sino en tecnologías cero contaminantes.
• Se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante las obras y se cumplirá la normativa relativa a contaminación de suelos y agua.

 

subir

Artículo 27. Líneas C y D. Subvenciones dirigidas a Corporaciones locales y entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad para construcción y equipamiento o remodelación y equipamiento de recursos residenciales insertos en la comunidad destinados a programas innovadores de atención centrada en la persona y para la promoción de la vida independiente de las personas con alteraciones crónicas de la salud mental.
1.- Objeto de las Líneas.
1.- Es objeto de la Línea C la convocatoria de subvenciones dirigidas a Corporaciones Locales para la remodelación y equipamiento o construcción y equipamiento de recursos residenciales insertos en la comunidad destinados a programas innovadores de atención centrada en la persona y para la promoción de la vida independiente de las personas con alteraciones crónicas de la salud mental.
2.- Es objeto de la Línea D la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad para la remodelación y equipamiento o construcción y equipamiento de recursos residenciales insertos en la comunidad destinados a programas innovadores de atención centrada en la persona y para la promoción de la vida independiente de las personas con alteraciones crónicas de la salud mental.
2.- Tipos de proyectos financiables:
Podrán ser objeto de subvención los siguientes dos tipos de proyectos:
D-1) La remodelación de recursos residenciales para personas con alteraciones crónicas de la salud mental ya existentes en los que el IMAS cuenta con plazas concertadas, y su reconversión en pequeñas unidades de convivencia de carácter similar al de una familia, para implementar el modelo de cuidados de larga duración para personas con alteraciones crónicas de la salud mental basado en la atención integral centrada en la persona, la autonomía personal y el derecho de elección. Esta remodelación podrá incluir el equipamiento, de manera que a la finalización del proyecto el inmueble se halle en condiciones de ocupación inmediata.
I.- El coste máximo subvencionable será de 13.000,00 € por plaza residencial reformada, incluyendo el equipamiento.
II.- Requisitos:
a).- Los inmuebles que se presenten a esta línea de subvención habrán de estar ubicados o bien en entornos urbanos, o bien en entornos periurbanos bien comunicados con aquellos mediante transporte público accesible y frecuente. El entorno habrá de ser igualmente accesible.
b).- El proyecto habrá de incluir, en su caso, las previsiones de reubicación, en recurso residencial debidamente autorizado, de los residentes en plazas concertadas durante el periodo de ejecución de las obras de reforma y equipamiento, de manera que se mantenga la calidad de la atención prestada actualmente hasta el fin de las mismas.
c).- El proyecto habrá de incluir un plan para garantizar que, al finalizar la reforma y equipamiento, el personal del recurso residencial dispondrá de la formación adecuada para implantar el modelo de cuidados de larga duración basado en la atención integral centrada en la persona, la autonomía personal y el derecho de elección. Esta formación no podrá ser financiada con cargo a estos proyectos.
d).- El proyecto habrá de incluir el compromiso formal de la entidad de adecuar su Reglamento de Régimen Interior y normas de funcionamiento interno para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos en la normativa, así como los principios de funcionamiento y características de los recursos recogidos en el artículo 5 de la presente Orden de bases.
e).-El proyecto habrá de incluir el compromiso formal de la entidad de poner a disposición de la Administración regional las plazas que ésta solicite concertar, pudiendo reservarse para sí la entidad como máximo un 10% del total de plazas del recurso residencial, siempre que éstas no hayan sido reformadas mediante la subvención.
f).- Los espacios reformados, una vez finalizadas las obras, habrán de cumplir las siguientes condiciones:
• Completamente accesibles en todas sus zonas y estancias.
• Configurados como pequeñas unidades de convivencia de como máximo diez personas cada una.
• Dotados de dormitorios preferentemente individuales o como máximo dobles, con baño propio. Al menos un 50% de los dormitorios reformados habrán de ser individuales.
• Adecuación de las zonas comunes (comedores, salones, zonas de ocio) para favorecer su uso de forma individual o en pequeños grupos en zonas separadas.
• Equipados con fuentes de energía renovables (solar térmica, solar fotovoltaica, geotermia, aerotermia o biomasa). Se habrá de mejorar el comportamiento energético en al menos una letra de acuerdo con la Certificación de Eficiencia Energética.
• Dotados con sistemas domóticos que faciliten la intimidad, autonomía personal y seguridad de las personas usuarias.
g).- Será causa de exclusión del proyecto el incumplimiento de alguno de los requisitos de los apartados anteriores.
III.- Documentación específica a presentar para esta línea de subvención:
• Documento que acredite la propiedad del inmueble a reformar.
• Plano de situación del recurso residencial respecto al entorno.
• Plano de superficie de la configuración del recurso residencial previa a la reforma, que especifique las estancias y dimensiones de cada una de ellas.
• Plano de superficie de la reforma proyectada o realizada, que especifique las estancias y dimensiones de cada una de ellas.
• Licencia de obras si ya se hubiera obtenido, o solicitud de la misma si ya se hubiera formulado.
• Proyecto básico y de ejecución de la reforma, si ya se hubiera elaborado, o las ofertas que corresponda en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la presente Orden de bases, junto con la memoria acerca de la elección de una de las ofertas.
• Contrato con empresa constructora para la ejecución de la obra, si ya se hubiese formalizado, o las ofertas que corresponda en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la presente Orden de bases, junto con la memoria acerca de la elección de una de las ofertas.
• Declaración responsable de la empresa constructora, si ya se hubiese adjudicado, sobre el cumplimiento de los requisitos del artículo 29.7 de la Ley 38/2003 y del artículo 68 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.
El proyecto básico y de ejecución, así como el contrato con la empresa constructora, habrán de incluir las cláusulas siguientes que les sean aplicables en cada caso:
• Alto nivel de eficiencia energética y sostenibilidad:
• Los inmuebles habrán de ser energéticamente eficientes, preparados para soportar precipitaciones intensas, incremento de las temperaturas y olas de calor frecuentes. Se realizará una evaluación de la vulnerabilidad de las instalaciones ante el riesgo climático y se establecerán las soluciones de adaptación adecuadas.
• Economía circular:
• Los diseños de edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad (ISO20887) para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios para que sean más eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje.
• Se usará el Protocolo de Gestión de Residuos de la UE.
• Se aplicará el principio de jerarquía de residuos, priorizando la prevención, preparación para la reutilización, el reciclado, la valoración energética y por último la eliminación (si medioambientalmente es posible).
• Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición [excepto los del código LER17 05 04] se preparará para la reutilización, el reciclaje y la revalorización [puede incluir que se usen como relleno en sustitución de otros materiales].
• Protección medioambiental:
• Se realizará la evaluación de impacto ambiental cuando sea preceptivo (Directiva 2011/92/EU).
• En la construcción y rehabilitación de edificios e instalaciones, se aplicará la Directiva UE 2018/844 de eficacia energética para que sean edificios de consumo de energía casi nulo.
• No se permitirán sistemas de calefacción y refrigeración basados en combustibles fósiles sino en tecnologías cero contaminantes.
• Se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante las obras y se cumplirá la normativa relativa a contaminación de suelos y agua.
C y D-2) La dotación de nuevos recursos residenciales para proporcionar atención integral centrada en la persona en entornos comunitarios a personas con alteraciones crónicas de la salud mental, basados en la autonomía personal y el derecho de elección. Podrá incluir tanto la construcción como la adquisición de un local ya existente y su reforma. En ambos casos, podrá incluir el equipamiento, de manera que a la finalización del proyecto el inmueble se halle en condiciones de ocupación inmediata.
I.- El coste máximo subvencionable será de 65.000,00 € por plaza residencial creada, incluyendo el equipamiento.
II.- Requisitos:
a).- Los inmuebles que se presenten a esta línea de subvención habrán de estar ubicados en un entorno urbano accesible, en barrio no conflictivo, con acceso a pie o mediante transporte público adaptado a los servicios y equipamientos sanitarios, educativos, formativos, culturales, deportivos y de ocio a disposición del público de la zona.
b).- El proyecto habrá de incluir un plan para garantizar que, al finalizar la construcción o reforma y equipamiento, el personal del recurso residencial dispondrá de la formación adecuada para implantar el modelo de cuidados de larga duración basado en la atención integral centrada en la persona, la autonomía personal y el derecho de elección. Esta formación no podrá ser financiada con cargo a estos proyectos.
c).- El proyecto habrá de incluir el compromiso formal de la entidad de adecuar su Reglamento de Régimen Interior y normas de funcionamiento interno para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos en la normativa, así como los principios de funcionamiento y características de los recursos recogidos en el artículo 5 de la presente Orden de bases.
d).- El proyecto habrá de incluir el compromiso formal de la entidad de poner a disposición de la Administración regional las plazas, construidas con las subvenciones reguladas por la presente Orden de bases, que ésta solicite concertar.
e).- Los espacios creados, una vez finalizadas las obras, habrán de cumplir las siguientes condiciones:
• Completamente accesibles en todas las zonas y estancias destinadas al uso por parte de las personas usuarias.
• Configurados como pequeñas unidades de convivencia de como máximo diez personas cada una.
• Dotados de dormitorios preferentemente individuales o como máximo dobles, con baño propio. Al menos un 50% de los dormitorios habrán de ser individuales
• Adecuación de las zonas comunes (comedores, salones, zonas de ocio) para favorecer su uso de forma individual o en pequeños grupos en zonas separadas.
• Equipados con fuentes de energía renovables (solar térmica, solar fotovoltaica, geotermia, aerotermia o biomasa). Se habrá de mejorar el comportamiento energético en al menos una letra de acuerdo con la Certificación de Eficiencia Energética.
• Dotados con sistemas domóticos que faciliten la intimidad, autonomía personal y seguridad de las personas usuarias.
f).- Será causa de exclusión del proyecto el incumplimiento de alguno de los requisitos de los apartados anteriores.
III.- Documentación específica a presentar para esta línea de subvención:
• Documento que acredite la propiedad o cesión en uso del suelo donde se ubique el inmueble o del inmueble en sí hasta al menos el año 2052.
• En el caso de adquisiciones de inmuebles ya construidos para su reforma, el documento del punto anterior se sustituirá por nota simple sobre la titularidad del inmueble con indicación de las cargas, declaración de la propiedad sobre el estado de ocupación del inmueble y los costes de comunidad y otros asociados y oferta de venta con indicación del precio final total, así como el plazo de validez de dicha oferta.
• Plano de situación del recurso residencial respecto al entorno.
• Plano de superficie de la construcción o reforma proyectada o realizada, que especifique las estancias y dimensiones de cada una de ellas.
• Licencia de obras si ya se hubiera obtenido, o solicitud de la misma si ya se hubiera formulado.
• Proyecto básico y de ejecución de la obra o reforma, si ya se hubiera elaborado, o las ofertas que corresponda en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la presente Orden de bases, junto con la memoria acerca de la elección de una de las ofertas.
• Contrato con empresa constructora para la ejecución de la obra, si ya se hubiese formalizado, o las ofertas que corresponda en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la presente Orden de bases, junto con la memoria acerca de la elección de una de las ofertas.
• Declaración responsable de la empresa constructora, si ya se hubiese adjudicado, sobre el cumplimiento de los requisitos del artículo 29.7 de la Ley 38/2003 y del artículo 68 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.
El proyecto básico y de ejecución, así como el contrato con la empresa constructora, habrán de incluir las cláusulas siguientes que les sean aplicables en cada caso:
• Alto nivel de eficiencia energética y sostenibilidad:
• Los inmuebles habrán de ser energéticamente eficientes, preparados para soportar precipitaciones intensas, incremento de las temperaturas y olas de calor frecuentes. Se realizará una evaluación de la vulnerabilidad de las instalaciones ante el riesgo climático y se establecerán las soluciones de adaptación adecuadas.
• Economía circular:
• Los diseños de edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad (ISO20887) para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios para que sean más eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje.
• Se usará el Protocolo de Gestión de Residuos de la UE.
• Se aplicará el principio de jerarquía de residuos, priorizando la prevención, preparación para la reutilización, el reciclado, la valoración energética y por último la eliminación (si medioambientalmente es posible).
• Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición [excepto los del código LER17 05 04] se preparará para la reutilización, el reciclaje y la revalorización [puede incluir que se usen como relleno en sustitución de otros materiales].
• Protección medioambiental:
• Se realizará la evaluación de impacto ambiental cuando sea preceptivo (Directiva 2011/92/EU).
• En la construcción y rehabilitación de edificios e instalaciones, se aplicará la Directiva UE 2018/844 de eficacia energética para que sean edificios de consumo de energía casi nulo.
• No se permitirán sistemas de calefacción y refrigeración basados en combustibles fósiles sino en tecnologías cero contaminantes.
• Se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante las obras y se cumplirá la normativa relativa a contaminación de suelos y agua.

 

subir

Artículo 28. Líneas E y F. Subvenciones dirigidas a Corporaciones Locales y entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad para adquisición, remodelación y equipamiento de viviendas en la comunidad destinadas a la atención a personas con alteraciones graves del comportamiento escolarizadas en centros de educación especial.
1.- Objeto de las Líneas.
1.- Es objeto de la Línea E la convocatoria de subvenciones dirigidas a Corporaciones Locales para la adquisición, remodelación y equipamiento de viviendas en la comunidad destinadas a la atención a personas con alteraciones graves del comportamiento escolarizadas en centros de educación especial.
2.- Es objeto de la Línea F la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad para la adquisición, remodelación y equipamiento de viviendas en la comunidad destinadas a la atención a personas con alteraciones graves del comportamiento escolarizadas en centros de educación especial.
2.- Tipos de proyectos financiables: Las viviendas deberán reunir las siguientes condiciones:
a).- Ubicación. Las viviendas habrán de estar ubicadas en alguno de los siguientes municipios:
• Alcantarilla y alrededores (Sangonera la Seca, Javalí Nuevo u otras pedanías de Murcia cercanas): Centro educativo de referencia: CEE “EUSEBIO MARTÍNEZ”.
• Totana: Centro educativo de referencia: CEE PILAR SOUBRIER, ubicado en Lorca.
• Cehegín / Moratalla: Centro educativo de referencia: CEE “ASCRUZ”, ubicado en Caravaca de la Cruz.
• Caravaca de la Cruz: Centro educativo de referencia: CEE “ASCRUZ”.
• Cartagena: Centro educativo de referencia: CEE “PRIMITIVA LÓPEZ”.
• Cieza: Centro educativo de referencia: CEE “EL BUEN PASTOR”.
• Jumilla / Yecla: Centros educativos de referencia: CEE “VIRGEN DE LA ESPERANZA (Jumilla) y CEE “VIRGEN DE LA ESPERANZA (Yecla).
• La Unión: Centro educativo de referencia: CEE “ENRIQUE VIVIENTE”.
• Lorca: Centro educativo de referencia: CEE “PILAR SOUBRIER”.
• Mazarrón. Centro educativo de referencia: CEE PILAR SOUBRIER, ubicado en Lorca.
• Murcia Norte: Centros educativos de referencia: CEE “PÉREZ URRUTI” Y/O “LAS BOQUERAS”.
• Murcia Sur: Centro educativo de referencia: CEE “SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA”.
• San Javier / San Pedro del Pinatar: Centro educativo de referencia: CEE “AIDEMAR”.
Se estudiarán conjuntamente todos los proyectos de las líneas E y F que se ubiquen en cada uno de los municipios indicados.
Si no se presentase ningún proyecto para alguno de los municipios citados, la Comisión de Evaluación podrá optar por seleccionar más de una propuesta en algún otro de los municipios señalados.
b).- Características constructivas y del entorno.
1.- Será motivo expreso de denegación de la subvención la falta de accesibilidad a la vivienda, del edificio o de la vía de acceso al mismo.
2.- Las zonas comunes del edificio deberán estar en buen estado de conservación, accesibilidad, seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad.
3.- Las viviendas deberán reunir las siguientes características mínimas, o contar con la posibilidad estructural de realizar las obras necesarias para reunirlas:
3.1.- Ser completamente accesibles.
3.2.- Configuradas como pequeñas unidades de convivencia con una capacidad máxima para 5 personas, con espacio para cuatro de ellas en silla de ruedas y contar con al menos un salón una cocina completa; una zona de lavandería o lavadero; dos baños completos con lavabo, inodoro, bidet y bañera o ducha; tres dormitorios, uno de ellos individual y los otros dos dobles con espacio para manejo de grúa y espacio para dos armarios individuales, dos mesillas, dos escritorios y dos sillas de ruedas en cada uno de ellos.
3.3.- Ubicación en barrios céntricos no conflictivos, en calle con un desnivel máximo del 6%.
3.4.- Situación en un radio de 750 metros del centro educativo de referencia. Si el centro educativo no estuviera en la localidad o localidades especificadas, la vivienda estará ubicada en un radio de 100 m. hasta una parada de autobús autorizada para el transporte público.
3.5.- Ubicación a una distancia razonable a pie (máximo 10 minutos) del Centro de Salud de la zona, establecimientos de productos básicos (tiendas de alimentación y productos básicos) y servicios de ocio o zonas de esparcimiento.
3.6.- Deben contar con licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad.
3.7.- Deberá estar constituida la comunidad si forman parte de un edificio o grupo de construcciones obligadas a ello por normativa.
3.8.- La vivienda a adquirir estará al corriente del pago de las cuotas de comunidad así como del pago de todos los tributos, incluido el impuesto de bienes inmuebles, y al corriente de pagos de suministros.
3.9.- La vivienda puede ser de segunda mano o de nueva construcción y estará libre de cargas.
3.10.- La vivienda contará con certificado de eficiencia energética. Si no contase con dicho certificado, el proyecto de reforma habrá de incluir las necesarias para el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtenerlo.
3.11.- Si la estructura existente lo permite, se dotará a la vivienda con las fuentes de energía renovables que sea posible y eficiente instalar.
c).- Subvención máxima por vivienda: El importe máximo de la subvención será de 262.000,00 € por vivienda, incluidos la adquisición, reforma si fuera necesaria y el equipamiento.
d).- Documentación a presentar:
Si la vivienda se hubiese adquirido entre el 1 de febrero de 2020 y la fecha de publicación de la Resolución de convocatoria de las subvenciones, se presentará:
• Copia simple de la escritura de compraventa.
• Plano de ubicación en el entorno.
• Certificación de profesional colegiado competente en la materia sobre la accesibilidad a la vivienda, el edificio y el entorno y el estado de conservación, accesibilidad, seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad de las zonas comunes del edificio en que se ubique la vivienda.
• Licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad.
• Certificado de estar al corriente de las cuotas de la comunidad de propietarios.
• Recibo de pago del IBI.
• Últimos recibos de suministros y acreditación del pago de los mismos.
• Certificado de eficiencia energética, si la vivienda dispusiera de él.
7.- Para las viviendas a adquirir a partir de la fecha de publicación de la Resolución de convocatoria de las subvenciones, se presentará la siguiente documentación:
• Plano de ubicación en el entorno.
• Certificación de profesional colegiado competente en la materia sobre la accesibilidad a la vivienda, el edificio y el entorno y el estado de conservación, accesibilidad, seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad de las zonas comunes del edificio en que se ubique la vivienda.
• Certificación registral sobre la titularidad y situación de cargas del inmueble, así como declaración del posible vendedor sobre la situación de ocupación de los espacios ofertados.
• Cuando el coste de adquisición de la vivienda supere los 15.000,00 €, tres ofertas formales de venta por parte de quienes ostenten la propiedad, con indicación expresa del periodo de vigencia de dichas ofertas. Estas ofertas incluirán todos los costes que deba asumir la parte compradora. En caso de no ser de aplicación las prescripciones del artículo 8.4 de la presente Orden de Bases por no existir en el mercado suficiente número de oferta de bienes que reúnan las características requeridas, se presentará declaración formal de la entidad al respecto.
• Licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad.
• Certificado de estar al corriente de las cuotas de la comunidad de propietarios.
• Recibo de pago del IBI.
• Últimos recibos de suministros y acreditación del pago de los mismos.
• Certificado de eficiencia energética, si la vivienda dispusiera de él.
8.- Si la vivienda requiere reformas para adecuarse a los requerimientos de estas Líneas, se habrá de presentar también:
• Plano de superficie de la construcción o reforma proyectada o realizada, que especifique las estancias y dimensiones de cada una de ellas.
• Plano de superficie de la reforma proyectada o realizada, que especifique las estancias y dimensiones de cada una de ellas.
• Licencia de obras si ya se hubiera obtenido, o solicitud de la misma si ya se hubiera formulado.
• Proyecto básico y de ejecución de la reforma, si ya se hubiera elaborado, o las ofertas que corresponda en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la presente Orden de bases, junto con la memoria acerca de la elección de una de las ofertas. El proyecto de reforma incluirá la obtención del certificado de vivienda energética si la vivienda no lo tiene y la posible instalación de fuentes de energías renovables.
• Contrato con empresa constructora para la ejecución de la obra, si ya se hubiese formalizado, o las ofertas que corresponda en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la presente Orden de bases, junto con la memoria acerca de la elección de una de las ofertas.
• Declaración responsable de la empresa constructora, si ya se hubiese adjudicado, sobre el cumplimiento de los requisitos del artículo 29.7 de la Ley 38/2003 y del artículo 68 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.
El proyecto básico y de ejecución, así como el contrato con la empresa constructora, habrán de incluir las cláusulas siguientes que les sean aplicables en cada caso:
• Alto nivel de eficiencia energética y sostenibilidad:
• Los inmuebles habrán de ser energéticamente eficientes, preparados para soportar precipitaciones intensas, incremento de las temperaturas y olas de calor frecuentes. Se realizará una evaluación de la vulnerabilidad de las instalaciones ante el riesgo climático y se establecerán las soluciones de adaptación adecuadas.
• Economía circular:
• Los diseños de edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad (ISO20887) para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios para que sean más eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje.
• Se usará el Protocolo de Gestión de Residuos de la UE.
• Se aplicará el principio de jerarquía de residuos, priorizando la prevención, preparación para la reutilización, el reciclado, la valoración energética y por último la eliminación (si medioambientalmente es posible).
• Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición [excepto los del código LER17 05 04] se preparará para la reutilización, el reciclaje y la revalorización [puede incluir que se usen como relleno en sustitución de otros materiales].
• Protección medioambiental:
• Se realizará la evaluación de impacto ambiental cuando sea preceptivo (Directiva 2011/92/EU).
• En la construcción y rehabilitación de edificios e instalaciones, se aplicará la Directiva UE 2018/844 de eficacia energética para que sean edificios de consumo de energía casi nulo.
• No se permitirán sistemas de calefacción y refrigeración basados en combustibles fósiles sino en tecnologías cero contaminantes.
• Se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante las obras y se cumplirá la normativa relativa a contaminación de suelos y agua.
9.- Si se incluyese en la solicitud de subvención la financiación del equipamiento, se habrá de incluir además proyecto presupuestado de equipamiento. Si el coste del mismo supera los 15.000,00 €, deberán presentarse tres ofertas diferentes de acuerdo con el art. 8.4 de la presente Orden de bases.

 

