Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Contrato Programa para 2021 entre la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y el Instituto Murciano de Acción Social

Contenido

Índice:

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Partes intervinientes
Uno. Marco legal
Dos: Los Contratos Programa como instrumento de control de la gestión en el sector público

CLAÚSULAS

Primera.Competencias de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y del Instituto Murciano de Acción Social en el marco del presente Contrato Programa
Segunda.Obligaciones del IMAS
Tercera.- Derechos del IMAS
Cuarta.- Plan Anual de Actuación y Planificación Estratégica
Quinta.- Financiación
Sexta.- Publicación del contrato-programa, seguimiento y control de cumplimiento de objetivos

ANEXOS (Ver archivos relacionados)
Anexo I. Plan anual de actuación y planificación estratégica 2021.
Anexo II. Resumen de costes y financiación por líneas de actuación.
Anexo III. Líneas de actuación: Memorias económicas.

TEXTO COMPLETO

La disposición adicional sexta de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, introducida por el art. 7 de la Ley 3/2012, de 24 de mayo, de medidas urgentes para el reequilibrio presupuestario, dispone que anualmente deberá suscribirse un contrato programa entre cada consejería y los entes del sector público que a ella estén adscritos, para determinar los objetivos a alcanzar y los recursos que se ponen a su disposición, con expresión de indicadores que permitan medir su grado de consecución.

A su vez, la disposición adicional trigésima quinta de la Ley 1/2021, de 23 de junio, de Presupuestos Generales de la CARM, dispone que durante el año 2021 las entidades dependientes o vinculadas a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, deberán relacionarse con ella, a través de la consejería de la que dependan, mediante la suscripción de un contrato-programa en el que se concreten, entre otros aspectos, los objetivos que se asignen, así como las estrategias y su correspondiente financiación. El control de su cumplimiento corresponderá a la Consejería que lo haya suscrito, sin perjuicio del que pueda ejercer la Consejería de Hacienda.

En cumplimiento de dichos preceptos, el 28 de julio de 2021, se ha suscrito el Contrato Programa para 2021 entre la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y el Instituto Murciano de Acción Social, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el Portal de Transparencia de la CARM.

Resuelvo:

Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el Contrato Programa para 2021 entre la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y el Instituto Murciano de Acción Social, que se anexa a esta Resolución.

En Murcia, a 5 de agosto de 2021. La Secretaria General, María Raquel Cancela Fernández.

Contrato Programa para el ejercicio 2021 entre la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y el Instituto Murciano de Acción Social

Partes intervinientes.

De una parte, la Excma. Sra. Doña Isabel Franco Sánchez, en representación de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, en virtud de su nombramiento efectuado por Decreto de la Presidencia n.º 31/2019, de 31 de julio.

De otra parte, en representación del Organismo Autónomo, Instituto Murciano de Acción Social, (en adelante IMAS), el Director Gerente, Don Raúl Nortes Ortín, en virtud de su nombramiento efectuado por Decreto nº 65/2021, de 9 de abril, y de lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación del Instituto Murciano de Acción Social.

Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con las que actúan, para suscribir el presente Contrato-Programa, y a tal efecto

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Manifiestan

Uno: Marco legal

La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la CARM, modificada por la Ley 3/2012, de 24 de mayo, de medidas urgentes para el reequilibrio presupuestario, establece en su Disposición Adicional Sexta (Medidas de control de los entes instrumentales), apartado 2 (Contrato Programa), que, anualmente, deberá suscribirse un contrato programa entre cada Consejería y los entes del sector público que a ella estén adscritos, para determinar los:

• Objetivos a alcanzar

• Los recursos que se ponen a su disposición

• Los Indicadores que permitan medir su grado de consecución

La Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional, en su artículo 14, atribuye a la Consejería competente en materia de Hacienda la facultad de dictar instrucciones de obligado cumplimiento, con carácter particular o general, para los entes a los que resultan de aplicación lo previsto en el Título III de la ley, en las materias objeto de su competencia, y en particular sobre los contratos programa a suscribir con la Consejería a la que estén adscritos.

La Disposición adicional trigésima quinta de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2021 establece que “durante el año 2021 las entidades dependientes o vinculadas a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deberán relacionarse con ella, a través de la consejería de la que dependan, mediante la suscripción de un contrato-programa en el que se concreten, entre otros aspectos, los objetivos que se asignen, así como las estrategias y su correspondiente financiación. El control de su cumplimiento corresponderá a la consejería que lo haya suscrito, sin perjuicio del que pueda ejercer la consejería competente en materia de hacienda.”

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Dos: Los Contratos Programa como instrumento de control de la gestión en el sector público.

Los Contratos-Programa constituyen el instrumento adecuado de relación entre los entes creados por la Administración para cumplir, de forma eficiente, con unos objetivos acordes con su objeto social y los órganos (Consejerías) que tienen atribuido el control de aquellos y el seguimiento del cumplimiento de esos objetivos.

Los objetivos asignados a cada ente suelen formar parte de un Programa más amplio y de un número de objetivos de interés general, dentro del marco de actuación de la Consejería de que se trate.

Por ello, el Contrato-Programa recoge la priorización de aquellos objetivos que deben formar los objetivos del ejercicio, dentro de la política de la Consejería.

Ambas partes acuerdan firmar el presente Contrato-Programa así como el Plan Anual de Actuación y Planificación Estratégica 2021 (en adelante PAAPE), de conformidad con las siguientes.

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Cláusulas

Primera. Competencias de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y del Instituto Murciano de Acción Social en el marco del presente Contrato Programa.

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que ejerce, entre otras, las competencias en materia de asistencia y bienestar social; desarrollo comunitario; promoción, protección y apoyo a la familia e infancia; protección y reforma de menores; políticas de promoción e integración de las personas inmigrantes, de personas con discapacidad, de personas mayores, de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia y en general de protección de personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social, incluida la creación de centros para la atención de los destinatarios de dichas políticas; así como competencias en materia de voluntariado, de gestión de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0.7% del Impuesto de Renta de las Personas Físicas (IRPF), y de parejas de hecho.

El Instituto Murciano de Acción Social, creado por la Ley 1/2006 de 10 de abril, se configura como Organismo Autónomo de los comprendidos en el artículo 39.1.a de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales, está dotado con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, de patrimonio y tesorería propios así como de autonomía de gestión, para el cumplimiento de las funciones y competencias que se le asigna.

El IMAS se constituye con la finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, siendo sus áreas de actuación las siguientes:

a. Personas mayores.

b. Personas con discapacidad.

c. Personas en situación o riesgo de exclusión social.

d. Cualquier otro colectivo necesitado de protección social que reglamentariamente se determine, cuando razones justificadas así lo aconsejen y los colectivos que se incluyan se encuentren entre los que el artículo 10 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, configura como servicios sociales especializados.

Asimismo, el Instituto Murciano de Acción Social es el organismo público encargado de integrar las funciones de la Seguridad Social referidas al antiguo Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), en los términos establecidos en el Real Decreto 649/1995, de 21 de abril. En consecuencia, asume todas las funciones traspasadas en materia de gestión de los servicios complementarios de las prestaciones del Sistema de Seguridad Social para Personas Mayores, Discapacitados y Población Marginada, así como las que le competen respecto de la gestión de las prestaciones sociales y económicas contempladas en la Ley de Integración Social de los Minusválidos y en la Ley General de la Seguridad Social.

Su actividad estará dirigida a procurar un nivel de calidad adecuado y suficiente en la prestación de servicios sociales en la Región de Murcia, procurando el aprovechamiento óptimo de los recursos públicos que gestiona y coordinando las actividades de las instituciones públicas y privadas en materia de servicios sociales, mediante el establecimiento de convenios, conciertos o cualesquiera otras fórmulas de gestión compartida.

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Segunda. Obligaciones del IMAS.

Son obligaciones del IMAS las siguientes:

a. El conocimiento técnico, económico y de coyuntura del sector de mercado en el que se inserte la actividad o servicio del IMAS en cada momento.

b. En particular, el organismo autónomo debe conocer y dominar la técnica más eficiente para producir los bienes o servicios encomendados, compatible con los principios de respeto al ordenamiento jurídico en materia de medio ambiente, residuos y consumo eficiente de materias primas.

c. Recabar los informes y estudios técnicos, jurídicos y económicos que avalen suficientemente la forma en que se ejecutarán los PAAPE.

d. Conocer y estar informado de la evolución de los costes de mercado en régimen de libre competencia para la adquisición de recursos, bienes y servicios que se requieran para cumplir sus objetivos, adecuando, cuando sea posible, los precios de licitación de los contratos a los más eficientes que predominen en el mercado.

e. Llevar a cabo todas las actuaciones formales y materiales que se requieran para la adquisición de bienes, recursos y servicios necesarios para la ejecución de los PAAPE, con estricta sujeción a la normativa aplicable en materia de contratación y en particular conforme a los principios de publicidad y concurrencia.

f. Asegurarse, comprometer y reservar la financiación necesaria, de carácter limitativo, para ejecutar los PAAPE correspondientes, suspendiendo la ejecución de los proyectos en curso cuando la previsión de financiación se vea interrumpida, suspendida o reducida o los costes excedan de los inicialmente calculados.

g. Establecer en los procesos de licitación y adquisición de bienes y servicios, las advertencias y los mecanismos que, siendo compatibles con la normativa de contratación, permitan la suspensión justificada y sin indemnización de los contratos en curso conforme al procedimiento jurídico contractual de aplicación, con la finalidad de prever y anticiparse a todas las contingencias y circunstancias que pudieran devenir y de las que pudieran derivarse perjuicios para el IMAS o para la Consejería.

h. En todos los contratos que se celebren por el IMAS, se incluirán cláusulas de penalización económica para los supuestos de incumplimiento de contratos por parte de los contratistas, en especial, por retrasos injustificados en los plazos de ejecución, por sobrecostes no contemplados en el contrato, así como por los defectos en la calidad de los bienes, de las obras, de los materiales o de los servicios adquiridos.

i. Junto con el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación en materia de contratos, se exigirá que junto con los pliegos de condiciones, exista en todo caso un informe económico de valoración justificativa del coste, a precios de mercado, en el que se sustente el presupuesto de licitación y que deberá formar parte en todo caso del expediente de contratación.

j. Hacer el seguimiento semestral de los objetivos de los Planes Anuales de Actuación y Planificación Estratégica. Elaborar de forma veraz y fidedigna los indicadores semestrales de ejecución de objetivos y facilitarlos a la Consejería de adscripción o a la competente en la materia.

k. A cumplir diligentemente y en el menor plazo posible, las peticiones de información y/o documentación que se reciban de la Consejería de adscripción o de la Consejería competente en materia de hacienda o función pública.

l. Actuar con total transparencia en sus relaciones con todos y con la Consejería de adscripción, facilitando sin reservas la totalidad de la documentación, información, datos, estadísticas, cuentas, así como cuantos documentos le sean requeridos.

m. Publicar en la sede electrónica de la CARM, además de los Contratos Programa, Instrucciones de Contratación, convocatorias de selección de personal de cualquier categoría y modalidad, así como las adjudicaciones de contratos, memorias y cuentas anuales y todas las actuaciones realizadas por el ente en el marco de su contrato programa.

Las obligaciones del IMAS, recíprocamente constituyen el marco de derechos de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.

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Tercera. - Derechos del IMAS.

El IMAS ostenta frente a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, los siguientes derechos para facilitar la ejecución de su objeto social:

a. La Consejería designará un responsable, que represente un cauce abierto y permanente de consulta y aclaraciones sobre el modo de ejecutar el Contrato Programa y el Plan Anual de Actuación y Planificación Estratégica.

b. A recibir de la Consejería, en los plazos y bajo el calendario que se pueda establecer, los fondos económicos presupuestados y comprometidos para atender el cumplimiento en plazo de las obligaciones económicas derivadas del Contrato Programa del IMAS.

c. A ser informado y conocer las directrices fijadas por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social con antelación suficiente para llevarlas a cabo o incluirlas en el contrato programa correspondiente.

d. A solicitar información y asesoramiento técnico, jurídico, económico e informático a los servicios correspondientes de la Consejería de adscripción.

e. De acuerdo con el Decreto de Estructura de la Secretaría General de la Consejería de adscripción, el titular del máximo órgano ejecutivo unipersonal del organismo autónomo, tendrá el derecho a participar en los consejos de dirección de la Consejería y en cualquier otro órgano colegiado de coordinación y decisión, con voz y voto.

Los derechos del organismo autónomo constituyen el marco de obligaciones de la Consejería de adscripción.

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Cuarta.- Plan Anual de Actuación y Planificación Estratégica.

El Instituto Murciano de Acción Social se estructura en las siguientes áreas operativas:

• A01: Programas para la atención a personas con discapacidad

• A02: Programas para la atención de personas mayores

• A03: Pensiones, valoración y programas de inclusión

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.d) de la Ley 14/12, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional, el IMAS establece su Plan Anual de Actuación y Planificación Estratégica (en adelante PAAPE), que se constituye como el instrumento guía de la actividad operativa cotidiana del organismo autónomo y que se recoge en el Anexo I para el ejercicio 2021.

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Quinta. - Financiación.

Se incluye como Anexo II el Cuadro Resumen de costes y financiación de las Líneas de Actuación incluidas en el Plan Anual de Actuación y Planificación Estratégica según la estructura económica de gastos e ingresos del Presupuesto 2021 del IMAS.

Por todo lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Contrato Programa 2021, como herramienta que ha de guiar la actuación y la gestión de los responsables del IMAS y del conjunto de profesionales de la organización, y que se dirige hacia la consecución de una serie de prioridades definidas y objetivos del Organismo.

Los logros alcanzados se evaluarán en función de los indicadores de seguimiento establecidos al efecto.

Y para todo ello se asignan los recursos correspondientes con el Presupuesto del IMAS para el año 2021.

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Sexta. - Publicación del contrato-programa, seguimiento y control de cumplimiento de objetivos.

Una vez suscrito por las partes, el Contrato-programa será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, así como en el Portal de la Transparencia.

A lo largo del año de vigencia del presente Contrato Programa, el IMAS elaborará dos informes de seguimiento, en los que se determinarán los indicadores de ejecución y se analizarán las causas y circunstancias más relevantes del resultado. El primer informe se elaborará en el mes de octubre y el segundo en enero de 2022, una vez finalizado el ejercicio 2021.

El informe se remitirá a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y será publicado en el Portal de la Transparencia.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto ambas partes firman el presente Contrato Programa para 2021, rubricando cada uno de los folios y cada uno de sus anexos, en el lugar y fecha arriba indicados, haciéndose constar que por parte de la Consejería firmante se procederá al registro y publicación en el BORM del presente Contrato Programa.

En Murcia, a 28 de julio de 2021. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez. El Director Gerente del IMAS, Raúl Nortes Ortín.

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Resolución del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se convocan los premios “Mayores Región de Murcia” para el año 2021

BORM número 208 de 8 de septiembre de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Instituto Murciano de Acción Social

Vigencia: desde el  9 de septiembre de 2021

 

Contenido

La atención a las personas mayores es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que constituye una prioridad para el Gobierno Regional, puesta de manifiesto con la existencia de una Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, creada mediante Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional, en su redacción dada por el Decreto del Presidente n.º 44/2019, de 3 de septiembre, que a través de la Dirección General de Personas Mayores del Organismo Autónomo adscrito a la misma, el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), canaliza y da respuesta a las necesidades y demandas de este colectivo.

Para lograr el máximo nivel posible de bienestar y posibilitar la integración social, promover su autonomía y el cuidado activo del colectivo de las personas mayores es preciso hacer visible su participación en la vida social y cultural, y su aportación a la comunidad tan útil y valiosa. Como quiera que dicha responsabilidad pública no podría desempeñarse si no contáramos con la cooperación de personas comprometidas individual y colectivamente en esta tarea, conscientes de esta realidad, se considera conveniente convocar una nueva edición de los Premios del Mayor de la Región de Murcia, al objeto de concretar formalmente ese reconocimiento público, premiando a nivel autonómico a aquellas personas físicas o jurídicas que se hayan distinguido por su labor y dedicación en pro de la integración de nuestros mayores.

En este contexto, en el seno de nuestra Institución, surge la necesidad de comprometernos en hacer visible la puesta en marcha de las actuaciones que promuevan y mejoren una atención humanizada y centrada en la persona en todos los ámbitos de nuestra región, posicionándonos como un organismo que apuesta por un modelo de atención dirigido a la promoción y desarrollo de aquellas actuaciones que garanticen la atención integral en la asistencia a los mayores, sus familiares, los profesionales, las entidades y la propia administración pública.

Mediante la presente Resolución se procede a la convocatoria de estos premios para el año 2021, dándoles así continuidad e impulsando el reconocimiento público de quienes se hayan distinguido por su labor, entrega y dedicación tanto en el ámbito autonómico como local a favor de las personas mayores, dotándolos de relevancia y valor significativo como instrumentos de cambio de futuro, implantándolos a nivel autonómico al objeto de abarcar los distintos ámbitos y sectores sociales.

En esta convocatoria se pretende hacer un reconocimiento especial a la labor de quienes han trabajado por las personas mayores durante la pandemia del COVID-19 y, en particular, de quienes se han dedicado de forma ejemplar a cubrir las necesidades de las personas mayores y a amortiguar el impacto de las medidas de contención de la crisis sanitaria en sus vidas.

Vista la propuesta favorable de la Dirección General de Personas Mayores, de 1 de septiembre de 2021, y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 a) de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación del IMAS, en relación con el artículo 9.1.j) del Decreto 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban sus Estatutos y con el artículo 25.5 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

Resuelvo:

Artículo 1. Objeto.

La presente Resolución tiene por objeto convocar y establecer las bases específicas por las que se van a regular en el año 2021 los premios “Mayores Región de Murcia”.

Artículo 2. Finalidad.

Los premios “Mayores Región de Murcia” tienen como finalidad reconocer y distinguir públicamente la labor de aquellas personas físicas, instituciones, entidades sociales y demás personas jurídicas que hayan destacado por su labor a favor del fomento y la sensibilización por la integración de las personas mayores.

Artículo 3. Modalidades.

1. Los premios “Mayores Región de Murcia” tendrán las siguientes modalidades:

a) Un premio a la persona mayor del año, en reconocimiento de quien se haya distinguido de forma eminente en cualquier ámbito de la vida social, cultural, política, laboral o económica. A estos efectos, se entenderá por mayor la persona que tenga 65 años o más.

b) Un premio al colectivo o persona física o jurídica que haya destacado por su labor de fomento y sensibilización en pro de la integración de las personas mayores en el ámbito autonómico de la Región de Murcia.

c) Un premio al colectivo o persona física o jurídica que haya destacado por su labor de fomento y sensibilización en pro de la integración de las personas mayores en el ámbito local de la Región de Murcia.

d) Un premio al colectivo o persona física o jurídica que haya destacado por su dedicación a las personas mayores en el contexto de crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

f) Un premio a la entidad/organización que haya destacado por el impacto de su Responsabilidad Social Corporativa que tenga como objetivo el desarrollo de los cuidados orientados a las personas mayores.

Un premio a la entidad gestora pública o privada que haya destacado por su implicación, innovación y humanización de los cuidados orientados a las personas mayores.

2. En ningún caso se podrán otorgar estos premios a aquellas personas mayores que hayan sido galardonadas en ediciones anteriores.

 
Artículo 4. Proposición de candidaturas.

1. Las candidaturas a obtener los premios convocados para las modalidades recogidas en el punto primero del artículo 3 podrán ser serán propuestas por las Consejerías y las Entidades Locales de la Región de Murcia, así como por las entidades de distinta naturaleza que participan y colaboran en la atención de los mayores en la Región de Murcia.

2. Las propuestas deberán ser comprensivas de los valores y méritos de cada candidatura, de forma que permitan su adecuada valoración por el jurado, no pudiendo exceder de dos para cada una de las modalidades establecidas.

3. Las propuestas deberán ajustarse a los siguientes requisitos:

a) Deberán presentarse únicamente a través de la Sede Electrónica Habilitada de la Administración Pública de la CARM, ubicada en la página web http://www.carm.es, en el supuesto de las Entidades Locales y de las entidades públicas y privadas; y a través de la aplicación Corporativa de Comunicaciones de Régimen Interior, en el supuesto de otras Consejerías pertenecientes a la Comunidad Autónoma.

b) Las candidaturas deberán presentarse en un archivo en formato PDF o JPG.

c) No deberán tener una extensión superior a las 5 páginas.

d) Deberá utilizarse el tipo de letra Arial 12.

4. La participación en la presente convocatoria supone la total aceptación de las bases reguladoras. Las propuestas que no se sujeten a lo dispuesto en el apartado anterior no serán admitidas.

Artículo 5. Plazo.

El plazo para la presentación de las candidaturas será de 10 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Artículo 6. Jurado.

1. Las candidaturas serán valoradas y seleccionadas por un jurado que estará compuesto por las personas titulares de los siguientes órganos:

a) Presidencia: La persona titular de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social o persona en quien delegue.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la Presidencia será ejercida por la Vicepresidencia.

b) Vicepresidencia: La persona titular de la Dirección Gerencial del IMAS o persona en que delegue.

c) Vocalías:

• La persona titular de la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.

• La persona titular de la Subdirección General de Personas Mayores del IMAS.

• Dos representantes de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

• Dos representantes de los medios de comunicación de la Región de Murcia, designados por la titular de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.

• Dos representantes del Consejo Asesor Regional de Personas Mayores de la Región de Murcia, designados por el mismo de entre sus miembros.

• El representante de los mayores de la Región de Murcia en el Consejo Estatal de Mayores.

• Dos representantes de la Consejería de Empleo, Empresa, Universidades y Portavocía.

2. Se nombrará igual número de suplentes que de miembros titulares que representen a las entidades y organizaciones que figuran en el punto anterior.

3. La Secretaría corresponderá a una persona funcionaria del Instituto Murciano de Acción Social, designada por el titular de la Dirección Gerencial del IMAS a propuesta de la Dirección General de Personas Mayores.

Artículo 7. Procedimiento de actuación del jurado.

1. El jurado será convocado por la presidencia, pudiendo reunirse cuantas veces resulte preciso.

2. Para la válida constitución del Jurado deberán estar presentes las personas titulares de la presidencia y de la secretaría, o quienes, en su caso, las sustituyan y la mitad más uno del resto de miembros.

3. Los acuerdos del Jurado se adoptarán por mayoría y, en caso de empate, la persona titular de la Presidencia tendrá voto de calidad.

4. El Jurado podrá declarar desiertas todas o algunas de las modalidades convocadas, no pudiendo declararse compartidas.

Con carácter excepcional y sólo en el caso de que en las personas candidatas no premiadas concurrieran especiales méritos que las hicieran acreedoras de distinción, el jurado podrá otorgar menciones especiales.

5. Corresponde a la Secretaría del Jurado levantar acta de las sesiones. El funcionamiento y régimen interno del Jurado será el establecido para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

6. El Jurado seleccionará las candidaturas elegidas para cada una de las modalidades.

Artículo 8. Concesión y entrega de premios.

1. Los premios “Mayores Región de Murcia” se concederán mediante Resolución del Director Gerente del IMAS, a la vista de la propuesta motivada formulada por el jurado.

2. La entrega de los “Premios del Mayor de la Región de Murcia” se realizará por la persona titular de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, en la forma que se determine, otorgándose un galardón conmemorativo.

3. Estos premios tendrán carácter exclusivamente honorífico y no generarán derecho económico alguno.

Artículo 9. Recursos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Presidencia del IMAS, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Disposición final.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Murcia, 2 de septiembre de 2021. El Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, Raúl Nortes Ortín.

Resolución de 23 de agosto de 2021 de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se dispone la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de 5 de agosto de 2021, de cese y nombramiento de miembros del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia

BORM número 202 de 1 de septiembre de 2021

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

Vigencia: desde el 23 de agosto de 2021

Contenido

Visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en fecha 5 de agosto de 2021, en virtud de la Ley 3/1993, de 16 de julio (modificada por la Ley 4/2014 de 22 septiembre), del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.

Resuelvo:

Publicar en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” el texto del acuerdo adoptado el 5 de agosto de 2021 por el Consejo de Gobierno de cese y nombramiento de miembros del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia:

“Don Marcos Ortuño Soto, Secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Certifico: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 5 de agosto de 2021, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, el Consejo de Gobierno acuerda:

Primero.- Cesar como vocal del grupo primero del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, en representación de la Organización Sindical CC.OO a D.ª Teresa Fuentes Rivera.

Segundo.- Nombrar como vocal del grupo primero del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, en representación de la Organización Sindical CC.OO a D. Victoriano Romera Mateos.

Tercero.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, a los efectos previstos en el artículo 4.2 de la Ley 3/1993, de 16 de julio de 1993 (modificada por la Ley 4/2014 de 22 de septiembre, del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia”.

Murcia, 23 de agosto de 2021.—La Secretaria General, Sonia Carrillo Mármol.

Legislación relacionada

BORM | Legislación | Órganos de participación |

Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia (DEROGADA)

BORM número 99 de 2 de mayo de 2003

Presidencia

Vigencia: desde el 2 de junio de 2003

Referencias

Afectada por:

"Disposición derogatoria

Queda derogada la Ley 3/2003, de 10 de julio, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Hasta que se proceda a la aprobación del desarrollo reglamentario de la presente ley, serán de aplicación las normas actualmente vigentes dictadas en desarrollo de la Ley 3/2003, de 10 de abril, en lo que no sean contrarias a lo dispuesto en la presente ley y en tanto no sean sustituidas o derogadas".

"Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor al mes de su completa publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. No obstante, aquellas previsiones que requieran un desarrollo reglamentario específico producirán efectos el mismo día en que cada uno de ellos entre en vigor”.

Modificada por:

Da nueva redacción al art. 23.

Da nueva redacción al art. 18.2.

Se añade el art. 7 bis, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 nonies.

Da nueva redacción al art. 7 bis, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 nonies.

Añade el art. 25 decies y 25 undecies.

Modifica el art. 7 bis, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 nonies, 25 decies, 25 undecies.

Deroga a:

"Disposición derogatoria
Queda derogada la Ley 8/1985, de 9 de diciembre, de Servicios Sociales de la Región de Murcia y cuantos preceptos y disposiciones de igual o inferior rango se opongan a las determinaciones de la presente Ley".

Contenido

Índice:

PREÁMBULO
I
II
III

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto de la Ley
Artículo 2. Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia
Artículo 3. Ámbito
Artículo 4. Titulares de derechos
Artículo 5. Principios inspiradores
Artículo 6. Entidades prestadoras de servicios sociales
Artículo 7. Entidades declaradas de interés asistencial para la Región de Murcia

TÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO PRIMERO. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES
Artículo 7 bis. Modos de Organización de la Gestión de los Servicios Sociales
Artículo 8. Estructura de los Servicios Sociales
Artículo 9. Servicios Sociales de Atención Primaria
Artículo 10. Servicios Sociales Especializados
Artículo 11. Actuaciones de los servicios sociales especializados en el sector de familia e infancia
Artículo 12. Actuaciones de los servicios sociales especializados en el sector de personas mayores
Artículo 13. Actuaciones de los servicios sociales especializados en el sector de personas con discapacidad
Artículo 14. Actuaciones de los servicios sociales especializados en el sector de inmigrantes
Artículo 15. Actuaciones de los servicios sociales especializados en el sector de minorías étnicas
Artículo 16. Actuaciones de los servicios sociales especializados en el sector de personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social
Artículo 17. Equipamientos
Artículo 18. Prestaciones económicas

CAPÍTULO II. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES
Artículo 19. Fines
Artículo 20. El Plan Regional de Servicios Sociales

TÍTULO III. ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
Artículo 21. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Artículo 22. La Consejería responsable en materia de servicios sociales
Artículo 23. Gestión descentralizada
Artículo 24. Las entidades locales

TÍTULO IV. INICIATIVA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Artículo 25. Reconocimiento y ámbito de actuación
Artículo 25 bis. Régimen de concertación
Artículo 25 ter. Objeto de los conciertos
Artículo 25 quater. Requisitos de las Entidades
Artículo 25 quinquies. Formalización de los conciertos
Artículo 25 sexies. Efectos del concierto
Artículo 25 septies. Duración, renovación, modificación y extinción de los conciertos
Artículo 25 octies. Participación de los usuarios en el coste de los Servicios concertados
Artículo 25 nonies. Régimen de convenios
Artículo 25 decies. Medidas para la transparencia
Artículo 25 undecies. Garantía de igualdad
Artículo 26. Voluntariado

TÍTULO V. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

CAPÍTULO PRIMERO. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Artículo 27. Garantía de Participación
Artículo 28. El Consejo Regional de Servicios Sociales
Artículo 29. Consejos de carácter sectorial
Artículo 30. Consejos Municipales de Servicios Sociales
Artículo 31. Participación de los usuarios en los centros, entidades y servicios

CAPÍTULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
Artículo 32. Derechos del usuario
Artículo 33. Derechos en el caso de ingreso, permanencia y salida de centros
Artículo 34. Obligaciones del usuario en los centros sociales
Artículo 35. Reglamento de régimen interior

TÍTULO VI. FINANCIACIÓN
Artículo 36. Fuentes de financiación
Artículo 37. Financiación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y medidas de fomento social
Artículo 38. Financiación de las entidades locales
Artículo 39. Aportación de los usuarios
Artículo 40. Colaboración financiera con las entidades locales y la iniciativa social

TÍTULO VII. REGISTRO E INSPECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO PRIMERO. REGISTRO DE ENTIDADES, CENTROS Y SERVICIOS SOCIALES
Artículo 41. El Registro y la inscripción registral
Artículo 42. Condiciones mínimas

CAPÍTULO II. INSPECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Artículo 43. Ámbito de actuación
Artículo 44. Función inspectora

TÍTULO VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO PRIMERO. PRINCIPIOS BÁSICOS
Artículo 45. Concepto de infracción
Artículo 46. Reincidencia

Artículo 47. Concurrencia con otras responsabilidades
Artículo 48. Sujetos responsables
Artículo 49. Prescripción de infracciones y sanciones

CAPÍTULO II. INFRACCIONES
Artículo 50. Infracciones leves
Artículo 51. Infracciones graves
Artículo 52. Infracciones muy graves

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Artículo 53. Procedimiento sancionador
Artículo 54. Medidas cautelares

Artículo 55. Resolución

CAPÍTULO IV. SANCIONES
Artículo 56. Sanciones
Artículo 57. Criterios de graduación
Artículo 58. Atribución de competencias sancionadoras

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional Primera
Disposición Adicional Segunda

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Disposición Transitoria

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición Derogatoria

DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Primera
Disposición Final Segunda
Disposición Final Tercera

TEXTO ACTUALIZADO

PREÁMBULO

I

La Constitución Española de 1978 instaura un Estado social y democrático de derecho, enfatizando su compromiso e intervención en materia de política social.

Alejándose de postulados benéficos y graciables, perfila los contornos de la responsabilidad pública en la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, en la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y en facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2.).

En su articulado se encuentran referencias al tratamiento protector que se asegura respecto de determinados colectivos. Así, en el art. 25, en relación con la reeducación y reinserción social a la que se orientan las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad, en el art. 39, en relación con la protección social, económica y jurídica de la familia y con la protección integral de los hijos, en el art. 42, en relación con la protección de emigrantes y retornados, en el art. 49, respecto de la política de previsión, tratamiento y rehabilitación de las personas con discapacidad o en el art. 50, en relación con el bienestar y servicios sociales de las personas mayores.

En correspondencia con el art. 148.1.20., que permitió a las Comunidades Autónomas asumir competencias en materia de asistencia social, el art. 10.1. o) de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, atribuyó a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de «Bienestar y servicios sociales». Mediante Ley Orgánica 4/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, a aquella competencia en materia de «Bienestar y servicios sociales» ahora prevista en el art. 10. Uno. 18, se le incorpora la función ejecutiva en materia de gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de la Seguridad Social, Inserso, con las condiciones que se contienen en el art. 12. Uno. 3.

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II

La Ley 8/1985, de 9 de diciembre, de Servicios Sociales de la Región de Murcia, introductora en el ordenamiento regional de un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública se encuentra vigente más de diecisiete años.

La inevitable evolución social ha provocado que el texto adoleciera ya de una falta de adaptación a los tiempos actuales, en donde los servicios sociales tienen que hacer frente a problemas distintos a los que se planteaban cuando aquella norma vio la luz.

Ello ha motivado, desde la responsabilidad política de fijar y desarrollar los instrumentos necesarios para la satisfacción de las demandas y necesidades de los ciudadanos, la elaboración de un texto normativo, con rango de ley, capaz de diseñar los contornos precisos de un sistema de protección social que debe ofrecer una respuesta ágil y eficaz en aspectos tan trascendentales como la cobertura de las necesidades básicas de las personas y su integración social, superando, por lo demás, determinados conceptos establecidos en aquella Ley, que permitan obtener mayor rentabilidad social en las acciones.

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III

Partiendo de ello, y desde la perspectiva de dotar de rango normativo de ley sólo a preceptos básicos, reservando al desarrollo reglamentario aquellos otros que deban ser objeto de acomodación a específicas necesidades, la presente Ley configura el Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia como el conjunto coordinado de recursos, actividades, prestaciones, equipamientos y demás actuaciones de protección orientadas a la prevención, atención y promoción social de todos los ciudadanos en el ámbito territorial de la Región de Murcia. Junto a ello, subyace en la Ley una marcada orientación tanto hacia la prevención de esas situaciones como a la elevación del nivel de calidad de vida de los usuarios de servicios sociales. El Sistema que se instaura establece como principios inspiradores la responsabilidad pública, la igualdad y universalidad, participación, planificación y coordinación, descentralización y reconocimiento de la iniciativa social. Las actuaciones del sector público se atendrán también a los principios de integración y normalización, globalidad y trato personalizado y la simplificación y racionalización.

Las prestaciones se agrupan en la Ley en torno a dos grandes áreas de servicios sociales complementarios, el de atención primaria y el de atención especializada, y referidas a determinados grupos de población.

En el concepto de entidades prestadoras de servicios sociales se incluye tanto a personas físicas como jurídicas, públicas y privadas, acreditadas ante la Administración regional, reconociéndose a estas últimas la posibilidad de ser declaradas de interés asistencial, lo que le permitiría acceder a distintos beneficios, entre ellos el acceso preferente a convenios, conciertos y otras formas de cooperación. La planificación en materia de servicios sociales se considera un elemento básico para consolidar un sistema de servicios sociales que responda a las nuevas necesidades. Por ello, el texto normativo dispone que la Comunidad Autónoma se dote de un plan regional que, entre otros contenidos, diagnostique la situación social, los objetivos a alcanzar, los programas a desarrollar o los recursos destinados a su financiación.

La Ley establece la distribución de competencias públicas entre entidades locales y la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la que la Consejería responsable en materia de servicios sociales, a través de las unidades competentes, velará por el cumplimiento de la normativa vigente.

Se reconoce en el texto el derecho a la participación en materia de servicios sociales, así como un novedoso repertorio de derechos y obligaciones de los usuarios.

Correspondiendo a los poderes públicos facilitar condiciones objetivas y medios suficientes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la presente ley prevé las fuentes de financiación del Sistema Público de Servicios Sociales y obliga a las distintas administraciones públicas a consignar presupuestos adecuados a su desarrollo. Contempla, asimismo, la posibilidad de que los usuarios contribuyan en determinadas prestaciones dentro de unos límites económicos flexibles, establece vías de cooperación con entidades públicas y privadas y prevé una nueva forma de financiación a través de los presupuestos de cada obra pública.

Las ideas de protección, garantía de los derechos de las personas usuarias en el Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia y del acceso a sus prestaciones de acuerdo al nivel adecuado de calidad, constituyen punto coincidente en el conjunto de las instituciones reguladas en la presente Ley. Con esas finalidades, supone una novedad la inserción en la Ley del régimen de infracciones y sanciones administrativas, así como la regulación legal de la inspección de Servicios Sociales, a fin de potenciar el respeto a tales ideas, erradicar actuaciones indeseables y prevenir daños o perjuicios a personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, merecedoras de una cualificada protección.

Por último, se hace preciso indicar que la Ley se estructura en ocho títulos, dedicándose el primero a las disposiciones generales, el segundo a la organización y planificación del Sistema de Servicios Sociales, el tercero a la atribución de competencias, el cuarto a la iniciativa en la prestación de Servicios Sociales, el quinto a la participación social y los derechos y obligaciones de los usuarios, el sexto a la financiación, el séptimo al registro e inspección de Servicios Sociales y, por último, el título VIII, se ocupa de las infracciones y sanciones.

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TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY

La presente Ley tiene por objeto:

a) Promover y garantizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el derecho de todos los ciudadanos a un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.

b) Ordenar y estructurar el conjunto de recursos, actividades y prestaciones, orientadas a la satisfacción de las necesidades básicas y el pleno desarrollo de los individuos.

c) Establecer el marco normativo básico a que deben atenerse las actuaciones públicas y privadas en materia de servicios sociales, sin perjuicio del resto de legislación que les sea aplicable y del desarrollo reglamentario que establezca la propia Ley.

d) Posibilitar la coordinación de las actuaciones públicas en materia de servicios sociales con el resto de las áreas de la política social, así como con todas aquellas actuaciones y recursos de la iniciativa social.

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ARTÍCULO 2. SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

1. El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia es el conjunto coordinado de recursos, actividades, prestaciones, equipamientos y demás actuaciones de titularidad pública o privada encaminados a la prevención, atención, integración y promoción social de todos los ciudadanos en el ámbito territorial de la Región de Murcia.

2. Constituye el Sistema Público de Servicios Sociales de la Región de Murcia el conjunto de recursos, prestaciones y equipamientos de titularidad pública o privada financiada total o parcialmente con fondos públicos.

3. En el marco de las directrices que establezca el Consejo de Gobierno, el Sistema Público de Servicios Sociales se coordinará con las demás políticas sociales.

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ARTÍCULO 3. ÁMBITO

1. La presente Ley se aplicará a los Servicios Sociales que presten la Administración Regional y las entidades locales de la Región de Murcia, así como las entidades públicas y privadas, físicas o jurídicas, que colaboren en las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales en el territorio de esta Comunidad Autónoma.

2. También será de obligado cumplimiento para las entidades privadas y personas físicas, no incluidas en el párrafo anterior, las disposiciones aplicables para la autorización de su funcionamiento y gestión, así como las de inspección de servicios sociales e infracciones y sanciones contenidas en la presente Ley.

3. El ámbito territorial de aplicación del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia se extenderá al territorio de esta Comunidad Autónoma.

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ARTÍCULO 4. TITULARES DE DERECHOS

1. Tienen derecho a las prestaciones del Sistema de Servicios Sociales los españoles y los demás ciudadanos de la Unión Europea, residentes o transeúntes en la Región de Murcia, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

2. Los murcianos residentes fuera de la Región de Murcia tendrán derecho a las prestaciones reguladas en la presente Ley cuando, estando necesitados de atención, les sirva de medio para su retorno a la misma.

3. Los extranjeros, exilados, refugiados y apátridas residentes en la Región de Murcia, serán igualmente beneficiarios de los servicios y prestaciones contemplados en la presente Ley, conforme a lo dispuesto en la normativa estatal básica que le sea de aplicación y en los tratados y convenios internacionales vigentes y, en su defecto, conforme al principio de reciprocidad, sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente para aquellas personas que se encuentren en situación de riesgo o en reconocido estado de necesidad.

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ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS INSPIRADORES

1. El Sistema Público de Servicios Sociales se inspira en los contenidos fundamentales de la Constitución Española, y se regirá por los siguientes principios generales:

a) Responsabilidad pública. Es responsabilidad de los poderes públicos garantizar el derecho de los ciudadanos a los servicios sociales, disponiendo para ello de los medios financieros, técnicos y humanos necesarios.

b) Igualdad y universalidad. Se garantizará el acceso de los ciudadanos a los servicios sociales en condiciones de igualdad.

c) Solidaridad. Los poderes públicos fomentarán la solidaridad como principio inspirador de las relaciones entre las personas y los colectivos sociales, a fin de superar las causas que dan lugar a situaciones de marginación, con especial apoyo al desarrollo del voluntariado.

d) Prevención. Los servicios sociales se orientarán hacia la superación de las causas de los problemas sociales, actuando coordinadamente en su resolución.

e) Participación. Los poderes públicos deberán promover la participación de los usuarios, de las entidades y de los ciudadanos en general en la planificación y gestión de los servicios sociales en los términos recogidos en la presente Ley.

f) Planificación y coordinación. La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deberá planificar los recursos del sistema de servicios sociales y coordinar las actuaciones de las Administraciones públicas entre sí, en el ámbito de la Región de Murcia, y de éstas con los recursos de la iniciativa social.

g) Descentralización. Los servicios sociales, siempre que su naturaleza lo permita, se prestarán en el ámbito más próximo a los ciudadanos y serán gestionados preferentemente por las administraciones locales, procurando en todo caso garantizar una igualdad de servicios en todo el territorio de la Región.

h) Reconocimiento de la iniciativa de la sociedad.

Se reconoce la iniciativa de la sociedad en la prestación de los servicios sociales, participación considerada básica y necesaria.

i) Integración y normalización. Los servicios sociales tendrán como prioridad el mantenimiento de los ciudadanos en su entorno personal, familiar y social, pretendiéndose que los recursos se encuentren integrados en su ámbito comunitario. Asimismo, se evitarán, siempre que sea posible, las situaciones de marginación asistencial, procurando el acceso de los ciudadanos a los recursos normalizados.

j) Globalidad y trato personalizado. El tratamiento de las distintas situaciones que planteen los usuarios se hará de un modo personalizado y respetando en todo momento su derecho a la intimidad. Asimismo, se tratarán estas situaciones de una manera global, evitando la fragmentación de las actuaciones derivadas de la distribución de las competencias en cuanto a los recursos sociales.

k) Simplificación y racionalización. La prestación de los servicios sociales se ha de llevar a cabo con la máxima simplificación, racionalización y eficacia posibles, en cuanto a la práctica de los procesos administrativos y la utilización de los recursos disponibles.

2. La interpretación de las normas contenidas en la presente Ley, de las que se dicten en desarrollo de la misma y, en general, de las de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se realizará de conformidad con los principios a los que se refiere el presente artículo.

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ARTÍCULO 6. ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES

1. Tendrán la consideración de entidad prestadora de servicios sociales toda persona física o jurídica, legalmente reconocida como tal, que cumpla los requisitos previstos en el Título VII de esta Ley y que sea titular de centros o desarrolle programas de servicios sociales.

2. Son entidades prestadoras:

a) La Administración regional.

b) Las entidades locales.

c) Las entidades con y sin fin de lucro cuando presten servicios sociales.

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ARTÍCULO 7. ENTIDADES DECLARADAS DE INTERÉS ASISTENCIAL PARA LA REGIÓN DE MURCIA

1. Las entidades con y sin fin de lucro, sus centros y servicios sociales dependientes podrán ser declarados de interés asistencial para la Región de Murcia, cuando reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar autorizados con una antelación, al menos de cinco años, para el ejercicio de servicios sociales.

b) Que no hayan sido objeto de sanción administrativa grave o muy grave o condena penal en el ejercicio de las funciones relacionadas con servicios sociales, en los últimos cuatro años.

c) Que desarrollen actuaciones de especial interés y trascendencia para los servicios sociales de la Región de Murcia, tanto de carácter asistencial como de prevención y promoción social, en relación con cualesquiera de los sectores de población a los que se refiere la presente Ley y siempre que tal interés y trascendencia quede constatada en un proceso de evaluación.

2. La declaración de interés asistencial para la Región de Murcia, y, en su caso, su revocación, será acordada mediante Orden de la Consejería competente en materia de servicios sociales, previa instrucción de expediente de acuerdo a los trámites que reglamentariamente se determinen, en el que existirá un periodo de información pública.

3. Son derechos de las entidades declaradas de interés asistencial para la Región de Murcia:

a) La utilización de la mención.

b) El disfrute de las exenciones y bonificaciones fiscales que se reconozcan en las leyes.

c) El acceso a subvenciones públicas que se contemplen en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, específicamente destinadas a tales entidades, de acuerdo con la planificación general de servicios sociales.

d) El de acceso preferente al establecimiento de conciertos, convenios u otras formas de cooperación para la prestación de servicios sociales con las administraciones públicas, de acuerdo con la planificación general.

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TÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO PRIMERO. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES

ARTÍCULO 7 BIS. MODOS DE ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

(Artículo añadido por la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único y modificado por la Ley 16/2015, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único)

Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán organizar la prestación de los servicios sociales a través de las siguientes fórmulas:

a) Gestión directa.

b) Gestión indirecta en el marco general de la normativa de contratación del sector público.

c) Mediante conciertos sociales con entidades privadas con o sin ánimo de lucro, teniendo preferencia las declaradas de interés asistencial según lo establecido en el art. 7.

(Apartado c modificado por la Ley 5/2016, de 2 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su artículo único, uno)

d) Y mediante convenios con entidades de iniciativa social, entendiendo como tales las fundaciones, asociaciones, cooperativas, organizaciones de voluntariado y demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro que realizan actividades de servicios sociales, siempre que sobre dichas entidades no ostente el dominio efectivo una entidad mercantil que opere con ánimo de lucro.

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ARTÍCULO 8. ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES

1. El conjunto de recursos y actuaciones que conforman el Sistema de Servicios Sociales, atendiendo a los niveles de intervención en que pueden prestarse, se estructura en servicios de atención primaria y servicios especializados.

a) Los Servicios de Atención Primaria constituyen el cauce normal de acceso al sistema de servicios sociales y prestan una atención integrada y polivalente en el ámbito más próximo al ciudadano y a su entorno familiar y social.

b) Los Servicios Especializados se dirigen a aquellas personas o colectivos que, por sus condiciones de edad, sexo, discapacidad, u otras circunstancias, deban ser objeto de especial protección social por medio de recursos o programas específicos.

2. Los Servicios de Información, Valoración y Asesoramiento, de Inserción Social, de Promoción y Cooperación Social, así como los servicios de reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, tendrán el carácter de universales y serán gratuitos para todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Reglamentariamente podrá atribuirse este carácter a otros servicios.

3. Se determinará la tipología básica de centros y establecimientos, tanto de los servicios sociales de atención primaria como de los servicios sociales especializados reglamentariamente.

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ARTÍCULO 9. SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

1. Los servicios sociales de atención primaria constituyen el primer nivel de atención y son, en consecuencia, de exclusiva responsabilidad pública. Éstos incluirán, como mínimo, los siguientes:

a) Servicio de Información, Valoración y Asesoramiento a toda la población, en cuanto a derechos y recursos sociales existentes, derivando las demandas, en su caso, hacia los servicios especializados u otros recursos sociales, así como la detección y análisis de las necesidades sociales con el fin de servir de base en las labores de planificación de los recursos locales y regionales.

b) Servicio de Atención en el Medio Familiar y Comunitario, que tiene por objeto proporcionar, en el propio medio familiar o comunitario, atenciones de carácter social, doméstico, de apoyo psicológico, rehabilitador y socioeducativo, facilitando de este modo la permanencia y la autonomía en el medio habitual de convivencia.

c) Servicio de Inserción Social, destinado a la prevención, detección, atenuación y eliminación de las situaciones de exclusión social.

d) Servicio de Promoción y Cooperación Social, dedicado a la promoción de la participación social y la solidaridad, especialmente a través del voluntariado y la iniciativa social en servicios sociales.

e) Cualesquiera otros que con tal carácter se determinen.

2. Los servicios sociales de atención primaria se organizan territorialmente y se desarrollan en el ámbito local, por medio de los Centros de Servicios Sociales.

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ARTÍCULO 10. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

1. Los servicios sociales especializados constituyen el nivel de intervención específico para la programación, implantación y gestión de aquellas actuaciones que, atendiendo a las características concretas de la situación de necesidad de la población a las que van dirigidas, no estén encomendadas a los servicios sociales de atención primaria.

Estos servicios desarrollarán actuaciones y establecerán equipamientos para cada uno de los sectores de población siguientes:

- Familia

- Infancia

- Personas mayores

- Personas con discapacidad

- Inmigrantes

- Minorías étnicas

- Personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social.

- Cualquier otro colectivo o situación de exclusión que así lo requiera.

2. Los servicios sociales especializados cumplirán las siguientes funciones:

a) Valorar, diagnosticar y orientar en situaciones que por su especificidad precisen la aplicación de recursos especializados.

b) Gestionar y equipar los centros y servicios que proporcionen prestaciones a los sectores de población citados en el apartado 1 de este artículo, así como garantizar el acceso a los mismos de las personas que lo precisen.

c) Proporcionar prestaciones técnicas y/o económicas a personas que tengan dificultades físicas, psíquicas o sociales para acceder al uso normalizado de los sistemas ordinarios de protección social, correspondiendo a los sistemas sanitario, educativo y laboral aportar los recursos necesarios para el desarrollo de actuaciones referidas al ámbito de sus respectivas competencias, coordinándose con los servicios sociales especializados.

d) Apoyar las medidas de reinserción orientadas a normalizar las condiciones de vida de aquellas áreas con alto riesgo de marginalidad.

3. El acceso a los servicios sociales de atención especializada se produce previa intervención del servicio social de atención primaria, salvo las excepciones que se determinen reglamentariamente.

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ARTÍCULO 11. ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR DE FAMILIA E INFANCIA

1. Los servicios sociales especializados en el sector de familia e infancia realizarán actuaciones tendentes a la protección, promoción de los menores y familias y a la estabilización de la estructura familiar.

2. Para tal fin, se desarrollarán, entre otros, programas de intervención familiar, defensa de los derechos de los menores en caso de ruptura familiar, apoyo a familias numerosas, atención a la violencia familiar, programas para la conciliación de la vida familiar y laboral, acogimiento y protección de menores en situación de desamparo o en riesgo de exclusión social, mediación familiar e intergeneracional y promoción de la adopción nacional e internacional.

3. La Administración regional llevará a cabo programas para la ejecución de medidas judiciales que afecten a menores a través de recursos propios o de entidades colaboradoras.

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ARTÍCULO 12. ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR DE PERSONAS MAYORES

1. Los servicios sociales especializados en el sector de Personas Mayores desarrollarán actuaciones destinadas a conseguir el mayor nivel de bienestar posible y alcanzar su autonomía e integración social.

2. Para estos fines, se desarrollarán, entre otros, programas para promover el desarrollo sociocultural de las personas mayores, prevenir su marginación, favorecer que permanezcan en su medio habitual, garantizarles una atención residencial adecuada, cuando lo precisen, así como potenciar el voluntariado social.

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ARTÍCULO 13. ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1. Los servicios sociales especializados en el sector de Personas con Discapacidad realizarán actuaciones a fin de procurar el tratamiento, rehabilitación e integración social de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, así como para la prevención de la discapacidad.

2. Será propio de estos servicios desarrollar programas de valoración y diagnóstico de la discapacidad, atención temprana, formación ocupacional, integración laboral, supresión de barreras, ayudas técnicas, capacitación en actividades de autocuidado, actividades de ocio e integración social, garantizándoles una atención residencial adecuada cuando lo precisen y cuantos otros sean necesarios para favorecer la autonomía personal e integración social del discapacitado.

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ARTÍCULO 14. ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR DE INMIGRANTES

1. Los servicios sociales especializados en el sector de inmigrantes procurarán su integración social y participación activa en la vida de la comunidad.

2. Serán programas propios de estos servicios proporcionar información y mediación para su integración social y laboral.

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ARTÍCULO 15. ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR DE MINORÍAS ÉTNICAS

1. Los servicios sociales especializados en materia de Minorías Étnicas llevarán a cabo medidas que favorezcan la igualdad real y efectiva tanto para los grupos como para los individuos pertenecientes a tales colectivos, así como su integración social y laboral.

2. A tal fin, se desarrollarán, entre otros, programas de formación, información y mediación para su integración social y laboral.

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ARTÍCULO 16. ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA, RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL

1. Los servicios sociales especializados en el sector de Personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social realizarán actuaciones tendentes a favorecer la integración social de aquellos colectivos específicos que por una u otra causa se encuentren en situaciones desfavorecidas, tales como transeúntes, refugiados, asilados, emigrantes retornados, reclusos y ex reclusos, así como cualquier otro colectivo en situación de marginación.

2. Para ello se desarrollarán programas que promuevan la atención, promoción e integración social de tales colectivos, además de los que se especifiquen para cada uno de ellos.

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ARTÍCULO 17. EQUIPAMIENTOS

Cada uno de los servicios sociales especializados referidos deberán dotarse de los equipamientos precisos que sirvan de soporte para el desarrollo de los programas y actuaciones que les son propios, de conformidad con lo que reglamentariamente se determine.

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ARTÍCULO 18. PRESTACIONES ECONÓMICAS

1. Desde el Sistema Público de Servicios Sociales se concederán prestaciones económicas de carácter individual o familiar, periódicas o no periódicas, que fomenten la integración social de las personas más desfavorecidas.

2. Las condiciones, cuantías y requisitos para su concesión se establecerán reglamentariamente, dentro del ámbito competencial atribuido a cada órgano.

La prestación económica denominada Renta Básica de Inserción, así como los apoyos personalizados para la inserción laboral y social, se regularán mediante norma con rango de ley.

(Apartado 2 modificado por la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su Disposición Final Sagunda)

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CAPÍTULO II. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES

ARTÍCULO 19. FINES

La Administración regional, mediante la planificación de los servicios sociales, garantizará la distribución racional de los recursos y la coordinación de todas las actuaciones, con el fin de alcanzar los mayores niveles de bienestar social para los ciudadanos de la Región de Murcia.

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ARTÍCULO 20. EL PLAN REGIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

1. El Plan Regional de Servicios Sociales constituirá la expresión de la política de servicios sociales a desarrollar por las administraciones públicas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. El Plan Regional de Servicios Sociales contendrá el diagnóstico de la situación social, un análisis e identificación de los problemas, los objetivos a alcanzar, el calendario general de actuaciones, los programas a desarrollar, los órganos encargados de su ejecución, los recursos que han de destinarse a su financiación y los mecanismos de evaluación sistemática y continuada de los distintos programas, garantizando la participación social.

3. El Plan Regional de Servicios Sociales podrá desarrollarse a través de planes parciales o sectoriales y será revisado y actualizado periódicamente.

4. Con anterioridad a la aprobación del Plan Regional de Servicios Sociales por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, su proyecto deberá ser remitido a la Asamblea Regional para su conocimiento y aportación, por parte de los distintos grupos parlamentarios, de las alegaciones que estimen oportunas.

5. El Plan Regional de Servicios Sociales incluirá un mapa en el que se contemplarán las necesidades de la población y su distribución geográfica.