subir

strong>Artículo 29. Líneas G y H: Subvenciones dirigidas a Corporaciones locales y a entidades sin fin de lucro del área de la discapacidad para la adquisición, remodelación y equipamiento de viviendas en la comunidad destinadas a personas con discapacidad.
1.- Objeto de las Líneas y características de las viviendas.
1.- Es objeto de la Línea G la convocatoria de subvenciones dirigidas a Corporaciones Locales para la adquisición, reforma si fuera precisa y equipamiento de viviendas ordinarias, situadas en el entorno comunitario, para el alojamiento de personas con discapacidad.
2.- Es objeto de la Línea H la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad para la adquisición, reforma si fuera precisa y equipamiento de viviendas ordinarias, situadas en el entorno comunitario, para el alojamiento de personas con discapacidad.
2.- Tipos de proyectos financiables: Las viviendas deberán reunir las siguientes características:
a).- Características constructivas y del entorno.
1.- Será motivo expreso de denegación de la subvención la falta de accesibilidad a la vivienda, del edificio o de la vía de acceso al mismo.
2.- Las viviendas deberán reunir las siguientes características mínimas, o contar con la posibilidad estructural de realizar las obras necesarias para reunirlas:
2.1.- Estarán localizadas en núcleos de población que cuenten al menos con servicios sanitarios públicos permanentes (al menos un Centro de Salud), servicios educativos y formativos básicos y trasporte público adaptado a la cabecera de zona donde se ubiquen los servicios sanitarios y educativos/formativos especializados, con una frecuencia inferior a una hora y parada a una distancia inferior a 500 m de la localización de la vivienda.
2.2.- Ubicación en barrios céntricos no conflictivos, bien comunicados mediante transporte público (si en la localidad lo hubiese), en calle accesible, con un desnivel máximo de 6% y a una distancia razonable a pie (máximo 10 minutos) del Centro de Salud de la zona, establecimientos de productos básicos (tiendas de alimentación y productos básicos) y servicios de ocio o zonas de esparcimiento.
2.3.- Las zonas comunes del edificio deberán estar en buen estado de conservación, accesibilidad, seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad.
2.4.- Las viviendas deberán reunir las siguientes características mínimas, o contar con la posibilidad estructural de realizar las obras necesarias para reunirlas: viviendas completamente accesibles en todas sus zonas y espacios, de cualquiera de los siguientes tipos:
A) con capacidad para entre tres y cinco personas, con al menos salón comedor con capacidad para el número de personas correspondiente, cocina completa, zona de lavadero, dormitorios individuales para todos sus ocupantes, un baño completo y un aseo.
B) con la disposición adecuada para la instalación en las mismas de parejas unidas por vínculos de afectividad y sus descendientes si los hubiera.
2.5.- Deben contar con licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad.
2.6.- Deberá estar constituida la comunidad si forman parte de un edificio o grupo de construcciones obligadas a ello por normativa.
2.7.- Las viviendas a adquirir estarán al corriente del pago de las cuotas de comunidad así como del pago de todos los tributos, incluido el impuesto de bienes inmuebles, y al corriente de pagos de suministros.
2.8.- Las viviendas pueden ser de segunda mano o de nueva construcción y estarán libres de cargas.
2.9.- Las viviendas contarán con certificado de eficiencia energética. Si no contasen con dicho certificado, el proyecto de reforma habrá de incluir las necesarias para el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtenerlo.
2.10.- Si la estructura existente lo permite, se dotará a la vivienda con las fuentes de energía renovables que sea posible y eficiente instalar.
b).- Coste máximo por vivienda: El importe máximo de la subvención será de 262.000,00 € por vivienda, incluidos la adquisición, reforma si fuera necesaria y el equipamiento.
c).- Documentación a presentar:
1.- Si la vivienda se hubiese adquirido entre el 1 de febrero de 2020 y la fecha de publicación de la Resolución de convocatoria de las subvenciones, se presentará:
• Copia simple de la escritura de compraventa.
• Plano de ubicación en el entorno.
• Certificación de profesional colegiado competente en la materia sobre la accesibilidad a la vivienda, el edificio y el entorno y el estado de conservación, accesibilidad, seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad de las zonas comunes del edificio en que se ubique la vivienda.
• Licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad.
• Certificado de estar al corriente de las cuotas de la comunidad de propietarios.
• Recibo de pago del IBI.
• Últimos recibos de suministros y acreditación del pago de los mismos.
• Certificado de eficiencia energética, si la vivienda dispusiera de él.
2.- Para las viviendas a adquirir a partir de la fecha de publicación de la Resolución de convocatoria de las subvenciones, se presentará la siguiente documentación:
• Plano de ubicación en el entorno.
• Certificación de profesional colegiado competente en la materia sobre la accesibilidad a la vivienda, el edificio y el entorno y el estado de conservación, accesibilidad, seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad de las zonas comunes del edificio en que se ubique la vivienda.
• Certificación registral sobre la titularidad y situación de cargas del inmueble, así como declaración del posible vendedor sobre la situación de ocupación de los espacios ofertados.
• Cuando el coste de adquisición de la vivienda supere los 15.000,00 €, tres ofertas formales de venta por parte de quienes ostenten la propiedad, con indicación expresa del periodo de vigencia de dichas ofertas. Estas ofertas incluirán todos los costes que deba asumir la parte compradora. En caso de no ser de aplicación las prescripciones del artículo 8.4 de la presente Orden de Bases por no existir en el mercado suficiente número de oferta de bienes que reúnan las características requeridas, se presentará declaración formal de la entidad al respecto.
• Licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad.
• Certificado de estar al corriente de las cuotas de la comunidad de propietarios.
• Recibo de pago del IBI.
• Últimos recibos de suministros y acreditación del pago de los mismos.
• Certificado de eficiencia energética, si la vivienda dispusiera de él.
3.- Si la vivienda requiere reformas para adecuarse a los requerimientos de estas Líneas, se habrá de presentar también:
• Plano de superficie de la construcción o reforma proyectada o realizada, que especifique las estancias y dimensiones de cada una de ellas.
• Plano de superficie de la reforma proyectada o realizada, que especifique las estancias y dimensiones de cada una de ellas.
• Licencia de obras si ya se hubiera obtenido, o solicitud de la misma si ya se hubiera formulado.
• Proyecto básico y de ejecución de la reforma, si ya se hubiera elaborado, o las ofertas que corresponda en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la presente Orden de bases, junto con la memoria acerca de la elección de una de las ofertas. El proyecto de reforma incluirá la obtención del certificado de vivienda energética si la vivienda no lo tiene y la posible instalación de fuentes de energías renovables.
• Contrato con empresa constructora para la ejecución de la obra, si ya se hubiese formalizado, o las ofertas que corresponda en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la presente Orden de bases, junto con la memoria acerca de la elección de una de las ofertas.
• Declaración responsable de la empresa constructora, si ya se hubiese adjudicado, sobre el cumplimiento de los requisitos del artículo 29.7 de la Ley 38/2003 y del artículo 68 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.
El proyecto básico y de ejecución, así como el contrato con la empresa constructora, habrán de incluir las cláusulas siguientes que les sean aplicables en cada caso:
• Alto nivel de eficiencia energética y sostenibilidad:
• Los inmuebles habrán de ser energéticamente eficientes, preparados para soportar precipitaciones intensas, incremento de las temperaturas y olas de calor frecuentes. Se realizará una evaluación de la vulnerabilidad de las instalaciones ante el riesgo climático y se establecerán las soluciones de adaptación adecuadas.
• Economía circular:
• Los diseños de edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad (ISO20887) para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios para que sean más eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje.
• Se usará el Protocolo de Gestión de Residuos de la UE.
• Se aplicará el principio de jerarquía de residuos, priorizando la prevención, preparación para la reutilización, el reciclado, la valoración energética y por último la eliminación (si medioambientalmente es posible).
• Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición [excepto los del código LER17 05 04] se preparará para la reutilización, el reciclaje y la revalorización [puede incluir que se usen como relleno en sustitución de otros materiales].
• Protección medioambiental:
• Se realizará la evaluación de impacto ambiental cuando sea preceptivo (Directiva 2011/92/EU).
• En la construcción y rehabilitación de edificios e instalaciones, se aplicará la Directiva UE 2018/844 de eficacia energética para que sean edificios de consumo de energía casi nulo.
• No se permitirán sistemas de calefacción y refrigeración basados en combustibles fósiles sino en tecnologías cero contaminantes.
• Se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante las obras y se cumplirá la normativa relativa a contaminación de suelos y agua.
4.- Si se incluyese en la solicitud de subvención la financiación del equipamiento, se habrá de incluir además proyecto presupuestado de equipamiento. Si el coste del mismo supera los 15.000,00 €, deberán presentarse tres ofertas diferentes de acuerdo con el art. 8.4 de la presente Orden de bases.


 

subir

TÍTULO III
BAREMO
Artículo 30. Criterios de baremación aplicables a los proyectos de las líneas A-1, B-1 y D-1:

Los criterios que a continuación se relacionan serán los utilizados para valorar y priorizar entre sí las solicitudes de las líneas A-1, B-1 y D-1 para la determinación de las seleccionadas para subvención. La puntuación final será el resultado de la suma de los criterios de valoración de la entidad y los criterios de valoración de los proyectos.
1.- Criterios de valoración de la entidad: (máximo 6 puntos):
a) Al menos el 50% del personal de la entidad está contratado con carácter indefinido ………………………………………………………………………………………………… 2 PUNTOS
b) La entidad cuenta con certificados de calidad en vigor a fecha de la convocatoria en base a la norma ONG con calidad, ISO 9001:2015, EFQM u otros sistemas de calidad que garanticen el control de los procesos y programas ……………………………………………………………………………………………… 2 PUNTOS
c) Emplea a más de un 2% de personas con discapacidad (para entidades con más de 50 trabajadores) ……………………………………………………………………… 2 PUNTOS
d) Emplea a personas con discapacidad (para entidades con menos de 50 trabajadores ……………………………………………………………………………………………2 PUNTOS
2.- Criterios de valoración de proyectos: (máximo 20 puntos)
a) Carácter innovador (máximo 8 puntos):
i. El proyecto cuenta con sistemas domóticos que faciliten la intimidad (acceso a los espacios personales con huella digital o similar; timbres de alarma en los espacios personales, etc.) ………………………………………………………… 2 PUNTOS
ii. El proyecto cuenta con sistemas que faciliten la autonomía personal (control domótico de luces, persianas, etc.) ………………………………………… 2 PUNTOS
iii. El proyecto cuenta con sistemas que faciliten la seguridad (sensores de movimiento, temperatura o similares) ………………………………………………… 2 PUNTOS
iv. El proyecto cuenta con sistemas ecológicos de suministro de energía ………………………………………………………………………………………………… 2 PUNTOS
b) Ubicación (máximo 4 puntos):
I. Entorno urbano accesible ………………………………………………………… 4 PUNTOS
II. Entorno urbano practicable ……………………………………………………… 3 PUNTOS
III. Entorno periurbano con trasporte público adaptado con frecuencia inferior a una hora y parada a menos de 500 m del edificio ……………………………… 2 PUNTOS
c) Porcentaje de habitaciones individuales respecto al total de plazas reformadas (máximo 4 puntos):
I. 91 al 100% del total de plazas reformadas ……………………………… 4 PUNTOS
II. 81 al 90 % del total de plazas reformadas ……………………………… 3 PUNTOS
III. 71 al 80% del total de plazas reformadas ………………………………… 2 PUNTOS
IV. 61 al 70% del total de plazas reformadas …………………………………… 1 PUNTO
d) Otros criterios de valoración (máximo 4 puntos):
I. Las zonas comunes están configuradas o se incluye su remodelación para permitir su uso de forma individual o en pequeños grupos en zonas separadas. ……………………………………………………………………………………………… 4 PUNTOS

 

subir

Artículo 31. Criterios de baremación aplicables a los proyectos de las líneas A-2, B-2, C y D-2:
Los criterios que a continuación se relacionan serán los utilizados para valorar y priorizar entre sí las solicitudes de las líneas A-2, B-2, C y D-2 para la determinación de las seleccionadas para subvención. La puntuación final será el resultado de la suma de los criterios de valoración de la entidad y los criterios de valoración de los proyectos.
1.- Criterios de valoración de la entidad: (máximo 6 puntos):
a) Al menos el 50% del personal de la entidad está contratado con carácter indefinido ………………………………………………………………………………………………… 2 PUNTOS
b) La entidad cuenta con certificados de calidad en vigor a fecha de la convocatoria en base a la norma ONG con calidad, ISO 9001:2015, EFQM u otros sistemas de calidad que garanticen el control de los procesos y programas. ………………………………………………………………………………………… 2 PUNTOS
c) Emplea a más de un 2% de personas con discapacidad (para entidades con más de 50 trabajadores) ………………………………………………………………… 2 PUNTOS
2.- Criterios de valoración de proyectos (máximo 28 puntos)
Carácter innovador (máximo 8 puntos):
I. El proyecto cuenta con sistemas domóticos que faciliten la intimidad (acceso a los espacios personales con huella digital o similar; timbres de alarma en los espacios personales, etc.) …………………………………………………………… 2 PUNTOS
II. El proyecto cuenta con sistemas que faciliten la autonomía personal (control domótico de luces, persianas, etc.) ………………………………………… 2 PUNTOS
III. El proyecto cuenta con sistemas que faciliten la seguridad (sensores de movimiento, temperatura o similares) …………………………………………………… 2 PUNTOS
IV. El proyecto cuenta con sistemas ecológicos de suministro de energía …………………………………………………………………………………………………… 2 PUNTOS
b) Oferta y demanda del recurso (máximo 8 puntos):
I. El proyecto se sitúa en una zona con demanda acreditada del recurso …………………………………………………………………………………………………… 4 PUNTOS
II. El proyecto supone una ampliación de la oferta en una zona en la que no existe ningún recurso similar ………………………………………………………………… 4 PUNTOS
c) Ubicación (máximo 4 puntos):
I. Entorno urbano accesible .………………………………………………………… 4 PUNTOS
II. Entorno urbano practicable .……………………………………………………… 3 PUNTOS
III. Entorno periurbano con trasporte público adaptado con frecuencia inferior a una hora y parada a menos de 500 m del edificio………………………….. 2 PUNTOS
d) Tamaño de las unidades de convivencia (máximo 4 puntos):
I. De cuatro personas…………………………………………………….……………… 4 PUNTOS
II. De cinco/seis personas…………………………. …………………………………… 3 PUNTOS
III. De siete / ocho personas……………………………………………………...….. 2 PUNTOS
e) Porcentaje de habitaciones individuales respecto al total de plazas construidas (máximo 4 puntos):
I. 91 al 100% del total de plazas construidas ……………………………… 4 PUNTOS
II. 81 al 90 % del total de plazas construidas ……………………………… 3 PUNTOS
III. 71 al 80% del total de plazas construidas ……………………………… 2 PUNTOS
IV. 61 al 70% del total de plazas construidas…………………………………… 1 PUNTO

 

subir

Artículo 32. Criterios de ponderación entre proyectos de una misma línea.
1.- Con el fin de que promover una distribución equitativa de los fondos disponibles para cada línea, y dado que las líneas A, B y D cuentan a su vez con dos sub-líneas diferenciadas, que según los baremos anteriores cuentan con distintas puntuaciones máximas, se utilizará el criterio de ponderación de proyectos recogido en el punto 2 del presente artículo.
2.- Para cada proyecto de las mencionadas líneas A, B y D, se dividirá la puntuación obtenida en la valoración entre la puntuación máxima alcanzable según la sub-línea a la que pertenezca, y el resultado se multiplicará por 100, obteniendo así la puntuación porcentual que permitirá homogeneizar todos los baremos. De este modo, cada proyecto alcanzará un porcentaje sobre el total que permitirá la comparación objetiva entre los proyectos de una misma línea aunque pertenezcan a diferentes sub-líneas.

 

subir

Artículo 33.- Criterios de baremación aplicables a los proyectos de las líneas E y F:
Los criterios que a continuación se relacionan serán los utilizados para valorar y priorizar entre sí las solicitudes de las líneas E y F para la determinación de las seleccionadas para subvención. La puntuación final será el resultado de la suma de los criterios de valoración de la entidad y los criterios de valoración de los proyectos.
1.- Criterios de valoración de la entidad: (máximo 6 puntos):
a) Al menos el 50% del personal de la entidad está contratado con carácter indefinido ………………………………………………………………………………………………… 2 PUNTOS
b) La entidad cuenta con certificados de calidad en vigor a fecha de la convocatoria en base a la norma ONG con calidad, ISO 9001:2015, EFQM u otros sistemas de calidad que garanticen el control de los procesos y programas …………………………………………………………………………………………… 2 PUNTOS
c) Emplea a más de un 2% de personas con discapacidad (para entidades con más de 50 trabajadores) ………………………………………………………………… 2 PUNTOS
2.- Criterios de valoración de proyectos: (máximo 18 puntos):
a) Ubicación respecto al centro educativo (máximo 4 puntos):
I. A 100 m o menos del CEE de referencia o a 25 m o menos de la parada de autobús ……………………………………………………………………………………………… 4 PUNTOS
II. Entre 101 y 250 m del CEE de referencia o a entre 25 y 50 m de la parada de autobús …………………………………………………………………………………………… 3 PUNTOS
III. Entre 251 y 500 m del CEE de referencia o a entre 51 y75 m de la parada de autobús …………………………………………………………………………………………… 2 PUNTOS
b) Superficie útil de la vivienda (máximo 4 puntos):
I. Superior a 120 m² ……………………………………………………………………… 4 PUNTOS
II. Entre 91 y 120 m² ……………………………………………………………………… 2 PUNTOS
c) Antigüedad de la construcción (máximo 4 puntos):
I. Inferior a 10 años ……………………………………………………………………… 4 PUNTOS
II. Entre 11 y 20 años …………………………………………………………………… 2 PUNTOS
III. Entre 21 y 30 años ……………………………………………………………………… 1 PUNTO
d) Carácter innovador (máximo 6 puntos):
I. El proyecto cuenta con sistemas que faciliten la autonomía personal (control domótico de luces, persianas, etc.) ………………………………………… 2 PUNTOS
II. El proyecto cuenta con sistemas que faciliten la seguridad (sensores de movimiento, temperatura o similares) ………………………………………………… 2 PUNTOS
III. El proyecto cuenta con sistemas ecológicos de suministro de energía …………………………………………………………………………………………………… 2 PUNTOS

 

subir

Artículo 34. Criterios de baremación aplicables a los proyectos de las líneas G y H:
Los criterios que a continuación se relacionan serán los utilizados para valorar y priorizar entre sí las solicitudes de las líneas G y H para la determinación de las seleccionadas para subvención. La puntuación final será el resultado de la suma de los criterios de valoración de la entidad y los criterios de valoración de los proyectos.
1.- Criterios de valoración de la entidad: (máximo 6 puntos):
a) Al menos el 50% del personal de la entidad está contratado con carácter indefinido ………………………………………………………………………………………………… 2 PUNTOS
b) La entidad cuenta con certificados de calidad en vigor a fecha de la convocatoria en base a la norma ONG con calidad, ISO 9001:2015, EFQM u otros sistemas de calidad que garanticen el control de los procesos y programas …………………………………………………………………………………………… 2 PUNTOS
c) Emplea a más de un 2% de personas con discapacidad (para entidades con más de 50 trabajadores) ………………………………………………………………… 2 PUNTOS
d) Emplea a personas con discapacidad (para entidades con menos de 50 trabajadores) ………………………………………………………………………………………… 2 PUNTOS
2.- Criterios de valoración de proyectos (máximo 28 puntos):
a) Carácter innovador (máximo 8 puntos):
I. El proyecto cuenta con sistemas domóticos que faciliten la intimidad (acceso a los espacios personales con huella digital o similar; timbres de alarma en los espacios personales, etc.) …………………………………………………………… 2 PUNTOS
II. El proyecto cuenta con sistemas que faciliten la autonomía personal (control domótico de luces, persianas, etc.) ………………………………………… 2 PUNTOS
III. El proyecto cuenta con sistemas que faciliten la seguridad (sensores de movimiento, temperatura o similares) ………………………………………………… 2 PUNTOS
IV. El proyecto cuenta con sistemas ecológicos de suministro de energía …………………………………………………………………………………………………… 2 PUNTOS
b) Ubicación en el entorno (máximo 4 puntos):
I. Localizada en cabecera de zona dotada de servicios básicos y especializados sin necesidad de desplazamiento a otro municipio…………..……………..4 PUNTOS
II. Localizada en núcleos de población que cuenten con servicios sanitarios públicos permanentes (al menos un Centro de Salud), servicios educativos y formativos básicos y trasporte público adaptado a la cabecera de zona donde se ubiquen los servicios sanitarios y educativos/formativos especializados, con una frecuencia inferior a una hora y parada a una distancia inferior a 500 m de la localización de la vivienda ……………………………………………………………………… 2 PUNTOS
c) Superficie útil de la vivienda (máximo 4 puntos):
I. Superior a 120 m² ……………………………………………………………………… 4 PUNTOS
II. Entre 91 y 120 m² ……………………………………………………………………… 2 PUNTOS
d) Antigüedad de la construcción (máximo 4 puntos):
I. Inferior a 10 años ……………………………………………………………………… 4 PUNTOS
II. Entre 11 y 20 años …………………………………………………………………… 2 PUNTOS
III. Entre 21 y 30 años ……………………………………………………………………… 1 PUNTO
e) Oferta y demanda del recurso (máximo 8 puntos):
I. El proyecto se sitúa en una zona con demanda acreditada del recurso … 4 PUNTOS
II. El proyecto supone una ampliación de la oferta en una zona en la que no existe ningún recurso similar …………………………………………………………v…… 4 PUNTOS

 

subir

Artículo 35.- Criterios de desempate.
A la vista de las puntuaciones de los diferentes proyectos, serán ordenados de mayor a menor puntuación en cada línea. Los proyectos de una misma línea que hayan alcanzado una misma puntuación, cuando no hubiese disponibilidad de fondos para cubrir todos ellos por completo, serán sometidos a un proceso de desempate siguiendo los siguientes criterios, aplicados en el orden que se detalla, mientras se mantenga el empate:
Primero: se priorizará el proyecto o proyectos ubicados en municipios donde no existan recursos residenciales.
Segundo: se priorizará la ubicación donde mayor demanda del recurso residencial exista a fecha 1 de enero del año de la convocatoria correspondiente, según los datos de solicitantes de recursos residenciales obrantes en la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS, datos que se incluirán en la correspondiente convocatoria.
Tercero: Se priorizará la entidad o entidades que no hayan resultado beneficiarias de ningún otro proyecto en la misma o en otra de las líneas de subvención que incluya la convocatoria.

 

subir

Disposición final primera. Impugnación.
Contra la presente disposición cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa así como los recursos que, de acuerdo con la legislación vigente, se estimen convenientes.

 

subir

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. http://www.carm.es/

Murcia, a 28 de diciembre de 2021. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.


 

 

subir

Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2021 de la Directora General del SEF, de convocatoria de subvenciones dest inadas a la rea l izac ión de acc iones format ivas, en competencias digitales básicas correspondientes a la formación de oferta dirigida a mujeres prioritariamente desempleadas en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Objetivo CID 292) y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2022

BORM número 301 de 31 de diciembre de 2021

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Servicio Regional de Empleo y Formación

Viegencia: desde el 3 de enero de 2022

Referencias

Afectada por:

Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, (BOE número 78 de 1 de abril de 2019):

Establece las bases reguladoras

Contenido

BDNS (Identif.): 602899

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/602899)

Descripción de la convocatoria.

Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria tendrán como finalidad la financiación de un programa de formación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, “Etiquetado 100% contribución al empleo digital” (Etiqueta N.º 108), dirigido a mujeres, prioritariamente desempleadas de zonas rurales, en competencias digitales básicas, garantizando no dejar a nadie atrás en el proceso de transformación digital, disminuyendo la brecha de género e impulsando la formación en las zonas en declive demográfico.

Primero. Beneficiarios.

Entidades de formación acreditadas y/o inscritas en el registro de entidades habilitado por la Administración pública competente. Podrán tener asimismo la condición de beneficiarias, las agrupaciones contempladas en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con presencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Segundo. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas dirigidas a mujeres, prioritariamente desempleadas de zonas en declive demográfico, en competencias digitales básicas, correspondientes a la formación de oferta a desarrollar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

Cuarto. Cuantía.

El importe total convocado es de 3.059.505,00 euros Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. El plazo será del 3 al 31 de enero de 2022, ambos inclusive.

Murcia, 27 de diciembre de 2021.—La Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, María Isabel López Aragón.

Orden de 5 de diciembre de 2016, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a empresas de la Región de Murcia, corporaciones locales y entidades sin fin de lucro, para colaborar en la financiación de la contratación y otras medidas de inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación

BORM nº 293 de 20 de diciembre de 2016

Consejería de Sanidad

Vigencia: desde el 21 de diciembre de 2016

Contenido

Índice:

Artículo 1.- Objeto y modalidades de subvención
Artículo 2.- Beneficiarios y requisitos
Artículo 3. Procedimiento de concesión y convocatoria.
Artículo 4. Solicitud y documentación.
Artículo 5.- Plazo y lugar de presentación.
Artículo 6- Cuantía de las ayudas.
Artículo 7.- Candidatos/as-trabajadores/as a cubrir puestos de trabajo.
Artículo 8.- Límite de las adjudicaciones.
Artículo 9.- Obligaciones de los beneficiarios/as.
Artículo 10.- Comisión de Evaluación.
Artículo 11.- Instrucción del procedimiento.
Artículo 12.- Criterios de valoración de las solicitudes de subvención por concurrencia.
Artículo 13.- Trámite de audiencia y propuesta de resolución.
Artículo 14.- Resolución y notificación.
Artículo 15.- Recursos.
Artículo 16.- Procedimiento de instrucción, resolución y pago de las ayudas contempladas en los subprogramas 4.2 y 4.3
Artículo 17.- Forma de pago.
Artículo 18.- Justificación de la ayuda.
Artículo 19.- Inspección y control.
Artículo 20. Publicidad.
Artículo 21.- Revocación y reintegro de las ayudas.
Artículo 22- Efectos de la Orden.

TEXTO COMPLETO

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su artículo 11.1 que corresponde a esta Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de sanidad, higiene, ordenación farmacéutica y coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social.

El Servicio Murciano de Salud, como organismo público adscrito a la Consejería de Sanidad, ejerce las competencias de gestión y prestación de la asistencia sanitaria a la población, atribuidas por la Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia y por las disposiciones que la desarrollan y complementan.

La Ley 6/1997, de 22 de octubre, sobre «Drogas, para la prevención, asistencia e integración social», recoge entre sus objetivos generales, el de propiciar el desarrollo de programas específicos dirigidos a conseguir la integración social de drogodependientes.

Es intención del Servicio Murciano de Salud colaborar en su consecución mediante el otorgamiento de ayudas a entidades ubicadas en la Región de Murcia, que contraten a personas con enfermedad mental crónica y/o drogodependencia en proceso de recuperación, y faciliten puestos de trabajo en aquellos casos en los que esto suponga una contribución importante para mejorar su proceso de integración social.

El Fondo Social Europeo, en adelante FSE, es el principal instrumento financiero a escala comunitaria para contribuir a la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea, debiendo mejorar las oportunidades de empleo, reforzar la inclusión social, luchar contra la pobreza, promover la educación, la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente y llevar a cabo políticas de inclusión activas, sostenibles y exhaustivas.

El programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020 elaborado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, contempla como ejes prioritarios: promover el empleo, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza, invertir en educación y formación y la innovación para la inclusión social.

El Servicio Murciano de Salud es beneficiario de un proyecto denominado “Euroempleo Salud Mental”, enmarcado en el programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020, en el que están incluidas todas las acciones a las que hace referencia la presente orden.

Los programas incluidos en esta orden podrán ser cofinanciados con cargo al FSE en un porcentaje del 90%, en el marco del Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020, en el eje 6C. Innovación Social: 9.1 La inclusión activa, en particular con vistas a fomentar la igualdad de oportunidades, la participación activa y la mejora de la empleabilidad específico Objetivo Específico: 9.1.1. Mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción. A las subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, les será de aplicación los Reglamentos que a continuación se relacionan y sus normas de desarrollo, así como cualquier otro que le pueda ser de aplicación:

1. El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, en adelante Reglamento Común.

2. El Reglamento Delegado (UE) n.° 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, que complementa el Reglamento (UE) n.° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

3. El Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo, en adelante Reglamento del FSE.

El carácter de subvencionable del gasto se determinará conforme con lo establecido en el capítulo III (artículo 65 y siguientes) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 citado. En lo no previsto, conforme establece el artículo 65.1, el carácter subvencionable del gasto se determinará sobre la base de normas nacionales de desarrollo.

A su vez, con carácter supletorio, será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Murcia.

subir

Dispongo:

Artículo 1.- Objeto y modalidades de subvención

1.- Es objeto de la presente orden establecer las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a empresas, corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro ubicadas en la Región de Murcia, con la finalidad de colaborar en la financiación de los gastos que se deriven de la contratación y otras medidas de inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación.

2.-Las entidades subvencionadas apoyarán el proceso de integración social de la persona contratada, colaborando con los servicios de tratamiento y seguimiento que tienen la responsabilidad del proceso del usuario/a.

3. Las distintas modalidades de subvención objeto de regulación se estructuran del siguiente modo:

Programa 1. Inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación en el mercado ordinario.

Programa 2. Inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación en el mercado protegido: empresas con más del 50% de la plantilla compuesta por personas con enfermedad mental y/o drogodependencia, especialmente empresas de inserción y Centros Especiales de Empleo:

Subprograma 2.1. Empresas con más del 50% de personas del colectivo de referencia, especialmente empresas de inserción:

a) Subvención a la contratación laboral.

b) Asistencia técnica.

c) Gastos necesarios para el desarrollo de la actividad.

Subprograma 2.2. Centros Especiales de Empleo:

Subvención contratación laboral.

Programa 3. Establecimiento de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación como trabajadores autónomos.

Programa 4. Acciones de acompañamiento, búsqueda de empleo, apoyo y seguimiento en el puesto de trabajo, de personas con enfermedad mental en proceso de recuperación:

Subprograma 4.1.- Ayudas para la contratación de insertores.

Subprograma 4.2.- Ayudas para asistencia a actividades de formación en empresas.

Subprograma 4.3.- Ayudas para medidas de conciliación.

Subprograma 4.4.- Acciones de sensibilización y difusión.

Programa 5. Creación de redes.

subir

Artículo 2.- Beneficiarios y requisitos

1.- Podrán beneficiarse de estas ayudas:

1.1.- Programa 1. Las empresas, y las entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y con sede social o centros de trabajo ubicados en la Región de Murcia, así como las corporaciones locales de esta Región y sus Organismos Autónomos, en los dos casos siguientes:

Que se establezcan relaciones laborales, con alguna de las personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación, propuestas por las entidades que se mencionan en el artículo séptimo de la presente Orden, mediante la formalización del correspondiente contrato de trabajo, en cualquiera de las modalidades reconocidas por la normativa laboral.