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TÍTULO III. ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

ARTÍCULO 21. EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Corresponde al Consejo de Gobierno, en materia de servicios sociales, las siguientes competencias:

a) El desarrollo reglamentario de la legislación sobre servicios sociales.

b) La planificación general de los servicios sociales en la Región de Murcia, a fin de garantizar niveles mínimos de protección en todo el territorio.

c) El estudio e investigación de las situaciones sociales, así como de los medios para intervenir en ellas.

d) Coordinar, a través de la Consejería responsable en materia de servicios sociales, las actuaciones con las distintas administraciones públicas y con la iniciativa social para la optimización de los recursos disponibles.

e) El establecimiento de los niveles mínimos de calidad que han de cumplir todas las entidades, centros y servicios sociales, para garantizar las condiciones adecuadas de los mismos, así como el nivel de participación de los usuarios en su organización.

f) Cualquiera otra que le sea atribuida, de acuerdo con la legislación vigente.

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ARTÍCULO 22. LA CONSEJERÍA RESPONSABLE EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES

Corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales:

a) La propuesta al Consejo de Gobierno de la planificación general de servicios sociales y la elaboración de planes y proyectos específicos.

b) La elaboración de anteproyectos y proyectos de disposiciones de carácter general y de cualquier otra normativa específica en materia de servicios sociales.

c) La creación, suspensión, modificación, cierre, cese o traslado de centros y servicios sociales especializados de responsabilidad pública.

d) La gestión de conciertos de prestación de servicios y la de los centros que correspondan a la Administración regional.

e) El registro, autorización, acreditación, asesoramiento e inspección de entidades, centros y servicios sociales.

f) El establecimiento de los mecanismos de coordinación de las actuaciones públicas en esta materia con las desarrolladas por la iniciativa social.

g) La evaluación de servicios sociales.

h) La instrucción en todas sus fases del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la presente Ley.

i) El apoyo y cobertura administrativa de las actividades de los órganos colegiados consultivos y de participación.

j) La gestión de convenios, subvenciones y prestaciones económicas de carácter individual o familiar, periódicas o no periódicas.

k) La realización de estudios e investigaciones y el asesoramiento técnico a las entidades públicas y privadas que lo soliciten.

l) La promoción de la corresponsabilidad y de la participación social solidaria, especialmente a través de las organizaciones de voluntariado en el ámbito regional.

m) Las funciones de formación, información y documentación en servicios sociales.

n) Los servicios de valoración y diagnóstico relativos al reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

ñ) Ejercer las funciones que corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como entidad pública competente para la protección y reforma de menores.

o) Diseñar y gestionar las actuaciones tendentes al desarrollo de una política integral de atención y ayuda a la familia.

p) El protectorado de las fundaciones asistenciales que desarrollen principalmente sus actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

q) La gestión de los servicios sociales de atención primaria que no sean creados por los propios ayuntamientos o mancomunidades en aquellos municipios con población inferior a veinte mil habitantes.

r) Cualquier otra facultad atribuida por ésta u otras leyes o por las normas que las desarrollen.

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ARTÍCULO 23. GESTIÓN DESCENTRALIZADA

(Dada nueva redacción por la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano de Acción Social, en su Disposición Adicional Segunda)

Adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales y con la naturaleza que determine la Ley de su creación, existirá un organismo público regional que desarrollará en régimen de descentralización funcional las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales para personas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedad mental crónica, personas con riesgo de exclusión social y cualquier otro colectivo necesitado de protección social que reglamentariamente se determine, cuando razones justificadas así lo aconsejen y los colectivos que se incluyan se encuentren entre los que el art. 10 de la presente ley configura como servicios sociales especializados, así como las demás atribuciones que le asigne su Ley de creación.

Además integrará las funciones de la Seguridad Social referidas al antiguo Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso), en los términos establecidos en el Real Decreto 649/1995, de 21 de abril. En consecuencia, asume todas las funciones traspasadas en materia de gestión de los servicios complementarios de las prestaciones del Sistema de Seguridad Social para Personas Mayores, Discapacitados y población marginada, así como las que le competen respecto de la gestión de las prestaciones sociales y económicas contempladas en la Ley de Integración Social de los Minusválidos y en la Ley General de la Seguridad Social.

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ARTÍCULO 24. LAS ENTIDADES LOCALES

Las entidades locales, en su ámbito territorial, sin perjuicio de lo previsto en la legislación de régimen local y en coordinación con la planificación general establecida por el Consejo de Gobierno, podrán ejercer las siguientes competencias:

a) La creación y gestión de servicios sociales de atención primaria.

b) La creación de centros y establecimientos de servicios sociales especializados, la promoción de medidas de protección social y del voluntariado.

c) La elaboración de los planes y programas de servicios sociales de su municipio, de acuerdo con la planificación global realizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

d) La prestación de servicios sociales en régimen de colaboración con otras administraciones públicas, o mediante delegación.

e) La coordinación de las actuaciones de las entidades sociales que desarrollen sus servicios en el municipio.

f) La promoción y realización de investigaciones y estudios sobre los servicios sociales en el ámbito municipal.

g) La gestión de las ayudas económicas municipales, en las condiciones que establezcan. Asimismo colaborarán con la Administración regional en la tramitación administrativa e informe de las ayudas periódicas y no periódicas regionales.

h) La coordinación de la política municipal de servicios sociales con la desarrollada por otros sectores vinculados a esta área.

i) Cualquiera otras que les sean atribuidas o les sean delegadas de acuerdo con la legislación vigente.

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TÍTULO IV. INICIATIVA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

ARTÍCULO 25. RECONOCIMIENTO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

1. Se reconoce el derecho de la iniciativa privada a participar en la prestación de servicios sociales con sujeción al régimen de registro, autorización e inspección establecido en esta Ley y demás legislación que resulte de aplicación.

2. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos, convenios u otras fórmulas de cooperación para la prestación de servicios sociales con cualquier entidad prestadora de los mismos recogida en la presente ley, de acuerdo con la planificación general de servicios sociales.

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, las administraciones públicas darán prioridad, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, a los servicios y centros dedicados a la prestación de servicios sociales de los que sean titulares entidades de iniciativa privada sin fin de lucro y atiendan preferentemente a personas de condición socioeconómica desfavorable.

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ARTÍCULO 25 BIS. RÉGIMEN DE CONCERTACIÓN

(Añadido por el Decreto-Ley 2/2015, de 6 de agosto, por el que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril del sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único, dos, y modificado por la Ley 16/2015, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único, dos)

1. Las administraciones públicas podrán encomendar la prestación de los servicios sociales de su competencia mediante el sistema de concierto social con entidades privadas, con los requisitos que se establezcan en la normativa por la que se desarrolle, con pleno respeto a los principios de publicidad, transparencia y no discriminación.

2. A los efectos de esta ley, se entiende por régimen de concertación la prestación de servicios sociales públicos a través de terceros, cuya financiación, acceso y control sean públicos.

3. El régimen de concierto social a que se refiere esta ley es un modo de organización de la gestión de los servicios sociales, diferenciado de la modalidad contractual del concierto regulado en la normativa de contratación del sector público.

4. Por Decreto del Consejo de Gobierno, se desarrollará el régimen jurídico aplicable a los conciertos sociales.

5. Los criterios para la asignación del concierto para cada tipo de centro o servicio se establecerán en su normativa de desarrollo.

En el caso de concierto de plazas en recursos para personas mayores y personas con discapacidad, se atenderá necesariamente a los principios de atención personalizada e integral, arraigo de la persona en el entorno de atención social, libre elección de la persona y continuidad en la atención y la calidad.

6. La calidad asistencial será el criterio determinante de la elección de la fórmula de prestación de los servicios, de la elección de la entidad que prestará el servicio e inspirará siempre la organización del mismo en todos sus aspectos. Solo si la calidad asistencial es equiparable, se tendrán en cuenta otros criterios como el económico.

7. Para la elección de la entidad que prestará el servicio, se valorarán los méritos y capacidades de las mismas, tales como:

a) Implantación en la localidad donde vaya a prestar el servicio.

b) Años de experiencia acreditada en la prestación del servicio.

c) Valoración de los usuarios, si ya ha prestado el servicio anteriormente.

d) Certificaciones de calidad.

e) Se valorará positivamente si se trata de empresas de trabajo social.

f) Informes de buenas prácticas en el ámbito laboral de las empresas.

8. En ningún caso, la entidad concertada podrá contratar, arrendar o ceder la ejecución de los servicios esenciales objeto del concierto, convenios o cualquier acuerdo de colaboración.

9. Las entidades prestadoras de servicios sociales durante la duración del concierto o convenio, se obligan a disponer de los medios técnicos y profesionales adecuados y suficientes para la prestación objeto del concierto en las condiciones establecidas en la normativa de aplicación, en su acuerdo de formalización o, en su caso, en el correspondiente convenio.

10. Se potenciará la modalidad de prestación económica (plaza) vinculada al servicio.

11. Las administraciones públicas en su gestión directa o indirecta y las entidades que opten a la adjudicación de un servicio deberán acompañar a su propuesta un documento explicativo del coste y la financiación de servicio público de forma general e individualizada en un solo usuario. Las adjudicatarias deberán informar anualmente de las variaciones.

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ARTÍCULO 25 TER. OBJETO DE LOS CONCIERTOS

(Añadido por el Decreto-Ley 2/2015, de 6 de agosto, por el que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril del sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único, tres, y modificado por la Ley 16/2015, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único, tres)

Podrán ser objeto de concierto:

a) La reserva y ocupación de plazas para su uso exclusivo por las personas usuarias del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, cuyo acceso será autorizado por las administraciones públicas competentes mediante los criterios previstos para ello.

b) La gestión integral de prestaciones, servicios o centros que se determine reglamentariamente.

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ARTÍCULO 25 QUATER. REQUISITOS DE LAS ENTIDADES

(Añadido por el Decreto-Ley 2/2015, de 6 de agosto, por el que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril del sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único, cuatro, y modificado por la Ley 16/2015, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único, cuatro)

1. Podrán suscribir conciertos con las administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales de la Región de Murcia, todas las personas físicas o jurídicas de carácter privado, con o sin ánimo de lucro, que presten los servicios objeto de concierto y que lo soliciten.

2. Para poder suscribir conciertos, las entidades solicitantes deberán reunir necesariamente los requisitos que se establezcan en esta Ley y en su normativa de desarrollo, y en especial:

a) Haber obtenido la oportuna autorización administrativa o, en su caso, acreditación, para la prestación del servicio objeto de concierto.

b) Estar inscritas en el correspondiente Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.

c) Acreditar la disposición de los medios y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en el acuerdo de formalización del concierto. En concreto, en el caso de reserva y ocupación de plazas deberán acreditar la titularidad del centro o su disponibilidad por cualquier título jurídico válido por un periodo no inferior a la vigencia del concierto.

d) Acreditar el cumplimiento de cualquier otra normativa que, con carácter general o específico, les sea de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por el tipo de servicio objeto de concertación.

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ARTÍCULO 25 QUINQUIES. FORMALIZACIÓN DE LOS CONCIERTOS

(Añadido por el Decreto-Ley 2/2015, de 6 de agosto, por el que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril del sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único, cinco, y modificado por la Ley 16/2015, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único, cinco)

1. La formalización de los conciertos se efectuará mediante un documento administrativo, con la forma y contenido que se determine reglamentariamente.

2. Se determinarán reglamentariamente los requisitos profesionales de las personas que dentro de las entidades presten los servicios objeto de esta norma.

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ARTÍCULO 25 SEXIES. EFECTOS DEL CONCIERTO

(Añadido por el Decreto-Ley 2/2015, de 6 de agosto, por el que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril del sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único, seis, y modificado por la Ley 16/2015, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único, seis)

1. La formalización del correspondiente acuerdo de concierto a que se refiere el artículo anterior obliga al titular de la entidad concertada a la prestación del servicio o provisión de plazas en los términos estipulados en el citado acuerdo y del resto de la normativa existente para el servicio o centro objeto de concierto desde el momento de su suscripción.

2. Se podrá formalizar en un único documento cuando se concierten mediante su correspondiente procedimiento de asignación, simultáneamente pluralidad de servicios o prestaciones, para la reserva y la ocupación de plazas en varios centros o para la gestión integral de una pluralidad de prestaciones o servicios cuando todos ellos dependan de una misma entidad titular. Esta formalización se efectuará en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

(Dada nueva redacción al ap. 2 por la Ley 5/2016, de 2 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, art. único, dos)

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ARTÍCULO 25 SEPTIES. DURACIÓN, RENOVACIÓN, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS CONCIERTOS

(Añadido por el Decreto-Ley 2/2015, de 6 de agosto, por el que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril del sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único, siete, y modificado por la Ley 16/2015, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único, siete)

1. La duración inicial de los conciertos será de un máximo de 6 años, pudiendo renovarse por acuerdo expreso de las partes 6 meses antes de su vencimiento, por un periodo máximo de 4 años.

2. Los conciertos podrán ser objeto de revisión y, en su caso, de modificación en los términos que se establezca en el correspondiente acuerdo de concierto, cuando varíen las circunstancias iniciales de su suscripción, con el fin de adecuar las condiciones económicas y las prestaciones asistenciales a las nuevas necesidades.

3. Extinguido el concierto por alguna de las causas que se establezcan en su normativa de desarrollo, deberá garantizarse a los usuarios por parte de la Administración la continuidad en la prestación del servicio.

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ARTÍCULO 25 OCTIES. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN EL COSTE DE LOS SERVICIOS CONCERTADOS

(Añadido por el Decreto-Ley 2/2015, de 6 de agosto, por el que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril del sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único, ocho, y modificado por la Ley 16/2015, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único, ocho)

1. Será de aplicación, en todo caso, la normativa sobre precios públicos en el supuesto de servicios para los que esté prevista la participación de los usuarios en el coste del servicio objeto de concierto.

2. Las entidades concertadas no podrán cobrar a las personas usuarias cantidad alguna distinta al precio público por las prestaciones propias del sistema del servicio de que se trate.

3. El cobro de cualquier otra cantidad por servicios complementarios al margen de los precios estipulados deberá ser comunicado a la Administración pública competente en la prestación del servicio objeto de concierto.

4. La consejería competente informará de las previsiones y exigencias establecidas de los puntos anteriores a las personas usuarias o interesadas y, en todo caso, sobre la forma en que el copago afecta a su patrimonio, si se está generando deuda, así como las fórmulas aplicables para satisfacer el cobro de la misma, y siempre que ello sea posible, de manera previa al uso del servicio.

5. En el caso de que el usuario participe en la financiación del servicio mediante el pago de un precio público, siempre se garantizará, con independencia de la forma de prestación del servicio, que el usuario mantendrá como mínimo un 15% de sus ingresos para su libre disposición. Dicha cantidad de ingresos no podrá ser inferior al equivalente al 20% del IPREM vigente, salvo en los meses de junio y diciembre, que será del 40% del citado índice.

(Dada nueva redacción al ap. 5 por la Ley 5/2016, de 2 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, art. único, tres)

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ARTÍCULO 25 NONIES. RÉGIMEN DE CONVENIOS

(Añadido por el Decreto-Ley 2/2015, de 6 de agosto, por el que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril del sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único, nueve, y modificado por la Ley 16/2015, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único, nueve)

Las administraciones públicas podrán celebrar convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro para la prestación de los servicios sociales de su competencia en los supuestos en que, por la singularidad del servicio que se trate, resulte la forma más idónea para su prestación y así se justifique, debiendo ser autorizados por el Consejo de Gobierno.

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ARTÍCULO 25 DECIES. MEDIDAS PARA LA TRANSPARENCIA

(Añadido por Ley 16/2015, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único, diez, y modificado por la Ley 5/2016, de 2 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único 10)

1. La entidades sin ánimo de lucro que sometan sus relaciones a las figuras de convenio o concierto reguladas en la presente ley, harán constar en los documentos que reglamentariamente se determine, todas las retribuciones dinerarias o en especie asignadas a los puestos de trabajo anualmente mientras persista el contrato. Las empresas con ánimo de lucro deberán someterse al mismo control cuando usen estos modelos contractuales.

2. La Administración Regional hará pública, en el Portal de la Transparencia, una relación de los convenios y conciertos celebrados con las entidades que mantendrá actualizada mensualmente. Esta relación contendrá los servicios prestados, importes, vencimientos y convocatorias para la prestación de éstos.

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ARTÍCULO 25 UNDECIES. GARANTÍA DE IGUALDAD

(Art. añadido por Ley 16/2015, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único, once, y modificado por la Ley 5/2016, de 2 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su art. único 11)

Las entidades cuyas relaciones con la administración se rijan por esta norma, arbitrarán las medidas necesarias a los efectos de imposibilitar por parte de trabajadores, personal externo o visitantes, cualquier información o circunstancia que explicite o permita advertir la procedencia de las personas a las que se presta el servicio, no diferenciando entre usuarios del convenio o concierto y usuarios privados.

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ARTÍCULO 26. VOLUNTARIADO

1. Las administraciones públicas, en sus distintos niveles competenciales, fomentarán el asociacionismo en materia de servicios sociales, impulsando el Voluntariado social.

2. Se fomentará la actuación y formación específica del voluntariado social que colabore en el ámbito de los servicios sociales. Sus funciones no implicarán en ningún caso relaciones de carácter laboral o mercantil.

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TÍTULO V. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

CAPÍTULO PRIMERO. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 27. GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN

La Administración pública de la Comunidad Autónoma garantiza la participación de los ciudadanos y de las entidades de acuerdo con lo dispuesto en el art. 5. 1. e) de la presente Ley.

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ARTÍCULO 28. EL CONSEJO REGIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

1. El Consejo Regional de Servicios Sociales se constituye como un órgano de carácter consultivo de participación social e institucional, adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales, y en el que estarán representados la Administración regional y local, así como otras entidades e instituciones relacionadas con dicha materia.

2. Serán funciones del Consejo Regional de Servicios Sociales:

a) Emitir informe preceptivo previo sobre los anteproyectos de ley, proyectos de decreto y otras disposiciones de carácter general, así como sobre los planes de actuación social y emitir los dictámenes que le sean solicitados por la Consejería competente en materia de servicios sociales.

b) Formular propuestas a la Administración regional orientadas a la mejora en la prestación de servicios sociales.

c) Conocer el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma en materia de servicios sociales.

d) Cualquier otra que le atribuya su normativa específica.

3. Su composición, régimen y funcionamiento serán establecidos de forma reglamentaria.

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ARTÍCULO 29. CONSEJOS DE CARÁCTER SECTORIAL

1. El Consejo de Gobierno podrá determinar, reglamentariamente, la creación de Consejos de carácter sectorial, debiendo garantizarse su relación con el Consejo Regional de Servicios Sociales.

2. En todo caso, existirán Consejos de carácter sectorial referidos a Personas Mayores, Discapacitados, Infancia y Minorías Étnicas.

3. Su composición, régimen y funcionamiento se determinarán de forma reglamentaria.

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ARTÍCULO 30. CONSEJOS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES

1. En todos los municipios existirá un Consejo de Servicios Sociales de ámbito local, con carácter consultivo y de participación social. Facultativamente, se podrán constituir Consejos de carácter sectorial.

2. La determinación de su composición, régimen y funcionamiento se efectuará por los propios municipios.

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ARTÍCULO 31. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS CENTROS, ENTIDADES Y SERVICIOS

Todas las entidades, centros y servicios sociales deberán establecer procedimientos de participación democrática de los usuarios o de sus representantes legales, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente.

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CAPÍTULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

ARTÍCULO 32. DERECHOS DEL USUARIO

1. Todo usuario de los centros y servicios a que hace referencia esta Ley disfrutará de los derechos reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes.

2. Expresamente se le reconocen los siguientes derechos:

a) A recibir asistencia sin discriminación por razón de sexo, raza, religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

b) A ser tratado con respeto y deferencia, tanto por parte del personal del centro o servicio como de los demás usuarios.

c) A la atención personalizada, de acuerdo con sus necesidades específicas.

d) Al sigilo profesional acerca de los datos de su historial sanitario y social.

e) A mantener relaciones interpersonales, incluido el derecho a recibir visitas.

f) A la participación en las actividades de centros y servicios, en la forma que se determine reglamentariamente.

g) A que se le facilite el acceso a cualquier tipo de recurso que sea necesario para conseguir su adecuado desarrollo.

h) A la información integral del sistema de protección social que se establece en la presente Ley, en sus normas de desarrollo, y de sus relaciones con otros sistemas protectores.

i) A conocer en todo momento el precio de los servicios que se reciben y a que le sean comunicadas, con la debida antelación, sus modificaciones.

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ARTÍCULO 33. DERECHOS EN EL CASO DE INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE CENTROS

1. En el ingreso, permanencia y salida de los centros prestadores de servicios sociales se respetará la propia voluntad del usuario o de su representante legal cuando se trate de menores de edad o mayores incapacitados. En este último caso será necesaria además la pertinente autorización judicial, de acuerdo con el art. 211 del Código Civil.

2. En caso de urgencia podrá procederse al ingreso sin la autorización judicial, según lo dispuesto en el párrafo anterior, y habrá de comunicarse inmediatamente a la autoridad judicial competente para que dicte la resolución que proceda.

3. En el caso de incapacidad sobrevenida previo su internamiento, los responsables del centro deberán ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad judicial a efectos de lo previsto en el referido artículo del Código Civil.

4. Los usuarios de centros residenciales disfrutarán de los siguientes derechos específicos:

a) A la determinación expresa y concreta de los derechos y obligaciones, y de las circunstancias de desarrollo de los servicios, mediante la suscripción del contrato de convivencia residencial.

Corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales la determinación del clausulado básico de dicho contrato.

b) A la cobertura de sus necesidades personales específicas en relación con los servicios de manutención, estancia y alojamiento.

c) Al planteamiento de quejas por defectos en el funcionamiento, mediante reclamaciones dirigidas, bien a la entidad titular del centro o servicio, bien a la Inspección de Servicios Sociales y, en su caso, a la Administración pública competente. En todo caso, se dará traslado de la reclamación efectuada a la Inspección de Servicios Sociales.

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ARTÍCULO 34. OBLIGACIONES DEL USUARIO EN LOS CENTROS SOCIALES

Son obligaciones del usuario:

a) Cumplir las normas sobre utilización del centro o servicio establecidas en el reglamento de régimen interior.

b) Observar una conducta basada en el mutuo respeto, tolerancia y colaboración, encaminada a facilitar una mejor convivencia.

c) Las que se deriven, en su caso, del contrato de convivencia residencial.

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ARTÍCULO 35. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR

Cada centro prestador de servicios sociales redactará y someterá a la aprobación administrativa de la Consejería competente en materia de servicios sociales, un reglamento de régimen interior en el que se respetarán, en todo caso, los derechos y libertades constitucionalmente garantizados, así como los establecidos en la presente Ley.

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TÍTULO VI. FINANCIACIÓN

ARTÍCULO 36. FUENTES DE FINANCIACIÓN

El sistema de servicios sociales de responsabilidad pública se financiará con cargo a:

a) Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

b) Los presupuestos de las entidades locales.

c) Las aportaciones de los usuarios.

d) Cualquier otra aportación económica que pudiera producirse.

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ARTÍCULO 37. FINANCIACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y MEDIDAS DE FOMENTO SOCIAL

1. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia consignará anualmente en sus presupuestos los créditos necesarios para atender los gastos que se deriven del ejercicio de sus competencias en esta materia, así como para contribuir, en su caso, a la financiación de los servicios gestionados por los entes locales y por la iniciativa social, en base a los criterios establecidos en la presente Ley y en la planificación general de servicios sociales.

2. En el presupuesto de cada obra pública financiada total o parcialmente por la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos, cuyo presupuesto de ejecución material supere los seiscientos mil euros, se incluirá una partida equivalente, al menos, del 0.5 por cien de la aportación de la Administración regional, destinada a financiar inversiones en materia de servicios sociales.

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ARTÍCULO 38. FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

1. Las entidades locales de más de veinte mil habitantes deberán consignar en sus presupuestos partidas específicas, en cuantía suficiente, para la creación, mantenimiento y desarrollo de los equipamientos, programas y servicios que le corresponden de conformidad con lo establecido legalmente.

2. Las entidades locales de veinte mil habitantes o menos que opten por asociarse para la creación, mantenimiento y desarrollo de los equipamientos, programas y servicios, deberán consignar como mínimo un cuatro por ciento de sus presupuestos para dicha finalidad.

3. Las entidades locales de veinte mil habitantes o menos que opten por la creación, mantenimiento y desarrollo por sí mismos de los equipamientos, programas y servicios, deberán consignar como mínimo un seis por ciento de sus presupuestos para dicha finalidad.

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ARTÍCULO 39. APORTACIÓN DE LOS USUARIOS

1. La Administración regional establecerá, como precio público, la aportación de los usuarios en la financiación de los centros y servicios de titularidad pública o titularidad privada financiados total o parcialmente con fondos públicos, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, una vez analizada su situación económica y mediante la aplicación de los baremos que procedan.

2. En la determinación de esta participación se ponderarán el coste del servicio y los ingresos o el patrimonio de la persona usuaria o, en su caso, de las personas obligadas legalmente a prestarle asistencia, teniendo en cuenta la situación familiar, social y económica de estas últimas.

La participación de las personas obligadas legalmente sólo será exigible cuando, estando integrada su unidad familiar por uno o dos miembros, los ingresos de la misma excedan del doble del salario mínimo interprofesional. Dicho límite se incrementará en cuantía equivalente a la mitad del salario mínimo interprofesional por cada miembro que se sume a la referida unidad familiar.

A los efectos previstos en este apartado no se considerará incluida a la persona usuaria en la unidad familiar.

Las personas usuarias siempre tendrán garantizada una cantidad de dinero suficiente para su libre disposición.

3. De acuerdo con el principio de solidaridad, nadie podrá quedar excluido de la prestación de servicios sociales públicos o privados que reciban financiación pública, por insuficiencia o carencias de recursos económicos.

Asimismo, ni la calidad del servicio ni la prioridad en la atención de los casos pueden ser determinados por la existencia de tal contraprestación.

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ARTÍCULO 40. COLABORACIÓN FINANCIERA CON LAS ENTIDADES LOCALES Y LA INICIATIVA SOCIAL

1. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dentro de sus previsiones presupuestarias, en el marco de las respectivas competencias del Consejo de Gobierno y de la Consejería responsable en materia de servicios sociales y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Hacienda regional, podrá adjudicar subvenciones y suscribir conciertos y convenios de cooperación o colaboración con las entidades prestadoras de servicios sociales a fin de que desarrollen actuaciones en materia de servicios sociales.

2. En cualquier caso, esta colaboración se condicionará al cumplimiento de los objetivos fijados en la planificación general de servicios sociales y a un estricto control financiero.

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TÍTULO VII. REGISTRO E INSPECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO PRIMERO. REGISTRO DE ENTIDADES, CENTROS Y SERVICIOS SOCIALES

ARTÍCULO 41. EL REGISTRO Y LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL

1. El Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales se configura como un instrumento básico de planificación y coordinación de los servicios sociales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que permite conocer los recursos disponibles y su mayor optimización.

2. La inscripción registral de entidades, centros y servicios sociales, públicos y privados se produce con la autorización administrativa previa y/o de funcionamiento de los centros y servicios sociales de la Región de Murcia.

3. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se regularán la inscripción, la acreditación y demás efectos que puedan atribuirse a los asientos registrales.

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ARTÍCULO 42. CONDICIONES MÍNIMAS

1. Corresponde al Consejo de Gobierno, mediante Decreto, el establecimiento de requisitos y condiciones mínimas en la prestación de servicios sociales. Asimismo, podrá establecer niveles de calidad para la acreditación de los centros y servicios sociales.

2. Los requisitos mínimos en servicios sociales se entienden exigibles sin perjuicio del cumplimiento por entidades, centros y servicios de las disposiciones estatales, regionales y locales que les sean aplicables.

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CAPÍTULO II. INSPECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

ARTÍCULO 43. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

La Administración regional ejercerá, a través de la Inspección de Servicios Sociales, las facultades inspectoras establecidas reglamentariamente sobre las entidades, centros y servicios sociales que desarrollen su actividad en la Región de Murcia.

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ARTÍCULO 44. FUNCIÓN INSPECTORA

1. La Inspección de Servicios Sociales, en el ejercicio de sus funciones, tendrá la consideración de autoridad pública a todos los efectos y gozará de plena independencia.

2. Los titulares de los centros, entidades y servicios sociales estarán obligados a permitir a la inspección, el acceso a las instalaciones, facilitar la información, documentos, libros, soportes informáticos y demás datos que le sean requeridos, así como prestar toda la colaboración precisa para el ejercicio de las funciones inspectoras.

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TÍTULO VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO PRIMERO. PRINCIPIOS BÁSICOS

ARTÍCULO 45. CONCEPTO DE INFRACCIÓN

1. Se consideran infracciones administrativas en servicios sociales las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en la presente Ley.

2. Las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves y muy graves.

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ARTÍCULO 46. REINCIDENCIA

A los efectos de la presente Ley se entenderá por reincidencia la comisión de dos o más faltas en el periodo de un año que adquieran firmeza en vía administrativa.

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ARTÍCULO 47. CONCURRENCIA CON OTRAS RESPONSABILIDADES

1. Las responsabilidades administrativas derivadas de la presente Ley se exigirán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o laborales que pudieran resultar.

2. En el supuesto de que tales infracciones administrativas pudieran constituir ilícito penal, se comunicará al Ministerio Fiscal u órgano judicial competente, suspendiéndose por la unidad instructora el procedimiento sancionador hasta que adquiera firmeza la resolución que ponga fin al procedimiento judicial.

Dicha suspensión no afectará al cumplimiento de las medidas administrativas que puedan dictarse en protección de derechos fundamentales de las personas usuarias de servicios sociales.

La Administración quedará vinculada en el procedimiento sancionador por la declaración de hechos probados contenida en la resolución judicial firme.

3. No podrán ser sancionados hechos que ya lo hayan sido penal o administrativamente, en casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

4. Las infracciones y sanciones administrativas, en relación con las subvenciones y ayudas públicas en el ámbito de servicios sociales, se regirán por lo dispuesto sobre infracciones y sanciones en materia de subvenciones en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

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ARTÍCULO 48. SUJETOS RESPONSABLES

1. Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que incurran en las acciones u omisiones tipificadas en el presente título.

2. La responsabilidad prevista en el párrafo anterior se imputará a la persona física o jurídica que cometa la infracción y solidariamente a la persona física o jurídica titular del centro o servicio que, en su caso, resulte responsable por haber infringido su deber de vigilancia.

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ARTÍCULO 49. PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

1. Las infracciones reguladas en la presente Ley, prescriben en los plazos siguientes:

a) Las leves, al año.

b) Las graves, a los tres años.

c) Las muy graves, a los cinco años.

2. Las sanciones impuestas prescribirán:

a) Al año las calificadas como leves.

b) A los tres años las calificadas como graves.

c) A los cinco años las calificadas como muy graves.

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CAPÍTULO II. INFRACCIONES

ARTÍCULO 50. INFRACCIONES LEVES

Son infracciones leves:

1.- El incumplimiento de la normativa aplicable en materia de servicios sociales, cuando del mismo no se derive perjuicio directo y concreto sobre los usuarios de servicios sociales, y no esté calificado como infracción grave o muy grave.

2.- Prestar una asistencia inadecuada, siempre que no se cause a los usuarios perjuicios de carácter grave.

3.- Obstruir la labor inspectora, siempre que no se produzca un perjuicio grave en la misma.

4.- La falta de suscripción del contrato de convivencia residencial.

5.- Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con deficiencias en su estado, en su funcionamiento, en su limpieza e higiene, sin que se derive de ello riesgo para la integridad física o la salud de los usuarios.

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ARTÍCULO 51. INFRACCIONES GRAVES

Son infracciones graves:

1.- El incumplimiento de la normativa aplicable en materia de servicios sociales, cuando del mismo se derive perjuicio directo y concreto sobre los usuarios de servicios sociales, y no esté calificado como infracción muy grave.

2.- Obstruir la labor inspectora, mediante acciones u omisiones que dificulten, perturben o retrasen sus funciones, así como no prestarles la colaboración y auxilio requeridos para el ejercicio de sus funciones.

3.- El incumplimiento de la normativa aplicable en materia de Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, cuando tal incumplimiento no esté calificado como infracción muy grave.

4.- La realización por entidades prestadoras de servicios sociales de publicidad de centros, establecimientos y servicios no anotados en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, o de datos contradictorios con los obrantes en el expediente registral.

5.- Faltar a la obligada confidencialidad respecto de los datos personales, sociales y sanitarios de los usuarios y de la información relacionada con su proceso y estancia en instituciones públicas o privadas.

6.- Prestar una asistencia inadecuada siempre que la misma cause perjuicio de carácter grave.

7.- Dificultar o impedir, a los usuarios de los servicios, el disfrute de los derechos reconocidos por la normativa vigente.

8.- La vulneración del derecho a la integridad física y moral, siempre que no constituya infracción penal.

9.- Las irregularidades en la administración, custodia y manejo de fondos y bienes del usuario de las entidades, centros y servicios por parte de sus directores, administradores o personas responsables.

10.- La modificación de la capacidad asistencial del servicio en más de un 10% de la capacidad registrada, sin autorización administrativa, siempre que la variación efectuada comporte un incumplimiento de la normativa reguladora de las condiciones mínimas de los establecimientos y servicios.

11.- Proceder al cierre de un centro o servicio sin haberlo notificado u obtenido la autorización administrativa pertinente en el supuesto de que medie financiación pública.

12.- La reincidencia en la comisión de falta leve.

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ARTÍCULO 52. INFRACCIONES MUY GRAVES

Son infracciones muy graves:

1.- Obstruir la labor inspectora por impedir el acceso a las dependencias del centro, resistencia reiterada, coacción, o cualquier otra forma de presión ejercida sobre los inspectores de servicios sociales.

2.- El ejercicio de actividades en materia de servicios sociales sin haber obtenido la autorización de funcionamiento y el acceso al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, o habiendo sido éste denegado.

3.- Ocultar el ánimo de lucro en la actividad de aquellas entidades prestadoras de servicios sociales que no tengan reconocida tal finalidad.

4.- Cualquiera de las infracciones calificada como graves, si de su comisión se deriva daño notorio de imposible o difícil reparación para los usuarios de servicios sociales, o de gran trascendencia social.

5.- La reincidencia en la comisión de falta grave.

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CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

ARTÍCULO 53. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

El procedimiento sancionador se determinará reglamentariamente de acuerdo con los principios establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en sus normas de desarrollo.

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ARTÍCULO 54. MEDIDAS CAUTELARES

1. En cualquier momento del procedimiento, el órgano competente para iniciar el expediente podrá adoptar, mediante acuerdo motivado, las medidas cautelares necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que se pueda dictar, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción o prevenir daños o perjuicios a los usuarios del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

2. Las medidas cautelares, que deberán ajustarse en intensidad y proporcionalidad a la naturaleza y gravedad de la presunta infracción, podrán consistir en:

a) Cierre temporal, total o parcial, del establecimiento o suspensión temporal, total o parcial, de la prestación de servicios o de la realización de actividades, incluyendo en esta última categoría la prohibición de aceptación de nuevos usuarios.

b) Prestación de fianza hasta una cuantía equivalente al importe mínimo de la sanción económica que podría corresponder por la comisión de la presunta infracción.

3. Durante la tramitación del procedimiento se levantarán estas medidas si hubiesen desaparecido las causas que motivaron su adopción. La resolución definitiva del expediente ratificará o dejará sin efecto la medida cautelar adoptada.

4. Las de suspensión y clausura no podrán exceder del plazo de seis meses, salvo en casos de paralización o suspensión de trámites del expediente en los supuestos legales y reglamentarios, o por causas imputables al afectado, en los que podrá ampliarse el tiempo de duración.

En todo caso el tiempo de suspensión y clausura provisional será computado como de cumplimiento de la sanción, si recayere. La duración de la medida cautelar de fianza será fijada para cada caso concreto atendiendo a la situación de riesgo que motivó su adopción.

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ARTÍCULO 55. RESOLUCIÓN

1. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador será motivada y resolverá todas las cuestiones pertinentes planteadas en el expediente.

2. En todo caso deberá manifestarse expresamente sobre:

- La ratificación de las medidas cautelares, a fin de garantizar la eficacia de la resolución en tanto no sea ejecutiva, o la revocación de las mismas, en su caso.

- La obligación de reposición de la situación a su estado originario.

- La determinación de la indemnización de daños y perjuicios derivados de la infracción cometida.

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CAPÍTULO IV. SANCIONES

ARTÍCULO 56. SANCIONES

1. Las infracciones en materia de servicios sociales se sancionarán de la forma siguiente:

a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta tres mil euros o amonestación. La sanción de amonestación podrá ser impuesta como alternativa de la multa en infracciones leves, cuando, a juicio discrecional del órgano competente para la imposición de la sanción, pudiera ésta ocasionar un grave perjuicio al patrimonio de la persona responsable o al cumplimiento de sus fines, o resultare aquélla más adecuada atendiendo a la situación de los infractores.

b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa, superior a tres mil euros y hasta treinta mil euros.

c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa, superior a treinta mil euros y hasta ciento cincuenta mil euros.

2. En cualquier caso, las infracciones graves y muy graves podrán acumular a la sanción de multa:

a) La de suspensión temporal, hasta seis años, de actividades de centros, servicios o prestaciones, en el supuesto en el que su configuración u organización facilite la reiteración de infracciones de la misma naturaleza.

b) La de inhabilitación temporal, hasta seis años, para el ejercicio de actividades en servicios sociales, en el supuesto de que el responsable de la infracción la hubiese cometido prevaliéndose de la falta de capacidad de obrar de los perjudicados.

c) La de inhabilitación definitiva para el ejercicio de actividades en servicios sociales, en el supuesto de que la infracción resulte especialmente dañosa para usuarios de servicios sociales, o tuviere una gran trascendencia social.

d) La de clausura definitiva de centros, establecimientos o servicios, en el supuesto de que en ellos se hubieren cometido infracciones muy graves vulneradoras de los derechos fundamentales de la persona.

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ARTÍCULO 57. CRITERIOS DE GRADUACIÓN

Las sanciones se impondrán atendiendo al riesgo generado, al daño o perjuicio causado, a la intencionalidad y al beneficio obtenido.

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ARTÍCULO 58. ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS SANCIONADORAS

1. Corresponde al Consejo de Gobierno la imposición de las siguientes sanciones:

a) La de clausura definitiva de centros, establecimientos o servicios.

b) La de inhabilitación para el ejercicio de actividades en servicios sociales, definitiva o por tiempo superior a tres años.

c) La de suspensión temporal de actividades de centros, de establecimientos, de servicios o prestaciones, por tiempo superior a tres años.

d) La de multa por importe superior a treinta mil euros.

2. Corresponde al titular de la Consejería competente en servicios sociales la imposición de las siguientes sanciones:

a) La de inhabilitación para el ejercicio de actividades en servicios sociales, por tiempo superior a un año y hasta tres años.

b) La de suspensión temporal de actividades de centros, de establecimientos, de servicios o prestaciones, por tiempo superior a un año y hasta tres años.

c) La de multa por importe superior a tres mil euros y hasta treinta mil euros.

3. Corresponde al titular del centro directivo competente en materia de inspección de servicios sociales, la imposición de las sanciones no atribuidas expresamente en los párrafos anteriores.

4. Cuando por la comisión de una infracción correspondan sanciones cuya imposición esté atribuida a órganos distintos, en virtud de lo dispuesto en los párrafos anteriores, el de rango superior avocará la facultad del órgano de menor rango.

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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

En los procedimientos para la concesión de ayudas, pensiones, prestaciones y subvenciones públicas en materia de servicios sociales, con cargo a créditos de la Comunidad Autónoma, incluida la ayuda a domicilio, se atenderá a lo dispuesto en el art. 3 de la Ley 1/2002, de 20 de marzo, de Adecuación de los Procedimientos de la Administración Regional de Murcia a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Los ingresos que se deriven de la imposición de las sanciones económicas establecidas en el presente título, generarán crédito en los programas presupuestarios de servicios sociales.

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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En tanto no se establezca una nueva composición, régimen y funcionamiento del Consejo Regional de Servicios Sociales y de los distintos Consejos Sectoriales, seguirán en vigor los Decretos 37/1987, de 28 de agosto, modificado por Decreto 33/92, de 26 de marzo, y 3/1993, de 29 de enero.

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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ley 8/1985, de 9 de diciembre, de Servicios Sociales de la Región de Murcia y cuantos preceptos y disposiciones de igual o inferior rango se opongan a las determinaciones de la presente Ley.

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DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, la Administración regional elaborará el Plan Regional de Servicios Sociales.

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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La cuantía de las sanciones de naturaleza económica previstas en el presente título, y de los límites establecidos en el artículo anterior, se actualizarán, conforme al Índice de Precios al Consumo, mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de servicios sociales.

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DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

La presente Ley entrará en vigor al mes de su completa publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Murcia, 10 de abril de 2003.—El Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.

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Extracto de la Orden por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas formativos profesionales en las modalidades Adaptada y Especial, a iniciar en el 2021 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

BORM número 180 de 6 de agosto de 2021

Consejería de Educación y Cultura

Vigencia: desde el 7 de agosto de 2021

Referencias

Afectada por:

Orden de 23 de agosto de 2021, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establece una segunda ampliación del plazo de presentación de solicitudes, correspondiente a la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas formativos profesionales en las modalidades Adaptada y Especial, a iniciar en el 2021 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM número 199 de 28 de agosto de 2021):

Se amplía el plazo de presentación de solicitudes hasta el 10 de septiembre de 2021.

Orden de 11 de agosto de 2021, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes correspondiente a la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas formativos profesionales en las modalidades Adaptada y Especial, a iniciar en el 2021 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM número 189 de 17 de agosto de 2021):

Se amplía el plazo de presentación de solicitudes hasta el 30 de agosto de 2021.

Orden de 16 de octubre de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión y justificación de subvenciones para el desarrollo de Programas Formativos Profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM número 144 de 21 de octubre de 2014):

Establece las bases reguladoras.

Contenido

BDNS (Identif.): 578223

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/578223)

Primero. Beneficiarios:

Entidades cuyo ámbito de actuación se encuentre en la Región de Murcia en los siguientes términos:

1. En la modalidad Adaptada, entidades privadas sin fines de lucro, legalmente constituidas, que dispongan de infraestructura suficiente para desarrollar el programa y de experiencia acreditada en la atención a jóvenes socialmente desfavorecidos.

2. En la modalidad Especial, entidades públicas o privadas sin fines de lucro, que dispongan de infraestructura suficiente para desarrollar el programa y con experiencia reconocida en la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.

Segundo. Objeto:

Desarrollo de Programas Formativos Profesionales a iniciar en el primer trimestre del curso 2021/2022.

Tercero. Bases reguladoras:

Orden de 16 de octubre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión y justificación de subvenciones para el desarrollo de Programas Formativos Profesionales, en las modalidades Adaptada y Especial (publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 21 de octubre de 2014), modificada por Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 22 de octubre 2019.

Cuarto. Cuantía:

La cuantía total para la modalidad Adaptada será de seiscientos cuarenta mil euros (640.000,00 €) y para la modalidad Especial, una cuantía total de quinientos sesenta mil euros (560.000,00 €).

En la modalidad Adaptada, la cuantía asignada a cada programa será, como máximo, de cuarenta mil euros (40.000,00 €) y como mínimo de treinta mil euros (30.000,00 €).

En la modalidad Especial, la cuantía asignada a cada programa será, como máximo, de cuarenta mil euros (40.000,00 €) y como mínimo de treinta mil euros (30.000,00) para cada uno de los dos cursos académicos que incluye un programa.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo ordinario de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto de la convocatoria en el BORM (Boletín Oficial de la Región de Murcia).

Sexto. Otros datos:

Las solicitudes se formalizarán en el anexo II de la orden de convocatoria e irán firmadas por el representante legal de la entidad solicitante.

Las solicitudes irán acompañadas de la documentación que se relaciona en el artículo 6 de la Orden de 16 de octubre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión y justificación de subvenciones para el desarrollo de Programas Formativos Profesionales, en las modalidades Adaptada y Especial (publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 21 de octubre de 2014).

Murcia, 2 de agosto de 2021. La Consejera de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, María Isabel Campuzano Martínez.

Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se establece la convocatoria del concierto social para la prestación del servicio de intervención y supervisión del acogimiento familiar en familia extensa y ajena de personas menores de edad tuteladas

BORM número 181 de 7 de agosto de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Viegencia: desde el 8 de agosto de 2021

Contenido

Índice:

Acceder al texto completo

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.

Artículo 2. Duración e importe del concierto derivado de la convocatoria.

Artículo 3. Requisitos de las entidades solicitantes.

Artículo 4. Presentación de solicitudes y documentación a adjuntar.

Artículo 5. Criterios finales de selección y asignación de casos.

Artículo 6. Procedimiento de selección de la entidad y determinación de los casos a atender. Procedimiento de formalización del acuerdo de concierto social.

Disposición final única. Efectos

TEXTO COMPLETO

El Decreto 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia en materia de protección y reforma del menor, establece en su artículo 2, apartado c, que podrán ser objeto de concierto social en el ámbito de protección y reforma de menores, entre otros, “Intervención y supervisión de los acogimientos familiares”, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7 bis y artículos 25 y siguientes de la Ley 3/2003, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

El artículo 12 del mencionado Decreto 62/2019, de 3 de mayo, establece que la formalización de los conciertos sociales se efectuará en documento administrativo, por el titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales mediante el denominado acuerdo de concierto social, según modelo aprobado previamente por el titular de la citada consejería. Este modelo, por lo que respecta la prestación del servicio de intervención y supervisión del acogimiento familiar en familia extensa y ajena de personas menores de edad tuteladas, fue aprobado mediante Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de 16 de julio de 2021 (BORM n.º 168 de 23 de julio de 2021).

El artículo 9.1 del citado Decreto establece que el “procedimiento para la selección de las entidades se iniciará mediante la correspondiente convocatoria para cada tipo de concierto, en función de las necesidades de la Administración Regional, con indicación, entre otros aspectos, de su objeto de acuerdo con lo previsto en el artículo 3, su duración y el importe total del concierto. Dicha convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

La Dirección General de Familias y Protección de Menores, es la entidad competente en el diseño y coordinación de actuaciones tendentes a la potenciación de una política social integral de atención y ayuda a la familia, dirección en la elaboración de planes, programas y proyectos en materia de menor y familia, así como en el ejercicio de las funciones que corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como entidad pública competente en materia de protección de menores, tal y como establece el artículo 5 del Decreto n.º 169/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la citada Consejería.

De acuerdo con la normativa recogida en los párrafos precedentes, y en virtud de las atribuciones conferidas a la Consejería competente en materia de servicios sociales por el Decreto del Presidente n.º 34/2021, de 3 de abril, de reorganización de la Administración Regional, y del artículo 16.2 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

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Dispongo:

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.

1. Es objeto de la presente Orden la convocatoria para el ejercicio 2021, en régimen de concurrencia competitiva, del concierto social para la prestación del servicio de intervención y supervisión del acogimiento familiar en familia extensa y ajena de personas menores de edad tuteladas.

2. El procedimiento de esta convocatoria se rige por lo dispuesto en el Decreto 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia, en materia de protección y reforma del menor, en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas así como por cualquier otra disposición o norma del ordenamiento jurídico que resulte de aplicación.

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Artículo 2. Duración e importe del concierto derivado de la convocatoria.

1. En la presente Orden se convocan un número máximo de 550 casos a atender, de manera continuada cada mes, por la entidad o entidades seleccionadas.

2. La duración inicial del acuerdo o acuerdos de concierto social que se deriven de esta convocatoria será de un máximo de 4 años, sin perjuicio de su posible prórroga de acuerdo con el artículo 17.2 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo.

3. De acuerdo con el importe a pagar por tramos por la prestación del servicio de intervención y supervisión del acogimiento familiar en familia extensa y ajena de personas menores de edad tuteladas, determinado por la Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de 16 de julio de 2021 (BORM n.º 168 de 23 de julio de 2021), el importe máximo de la presente convocatoria (calculado en base al tramo más alto) será de 2.810.316,80 €, con cargo a la correspondiente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia según la siguiente distribución por anualidades:

 

Ejercicio presupuestario/
Periodo
Tramo 4 Coste servicio IVA TOTAL
2021
(de xx/xx/2021 a 31/12/2021)
De 413 a 550 casos 151.624,81 € 15.162,48 € 166.787,29 €
2022
(de 01/01/2022 a 31/12/2022)
De 413 a 550 casos 619.230,59 € 61.923,06 € 681.153,64 €
2023
(de 01/01/2023 a 31/12/2023)
De 413 a 550 casos 634.298,54 € 63.429,85 € 697.728,39 €
2024
(de 01/01/2024 a 31/12/2024)
De 413 a 550 casos 649.534,98 € 64.953,50 € 714.488,47 €
2025
(de 01/01/2025 a xx/xx/2025)
De 413 a 550 casos 500.144,54 € 50.014,45 € 550.159,00 €
TOTALES   2.554.833,46 € 255.483,34 € 2.810.316,80 €

 

Las anteriores cuantías serán el límite que no podrá superar el concierto o conciertos sociales que se deriven de la presente convocatoria, estando prevista la suscripción de los mismos para el 1 de octubre de 2021.

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Artículo 3. Requisitos de las entidades solicitantes.

Las entidades que deseen participar en la presente convocatoria deberán haber sido declaradas aptas para suscribir conciertos sociales en relación con la prestación del servicio de intervención y supervisión del acogimiento familiar en familia extensa y ajena de personas menores de edad tuteladas, mediante Orden de la Consejera Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido en la presente convocatoria.

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Artículo 4. Presentación de solicitudes y documentación a adjuntar.

1. Para la presentación de la solicitud se utilizará el modelo que se adjunta como anexo II de la presente convocatoria.

En la solicitud la entidad señalará el número de casos máximos que oferta y a los que podrá atender de resultar seleccionada.

Las solicitudes deberán presentarse de acuerdo con lo previsto en las Leyes reguladoras del Procedimiento Administrativo Común y del Régimen Jurídico del Sector Público. La presentación de las solicitudes y del resto de documentación del procedimiento de forma telemática se realizará a través de un formulario electrónico específico que estará disponible en la Sede electrónica de la Administración regional.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

3. Documentación a presentar junto con la solicitud.

a. Propuesta técnica que incluya los programas, planes, personal o servicios adicionales que ofrece.

b. La documentación que se requiera para valorar la aplicación de los criterios de selección de acuerdo con el anexo I de esta convocatoria.

4. Documentación a presentar por la entidad o entidades seleccionadas.

La Entidad o entidades seleccionadas deberán aportar la documentación acreditativa de la titularidad del centro o su disponibilidad por cualquier título jurídico válido, incluido el arrendamiento o cesión, por un período no inferior a la vigencia del concierto social. Cuando la entidad no sea propietaria del local o edificio donde se van a prestar los servicios concertados, deberá acreditar en el momento de formalización del concierto social, que cuenta con la autorización de la persona propietaria para destinarlo a los fines específicos del concierto social, no siendo suficiente contar con una autorización de carácter genérico.

5. No obstante, si la documentación recogida en los apartados anteriores ya obrase en poder de las Administraciones Públicas o hubiese sido elaborada por ellas, la entidad interesada no habrá de aportarlos de acuerdo con los artículos 28.2 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo, debiendo indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos.

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Artículo 5. Criterios finales de selección y asignación de casos.

Los criterios finales de selección y asignación de casos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8.3 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, serán los establecidos en el anexo I de esta convocatoria, realizándose las debidas adaptaciones y aclaraciones a los criterios señalados por el anexo III del mencionado Decreto habida cuenta de que la prestación del servicio de intervención y supervisión del acogimiento familiar en familia extensa y ajena de personas menores de edad tuteladas tiene un ámbito regional.

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Artículo 6. Procedimiento de selección de la entidad y determinación de los casos a atender. Procedimiento de formalización del acuerdo de concierto social.

1. El procedimiento de selección se regirá por lo dispuesto en la presente Orden así como por lo regulado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, correspondiendo la instrucción del mismo al Servicio de Protección de Menores de la Dirección General de Familias y Protección de Menores.

2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, realizadas las subsanaciones correspondientes, el Servicio de Protección de Menores solicitará informe a la unidad administrativa competente de la Consejería en materia de inscripciones registrales de Entidades, Centros y Servicios Sociales, relativo a las entidades que hayan sido declaradas aptas para suscribir conciertos sociales, en el ámbito de la protección o reforma de menores, en relación con la prestación del servicio de intervención y supervisión del acogimiento familiar en familia extensa y ajena de personas menores de edad tuteladas, debiendo haber sido dictada dicha declaración de aptitud antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido por esta convocatoria.

3. Recibido el informe de la unidad administrativa competente en materia de inscripciones registrales de Entidades, Centros y Servicios Sociales, el Servicio de Protección de Menores procederá, de acuerdo con los criterios recogidos en el anexo I de esta Orden y a la vista de las propuestas realizadas por las entidades, a la prelación de las solicitudes de acuerdo con los criterios finales de selección y asignación previamente establecidos, adjudicando los casos, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, a aquellas entidades que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

En caso de que varias entidades obtuvieran la misma puntuación se estará a los criterios de preferencia y desempate establecidos en el anexo III del Decreto 62/2019, de 3 de mayo.

Si la entidad que hubiera obtenido mayor puntuación ofertase un número de casos igual o superior al establecido en la presente convocatoria se adjudicarán en su totalidad en número de casos a asignar a dicha entidad exclusivamente.

4. Una vez dictada la Orden en virtud de la cual se selecciona a la entidad o entidades con las que se suscribirá el concierto social y se determina el número de casos a concertar, se requerirá a dicha entidad o entidades para que presenten en el plazo de 10 días hábiles la documentación exigida con carácter previo a la formalización del concierto social señalada en el artículo 4.4 de esta convocatoria.

Si la entidad o entidades seleccionadas no presentasen la documentación exigida en el plazo establecido, se pasará a adjudicar los casos a las siguientes entidades por orden de puntuación mediante Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. En el caso de que no existieran más entidades seleccionadas la convocatoria sería declarada desierta a través de la correspondiente Orden.

5. El plazo máximo para dictar y notificar la Orden de selección es de tres meses a contar desde la publicación de la Orden de Convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin dictarse y notificarse resolución alguna, la entidad podrá entender desestimada su pretensión por silencio administrativo.

6. Contra la Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social resolviendo el procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la misma en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

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Disposición final única. Efectos

La presente Orden producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», o, directamente, recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo de dos meses contados desde el citado día, en los términos previsto en la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y sin perjuicio de que las entidades interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Murcia, 5 de agosto de 2021. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.