Que prorroguen los contratos celebrados en el año anterior, al amparo de estas ayudas.

1.2.- Programa 2. Las Empresas legalmente constituidas, con sede social o centro de trabajo en la Región de Murcia, en la que más del 50% de su plantilla esté integrada por personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación, especialmente empresas de inserción y Centros Especiales de Empleo en los que al menos el 70% de los trabajadores sean personas con enfermedad mental y/o drogodependencia con discapacidad, en proceso de recuperación, con sede social o centro de trabajo en la Región de Murcia.

A los efectos de determinar el porcentaje de enfermos mentales o drogodependientes en proceso de recuperación, no se computará el personal no afectado dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social, así como el que preste servicios en aquellas actividades o puestos de trabajo específicos que por su propia naturaleza o complejidad, no puedan ser desempeñados por personas afectadas por la enfermedad.

1.3.- Programa 3. Las personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación que pudieran incorporarse al mercado laboral a través del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.

1.4.- Programa 4. Entidades sin ánimo de lucro que desarrollen acciones de búsqueda de empleo, acompañamiento, apoyo y seguimiento en el puesto de trabajo de personas con enfermedad mental en proceso de recuperación.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades sin fin de lucro que cumplan con los siguientes requisitos:

Que incluyan en sus objetivos la atención a las personas con enfermedad mental en la Región de Murcia

Estar inscritas en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, o en caso de carecer de dicha inscripción, haber solicitado, antes de la finalización del plazo de solicitud de la subvención, la autorización administrativa previa o de funcionamiento, en concreto para la atención de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia, contando con la misma antes del informe de la Comisión de Evaluación.

Tener implantación en el Área de Salud en la que propone realizar las actuaciones objeto de la subvención, es decir, que disponga de centros o servicios de atención a personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en ella.

Además, tendrá que demostrar que existe coordinación con la red pública de salud mental y drogodependencia del área de salud.

Obtener una puntuación mínima de 100 puntos tras la aplicación de los criterios de valoración establecidos.

Las personas con enfermedad mental que sean atendidas por las entidades sin fin de lucro podrán solicitar las ayudas de los subprogramas 4.2.- Ayudas para asistencia a actividades de formación en empresas y Subprograma 4.3.- Ayudas para medidas de conciliación, que se tramitarán a través de entidades colaboradoras, seleccionadas de entre estas mismas entidades

Las entidades que pretendan obtener la condición de entidad colaboradora deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003. Además como requisito de solvencia y eficacia deberán alcanzar una puntuación mínima que se establecerá en la convocatoria en los criterios de valoración para el subprograma 4.1.

1.5.- Programa 5. Podrán ser beneficiarias las mismas entidades del programa 4 que demuestren experiencia en la participación de redes nacionales y transnacionales, relacionadas con la inserción laboral del colectivo de referencia.

2.- No podrán, por el contrario, ser beneficiarios de estas subvenciones las entidades en que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular:

Aquellas Entidades que hayan sido sancionadas por infracciones tipificadas como graves o muy graves, en el RDL 5/2000 de 4 de agosto, de infracciones y sanciones en el orden social, durante los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria.

Las Entidades que rescindan contratos de trabajo, con objeto de realizar estas contrataciones, a fin de acogerse a las subvenciones convocadas.

No se podrán conceder estas subvenciones, cuando entre el trabajador/a y el empresario/a, o los altos cargos de la entidad, exista relación de parentesco, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive.

3.- Todas estas subvenciones serán incompatibles, excepto en las que se especifique lo contrario, con las que otorgan, para la misma finalidad, los organismos competentes en materia de fomento del empleo o de lucha contra la exclusión social que estén financiadas por el Fondo Social Europeo.

subir

Artículo 3. Procedimiento de concesión y convocatoria.

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones contempladas en los programas 2, 4 (subprogramas 4.1 y 4.4) y 5, descritos en el artículo 1 será el de concurrencia competitiva, establecido en el Título I, Capítulo I de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Murcia, y estará informado por los principios de objetividad, transparencia, igualdad, no discriminación, concurrencia y publicidad.

Para los programas 1 y 3 y los subprogramas 4.2 y 4.3, descritos en el artículo 1, la concesión de las subvenciones se realizará previa comprobación de la concurrencia en el solicitante de los requisitos establecidos para su otorgamiento, sin que sea necesario establecer la comprobación de las solicitudes, ni la prelación entre las mismas, hasta el límite del crédito presupuestario establecido en la convocatoria, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En consecuencia, la concesión de las subvenciones se realizará según el orden de entrada de las solicitudes o de la fecha del perfeccionamiento del expediente, siempre que los beneficiarios reúnan los requisitos generales y específicos establecidos en la presente Orden.

2. El procedimiento para la concesión de las subvenciones, se iniciará de oficio, mediante convocatoria pública, adoptada por el órgano competente para su concesión. La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y esta a su vez dará traslado de un extracto de la misma al Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en la que se determinará los créditos presupuestarios a los que deben imputarse las correspondientes subvenciones.

3. Estas subvenciones podrán tener financiación plurianual si así se establece en las correspondientes convocatorias

4. Aquellas solicitudes, a las que hace referencia el apartado 1.1 y 1.3 del artículo 2, que cumplan los requisitos demandados y no hayan obtenido subvención por estar agotado el crédito presupuestado para el ejercicio, se tendrán en cuenta con prioridad para el ejercicio presupuestario del año siguiente, si se vuelven a solicitar.

subir

Artículo 4. Solicitud y documentación.

La solicitud y la documentación adjunta a la misma, se ajustará a lo que establezca al efecto la correspondiente Convocatoria de subvenciones y, en lo que no se contraponga a la misma, a lo establecido en la Instrucción 1/2016, de 18 de febrero de 2016, o posteriores, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se establece el Procedimiento de Concesión de Subvenciones del Servicio Murciano de Salud.

La acreditación de no estar incurso en alguna de las causas inhabilitantes para adquirir la condición de beneficiario, establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, que incluye la de no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como la acreditación de que no tiene deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o garantizadas (artículo 11.b Ley 7/2005 Subvenciones CARM), podrá realizarse mediante declaración responsable del interesado/a o de sus representantes, que contendrá o se acompañará de consentimiento expreso para realizar las consultas de verificación oportunas.

El interesado/a, o en su caso su representante, también deberá aportar su consentimiento expreso para la verificación oficial de datos u obtención de certificaciones incluso por medios telemáticos, cuando aquel ejerza la no obligación de aportar la documentación acreditativa, como en la actualidad puede ocurrir con los casos recogidos en la Orden de 27 de enero de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el catálogo de simplificación documental de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM n.º 38 de 16 de febrero de 2015), o en cualquier otra norma posterior que la modifique o actualice.

Tampoco tendrá que aportar documentos originales o copias compulsadas de aquellos documentos que, siendo necesarios para la resolución del procedimiento, se encuentren en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento que corresponda y los interesados indiquen, en su caso, el órgano ante el que se presentaron.

La correspondiente convocatoria de subvenciones establecerá, en su caso, el procedimiento y requisitos para la presentación telemática de solicitudes y documentación, de forma alternativa y en sustitución de la presentación convencional de documentos en soporte papel.

En el caso de las solicitudes de ayudas de los subprogramas 4.2 y 4.3, éstas serán formuladas ante las entidades colaboradoras que el SMS designe, que se corresponderán con las entidades que desarrollen acciones de búsqueda de empleo, acompañamiento, apoyo y seguimiento, debiendo la entidad colaboradora entregar al solicitante justificante de la recepción, así como llevar un registro de las solicitudes recibidas. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación que se establezca en las correspondientes convocatorias.

subir

Artículo 5.- Plazo y lugar de presentación.

1.- Las solicitudes, acompañadas de la documentación exigida, se podrán presentar en el plazo que se establezca en la correspondiente convocatoria, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

2.- Las solicitudes se cumplimentarán mediante los modelos normalizados que se establecerán en la correspondiente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.- Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Servicio Murciano de Salud (C/ Central 7, Edif. Habitamia, 30100 Espinardo-Murcia), o en cualquiera de los previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

subir

Artículo 6- Cuantía de las ayudas.

1.-Programa 1. Inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación en el mercado ordinario: La cuantía de la ayuda se corresponderá con un importe fijo por mes de permanencia previsto en la empresa, a determinar en cada convocatoria, que podrá alcanzar un porcentaje del Salario Mínimo Interprofesional (en adelante SMI) más la cuota patronal de la Seguridad Social que corresponda al SMI, en los casos en los que no esté bonificada:

MODALIDAD DE CONTRATO %SMI %SMI
HOMBRE MUJER
Contratos iniciales de 6 a 12 meses realizados por empresas y por corporaciones locales 90% 100%
Contratos iniciales de 6 a 12 meses realizados por entidades sin ánimo de lucro 100% 100%
Prórrogas de contratos de 6 a 12 meses 70% 80%
Conversiones a indefinidos de contratos iniciales que hubieran sido subvencionados con cargo a este programa. Se subvencionará el primer año de contrato indefinido 50% 60%

Para conceder la subvención en el supuesto de prórrogas de contratos, la entidad beneficiaria se comprometerá a mantener la contratación al menos 6 meses más, tras finalizar el periodo subvencionado.

Dichas cuantías se verán reducidas, en la forma proporcional que corresponda, para los contratos que se celebren a tiempo parcial.

2.- Programa 2. Inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación: empresas con más del 50% de la plantilla compuesta por personas con enfermedad mental y/o drogodependencia y Centros Especiales de Empleo:

2.1 Subprograma 2.1: Empresas con más del 50% de personas del colectivo de referencia, especialmente empresas de inserción: Para la creación y mantenimiento de empresas con más del 50% de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación se podrán obtener las siguientes ayudas:

a) Subvención de contrataciones: La cantidad máxima a subvencionar se corresponderá con un importe fijo, a determinar en cada convocatoria que podrá alcanzar hasta el equivalente al 90% del importe del SMI vigente, más la cuota patronal de la Seguridad Social que corresponda en los casos en que no esté bonificada.

Para la contratación de trabajadoras la cuantía de la ayuda podrá alcanzar hasta el 100% del importe del Salario Mínimo Interprofesional vigente, más la cuota patronal de la Seguridad Social correspondiente al SMI, en los casos en que no esté bonificada.

En el caso de contratos de trabajo a tiempo parcial, la subvención experimentará una reducción proporcional a la jornada laboral realizada.

b) Apoyo técnico: Acompañamiento o Apoyo técnico en el puesto de trabajo, con un máximo de un técnico/a por cada 6 empleados/as con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación, a jornada completa, o la parte proporcional que corresponda según tipo de contrato.

Los costes salariales se regirán por lo establecido en la Instrucción 1/2016, de 18 de febrero de 2016, o posteriores, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se establece el Procedimiento de Concesión de Subvenciones del Servicio Murciano de Salud.

c) Gastos relacionados con el desarrollo de la actividad: para gastos de asesoramiento en las diferentes áreas de la gestión empresarial y financiación de otros gastos necesarios para el desarrollo de la actividad de la empresa. La cuantía máxima a subvencionar se establecerá en las convocatorias.

2.2 Subprograma 2.2. Centros Especiales de Empleo: Para el apoyo a los Centros Especiales de Empleo, se podrán conceder ayudas para el incremento de las contrataciones de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia con discapacidad, por cada nueva contratación indefinida, por un importe fijo a determinar en cada convocatoria.

Estas ayudas serán compatibles con las otorgadas por el organismo competente en materia de fomento del empleo en la Región de Murcia, siempre que no estén cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 2.

Los Centros Especiales de Empleo no podrán acogerse a las ayudas incluidas en el apartado 2.1 del programa 2.

3.- Programa 3: Establecimiento de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación como trabajadores autónomos. Para los trabajadores/as en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos la ayuda consistirá en una cantidad fija, por mes de alta, que se determinará en cada convocatoria y que se podrá mantener un máximo de cinco años.

4.- Programa 4: Acciones de acompañamiento, búsqueda de empleo, apoyo y seguimiento en el puesto de trabajo, de personas con enfermedad mental en proceso de recuperación: Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de búsqueda de empleo, acompañamiento, apoyo y seguimiento en el puesto de trabajo de personas con enfermedad mental, en proceso de recuperación.

Subprograma 4.1. Ayudas para la contratación de insertores:

Las ayudas irán dirigidas a la contratación de Insertores, que tendrán los siguientes funciones: recibir a los pacientes derivados de la Red de Salud Mental con motivación para el empleo, evaluar su situación de empleabilidad, elaborar el itinerario individualizado de inserción laboral, conjuntamente con el usuario y el equipo de salud mental/drogodependencias, orientarlo hacia los recursos de educación o formación profesional para el empleo o directamente al empleo, realizar tareas de prospección de empresas y de sensibilización y asesoramiento a las mismas y prestar apoyo y seguimiento en el puesto de trabajo, así como acompañamiento permanente y flexible durante todo el itinerario de inserción.

Las entidades podrán presentar solicitudes para una o más áreas de salud, y además de los gastos de personal, serán subvencionables hasta un 15% de gastos indirectos como desplazamientos, dietas, formación, materiales didácticos, administración-gestión y otros necesarios para el desarrollo de la actividad.

Se subvencionará al menos un profesional por cada área de salud, a jornada total o parcial, en función de las necesidades, que trabajará en coordinación directa con los Servicios de Salud Mental del área.

Estos profesionales dispondrán, al menos de titulación de diplomado, licenciatura o grado, y contarán con experiencia demostrable en programas de rehabilitación de personas con enfermedad mental. Se valorará positivamente experiencia en inserción laboral, preferiblemente con personas con enfermedad mental.

Para la contratación de insertores, a efectos de remuneración económica, se regirán por lo establecido para el nivel II, en la Instrucción 1/2016, de 18 de febrero de 2016, o posteriores del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se establece el procedimiento de concesión de subvenciones del Servicio Murciano de Salud.

Podrán ser subvencionables los gastos de seguros de responsabilidad civil o accidentes, sin son necesarios para el desarrollo de la actividad formativa.

Subprograma 4.2. Ayudas para asistencia a actividades de formación en empresas: La asistencia a las actividades de formación en empresas podrá incluir el abono a los participantes de ayudas diarias de asistencia y/o transporte, tanto en empresas externas como en empresas participadas por la propia entidad. El importe máximo que se podrá abonar será de 10 € por día de asistencia, y en concepto de ayuda de transporte será de 4 € por día de asistencia.

Subprograma 4.3. Ayudas para medidas de conciliación: se podrá subvencionar la creación o utilización de servicios o actuaciones que permitan la conciliación con la vida familiar de los usuarios, favoreciendo su asistencia a las acciones de formación o incorporación al mundo laboral.

Subprograma 4.4. Acciones de sensibilización y difusión: se podrán subvencionar aquellas acciones destinadas a dar publicidad a las actuaciones y resultados del programa, así como las dirigidas a actuar sobre las barreras que dificultan la plena integración sociolaboral de las personas con enfermedad mental.

Las ayudas para los subprogramas 4.3 y 4.4 irán asociadas a las del subprograma 4.1, y podrán alcanzar como máximo el 40% de los gastos de personal. En estos casos se suprimirá la posibilidad de aplicar el 15% para gastos indirectos, que quedarán contemplados en el 40%.

5. Programa 5.Creación de redes: se podrá subvencionar acciones encaminadas a la creación de redes entre entidades públicas y privadas, tanto de ámbito local, regional, nacional y europeo, cuyo objeto sea el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como el establecimiento de metodologías innovadoras en materia de inserción laboral del colectivo de referencia.

La cuantía a subvencionar se establecerá en cada convocatoria.

6. Las acciones de los Programas 4 y 5 se podrán subvencionar, siempre que sean complementarias con la que realice el SMS en el marco del Proyecto Euroempleo Salud Mental.

La Comisión podrá distribuir las subvenciones entre las distintas entidades dependiendo de las necesidades estimadas de las diferentes áreas de salud.

La prioridad de las acciones a subvencionar, se establecerá en las sucesivas convocatorias.

Las directrices técnicas, la coordinación y la supervisión de las mismas se llevarán a cabo por técnicos de la Red de Salud Mental y por profesionales responsables del Órgano Gestor de las subvenciones.

Del mismo modo se requerirá el informe favorable del Órgano Gestor para poder optar a subvenciones en posteriores convocatorias.

subir

Artículo 7.- Candidatos/as-trabajadores/as a cubrir puestos de trabajo.

Serán propuestos por:

a) Los Centros de Salud Mental, de atención a drogodependencias y Unidades de Rehabilitación de la Red de Salud Mental y Drogodependientes de la red pública del SMS, mediante informe acreditativo sobre la adecuación del candidato al puesto de trabajo ofertado.

b) Entidades que lleven a cabo programas específicos de inserción laboral de los colectivos objeto de la presente orden con financiación pública, mediante informe acreditativo sobre la adecuación del candidato al puesto de trabajo ofertado.

Las propuestas se harán al Órgano Gestor, en función de criterios de evaluación terapéutica y de aptitudes laborales de las personas propuestas.

subir

Artículo 8.- Límite de las adjudicaciones.

1.- Las ayudas que se otorguen, serán adjudicadas hasta el límite del importe de las consignaciones presupuestarias previstas para estos fines, en los presupuestos del Servicio Murciano de Salud, para el correspondiente ejercicio, que incluyen los fondos destinados a este fin en el Programa Operativo FSE de la Región de Murcia 2014-2020, con cargo al Fondo Social Europeo.

2.- El importe de estas ayudas, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales y con cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad o actividad desarrollada, supere el coste de la actividad a desarrollar por beneficiario o de la finalidad para la que se concedió la ayuda o subvención.

subir

Artículo 9.- Obligaciones de los beneficiarios/as.

Son obligaciones de los beneficiarios:

Específicamente y para los programas 1, 2 y 3 como requisito obligado y previo al pago de estas ayudas, en el plazo de un mes, desde la notificación de la resolución de concesión, aportarán el contrato de trabajo formalizado y el documento acreditativo de haberse producido el alta del trabajador/a en la Seguridad Social, o en el Régimen especial de trabajadores Autónomos.

De forma general y para todos los programas:

a) Estarán obligados a facilitar cuanta información y documentación adicional les sea requerida por el Órgano Gestor, en relación con la evolución social y laboral del trabajador.

b) Asimismo, comunicarán al Órgano Gestor cualquier incidencia en la relación laboral, especialmente los incumplimientos de las obligaciones del trabajador/a inherentes al puesto de trabajo que puedan dar lugar a medidas sancionadoras, de rescisión o de extinción del contrato.

c) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

d) Colaborar con el profesional encargado del seguimiento en el puesto de trabajo de la persona contratada o participante, con el fin de facilitar el proceso de inserción.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Servicio Murciano de Salud, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

f) Comunicar al Servicio Murciano de Salud la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

g) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, mediante la aportación de certificado del organismo competente, en el caso de que no se haya autorizado al órgano gestor para recabar información y/o la emisión de los certificados por los organismos competentes.

h) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

i) Conservar los documentos originales, justificativos de la actuación realizada y la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento n.º (UE) 1303/2013.

j) Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos por la Estrategia de Comunicación del Programa Operativo FSE 2014-2020 de la Región de Murcia. Asimismo, se deberá cumplir con las obligaciones en materia de información y comunicación que le correspondan conforme al artículo 115 y al anexo XII, 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

k) En el caso de los beneficiarios/as de ayudas cofinanciadas por el FSE mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda, contando, al menos, con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones y su trazabilidad.

l). Garantizar que se dispondrá de datos de los destinatarios últimos de las actuaciones a nivel de microdato, así como que se podrá realizar un adecuado seguimiento del cumplimiento de los indicadores de resultados recogidos en el anexo I del Reglamento (UE) 1304/2013.

m). Registrar la información relativa a todas las actuaciones y a cada una de las personas sobre las que se ha actuado en el formato que facilite el organismo convocante, con el fin de poder medir el resultado real de las actuaciones y su impacto. En el cumplimiento de esta obligación deberá respetarse en todo caso lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

n) Acreditar documentalmente que los trabajadores/as contratados/as mediante las ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo conocen que su contrato está cofinanciado por dicho fondo.

ñ) Cumplir con los principios de igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación.

o) Cumplir con la normativa europea que regula las ayudas en el régimen de mínimis en los programas de ayuda 1 (empresas), 2 y 3 siendo éstos los siguientes:

Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.

Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis en el sector agrícola

Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión de 27 de junio de 2014 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis en el sector de la pesca y de la acuicultura

Reglamento (UE) n.º 360/2012 de la Comisión de 25 de abril de 2012 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general.

p) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

subir

Artículo 10.- Comisión de Evaluación.

Se crea una Comisión de Evaluación que estará compuesta por:

a) Presidente: El Subdirector General de Programas, Innovación y Cronicidad, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud, o persona en quien delegue.

b) Vocales:

Tres técnicos de la Subdirección designados por el Subdirector General de Programas, Innovación y Cronicidad, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud

Un/a técnico del Servicio de Control Interno.

Dos técnicos de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Subvenciones adscrita al Servicio de Planificación y Coordinación Económica de la Subdirección General de Asuntos Económicos.

Actuará como Secretario de la Comisión, un vocal de la misma.

Dicha Comisión será la encargada de realizar el estudio y valoración de las solicitudes presentadas.

La Comisión de Evaluación podrá recabar cuantas informaciones y documentación adicional estime necesaria, y elevará informe de denegación o concesión de ayudas a los solicitantes.

Para solicitudes de los programas 1 y 3 y el subprograma 4.2 y subprograma 4.3 no será necesario constituir la Comisión de Evaluación citada y se formulará la propuesta directamente por el órgano gestor, en el caso de que el crédito consignado en la convocatoria y en las posibles ampliaciones, fuera suficiente para atender a todas las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos, no siendo necesario establecer una prelación entre las mismas.

Para el caso de solicitudes de los programas 2, 4 (excepto el 4.2 y 4.3), y 5 será imprescindible la valoración y estudio por la Comisión de Evaluación.

Las convocatorias podrán fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional, como consecuencia del aumento del crédito presupuestario derivado de una generación, ampliación o incorporación de crédito, en cuyo caso, la cuantía del crédito adicional quedará condicionada a la efectiva disponibilidad del mismo, que será publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con carácter previo a la resolución del procedimiento, sin que tal publicidad implique la apertura de un nuevo plazo para la presentación de solicitudes.

subir

Artículo 11.- Instrucción del procedimiento.

La competencia para la instrucción de los expedientes de subvención corresponderá a la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud, quien podrá solicitar cuantos informes estime necesarios para la determinación conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deben formularse las resoluciones.

subir

Artículo 12.- Criterios de valoración de las solicitudes de subvención por concurrencia.

1.- Se procederá a la evaluación de las solicitudes efectuadas atendiendo a los siguientes criterios:

1.1.- Para el programa 2, además del requisito previo de cumplir con el porcentaje de trabajadores enfermos mentales y/o drogodependientes, la Comisión de Evaluación tendrá en cuenta:

a) La viabilidad técnica, económica y financiera de la empresa.

b) El interés social y sobre el empleo de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia, de la actividad de la empresa.

c) Experiencia de la empresa en la incorporación laboral de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia.

d) Perspectivas de continuidad de los puestos de trabajo.

Se puntuará cada apartado de 1 a 10 puntos, debiendo obtener, al menos, una puntuación total de 20 puntos para poder ser subvencionada.

1.2.- Para el programa 4 (excepto el 4.2 y 4.3), los criterios a seguir serán los siguientes:

1.2.1.- Las subvenciones se otorgarán a quienes, reuniendo los requisitos para ser beneficiarios, obtengan mayor puntuación, de conformidad con los criterios de valoración establecidos para estas subvenciones. En ningún caso, los requisitos necesarios para ser beneficiario podrán ser considerados criterios de otorgamiento de éstas.

1.2.2- Para la adjudicación de las subvenciones, sin perjuicio de los límites derivados del importe de la consignación presupuestaria, se valorarán las propuestas atendiendo a los siguientes criterios de valoración con la ponderación que se especifica:

A) Implantación en el área de salud para la que solicita la subvención. Puntuación máxima 100 puntos.

N.º de personas con las que interviene en el área de salud en programas de inserción laboral de enfermos mentales, en el año anterior. 1 punto por cada persona atendida en el año anterior.

Por intervención en programas de rehabilitación con enfermos mentales, 0,5 puntos por cada persona atendida en el año anterior.

Coordinación con organismos públicos y privados del área de salud: por cada entidad con la que exista convenio de colaboración suscrito en los últimos cinco años, relacionados con actuaciones de inserción laboral de personas con enfermedad mental: Por cada entidad pública 15 puntos. Por cada entidad privada 10 puntos.

B) Capacidad técnica, organizativa y de gestión de la entidad promotora. Puntuación máxima 200 puntos. Atendiendo a:

Por cada año de experiencia en la gestión de programas de inserción laboral de personas con enfermedad mental 10 puntos.

Por cada año de experiencia en gestión de programas de rehabilitación de personas con enfermedad mental 5 puntos.

Por disponer de estructuras propias capaces de generar empleo para los colectivos de referencia de esta orden (Centros Especiales de Empleo o Empresas con más del 50% de personas del colectivo), 20 puntos por cada una.

C) Calidad técnica del programa presentado. Puntuación máxima: 300 puntos. Atendiendo a:

Diseño secuencial de las actividades acorde con el objeto y finalidad de la convocatoria. Hasta 75 puntos.

Coherencia entre el diseño del programa y los recursos existentes en la zona. Hasta 75 puntos.

Viabilidad y coherencia entre las necesidades detectadas, el grado de adecuación de los objetivos, las acciones, los recursos técnicos, el presupuesto presentado y los resultados previstos. Hasta 75 puntos.

Diseño de evaluación con indicadores válidos, medibles y pertinentes que permitan evaluar la consecución de los objetivos. Hasta 75 puntos.

D) La continuidad de las acciones iniciadas en el marco del Programa Operativo 2014-2020, en concreto el proyecto EUROEMPLEO SALUD MENTAL, a razón de 20 puntos por año.

1.3.- Para el Programa 5, en el caso de solicitar ayudas para la constitución de redes, se puntuará:

Por la participación en redes o estructuras de ámbito nacional, relacionadas con el empleo o la inserción laboral de los colectivos de referencia: 10 puntos por cada una.

Por la participación en redes o estructuras de ámbito transnacional: 15 puntos por cada una.

Por la organización o colaboración en la organización de congresos o seminarios de ámbito internacional, relacionados con el empleo o la inserción laboral de los colectivos de referencia: 10 puntos por cada uno.

Puntuación máxima 150 puntos.

2.- A efectos de baremación serán tenidos en consideración y consecuentemente puntuados, los extremos que la entidad solicitante haya especificado y acreditado en su solicitud o en la memoria que acompañe a la misma, así como aquellos que puedan ser verificados de oficio o sean acreditados por los servicios públicos competentes en el colectivo de atención de referencia.

3.- Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de Evaluación deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

subir

Artículo 13.- Trámite de audiencia y propuesta de resolución.

1.- La Dirección General de Asistencia Sanitaria, a la vista del expediente y del informe del Órgano Gestor o de la Comisión de Evaluación en el caso de que el crédito consignado en la convocatoria y en las posibles ampliaciones, fuera insuficiente para atender a todas las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos, formulará la propuesta de resolución provisional de cada solicitud, debidamente motivada, que tras ser informada por la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Subvenciones, será notificada a los interesados por correo certificado con acuse de recibo o cualquier otro medio que deje constancia de la recepción por parte del solicitante o representante del mismo, concediéndoles un plazo de diez días para formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes, quedando decaídos en su derecho a alegar si no actúan en este sentido en el plazo expresado.

2.- Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

3.- Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, la Dirección General de Asistencia Sanitaria formulará la propuesta de resolución definitiva de cada solicitud, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y la aplicación de los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

4.- El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del Órgano Gestor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios/as cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

5.- La valoración favorable de la solicitud para el subprograma 4.1 conlleva la selección como entidad colaboradora de las ayudas de los subprogramas 4.2 y 4.3, en su caso.

6.- En el caso de ayudas de “minimis” la resolución de concesión incluirá las condiciones de la Ayuda

subir

Artículo 14.- Resolución y notificación.

1.- Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictará resolución motivada concediendo o denegando la ayuda, indicando, en su caso, el importe concedido.

2.- El beneficiario deberá comunicar al Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, la aceptación de la subvención en los términos de la resolución de concesión. En todo caso, esta aceptación se entenderá producida si en el plazo de diez días naturales desde la notificación de la resolución de concesión no se recibe comunicación en sentido contrario.

La aceptación de la ayuda concedida con cargo a la convocatoria implicará automáticamente la aceptación de la aparición del beneficiario en la lista pública prevista en el artículo 115 punto 2 del Reglamento (UE) N. .º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 en donde aparecerá el nombre del beneficiario y el importe de la ayuda concedida.

3.- La Resolución se dictará en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya dictado Resolución expresa, se entenderán desestimadas por silencio administrativo las solicitudes de subvención.

4.- La Resolución del procedimiento se notificará a los/las interesados/ as de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.- Conforme a lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido, en el caso de que se alteren las condiciones que se valoraron para su concesión, y en concreto, en el supuesto de concurrencia de la subvención otorgada con otras subvenciones o ayudas concedidas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

subir

Artículo 15.- Recursos.

Contra la Resolución expresa o presunta podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes, en el caso de resoluciones expresas, o en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, se considere desestimada la solicitud por silencio administrativo, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

subir

Artículo 16.- Procedimiento de instrucción, resolución y pago de las ayudas contempladas en los subprogramas 4.2 y 4.3

1.- Las subvenciones se otorgarán previa comprobación de la concurrencia de los requisitos establecidos para su otorgamiento, sin que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes, ni la prelación entre las mismas, hasta el límite del crédito presupuestario establecido en la convocatoria, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En consecuencia, la concesión de las subvenciones se realizará según el orden de entrada de las solicitudes y la fecha de expediente completo, siempre que los beneficiarios reúnan los requisitos generales y específicos que se establecerán en la correspondiente convocatoria.

2.- La entidad colaboradora será la encargada de requerir al solicitante la subsanación de la solicitud, en su caso. La unidad administrativa del SMS podrá requerir documentación adicional a la exigida en cada convocatoria, motivando dicho requerimiento y siempre que fuera imprescindible para la resolución del expediente.

3.- La entidad colaboradora, a la vista de la documentación aportada por el solicitante, deberá emitir un informe favorable, incluyendo propuesta motivada de los candidatos, previa verificación de que cumplen los requisitos exigidos y en los términos que se determine en convocatoria. El plazo máximo para dar traslado del expediente completo al SMS será de dos meses desde la presentación de la solicitud.

4.- El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la entidad colaboradora, elevará al Director General del SMS propuesta motivada de resolución.

5.- El Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, a propuesta del órgano instructor, dictará resolución motivada por la que se concederá o denegará a los interesados la subvención solicitada, que deberá ser notificada. La resolución de concesión contendrá los datos de identificación del beneficiario, la cuantía de la subvención, la fuente de financiación y la cofinanciación por el FSE, en su caso, y las obligaciones asumidas por el beneficiario.

6.- Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la Resolución, deberá ser autorizada previamente por el SMS.

7.- La entidad colaboradora deberá recabar toda la documentación acreditativa de la realización de la actividad, además de emitir informe de seguimiento en el que se describan las posibles incidencias acontecidas y el cumplimiento de la finalidad de la subvención.

8.- La entidad colaboradora será la encargada de realizar el pago de la subvención, previa autorización del SMS, debiendo efectuarse siempre con anterioridad a la terminación del plazo de justificación de la subvención, por parte de la entidad.

subir

Artículo 17.- Forma de pago.

Las ayudas para los programas 1, 2 y 3, se abonarán anticipadamente, previa presentación tanto de la aceptación de la subvención como de los certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social, en caso de no se autorice expresamente al SMS para recabar dichos certificados en el momento de solicitar la subvención, así como del contrato y alta en la Seguridad Social de los trabajadores/as o el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Las ayudas para el programa 4 y 5, se abonarán en dos plazos, un 50% de pago anticipado, y el otro 50% a la mitad del periodo de ejecución, previo informe favorable del Órgano Gestor, que evaluará la ejecución adecuada o no de las acciones e informe favorable de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Subvenciones.

Desde el Órgano Gestor, se realizará una supervisión y evaluación continua de todas las actuaciones, y será necesario su informe favorable para la realización del pago del segundo plazo de la subvención.

subir

Artículo 18.- Justificación de la ayuda.

1.- Programa 1: Los beneficiarios de subvención del programa de ayudas a la contratación deberán presentar certificado de vida laboral del trabajador a los efectos de comprobar la permanencia del mismo en la empresa. El plazo para la presentación de esta documentación será de dos meses desde la finalización del periodo de permanencia previsto.

En los casos de contratación de trabajadores/as indefinidos/as, las entidades beneficiarias vendrán obligadas a presentar anualmente y durante los tres primeros años del contrato, certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de la situación laboral del trabajador/a contratado /a o informe de vida laboral de dicho trabajador/a.

2.- Programa 3: Las personas con enfermedad mental y/o drogodependencia que reciban ayudas por acceder al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, deberán presentar certificado de vida laboral a los efectos de comprobar la permanencia en alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social y certificación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el plazo de dos meses a contar desde la finalización de cada ejercicio, o del periodo subvencionado.

3.- Para el resto de programas, la convocatoria establecerá la forma de acreditar la correcta aplicación de los fondos percibidos por los beneficiarios a la finalidad que sirvió de fundamento a la concesión de la subvención con arreglo a las opciones dispuestas en el artículo 67 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y en el artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

subir

Artículo 19.- Inspección y control.

1.- El Servicio Murciano de Salud, a través, de la Subdirección General de Programa, Innovación y Cronicidad realizará las inspecciones y comprobaciones, que considere necesarias, con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas y condiciones de la ayuda, y a tal efecto, podrá requerir a las entidades beneficiarias cualquier información o documentación que considere oportuna.

2.- Los beneficiarios quedan, asimismo, obligados a facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas, así como, a las actuaciones de control financiero, que corresponden a la Intervención General de la Comunidad Autónoma, en relación con las ayudas concedidas, y demás órganos fiscalizadores que por la naturaleza y origen de los fondos, tienen competencia en la materia.

subir

Artículo 20. Publicidad.

1.- Al margen de la publicidad que se realice de las subvenciones concedidas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana, se publicarán en el Portal de Transparencia de la CARM las subvenciones que se concedan con arreglo a esta Orden con indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios así como sus objetivos y finalidad.

2.- Durante la realización de la actividad subvencionada, el beneficiario informará al público del apoyo obtenido del Fondo Social Europeo, conforme a la Estrategia de Comunicación del PO FSE de la Región de Murcia:

- Colocando, al menos un cartel con información sobre el proyecto de un tamaño mínimo A3, en el que mencionará la ayuda financiera del Fondo social Europeo y el texto “El FSE invierte en tu futuro”, en un lugar bien visible para el público, por ejemplo la entrada de un edificio.

- Los beneficiarios deberán incluir en todas las medidas de información y comunicación relativas a las operaciones cofinanciadas, una declaración en la que se informe de la Cofinanciación del Fondo Social Europeo.

3.- El beneficiario se asegurará de que las partes que intervienen en ellas han sido informadas de dicha financiación por el FSE.

4.-Cualquier documento relacionado con la ejecución de una operación que se destine al público o a los participantes, incluidos los certificados de asistencia o de otro tipo, contendrá una declaración en la que se informe de que el programa operativo ha recibido apoyo del Fondo Social Europeo.

5.- En cualquier caso, se dará debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 115 «Información y Comunicación» del citado Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

6.- El incumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores, supondrá el inicio del procedimiento regulado en el artículo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7.- El SMS informará a los beneficiarios/as de que la aceptación de la financiación implica la aceptación de su inclusión en la lista de operaciones publicada de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y facilitará herramientas de información y comunicación, con inclusión de plantillas en formato electrónico, para ayudar a los beneficiarios a cumplir las obligaciones establecidas en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

subir

Artículo 21.- Revocación y reintegro de las ayudas.

1.- El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las condiciones establecidas en la presente Orden, podrá ser causa determinante de la revocación del acuerdo de concesión de la ayuda y del reintegro de ésta por el perceptor.

2.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, o en su caso la pérdida de derecho al cobro, de conformidad con lo dispuesto en el Título II de la LSCARM y de la LGS, y en el Título III de su Reglamento de desarrollo.

3.- Si durante los tres primeros años del contrato indefinido, o durante el periodo de vigencia de un contrato temporal subvencionado, se produjera su extinción por baja voluntaria del trabajador/a o por despido procedente, apreciado por la Autoridad laboral competente, se deberá sustituir, en el plazo de 60 días naturales, por otro de la misma naturaleza y con los mismos requisitos y por el tiempo que reste del contrato inicial, debiendo comunicar y justificar dicha sustitución al Servicio Murciano de Salud, en el plazo máximo de 15 días desde la contratación o alta del sustituto/a.

Si la extinción del contrato se produjera por despidos improcedentes, expediente de regulación de empleo o por despidos por causas objetivas de acuerdo con lo establecido en el párrafo c) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, procederá el reintegro de las cantidades percibidas.

No se tendrá obligación de sustituir el contrato de trabajo subvencionado, ni de proceder al reintegro de la subvención cuando la extinción se produzca por causas de fuerza mayor debidamente apreciadas por la autoridad competente.

4.- En especial, y para los programas 1 y 2, procederá el reintegro cuando, de conformidad con la normativa vigente, se rescinda o extinga la relación laboral, salvo que el empresario acepte la contratación de otra persona, a propuesta de las entidades que se mencionan en el artículo 7.º de esta orden, al menos por el tiempo restante del periodo subvencionado.

De no ser posible la sustitución por causas justificadas y aceptadas por el órgano gestor, procederá el reintegro proporcional de las cantidades percibidas.

En los casos en los que el órgano gestor entienda que no está justificadas las razones por las que no se puede realizar la sustitución, sólo se procederá al reintegro proporcional, en el caso de haber superado al menos la mitad del periodo de permanencia. En caso contrario el reintegro será del total del importe subvencionado.

5. Para el Programa 3, procederá el reintegro proporcional cuando haya transcurrido al menos la mitad del tiempo de permanencia. En caso contrario debe ser reintegro total.

subir

Artículo 22- Efectos de la Orden.

Esta orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

En cada convocatoria se establecerá el período al que los gastos podrán ser imputados, siempre que reúnan los requisitos establecidos en esta Orden.

La Consejera de Sanidad, Encarnación Guillén Navarro.

subir

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2021, del Director Gerente del IMAS, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Socia l Europeo, dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social para el año 2022, mediante procedimiento de tramitación anticipada

BORM número 297 de 27 de diciembre de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Instituto Murciano de Acción Social 

Vigencia: desde el 28 de diciembre de 2021

Contenido

BDNS (Identif.): 601749

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/601749)

Primero. Beneficiarios:

Instituciones sin fin de lucro, con implantación en la Región de Murcia, en cuyo objeto o fin social se incluya la atención de personas en situación o riesgo de exclusión social, que desarrollen su actividad en la Región de Murcia.

Las entidades solicitantes deberán estar autorizadas por el Registro Regional de Entidades, Centros y Servicios Sociales para la atención de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Las entidades solicitantes deberán tener implantación en la Región de Murcia, contando con estructura y capacidad económica y financiera suficiente para garantizar la ejecución de las actuaciones previstas en el programa presentado, entendiéndose como tal contar con un presupuesto ejecutado en el ejercicio precedente igual o superior a la mitad del importe total de los programas solicitados para esta línea de subvenciones.

Segundo. Objeto:

Convocar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva y mediante procedimiento de tramitación anticipada, dirigidas a Instituciones sin fin de lucro, para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad destinadas a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social, inscritos en el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil, a través del desarrollo de Itinerarios sociolaborales y acciones formativas.

Tercero. Bases reguladoras:

Orden de 6 de junio de 2018, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social (BORM n.º 132 de 11 de junio de 2018), y su modificación por Orden de 29 de abril de 2019 (BORM n.º 103 de 07/05/2019).

Cuarto. Cuantía:

Estas subvenciones se harán efectivas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2022, financiados en un 8,11% por fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y un 91,89% por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (2014-2020), y por un importe total de 780.000 €.

Se establecen tres tipologías de programas con distintos requisitos y condiciones:

- Programas de un territorio o ámbito de actuación: se desarrollan en un único dispositivo, con carácter territorial o en el marco concreto de un ámbito de atención específico de un colectivo.

- Programas de dos territorios: se desarrollen de forma simultánea, todos los días de la semana, en dos sedes habilitadas para ello, donde se realizan las acciones del itinerario por parte de un grupo de participantes diferenciado.

- Programas comarcales: existencia de una sede central de ejecución del programa y el desplazamiento de los profesionales encargados de su ejecución, al menos un día a la semana, a cada uno de los diferentes dispositivos situados en otros municipios y/o pedanías próximas donde se realicen los itinerarios individualizados de inserción.

El importe máximo a solicitar para cada una de las tipologías de programas es el siguiente:

80.000,00 € para los programas de un territorio o ámbito de actuación.

94.000,00 € para los programas de dos territorios.

98.000,00 € para los programas comarcales.

Dichos importes están referidos a 9 meses de programa, debiéndose aplicar el importe proporcional si la duración es inferior.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el BORM.

Las solicitudes se presentaran a través de la sede electrónica de la CARM (https://sede.carm.es), utilizando el modelo normalizado de “Formulario de presentación de solicitud de inicio” para el n.º de procedimiento 1321 disponible en la guía de procedimientos y servicios de la CARM, que deberá ser firmado electrónicamente por el representante de la entidad, previa su cumplimentación, siendo válida, además la utilización de cualquiera de los registros determinados en el artículo 16 pto. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Sexto. Otros datos:

El número de subvenciones a solicitar por una misma entidad no podrá exceder de tres.

El periodo de ejecución de los programas podrá extenderse desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022.

La solicitud deberá presentarse acompañada de la Memoria de planificación/ evaluación del programa, según Anexo XI y las instrucciones que en él se recogen.

Las entidades solicitantes deberán incluir en la Medida de Itinerario acciones formativas en Competencias Personales y Sociales, formación en TIC, y formación Pre-laboral, con una duración determinada y dirigida a un número de participantes definido para cada una de las tipologías de programas, cuya asistencia deberá estar becada.

En la medida de formación las diferentes acciones formativas deberán conformar uno o dos paquetes formativos, según tipología del programa, de una duración mínima de 150 horas cada uno, para jóvenes sin formación y/o experiencia previa y de 90 horas para aquellos que precisan completar una formación previa, debiendo iniciarse todos ellos con un mínimo de 15 participantes.

En dichos paquetes formativos deberá incluirse formación ocupacional con una duración mínima de 60 horas y formación en TIC´s.

En el caso de los programas de dos territorios y programas comarcales, dichas formaciones no podrán coincidir en un mismo territorio/dispositivo en los que se desarrolle el programa.

Los programas incluirán contenidos formativos, sobre la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género dirigidas a todos los participantes.

El número mínimo de participantes para los programas de un territorio será de 60 en la medida de itinerario y al menos 15 en la medida de formación.

Los programas de dos territorios y programas comarcales deberán atender al menos a 75 participantes en la medida de itinerario, con un mínimo de 22 en la segunda sede. Y en la medida de formación el número mínimo de participantes será de 30 personas.

El n.º total de participantes en la medida de itinerario podrá reducirse en 5 para aquellos programas de nueva implantación o su periodo de ejecución se haya visto reducido por caso de fuerza mayor

Los participantes en los programas deberán contar con la acreditación de su situación social y ser beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la fecha de entrada a cada una de las Medidas.

El equipo técnico encargado de la ejecución del programa deberá estar constituido, al menos, por un trabajador social, un orientador laboral y el personal formador, en su caso.

El método de cálculo de los gastos subvencionables para la medida de itinerario en las diferentes tipologías de programas es el siguiente: Costes directos de personal + Becas de asistencia + 14% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

En la medida de formación se establece el siguiente método de coste simplificado:

- Programas de un territorio/ámbito de actuación: Costes directos de personal + becas de asistencia + 20% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

- Programas de dos territorios: Costes directos de personal + Becas de asistencia + 20% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

- Programas comarcales: Costes directos de personal + Becas de asistencia + 27% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

Los gastos subvencionables se determinan de acuerdo a la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE n.º 307 de 21/12/2016), así como a lo establecido en el artículo 5 de la Orden de Bases reguladoras de estas subvenciones y su modificación por orden de 29 de abril de 2019 (BORM n.º 103 de 07/05/2019) y en el artículo 6 de la Resolución de convocatoria.

Las becas de transporte tendrán la consideración de coste subvencionable incluido en el tipo fijo.

Murcia, 21 de diciembre de 2021.—El Director Gerente del IMAS, Raúl Nortes Ortín.

Extracto de la Resolución de 17 de diciembre de 2021, del Director Gerente del IMAS, por la que se convocan para el año 2022 subvenciones, cofinanciadas por el FSE, dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y a la mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades, mediante procedimiento de tramitación anticipada

BORM número 296 de 24 de diciembre de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Instituto Murciano de Acción Social

Vigencia: desde el 25 de diciembre de 2021
 

Contenido

BDNS (Identif.): 601431

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/601431)

Primero. Beneficiarios:

Instituciones sin fin de lucro, con implantación en la Región de Murcia, en cuyo objeto o fin social se incluya la atención de personas en situación o riesgo de exclusión social, que desarrollen su actividad en la Región de Murcia.

Las entidades solicitantes deberán estar autorizadas por el Registro Regional de Entidades, Centros y Servicios Sociales para la atención de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Las entidades solicitantes deberán tener implantación en la Región de Murcia, contando con estructura y capacidad económica y financiera suficiente para garantizar la ejecución de las actuaciones previstas en el programa presentado, entendiéndose como tal contar con un presupuesto ejecutado en el ejercicio precedente igual o superior a la mitad del importe total de los programas solicitados para esta línea de subvenciones.

Segundo. Objeto:

Convocar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva y mediante procedimiento de tramitación anticipada, dirigidas a Instituciones sin fin de lucro, para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y la mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades a través del desarrollo de itinerarios individualizados de inserción socio-laboral.

A efectos de lo dispuesto en esta Resolución de convocatoria, serán objeto de atención las personas en situación o riesgo de exclusión social, de entre los siguientes colectivos:

- Personas gitanas.

- Personas reclusas y exreclusas. 

- Personas en proceso de rehabilitación por problemas de adicciones.

- Personas que hayan sufrido violencia en la pareja o expareja.

- Personas beneficiarias de la Renta Básica de Inserción y de las Ayudas Periódicas de Inserción y Protección Social.

- Personas sin hogar.

- Personas que ejercen o han ejercido la prostitución.

- Cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad social acreditada.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a Instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades. (BORM número 128 de 05/06/2018) y su modificación por Orden de 29 de abril de 2019 (BORM número 103 de 07/05/2019).

Cuarto. Cuantía.

Estas subvenciones se harán efectivas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2022, financiados en un 20% por fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y un 80% por el Fondo Social Europeo a través del programa operativo (2014-2020), y por un importe total de 1.800.000,00 €.

Se establecen cuatro tipologías de programas con distintos requisitos y condiciones:

Programas institucionales: se desarrollan en el ámbito de una institución, con normas propias de funcionamiento que condicionan el desarrollo de las acciones del itinerario.

Programas de un territorio o ámbito de actuación: se desarrollan en un único dispositivo, con carácter territorial o en el marco concreto de un ámbito de atención específico de un colectivo.

Programas de dos territorios: se desarrollen de forma simultánea, todos los días de la semana, en dos sedes habilitadas para ello, donde se realizan las acciones del itinerario por parte de un grupo de participantes diferenciado.

Programas comarcales: existencia de una sede central de ejecución del programa y el desplazamiento de los profesionales encargados de su ejecución, al menos un día a la semana, a cada uno de los diferentes dispositivos situados en otros municipios y/o pedanías próximas donde se realicen los itinerarios individualizados de inserción.

El importe máximo a solicitar para cada una de las tipologías de programas es el siguiente:

60.000,00€ para los programas institucionales.

70.000,00€ para los programas de un territorio o ámbito de actuación.

85.000,00€ para los programas de dos territorios.

89.000,00€ para los programas comarcales.

Dichos importes están referidos a 9 meses de programa, debiéndose aplicar el importe proporcional si la duración es inferior. 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el BORM.

Las solicitudes se presentaran a través de la sede electrónica de la CARM (https://sede.carm.es), utilizando el modelo normalizado de “Formulario de presentación de solicitud de inicio” para el número de procedimiento 2180 disponible en la guía de procedimientos y servicios de la CARM, que deberá ser firmado electrónicamente por el representante de la entidad, previa su cumplimentación, siendo válida, además la utilización de cualquiera de los registros determinados en el artículo 16 pto. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Sexto. Otros datos:

El número de subvenciones a solicitar por una misma entidad no podrá exceder de tres.

El periodo de ejecución de los programas podrá extenderse desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022.

La duración de los programas presentados no podrá superar los 9 meses.

La solicitud deberá presentarse acompañada de la Memoria de planificación/ evaluación del programa, según Anexo XI y las instrucciones que en él se recogen.

Las entidades solicitantes deberán incluir en el diseño del programa, acciones formativas en Competencias Personales y Sociales, formación en TIC, formación Pre-laboral, con una duración determinada y dirigida a un número de participantes definido para cada una de las tipologías de programas, cuya asistencia deberá estar becada.

Los programas deberán incluir, además, al menos una acción de formación ocupacional, de duración mínima de 60h y que cuenten inicialmente con al menos con 15 participantes en el caso de los programas de un territorio/ámbito de actuación, 18 en el caso de dos territorios y 20 en el caso de los Comarcales.

Dicha formación podrá sustituirse por dos acciones formativas, de al menos 60h de duración cada una, siendo el número de mínimo de participantes de 15 por edición. En el caso de los programas comarcales dichas formaciones no podrán coincidir en un mismo territorio/dispositivo en los que se desarrolle el programa.

Los programas incluirán contenidos formativos, sobre la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género dirigidas a todos los participantes.

El número mínimo de participantes para los programas institucionales y de un único territorio será de 65, el de los que se desarrollen en dos sedes de 85, al menos 20 de ellas atendidas en la segunda sede y los de carácter comarcal al menos de 90, 25 de ellos fuera de la sede central de realización del programa. Estos podrán reducirse en 5 si el programa es de nueva implantación su periodo de ejecución se haya visto reducido por caso de fuerza mayor.

Los participantes en los programas deberán contar con la acreditación de su situación social.

El equipo técnico encargado de la ejecución del programa deberá estar constituido, al menos, por un trabajador social, un orientador laboral y el personal formador, en su caso.

El método de cálculo de los gastos subvencionables para las diferentes tipologías de programas es el siguiente:

Programas institucionales: Costes directos de personal + 14% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

Programas de un territorio/ámbito de actuación: Costes directos de personal + becas de asistencia + 18% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

Programas de dos territorios: Costes directos de personal + Becas de asistencia + 20% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

Programas comarcales: Costes directos de personal + Becas de asistencia + 23% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

Se determinan los gastos subvencionables de acuerdo a la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE número 307 de 21/12/2016), así como a lo establecido en el artículo 5 de la Orden reguladora de bases de estas subvenciones y su modificación por orden de 29 de abril de 2019. (BORM número 103 de 07/05/2019)

Murcia, 17 de diciembre de 2021.—El Director Gerente del IMAS, Raúl Nortes Ortín.

Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades (MODIFICADA)

BORM nº 128 de 5 de junio de 2018

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

I.M.A.S.

Vigencia: desde el 6 de junio de 2018

Referencias

Modificada por:

  • Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades. (BORM nº 103 de 7 de mayo de 2019)

Se modifican los artículos 2, 5, 20, 23, 24 y 25.

Disposición adicional única.- Terminología

Las referencias que en la norma se efectúen a “formación ocupacional” se entenderán realizadas a “formación ocupacional/formación profesional para el empleo”.

Deroga a:

  • Orden de 30 de octubre de 2014 de la Consejería de Sanidad y Política Social, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración sociolaboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades (BORM nº 258 de 7 de noviembre de 2014):

"Queda derogada expresamente la siguiente disposición:
Orden de 24 de enero de 2013 de la Consejera de Sanidad y Política Social, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración sociolaboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades, publicada en el BORM nº 33 de 9 de febrero de 2013".

Contenido

Índice:

Artículo 1.- Objeto y finalidad.
Artículo 2.- Régimen jurídico
Artículo 3.- Procedimiento de concesión
Artículo 4.- Requisitos y condiciones para acceder a la subvención.
Artículo 5.- Gastos subvencionables de los programas.
Artículo 6.- Requisitos y condiciones del personal adscrito al programa.
Artículo 7.- Subcontratación.
Artículo 8.- Contenidos de los itinerarios individualizados de inserción.
Artículo 9.- Participantes en los Programas. Forma de acceso, requisitos y condiciones.
Artículo 10.- Presupuesto y limitaciones
Artículo 11. Disposiciones generales del procedimiento.
Artículo 12.- Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
Artículo 13.- Instrucción del procedimiento de concesión
Artículo 14.- Composición y funcionamiento de la Comisión de Evaluación.
Artículo 15.- Criterios para el otorgamiento de las subvenciones y criterios de valoración de los programas.
Artículo 16.- Reformulación de solicitudes. Programa adaptado.
Artículo 17.- Cuantía de la subvención
Artículo 18.- Resolución, notificación y pago de la subvención.
Artículo 19.- Régimen de compatibilidad de las subvenciones.
Artículo 20.- Modificación de la Resolución de concesión.
Artículo 21.- Plazo de ejecución de la actividad y su modificación.
Artículo 22.- Información, difusión y publicidad de las subvenciones.
Artículo 23.- Obligaciones de los beneficiarios.
Artículo 24 - Seguimiento de los programas.
Artículo 25.- Justificación de las subvenciones.
Artículo 26.- Incumplimiento, reintegro y pérdida del derecho al cobro.
Artículo 27.- Suspensión del pago en convocatorias plurianuales
Artículo 28.- Infracciones y sanciones.
Disposición derogatoria única.
Disposición final única. Entrada en vigor.