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Descargar anexos a la Orden

Decreto número 156/2021, de 5 de agosto, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas a entidades sociales para el desarrollo de proyectos de acogida a mujeres víctimas de violencia de género en base al Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

BORM número 181 de 7 de agosto de 2021

Consejo de Gobierno

Vigencia: desde el 5 de agosto de 2021

Contenido

Índice:

Acceder al texto compelto

Artículo 1. Objeto, finalidad y razones de interés público, social y humanitario.

Artículo 2. Financiación.

Artículo 3. Programas de actuación.

Artículo 4. Presentación de proyectos.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.

Artículo 6. Entidades beneficiarias y cuantía.

Artículo 7. Requisitos.

Artículo 8. Obligaciones.

Artículo 9. Pago de las subvenciones.

Artículo 10. Gastos Subvencionables.

Artículo 11. Subcontratación.

Artículo 12. Incumplimientos

Artículo 13. Plazo de ejecución y ampliación del mismo.

Artículo 14. Régimen de justificación.

Artículo 15. Responsabilidades y régimen sancionador.

Artículo 16. Reintegro.

Artículo 17. Régimen jurídico aplicable.

Artículo 18. Publicidad de la subvención.

Disposición final única. Eficacia y publicidad.

TEXTO COMPLETO

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 15 de noviembre de 2016, con motivo del debate acumulado de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar y actualizar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (núm. Expte. 162/000135), y de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover un Pacto Social, Político e Institucional que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, vinculado a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de la política sostenida para la erradicación de la violencia de género (núm. Expte. 162/000004), acordó un texto transaccional, que entre su contenido contempla en el punto 1 y 2:

Promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado. Un pacto que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género.

Dotar suficientemente las partidas presupuestarias, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado mediante Ley Orgánica 4/1982 de 9 de junio, determina en su artículo 9.2.b), que corresponde a la Comunidad Autónoma velar por la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Asimismo, en su artículo 10. Uno. 20, señala que a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia le corresponde la competencia exclusiva en el ámbito de promoción de la mujer.

De manera específica, el artículo 27 de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de género en la Región de Murcia, establece que las Administraciones Públicas de la Región de Murcia promoverán las actuaciones oportunas dirigidas a conseguir una participación plena de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política, social económica y cultural. En su artículo 29 recoge, además, que dichas Administraciones Públicas fomentarán el asociacionismo y la difusión y participación femenina a través de las asociaciones y organizaciones en el ámbito de la Región de Murcia, y las incentivarán para que lleven a cabo acciones dirigidas a la consecución de los objetivos previstos en dicha ley.

El Decreto del Presidente n.º 34/2021, de 3 de abril, de Reorganización de la Administración Regional, modificado por el Decreto de la Presidencia n.º 47/2021, de 9 de abril, en su artículo 3 establece que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado, entre otras actuaciones, del desarrollo y ejecución de las políticas de la mujer, incluidas las destinadas a combatir la violencia contra las mujeres, y de las políticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, sin perjuicio de las que le corresponda a otros departamentos regionales y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

De acuerdo con este marco competencial, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, a través de la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, considera como objetivo prioritario mejorar y ampliar los proyectos desarrollados por las entidades de la Región de Murcia y que, por su finalidad, contribuyan a hacer efectivo el apoyo a las víctimas de violencia de género así como erradicar este tipo de violencia del orden social de la Región de Murcia, especialmente tras la publicación del Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.

El artículo 22.2. c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que existan razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. De conformidad con lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deberán ser aprobadas por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del órgano competente por razón de la materia para conceder subvenciones.

La concesión de las subvenciones de esta naturaleza y conforme a lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, corresponde a la Consejería de Mujer, Igualdad, L.G.T.B.I., Familias y Política Social.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Mujer, Igualdad, L.G.T.B.I., Familias y Política Social y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 5 de agosto, de conformidad con lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el artículo 25.2 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

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Dispongo:

Artículo 1. Objeto, finalidad y razones de interés público, social y humanitario.

1. El presente Decreto tiene por objeto aprobar las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas a las entidades sociales que se detallan en el anexo I, para continuar y ampliar la financiación de las actuaciones destinadas a la acogida de mujeres víctimas de violencia de género, contribuyendo a hacer efectivo el apoyo a las víctimas de violencia de género así como erradicar este tipo de violencia del orden social de la Región de Murcia, en base al Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto.

2. Las subvenciones reguladas en este decreto tienen carácter singular, dado que las entidades beneficiarias llevan a cabo actividades en estos ámbitos que no desarrolla ninguna otra, por lo que se autoriza la concesión directa de las mismas en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La actuación resulta de indudable interés público, social y humanitario como medida de protección, acogida y atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas si los hubiera, para conseguir una vida autónoma e inserción socio laboral.

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Artículo 2. Financiación.

1. La cuantía máxima de la subvención asciende 446.000,00 euros, del Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2021. La financiación aludida no se realiza con cargo a fondos de la Unión Europea.

2. La subvención será compatible con otras otorgadas para el mismo fin por cualquier administración o entidad pública o privada nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

3. El importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

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Artículo 3. Programas de actuación.

Para el desarrollo de las líneas de actuación establecidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, se establecen diversos proyectos en los que se integran actuaciones de mantenimiento y mejora de las redes de recursos de acogida especializados en violencia contra la mujer, garantizando la accesibilidad a las mujeres y sus hijos e hijas si los hubiese, con independencia de sus circunstancias personales.

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Artículo 4. Presentación de proyectos.

Las entidades beneficiarias deberán presentar electrónicamente (procedimiento 0234) a través de la sede electrónica de la CARM (sede.carm.es) un proyecto que recoja las actuaciones propuestas adaptado a la cantidad concedida que viene recogida en el anexo I, en la que se refleje la información necesaria sobre las actividades a desarrollar y los objetivos previstos, forma de realizar el proyecto y qué resultados se esperan, así como cualquier información que se considere de interés.

El proyecto contendrá, al menos, la siguiente información:

• Datos identificativos de la entidad y del proyecto.

• Descripción y justificación del proyecto (calendario de ejecución, destinatarios, objetivos y actuaciones).

• Metodologías de seguimiento y evaluación.

• Personal contratado adscrito al proyecto.

• Presupuesto con desglose de gastos aproximado

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Artículo 5. Procedimiento de concesión.

La competencia para la instrucción del procedimiento corresponderá a la persona titular del Servicio de Planificación y Programas de la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género.

La concesión de las subvenciones se instrumentará mediante Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, L.G.T.B.I., Familias y Política Social, en la que se especificarán los compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este Decreto.

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Artículo 6. Entidades beneficiarias y cuantía.

Serán beneficiarias de las subvenciones a las que se refiere el presente Decreto las entidades sociales de la Región de Murcia que se relacionan en el anexo I, con las cuantías y los proyectos que se indican en el mismo.

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Artículo 7. Requisitos.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones a que se refiere el presente Decreto, deberán reunir los siguientes requisitos:

a) No tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo que las deudas estén suspendidas o garantizadas.

b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado.

c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

d) No estar incursas en ninguna de las restantes prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La acreditación de los requisitos establecidos en las letras a, b, c y d del presente artículo se realizará mediante una declaración responsable otorgada por la entidad beneficiaria según el modelo propuesto en el anexo II de este decreto.

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Artículo 8. Obligaciones.

1. Las entidades beneficiarias quedarán, en todo caso, sujetas a las obligaciones impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en particular, a lo siguiente:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones en los plazos y términos que se establezcan.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Mujer, Igualdad, L.G.T.B.I., Familias y Política Social, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores por la normativa aplicable.

c) Comunicar a la Consej?ería de Mujer, Igualdad, L.G.T.B.I., Familias y Política Social, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades de subvencionadas, procedentes de cualquier otra Administración o ente público o privado, nacional o internacional. En este sentido la concesión concurrente de la subvención de la Consejería de Mujer, Igualdad, L.G.T.B.I., Familias y Política Social o ayudas para la misma finalidad otorgadas por dichas entidades no superará en ningún caso el coste de la actividad subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

d) Comunicar a la Consejería de Mujer, Igualdad, L.G.T.B.I., Familias y Política Social, la modificación de cualquier circunstancia que afectase a alguna de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

e) Hacer constar en cualquier soporte utilizado para la publicidad y difusión de la actividad subvencionada que ésta se realiza en virtud de la financiación del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad del Pacto de Estado y en colaboración con la Consejería de Mujer, Igualdad, L.G.T.B.I., Familias y Política Social. Esta publicidad deberá llevar los logos correspondientes a su financiación.

a) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas.

b) Poner a disposición de la Consejería de Mujer, Igualdad, L.G.T.B.I., Familias y Política Social, cualquier otra información y/o documentación que sea necesaria y así sea requerida por las normas estatales y autonómicas en materia de ayudas y subvenciones, así como conservar los justificantes originales de la ayuda de acuerdo con lo prevenido en dicha normativa.

c) Verificar en relación al tratamiento automatizado de datos de carácter personal relativos a las personas atendidas, el compromiso de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

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Artículo 9. Pago de las subvenciones.

El pago de cada una de las subvenciones se realizará por el importe total de las mismas de forma anticipada y con carácter previo a la justificación de su finalidad, teniendo en cuenta que constituyen financiación necesaria para poder hacer frente a los gastos que comportan las actuaciones subvencionadas, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no siendo necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16.2. a) de la citada Ley.

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Artículo 10. Gastos Subvencionables.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se considerarán gastos subvencionables aquellos relacionados directamente con el objeto de la presente subvención, una vez valorados técnicamente por la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, y en particular, los siguientes:

1. Gastos de personal.

2. Gastos de alquiler de la vivienda.

3. Material fungible.

4. Gastos de desplazamiento: combustible, billetes de autobús y de tren.

5. Gastos de servicios profesionales.

6. Pagos de suministros básicos: agua, electricidad, gas, internet…

7 Alimentación de personas usuarias.

8. Gastos de menaje y vestuario de personas usuarias.

9. Gastos educativos de los/as menores

10. Apoyo a la salud: tratamientos, compra de medicinas, vacunas, gafas (bajo prescripción médica), y productos de higiene personal de personas usuarias.

11. Gastos derivados de la situación jurídica de las usuarias.

12. Gastos derivados de la puesta en marcha y habilitación del recurso (previa consulta a la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género).

13. Otros (Con autorización escrita de la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género).

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Artículo 11. Subcontratación.

Las entidades beneficiarias podrá subcontratar parcialmente hasta un máximo del 30% de la actividad que constituye el objeto de la subvención, atendiendo las prescripciones establecidas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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Artículo 12. Incumplimientos

En el supuesto de incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en este Decreto o en la Orden de concesión, que no sean esenciales para la consecución del fin público perseguido con la subvención, y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, así como acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente, conforme al principio de proporcionalidad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la sanción administrativa en que se hubiera incurrido según la Ley y de las demás causas de reintegro de acuerdo con el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 38/2003.

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Artículo 13. Plazo de ejecución y ampliación del mismo.

El plazo para ejecutar las acciones objeto de la subvención se extenderá desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 para todas las entidades recogidas en el Anexo 1. Cuando por razones no imputables a la entidad beneficiaria no fuera posible cumplir con el plazo de ejecución establecido, ésta podrá solicitar de la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género dependiente de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social la autorización de la ampliación de los mismos, antes del 15 de diciembre de 2021.

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Artículo 14. Régimen de justificación.

1. La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con el objeto de la presente subvención y se presentará en un plazo de tres meses una vez finalizado el plazo de ejecución del proyecto subvencionado, abarcando la totalidad de la actividad subvencionada. El órgano responsable del seguimiento del proceso de justificación será la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género.

2. En el plazo establecido se presentará una memoria justificativa que comprenderá los siguientes documentos facilitados por la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género.

a) Una memoria técnica justificativa del proyecto: se trata de una memoria de actuación justificativa de las actividades desarrolladas y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto financiado.

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:

• b.1 Información Financiera, que deberá contener una relación clasificada de los gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

Cada uno de los anexos de información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en cada justificante, así como el porcentaje de imputación.

Se utilizarán los siguientes modelos de justificación facilitados por la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género:

- Anexo III: Relación de gastos de personal contratado.

- Anexo IV: Desglose de gastos ejecutados.

- Anexo V: Certificación contable de justificantes de gasto.

• b.2 Documentos acreditativos del gasto y documentos acreditativos del pago (nóminas, facturas, etc.) relacionados con el proyecto financiado.

3. La presentación de la documentación se hará en formato electrónico a través de la sede electrónica de la CARM (sede.carm.es). Los documentos anexados corresponderán fielmente al documento original y deberán ser digitalizados en formato PDF, preferentemente, en su color original.

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Artículo 15. Responsabilidades y régimen sancionador.

Las entidades beneficiarias quedan sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones y sanciones establecen la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 16. Reintegro.

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Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, en los casos y en la forma prevista en el Capítulo I del Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 7/2005, en cuanto a la retención de pagos.

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Artículo 17. Régimen jurídico aplicable.

Las subvenciones reguladas en este Decreto se regirán, además de por lo establecido en él, y en la Orden por la que se instrumente su concesión, por lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás normativa autonómica que en materia de subvenciones resulte de aplicación, así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones y demás normativa de desarrollo en aquellos de sus preceptos que sean aplicables.

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Artículo 18. Publicidad de la subvención.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada de la normativa aplicable en materia de subvenciones y de manera adicional a ésta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de Transparencia la subvención concedida, con indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su objetivo o finalidad.

2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, la entidad beneficiaria estará obligada a suministrar a la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre. En caso de incumplimiento de esta obligación de suministro se podrán imponer multas coercitivas mediante Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, con arreglo a lo dispuesto por el mencionado artículo 7 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre. Los gastos en los que los que la entidad beneficiaria pueda incurrir como consecuencia del cumplimiento de la obligación de suministro de información podrán ser subvencionables, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para ser considerados gastos subvencionables.

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Disposición final única. Eficacia y publicidad.

El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 5 de agosto de 2021. El Presidente, Fernando López Miras. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.

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Descargar anexos al Decreto 156/2021, de 5 de agosto

Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se convocan subvenciones para el ejercicio 2021 dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación

BORM número 180 de 6 de agosto de 2021

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Viegencia: desde el 7 de agosto de 2021

Contenido

BDNS (Identif.): 578595

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/578595)

Primero. Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones convocadas con cargo al programa 1 y 2, las empresas de inserción que cumplan con lo establecido en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la Regulación del Régimen de Empresa de Inserción, que se encuentren inscritas y calificadas por el Registro Administrativo de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5 apartados 2 y 3 de la Orden de bases.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en el programa 3, las asociaciones de empresas de inserción que representen al menos a un tercio de las empresas de inserción inscritas definitivamente a la fecha de la solicitud en el Registro de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Segundo. Objeto

Fomentar la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social a través de las ayudas a la contratación en empresas de inserción, así como el fomento de la divulgación de la actividad de las empresas de inserción.

Tercero. Bases reguladoras

Orden de 30 de julio de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación (BORM n.º 177, de 1 agosto de 2020).

Cuarto. Cuantía

El crédito disponible inicial para el programa de ayuda n.º 1 es de 240.000,00 euros, cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020, para el programa de ayuda n.º 2 es de 100.000,00 euros, y para el programa de ayuda n.º 3 es de 6.000,00 euros.

Para el programa 1, la ayuda queda cuantificada en el 80% del SMI del último día del año anterior a la convocatoria para la contratación o mantenimiento de puestos de inserción ocupados por hombres y el 90% del SMI del último día del año anterior a la convocatoria para los ocupados por mujeres.

Esta cuantía máxima irá referida a un contrato de 12 meses a jornada completa en el año natural de la convocatoria. La ayuda a percibir será proporcional a la duración y jornada del contrato celebrado por cada puesto de inserción, y como máximo hasta 31 de diciembre, teniendo como referencia la cuantía anual antes referida, sin perjuicio de que los contratos que excedan del año natural puedan subvencionarse en las posibles convocatorias de años sucesivos.

En el programa 2, para realizar el cálculo del importe máximo para los costes de personal, se establece como sistema de cálculo de costos simplificados un baremo estándar de costes unitarios (artículo 67.1, letra b) del Reglamento (UE) 1303/2013) a razón de dos mil quinientos euros (2.500,00 euros) por cada puesto de trabajo de 12 meses a jornada completa, reduciéndose proporcionalmente según la duración y jornada de cada uno de esos puestos, con un máximo de veinte mil euros (20.000,00 euros) por cada técnico contratado.

Para el programa 3, el importe de la subvención será como máximo de tres mil euros (3.000,00 euros) por actividad y solicitante, y no podrá superar el presupuesto presentado por la entidad solicitante.

Quinto. Plazo

El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la entrada en vigor de la presente Orden y terminará el día 31 de agosto de 2021.

Sexto. Otros datos

La concesión de las subvenciones de los programas 1 y 2 se realizará teniendo en cuenta el orden de entrada de las solicitudes y en el caso de que éstas fueran incompletas, desde la fecha de su subsanación.

Para la concesión de subvenciones incluidas en el programa 3 se llevará a cabo previa valoración de la idoneidad de los proyectos presentados, siendo los criterios de valoración los recogidos en el artículo 11.2 de la Orden de bases reguladora.

Murcia, 3 de agosto de 2021. La Consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, M.ª del Valle Miguélez Santiago.

Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, de bases reguladoras de subvenciones dirigidas a jóvenes trabajadores que realicen su actividad en municipios de menor población a través del autoempleo o de la participación en empresas de Economía Social

BORM número 175 de 31 de julio de 2021

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Vigencia: desde el 1 de agosto de 2021

Contenido

Índice:
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Artículo 1. Objeto y período subvencionable.
Artículo 2. Procedimiento de concesión.
Artículo 3. Beneficiarios.
Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios.
Artículo 5. Financiación.
Artículo 6. Gastos subvencionables.
Artículo 7. Solicitud.
Artículo 8. Representación y otros aspectos a cumplimentar en la solicitud.
Artículo 9. Instrucción y resolución.
Artículo 10. Plazo de ejecución de la actividad subvencionada.
Artículo 11. Cómputo del plazo y suspensión de la ejecución.
Artículo 12. Incompatibilidad con otras ayudas o subvenciones.
Artículo 13. Justificación.
Artículo 14. Documentación justificativa a aportar en el programa 1 “Autónomos Reto demográfico”.
Artículo 15. Documentación justificativa a aportar en el programa 2 “Economía Social Reto Demográfico”.
Artículo 16. Circunstancias que pueden dar lugar a la modificación de la resolución.
Artículo 17. Pago de la subvención.
Artículo 18. Publicidad de la subvención concedida.
Artículo 19. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones de la subvención.
Artículo 20. Reintegro total o parcial.
Artículo 21. Régimen sancionador.
Artículo 22. Tratamiento de datos de carácter personal.
Artículo 23. Régimen jurídico.
Disposición final única. Entrada en vigor.

TEXTO COMPLETO

Según datos del Instituto Nacional de Estadística-INE, la Región de Murcia cuenta con 1.504.607 habitantes, 751.918 mujeres y 752.689 hombres, en el año 2020. Si bien en la última década se ha notado un importante ascenso poblacional, este se ha producido en los municipios más grandes, como la capital Murcia (30,56% del total de la provincia), Lorca, Molina de Segura, Alcantarilla o Torre Pacheco, entre otros, en detrimento de las poblaciones rurales.

De la estructura territorial, según municipios, esta región uniprovincial se caracteriza por contar con 45 municipios, de los cuales 6 tienen una población de entre 5.001 y 10.000 habitantes y 8 cuentan con menos de 5.000 habitantes, entre ellos incluso dos (Ojós y Ulea), tienen menos de 1.000 habitantes.

Si analizamos la situación del trabajo de los jóvenes, en la Región de Murcia el paro juvenil está cayendo casi el doble que el del conjunto de la población, según los últimos datos interanuales de empleo a finales de febrero de este año. Así, si la Región tiene hoy un 5,10% menos de desempleados que hace un año, el descenso se eleva hasta el 9,05% en el caso de los jóvenes menores de 30 años.

Ningún otro colectivo con especiales dificultades de acceso al empleo experimenta un mayor descenso anual del paro, si bien la caída entre las mujeres (un 5,26% menos de paradas que hace un año), también se encuentra por encima del descenso medio. La caída entre los jóvenes se traduce en que la Región ha pasado en un año de los 21.869 menores de 30 años registrados como desempleados en Oficinas de Empleo, a los actuales 19.890 (un total de 1.979 menos).

Además, el ritmo de descenso del paro juvenil es mayor entre las mujeres. Concretamente, la Región registra un descenso de 1.276 mujeres jóvenes paradas con respecto a hace un año, mientras que la caída de desempleados varones es de 703. En términos relativos, la bajada es del 10,54% entre las jóvenes menores de 30 años, y del 7,20% entre los hombres del mismo rango de edad.

En cuanto al reparto por sectores de actividad, según la última encuesta de población activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, el 68% de los jóvenes menores de 30 años está empleado en el sector servicios, el 14,5% en el sector industrial y el 11,5% en la agricultura, frente al 6% del peso de la construcción.

Por lo expuesto, partiendo de la premisa de que somos una de las pocas Comunidades Autónomas con indicadores demográficos positivos, encontramos zonas donde existe un claro desequilibrio poblacional, generando esta circunstancia un mecanismo generador de desigualdades y de falta de cohesión social y económica.

Asimismo, somos conscientes de la necesidad de reforzar las políticas públicas dirigidas a incrementar el nivel de ocupación entre los más jóvenes, por tratarse de un colectivo especialmente sensible a las políticas de empleabilidad que desarrollan las Administraciones públicas.

Dentro de la lucha contra el despoblamiento, el Gobierno de la Nación ha aprobado el Real Decreto 1234/2018, de 5 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población, en el marco del Programa Operativo del Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ), publicado en el BOE de 6 de octubre de 2018, en el que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, asume la función de organismo intermedio.

Al amparo de estas bases, y en nuestra condición de Comunidad Autónoma uniprovincial que hace las veces de diputación provincial, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, y en concreto de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, ha solicitado y obtenido sendas subvenciones dirigidas a fomentar el autoempleo (medida 8.2.3.3) y el autoempleo y emprendimiento colectivo en el marco de la economía social (medida 8.2.3.4), dentro de los expedientes 349-439632 y 349-439636, ambos de la Dirección de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

La finalidad de estas ayudas es incentivar y promover los proyectos que aumenten la empleabilidad y el emprendimiento de las personas jóvenes que habiten o vayan a habitar en municipios que no formen parte de una gran área urbana de las delimitadas en el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España del Ministerio de Fomento , y que tengan una población inferior o igual a 5.000 habitantes, o una población comprendida entre los 5.001 y los 10.000 habitantes, siempre que estos últimos presenten un saldo demográfico negativo en la última década.

En esta situación se encuentran los municipios de Abanilla, Albudeite, Aledo, Campos del Río, Moratalla, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura, siendo los destinatarios de las ayudas 120 personas jóvenes, mayores de 16 y menores de 30 años, incluidas aquellas con discapacidad, no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, independientemente de su nivel formativo y que estén inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, del Fondo Social Europeo.

De esta forma se prevén dos líneas de ayudas dirigidas a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil: la primera, denominada “Autónomos Reto Demográfico”, para aquellos que se den de alta como autónomos y trabajen en los municipios antes citados, y la segunda, denominada “Economía social Reto demográfico”, para jóvenes que constituyan o se incorporen como socios trabajadores a empresas de economía social.

Desde un punto de vista competencial el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia atribuye, en su artículo 12.Uno.10, a la Comunidad Autónoma la función ejecutiva en materia laboral, en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución española.

Asimismo, de conformidad con el artículo 49 b) del citado Estatuto, le corresponde a la Comunidad Autónoma el fomento de las cooperativas y demás modalidades asociativas.

El Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, atribuye en su artículo 3.2 a las Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales y de conformidad con la Constitución y sus Estatutos de Autonomía, la competencia de desarrollo de la política de empleo, de fomento del empleo y de ejecución de la legislación laboral y de los programas y medidas que les hayan sido transferidos.

Mediante el Real Decreto 374/1995, de 10 de marzo, fue aprobado el traspaso a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de programas de apoyo al empleo, incluida la gestión y funciones de registro, de los distintos tipos de ayudas y subvenciones respecto a la promoción del empleo autónomo.

La presente norma se ajusta a los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, la norma responde a la necesidad de fomento del arraigo de los jóvenes a los municipios de población inferior a 5.000 habitantes o inferior a 10.000 habitantes que hayan experimentado un decrecimiento demográfico en los últimos 10 años; la norma es eficaz, al ser el instrumento adecuado para los fines perseguidos, no limitando derechos y deberes de los ciudadanos. Además, contribuye a la satisfacción del principio de seguridad jurídica. Por último, respeta el principio de eficiencia, al no imponer cargas administrativas distintas a las propias de la justificación de los fondos percibidos para las personas beneficiarias.

Teniendo en cuenta el artículo 1 del Decreto n.º 45/2021, de 9 d abril, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, corresponden a esta Consejería las competencias de propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, en materia de empleo y trabajo autónomo.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, de acuerdo con el Consejo Asesor Regional de Trabajo Autónomo y el Consejo Asesor Regional de Economía social, y de conformidad con lo establecido en el artículo 52.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 13.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

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Dispongo:

Artículo 1. Objeto y período subvencionable.

1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del autoempleo (programa “Autónomos Reto demográfico”) y el autoempleo y emprendimiento colectivo en el marco de la economía social (programa “Economía social Reto demográfico”), entre las personas jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años, incluidas aquellas con discapacidad, no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, independientemente de su nivel formativo, y que estén inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, del Fondo Social Europeo, que habiten o vayan a habitar en cualquiera de los diez municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que tienen una población inferior o igual a 5.000 habitantes, o una población comprendida entre los 5.001 y los 10.000 habitantes siempre que estos últimos presenten un saldo demográfico negativo en la última década, esto es, Abanilla, Albudeite, Aledo, Campos del Río, Moratalla, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura.

El programa de ayudas “Autónomos Reto demográfico” (en adelante, “programa 1”) se enmarca dentro de la medida de actuación 8.2.3.3 “Ayudas al Autoempleo”, y el programa “Economía Social Reto Demográfico” (en adelante, “programa 2”) se ubica dentro de la medida de actuación 8.2.3.4 “Medidas para favorecer el autoempleo y el emprendimiento colectivo en el marco de la economía social”, ambas dentro del Objetivo Específico 8.2.3 del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) del FSE articulado a través del Real Decreto 1234/2018, de 5 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población, en el marco del Programa Operativo del Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ).

2. La ayuda consistirá en una prestación económica equivalente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente por cada mes de permanencia real efectiva en la actividad, con un mínimo de 6 meses y hasta un máximo de 12 meses.

3. El período subvencionable abarcará desde la entrada en vigor de la convocatoria correspondiente hasta el 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio de su posible ampliación a 31 de marzo de 2023, previa autorización de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a solicitud de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, cuando existan causas excepcionales que impidan la ejecución de los proyectos en el plazo inicial mencionado.

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Artículo 2. Procedimiento de concesión.

1. La concesión de las subvenciones se realizará mediante concurrencia competitiva, hasta el límite del crédito presupuestario establecido en la convocatoria, conforme a lo previsto en el artículo 17 y siguientes de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La concesión de las subvenciones se realizará a través de resoluciones parciales en períodos mensuales a partir del inicio del plazo de presentación de solicitudes, priorizándose las solicitudes completas en función del municipio de menor población y, en caso de empate, tendrá preferencia el solicitante de menor edad, siempre que los beneficiarios reúnan los requisitos generales y específicos establecidos en la presente Orden.