TEXTO COMPLETO

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 34, reconoce a los ciudadanos de los Estados miembros, el derecho al apoyo social para combatir la exclusión y la pobreza.

En la misma línea, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece como objetivos para la Comunidad y los Estados miembros, entre otros, “La lucha contra las exclusiones” (artículo 136), “La integración de las personas excluidas del mercado laboral…” y “La lucha contra la exclusión social” (artículo 137 apartados 1.h. y 1.j.).

La Comisión Europea ha hecho de la lucha contra la pobreza un elemento clave de su agenda económica, laboral y social: la Estrategia Europa 2020, una “Estrategia para un Crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, firmada en Bruselas en marzo de 2010, cuyos fines sociales se apoyan en los objetivos de empleo y de educación. Y se establece el objetivo temático de fomento de la inclusión social y de lucha contra la pobreza, siendo una de las prioridades de inversión la inclusión activa.

La programación del periodo financiero 2014-2020 de la política de cohesión social de la Unión Europea, se vincula estrechamente con los objetivos estratégicos de la Europa 2020.

La Comisión Europea identifica como uno de los retos más apremiantes para España la inclusión social y recomienda adoptar medidas para reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y reforzar las políticas activas dirigidas a aumentar la empleabilidad de las personas con menor acceso al mercado de trabajo.

Por otra parte, el Programa Nacional de Reformas (PNR) España incluye entre sus medidas, impulsar la inclusión socio-laboral de las personas más vulnerables.

Se trata, pues, de alcanzar un mercado laboral sin exclusiones, para lo que han de establecerse medidas destinadas a incentivar y facilitar la inserción en dicho mercado laboral de los colectivos en situación de exclusión socio?laboral, mediante la realización de itinerarios individuales de inserción.

Las estrategias de inclusión activa responden a una concepción multidimensional de la pobreza y de la exclusión social. La exclusión social es un fenómeno que va más allá de la carencia de recursos para satisfacer las necesidades básicas. Incluye otras problemáticas sociales vinculadas al ámbito del empleo, la salud física y mental, la educación, la vivienda o las relaciones sociales, además de otros factores socioculturales y ambientales que condicionan el acceso al empleo, que hacen necesario combinar medidas de apoyo social que faciliten la superación de las situaciones de exclusión con otras medidas que permitan y/o mejoren sus posibilidades de integración laboral.

El Fondo Social Europeo, en adelante FSE, es el principal instrumento financiero a escala comunitaria para contribuir a la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea, debiendo mejorar las oportunidades de empleo, reforzar la inclusión social, luchar contra la pobreza, promover la educación, la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente y llevar a cabo políticas de inclusión activas, sostenibles y exhaustivas.

Las Recomendaciones de la Unión Europea son atendidas en el Programa Operativo FSE 2014-2020 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que contempla como ejes prioritarios: promover el empleo, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza, invertir en educación y formación y la innovación para la inclusión social.

Los programas de esta orden serán cofinanciados con cargo al FSE en un porcentaje del 80%, en el marco del Programa Operativo 2014-2020 de la Región de Murcia, en el eje 2, prioridad de inversión 9.1, objetivo específico OE.9.1.1.: desarrollo de mercados laborales inclusivos para los colectivos con especiales dificultades de inserción sociolaboral, que incluye entre sus actuaciones la realización de itinerarios de inserción sociolaboral para personas en situación o riesgo de pobreza y/o exclusión social desarrollados por ONGs.

Por tratarse de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo se regirán por las normas europeas que por razón de la materia le resulten aplicables y sus normas de desarrollo, las normas nacionales de subvencionalidad del gasto, así como cualquier otra normativa que le pueda ser de aplicación.

Asimismo, la presente orden es coherente con la normativa comunitaria en el campo de la concesión y justificación de ayudas por medio de costes simplificados que tiene por objetivo la simplificación de la gestión administrativa y de las obligaciones de justificación impuestas a los beneficiarios.

En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, existen los créditos necesarios para la concesión de las subvenciones destinadas a la realización de los citados programas.

En su virtud, a propuesta de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social, oídos el Consejo Asesor Regional de Minorías Étnicas y el Consejo Regional de Servicios Sociales, y de conformidad con lo establecido en el artículo 52.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en uso de las facultades que me confiere la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en sus artículos 10.1 y 17.2 en relación con el artículo 9.1 b) del Decreto 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social,

subir

Dispongo:

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

1. Es objeto de la presente orden establecer las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades, a través del desarrollo de itinerarios individualizados de inserción, y otras actuaciones complementarias.

2. La finalidad de las subvenciones es lograr la integración social y laboral y la mejora de la empleabilidad de personas que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades, de entre los siguientes colectivos, a través del desarrollo de itinerarios individualizados de inserción:

· Personas gitanas.

· Personas reclusas y exreclusas.

· Personas en proceso de rehabilitación por problemas de adicciones.

· Personas que hayan sufrido violencia en la pareja o expareja.

· Personas beneficiarias de la Renta Básica de Inserción y de las Ayudas Periódicas de Inserción y Protección Social.

· Personas sin hogar.

· Personas que ejercen o han ejercido la prostitución.

· Cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad social acreditada.

subir

Artículo 2.- Régimen jurídico

Las subvenciones reguladas en esta Orden se regirán por lo establecido en la presente Orden de Bases, siendo además aplicable la siguiente normativa y sus normas de desarrollo:

· Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes y disposiciones generales para los fondos estructurales, en adelante Reglamento Común.

· Reglamento Delegado (UE) 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014, que complementa el Reglamento (UE) n° 1303/2013.

· Reglamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo, en adelante Reglamento del FSE.

· Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de programación 2014-2020.

A su vez, con carácter supletorio, será de aplicación la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Murcia, en adelante LSCARM y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en todo lo que resulte de aplicación, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como cualquier otra norma del ordenamiento jurídico que resulte de aplicación.

Se añade a la normativa aplicable el Reglamento (UE) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican entre otros los Reglamentos (UE) 1303/2013 y (UE) 1304/2013, aplicables a esta subvención.

Normativa aplicable añadida por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades.

subir

Artículo 3.- Procedimiento de concesión

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones contempladas será el de concurrencia competitiva, establecido en el artículo 17 de la LSCARM, y estará informado por los principios de objetividad, transparencia, igualdad, no discriminación, concurrencia y publicidad.

2. El procedimiento para la concesión de las subvenciones, se iniciará de oficio, mediante convocatoria pública, adoptada por el órgano competente para su concesión y cuyo extracto se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en la que se determinará los créditos presupuestarios a los que deben imputarse las correspondientes subvenciones.

3. Se podrán adquirir compromisos de carácter plurianual en las condiciones previstas en el artículo 37 del vigente texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

subir

Artículo 4.- Requisitos y condiciones para acceder a la subvención.

1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, las Instituciones sin fin de lucro en cuyo objeto o fin social se incluya la atención de personas en situación o riesgo de exclusión social que desarrollen su actividad en la Región de Murcia.

2. Las entidades solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a. No estar incursas en las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

b. Estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y de sus obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo que las deudas estén suspendidas o garantizadas.

c. Estar autorizada por el Registro Regional de Entidades, Centros y Servicios Sociales, para la atención de personas en situación o riesgo de exclusión social.

d. No haber sido objeto de sanción, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e. Tener implantación en la Región de Murcia, contando con estructura y capacidad económica y financiera suficiente para garantizar la ejecución de las actuaciones previstas en el programa presentado, entendiéndose como tal contar con un presupuesto ejecutado en el ejercicio precedente igual o superior a la mitad del importe total de los programas solicitados.

Las correspondientes convocatorias expresarán la forma de acreditar los requisitos, así como los documentos e información que ha de acompañarse a la solicitud.

Los requisitos señalados con anterioridad deberán cumplirse en la fecha en que expire el plazo de solicitud, excepto los incluidos en el apartado b) y c) que deberán cumplirse en la fecha que se reúna la Comisión de Evaluación.

En aplicación de lo establecido en el artículo 17.4 de la LSCARM y en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando así lo prevea la correspondiente convocatoria, el interesado podrá presentar una declaración responsable, en la que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos arriba mencionados, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a ponerla a disposición de la Administración cuando le sea requerida, pudiendo ésta requerirla en cualquier momento. Dichos requisitos deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en dicha declaración. En todo caso, deberán acreditarse con anterioridad a la resolución provisional.

3. Será condición para ser beneficiario de la subvención:

a) Que la actividad que desarrolla la entidad no esté exclusivamente restringida a beneficiar a sus asociados o miembros, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las mismas condiciones requeridas a aquellos.

b) Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribución no lo hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas salvo que en sus estatutos se determine que puedan recibir una retribución adecuada, por la realización de servicios diferentes a las funciones que les correspondan como miembros del órgano de representación.

c) Que el programa presentado por la entidad alcance la puntuación mínima que se establezca en la correspondiente convocatoria por aplicación de los criterios de valoración dispuestos en el artículo 15 de la presente Orden.

d) Cualquier otra condición que establezcan las correspondientes convocatorias.

4. En todo caso las subvenciones se concederán en función de los créditos disponibles para estas acciones, por lo que además de la concurrencia de las condiciones y requisitos previstos será necesario que la solicitud pueda ser atendida teniendo en cuenta las dotaciones presupuestarias existentes.

subir

Artículo 5.- Gastos subvencionables de los programas.

1. La subvencionabilidad del gasto se determinará conforme a lo establecido en el capítulo III (artículo 65 y siguientes) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, así como en la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de programación 2014-2020.

2. Los gastos subvencionables para el desarrollo de los programas se clasifican en las siguientes categorías de gastos:

a) Gastos directos de personal:

Se subvencionará hasta el 100% de los costes establecidos en el artículo 5.1 de la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, del personal técnico directamente relacionado con la realización de la ejecución del programa, concretamente:

- El/la trabajador/a social.

- El/la orientador/a laboral.

- El personal docente encargado de impartir la formación específica, pudiendo esta impartirse también mediante la colaboración técnica de un profesional externo (contrato mercantil) o la subcontratación de la totalidad de la acción formativa.

- El personal técnico que resulte necesario para el adecuado desarrollo del programa.

En la Resolución de convocatoria se determinará el coste por hora máximo subvencionable para las colaboraciones técnicas.

A los efectos de consideración de gasto elegible como coste directo de personal de las colaboraciones técnicas, la contratación mercantil de este servicio y su pago deberá realizarse con la persona física que realice la formación.

A los efectos de consideración de gasto elegible como coste directo de personal del personal que realice la acción formativa mediante una subcontratación, será imprescindible que se haga constar en el contrato y posteriormente en la factura de justificación, el desglose del importe correspondiente a las horas del profesional formador de forma diferenciada del resto de gastos que conlleven dicha subcontratación, los cuales tendrán la consideración de gastos directos del programa.

No se subvencionarán los gastos laborales y de Seguridad Social de la persona trabajadora en las situaciones que no preste servicio efectivo, tales como ausencias, incapacidad temporal, permisos de maternidad, maternidad o matrimonio, así como las recogidas en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.

b) Becas de asistencia y transporte de los participantes, tanto para aquellas acciones formativas realizadas directamente por la entidad, como para aquellas desarrolladas por cualquier otra, salvo que éstas ya estén becadas.

El importe diario subvencionable en concepto de beca de asistencia y de transporte será determinado en la correspondiente convocatoria.

Apartado b) modificado por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades.

c) Otros gastos directos del programa, considerándose todos aquellos que no se corresponden con la retribución del personal directo asignado al programa ni con las becas abonadas a los participantes, pero que son necesarios para el desarrollo del mismo, pudiendo ser conectados directamente con las actuaciones subvencionadas.

En esta categoría de gastos se incluyen los siguientes conceptos:

1.º Material didáctico, fungible, de protección y seguridad, vestuario laboral, etc., que se entregue a los participantes, tasas para obtención de carnets profesionales y cualquier otro necesario para el desarrollo de las actividades de formación.

2.º Todos aquellos materiales necesarios para la realización de la acción formativa si esta es subcontratada, siempre que estos aparezcan desglosados en el contrato y posteriormente en la factura para diferenciarlos del coste del personal formador

3.º Dietas de desplazamiento de los profesionales, siempre que quede justificada la vinculación de estos con el programa, y se realicen en la Región de Murcia o municipios colindantes.

La cuantía máxima subvencionable para el transporte en vehículo propio será establecida en la convocatoria y en caso de trasporte público será el importe del billete.

4.º Materiales y gastos derivados de actuaciones para la Información, sensibilización, difusión y publicidad del programa.

5.º Seguros de accidente y responsabilidad civil de los participantes y del personal técnico directo, así como del personal voluntario vinculado al programa, en su caso.

6.º Alquiler de salas o espacios relacionados directamente con la formación.

7.º Arrendamiento de equipos informáticos necesarios para la realización de las acciones de formación o para el uso exclusivo del personal directo.

8.º Servicios y medidas de conciliación u de otra índole que permitan la asistencia a las acciones del programa por parte de sus participantes.

d) Gastos indirectos del programa: considerándose estos los gastos que, aunque no puedan vincularse directamente con la actividad subvencionada, son necesarios para su ejecución.

En esta categoría de gastos se incluyen los conceptos:

1.º Gastos indirectos de personal:

Se subvencionarán los salarios y la seguridad social del personal de apoyo a la realización de las actuaciones del programa, hasta el porcentaje de jornada máximo o en las condiciones que, en su caso, se establezca en la convocatoria.

A tal efecto, se considerará personal indirecto el siguiente:

- Personal coordinador

- Personal que realiza las tareas de soporte administrativo.

- Personal técnico de mantenimiento.

- Personal de servicios y personal de limpieza.

2.º Gastos de funcionamiento:

Se subvencionarán aquellos gastos necesarios para la realización de las actividades previstas en el programa, siempre que quede suficientemente justificada su vinculación con el mismo.

Se consideraran como tales la luz, el agua, la calefacción, mensajería, material de oficina, correo, teléfono, limpieza, alquiler de instalaciones, etc.

3.º Subcontratación de acción formativa, en caso de que no se desglose el coste de personal en el contrato y la factura.

Apartado d) modificado por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades.

3. De acuerdo con lo indicado en el Artículo 67.1 del Reglamento Común, el método para determinar los costes subvencionables de la operación es el previsto en el artículo 68 ter del mismo Reglamento, que establece la utilización de un tipo fijo, de hasta el 40% sobre los costes directos de personal para financiar el resto de los costes subvencionables de la operación, conforme al método de fijación que se determine en la correspondiente convocatoria en función de las diferentes tipologías de programas que en la misma se establezcan. Las becas a los participante tendrán consideración de coste subvencionable adicional no incluido en el tipo fijo.

Apartado 3 modificado por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades.

4. Las acciones subvencionables deberán ser realizadas a lo largo del periodo de ejecución establecido para cada programa en la resolución de concesión de la subvención. Los programas ya finalizados no podrán ser objeto de esta subvención.

5. El coste de personal imputable a la subvención estará limitado por las cuantías que se determinen en convocatoria, siendo a cargo de la entidad beneficiaria la parte que exceda de dichos límites.

6. 

Apartado 6 suprimido por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades.

7. Los gastos derivados de actuaciones desarrolladas por personal que no reúna los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 6, no serán subvencionables ni serán admisibles como cofinanciación del programa.

subir

Artículo 6.- Requisitos y condiciones del personal adscrito al programa.

A los efectos de garantizar la calidad del servicio, el equipo técnico encargado de la ejecución del programa deberá estar constituido al menos por un trabajador social, un orientador laboral y el personal docente.

El personal técnico y/o de coordinación de los programas deberá disponer de la titulación adecuada, detallada en la siguiente tabla, habilitante para el desempeño de estas tareas.

PERSONAL TITULACIÓN NECESARIA
COORDINADORES/AS TITULADOS/AS SUPERIORES O MEDIOS
(Licenciatura, Grados, Diplomatura)
TRABAJADORES/AS SOCIALES
ORIENTADORES/AS LABORALES
TITULADOS UNIVERSITARIOS
(Licenciatura, Grados, Diplomatura)
PERSONAL DE ESPECIAL CUALIFICACIÓN
FORMADORES/AS
TITULADOS/AS SUPERIORES O MEDIOS
( Licenciatura, Grados, Diplomatura)
FP. DE GRADO
MEDIO/SUPERIOR o análoga formación
OTRAS FORMACIONES
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN TITULADOS/AS SUPERIORES O MEDIOS
(Licenciatura, Grados, Diplomatura)
ADMINISTRATIVOS/AS
AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS


 


 



 

 

 

 

 

Los formadores encargados del desarrollo de la formación ocupacional deberán acreditar que disponen de los conocimientos necesarios para el desempeño del oficio del que se trate, preferentemente de acuerdo a lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Para las categorías profesionales no recogidas en la tabla anterior, será exigible la titulación necesaria para el adecuado desempeño de las funciones encomendadas.

subir

Artículo 7.- Subcontratación.

1. Se entenderá que existe subcontratación cuando el beneficiario de una operación subvencionada concierte con terceros su ejecución parcial o total. Queda fuera de este concepto las contrataciones que lleve a cabo el beneficiario para realizar por sí mismo la acción subvencionada.

2. La subcontratación de las actividades del programa se regirá por lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley y en la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de programación 2014-2020.

3. Los beneficiarios sólo podrán subcontratar la realización total o parcial de alguna de las actividades contempladas en el artículo 8 punto 3 apartados c) y f) y siempre que no supere el 20% del importe total del programa.

4. En ningún caso, será admisible aquella subcontratación que suponga un segundo nivel de subcontratación, entendiendo por éste la cesión total o parcial de la ejecución de la acción del subcontratista a un tercero. De acuerdo con lo señalado por el artículo 11, apartados 2 y 3 de la LGS no se considerará subcontratación la realización de la actividad por los miembros o asociados.

5. En caso de que en el programa se prevea la subcontratación, la entidad deberá presentar la documentación que se exija en la correspondiente convocatoria.

6. Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.

subir

Artículo 8.- Contenidos de los itinerarios individualizados de inserción.

1. El proceso de integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de las personas incorporadas a los programas se concretará en un itinerario individualizado de inserción sociolaboral, consensuado con el participante, compuesto por un conjunto secuencial de acciones adaptadas a las características, capacidades, necesidades y expectativas de cada persona, utilizándose una metodología de acompañamiento individualizado y se establecerán cauces y mecanismos de coordinación con los servicios sociales de atención primaria y/o especializada, así como con otras entidades públicas y/o privadas.

2. El desarrollo secuencial de estas acciones supondrá la realización de las siguientes fases:

a) Acogida y diagnóstico sociolaboral, que deberá incluir la valoración del nivel de empleabilidad.

b) Diseño, consensuado con cada participante, de su itinerario individualizado de inserción sociolaboral, estableciendo los objetivos previstos y acciones necesarias para su consecución.

c) Desarrollo del Itinerario Individualizado de inserción.

d) Evaluación del nivel de consecución de los objetivos previstos en el diseño del itinerario y el nivel de empleabilidad alcanzado por el participante, mediante un sistema de indicadores válidos, medibles y pertinentes.

3. El Itinerario Individualizado de Inserción socio laboral deberá estar compuesto por las siguientes acciones, las cuales podrán desarrollarse íntegramente con cargo a la subvención o de forma cofinanciada por parte de la entidad:

a) Atención social integral

b) Formación básica.

c) Formación dirigida a la adquisición de competencias tecnológicas para la búsqueda activa de empleo.

d) Formación complementaria, en especial sobre la igualdad de oportunidades y de género.

e) Formación dirigida a la adquisición de competencias prelaborales y trasversales.

f) Formación ocupacional, que podrá incluir formación práctica en empresas. La duración mínima y las condiciones se establecerán en la resolución de convocatoria.

g) Orientación laboral.

h) Intermediación laboral

i) Apoyo y seguimiento en el empleo.

j) Coordinación con los Servicios Sociales de Atención Primaria y especializados.

k) Cualquier otra actuación que se precise para la adquisición y/o mantenimiento de competencias personales, sociales y laborales.

subir

Artículo 9.- Participantes en los Programas. Forma de acceso, requisitos y condiciones.

1. Podrán acceder a los programas las personas en situación o riesgo de exclusión social de entre los colectivos contemplados en el artículo 1 punto 2 de la Orden.

2. El acceso a los programas se podrá producir tanto por derivación de los Servicios Sociales Públicos, otras entidades u organismos o de forma directa a criterio de la entidad, siempre y cuando la persona susceptible de ser participante reúna el perfil y características del colectivo al que vaya dirigido el programa y su situación sea acorde a las acciones contempladas en el diseño del mismo.

3. Cuando no puedan ser atendidas todas las personas susceptibles de participar en un programa, la entidad que lo desarrolle deberá tener en cuenta los criterios de selección que a continuación se desarrollan y con el mismo orden de prelación para la incorporación paulatina de participantes:

a) personas que se encuentren realizando un itinerario de Inserción en la propia entidad o con otra entidad u organismo.

b) personas que, habiendo sido derivadas al programa por un servicio público con competencia en su atención, mantengan un domicilio más próximo a la sede de realización del programa.

c) personas que sean beneficiarias de la Renta Básica de Inserción o de Ayuda Periódica de Inserción y Protección Social.

d) personas que se encuentren en mayor situación de exclusión social.

e) mujeres, en aquellos programas con menor representación femenina.

4. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 punto 1 apartado c) del Decreto n.º 163/2017, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la entidad deberá comprometerse a mantener la necesaria coordinación con los Servicios Sociales de Atención Primaria para posibilitar, que al menos, un 20% de los participantes en el programa sean beneficiarios de la prestación Renta Básica de Inserción o de la Ayuda periódica de Inserción o Protección Social, porcentaje que podrá verse modificado en función de las características y ámbito de actuación del programa.

5. Será requisito para incorporarse a un programa tener una edad comprendida entre 16 años y 64 años.

6. Para poder ser considerado participante en un programa será condición ser acreditado como persona en situación o riesgo de exclusión social por un trabajador social de los servicios sociales municipales o por las entidades públicas competentes en la atención de los colectivos indicados en el artículo 1.

7. Será condición para incorporarse como participante a un programa que la persona autorice a la entidad que lo realiza y al IMAS para la recogida y tratamiento de sus datos personales mediante la suscripción de un documento, según modelo que se publicará como anexo en la convocatoria.

8. En la Resolución de Convocatoria se determinará el número de participantes necesario para la configuración y desarrollo de un programa.

subir

Artículo 10.- Presupuesto y limitaciones

1. Las subvenciones reguladas en la presente orden están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE Murcia, 2014-2020.

2. Las subvenciones que se otorguen serán concedidas hasta el límite de las consignaciones presupuestarias definidas existentes, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales establecidos en esta Orden, en la Resolución de convocatoria y de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

3. En las subvenciones cuyo gasto tenga carácter plurianual, el abono de las cantidades que en resolución se determinen para los años siguientes quedarán condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos correspondientes para financiar el gasto.

subir

Artículo 11. Disposiciones generales del procedimiento.

1. Las entidades susceptibles de ser beneficiarias de estas subvenciones están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas en aplicación del artículo 14 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos, todos los trámites que deban realizarse durante la tramitación de este procedimiento deberán ser realizados accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://sede.carm.es), utilizando los formularios que se determinen en la Resolución de convocatoria, que estarán disponibles en la guía de procedimientos y servicios de la CARM. Para ello deberá disponer de firma electrónica de la forma prevista en el artículo 10 de dicha Ley.

2. Si alguna entidad presentase solicitud y/o documentación presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica, considerándose como fecha de presentación de la misma aquella en la que haya sido realizada la subsanación., de acuerdo con lo previsto en el artículo 68.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. De acuerdo al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se exige la presentación de documentos originales, responsabilizándose los interesados de la veracidad de los documentos que presenten. Los documentos anexados corresponderán fielmente al documento original y deberán ser digitalizados en formato PDF, en su color original. Asimismo, las declaraciones responsables y demás anexos publicados a cumplimentar por la entidad, deberán ser firmados electrónicamente por el representante de la entidad.

4. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, se podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que se requerirá la exhibición del documento original, de acuerdo al artículo 28 punto 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5. Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos a través del servicio de “Notificaciones por Dirección Electrónica Habilitada, salvo la Resolución final que será objeto de publicación en el medio que determinen las correspondientes convocatorias, en virtud del artículo 45.1.b). de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, surtiendo ésta los efectos de notificación.

Una vez transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación en la Dirección Electrónica Habilitada (DEH), sin que la haya descargado, se entenderá que la notificación ha sido realizada, según establece el artículo 43.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre.

subir

Artículo 12.- Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.

1. Las solicitudes se presentarán en el modelo que se determine en la Resolución de Convocatoria, deberán ir firmadas por el representante de la entidad solicitante y se presentarán en el Registro electrónico de la Comunidad Autónoma de Murcia, accediendo a la aplicación informática existente en la Sede Electrónica de la CARM, https://sede.carm.es, siendo válida, además, la utilización de cualquiera de los registros determinados en el artículo 16 pto 4 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Las entidades solicitantes deberán presentar, en formato electrónico, junto a la solicitud, la documentación que se determine en la Resolución de Convocatoria.

La unidad administrativa instructora podrá requerir cualquier otra documentación adicional a la prevista, si fuere necesaria para la resolución del procedimiento.

3. La incorporación de documentos se realizará de forma individual, con el fin de poder clasificarlos e incorporarlos al expediente electrónico.

4. El plazo de presentación de solicitudes será el que se determine en la correspondiente convocatoria.

5. La presentación de la solicitud, supondrá la autorización del solicitante al órgano concedente, para recabar de las administraciones competentes cuantos datos sean necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, así como todos aquéllos que sean necesarios para la correcta ejecución de las acciones programadas, salvo que conste su oposición expresa, debiendo en tal caso aportar él mismo la acreditación de los extremos a comprobar por la Administración Pública, de acuerdo al artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir a la entidad solicitante su presentación, o en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a los que se refiera el documento, con anterioridad a la propuesta de resolución.

La información obtenida será utilizada por la administración, exclusivamente, para comprobar la concurrencia de requisitos, controlar la aplicación de los fondos públicos y el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios y realizar el seguimiento de las acciones, dentro de las competencias que tiene legalmente atribuidas.

El órgano concedente, por su parte, además del cumplimiento de las garantías y obligaciones establecidas en la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, queda sometido a las actuaciones de comprobación a cargo del beneficiario al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y de las condiciones normativas que fueran de aplicación.

6. En caso de que la solicitud y/o la documentación presentadas no reuniera los requisitos establecidos en la Resolución de convocatoria, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la 39/2015, de 1 de octubre, indicándosele, que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución expresa, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de dicha ley.

subir

Artículo 13.- Instrucción del procedimiento de concesión

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión a través del Servicio de Programas de Inclusión y Corresponsabilidad Social, al que corresponderá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución.