De esta forma, a la solicitud que ocupe el último lugar conforme a los criterios expresados en el apartado anterior se le concederá un punto, sumándole un punto adicional a cada solicitud conforme se ascienda en el orden de priorización hasta llegar al solicitante residente en el municipio más pequeño, con la menor edad, al que se le otorgará la máxima puntuación.

2. El procedimiento para la concesión de las subvenciones se iniciará de oficio, mediante convocatoria pública adoptada por el órgano competente para su concesión, publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y cuyo extracto se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, determinando los créditos presupuestarios a los que deben imputarse las correspondientes subvenciones.

3. El otorgamiento de estas subvenciones se realizará mediante Orden del titular de la Consejería competente en materia de trabajo autónomo y economía social, en la que se especificará que los compromisos y condiciones aplicables serán los previstos en esta Orden y en la restante normativa aplicable en materia de subvenciones.

4. De conformidad con el artículo 30.7 de la Ley General de Subvenciones, la concesión de estas subvenciones no requerirá otra documentación que la indicada en el artículo 8 de estas bases, sin perjuicio de los comprobación de la documentación previa al pago que se efectúe con posterioridad al otorgamiento mediante la revisión de la documentación relacionada en los artículos 14 y 15 de las presentes bases.

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Artículo 3. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las personas jóvenes que cumplan las siguientes condiciones:

a) Que sean mayores de 16 años y menores de 30 años de edad al momento del Alta en el Régimen General de la Seguridad Social, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en el Régimen Especial de autónomos que corresponda, o en la mutualidad alternativa obligatoria correspondiente.

Una vez cumplidos 30 años, podrán ser beneficiarios de estas ayudas si inician su participación antes de que transcurran 4 meses. Las personas que no hayan sido debidamente inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil antes de cumplir los 30 años o que no hayan empezado a participar en el proyecto antes de cumplir los 30 años y 4 meses, no resultarán beneficiarias. En el caso de cumplir los 30 años y 4 meses mientras participa en el proyecto, será beneficiaria hasta el final de la intervención.

Se entiende como fecha de inicio de participación en el proyecto o inicio de actuación, el primer día de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en el Régimen Especial de autónomos que corresponda, o en la mutualidad alternativa obligatoria correspondiente.

b) Que no estén ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o formación, independientemente de su nivel formativo al momento del Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en el Régimen Especial de autónomos que corresponda, o en la mutualidad alternativa obligatoria correspondiente.

c) Que estén inscritas como beneficiarias en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, el día natural anterior al alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en el Régimen Especial de autónomos que corresponda, o en la mutualidad alternativa obligatoria correspondiente, teniendo en cuenta lo dispuesto en la letra a) anterior.

d) Que residan en el momento del Alta y durante todo el periodo de ejecución de la subvención, en alguno de los 10 municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que se recogen en el artículo 1 de estas bases reguladoras.

En este sentido, podrán participar tanto los jóvenes ya residentes como aquellos que retornen o se instalen en los citados municipios.

e) Que el centro de trabajo del solicitante radique al momento del Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en el Régimen Especial de autónomos que corresponda, o en la mutualidad alternativa obligatoria correspondiente, y durante todo el periodo de ejecución de la subvención, en alguno de los 10 municipios de la Región de Murcia que se recogen en el artículo 1 de las presentes bases reguladoras. Siempre y cuando el solicitante lo justifique de manera motivada, se podrá admitir el teletrabajo o la existencia de un centro de trabajo itinerante; para ello será necesario que el beneficiario tenga su domicilio fiscal y resida en alguno de los citados municipios.

f) Que inicien o hayan iniciado una actividad económica profesional con su correspondiente Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en el Régimen Especial de autónomos que corresponda, o en la mutualidad alternativa obligatoria correspondiente, con fecha de Alta dentro del plazo para presentar solicitudes establecido en la correspondiente convocatoria. La solicitud de subvención deberá registrarse dentro del plazo de un mes desde el día siguiente al alta, para que pueda considerarse justificado el carácter incentivador de la ayuda.

No se admitirán altas efectuadas con anterioridad a la apertura del plazo de solicitudes. Se podrá compatibilizar este Alta en la Seguridad Social con el inicio de otro trabajo siempre que este último sea posterior a la incorporación al proyecto, no se abandone la actividad económica efectiva subvencionada, ni coincida con el mismo horario laboral, y se respeten las características de permanencia de la actuación en que se encuentre.

2. Se entenderá como personal trabajador autónomo o por cuenta propia aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo sin sujeción a contrato de trabajo, aunque utilice el servicio remunerado de otras personas.

Los socios trabajadores de empresas de economía social podrán estar integrados en el Régimen General o en algunos de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social, según proceda de acuerdo con su actividad, o darse de alta como trabajadores autónomos en el régimen especial correspondiente.

3. Los requisitos para obtener la condición de beneficiario y el régimen de prohibiciones son los establecidos en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, así como los contenidos en el presente artículo.

4. No podrán tener la condición de beneficiario:

a) Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, carentes de personalidad jurídica propia, ni aquellas personas dadas de alta en el RETA como familiar colaborador de un empresario autónomo.

c) Queda prohibida la participación de un mismo beneficiario en dos programas de ayudas relacionadas con la lucha contra el reto demográfico.

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Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de la subvención quedarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en concreto, a las que a continuación se relacionan:

a) Cumplir el objetivo y requisitos de la subvención, mediante el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en el Régimen Especial de autónomos que corresponda, o en la mutualidad alternativa obligatoria correspondiente, accediendo al autoempleo como autónomo o incorporándose a una empresa de economía social como socio de trabajo en régimen general o régimen especial, según corresponda.

b) Residir en cualquiera de los diez municipios de la Región de Murcia relacionados en el artículo 1 de las presentes bases durante el tiempo de ejecución de la subvención.

c) Cumplir con una permanencia mínima y efectiva de 6 meses de alta en Seguridad Social para que la actuación sea elegible para la financiación, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 11 sobre las normas del cómputo y suspensión de la permanencia efectiva.

d) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones de la subvención, así como la realización de la actividad subvencionada, sometiéndose a las actuaciones de comprobación del órgano concedente y de cualquier otro órgano de control.

e) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y con la Seguridad Social o régimen de previsión alternativo correspondiente.

f) Facilitar al órgano concedente de la subvención así como al organismo intermedio la información que sea necesaria para comprobar el buen fin de la subvención.

g) Cumplir con las obligaciones de publicidad establecidas en el artículo 18 de las presentes bases reguladoras.

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Artículo 5. Financiación.

1. Las subvenciones que se concedan al amparo de estas bases reguladoras se imputarán al presupuesto de gastos de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, determinando sus cuantías y asignaciones presupuestarias en cada convocatoria.

Los fondos provendrán del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ) actuando como organismo intermedio la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, siendo el porcentaje de aportación de fondos europeos del 91,89% y el porcentaje del 8,11% restante tendrá la consideración de fondos propios afectados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. Las convocatorias podrán fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional, como consecuencia del aumento del crédito presupuestario derivado de una generación, ampliación o incorporación de crédito, en cuyo caso, la cuantía del crédito adicional quedará condicionada a la efectiva disponibilidad del mismo, que será publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con carácter previo a la resolución del procedimiento, sin que tal publicidad implique la apertura de un nuevo plazo para la presentación de solicitudes.

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Artículo 6. Gastos subvencionables.

1. Se aplicará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.1 b) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, el sistema de costes simplificados en la modalidad de costes unitarios, calculados de conformidad con el estudio realizado al efecto y que serán, para la medida de 8.2.3.3 “Ayudas al Autoempleo” y la medida 8.2.3.4 “Medidas para favorecer el autoempleo y el emprendimiento colectivo en el marco de la economía social”, una ayuda económica al participante por su alta en régimen general de la Seguridad Social, en el régimen especial que corresponda, o en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social o régimen de previsión que corresponda, computándose a efectos de coste elegible el 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente por cada mes de permanencia de alta efectiva en el proyecto, a partir de seis meses y hasta un máximo de doce meses.

2. Por tanto, serán subvencionables los costes derivados del desarrollo de las actuaciones del proyecto, con independencia del coste real incurrido para la realización de actividades subvencionables. Para poder obtener financiación, la actividad profesional inherente al proyecto se deberá haber ejercido de modo efectivo a lo largo del periodo declarado.

3. Lo anterior supone que, aplicando el sistema de costes simplificados en la modalidad de costes unitarios, se abonará por meses de permanencia en alta como trabajador en régimen general o como autónomo en régimen especial o en el régimen de previsión que corresponda (con un mínimo de 6 meses y hasta un máximo de 12 meses), sin tener que justificar gastos por el importe correspondiente al periodo declarado, pero será imprescindible acreditar que ha existido actividad efectiva durante dicho periodo para poder percibir la ayuda, bien como autónomo (programa 1), bien como socio trabajador de una empresa de economía social (programa 2).

4. Los gastos deberán cumplir con las normas específicas de subvencionabilidad previstas entre otras disposiciones, en el Capítulo III del Título VII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, en el artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo, así como en la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020.

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Artículo 7. Solicitud.

1. El plazo de presentación de solicitudes abarcará desde el día siguiente a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, hasta el 1 de julio de 2022 o con anterioridad en caso de agotamiento del crédito presupuestario. Excepcionalmente, el plazo de solicitud podrá ampliarse al 1 de octubre de 2022 cuando se obtuviera autorización de ampliación de la subvención de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local. Esta circunstancia se hará constar mediante resolución del Director General de Economía Social y Trabajo Autónomo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

La solicitud de subvención deberá presentarse dentro del plazo de un mes desde el día siguiente al alta en la Seguridad Social o Régimen de previsión correspondiente, para que pueda considerarse el carácter incentivador de la ayuda. No se admitirán altas efectuadas con anterioridad a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes se presentarán obligatoriamente a través del formulario genérico que estará disponible en https://sede.carm.es/. El número de procedimiento se indicará en la correspondiente convocatoria.

Para la presentación de la solicitud por medios electrónicos, es necesario disponer de uno de los certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, expedidos por prestadores incluidos en la “lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” o cualquier otro sistema de firma electrónica que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan específicamente para cada tipo de firma.

No se admitirá ninguna solicitud recibida con posterioridad al plazo de un mes desde el alta en la Seguridad Social, ni las recibidas por canales diferentes a la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3. La presentación de solicitudes por los interesados y, en su caso, la documentación que debe acompañarlas, se realizará exclusivamente por medios electrónicos, al amparo del artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ya que por el desarrollo de su actividad económica, queda acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, puesto que se comunican de esta forma tanto con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, como con la Tesorería General de la Seguridad Social, y se deberá realizar a través del Registro Electrónico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reuniera los requisitos establecidos, el órgano instructor requerirá al solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. Las resoluciones parciales de concesión serán objeto de notificación electrónica individual, así como el resto de trámites que se deban cumplimentar.

6. Una vez se haya agotado el crédito disponible, se dará a conocer esta circunstancia mediante publicación en la web institucional de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo.

La publicación del agotamiento de crédito constituirá motivación suficiente para la denegación del resto de subvenciones no concedidas.

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Artículo 8. Representación y otros aspectos a cumplimentar en la solicitud.

1. Todas las solicitudes se formularán por el interesado o su representante conforme al modelo de solicitud recogido en la correspondiente convocatoria. La acreditación de la representación se realizará mediante escritura pública notarial de apoderamiento, apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.

2. A través del modelo de solicitud el solicitante cumplimentará sus datos personales y aquellos otros derivados del inicio de la operación, y declarará responsablemente sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la subvención, así como sobre la disponibilidad de los documentos que así lo justifican.

3. Respecto a los datos personales que obren en poder de la Administración, la Consejería podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos, al amparo de la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personal y Garantía de los derechos digitales.

4. La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, en los términos del artículo 17.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

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Artículo 9. Instrucción y resolución.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderán a las unidades técnicas adscritas a la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, que realizarán las actuaciones necesarias de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. Transcurrido un mes desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el órgano instructor, a la vista de las solicitudes presentadas y de la priorización realizada de las solicitudes por la unidad gestora, formulará la correspondiente propuesta de resolución provisional al órgano competente para resolver, que será el titular de la Consejería competente en materia de trabajo y economía social. De la propuesta se dará traslado al interesado para presentar alegaciones en el plazo de diez días hábiles, salvo que no figurasen en el procedimiento ni fueran tenidos en cuenta otros hechos o alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, en cuyo caso la propuesta provisional tendrá el carácter de definitiva.

Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, por el órgano instructor se formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, de acuerdo con el artículo 18.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3. La resolución de concesión se emitirá atendiendo a las manifestaciones contenidas en las declaraciones responsables recogidas en el formulario de solicitud, suscritas por la persona que las realiza, bajo su responsabilidad. Ello no obstante, el cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas al beneficiario en las presentes bases serán objeto de comprobación por el órgano gestor con posterioridad a la resolución de concesión de la subvención y con carácter previo a su pago.

La resolución de concesión determinará la cuantía de la subvención, la forma de abono y demás circunstancias exigibles para el cobro de la misma, recursos y cualesquiera otras condiciones particulares que deban cumplir los beneficiarios, señalando expresamente que la subvención se encuentra sometida al régimen de minimis, a los efectos previstos en el Reglamento (UE) n.º 1.407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

4. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses, a contar desde la fecha en que se publique en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el extracto de la convocatoria, salvo que en esta se pospongan los efectos a una fecha posterior. Este plazo podrá ampliarse excepcionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El transcurso de dicho plazo sin que se haya notificado la resolución expresa legitima al interesado para entender la solicitud desestimada por silencio administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.5 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

5. La resolución concediendo o denegando la subvención solicitada podrá ser objeto de publicación para general conocimiento y, en todo caso, será notificada de forma individual, con expresión de los recursos que cabe interponer contra la misma, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La identidad de los beneficiarios, el importe de las ayudas concedidas y de los reintegros que se soliciten serán publicados en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las notificaciones se realizarán en la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEH), conforme a lo establecido en la Orden de 28 de octubre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se disponen los sistemas de notificación electrónica en la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El servicio de “Notificaciones por Dirección Electrónica Habilitada” estará accesible a través de la URL https://notificaciones.060.es y a través de “Mi Carpeta” en Punto General de Acceso de la Administración General del Estado en https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

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Artículo 10. Plazo de ejecución de la actividad subvencionada.

1. Tal como dispone el artículo 1.2 de las presentes bases reguladoras, la actividad subvencionada que dará derecho a subvención no podrá ser inferior a las 6 primeras mensualidades ni superior a las 12 primeras mensualidades respecto del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en el Régimen Especial de autónomos que corresponda, o en la mutualidad alternativa obligatoria correspondiente, debiendo finalizar, a efectos del derecho a la obtención de subvención, en todo caso antes del 31 de diciembre de 2022 o del 31 de marzo de 2023, para el caso de ampliación referido en el artículo 1.3 de las presentes bases, que es el plazo máximo del período subvencionable.

En todo caso, el plazo de actividad susceptible de subvención recalculado para los supuestos de interrupción de actividad del artículo siguiente, no podrá superar el 31 de diciembre de 2022 o el 31 de marzo de 2023 en caso de ampliación debidamente autorizada.

2. Se entiende por inicio de actividad para el programa 1 el alta en el Régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), Régimen especial o en el régimen de previsión obligatoria que corresponda, y la acreditación de la actividad efectiva; y en el programa 2, la incorporación como socio trabajador a la empresa de economía social acreditable, además, mediante alta en el Régimen General o Especial que corresponda o especial de Trabajadores Autónomos, y la acreditación de la actividad real efectiva.

3. El citado periodo de ejecución deberá ser ininterrumpido salvo que se vea afectado por alguna causa de suspensión conforme a lo previsto en el artículo siguiente, en cuyo caso el periodo de ejecución deberá ser recalculado hasta cumplir los 6 o 12 meses de alta en la Seguridad Social o régimen de previsión que corresponda, y la acreditación de la actividad real efectiva.

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Artículo 11. Cómputo del plazo y suspensión de la ejecución.

Conforme a la Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se adoptan medidas para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en la ejecución de los proyectos financiados por la convocatoria de ayudas del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ), destinadas a la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población, si el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en el Régimen Especial de autónomos que corresponda, o en la mutualidad alternativa obligatoria correspondiente, y la actividad efectiva se viera afectada por alguna situación motivada por el COVID-19, se deberán observar las siguientes medidas:

- Los participantes deberán permanecer de modo efectivo en la actividad profesional al menos 6 meses, para que el coste sea elegible para la financiación.

- No obstante, cuando la actividad profesional quede en suspenso por una declaración de estado de alarma o normativa de ámbito equivalente, se suspenderá el cómputo del periodo de permanencia en el proyecto, que se reanudará tras el restablecimiento de la actividad conforme a la normativa vigente.

2. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 c) de la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020, para calcular los costes de personal se tendrá en cuenta solamente el tiempo efectivo trabajado durante el periodo de ejecución de la subvención, para lo que se deberán observar las siguientes medidas:

- Contará como tiempo efectivo las vacaciones, los días de libre disposición o el tiempo de asistencia a cursos de formación relacionados con el puesto de trabajo, siempre y cuando su desempeño tenga conexión con la operación del Fondo Social Europeo.

- No contará como tiempo efectivo las situaciones con derecho a retribución en las que no se presta servicio efectivo como las ausencias o las incapacidades temporales, ni las situaciones recogidas en el artículo 37.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

3. Se considerará, además, tiempo efectivo aquel que en su caso y de manera justificada se hubiera dedicado al acondicionamiento inicial del centro de trabajo, sin que dicho periodo pueda exceder de dos meses.

4. Se considerarán causas de suspensión justificadas del cómputo de permanencia, las siguientes:

- Con carácter general, aquellas situaciones con derecho a retribución en las que no se presta servicio efectivo, como las ausencias, las incapacidades temporales o las situaciones recogidas en el artículo 37.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 5.1. c) de la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre).

- Cuando la actividad profesional haya quedado suspendida conforme a una declaración de estado de alarma o normativa de ámbito equivalente, se suspenderá el cómputo del periodo de permanencia en el proyecto, que se reanudará tras el restablecimiento de la actividad conforme a la normativa vigente (apartado tercero, punto dos, de la Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se adoptan medidas para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en la ejecución de los proyectos financiados con ayudas EMP-POEJ).

5. En estos casos, cuando desaparezca la causa que dio lugar a la suspensión, se reanudará la actividad y, por tanto, el cómputo del período de permanencia del participante en el proyecto.

Al período de permanencia anterior a la suspensión se sumará el que resulte tras su reanudación.

6. Si la actividad profesional se deja de ejercer de modo efectivo por cualquier motivo diferente a las anteriores causas de suspensión justificadas, se produciría la salida anticipada e inmediata del participante del proyecto.

En este caso, el participante percibiría la ayuda si hasta el momento de su salida hubiese ejercido la actividad de modo efectivo, al menos, durante 6 meses. En caso contrario, el tiempo de ejercicio efectivo no sería computable y no percibiría la ayuda.

Por tanto, si concurre alguna de las anteriores medidas se considerará causa de suspensión justificada del periodo de permanencia efectiva.

7. Este artículo se adaptará a las posibles actualizaciones normativas que pudiera acordar en su caso el organismo competente de las Ayudas EMP-POEJ.

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Artículo 12. Incompatibilidad con otras ayudas o subvenciones.

1. Las actuaciones de los proyectos subvencionados por el Fondo Social Europeo no podrán ser financiadas con ayudas procedentes de otros Fondos Europeos para la misma finalidad.

2. Las ayudas por autoempleo y/o por emprendimiento colectivo en el marco de la economía social, serán compatibles con las reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia, según lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Empleado Autónomo.

3. Las ayudas al emprendimiento así como las ayudas a empresas se consideran ayudas de minimis. En ese sentido, habrán de cumplirse las condiciones del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión Europea de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, en particular del artículo 3.2.

4. Sin perjuicio de lo anterior, estas ayudas serán compatibles con otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos recibidos por el beneficiario para las mismas actuaciones, procedentes de cualquier Administración, entes públicos o privados, nacionales o internacionales, siempre que la suma de todas ellas no supere el coste de las actividades subvencionadas.

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Artículo 13. Justificación.

1. Se establecen los siguientes plazos para la justificación previa a los pagos:

1.ª justificación: en el plazo de dos meses desde la finalización de los seis primeros meses a contar desde el inicio del alta en la Seguridad Social.

2.ª justificación: en el plazo de dos meses desde la finalización de los seis segundos meses a contar desde el inicio del alta en la Seguridad Social.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el órgano concedente de la subvención podrá otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros. La ampliación solicitada deberá producirse antes del vencimiento del plazo de que se trate, sin que en ningún caso pueda ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. El plazo ampliado no podrá superar la correspondiente anualidad presupuestaria. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o su denegación no serán susceptibles de recurso alguno.

3. Transcurrido el plazo máximo de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano competente, este requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días sea presentada. La falta de presentación en dicho plazo llevará consigo la pérdida del derecho al cobro de la subvención y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que correspondan conforme a la citada Ley General de Subvenciones.

4. Si no se justifican los pagos parciales previstos dentro del plazo máximo establecido para cada uno de ellos, incluidas posibles prórrogas y plazo de subsanación, el beneficiario de la ayuda perderá el derecho al cobro de los mismos, previa resolución dictada al efecto.

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Artículo 14. Documentación justificativa a aportar en el programa 1 “Autónomos Reto demográfico”.

1. La documentación a aportar en todo caso por el beneficiario en el programa 1 “Autónomos Reto demográfico”, es la siguiente:

a) Certificado de empadronamiento histórico que acredite que la persona beneficiaria ha residido durante el periodo subvencionable, según justifique el primer o segundo pago, en cualquiera de los 10 municipios enumerados en el artículo 1 de las presentes bases reguladoras.

b) Alta en el Régimen Especial que corresponda, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o en el régimen de previsión obligatoria que corresponda.

c) Justificantes bancarios de pago de los boletines de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en el Régimen Especial de autónomos que corresponda, o en la mutualidad alternativa obligatoria correspondiente durante el periodo de mantenimiento del empleo.

d) Justificante de haber presentado la declaración censal en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria-AEAT (modelo 036 o 037), al que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la AEAT.

e) Declaración responsable de cada participante sobre ayudas de minimis.

f) Documentación que acredite de manera suficiente que la actividad profesional inherente al proyecto se ha venido ejerciendo de modo efectivo durante todo el periodo declarado, según justifique el primer o segundo pago. A modo de ejemplo:

- Contratos celebrados, ya sean de arrendamiento del local donde se ha desarrollado la actividad, de alquiler de vehículos, de maquinaria, de prestación de servicios, financieros, comerciales o incluso laborales. Contrato de seguro de responsabilidad civil o de cualquier otro tipo. Prevención/Evaluación de Riesgos Laborales. Contratos por suscripciones. Permisos o licencias de apertura expedidas por el órgano competente, etc.

- Justificantes bancarios acreditativos del pago del alquiler de local donde se ha desarrollado la actividad, del pago de los recibos por suministro eléctrico, de agua, de telefonía, internet, así como de cualesquiera otros gastos inherentes a la actividad, justificantes acreditativos del pago de las nóminas en caso de contratación de personal, etc.

- Declaraciones trimestrales de IVA presentadas ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o las correspondientes en caso de efectuarse por Módulos.

- Memoria descriptiva de las actividades realizadas, con reportaje fotográfico a color de las mismas, así como de las instalaciones donde se ha venido desarrollando la actividad profesional.

2. La documentación que deberá aportar el beneficiario solo si se opusiera expresamente a la obtención de la misma por la Administración, es la siguiente:

a) Certificado que acredite su inscripción en el registro de Garantía Juvenil en el momento de darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en el Régimen Especial de autónomos que corresponda, o en la mutualidad alternativa obligatoria correspondiente.

b) Informe de Vida Laboral actualizado a la fecha de presentación de la justificación.

c) Certificación positiva expedida por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias autonómicas en relación con la Ley General de Subvenciones.

3. Podrá aportarse cualquier otra documentación por la que se acredite de modo fehaciente al personal técnico encargado del proyecto que ha existido una actividad efectiva durante todo el periodo declarado, según se solicite el primer o segundo pago de la subvención.

Esa acreditación suficiente de la actividad real efectiva será necesaria e imprescindible para para poder recibir la subvención. A tal fin, podrán efectuarse inspecciones “in situ” en el domicilio o lugar donde se desarrolle la actividad por parte del personal competente de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, estando los beneficiarios obligados a colaborar con la inspección, informar y exhibir cuanta documentación les sea requerida.

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Artículo 15. Documentación justificativa a aportar en el programa 2 “Economía Social Reto Demográfico”.

1. La documentación a aportar en todo caso por el beneficiario en el programa 2 “Economía Social Reto Demográfico”, es la siguiente:

a) Certificado de empadronamiento histórico que acredite que la persona beneficiaria ha residido durante el periodo subvencionable, según justifique el primer o segundo pago, en cualquiera de los 10 municipios enumerados en el artículo 1 de la presente convocatoria.

b) Alta en el Régimen General de la Seguridad Social, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en el Régimen Especial de autónomos que corresponda, o en la mutualidad alternativa obligatoria correspondiente.

c) Justificantes bancarios de pago de los boletines de cotización al Régimen General de la Seguridad Social, Régimen Especial que corresponda o Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos.

d) Declaración responsable de cada participante sobre ayudas de minimis.

e) Documentación que acredite de manera suficiente que la actividad profesional inherente al proyecto se ha venido ejerciendo de modo efectivo durante todo el periodo declarado, según justifique el primer o segundo pago. A modo de ejemplo:

- Certificados de nóminas en caso de socios trabajadores en régimen general o en el caso de autónomos declaraciones trimestrales de IVA presentadas ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o las correspondientes en caso de efectuarse por Módulos.

- Contratos celebrados, ya sean de arrendamiento del local donde se ha desarrollado la actividad, de alquiler de vehículos, de maquinaria, de prestación de servicios, financieros, comerciales o incluso laborales. Contrato de seguro de responsabilidad civil o de cualquier otro tipo. Prevención/Evaluación de Riesgos Laborales. Contratos por suscripciones. Permisos o licencias de apertura expedidas por el órgano competente, etc. En el caso de socios trabajadores de empresas de economía social estos datos irán referidos a la empresa constituida o a la que se ha incorporado el trabajador.

- Justificantes bancarios acreditativos del pago del alquiler de local donde se ha desarrollado la actividad, del pago de los recibos por suministro eléctrico, de agua, de telefonía, internet, así como de cualesquiera otros gastos inherentes a la actividad, justificantes acreditativos del pago de las nóminas de socios trabajadores en régimen general de la Seguridad Social o declaraciones trimestrales de IVA en caso de estar dado de alta en el Régimen especial de trabajadores autónomos.

- Facturas emitidas y facturas recibidas con sus correspondientes justificantes de pago de las mismas.

- Memoria descriptiva de las actividades realizadas, con reportaje fotográfico a color de las mismas, así como de las instalaciones donde se ha venido desarrollando la actividad profesional.

2. La documentación que deberá aportar el beneficiario solo si se opusiera expresamente a la obtención de la misma por la Administración, es la siguiente:

a) Certificado que acredite su inscripción en el registro de Garantía Juvenil en el momento de darse de alta como socio trabajador en empresas de la economía social (cooperativas, sociedades laborales, etc.) o de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos o el que corresponda.

b) Informe de Vida Laboral actualizado a la fecha de presentación de la justificación.

c) En el caso de constitución de cooperativas: copia de escritura pública de constitución, NIF y copia de la calificación e inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas.

d) En el caso de constitución de sociedad laboral: copia de escritura pública del acuerdo de constitución de la sociedad laboral del Registro Mercantil y copia de la calificación e inscripción en el Registro de Sociedades Laborales y Mercantil.

e) Para ambos casos (constitución de cooperativa o sociedad laboral), además, se deberá acreditar fehacientemente que la cooperativa o la sociedad laboral ha tenido actividad durante el periodo que se certifica.

f) Certificación positiva expedida por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias autonómicas en relación con la Ley General de Subvenciones.

3. Podrá aportarse cualquier otra documentación por la que se acredite de modo fehaciente al personal técnico encargado del proyecto que ha existido una actividad efectiva durante todo el periodo declarado, según se solicite el primer o segundo pago de la subvención.

Esa acreditación suficiente de la actividad real efectiva será necesaria e imprescindible para para poder recibir la subvención. A tal fin, podrán efectuarse inspecciones “in situ” en el domicilio o lugar donde se desarrolle la actividad por parte del personal competente de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, estando los beneficiarios obligados a colaborar con la inspección, informar y exhibir cuanta documentación les sea requerida.

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Artículo 16. Circunstancias que pueden dar lugar a la modificación de la resolución.

El beneficiario podrá solicitar, antes de que finalice el plazo de ejecución de la subvención, la modificación del contenido de la resolución de concesión al órgano concedente de la subvención, que la autorizará siempre que no se dañen derechos de terceros y no se altere su objeto.

Entre las causas que motivarán la modificación de la subvención se encuentra la reducción o ampliación del plazo de subvención inicialmente concedido, o las condiciones concurrentes en el otorgamiento tales como pluriempleo sobrevenido, cambio de municipio de residencia, pero igualmente considerado de menor población, cambio en el Régimen de Seguridad Social u otras debidamente justificadas en el expediente.

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Artículo 17. Pago de la subvención.

1. El importe de la subvención concedida será abonado previa justificación de la subvención mediante transferencia bancaria. Se habilitan dos pagos fraccionados del importe total de la subvención:

- Primer pago: transcurridos los seis primeros meses desde el alta en la Seguridad Social y la acreditación de la actividad efectiva.

- Segundo pago: trascurridos los seis segundos meses desde el alta en la Seguridad Social y la acreditación de la actividad efectiva.

2. Las suspensiones de actividad deberán computarse a efectos de la actividad efectiva en los términos establecidos en el artículo 11 de las presentes bases reguladoras, debiendo el beneficiario recalcular el cómputo de permanencia efectiva en el proyecto a los efectos de saber cuándo se cumple el período para el primer pago o el segundo.

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Artículo 18. Publicidad de la subvención concedida.

1. En relación a la publicidad de la subvenciones concedidas con base a esta Orden, se estará a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. La subvención que se conceda con arreglo a esta Orden se publicará en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su objetivo y finalidad, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

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Artículo 19. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones de la subvención.

1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en el otorgamiento de la subvención en los términos indicados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o su cumplimiento extemporáneo, cuando el cumplimiento total de las condiciones o del plazo fuera determinante para la consecución del fin público perseguido, implicará la pérdida total del derecho de cobro de la subvención y el reintegro, en su caso.

2. Si no se alcanzan los seis meses de alta como autónomo, no será elegible para la financiación y no se percibirá ninguna ayuda, implicando la pérdida total del derecho de cobro de la subvención. Si se cumple con la permanencia mínima referida pero no se alcanzan los 12 meses del periodo subvencionable, se descontará del importe concedido en la subvención el 75% del SMI vigente por cada mes no justificado.3. Los meses se computarán de fecha a fecha y en caso de no llegar a completarse el mes, se descontará la parte proporcional a los días que faltaran para ello.

4. Si se comprueba que la actividad económica no ha sido efectiva o se ha visto afectada por un periodo de interrupción por causa no justificada conforme a lo previsto en el artículo 11, ello implicará la pérdida total del derecho al cobro de la subvención.

5. Si se comprueba que la actividad económica ha sido efectiva y se ha visto interrumpida por causa justificada conforme a lo previsto en el artículo 11, se podrá percibir la subvención correspondiente a los meses que se justifiquen, siempre que se reúna un mínimo de 6 meses.

6. Si se produce cualquier otro incumplimiento parcial de las condiciones o de los plazos establecidos en las presentes bases o en la normativa reguladora de la subvención, la cantidad a reintegrar o a pagar se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, siempre que el cumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por el beneficiario una actuación inequívoca tendente al cumplimiento de sus compromisos.

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Artículo 20. Reintegro total o parcial.

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación del acto administrativo de concesión de la subvención, llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a esta, en los supuestos y términos previstos en los artículos 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículos 91 al 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la mencionada Ley.

3. El procedimiento de declaración de reintegro tiene carácter administrativo y se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, siendo competente para iniciar y resolver el procedimiento de reintegro el órgano concedente de la subvención.

En el acuerdo de iniciación del procedimiento de reintegro se indicará el órgano competente para instruir el procedimiento.

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Artículo 21. Régimen sancionador.

El régimen sancionador de aplicación será el contenido en el artículo 44 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

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Artículo 22. Tratamiento de datos de carácter personal.

Los datos personales recogidos en el procedimiento serán tratados conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

El órgano responsable del tratamiento y del fichero es la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, y ante la misma podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y demás recogidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales.

Artículo 23. Régimen jurídico.

Son de aplicación, en lo no previsto en las presentes bases reguladoras, las siguientes normas:

- El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen las Disposiciones Comunes relativas a los Fondos Europeos.

- El Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo.

- El Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

- El Real Decreto 1234/2018, de 5 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menos población.

- Las Resoluciones de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local de 26 de abril de 2019 y de 26 de agosto de 2019, por las que se aprueban las Instrucciones para la aplicación y desarrollo de la convocatoria de ayudas del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (Ayudas EMP-POEJ), destinadas a la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población.

- La Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se adoptan medidas para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en la ejecución de los proyectos financiados por la convocatoria de ayudas del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMPPOEJ), destinadas a la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población.

- La Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020; guías e instrucciones acordadas por el organismo competente para la aplicación de las Ayudas EMP-POEJ, así como futuras actualizaciones.

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la mencionada Ley.

- La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

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Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, a 2?8 de julio de 2021. La Consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, M.ª del Valle Miguélez Santiago.

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Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia

BORM número 174 de 30 de julio de 2021

Presidencia

Vigencia: desde el 30 de agosto de 2021

Referencias

Deroga a:

"Disposición derogatoria

Queda derogada la Ley 3/2003, de 10 de julio, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Hasta que se proceda a la aprobación del desarrollo reglamentario de la presente ley, serán de aplicación las normas actualmente vigentes dictadas en desarrollo de la Ley 3/2003, de 10 de abril, en lo que no sean contrarias a lo dispuesto en la presente ley y en tanto no sean sustituidas o derogadas".

Contenido

Índice:

PREÁMBULO
I
II
III
IV
TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto de la Ley
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Artículo 3. Definiciones
Artículo 4. El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia
Artículo 5. Finalidad y objetivos del Sistema de Servicios Sociales
Artículo 6. Reserva de denominación
Artículo 7. Principios  Rectores
Artículo 8. Titulares del derecho
Artículo 9. Derechos de las personas usuarias de los Servicios Sociales
Artículo 10. Deberes de las personas usuarias de los Servicios Sociales de la Región de Murcia
Artículo 11. Carta de Derechos y Deberes
TÍTULO I. EL CATÁLOGO Y LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA
Artículo 12. El Catálogo de prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia
Artículo 13. Contenido del Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Socilas de la Región de Murcia
Artículo 14. Procedimiento de elaboración, aprobación y revisión del Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia
Artículo 15. Tipos de prestaciones
Artículo 16. Prestaciones garantizadas
Artículo 17. Derecho subjetivo de las prestaciones garantizadas del sistema
Artículo 18. Prestaciones condicionadas
Artículo 19. Prestaciones de gestión directa
TÍTULO II. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
Artículo 20. Responsabilidad pública
Artículo 21. Competencias del Consejo de Gobierno
Artículo 22. Competencias de la consejería competente en materia de servicios sociales
Artículo 23. Competencias de las entidades locales
TÍTULO III. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA
CAPÍTULO I. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES
Artículo 24. Organización territorial
Artículo 25. Áreas de Servicios Sociales
Artículo 26. Zonas Básicas de Servicios Sociales
Artículo 27. Unidades Básicas de Servicios Sociales
Artículo 28. Otras divisiones territoriales
CAPÍTULO II. ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA
Artículo 29. Niveles de atención del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia
Artículo 30. Los Servicios Sociales de Atención Primaria
Artículo 31. Funciones de los Servicios Sociales de Atención Primaria
Artículo 32. Programas de Servicios Sociales de Atención Primaria
Artículo 33. El Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria
Artículo 34. Los Servicios Sociales de Atención Especializada
Artículo 35. Funciones de los Servicios Sociales de Atención Especializada
Artículo 36. Relación entre los niveles de atención
CAPÍTULO III. URGENCIA Y EMERGENCIA SOCIAL
Artículo 37. Urgencia social
Artículo 38. Emergencia social
CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 39. Historia social única
Artículo 40. Programa Individual de Atención Social
Artículo 41. Profesional de referencia
Artículo 42. La Tarjeta de Información Social
Artículo 43. Sistema de Información de los Servicios Sociales de la Región de Murcia
Artículo 44. Identidad e imágenes comunes
TÍTULO  IV. COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTRE SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CAPÍTULO PRIMERO. PRINCIPIOS BÁSICOS
Artículo 45. Coordinación entre Administraciones Públicas
Artículo 46. Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales
Artículo 47. Coordinación entre Sistemas de Protección
Artículo 48. Atención integral de carácter social y sanitario
TÍTULO V. FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA
Artículo 49. Garantía de financiación
Artículo 50. Principios de financiación
Artículo 51. Fuentes de financiación
Artículo 52. Financiación compartida
Artículo 53. Participación económica de las personas usuarias en la financiación de servicios sociales
Artículo 54. Previsiones específicas en materia de financiación
TÍTULO VI. PLANIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA
Artículo 55. Disposiciones generales
Artículo 56. Plan Regional de Servicios Sociales.
Artículo 57. Mapa de Servicios Sociales de la Región de Murcia
TÍTULO VII. PARTICIPACIÓN SOCIAL
Artículo 58. Participación social
Artículo 59. Órganos de participación social
Artículo 60. Consejo Regional de Servicios Sociales
Artículo 61. Consejos Asesores Regionales de carácter sectorial
Artículo 62. Consejos Locales de Servicios Sociales
Artículo 63. Mesa de Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social de la Región de Murcia
Artículo 64. Procesos de participación
Artículo 65. Participación en el ámbito de los centros
TÍTULO VIII. INICIATIVA SOCIAL E INICIATIVA PRIVADA MERCANTIL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULO I. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL Y DE LAS ENTIDADES DE INICIATIVA PRIVADA MERCANTIL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Sección 1.ª. Participación y fomento de la iniciativa social
Artículo 66. Participación de la iniciativa social y de la iniciativa privada mercantil en los servicios sociales
Artículo 67. Fomento de la iniciativa sociaL
Artículo 68. Fórmulas de colaboración
Sección 2.ª. Régimen de concertación social
Artículo 69. Régimen de concertación
Artículo 70. Objeto de los conciertos
Artículo 71. Requisitos de las entidades
Artículo 72. Formalización de los conciertos
Artículo 73. Efectos del concierto
Artículo 74. Duración, renovación y extinción de los conciertos
Artículo 75. Participación de los usuarios en el coste de los servicios concertados
Artículo 76. Publicidad activa
CAPÍTULO II. VOLUNTARIADO SOCIAL
Artículo 77. Fomento del voluntariado social
TÍTULO IX. LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULO I. CALIDAD
Artículo 78. La calidad de los servicios sociales
Artículo 79. Establecimiento de criterios de calidad
Artículo 80. Modelo de atención y de intervención
Artículo 81. Innovación en servicios sociales
Artículo 82. Plan de Calidad e Innovación
CAPÍTULO II. PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Artículo 83. Principios de actuación de los colectivos profesionales de los servicios sociales
Artículo 84. Formación y cualificación de los colectivos profesionales de los servicios sociales
Artículo 85. Derechos de los colectivos profesionales del Sistema de Servicios Sociales
Artículo 86. Deberes de los colectivos profesionales del Sistema de Servicios Sociales
Artículo 87. Estrategia de Ética en los Servicios Sociales
Artículo 88. Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Región de Murcia
Artículo 89. Código de Ética Profesional
CAPÍTULO III. INVESTIGACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES
Artículo 90. Investigación y desarrollo en servicios sociales
TÍTULO X. REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y ACREDITACIÓN
CAPÍTULO I
Artículo 91. El Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales
Artículo 92. La autorización administrativa
Artículo 93. El régimen de la autorización administrativa
Artículo 94. Acreditación administrativa
Artículo 95. La inscripción registral
CAPÍTULO II. INSPECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Artículo 96. La Inspección de Servicios Sociales
Artículo 97. La actuación inspectora
Artículo 98. Funciones de la Inspección
Artículo 99. Personal de la Inspección
Artículo 100. Planificación de las actuaciones inspectoras
Artículo 101. El deber de colaboración con la inspección de Servicios Sociales
Artículo 102. Actas de inspección
TÍTULO XI. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 103. Infracciones en materia de servicios sociales
Artículo 104. Sujetos responsables
Artículo 105. Concurrencia de sanciones
CAPÍTULO II. INFRACCIONES
Artículo 106. Infracciones leves
Artículo 107. Infracciones graves
Artículo 108. Infracciones muy graves
Artículo 109. Prescripción de las infracciones
CAPÍTULO III. SANCIONES
Artículo 110. Sanciones principales
Artículo 111. Sanciones accesorias
Artículo 112. Graduación de las sanciones
Artículo 113. Reducción de la sanción
Artículo 114. Prescripción de las sanciones
CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Artículo 115. Procedimiento sancionador
Artículo 116. Órganos competentes
Artículo 117. Medidas provisionales
Artículo 118. Resolución
Disposición adicional primera. Ingresos derivados de la imposición de sanciones
Disposición adicional segunda. Reforzamiento de los servicios de inspección
Disposición transitoria primera. Procedimientos sancionadores en tramitación
Disposición transitoria segunda. Organización territorial del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia
Disposición transitoria tercera. Composición de los equipos interdisciplinares
Disposición transitoria cuarta. Porcentajes de financiación compartida entre la Administración regional y las entidades locales
Disposición transitoria quinta. Provisión de las prestaciones a partir de la entrada en vigor de la ley
Disposición derogatoria única
Disposición final primera. Actualización de la cuantía de las sanciones económicas
Disposición final segunda. Habilitación normativa y ejecutiva
Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario y Planificación
Disposición final cuarta. Entrada en vigor

 

TEXTO COMPLETO

El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:

PREÁMBULO

I

Pocas materias justifican mejor la razón de ser de una Administración Pública que el ejercicio de las que son propias de los servicios sociales.

Efectivamente, procurar la integración y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social, así como de las personas mayores y con discapacidad, desarrollar una política integral de apoyo a la familia o proteger a los menores, entre otras, han de ser pilares que fundamenten la existencia de los poderes públicos.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, atribuye, en su artículo 10, uno, 18, a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en este ámbito.

En el ejercicio de la misma, se promulgaron dos leyes de Servicios Sociales; la primera de ellas, la Ley 8/1985, de 9 de diciembre, puso las bases de los Servicios Sociales en la Región de Murcia, perfilando un modelo y estableciendo lo que serían los objetivos fundamentales de la actuación administrativa. Posteriormente, la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia adaptó la política social a los nuevos tiempos y abrió la posibilidad de gestión de los servicios a toda la iniciativa social.

Sin embargo, nos encontramos ante una sociedad dinámica que plantea nuevos retos y demanda nuevas respuestas de la Administración. Por eso, se hace necesaria la promulgación de otra ley de Servicios Sociales que atienda a las actuales exigencias y dé respuesta a los recientes desafíos que se plantean.

En efecto, resulta ineludible en el momento actual afrontar el cambio significativo del contexto, tanto social como normativo, que se viene produciendo desde la promulgación de la Ley 3/2003, de 10 de abril, caracterizado, entre otros rasgos, por el crecimiento de las necesidades y demandas de atención, protección e integración social asociadas a situaciones de vulnerabilidad y de cronificación de las situaciones de exclusión social, por los cambios demográficos caracterizados por el crecimiento de la población, por los procesos migratorios, así como por el envejecimiento y el incremento del número de personas con limitaciones en su autonomía, que ha motivado la promulgación a nivel estatal de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia; y por último, la propia práctica en la prestación de los servicios sociales, caracterizada por la participación de las entidades de la iniciativa social, en cuanto agentes que complementan la actuación de los poderes públicos, y una mayor presencia de modelos de gestión basados en la calidad, donde las nuevas tecnologías adquieren un papel relevante.

Ciertamente, no puede obviarse que la estructura de nuestra sociedad, contemplada desde la óptica de los servicios sociales, se encuentra vertebrada hoy en cuatro grandes esferas o sectores: las Administraciones, las entidades del tercer sector de acción social, las empresas y las redes primarias o informales que se articulan en el seno de comunidad en torno al voluntariado.

Además, en el año 2015 la Organización de Naciones Unidas aprobó la “Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible”, definida como una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que incluyen, entre otros, el objetivo 1 “Poner fin a la pobreza en todas su formas en el mundo” y el objetivo 10 “Reducción de la desigualdad en y entre los países”.

Por su parte, en el marco de la “Estrategia Europa 2020” se establecieron tres prioridades o líneas básicas de actuación (economía inteligente, sostenible e integradora), que se refuerzan mutuamente y pretenden contribuir a que la Unión Europea y sus Estados miembros generen altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. A tal fin, la Unión Europea estableció para el año 2020 cinco ambiciosos objetivos en materia de empleo, innovación, educación, integración social y clima/energía, entre los que se encuentra el de “Luchar contra la pobreza y la exclusión social”, que plantea reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social en todo el ámbito de la Unión, siendo necesario el acceso de todos a los recursos, derechos, y servicios necesarios para la participación en la sociedad, previniendo y abordando la exclusión social.

En esta tarea, la Unión Europea ya estableció en 2006 (Comunicación de la Comisión «Aplicación del programa comunitario de Lisboa, Servicios Sociales de interés general en la Unión Europea» ) el papel clave de los servicios sociales, por desempeñar una importante función en la sociedad y en la economía europea, y reconoció que el sector de los servicios sociales, situado en un entorno cada vez más competitivo, se encuentra en plena expansión e inmerso en un proceso de modernización que puede adoptar distintas formas. Entre ellas se alude a la introducción de métodos de evaluación comparativa y de control de calidad y la participación de los usuarios en la gestión, a la descentralización de la organización con el establecimiento de servicios a nivel local o regional, al desarrollo de marcos de colaboración entre los sectores público y privado y al recurso de otras formas de colaboración complementarias a la pública, como desafío de futuro de los servicios sociales en los Estados Miembros.

Durante la “Cumbre Social en favor del empleo justo y el crecimiento” (Gotemburgo, 17 de noviembre de 2017) fue proclamado y firmado conjuntamente por el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión el denominado “Pilar europeo de los derechos sociales”, como declaración institucional, no vinculante, que recoge veinte grandes principios articulados en torno a dos grandes ejes: uno, relativo a las garantías de los trabajadores, defiende la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo y la preservación de unas condiciones laborales justas; el otro reivindica un nivel de protección social adecuado y sostenible.

El Sistema de Servicios Sociales de España vive pues, en la actualidad, un momento clave en el que está en juego su consolidación como cuarto pilar del Estado del Bienestar; esto es, como un sistema público para la garantía universal de derechos sociales, dentro de las nuevas estrategias del bienestar social y, en particular, para asegurar el derecho subjetivo a la atención social básica y en el acceso a las prestaciones garantizadas del Sistema de Servicios Sociales, y para afianzar los nuevos mecanismos de organización de la gestión de los servicios sociales.

Por todo ello, se hace imprescindible la aprobación de una nueva ley dirigida a superar la visión de los servicios sociales como recursos para colectivos especiales y avanzar en su consideración como servicios para todas las personas, que se utilizarán cuando se den situaciones de necesidad. Al mismo tiempo, con esta nueva norma se trata de identificar adecuadamente la finalidad, objetivos y perímetro sectorial de los servicios sociales, así como los agentes implicados en los mismos, huyendo de la vieja concepción residual de la asistencia social.

Se pretende, en definitiva, vertebrar un Sistema de Servicios Sociales entendido en cuanto generador de condiciones para la igualdad efectiva y real, así como para la adopción de medidas de acción positiva para la participación, autonomía personal y calidad de vida, que ha de constituirse como uno de los instrumentos básicos para garantizar a todas las personas el efectivo ejercicio y acceso a todos los derechos. En última instancia, la finalidad que persigue este sistema es reducir e intentar eliminar las desigualdades en las que, por razones diversas, puedan encontrarse las personas que conforman una sociedad democrática moderna, así como mejorar las condiciones de vida de todas ellas.

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II

De esta manera, en este texto legislativo se reconocen como derechos subjetivos determinadas prestaciones, pudiendo exigirse ante tribunales y en el ámbito administrativo, esto es, la concepción antitética de la antigua beneficencia, se establece un Catálogo de prestaciones del Sistema, se crea la Historia social única, que comienza en el nivel de los Servicios Sociales de Atención Primaria y que contendrá la información relevante sobre la situación y evolución del usuario. En esta historia social se incluirá el Programa Individual de Atención Social, herramienta diseñada para garantizar la adecuada atención de las personas, familia o unidad de convivencia; para hacer efectivo ese Programa Individual de Atención Social, a cada persona que acceda al Sistema de Servicios Sociales se le asignará un profesional de referencia.

Para garantizar la coordinación entre administraciones públicas, se crea el Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales y se fomenta la participación ciudadana a través del uso de la tecnología de la información, uso de internet y las redes sociales; se reconoce como derecho de las personas usuarias recibir unos servicios de calidad, y para ello se crea el Plan de Calidad e innovación, como instrumento básico para asegurar el desarrollo y aplicación a los criterios de calidad y la mejora continua.

Se va a promover la elaboración de un Código de Ética profesional que garantice que la actuación de los colectivos profesionales de los servicios sociales se ajuste a los principios de calidad, eficiencia y eficacia; se ha de fomentar, asimismo, la investigación científica en la materia y se establece un régimen de infracciones que va a afectar, no sólo a las entidades prestadoras, sino también a las personas usuarias de servicios y beneficiarios de prestaciones.

Todas estas novedosas medidas, entre otras contenidas en la ley, se adoptan a fin de procurar que los servicios sociales en la Región de Murcia se adecuen a las nuevas exigencias en esta materia.

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III

La ley consta de once títulos y uno preliminar que establece el objeto de la ley, su ámbito de aplicación, elabora un elenco de definiciones precisas para la comprensión correcta del texto, define el Sector de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en el que se incluye el conjunto de servicios o prestaciones de titularidad pública o privada, dedicados a la promoción y el desarrollo pleno de las personas, la finalidad y objetivos del Sistema de Servicios Sociales, como conjunto de recursos de titularidad pública, fija los principios informadores de este sistema, entre los que destacan la igualdad efectiva, la universalidad, la unidad, la atención personalizada, la proximidad y la calidad, reconoce el derecho subjetivo a las prestaciones garantizadas y definen los titulares del derecho a los servicios sociales asignándoles unos derechos y obligaciones.

Este mismo título establece un catálogo de derechos y deberes y prevé una reserva de denominación de las expresiones utilizadas en el texto.

El Título I regula el Catálogo de la prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, determina su contenido básico así como las prestaciones que, en cualquier caso, van a tener la consideración de garantizadas.

Tras determinar la responsabilidad pública del Sistema de Servicios Sociales, el Título II se dedica a la distribución competencial, distinguiendo entre las atribuidas al Consejo de Gobierno, a la consejería competente en la materia y a las entidades locales.

De conformidad con el Título III, el Sistema de Servicios Sociales se va a organizar territorialmente en Áreas, en Zonas básicas de servicios sociales y Unidades básicas de Servicios Sociales y estructurar en dos niveles de atención, Servicios Sociales de Atención Primaria y en Servicios Sociales de Atención Especializada, estructura tradicional que ya apareció en la primera Ley de Servicios Sociales, asignándosele unas funciones precisas a cada uno de los niveles.

La ley garantiza la coordinación entre el Sistema de Servicios Sociales y los demás sistemas y servicios de protección social. A tal fin, se crea el Servicio de Información de Servicios Sociales de la Región de Murcia, que va a garantizar la gestión integrada de la información generada en el Sistema.

Comoquiera que los poderes públicos han de facilitar los medios suficientes para hacer frente a los gastos derivados de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el Título V prevé las fuentes de financiación del Sistema de Servicios Sociales, así como la participación económica de las personas usuarias en tal financiación, que ha de fundamentarse en los principios de universalidad, equidad, progresividad y redistribución.

El Plan Regional de Servicios Sociales ha de ser el instrumento de planificación básico a fin de ordenar las medidas y recursos necesarios para conseguir el éxito en el ejercicio de sus actuaciones administrativas, instrumento que irá acompañado del mapa que defina la implantación de las prestaciones del Catálogo.

La esencia de la democracia radica en que la organización de la política, y entre ella la política social, se haga de tal forma que los ciudadanos participen a través de canales auténticos, institucionalizados y representativos como son el Consejo Regional de Servicios Sociales, los Consejos Asesores Regionales de carácter sectorial, los Consejos Locales de Servicios Sociales, que han demostrado con el tiempo su eficacia como canal de participación, incorporándose a los mismos la Mesa de Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social, con la finalidad de institucionalizar la colaboración, cooperación y el diálogo permanente entre la Comunidad Autónoma y las entidades del Tercer Sector del Acción Social, definidas en el artículo 2 de la Ley estatal 43/2015, de 9 de octubre, del mismo nombre. Pero, además, es preciso que se aprovechen para el ejercicio de este derecho fundamental los recursos que ofrece la tecnología de la información, como reconoce el Título VII de la ley.

El derecho de la iniciativa social y de la iniciativa privada mercantil a participar en la gestión de los servicios sociales se regula en el Titulo VIII. Para hacer efectiva esta participación, se establece como modo de organización de la gestión el régimen de concierto social con entidades de iniciativa social y entidades de iniciativa privada mercantil, y de convenios con entidades de iniciativa social.

Uno de los principios informadores del Sistema de Servicios Sociales es el de calidad, derecho de las personas usuarias y de aplicación a la totalidad de entidades tanto públicas como privadas.

Íntimamente relacionado con el ámbito de la calidad, se encuentra la materia del Registro y la Inspección de servicios sociales, que han de procurar que el acceso del usuario a los recursos se haga de acuerdo con los estándares exigibles.

El Título XI recoge un régimen de infracciones y sanciones que ha de velar por la protección y la garantía de los derechos, no solo de las personas usuarias sino también de las entidades y personas responsables de los servicios, a fin de que se eliminen conductas inadecuadas.

Finalmente, las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales incorporan previsiones y mandatos específicos para garantizar el desarrollo de los elementos del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia que requieren aprobación de normas reglamentarias, y diseñan el calendario de desarrollo básico de la ley, o establecen previsiones específicas de carácter transitorio sobre aspectos tan relevantes como la financiación compartida o la provisión de las prestaciones hasta tanto se complete la total implantación de la misma.

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IV

La elaboración de este proyecto normativo se ha caracterizado por un amplio proceso de participación y consenso social, basado en todo momento en el principio de transparencia, tanto en la fase de consulta pública como en el trámite de información y audiencia ciudadana, haciendo partícipe a una multiplicidad de actores tanto del ámbito de los servicios sociales como de otros sistemas de protección social.