2. El órgano instructor, podrá disponer que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por las entidades solicitantes, así como requerir de éstas las aclaraciones y la documentación necesaria para poder resolver. En el supuesto de inactividad del solicitante en la cumplimentación de trámites, será de aplicación lo preceptuado en los artículos 73, 84 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Asimismo el órgano instructor informará preceptivamente sobre los datos reseñados en las solicitudes y su documentación aneja.

3. El órgano instructor solicitará a los centros de servicios sociales correspondientes al municipio o municipios a los que pertenezcan los participantes del programa, y/o a la Entidad pública con competencia en la materia, informe que recoja los aspectos de los programas que desde el órgano instructor se determinen, relacionados con los criterios de selección establecidos en la presente orden, aspectos que podrán ser tenidos en cuenta para la valoración técnica del programa siempre y cuando el informe se reciba en los términos y plazos determinados en la Resolución de Convocatoria.

4. La valoración técnica de las solicitudes presentadas será elevada, por parte del Servicio de programas de Inclusión y Corresponsabilidad Social a la Comisión de Evaluación.

5. Para la evaluación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Evaluación, cuya composición y funcionamiento se regulan en el artículo 14 de la presente Orden.

La comisión de Evaluación podrá realizar cuantas recomendaciones estime oportunas en lo referente a la adecuación de los programas a los objetivos de la convocatoria y siempre en aras a una mayor eficiencia de las acciones contempladas en los mismos.

Cuando la suma de las cuantías solicitadas, o en su caso, de los importes ajustados, correspondientes a las solicitudes que reúnan los requisitos exigidos exceda de la consignación presupuestaria, la Comisión establecerá porcentajes sobre los mismos, para el cálculo de la subvención en función de la puntuación obtenida. Asimismo, la Comisión podrá determinar el porcentaje mínimo sobre el importe solicitado necesario para garantizar la eficacia de la subvención, descartando aquellas solicitudes que no lo alcancen.

En el supuesto de que finalizado el plazo de presentación y recibidas todas las solicitudes, los créditos disponibles bastasen para atender la totalidad del importe económico que suponga el conjunto de las solicitudes presentadas, quedará exceptuado el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos.

6. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación, formulará propuesta provisional de resolución, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados para que, en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente al de la notificación correspondiente, puedan presentar bien alegaciones o bien la aceptación de la subvención en los términos establecidos en el artículo 16 de la presente orden.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

7. Con la notificación de la propuesta de resolución provisional, el órgano gestor:

a) Podrá proponer modificaciones de las condiciones relativas a la forma de realización del programa propuesto o a los objetivos previstos por el solicitante, para su posible aceptación por parte de este, entendiéndose que esta ha sido otorgada si el posible beneficiario no manifiesta su oposición en el plazo otorgado a tal fin.

b) Otorgará a la entidad solicitante un plazo de 10 días para presentar la aceptación de la subvención en el importe y condiciones propuestas, o reformular su solicitud para ajustar el programa a la propuesta de resolución y toda aquella documentación que se determine en la Resolución de convocatoria.

La aceptación de la subvención implicará, automáticamente, la aceptación del beneficiario de ser incluido en la lista pública prevista en el artículo 115.2 y Anexo XII.1 del Reglamento Común.

8. Cuando la documentación requerida a las entidades obre en poder del órgano instructor y hayan sido examinadas las posibles alegaciones presentadas, la Comisión de Evaluación emitirá informe en el que se concrete el resultado definitivo de la evaluación efectuada, una vez la memoria adaptada merezca su conformidad.

9. De conformidad con el informe emitido por la Comisión de Evaluación, el órgano instructor formulará propuesta definitiva de resolución, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y la cuantía, especificándo el porcentaje máximo de gastos a tanto alzado, la puntuación obtenida en la evaluación, el periodo de ejecución del programa, el coste total del programa, así como la relación de solicitantes para los que se propone la denegación de la subvención solicitada, y que serán elevadas al titular de la Dirección Gerencial para que dicte resolución.

10. La resolución será notificada a los interesados conforme a lo establecido en los artículos 40, 41 y 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, informándoles de que esta no agota la vía administrativa y que es susceptible de recurso de alzada ante la presidencia del IMAS.

subir

Artículo 14.- Composición y funcionamiento de la Comisión de Evaluación.

1. La Comisión de Evaluación estará presidida por el titular de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión o persona en quien delegue.

Estará compuesta, además por tres vocales designados por el presidente, al menos dos entre funcionarios/as del Servicio de Programas de Inclusión y Corresponsabilidad Social y por una secretaría, que actuará con voz y voto, también designado por el presidente, de entre los Jefes de Servicio de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión.

Cuando la persona que ostente la presidencia de la Comisión estime necesario su asesoramiento podrán asistir a las reuniones, con voz pero sin voto, funcionarios de los departamentos con competencia en las áreas a que afecte la evaluación.

En los casos de ausencia o enfermedad del secretario, le sustituirá un funcionario con rango de jefatura de sección o superior de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión que designe el presidente y en el supuesto de ausencia o enfermedad de alguno de los vocales, le sustituirá el funcionario que designe el Presidente de la Comisión.

2. La Comisión se regirá por lo dispuesto para los órganos colegiados en el artículo 15 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y tendrá por objeto la evaluación y baremación de las solicitudes conforme a los criterios de valoración establecidos en la presente Orden, así como emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, a fin de establecer una prelación entre las solicitudes presentadas.

3. La Comisión de Evaluación podrá realizar cuantas recomendaciones estime oportunas en lo referente a la adecuación de los programas a los objetivos de la convocatoria y siempre en aras a una mayor eficiencia de las acciones contempladas en los mismos, así como valorar la procedencia o no de las propuestas del Servicio de Programas de Inclusión respecto a las excepciones recogidas en la presente norma.

4. La Comisión se considerará válidamente constituida con la asistencia de los siguientes miembros: El presidente o persona que le sustituya, el secretario y dos de los vocales.

5. Para la adopción de sus decisiones la Comisión de Evaluación podrá recabar la información necesaria por parte de expertos, así como de técnicos competentes en la materia de otros organismos o departamentos administrativos.

Asimismo, a través del órgano instructor, podrá recabar de la entidad solicitante cuanta información adicional estime necesaria para una adecuada evaluación del programa presentado.

subir

Artículo 15.- Criterios para el otorgamiento de las subvenciones y criterios de valoración de los programas.

1. Las subvenciones se otorgarán a quienes, reuniendo los requisitos para ser beneficiarios, hayan presentado un programa adecuado al objeto de la convocatoria y obtengan mayor puntuación, tras la aplicación de los criterios de valoración establecidos para evaluar la idoneidad y determinar la priorización de estas subvenciones. En ningún caso, los requisitos necesarios para ser beneficiario podrán ser considerados criterios de otorgamiento de éstas.

2. Para la adjudicación de las subvenciones, además de los criterios de selección de operaciones obligatorios para el Programa Operativo de la Región de Murcia 2014-2020 y sin perjuicio de los límites derivados del importe de la consignación presupuestaria, se valorarán los programas atendiendo a los siguientes criterios de valoración con la ponderación que se determine en convocatoria, así como su correspondiente desglose.

· Calidad técnica del programa presentado

· Mayor adecuación del programa al objeto y finalidad de la convocatoria.

· Implantación del programa en su territorio y/o ámbito de actuación:

· Eficiencia de programas anteriores

· Interés social del programa

· Viabilidad del programa

3. A efectos de esta baremación serán tenidos en consideración y consecuentemente puntuados, los extremos que la entidad solicitante haya especificado y acreditado en su solicitud y en la Memoria de planificación/evaluación del programa, así como aquellos que puedan ser verificados de oficio o sean acreditados por los servicios sociales de los municipios donde se desarrolla el programa u otras administraciones públicas competentes en el colectivo de atención del programa.

subir

Artículo 16.- Reformulación de solicitudes. Programa adaptado.

1. Cuando la propuesta de resolución provisional determine, o no, una cantidad a conceder inferior a la solicitada, o por parte de la administración se haya propuesto la modificación de alguna de las condiciones, la forma de realización del programa, o los objetivos propuestos en el mismo, el órgano instructor deberá recabar la aceptación de la subvención, instando al beneficiario para que en el plazo de 10 días contados a partir de la notificación de la misma, reformule su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, presentando un programa adaptado al nuevo presupuesto y/o a las condiciones propuestas.

No obstante, dicha aceptación se entenderá otorgada si en la propuesta de modificación quedan explicitadas dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su oposición dentro del plazo establecido.

2. Si la entidad adapta el programa, deberá justificar por el total del nuevo programa adaptado. Si por el contrario ésta decidiera no adaptar el programa, deberá justificar por el total del presupuesto inicialmente presentado.

3. En cualquier caso, esta reformulación del programa deberá, sin perjuicio de los ajustes necesarios para la adaptación a la nueva cuantía:

· Respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto a la solicitud.

· No suponer una reducción en los indicadores de ejecución y resultados previstos en la solicitud inicial, en mayor porcentaje del que prevea la convocatoria.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la administración mientras no se le haya notificado la resolución de concesión, como así lo establece el artículo 18.6 de la Ley 7/2005 de 18 de noviembre.

subir

Artículo 17.- Cuantía de la subvención

1. En las respectivas convocatorias se indicará la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas así como la cuantía adicional en que podrá incrementarse sin necesidad de nueva convocatoria siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 58 del Reglamento de la LGS.

2. Las subvenciones que se otorguen podrán atender total o parcialmente el importe del programa, en función del crédito disponible y del orden de prelación resultante tras la aplicación de los criterios de valoración, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de la presente orden.

3. En el caso de que con el total de las subvenciones concedidas no se agotara la respectiva partida o proyecto presupuestario, el órgano competente para resolver, podrá determinar la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

4. En el caso de la tramitación anticipada del expediente al amparo del artículo 56 del Reglamento de la LGS, la cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá carácter estimado debiendo hacerse constar expresamente en la misma que la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

5. En el caso de convocatoria plurianual, al amparo del artículo 57 del Reglamento de la LGS, deberá indicarse la cuantía máxima a conceder, así como su distribución por anualidades, la cual tendrá carácter estimado cuando esté previsto su pago anticipado, requiriendo, la modificación de la distribución inicialmente aprobada y la tramitación del correspondiente expediente de reajuste de anualidades.

6. En la Resolución de convocatoria se establecerá el importe máximo que podrá solicitarse para la realización de un programa, así como la cuantía máxima a otorgar.

7. Para la determinación del coste total financiable de un programa se partirá del coste estimado por el solicitante para el desarrollo del mismo del cual se deducirán aquellas partidas que no se ajusten a las condiciones y naturaleza de la convocatoria, no sean elegibles, no estén suficientemente justificadas o no se consideren necesarias para el desarrollo del mismo, o bien se minorará su importe para ajustarlo a la realidad del gasto a realizar, obteniéndose así el importe ajustado.

Una vez determinado el importe ajustado, el orden de preferencia para la obtención de la subvención y la cuantía de la misma vendrán determinados por la aplicación de los criterios de valoración y de los porcentajes de subvención que determine la Comisión de Evaluación para ajustar la demanda a la consignación presupuestaria.

8. La Comisión de Evaluación podrá determinar el porcentaje mínimo a subvencionar sobre el importe solicitado o sobre el importe ajustado, en su caso, con el fin de garantizar la eficacia del programa, no teniéndose en consideración aquellos programas que no lo alcancen, al entenderse que éste se vería afectado en un grado tal que resultaría imposible su adaptación sin desvirtuar los objetivos previstos.

subir

Artículo 18.- Resolución, notificación y pago de la subvención.

1. Instruidos los expedientes y examinados los informes emitidos y la documentación aportada, el órgano instructor teniendo en cuenta los Informes de la Comisión de Evaluación, elevará a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social, la oportuna propuesta sobre la procedencia de conceder o denegar la subvención solicitada.

2. Si la propuesta fuera favorable a la concesión de la subvención, la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social, a propuesta del Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, previa fiscalización favorable de los expedientes por la Intervención delegada, resolverá motivadamente las solicitudes formuladas.

3. La cuantía y finalidad de las subvenciones serán las que se determinen en la resolución de concesión. En el supuesto de que la convocatoria tenga carácter plurianual, en la misma se establecerá la cuantía para cada una de las anualidades.

Si la propuesta fuera desfavorable a la concesión de la subvención el Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión dictará resolución denegatoria de la subvención.

4. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el BORM, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.5 de la citada Ley 7/2005, sin que ello exima a la administración de la obligación de resolver.

5. Las subvenciones concedidas se harán públicas en los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.

6. Contra las resoluciones definitivas que se dicten se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la Presidencia del Instituto Murciano de Acción Social, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la Presidencia del IMAS en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de aquéllas, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

7. El importe de las subvenciones se abonará anticipadamente por la totalidad de la misma y de una sola vez en el momento de la resolución de la concesión, excepto en el caso de que la convocatoria sea plurianual, que se fraccionará conforme al siguiente apartado. El pago anticipado no exigirá el establecimiento de garantía alguna según lo dispuesto en el artículo 16.2. d) de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al tratarse de subvenciones a entidades sin fin de lucro y puesto que las presentes bases establecen adecuados mecanismos de control, justificación y reintegro de las subvenciones.

No obstante no se podrá realizar ningún pago, en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal Tributaria, con la Administración de la Comunidad Autónoma de Murcia y frente a la seguridad social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

8. De tratarse de subvenciones con financiación plurianual, la primera anualidad se abonará a la concesión de la sub­vención en un pago anticipado único. Los sucesivos pagos anticipados, cuyo porcentaje se determinará en convocatoria, no podrán superar a la anualidad presupuestaria en que tengan lugar, y requerirá para su abono la justificación del porcentaje que en la misma se establezca respecto a los anticipos que hasta el momento hubieran sido librados.

subir

Artículo 19.- Régimen de compatibilidad de las subvenciones.

1. La subvenciones reguladas en estas bases serán compatibles con otras subvenciones ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, excepto las concedidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la realización del mismo programa.

Asimismo, las subvenciones reguladas en estas bases resultan incompatibles con otras subvenciones procedentes de Fondos Comunitarios.

2. El beneficiario de estas subvenciones deberá comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos destinados a financiar las actividades que se desarrollen en el marco del programa objeto de esta subvención.

Esta comunicación deberá efectuarla, adjuntando la documentación acreditativa de la concesión, y de acuerdo a lo que se establezca en la Resolución de convocatoria.

3. El importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos compatibles, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario, procediendo, en su caso, el reintegro del exceso obtenido sobre dicho coste.

4. No podrán ser beneficiarios de las subvenciones aquellas entidades que sean parte en convenios y contratos vigentes celebrados con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuando coincida el objeto y ámbito territorial de la colaboración con el programa para el que se solicita.

subir

Artículo 20.- Modificación de la Resolución de concesión.

1. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrá dar lugar, previa autorización administrativa, a la modificación de la resolución de concesión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19, apartado 4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Las entidades deberán solicitar al IMAS la modificación de la Resolución de concesión cuando durante el desarrollo del programa se produzcan las siguientes circunstancias:

a) La variación sustancial de cualquiera de las acciones y/o actividades previstas en el programa adaptado, considerándose variación sustancial aquella que genere una modificación de los objetivos y resultados previstos.

b) Cualquier alteración económica que suponga la redistribución entre los conceptos de personal directo y becas a los participantes respecto a lo recogido en el programa adaptado, en los términos recogidos en la resolución de convocatoria.

A efectos de lo establecido en este apartado será necesario presentar la solicitud de autorización para modificación de la resolución en el momento en que se produzcan desviaciones acumuladas a lo largo del periodo de ejecución superior a los porcentajes que se establezcan en las correspondientes convocatorias.

Dichas alteraciones deberán respetar el porcentaje de financiación a tipo fijo para otros gastos del programa determinados en la resolución de concesión, respecto a los costes de personal directo.

c) La reducción del importe concedido, como consecuencia de la obtención, por parte de la entidad de otra subvención destinada al mismo programa.

Apartado modificado por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades.

3. La autorización de las modificaciones recogidas en los puntos anteriores quedará sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Deberán traer su causa en circunstancias imprevistas o ser necesarias para el buen fin de la actuación.

b) No podrán alterar el objeto o finalidad de la subvención ni dañar derechos a terceros.

c) La solicitud deberá presentarse con anterioridad a que concluya el plazo para la realización de la actividad subvencionada y deberá estar suficientemente motivada.

4. El órgano concedente podrá modificar de oficio la resolución de concesión, previa audiencia del interesado y antes de la aplicación de los fondos, cuando la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión impidan o dificulten la consecución del interés público perseguido y no se irroguen perjuicios económicos al beneficiario.

5. Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la presentación de la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones económicas tenidas en cuenta para la concesión de la misma, que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución conforme a lo indicado, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa, el órgano concedente de la subvención podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando la desviación producida no sea superior al 0,5% del importe concedido. Ello no eximirá al beneficiario de las sanciones que puedan corresponder con arreglo a la Ley General de Subvenciones.

6. La alteración de las condiciones que se produzca como consecuencia de un incumplimiento de las obligaciones recogidas en el artículo 23 que pudiera generar remanentes económicos, causa de reintegro, no podrá, en ningún caso dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26 de la presente orden, ni ser elegible.

subir

Artículo 21.- Plazo de ejecución de la actividad y su modificación.

1. El plazo de ejecución de los programas será el que se establezca en la resolución de concesión.

2. Solo por causas excepcionales y debidamente acreditadas, podrá ser ampliado el plazo de ejecución, a instancia de la entidad beneficiaria de la subvención, cuando resultará imposible la ejecución del programa en el plazo establecido inicialmente.

Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son los establecidos en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. La Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social, acordará motivadamente sobre la solicitud de ampliación de plazo formulada, no siendo susceptible de recurso, en virtud del artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

4. El programa subvencionado deberá realizarse en el tiempo y en los términos planteados por la entidad en su solicitud, con las modificaciones que, en su caso, se hubieran introducido a lo largo del procedimiento de concesión, o se hubiesen aceptado por el órgano concedente durante el período de ejecución siempre que, en este último caso, no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.

subir

Artículo 22.- Información, difusión y publicidad de las subvenciones.

Los beneficiarios de las subvenciones, deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del programa, de acuerdo a lo establecido en la Estrategia de Comunicación del Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020, de conformidad con los requisitos y características técnicas establecidas en el artículo 115 y el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) nº1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y demás normativa vigente, debiendo justificar documentalmente dicha información.

En todas las medidas de información, difusión y comunicación que se lleve a cabo, el beneficiario deberá reconocer que se realiza con la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social y que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Cuando esta difusión se realice en soportes impresos, se utilizará el escudo oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el nombre de la Consejería competente en materia de Política Social, así como el logotipo del Instituto Murciano de Acción Social, el del Fondo Social Europeo y el lema “El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro”.

Asimismo será necesario justificar documentalmente que los participantes de los programas han sido efectivamente informados sobre la financiación de las mismas por el Fondo Social Europeo y disponer de un registro documental y gráfico de todas las acciones de comunicación realizadas durante el desarrollo del programa.

Los beneficiarios presentarán ante la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del IMAS el resumen de las actuaciones realizadas en materia de información, difusión y publicidad según instrucciones facilitadas por el IMAS.

Durante la realización de la operación, el beneficiario informará al público de la siguiente manera:

- INTERNET: Si posee sitio de Internet, deberá hacer una breve descripción de la operación, incluyendo los objetivos y resultados y destacando el apoyo financiero.

- CARTELERÍA: Cartel con información sobre el programa (de un tamaño mínimo A3) en el que mencionará la ayuda financiera y que se colocará en un lugar visible.

subir

Artículo 23.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Además de las obligaciones establecidas con carácter general en el artículo 14 de la LGS y en el artículo 11 de la LSCARM, los beneficiarios de las subvenciones previstas en estas bases deberán cumplir las siguientes:

a) Cumplir el objeto, ejecutar el programa, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención, en los términos establecidos en la resolución de concesión y sus modificaciones, en su caso, asumiendo todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización de la actividad propuesta o de la ejecución del programa.

b) Comprobar que los profesionales y voluntarios que trabajen o puedan trabajar en contacto con menores, han presentado certificado negativo del Registro Central de Delincuentes sexuales, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del menor, modificada por ley 26/2015 y la Ley 45/2015 de voluntariado.

c) Comunicar a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión las incidencias que puedan suceder durante el desarrollo del programa, en el plazo máximo de 15 días desde que se produzcan, así como las alteraciones que se produzcan en la distribución de los gastos de personal directo y becas, aportándose todos aquellos anexos que pudieran verse afectados, precisen o no autorización.

Apartado c) modificado por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades.

d) Sustituir al personal técnico obligatorio que cause baja en el programa o se encuentren en situación de Incapacidad laboral en el plazo máximo de un mes desde que se produzca la incidencia.

e) Recabar las acreditaciones de la situación social de cada uno de los participantes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 punto 6, según modelo que se publique en la página web del IMAS.

f) Informar a los técnicos de los servicios sociales de atención primaria o especializados sobre el proceso de inserción sociolaboral de las personas participantes en los programas, así como de su evolución y grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el itinerario de inserción socio-laboral, según lo establecido en el Protocolo de coordinación suscrito, y/o en los acuerdos adoptados en las Comisiones de Coordinación y Seguimiento.

g) Colaborar con la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión en las actuaciones de seguimiento y evaluación de los programas, manteniendo una coordinación adecuada y facilitando los datos que sean solicitados, con relación al desarrollo y ejecución del programa, en la forma y plazos que se establezcan.

h) Ejecutar los acuerdos alcanzados, por parte de los diferentes agentes implicados en el proceso de desarrollo del programa que pudieran encontrarse representados en las Comisiones de Coordinación y Seguimiento.

2. A su vez deberá cumplir con las obligaciones que se asumen como beneficiario de una ayuda del Fondo Social Europeo (FSE), y en concreto, las siguientes:

a) Mantener un sistema de contabilidad diferenciado en relación con todas las transacciones relacionadas con el programa subvencionado, contando al menos, con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones y su trazabilidad

b) Cumplir con lo establecido en el artículo 22 respecto a las medidas de información, difusión y publicidad.

c) Cumplir con los requisitos que en materia de igualdad de oportunidades, se establecen en el Reglamento (UE) 1303/2013, el Reglamento (UE) 1304/2013 y cualesquiera otras normas comunitarias o nacionales.

d) Mantener un registro de las actuaciones realizadas en el marco del programa y los datos de cada uno de los participantes, en los soportes y en los términos que se establezcan en la resolución de convocatoria, así como en las instrucciones que el órgano encargado del seguimiento le facilite, con el fin de poder realizar un seguimiento tanto de la ejecución como el resultado de las actuaciones y su impacto. En el cumplimiento de esta obligación, deberá respetarse en todo caso lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación y control del Instituto Murciano de Acción Social, de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, la Intervención General de la Administración del Estado o de sus Intervenciones delegadas, del Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida.

f) Conservar los documentos originales o bien la copia electrónica de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica; justificativa de la actuación realizada y la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamente (UE) 1303/2013.

3. Además los beneficiarios deberán cumplir cualesquiera otras obligaciones que establezca la correspondiente convocatoria o se pudieran derivar de la legislación aplicable.

subir

Artículo 24 - Seguimiento de los programas.

El seguimiento de los programas se realizará:

1. Mediante la verificación “in situ”, por parte de los técnicos del órgano instructor, de las actividades y acciones previstas en el programa.

2. A través de una Comisión de Coordinación y Seguimiento para cada uno de los programas, que estará compuesta como mínimo por los siguientes técnicos:

- Presidente/a: La Jefa de Servicio de Programas de Inclusión y Corresponsabilidad Social o persona en quien delegue.

- Secretario/a: El técnico del Servicio de Programas de Inclusión y Corresponsabilidad Social encargado del seguimiento del programa.

- Los/las técnicos designados por la Entidad que realiza el Programa.

- Los/las técnicos designados por los servicios sociales de atención primaria, del municipio o municipios de procedencia mayoritaria de los participantes en el Programa y/o de otros organismos públicos relacionados con el desarrollo del programa.

Las Comisiones de Coordinación y Seguimiento se reunirán al menos una vez por programa, generalmente a convocatoria del Secretario/a y a instancias del Presidente/a.

Al objeto de favorecer la coordinación y seguimiento de los programas que se desarrollen en una misma zona geográfica o en un mismo ámbito de actuación, se podrán celebrar comisiones que contemplen más de un programa o bien otorgar carácter de Comisión de coordinación y seguimiento a otros foros de coordinación, siempre que se encuentren representados los agentes implicados en los procesos de incorporación sociolaboral de las personas que participan en los programas.

Cuando las circunstancias así lo aconseje la Comisión de coordinación podrá realizar el seguimiento de la ejecución de un programa en varias de sus ediciones con el fin de evaluar la eficacia del mismo.

Modificados los 3 últimos párrafos del apartado 2 por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades.

subir

Artículo 25.- Justificación de las subvenciones.

1. Los beneficiarios están obligados a presentar la justificación ante la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del IMAS relativa a la aplicación de los fondos percibidos a la finalidad que sirvió de fundamento a la concesión de la subvención, en el plazo de tres meses, a contar desde la finalización del plazo fijado para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la ampliación del plazo de justificación que pudiera concederse. En el supuesto caso de que la convocatoria sea plurianual, las fechas o plazos de presentación de la justificación parcial serán establecidos en la misma.

2. El órgano responsable del seguimiento del proceso de justificación de estas subvenciones es la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, a través del Servicio de Programas de Inclusión y Corresponsabilidad Social.

3. 

Apartado suprimido por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades.

4. En el caso de convocatorias plurianuales, los gastos deberán estar referidos a la anualidad correspondiente.

5. Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas a la presentación digital, de la cuenta justificativa que contenga los siguientes documentos:

a) Una Memoria justificativa que incluirá una parte técnica de ejecución del programa subvencionado y una parte económica.

1.º) Memoria Técnica:

· Informe de evaluación del programa, según modelo publicado por el IMAS en la correspondiente convocatoria, que deberá contener todos los aspectos técnicos detallados en él y su relación directa con los justificantes de gasto aportado.

· Datos de los participantes e indicadores de seguimiento cumplimentados en el formato que se indique por el IMAS y de acuerdo a sus instrucciones.

· Relación de las actividades de información, difusión y sensibilización realizadas en el marco del programa, en los soportes que sean facilitados por el IMAS y de acuerdo a sus instrucciones, acompañada de los correspondientes soportes documentales: páginas web, folletos, carteles y similares.

2.º) Declaración responsable firmada por el representante de la entidad, en la que se manifieste que se ha realizado las comprobaciones necesarias para comprobar que los profesionales y/o voluntarios que han trabajado en contacto con menores han presentado certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 pto. 1 apartado g), en caso de que alguno de los participantes sea menor.

3.º) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá información sobre la totalidad de los gastos en que haya incurrido el beneficiario como consecuencia de la realización de la actividad subvencionada, teniendo el cuenta los distintos conceptos de gastos subvencionados comprendidos en el artículo 5 según el siguiente detalle:

· 1.º Desglose de costes globales del programa en el anexo que se publique con la convocatoria, reseñando que corresponden a la justificación.

· 2.º Certificaciones contables correspondientes a los conceptos que se determinen en convocatoria, utilizando los anexos específicos que se publiquen.

· 3.º Declaración responsable de otros ingresos referidos al programa subvencionado, según anexo que se publique en la convocatoria.

b) La documentación que se establezca en la Resolución de Convocatoria y aquella que le sea solicitada por el órgano de seguimiento del proceso de justificación de las subvenciones.

6. Todo gasto debe quedar vinculado al programa mediante documentación que justifique su relación con la ejecución de las acciones del mismo.

7. Los gastos directos de personal y los gastos de becas se justificaran conforme a lo que se establezca en la Resolución de convocatoria.

8. La entidad deberá tener reflejados todos los gastos en que se haya incurrido para el desarrollo del programa en su contabilidad, debiendo utilizar una codificación contable adecuada, o bien, una contabilidad específica del proyecto y custodiar la documentación acreditativa del gasto y pago (facturas y demás documentos con valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil y con eficacia administrativa), conforme a lo establecido en el artículo 140 del Reglamente Común.

9. Cuando la aportación económica de la Entidad al programa provenga, en todo o en parte, de la obtención de otras Subvenciones o Ayudas para la misma finalidad, la entidad habrá de presentar:

a. Documento acreditativo de la concesión, en el que conste la cuantía de la subvención/es recibida/s de otra/s entidad/es, en su caso.

b. Copia de la memoria justificativa presentada para justificar la otra subvención o Ayuda, acompañada de la acreditación de su presentación, excepto que esté claramente identificada la imputación del concepto o del trabajador en su totalidad a la citada ayuda o subvención.

10. Los importes reflejados tanto en el desglose de costes como en las certificaciones contables, que habrán de ser congruentes entre sí, vinculan al beneficiario durante la totalidad del proceso de revisión de costes a realizar por el órgano concedente, y por lo tanto no son susceptibles de modificación, sin perjuicio de que la incorrecta justificación de los importes correspondientes a costes directos de personal y becas pueda ser subsanada cuando los justificantes de gasto y pago exigibles no figuren entre la documentación inicialmente aportada o presenten defectos de orden formal, en cuyo caso se instará al beneficiario la subsanación de tales defectos.

subir

Artículo 26.- Incumplimiento, reintegro y pérdida del derecho al cobro.

La concurrencia de cualquiera de las causas de reintegro previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones dará lugar a la pérdida total o parcial del derecho al cobro de los siguientes pagos de la subvención, o a la obligación de reintegrar total o parcialmente la subvención percibida y la exigencia de los intereses de demora correspondientes.

El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el Título II de la LSCARM y de la LGS, y en el Título III de su Reglamento.

Cuando el incumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el volumen y grado de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención o de las obligaciones establecidas en las bases reguladoras y en la convocatoria.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 n) de la LGS, se establecen los siguientes criterios para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión y de los objetivos previstos, que podrán ser acumulativos:

Posibles incumplimientos Importe o porcentaje a reintegrar respecto al importe concedido
Incumplimiento del plazo de ejecución del programa

Proporcional al periodo no ejecutado

Incumplimiento total de las medidas de difusión o no atender apercibimientos relacionados con el incumplimientos de las medidas de difusión (art. 22).

1%

No sustituir al personal técnico obligatorio en el plazo de un mes (art.23.1.d)) 

1%

No comunicar las incidencias en el plazo de 15 días desde que se produzcan, aportando los anexos afectados, cuando éstas tengan carácter relevante y/o reiterado

1%

No informar a los Servicios Sociales de Atención Primaria y/o especializados del proceso de inserción de los participantes 

1%

Desviación negativa superior a un 5% en el nº de participantes atendidos respecto al mínimo exigido en convocatoria o autorizado, en su caso (desviación redondeada al entero más próximo) 

0,2% por participante no atendido

 

Incumplimiento de objetivos 

(desviación negativa redondeada al entero más próximo)

 

Importe o porcentaje a reintegrar respecto al importe concedido

Desviación superior a un 10% en el nº de participantes atendidos respecto a los previstos en el programa adaptado, cuando la previsión sea superior al mínimo exigido en convocatoria 0,1% por participante no atendido
Desviación superior a un 25% e inferior a un 35% en el cumplimiento de los resultados inmediatos previstos en el programa adaptado, (indicador CR005*), según el anexo I y II del Reglamento 1304/2013

2%

Desviación entre un 35% y un 50%, ambos inclusive, en el cumplimiento de los resultados inmediatos previstos en el programa adaptado, (indicador CR005*) según el anexo I y II del Reglamento 1304/2013  5%
Desviación superior a un 50% en el cumplimiento de los resultados inmediatos previstos en el programa adaptado, (indicador CR005*) según el anexo I y II del Reglamento 1304/2013  100%

*El indicador CR005 está referido a participantes desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación.

En el caso de incumplimiento de otras condiciones y obligaciones, su alcance será determinado en función del grado y entidad de la condición incumplida.

subir

Artículo 27.- Suspensión del pago en convocatorias plurianuales

Para aquellas subvenciones plurianuales, el pago de la distribución estimada por anualidades en la Resolución de concesión de la misma podrá verse suspendido cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

1. Pérdida, por parte de la entidad de alguno de los requisitos y/o incumplimiento de las condiciones para ser beneficiario de la subvención establecida en el Artículo 7 de la presente orden.

2. El incumplimiento, por parte de la entidad de su obligación de presentar la justificación en los términos y plazos establecidos en la presente orden o en la convocatoria.

3. EI incumplimiento, por parte de la entidad de los objetivos para los que la subvención fue concedida.

4. Falta de concordancia entre el coste del programa, el número de personas atendidas, las actividades realizadas y los objetivos obtenidos.

5. La obtención, por parte de la entidad de otra subvención destinada a la misma finalidad prevista en la resolución de concesión, que en su conjunto exceda del 100% del coste de la actividad o que sea incompatible con las subvenciones reguladas en la presente norma.

subir

Artículo 28.- Infracciones y sanciones.

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos al procedimiento y régimen sancionador que, con carácter básico, regula el Título IV, Capítulo I y otros artículos básicos de la LGS, así como a la regulación que en esta materia se recoge en el Título IV de la LSCARM.

subir

Disposición derogatoria única.

Queda derogada expresamente la siguiente disposición:

Orden de 30 de octubre de 2014 de la Consejera de Sanidad y Política Social, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración sociolaboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades, publicada en el BORM n.º 258 de 7 de noviembre de 2014.

subir

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de la su publicación en el "Boletín Oficial de la Región de Murcia".

Murcia, 29 de mayo de 2018.—La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás Olivares.

subir


Extracto de la Orden de 23 de julio de 2021, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se convocan subvenciones para la realización actividades de interés general consideradas de interés social a desarrollar por entidades del Tercer Sector de Acción Social en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto de sociedades

BORM nº 171 de 27 de julio de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Vigencia: desde el 28 de julio de 2021

Referencias

Afectada por:

Orden de 6 de agosto de 2018 de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a la realización de programas de interés general con fines sociales a desarrollar por entidades del tercer sector en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, (BORM nº 181 de 7 de agosto de 2018):

Establece las bases reguladoras.

Extracto de la Orden de 20 de diciembre de 2021, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se declara la disponibilidad de crédito para la ampliación del importe asignado en las aplicaciones presupuestarias indicadas en la Orden de 23 de julio de 2021 (BORM número 296 de 24 de diciembre de 2021):

Se incrementa el crédito disponible.

Contenido

BDNS (Identif.): 576339

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/576339)

Primero. Beneficiarios.

1. De acuerdo con el artículo 3 de las bases reguladoras, podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden las entidades que tengan la consideración de entidades del Tercer Sector en los términos previstos en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, así como Cruz Roja Española y otras entidades u organizaciones no gubernamentales, que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas al menos con dos años de antelación a la fecha de la convocatoria de subvención.

b) Estar inscritas en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante RCSS) y tener autorización para la realización de las actividades objeto de la subvención, así como los centros donde estas se realicen, de conformidad con el Decreto n. º 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos.

Las actividades objeto de los proyectos presentados y los centros donde estas se realicen, deberán estar autorizadas en dicho Registro con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de la presente subvención.

c) Carecer de fines de lucro.

d) Tener fines institucionales adecuados recogidos como tales en sus estatutos propios para la realización de las actividades consideradas subvencionables de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de esta Orden.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones, impuestas por las disposiciones vigentes.

f) Tener implantación en la Región de Murcia, contando con sede o al menos, delegación permanente en la misma.

2. En el caso en el cual la entidad solicitante y la entidad ejecutante sean distintas, ambas serán consideradas entidades beneficiarias, debiendo por tanto reunir ambas los requisitos enumerados en el punto anterior.

Cuando la entidad solicitante y ejecutante sea distintas, esta última deberá ejecutar como mínimo el 70% del proyecto.

Únicamente podrá haber una entidad ejecutante por proyecto, siendo excluidas aquellas solicitudes con 2 o más entidades ejecutantes.

3. No se entenderán incluidas dentro de la tipología de entidades y organizaciones no gubernamentales las entidades de derecho público, los partidos políticos, las universidades, las sociedades civiles, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las organizaciones empresariales y los sindicatos y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente.

4. No podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Segundo. Objeto.

1. El objeto de la presente Orden es convocar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades del Tercer Sector de Acción Social para la realización de actividades de interés general para fines sociales, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Sociedades, en el ámbito territorial de la Región de Murcia.

2. La finalidad de estas subvenciones es la realización de actividades de interés general para fines sociales, incluidas las inversiones, para cubrir las necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la atención de las personas y colectivos en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad.

Tercero. Bases reguladoras.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se rige por la Orden de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, de fecha 6 de agosto de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de Subvenciones a programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, bases reguladoras), publicada en el BORM nº 181, de 7 de agosto de 2018.

Asimismo, se regirá por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo y demás normas de derecho privado.

Cuarto. Cuantía.

1. Estas subvenciones se concederán con cargo a la consignación establecida en las partidas presupuestarias 18.04.00.313R.481.99 (proyecto presupuestario nº 44659) y 18.04.00.313R.781.99, (proyecto presupuestario nº 44660), por un importe de 8.750.000,00 euros y 250.000,00 euros respectivamente, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2021, distribuyéndose en función de la naturaleza de los proyectos propuestos para su concesión. Dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de la concesión.

2. Con anterioridad a la resolución de concesión de las subvenciones la cuantía total máxima podrá incrementarse cuando, sin necesidad de nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, la aportación finalista de la Administración General del Estado fuese superior a los créditos inicialmente fijados en la convocatoria. La cuantía adicional será igual a la diferencia entre la aportación finalista y el crédito inicial fijado en la convocatoria.

3. El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con anterioridad a la resolución de concesión.

4. Las subvenciones que se otorguen, serán concedidas hasta el límite de la consignación presupuestaria definitiva existente en cada una de las partidas citadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales establecidos en la legislación aplicable, en las Bases Reguladoras y de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

Quinto. Lugar y plazo de presentación de solicitudes

1. La presentación de la solicitud (Anexo II) que deberá ir firmada por la persona representante de la entidad previa cumplimentación, se realizará en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://sede.carm.es), que se haya habilitado a tal fin en la Guía de Procedimientos y Servicios (número de procedimiento 2448).

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Sexto. Otros datos.

Para la determinación de la cuantía individualizada de la subvención se tendrán en cuenta las características de las entidades solicitantes/ejecutantes y de los proyectos presentados.

Las subvenciones que se otorguen podrán atender total o parcialmente el importe solicitado en función del crédito disponible y del orden de prelación resultante tras la aplicación de los criterios de valoración, no pudiendo otorgarse subvención por un importe inferior al 40% de la cantidad solicitada, salvo que, tras la aplicación de este porcentaje en la distribución del crédito, el remanente a conceder no alcance dicho porcentaje respecto de las cantidades solicitadas, en cuyo caso podrá otorgarse subvención por debajo del 40 % de la cantidad solicitada siempre y cuando la Comisión de Evaluación considere que se cumplen los objetivos y finalidad de la subvención.

Asimismo, no se podrá conceder ninguna subvención por importe superior al 7% del presupuesto total establecido en las partidas presupuestarias 18.04.00.313R.481.99 (proyecto presupuestario nº 44659) y 18.04.00.313R.781.99, (proyecto presupuestario nº 44660), para proyectos de gasto corriente e inversión, respectivamente.

La duración de los proyectos presentados no podrá superar los 12 meses.

El periodo de ejecución de los proyectos comprenderá desde el 1 de enero al 31 de diciembre en de 2022.

Asimismo, la entidad deberá aportar en el proyecto una cofinanciación de, como mínimo, el 5% del importe de la subvención solicitada.

Los ejes y programas que se consideren prioritarios para su financiación con cargo a estas subvenciones son los contenidos en el Anexo I que se acompañan a esta convocatoria.

Si al proponer la concesión de subvenciones no se agotase el crédito disponible en alguna de las líneas, podrá trasladarse el crédito remanente a otra. Asimismo y con el fin de garantizar la calidad de los proyectos a subvencionar, la Comisión de Evaluación podrá establecer la puntuación mínima de corte por línea, en cuyo caso, el remanente de crédito disponible podrá ser asignado al resto de líneas.

Murcia, 23 de julio de 2021. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.


Orden de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se establecen las normas reguladoras de las ayudas económicas para personas mayores

BORM nº 124 de 31 de mayo de 2018

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

I.M.A.S.

Viegencia: desde el 1 de  junio de 2018

Contenido

Índice:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2.- Definición de las ayudas.
Artículo 3.- Requisitos generales de acceso.
Artículo 4.- Requisitos específicos de acceso.
Artículo 5.- Normas generales.
Artículo 6.- Unidad de convivencia.
Artículo 7.- Cálculo de ingresos.
Artículo 8.- Clases y cuantías máximas de las ayudas.
Artículo 9.- Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
Artículo 10.- Instrucción de los expedientes de las ayudas.
Artículo 11.- Comisión de Valoración.
Artículo 12.- Resolución.
Artículo 13.- Notificación de las resoluciones.
Artículo 14.- Recursos.
Artículo 15.- Pago de las ayudas.
Artículo 16.- Obligaciones de las personas solicitantes, beneficiarias y perceptoras.
Artículo 17.- Justificación de las ayudas.
Artículo 18.- Reintegro de las ayudas.
Artículo 19.- Alteración de las condiciones.
Artículo 20.- Régimen de incompatibilidades.
Disposición final primera. Desarrollo y aplicación.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.

TEXTO COMPLETO

Las ayudas económicas para personas mayores fueron creadas y reguladas mediante el Decreto 65/1998, de 5 de noviembre, modificado por el Decreto 84/2006, de 19 de mayo, por el que se regulaban las Ayudas, Prestaciones y Medidas de Inserción y Protección Social, que englobaban programas específicos para la inserción de las personas beneficiarias de las mismas.

Con fecha 1 de julio de 2017 entra en vigor el Decreto 163/2017, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que deroga el Decreto 65/1998, de 5 de noviembre, según lo establecido en su Disposición derogatoria única y en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición derogatoria de la referida Ley 3/2007, de 16 de marzo.

Transcurridos más de nueve años desde que se convocara por última vez esta línea de ayudas, mediante Orden de 27 de enero de 2009, de la entonces Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, permanece invariable la realidad social de aquel momento. La esperanza media de vida continúa aumentando considerablemente y las personas mayores siguen constituyendo en muchas ocasiones una imprescindible fuente de apoyo para la cobertura de necesidades básicas de sus familiares más cercanos, no contando en muchos casos con capacidad económica para hacer frente al gasto extraordinario que supone la adquisición de una ayuda técnica, o la reparación o adaptación de la que constituye su vivienda habitual.

El envejecimiento de la población constituirá en los próximos años una cuestión primordial, y el fomento de la solidaridad entre las generaciones a todos los niveles debe ser el objetivo básico para el logro de una sociedad para todas las edades.

Ante esta realidad, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha considerado prioritario retomar la regulación normativa de esta línea de ayudas dirigidas a las personas mayores de la Región de Murcia al amparo del artículo 10 punto 18 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, por el que se establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Murcia en materia de asistencia y bienestar social, y en concreto en política de la tercera edad.

El artículo 3 de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación del Instituto Murciano de Acción Social, Organismo Autónomo Regional adscrito a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, atribuye al mismo la gestión de prestaciones económicas y ayudas públicas a personas o instituciones públicas o privadas contempladas en la vigente legislación de servicios sociales.

Por otro lado, la Disposición final primera, párrafo tercero de la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, atribuye expresamente al titular de la Consejería competente en materia de asistencia y bienestar social el ejercicio de la potestad reglamentaria para el establecimiento, mediante Orden, de las normas reguladoras de la tramitación de las ayudas de carácter social concedidas por el Instituto Murciano de Acción Social.

Asimismo, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su Disposición adicional octava, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición final tercera de la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece que quedan excluidas de esta Ley de Subvenciones las ayudas concedidas por el Instituto Murciano de Acción Social, o las que en el futuro puedan sustituirlas por atender a la misma finalidad, al no tener carácter de subvención, rigiéndose por su normativa específica.

En su virtud, a propuesta de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social, oído el Consejo Asesor Regional de Personas Mayores y el Consejo Regional de Servicios Sociales, y de conformidad con lo establecido en la citada Disposición final primera, párrafo tercero de la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en la Disposición final octava de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con lo establecido en el artículo 52.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

subir

Dispongo:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Orden tiene por objeto establecer las normas reguladoras de las ayudas económicas a personas mayores en la Región de Murcia.

subir

Artículo 2.- Definición de las ayudas.

Las ayudas a las que se refiere la presente Orden son aportaciones económicas que se conceden con carácter no periódico y se otorgan por una sola vez durante el ejercicio económico a personas mayores de 65 años, que precisen reparaciones o adaptaciones en su vivienda habitual, o la adquisición de ayudas técnicas.

subir

Artículo 3.- Requisitos generales de acceso.

1. Tener 65 años cumplidos a fecha de la solicitud.

2. Ser pensionista de la Seguridad Social, en cualquiera de sus modalidades, o su cónyuge.

3. No tener acceso a otras ayudas de análoga naturaleza y para la misma finalidad a través de los servicios, públicos, privados o concertados, subvencionados en todo o en parte por cualquiera de las Administraciones Públicas.

4. Que la necesidad para la que se solicita la ayuda se haya producido durante el año natural en el que se ha publicado la correspondiente convocatoria.

5. Residir y figurar empadronado en alguno de los municipios de la Región de Murcia en la fecha de solicitud de la ayuda.

6. No superar el límite de renta per cápita correspondiente para la unidad de convivencia:

a) Para unidades de convivencia formadas por una persona, 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (en adelante IPREM) mensual vigente.

b) Para unidades de convivencia formadas por dos personas, 1,75 veces el IPREM mensual vigente.

c) Para unidades de convivencia formadas por tres o más personas, 1,25 veces el IPREM mensual vigente.

7. No disponer de bienes inmuebles sobre los que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo, o cualquier otro que implique la posibilidad de explotación o venta, cuyo valor supere el importe de seis veces la cuantía anual del IPREM vigente.

En ningún caso se tendrá en cuenta el valor de la vivienda o alojamiento que constituya la residencia habitual de la unidad de convivencia de la persona solicitante, el local comercial ni los bienes rústicos en los que se desarrolle la actividad económica principal de la unidad de convivencia.

8. No haber obtenido en el último ejercicio fiscal rendimientos de capital mobiliario por importe superior al 30% de IPREM mensual vigente.

9. Alcanzar la puntuación mínima para el acceso a estas ayudas, que será establecida por resolución de la Dirección Gerencial del IMAS y se derivará de la aplicación del baremo publicado junto a la resolución de la convocatoria, en el que se valorará la situación socio- económica de la unidad de convivencia.

10. Que el importe presupuestado de la ayuda solicitada sea igual o superior a 100 euros.

11. Que el importe resultante a conceder, tras la aplicación del porcentaje corrector que corresponda, sea igual o superior a 100 euros.

12. No haber sido beneficiario de ayudas para idéntica finalidad en los dos años anteriores, excepto cuando la situación de necesidad objeto de la solicitud sea acreditada documentalmente.

13. Haber justificado las ayudas de las que se haya sido beneficiario en los dos ejercicios inmediatamente anteriores.

14. En el supuesto de que la persona solicitante sea extranjera comunitaria, además de los requisitos y condiciones de acceso, deberá disponer del Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea y del pasaporte o documento de identidad en vigor de su país de origen.

15. En el supuesto de que la persona solicitante sea extranjera no comunitaria, además de los requisitos y condiciones de acceso, deberá disponer del permiso de residencia en vigor.

16. En el supuesto de que la persona solicitante tenga la condición de refugiada, además de los requisitos y condiciones de acceso, deberá acreditar dicha condición o que, habiéndola solicitado, reúne los requisitos para su obtención.

17. Que exista dotación presupuestaria.

subir

Artículo 4.- Requisitos específicos de acceso.

1. Para la reparación o adaptación de la vivienda habitual será preciso:

1.1 Acreditar la necesidad de la ayuda mediante informe social emitido por el/ la trabajador/a social de los servicios sociales de atención primaria correspondientes al domicilio de la persona solicitante, tras efectuar la oportuna visita domiciliaria.

1.2. Que la persona solicitante figure empadronada en la vivienda en la que se van a efectuar las obras.

1.3. Los requisitos específicos de acceso son los siguientes:

a) En el supuesto de propiedad de la vivienda será preciso acreditar la titularidad de la misma por parte de la persona solicitante o algún miembro de la unidad de convivencia.

b) En el supuesto de cesión de la vivienda, además de la titularidad, será preciso acreditar que tiene cedido el uso o disfrute de la misma por un periodo de tiempo igual o superior a cuatro años contados a partir de la fecha de solicitud, y la autorización del propietario de la vivienda para efectuar las obras.

c) En el supuesto de alquiler de la vivienda será preciso acreditar un arrendamiento prorrogable por un período igual o superior a cuatro años contados a partir de la fecha de solicitud, y la autorización del propietario de la vivienda para efectuar las obras.

2. Para las ayudas técnicas será preciso acreditar la necesidad de la ayuda mediante informe médico.

subir

Artículo 5.- Normas generales.

1. El falseamiento u ocultación de los datos declarados por la persona solicitante dará lugar a la denegación de la ayuda solicitada, aún cuando ésta reuniera los requisitos para su concesión.

2. No procederá el reconocimiento del derecho a la prestación solicitada cuando se produzca el fallecimiento de la persona solicitante con anterioridad a la fecha de resolución de la solicitud.

3. En todo caso, las ayudas se concederán en función de los créditos disponibles en el IMAS para estas atenciones. Por ello, no bastará para recibir la ayuda con que la persona solicitante reúna las condiciones y requisitos anteriormente señalados, sino que será necesario, además, que su solicitud pueda ser atendida teniendo en cuenta las dotaciones presupuestarias existentes.

Si debido a las limitaciones presupuestarias no fuese posible conceder todas las ayudas que cumplan requisitos, el orden de prelación vendrá determinado por riguroso orden de entrada de las solicitudes completas en el Registro del órgano competente para resolver, hasta agotar el crédito disponible.

4. En caso de solicitar ayuda económica para personas mayores y ayuda individualizada a personas con discapacidad para el mismo concepto, se valorará la solicitud que haya sido presentada en primer lugar en el registro del órgano competente para resolver, procediéndose a la denegación directa de la segunda solicitud.

subir

Artículo 6.- Unidad de convivencia.

1. Se considerará unidad de convivencia, a los efectos de esta Orden, a la persona solicitante y, en su caso, a quienes convivan con ella en una misma vivienda o alojamiento, ya sea por unión matrimonial, unión de hecho asimilable o pareja con relación de afectividad, por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, y por adopción, tutela o acogimiento familiar. Quedan excluidos de la noción de alojamiento los establecimientos colectivos de estancia permanente, sean públicos, concertados o contratados.

2. Cuando en un mismo marco físico de alojamiento convivan personas unidas con el grado de parentesco indicado, que tengan a su cargo hijos menores de edad, menores tutelados o en régimen de acogimiento familiar, se considerará que constituyen otra unidad de convivencia independiente.

subir

Artículo 7.- Cálculo de ingresos.

1. El cálculo de los ingresos de la unidad de convivencia se realizará teniendo en cuenta los rendimientos brutos obtenidos durante el último ejercicio fiscal, siempre que no se hayan producido variaciones al respecto o la Administración no pueda acceder, de oficio, a información más actualizada.

2. En el cálculo de los ingresos de la unidad de convivencia no se computarán:

a) Asignación económica por hijo o menor a cargo.

b) Prestaciones económicas del Sistema Murciano de Atención a la Dependencia.

c) Subsidio por ayuda de tercera persona.

d) Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.

e) Complemento de gran invalidez.

f) Complemento por necesidad de concurso de tercera persona de la pensión no contributiva de invalidez.

g) En el caso de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad igual o superior al 75% y con necesidad de concurso de otra persona, se descontará el importe equivalente al complemento de la pensión no contributiva de invalidez, por este concepto.

h) Las becas procedentes de actividades de formación.

i) Las ayudas de emergencia social.

j) Otras ayudas de carácter finalista que no estén enumeradas en los apartados anteriores.

k) Los importes abonados en concepto de pensiones alimenticias o compensatorias a personas ajenas a la unidad de convivencia, siempre que exista obligación legal de abonarlas y se acredite documentalmente que se está cumpliendo con dicha obligación.

subir

Artículo 8.- Clases y cuantías máximas de las ayudas.

1. Las clases y cuantías máximas que podrán alcanzar estas ayudas serán las que se determinen en la correspondiente resolución de convocatoria. En función de la dotación presupuestaria disponible, podrán convocarse ayudas para los siguientes conceptos:

1.1. Reparación de la vivienda habitual.

1.2. Adaptación de la vivienda habitual.

1.3. Ayudas técnicas:

1.3.1 Tratamiento bucodental.

1.3.2 Audífonos.

1.3.3 Gafas.

1.3.4 Lentes.

2. En caso de que se solicite ayuda para varios conceptos, únicamente se concederá ayuda para uno de ellos por solicitante y convocatoria. El orden de prioridad será el que expresamente manifieste el interesado en la solicitud de la ayuda. En caso de no indicarse, se priorizará el concepto para el que pudiese concederse un mayor importe, y si ambos importes fueran idénticos, se seguirá el orden de prelación que figure en el modelo normalizado de solicitud.

3. La cuantía máxima a conceder será de 3.000 euros.

subir

Artículo 9.- Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.

1. El plazo de solicitud de las ayudas se iniciará mediante convocatoria pública adoptada por el órgano competente para su concesión y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

2. La solicitud de ayuda se formulará por la persona solicitante o su representante, directamente o a través de los servicios sociales de atención primaria, y se formalizará, necesariamente en el modelo normalizado y de uso obligatorio, que será publicado junto a la resolución de convocatoria de las ayudas, acompañada de la documentación que en dicho modelo se indique. Podrá presentarse preferentemente en el Registro General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante CARM), siendo válida, además, la utilización de cualquiera de los medios o procedimientos que al respecto se establecen en la legislación reguladora del procedimiento administrativo.

3. En caso de solicitar ayuda para reparación o adaptación de la vivienda, el/la trabajador/a social de los servicios sociales de atención primaria correspondientes al domicilio de la persona solicitante, deberá elaborar el informe social que acredite la necesidad de la ayuda tras efectuar la oportuna visita domiciliaria.

4. La presentación de la solicitud conllevará la autorización de la persona solicitante o su representante para que el órgano competente obtenga de forma directa la documentación acreditativa de las circunstancias previstas en los artículos 3 al 7, ambos inclusive, de la presente Orden, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso, la persona solicitante no deberá aportar la correspondiente documentación.

No obstante, la persona solicitante, o su representante podrán oponerse expresamente a la consulta, debiendo aportar en tal caso los documentos cuya consulta no autoricen.

La información obtenida será utilizada por la administración exclusivamente para comprobar la concurrencia de requisitos, controlar la aplicación de los fondos públicos y el cumplimiento de las obligaciones de la persona beneficiaria, y realizar el seguimiento de las acciones, dentro de las competencias que tiene legalmente atribuidas.

5. Una vez recibida la solicitud se requerirá a la persona solicitante o representante, en su caso, para que proceda a la subsanación de los defectos que en ella o en su documentación aneja se observe, apercibiéndole de que si así no lo hiciere en el plazo de diez días, se le tendrá por desistida de su solicitud, de conformidad con lo establecido en legislación reguladora del procedimiento administrativo. Asimismo, se podrán recabar de otros organismos cuantos informes resulten imprescindibles para resolver.

subir

Artículo 10.- Instrucción de los expedientes de las ayudas.

2. La competencia para la instrucción de los expedientes de estas ayudas corresponde al Servicio de Prestaciones Económicas de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del IMAS.

3. Una vez examinada la documentación obrante en el expediente, cuando existan dudas o discrepancias, el órgano gestor podrá solicitar los documentos indispensables para dictar resolución, pudiendo disponer que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos aportados. En el supuesto de inactividad de la persona solicitante en el cumplimiento de trámites será de aplicación lo preceptuado en la legislación reguladora del procedimiento administrativo.

subir

Artículo 11.- Comisión de Valoración.

1. Para la concesión de las ayudas se constituirá un órgano colegiado, que estará integrado por:

. Presidente/a: Jefe/a del Servicio de Prestaciones Económicas.

. Vocales:

- Jefe/a de Sección de Gestión de Prestaciones Económicas.

- Dos técnicos designados por la persona titular de dicho Servicio.

. Secretario/a: un/a funcionario/a designado por la Dirección Gerencial del IMAS, con voz pero sin voto.

2. La Comisión de Valoración, a la vista del número de solicitudes presentadas y de la dotación presupuestaria existente, elaborará los informes que procedan sobre los criterios de prioridad en orden a la concesión de las mismas, la puntuación mínima de baremo exigible para acceder a las ayudas y los porcentajes correctores que correspondan si fuera necesario.

3. La Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, a la vista de dichos informes, elevará la correspondiente propuesta a la Dirección Gerencial del IMAS, quien dictará la oportuna resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

subir

Artículo 12.- Resolución.

1. Instruidos los expedientes, examinada su documentación y valoradas las solicitudes de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, el órgano instructor elevará a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión el oportuno informe propuesta de concesión o denegación.

2. Si la propuesta fuera favorable a la concesión de la ayuda, la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión formulará propuesta de resolución de concesión a la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social.

3. Si la propuesta fuera desfavorable, la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión dictará resolución denegatoria de la ayuda.

4. La Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social, previa fiscalización favorable de la Intervención Delegada de los expedientes con propuesta de concesión, resolverá motivadamente las solicitudes formuladas.

5. La cuantía, finalidad y forma de pago de las ayudas serán las que se determinen expresamente en la resolución de concesión.

subir

Artículo 13.- Notificación de las resoluciones.

1. La resolución adoptada será notificada a la persona solicitante, o en su caso, a su representante, de acuerdo con lo previsto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo. Asimismo, dicha resolución será notificada, en su caso, a la persona física o entidad colaboradora perceptora de la misma.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses a contar desde la fecha en que las solicitudes hayan tenido entrada en el Registro General de la CARM.

3. Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar contemplado en el párrafo anterior sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo establecido en la legislación reguladora del procedimiento administrativo.

subir

Artículo 14.- Recursos.

Contra la resolución que finalice el procedimiento, se podrá interponer recurso de alzada ante el/la titular de la Presidencia del IMAS en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación.

subir

Artículo 15.- Pago de las ayudas.

1. La ayuda reconocida se abonará a la persona beneficiaria directamente, o a través de la persona/ entidad perceptora designada en la solicitud, en un pago único mediante transferencia bancaria.

2. Podrá ser perceptora:

2.1. La persona solicitante.

2.2. El/la representante de la persona mayor.

2.3. La persona física o entidad colaboradora (Ayuntamiento, Fundación y Asociación sin fin de lucro) designada por la Dirección Gerencial del IMAS, al objeto de garantizar la adecuada utilización del importe de la ayuda concedida a la persona beneficiaria.

subir

Artículo 16.- Obligaciones de las personas solicitantes, beneficiarias y perceptoras.

1. La persona solicitante de la ayuda estará obligada a comunicar al órgano instructor cualquier variación que se produzca en la composición familiar, recursos propios, domicilio, o cualquier otra circunstancia que afectase a alguno de los requisitos exigidos para la concesión, durante la tramitación del expediente, en el plazo de 15 días, así como informar de la obtención de ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier administración pública, o ente público o privado. Igual obligación existirá ante cualquier eventualidad que altere, dificulte o impida la ejecución de la obra o del servicio o la adquisición del artículo solicitado.

2. La persona beneficiaria, y en su caso la perceptora, estará obligada, además de lo establecido en el párrafo anterior a:

2.1. Aplicar las cantidades recibidas a los fines para los que la ayuda fue concedida.

2.2. Justificar documentalmente la aplicación de los fondos recibidos.

2.3. Reintegrar los importes concedidos cuando no se apliquen a los fines para los que se otorgaron.

2.4. Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto a la gestión pueda efectuar la Intervención General de la Comunidad Autónoma y el Tribunal de Cuentas.

2.5. Comunicar a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del IMAS todas aquellas eventualidades acontecidas que puedan modificar la situación de urgencia y necesidad de la persona beneficiaria.

subir

Artículo 17.- Justificación de las ayudas.

1. La persona beneficiaria, o en su caso la persona o entidad perceptora, estará obligada a presentar ante la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del IMAS, en los tres meses siguientes a la concesión de las ayudas, las facturas correspondientes a los gastos realizados con cargo a los fondos concedidos.

2. En todo caso la justificación de las ayudas vendrá referida siempre al presupuesto presentado en la solicitud, de forma que no será suficiente presentar facturas por el importe total percibido, sino por el importe total presupuestado, o al menos por el importe máximo establecido para cada tipo de ayuda en la resolución de convocatoria, cuando éste sea inferior al presupuestado.

3. La justificación deberá referirse siempre a la utilización de la ayuda en la realización de las acciones o adquisiciones para las que aquélla se hubiere concedido, no siendo posible modificar dichos conceptos salvo en aquellos casos en los que, habiéndose producido cambios en la situación o circunstancias de la persona beneficiaria, así se acuerde mediante resolución expresa por la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del IMAS, a través de la unidad competente, a propuesta de los centros de servicios sociales de atención primaria.

4. Se entenderá justificada la ayuda cuando el importe total de las facturas se corresponda con la cuantía total a justificar reconocida en la resolución de concesión, según lo establecido en el párrafo dos de este artículo, siempre que se hayan adquirido todos los bienes o servicios para los que se concedió dicha ayuda.

subir

Artículo 18.- Reintegro de las ayudas.

1. Serán causas de reintegro de las ayudas:

1.1. Incumplimiento de la obligación de justificación del gasto en el plazo adecuado o justificación insuficiente.

1.2. Obtención de la ayuda sin reunir las condiciones y requisitos exigidos para ello.

1.3. Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.

1.4. Falsedad en los datos o documentos aportados por los solicitantes.

1.5. Obtención de la ayuda con cargo a otros créditos de los presupuestos de la Comunidad Autónoma o de otras administraciones públicas.

2. La obligación de reintegrar estas ayudas llevará aparejada la de abonar el importe correspondiente al interés legal del dinero, desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro mediante la oportuna declaración, sin perjuicio de otras actuaciones que en derecho procedan.

subir

Artículo 19.- Alteración de las condiciones.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas para idéntica finalidad, otorgadas por otras administraciones o entes públicos, privados o concertados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

subir

Artículo 20.- Régimen de incompatibilidades.

Las ayudas reguladas en la presente orden son incompatibles con cualesquiera otras ayudas que se puedan conceder para idénticos conceptos por cualquier otra administración pública.

subir

Disposición final primera. Desarrollo y aplicación.

Se faculta a la Dirección Gerencial del IMAS para dictar las instrucciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Orden.

subir

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 28 de mayo de 2018.—La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás Olivares.

subir


Resolución de 15 de junio de 2021, del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se convocan las ayudas económicas para personas mayores para el ejercicio 2021

Referencias

Afectada por:

Orden de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se establecen las normas reguladoras de las ayudas económicas para personas mayores. (BORM número 124 de 31 de mayo de 2018)

Se establecen las bases reguladoras.

Resolución de la Dirección Gerencial del IMAS sobre concesión de ayudas económicas para personas mayores para el ejercicio 2021 (BORM número 288 de 15 de diciembre de 2021):

Resolución de la convocatoria:

"1. Finalizar la valoración de las ayudas económicas para personas mayores de la convocatoria de 2021, dado que instruida la totalidad las solicitudes presentadas en plazo y la documentación recibida a fecha de 03/12/2021, la demanda supera la dotación presupuestaria inicial de 500.000 euros.

2. Se propone la puntuación mínima de 1 punto en Baremo para acceder a las ayudas económicas para personas mayores en la convocatoria de 2021, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.9 de la Orden reguladora, concediéndose la cuantía máxima establecida para cada uno de los conceptos incluidos en el artículo 6 de la Resolución de 15 de junio de 2021, del Director Gerente del IMAS, o el importe solicitado, cuando éste sea inferior.

3. Se propone denegar por falta de dotación presupuestaria, todos los expedientes completados con posterioridad al 07/12/2021."

Contenido

Índice:

Artículo 1.- Objeto y régimen jurídico.
Artículo 2.- Finalidad.
Artículo 3.- Crédito presupuestario.
Artículo 4.- Requisitos, condiciones y criterios de valoración.
Artículo 5.- Acreditación de requisitos.
Artículo 6.- Clases y cuantías máximas de las ayudas.
Artículo 7.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Artículo 8.- Órgano competente para la instrucción.
Artículo 9.- Órgano competente para la resolución.
Artículo 10.- Plazo de resolución y notificación de las resoluciones.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.

Anexos
Anexo I. Baremo a aplicar a las solicitudes de ayudas económicas para personas mayores.
Anexo II. Solicitud.

TEXTO COMPLETO

Mediante Orden de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (B.O.R.M. n.º 124 de 31 de mayo de 2018) se establecen las normas reguladoras de las ayudas económicas para personas mayores.

El artículo 9, apartado 1, de la citada Orden dispone que el plazo de solicitud de las ayudas se iniciará de oficio, mediante convocatoria pública, adoptada por el órgano competente para su concesión y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

La Orden de 21 de diciembre de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020 durante el ejercicio 2021, consigna en el Programa 314C, clasificación orgánica 51.04.00, concepto 481.01, una partida económica con destino a la protección de las personas mayores a través de las ayudas económicas para personas mayores.

Para dar efectividad a la finalidad expuesta, mediante la ejecución de los créditos disponibles, y en garantía de los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, a propuesta de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3 de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación del Instituto Murciano de Acción Social, en relación con el artículo 9.1 b) del Decreto 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social

subir

Resuelvo:

Aprobar la convocatoria de las ayudas económicas para personas mayores para el año 2021, en los términos que siguen:

Artículo 1.- Objeto y régimen jurídico.

1. Es objeto de la presente Resolución convocar las ayudas económicas para personas mayores destinadas a la adquisición de ayudas técnicas, de conformidad con lo establecido en la Orden de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (B.O.R.M. n.º 124 de 31 de mayo de 2018), por la que se establecen las normas reguladoras de las citadas ayudas.

2. Esta convocatoria se regirá por lo establecido en la presente Resolución y en la Orden citada en el punto anterior, así como por las restantes normas de derecho administrativo que sean de aplicación, y en su defecto por las normas de derecho privado.

subir

Artículo 2.- Finalidad.

La finalidad de esta convocatoria es la tramitación de las ayudas económicas a personas mayores de 65 años que residan y figuren empadronadas en la Región de Murcia y precisen la adquisición de ayudas técnicas.

subir

Artículo 3.- Crédito presupuestario.

1. Estas ayudas serán financiadas con cargo al Programa 314C, clasificación orgánica 51.04.00 concepto 481.01. Proyecto de gasto 45.906 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2021, por importe total de 500.000€.

2. No obstante, y previas las oportunas modificaciones presupuestarias, podrán utilizarse créditos excedentes en partidas del presupuesto del Instituto Murciano de Acción Social, u otras aportaciones de Administraciones Públicas, para incrementar dicha cuantía, dándole la oportuna publicidad, sin que ello suponga la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

3. La cuantía máxima estimada en que se podrá incrementar la inicial es de 1.000.000 €.

4. En caso de que no se agote el crédito previsto para esta ayuda el excedente podrá destinarse a financiar otro tipo de ayudas sociales competencia del Instituto Murciano de Acción Social.

subir

Artículo 4.- Requisitos, condiciones y criterios de valoración.

1. Para ser beneficiarias de estas ayudas, las personas solicitantes deberán reunir los requisitos y condiciones establecidas en los artículos 3 al 5 de la Orden de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se establecen las normas reguladoras de las ayudas económicas para personas mayores.

2. Para la valoración de la situación socio-económica de la unidad de convivencia se aplicará el baremo publicado en la presente Resolución como anexo I.

3. En el supuesto de que la persona solicitante esté ingresada en un centro residencial, pero no esté empadronada en dicha residencia, se computará junto a los miembros de su unidad familiar con los que figure empadronada.

subir

Artículo 5.- Acreditación de requisitos.

Los requisitos se acreditarán mediante la documentación exigida en el modelo normalizado de solicitud que figura como anexo II.

subir

Artículo 6.- Clases y cuantías máximas de las ayudas.

Los conceptos objeto de esta convocatoria y sus cuantías máximas son las siguientes:

- Tratamiento bucodental: hasta 1.500€

- Audífonos (máximo 2 unidades): hasta 3.000€

- Gafas (máximo 1 unidad): hasta 300 €

subir

Artículo 7.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de ayuda se formularán en el modelo normalizado que figura como anexo II a la presente Resolución, acompañadas de la documentación que se indica en el mismo.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

subir

Artículo 8.- Órgano competente para la instrucción.

La competencia para la instrucción de los expedientes de estas ayudas corresponde al Servicio de Prestaciones Económicas de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social.

subir

Artículo 9.- Órgano competente para la resolución.

1. Instruidos los expedientes, examinada su documentación y valoradas las solicitudes de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, el órgano instructor elevará a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión el oportuno informe propuesta de concesión o denegación.

2. Si la propuesta fuera favorable a la concesión de la ayuda, la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión formulará propuesta de resolución de concesión a la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social.

3. Si la propuesta fuera desfavorable, la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión dictará resolución denegatoria de la solicitud.

subir

Artículo 10.- Plazo de resolución y notificación de las resoluciones.

1. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar contemplado en el párrafo anterior sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo establecido en la legislación reguladora del procedimiento administrativo.

subir

Disposición final única. Eficacia y publicidad.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 15 de junio de 2021. El Director Gerente del IMAS, Raúl Nortes Ortín.

subir


Resolución del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se determina el importe de las plazas concertadas al amparo del Decreto 10/2018, de 14 de febrero, una vez aplicado el incremento previsto en la Ley 5/2021, de 22 de noviembre, de incremento del importe de las plazas en los conciertos sociales del sector de personas con discapacidad

BORM número 281 de 4 de diciembre de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Instituto Murciano de Acción Social

Contenido

Tal y como se indica en el Preámbulo de la Ley 5/2021, de 22 de noviembre, de incremento del importe de las plazas en los conciertos sociales del sector de personas con discapacidad, las personas con discapacidad usuarias de los servicios sociales especializados presentan necesidades específicas derivadas de su situación de discapacidad, que se han visto agudizadas por las medidas impuestas por la pandemia. Ello hace que resulte necesario reforzar la calidad de la atención de las personas con discapacidad, asegurando una financiación adecuada y suficiente vinculada a tal objetivo.

El Decreto n.º 10/2018, de 14 de febrero (BORM número 111, de 15 de mayo de 2020), por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia en los servicios sociales especializados en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad, en su artículo 10 determina que el importe a pagar por plaza ocupada en la Administración de la Región de Murcia se determinará por orden de la consejería competente en materia de Servicios Sociales en el caso de centros competencia de la misma, o por resolución de su director en el caso de organismos públicos adscritos con competencias en la materia. Asimismo, el artículo 18 establece que los conciertos sociales podrán ser objeto de revisión y, en su caso, de modificación cuando varíen las circunstancias iniciales de su suscripción, con el fin de adecuar las condiciones económicas y las prestaciones asistenciales a las nuevas necesidades.

Con base en lo expuesto, mediante Resolución de la entonces Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social (BORM número 111 de 15 de mayo de 2020) se determina el importe de las plazas concertadas al amparo del Decreto 10/2018, de 14 de febrero, una vez aplicado el incremento previsto en la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para 2020. Dichos importes son los actualmente vigentes.

Sentado lo anterior, la meritada Ley 5/2021, de 22 de noviembre, establece en su artículo único un nuevo “Incremento del importe de las plazas en los conciertos sociales del sector de personas con discapacidad”, que: “Con efectos de 1 de enero de 2021 se incrementará en un 3,25% los conciertos en los servicios sociales especializados en el sector de personas con discapacidad”.

Por todo lo expuesto, vista la Propuesta de la Dirección General de Personas con Discapacidad, y en virtud de las atribuciones conferidas a la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) por la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano de Acción Social, por el artículo 9 del Decreto 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social, y por el artículo 14.2 del Decreto 10/2018, de 14 febrero,

Resuelvo:

Primero: Establecer que, el importe de las distintas plazas y anualidades correspondientes a los conciertos sociales de Servicio de Centro de Día, Servicio de Atención Residencial y Servicio de Promoción de la Autonomía Personal del sector de personas con discapacidad, una vez aplicado el nuevo incremento que viene establecido en el artículo único. de la Ley 5/2021, de 22 de noviembre, de incremento del importe de las plazas en los conciertos sociales del sector de personas con discapacidad, será el siguiente:

A) Servicio de centro de día

1) Servicios especializados para personas con discapacidad intelectual, física, trastorno mental grave y trastorno del espectro autista:

 

B) Servicio de promoción de la autonomía personal

1) Servicios especializados en régimen de atención diurna para personas con discapacidad intelectual:

 

2) Servicios especializados en la modalidad de vivienda de estancia limitada para personas con discapacidad intelectual:

 

C) Servicio de atención residencial

1) Servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, en la modalidad de vivienda tutelada:

 

2) Servicios especializados para personas con discapacidad intelectual:

 

3) Servicios especializados para personas con discapacidad física:

 

4) Servicios especializados para personas con trastornos del espectro autista:

 

5) Servicios especializados para personas con trastorno mental grave:

 

Segundo: Que se proceda a la publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Murcia, 1 de diciembre de 2021. El Director Gerente del IMAS, Raúl Nortes Ortín.

Resolución de 15 de junio de 2021, del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se convocan las ayudas individualizadas a personas con discapacidad para el ejercicio 2021

Referencias

Afectada por:

Orden de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se establecen las normas reguladoras de las ayudas individualizadas a personas con discapacidad. (BORM 124 de 31 de mayo de 2018)

Se establecen las bases reguladoras.

Resolución de la Dirección Gerencial del IMAS sobre concesión de ayudas individualizadas a personas con discapacidad para el ejercicio 2021 (BORM número 280 de 3 de diciembre de 2021):

"Resuelvo:

1. Finalizar la valoración de las ayudas individualizadas a personas con discapacidad de la convocatoria de 2021, dado que instruidos los expedientes presentados a fecha de 14/07/2021 la demanda supera la dotación presupuestaria inicial de 500.000 euros.

2. Establecer la puntuación mínima de 11 puntos en Baremo para acceder a las ayudas individualizadas a personas con discapacidad en la convocatoria de 2021, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.9 de la Orden reguladora, concediéndose la cuantía máxima establecida para cada uno de los conceptos incluidos en el artículo 6 de la Resolución de 15 de junio de 2021, del Director Gerente del IMAS, o el importe solicitado, cuando éste sea inferior.

3. Denegar por falta de dotación presupuestaria, todos los expedientes que han sido presentados con posterioridad al 14/07/2021, así como las solicitudes incompletas presentadas entre el 22/06/2021 y el 14/07/2021."

Contenido

Índice:

Artículo 1.- Objeto y régimen jurídico.
Artículo 2.- Finalidad.
Artículo 3.- Crédito presupuestario.
Artículo 4.- Requisitos, condiciones y criterios de valoración.
Artículo 5.- Acreditación de requisitos.
Artículo 6.- Clases y cuantías máximas de las ayudas.
Artículo 7.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Artículo 8.- Órgano competente para la instrucción.
Artículo 9.- Órgano competente para la resolución.
Artículo 10.- Plazo de resolución y notificación de las resoluciones.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.

TEXTO COMPLETO

Mediante Orden de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (BORM n.º 124 de 31 de mayo de 2018) se establecen las normas reguladoras de las ayudas individualizadas a personas con discapacidad.

El artículo 9, apartado 1, de la citada Orden dispone que el plazo de solicitud de las ayudas se iniciará mediante convocatoria pública, adoptada por el órgano competente para su concesión y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

La Orden de 21 de diciembre de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, durante el ejercicio 2021, consigna en el Programa 314C, clasificación orgánica 51.04.00, concepto 481.01, una partida económica con destino a la protección de las personas discapacitadas a través de las ayudas individualizadas a personas con discapacidad.

Para dar efectividad a la finalidad expuesta, mediante la ejecución de los créditos disponibles, y en garantía de los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, a propuesta de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3 de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación del Instituto Murciano de Acción Social, en relación con el artículo 9.1 b) del Decreto 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social

subir

Resuelvo:

Aprobar la convocatoria de las ayudas individualizadas a personas con discapacidad para el año 2021, en los términos que siguen:

Artículo 1.- Objeto y régimen jurídico.

1. Es objeto de la presente Resolución convocar las ayudas individualizadas a personas con discapacidad, de conformidad con lo establecido en la Orden de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (BORM n.º 124 de 31 de mayo de 2018), por la que se establecen las normas reguladoras de las citadas ayudas.

2. Esta convocatoria se regirá por lo establecido en la presente Resolución y en la Orden citada en el punto anterior, así como por las restantes normas de derecho administrativo que sean de aplicación, y en su defecto por las normas de derecho privado.

subir

Artículo 2.- Finalidad.

La finalidad de esta convocatoria es la tramitación de las ayudas individualizadas a personas con discapacidad en la Región de Murcia, transferencias económicas que se conceden con carácter no periódico y se otorgan por una sola vez durante el ejercicio económico, a personas afectadas por una discapacidad en grado igual o superior al 33%, que precisen la adquisición de instrumentos o ayudas especializadas, así como la eliminación de barreras arquitectónicas, como medidas recuperadoras de la discapacidad presentada.

subir

Artículo 3.- Crédito presupuestario.

1. Estas ayudas serán financiadas con cargo al Programa 314C, clasificación orgánica 51.04.00 concepto 481.01. Proyecto de gasto 20.587 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2021, por importe total de 500.000 €.

2. No obstante, y previas las oportunas modificaciones presupuestarias, podrán utilizarse créditos excedentes en partidas del presupuesto del Instituto Murciano de Acción Social, u otras aportaciones de Administraciones Públicas, para incrementar dicha cuantía, dándole la oportuna publicidad, sin que ello suponga la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

3. La cuantía máxima estimada en que se podrá incrementar la inicial es de 1.000.000 €.

4. En caso de que no se agote el crédito previsto para esta ayuda, el excedente podrá destinarse a financiar otro tipo de ayudas sociales competencia del Instituto Murciano de Acción Social.

subir

Artículo 4.- Requisitos, condiciones y criterios de valoración.

1. Para ser beneficiarias de estas ayudas, las personas solicitantes deberán reunir los requisitos y condiciones establecidas en los artículos 3 al 7 de la Orden 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se establecen las normas reguladoras de estas ayudas.

2. Para la valoración de la situación socio-económica de la unidad de convivencia se aplicará el baremo publicado en la presente Resolución como anexo I.

3. En el supuesto de que la persona solicitante esté ingresada en un centro residencial, pero no esté empadronada en dicha residencia, se computará junto a los miembros de su unidad familiar con los que figure empadronada.

subir

Artículo 5.- Acreditación de requisitos.

Los requisitos se acreditarán mediante la documentación exigida en el modelo normalizado de solicitud que figura como anexo II.

subir

Artículo 6.- Clases y cuantías máximas de las ayudas.

Los conceptos objeto de esta convocatoria y sus cuantías máximas son las siguientes:

• Eliminación de barreras arquitectónicas:

- Cambio de bañera por pie de ducha hasta 1.500 €

- Ampliación de puertas hasta 1.500 €

- Rampa hasta 1.000 €

- Instalación ascensor/salvaescaleras hasta 3.000 €

• Tratamiento bucodental: hasta 2.000 €

• Audífonos (máximo 2 unidades): hasta 3.000 €

• Grúa eléctrica hasta 1.200 €

• Cama eléctrica/ articulada completa (incluye somier articulado, colchón articulado y barandillas): hasta 1.100 €

• Gafas (1 unidad): hasta 300 €

subir

Artículo 7.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de ayuda se formularán en el modelo normalizado que figura como anexo II a la presente Resolución, acompañadas de la documentación que se indica en el mismo.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

subir

Artículo 8.- Órgano competente para la instrucción.

La competencia para la instrucción de los expedientes de estas ayudas corresponde al Servicio de Prestaciones Económicas de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social.

subir

Artículo 9.- Órgano competente para la resolución.

1. Instruidos los expedientes, examinada su documentación y valoradas las solicitudes de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, el órgano instructor elevará a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión el oportuno informe propuesta de concesión o denegación.

2. Si la propuesta fuera favorable a la concesión de la ayuda, la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión formulará propuesta de resolución de concesión a la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social.

3. Si la propuesta fuera desfavorable, la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión dictará resolución denegatoria de la solicitud.

subir

Artículo 10.- Plazo de resolución y notificación de las resoluciones.

1. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar contemplado en el párrafo anterior sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo establecido en la legislación reguladora del procedimiento administrativo.

subir

Disposición final única. Eficacia y publicidad.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 15 de junio de 2021. El Director Gerente del IMAS, Raúl Nortes Ortín.

subir


®Copyright Región de Murcia. Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Todos los derechos reservados.