Esta ley se aprueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.Uno.18 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que atribuye a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva, incluyendo la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en materia de asistencia y bienestar social, desarrollo comunitario, política infantil y de la tercera edad, instituciones de protección y tutela de menores, respetando, en todo caso, la legislación civil, penal y penitenciaria, promoción e integración de las personas con discapacidad, emigrantes y demás grupos sociales necesitados de especial protección, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.

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TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la ley.

La presente ley tiene por objeto:

a) Promover y garantizar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a un sistema de servicios sociales de carácter universal y reconocer el derecho subjetivo a las prestaciones garantizadas del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, en las condiciones y términos específicamente previstos para cada una de ellas.

b) Regular y ordenar el Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, estableciendo el marco normativo al que han de ajustarse las actuaciones públicas y la iniciativa privada en materia de servicios sociales, fomentando y garantizando el derecho a su participación en la prestación de los mismos, mediante concierto social u otras formas de colaboración.

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Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

La presente ley se aplicará a los Servicios Sociales que se presten en el territorio de la Región de Murcia por:

a) La Administración Regional.

b) Las entidades locales.

c) Otras entidades públicas.

d) Las entidades de iniciativa social, las entidades de iniciativa privada mercantil y las personas físicas.

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Artículo 3.- Definiciones.

A efectos de la presente ley, se entiende por:

1. Autonomía: La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

2. Necesidades personales básicas: Son las necesidades precisas para la subsistencia que afectan a la calidad de vida de la persona en términos de su autonomía personal, funcional e integración relacional.

3. Necesidades sociales: Son las necesidades referidas a las relaciones familiares, interpersonales y de grupo, así como las relativas a la integración y participación efectiva en la Comunidad.

4. Entidades de iniciativa social: Aquellas entidades, sean constituidas por organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, organizaciones de voluntariado, formalmente constituidas y dotadas de personalidad jurídica propia, y en general el denominado Tercer Sector de Acción Social, a excepción de las entidades públicas territoriales, que realizan actividades de servicios sociales. Además, se consideran entidades de iniciativa social las sociedades cooperativas calificadas como entidades sin ánimo de lucro conforme a su normativa específica.

5. Entidades de iniciativa privada mercantil: Las personas jurídicas y las demás entidades privadas con ánimo de lucro que, con las acreditaciones correspondientes, puedan desarrollar actividad en el marco del Sector de Servicios Sociales.

6. Inclusión social: El proceso necesario para posibilitar que personas en situación del vulnerabilidad o riesgo de exclusión social tengan la oportunidad de participar de manera plena en la vida social y puedan disfrutar de unos parámetros de calidad de vida adecuados y dignos.

7. Intervención social: Actuación organizada cuyo objeto es prevenir, resolver o corregir los desajustes del sistema social en relación a la integración de las personas y grupos sociales a partir de una acción consciente y planificada, contando con la participación tanto de profesionales como de las personas a las que se dirige esta intervención.

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Artículo 4.- El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

1. El Sector de Servicios Sociales de la Región de Murcia comprende el conjunto de servicios, prestaciones, recursos y actuaciones, de titularidad pública o privada, que tengan por objeto la promoción y el desarrollo pleno de todas las personas dentro de la sociedad para la obtención de un mayor bienestar social y una mejor calidad de vida.

2. El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia constituye una red pública y comprende el conjunto de servicios, prestaciones, recursos y actuaciones ofrecidos por:

a) La Administración Regional.

b) Las entidades locales.

c) Otras entidades públicas.

d) Las entidades de iniciativa social, las entidades de iniciativa privada mercantil y las personas físicas financiadas total o parcialmente con fondos públicos.

3. Los servicios, prestaciones, recursos y actuaciones en los que sean responsables o desarrollen entidades de iniciativa social, de iniciativa privada mercantil o personas físicas, aunque no formen parte del Sistema de Servicios Sociales, estarán sujetos a lo previsto en la presente ley y su normativa de desarrollo que les resulte de aplicación, así como a la inspección, control y registro de la Administración de la Comunidad Autónoma.

4. La participación de los servicios sociales de gestión de entidades de iniciativa social y gestión de entidades de iniciativa privada mercantil en el Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia será subsidiaria y complementaria respecto de los servicios sociales de titularidad pública, y se realizará de acuerdo con la planificación regional y local correspondiente.

5. La dirección y coordinación de todas las actuaciones, servicios, recursos y prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia corresponderá a la consejería competente en materia de servicios sociales, para posibilitar la igualdad efectiva en el acceso al sistema.

6. Las actuaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia serán desarrolladas en cooperación y coordinación con otros sistemas y políticas públicas de protección social, por cuanto el bienestar social, la inclusión social, la cohesión social, la promoción de la convivencia y el fomento de la participación social constituyen finalidades compartidas con otros sistemas.

7. El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia tiene carácter de servicio público esencial, porque de este se derivan prestaciones indispensables para satisfacer las necesidades básicas personales y mejorar las condiciones de la calidad de vida de la ciudadanía, según lo que se dispone en el artículo 128.2 de la Constitución Española.

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Artículo 5.- Finalidad y objetivos del Sistema de Servicios Sociales.

El Sistema de Servicios Sociales tiene como finalidad promover el bienestar social del conjunto de la población, mediante la consecución de los siguientes objetivos fundamentales:

1. Promover y garantizar a toda persona, grupo o comunidad la cobertura de las necesidades personales básicas y sociales, y sus aspiraciones, asegurando la igualdad de oportunidades, el derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de la vida, el acceso a los recursos, la promoción de la autonomía personal y funcional, la inclusión e integración social, la convivencia y la participación social.

2. Analizar la realidad social y prevenir y detectar las situaciones de necesidad social de la población así como planificar y desarrollar estrategias de actuación, con especial atención a situaciones de vulnerabilidad, desprotección, desamparo, dependencia, exclusión y urgencia y emergencia social.

3. Promover y garantizar la distribución equitativa de los recursos sociales disponibles.

4. Fomentar la participación comunitaria, el apoyo mutuo, la acción voluntaria y las demás formas de intervención solidaria en los asuntos comunitarios como mecanismo para conseguir la cohesión social.

5. Promover una atención integral propia de la intervención social que aborde los planos individual, familiar, grupal y comunitario, como elementos esenciales para la comprensión de la persona dentro de sus contextos de desarrollo y siempre desde una perspectiva interdisciplinar.

6. Favorecer la convivencia de las personas y de los grupos sociales, considerando y atendiendo a su diversidad, y promover la tolerancia, el respeto y la responsabilidad en las relaciones personales y familiares.

7. Prestar unos servicios sociales de calidad.

8. Fomentar la coordinación entre los diferentes sistemas de protección social.

9. Garantizar o fomentar la accesibilidad real a toda la población, a través de diferentes actuaciones como pictogramas, carteles en lengua de signos o eliminación de barreras arquitectónicas para el acceso a recursos.

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Artículo 6.- Reserva de denominación.

1. Quedan reservadas a las Administraciones públicas de la Región de Murcia, en el ámbito de sus respectivas competencias para su exclusiva utilización, las expresiones: «Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia», «Servicios Sociales de Atención Primaria de la Región de Murcia», «Servicios Sociales de Atención Especializada de la Región de Murcia », «Centro de Servicios Sociales de la Región de Murcia », «Red de Servicios Sociales de Atención Especializada de la Región de Murcia », «Sistema de Información de Servicios Sociales de la Región de Murcia», «Catálogo del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia», «Programa Individual de Atención Social de la Región de Murcia », en cualquiera de sus formas o combinaciones o cualquier otra que pudiera inducir a confusión con la estructura territorial, orgánica y funcional del citado Sistema de Servicios Sociales o con las prestaciones del mismo.

2. En función de su vinculación jurídica con el Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, las entidades de iniciativa privada que formen parte del mismo identificarán la pertenencia del servicio o centro de que se trate, seguido de la expresión «colaborador del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia».

A tal objeto, se arbitrará el procedimiento y logotipos autorizados para consolidar su imagen y propiciar el conocimiento de su existencia.

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Artículo 7.- Principios Rectores.

El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, como estructura destinada a la consecución de los diferentes objetivos de las políticas públicas en materia de servicios sociales, estará orientado hacia la igualdad, equidad y la promoción de la justicia social, el desarrollo humano, el enfoque comunitario, la perspectiva de género y de la infancia, la no discriminación y la igualdad en la diversidad, y se regirá por los principios rectores que se enuncian a continuación:

a) Universalidad: Los poderes públicos garantizarán a todas las personas el derecho a acceder a los servicios sociales en condiciones de igualdad, equidad y justicia distributiva, sin que ello excluya la posibilidad de condicionar dicho acceso al cumplimiento por las personas usuarias de determinados requisitos o de establecer, en su caso, la obligación de una contraprestación económica que asegure su corresponsabilidad.

b) Igualdad efectiva: El acceso y utilización de los servicios sociales se producirá sin discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social que no constituya requisito para aquellos, sin perjuicio de medidas de acción positiva que coadyuven a la superación de las desventajas de una situación inicial de desigualdad.

c) Responsabilidad pública: Los poderes públicos garantizarán la disponibilidad de los servicios sociales y el derecho de las personas a acceder a los mismos mediante la provisión de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios y bajo los principios de eficacia, eficiencia y desarrollo sostenible. Asimismo se garantizará la correcta prestación de los servicios sociales que realice la iniciativa social y la iniciativa privada mercantil a través de las funciones de vigilancia, control, inspección, coordinación y cooperación con esta.

d) Respeto a los derechos legalmente reconocidos de las personas: Toda actuación en materia de servicios sociales habrá de respetar la dignidad e intimidad, y los derechos de las personas, en especial, a participar en el proceso de toma de decisiones que les afecte mediante los cauces legalmente establecidos.

e) Equidad: Se establecerá una política redistributiva de las prestaciones basada en criterios de justicia entre las personas y los grupos sociales.

f) Prevención y dimensión comunitaria: Las políticas de servicios sociales actuarán preferentemente sobre las causas de los problemas sociales, considerando prioritarias las acciones preventivas y atendiendo al enfoque comunitario de las intervenciones sociales.

g) Atención personalizada e integral y continuidad de la atención: Se garantizará una atención personalizada, es decir, ajustada a las necesidades particulares de la persona y su familia, basada en la valoración integral de su situación, debiendo garantizarse la continuidad de la atención, aun cuando implique a distintas Administraciones Públicas o sistemas.

h) Empoderamiento e inserción: El Sistema de Servicios Sociales tendrá como prioridad fortalecer las capacidades de las personas en la respuesta a sus necesidades, buscando la inserción y el bienestar de las personas usuarias en su entorno personal, familiar y social habitual y facilitando la atención a través de instituciones de carácter general, excepto cuando se requiera una atención personalizada.

i) Proximidad y descentralización: La prestación de los servicios sociales se realizara? desde el ámbito más cercano a las personas, favoreciendo la permanencia en su entorno habitual de convivencia y la integración activa en la vida de su comunidad, siempre que sea posible.

j) Participación: Se promoverá y facilitara? el derecho a la participación ciudadana, de forma individual o colectiva, en la definición, planificación, desarrollo, seguimiento, provisión y evaluación de los servicios sociales.

k) Solidaridad, promoción de la iniciativa social y del voluntariado: Los poderes públicos promoverán y articularán la participación de la iniciativa social en el ámbito de los servicios sociales y fomentarán la colaboración solidaria de las personas y los grupos a través de las fórmulas que se consideren más oportunas, así como la participación de voluntariado organizado y la ayuda mutua.

l) Planificación y Coordinación: La Administración de la Comunidad Autónoma deberá planificar los recursos del Sistema de Servicios Sociales con la colaboración de las entidades locales y coordinar las actuaciones de las Administraciones públicas entre sí en el ámbito de la Región, y de estas con los recursos tanto de la iniciativa social como de la iniciativa privada mercantil dependientes de ambas planificaciones, garantizándose igualmente la coordinación entre el Sistema de Servicios Sociales y los otros sistemas y políticas públicas de protección social.

m) Calidad: Se prestarán unos servicios sociales de calidad determinando para ello requisitos y estándares mínimos, incluyendo instrumentos de evaluación permanente que la promuevan.

n) Investigación, innovación y generación de conocimiento: Se promoverán los procesos de análisis de la realidad social, la detección de necesidades y la generación del conocimiento, así como la implantación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que aporten valor, integrando la innovación e investigación y la ética en este ámbito de actuación de los poderes públicos.

ñ) Transparencia y publicidad: La consejería competente dará a conocer de forma proactiva la información relativa a sus ámbitos de actuación y sus obligaciones, así como los resultados de su gestión, con carácter permanente y actualizado, de la forma más comprensible para las personas y mediante el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma, facilitando así un amplio acceso a la información relevante de servicios sociales.

o) Accesibilidad: Las Administraciones competentes en materia de servicios sociales, de acuerdo con la normativa de accesibilidad universal, promoverán las condiciones para la accesibilidad a los recursos y la utilización de bienes, productos y servicios del Sistema de Servicios Sociales, en aras de conseguir la igualdad de oportunidades de las personas con dificultades de accesibilidad, a través de todos los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos posibles, de manera que los mismos puedan ser utilizados de forma autónoma por cualquier persona.

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Artículo 8.- Titulares del derecho.

1. Son titulares del derecho a los servicios y prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia:

a) Las personas con nacionalidad española que residan en la Región de Murcia.

b) Las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que residan en la Región de Murcia.

c) Las personas extranjeras o apátridas con vecindad administrativa en la Región de Murcia, en el marco de la Constitución y de la legislación que resulte de aplicación.

d) Los nacidos en la Región de Murcia, residentes en el exterior, en países que no tengan convenio de reciprocidad con España.

e) Las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en la Región de Murcia.

f) Las personas con derecho de asilo a quienes se reconozca la condición de refugiado, o la protección subsidiaria en los términos que establecen los tratados internacionales y la legislación en materia de extranjería.

g) Las personas que, sin hallarse en los supuestos anteriores, se encuentren en situaciones de urgencia social que, en todo caso, tendrán garantizado el derecho a los servicios de información, valoración, diagnóstico, orientación y cobertura de las necesidades personales básicas.

2. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de los requisitos que se establezcan por la normativa para determinar las condiciones de acceso a las distintas prestaciones económicas y prestaciones de servicios.

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Artículo 9.- Derechos de las personas usuarias de los Servicios Sociales.

1. Las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, ya sean estos de titularidad pública o privada, tendrán garantizado, además de los derechos constitucional y legalmente reconocidos, el ejercicio de los siguientes derechos:

a) Acceder a los servicios sociales en condiciones de igualdad, universalidad y dignidad.

b) Recibir una atención personalizada e integral, adecuada a sus necesidades en el ámbito de los servicios sociales.

c) Recibir unos servicios de calidad que fortalezcan las capacidades de las personas que acceden a los servicios sociales y de los grupos en que se integran, así como del entorno social. Y a obtener las prestaciones y servicios de calidad que les sean prescritos por los profesionales en los términos previstos en esta ley y en su normativa de desarrollo.

d) A la intimidad y confidencialidad de todos los datos e informaciones de la intervención social que consten en su expediente, incluyendo la debida reserva por parte de las personas profesionales en el proceso de atención con respecto a la información de la que haya tenido conocimiento, de conformidad con la legislación vigente, así como a ser atendidos en espacios adecuados que garanticen dicha intimidad.

e) Disponer de información suficiente, veraz y comprensible, sobre las prestaciones de servicios sociales y sobre los requisitos necesarios, y si así lo requiere, a recibir la información por escrito de forma entendible y ser atendidas bajo el principio de libertad de elección y de accesibilidad de la comunicación, para garantizar la correcta recepción y comprensión de la información y que su opinión pueda ser expresada y entendida de forma adecuada: con apoyos a la comunicación oral, con el uso de la lengua de signos y con cualquier otro sistema de mediación a la comunicación disponible.

f) Acceder a su expediente individual e historia social en cualquier momento, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

g) Participar en la toma de decisiones que le afecten, individual o colectivamente, así como en la planificación, seguimiento y evaluación del Sistema de Servicios Sociales, mediante los cauces legalmente establecidos.

h) Dar instrucciones previas para situaciones futuras de incapacidad y a ejercer su derecho a la autotutela en los términos previstos en la normativa que resulte de aplicación.

i) Tener asignado profesional de referencia en el ámbito de los Servicios Sociales de Atención Primaria y a cambiar el mismo por motivos personales justificados, de acuerdo con las posibilidades del sistema.

j) Obtener una evaluación o diagnóstico de su situación y necesidades y a disponer de dicha evaluación por escrito, en un lenguaje claro y comprensible.

k) Disponer de un Programa Individual de Atención Social y a una atención individualizada que respete su identidad y dignidad.

l) Escoger libremente el tipo y modalidad de servicio más adecuado a su caso en función de su disponibilidad, atendiendo a la orientación y a la prescripción técnica de la persona profesional de referencia asignada y conociendo con antelación su posible participación económica.

m) Renunciar a las prestaciones económicas y prestaciones de servicios concedidos, salvo lo dispuesto en la legislación vigente en relación con el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico y en relación con la tutela de personas menores de edad.

n) Recibir una atención urgente o prioritaria en los supuestos determinados por la Administración Pública competente.

ñ) Recibir atención de su profesional de referencia en el propio domicilio, cuando la persona tenga graves dificultades para el desplazamiento.

o) Presentar sugerencias, a formular quejas y reclamaciones sobre la atención y las prestaciones recibidas, y a obtener contestación a las mismas.

p) Solicitar una segunda opinión profesional.

q) Intervenir en los órganos de participación existentes en los términos establecidos por esta ley y su desarrollo reglamentario.

r) A los derechos que estén establecidos en los reglamentos específicos de cada centro o servicio.

2. En el caso de las personas menores de edad, el ejercicio de sus derechos se garantizará a través de sus representantes legales y en el caso de las personas incapacitadas este ejercicio se realizará con el apoyo de sus representantes legales, en los términos previstos en la normativa vigente.

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Artículo 10.- Deberes de las personas usuarias de los Servicios Sociales del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

1. Las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, ya sean estos de titularidad pública o privada, deberán cumplir los siguientes deberes:

a) Cumplir las normas, requisitos, condiciones y procedimientos establecidos en relación con las prestaciones económicas y prestaciones de servicios.

b) Seguir el Programa Individual de Atención Social y las orientaciones establecidas en el mismo por el colectivo de profesionales competentes.

c) Comparecer cuando sean requeridos y facilitar la información necesaria y veraz sobre sus circunstancias personales, familiares y económicas, así como comunicar las variaciones en las mismas y que pudieran afectar a las prestaciones de servicios sociales solicitadas y/o concedidas, salvo en caso de que tales datos ya obren en poder de las administraciones públicas.

d) Destinar las prestaciones a la finalidad para las que hubieran sido concedidas.

e) Contribuir, en su caso, a la financiación del coste de la prestación o del servicio, en los términos que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con su capacidad económica.

f) Conocer y cumplir el contenido de las normas reguladoras de la organización y del funcionamiento de las prestaciones y servicios de los que son usuarios, y, en su caso, de las normas de convivencia vigentes en los mismos

g) Respetar la dignidad y los derechos de los demás usuarios y del personal que presta los servicios que reciben y atender a sus indicaciones.

h) Respetar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones de los servicios sociales.

i) Cumplir cualquier otro deber establecido en el resto del ordenamiento jurídico y, en especial, los previstos por la normativa específica que regule las prestaciones del Sistema de Servicios Sociales.

j) Reintegrar las prestaciones económicas percibidas indebidamente.

k) Los deberes establecidos en los reglamentos específicos de cada centro o servicio.

2. En el caso de las personas menores de edad, el ejercicio de sus deberes se garantizará a través de sus representantes legales, y en el caso de las personas incapacitadas, este ejercicio se realizará con el apoyo de sus representantes legales, en los términos previstos en la normativa vigente.

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Artículo 11.- Carta de Derechos y Deberes.

1. La consejería competente en materia de servicios sociales aprobará la Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales, garantizando la máxima difusión de su contenido en todo el ámbito del Sistema de Servicios Sociales.

2. La Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales se redactará de forma sencilla y clara, utilizando un lenguaje comprensible y, si fuera necesario, se redactará con sistemas alternativos o aumentativos de comunicación.

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TÍTULO II. EL CATÁLOGO DE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

Artículo 12.- El Catálogo de prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

1. El Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia es un instrumento de desarrollo uniforme y homogéneo del Sistema de Servicios Sociales mediante el que se determinan, ordenan y califican las prestaciones del Sistema de Servicios Sociales, diferenciando entre:

a) Prestaciones garantizadas, que serán exigibles como derecho subjetivo.

b) Prestaciones condicionadas, que dependerán de la disponibilidad de recursos y del orden de prelación y concurrencia que al efecto se establezca, pudiendo, en su caso, determinarse la obligatoriedad de su existencia y su disponibilidad.

2. En los términos que determine el Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales, una misma prestación podrá ser calificada como garantizada o condicionada en razón al grupo de población o de necesidad a la que atienda.

3. El Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales deberá garantizar la adecuación y coherencia de su contenido con la planificación autonómica y el Mapa de Servicios Sociales de la Región de Murcia, así como, en su caso, con la planificación local.

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Artículo 13.- Contenido del Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

El Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales establecerá, para cada una de las prestaciones sociales que ofrece cada nivel de atención, al menos, los siguientes aspectos:

a) Naturaleza, denominación y definición.

b) Administración Pública a quien compete su prestación.

c) Tipo de prestación: garantizada o condicionada.

d) Objeto y necesidad a la que responde.

e) Requisitos y procedimiento de acceso.

f) Plazo de concesión, cuando proceda.

g) Participación, en su caso, de las personas usuarias en la financiación.

h) Causas de suspensión y extinción, cuando proceda.

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Artículo 14.- Procedimiento de elaboracón, aprobación y revisión del Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

1. El Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales de la Región de Murcia será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, mediante Decreto, previo informe del Consejo Regional de Servicios Sociales, garantizando la participación ciudadana, profesional y de las Administraciones Públicas implicadas, así como de la iniciativa social y de la iniciativa privada mercantil, Colegios Profesionales, Universidades, organizaciones sindicales y empresariales.

2. El Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales de la Región de Murcia debe ajustarse a las necesidades de la población y el entorno, y en cuanto a las prestaciones económicas y prestaciones de servicios se refiere, podrá incorporar nuevas, modificar las existentes o retirar motivadamente aquellas que así se considere tras la aparición de evidencias en la evaluación de resultados.

3. En todo caso, la evaluación del Plan Regional de Servicios Sociales incluirá la evaluación de la aplicación y desarrollo del Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

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Artículo 15.- Tipos de prestaciones.

1. Las prestaciones del Sistema de Servicios Sociales pueden ser de servicio y económicas.

2. Son prestaciones de servicio las actuaciones profesionales orientadas a atender las necesidades sociales, psicológicas y educativas y favorecer la inclusión social de la población, incluyendo la asistencia tecnológica, las ayudas instrumentales y las adaptaciones del medio físico.

3. Son prestaciones económicas las aportaciones dinerarias de carácter periódico o pago único destinadas a personas en situación de necesidad personal y/o social.

4. Las prestaciones se pueden combinar entre sí para conseguir los objetivos que se establezcan en función de la necesidad de cada grupo o individuo.

5. El disfrute de las prestaciones podrá condicionarse, en su caso, a la colaboración activa de la persona usuaria en la intervención o en el proceso de integración social, o su participación en la financiación.

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Artículo 16.- Prestaciones garantizadas.

1. Sin perjuicio de las prestaciones que, en aplicación de la presente ley y de acuerdo con los criterios y forma en ella previstos, puedan ser calificadas de garantizadas, tendrán dicha condición, en los supuestos que para cada una de ellas se determinan:

a) Las de información, acogida, diagnóstico social, orientación social y asesoramiento.

b) Las de valoración, planificación individual de caso, seguimiento y acompañamiento social individualizado para casos que requieran especial intensidad en la atención.

c) La renta básica de inserción.

d) Las ayudas destinadas a la atención de necesidades personales básicas en situaciones de urgencia y emergencia social y las prestaciones económicas destinadas a aquellas mujeres víctimas de violencia de género que carezcan de recursos económicos.

e) Las medidas específicas de intervención familiar para la protección de menores de edad en situación de riesgo o desamparo.

f) La mediación familiar.

g) La atención temprana dirigida a niños de 0 a 6 años con discapacidad o con riesgo de padecerla, que comprenderá como mínimo la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y la atención de casos.

h) Los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia comprendidos en su catálogo, incluida la prevención, de acuerdo con la legislación vigente.

i) La teleasistencia para las personas de más de ochenta años que la demanden.

j) Las de protección jurídica y apoyo a las personas mayores con discapacidad y en situación de desamparo, en los términos que determine la legislación civil del Estado.

2. Todas las prestaciones económicas y prestaciones de servicios enumerados en el apartado anterior tendrán carácter gratuito, salvo lo referido en las letras f) y h) que se rigen por su propia normativa.

3. La renta básica de inserción y las ayudas previstas en las letras d) y g), cuando sean de naturaleza económica, no podrán ser objeto de cesión, embargo o retención, salvo los supuestos y con los límites establecidos en la legislación civil aplicable.

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Artículo 17.- Derecho subjetivo a las prestaciones garantizadas del sistema

1. El acceso a las prestaciones garantizadas del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia se configura como un derecho subjetivo cuando se cumplan los requisitos generales de acceso al sistema y los específicos que se regulan para cada prestación o servicio.

2. La Administración Regional garantizará la satisfacción de los derechos subjetivos reconocidos en la presente ley mediante el ejercicio de sus competencias y la cooperación y coordinación con las entidades locales.

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Artículo 18.- Prestaciones condicionadas.

Las prestaciones condicionadas, que no tienen la naturaleza de derecho subjetivo, serán todas aquellas prestaciones sociales que no estén calificadas como garantizadas.

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Artículo 19.- Prestaciones de gestión directa.

Sin perjuicio de la salvaguarda del principio de responsabilidad pública respecto de todas las prestaciones que reconoce la presente ley, quedan reservadas a la gestión directa por parte de las Administraciones Públicas, según su ámbito de competencias, las prestaciones siguientes:

1. Servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento, en todo caso en el nivel primario, y con carácter preferente en el nivel especializado.

2. Elaboración del Programa Individual de Atención Social, que incluya los aspectos socioasistenciales, psicosociales y socioeducativos, la intervención en atención primaria, su seguimiento y evaluación.

3. Ejercicio de las funciones del profesional de referencia y el equipo profesional de Servicios Sociales de Atención Primaria.

4. Gestión de las prestaciones económicas y de servicio, garantizadas y previstas en el Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales.

5. Supervisión de medidas de internamiento no voluntario.

6. En cuanto a los Servicios de familia, protección y adopción de menores y ejecución de medidas judiciales:

a) La supervisión de programas de intervención con familias.

b) La valoración de riesgo y desamparo de menores.

c) La supervisión y coordinación de centros y programas de acogimiento familiar y residencial.

d) La declaración de idoneidad de adoptantes.

e) La supervisión y coordinación de centros y programas para la ejecución de medidas judiciales, la supervisión de la ejecución de las medidas judiciales y la representación de la entidad pública ante los órganos judiciales.

7. Todas aquellas medidas y actuaciones de los servicios sociales que supongan ejercicio de autoridad.

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TÍTULO II. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Artículo 20.- Responsabilidad pública.

1. La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene atribuidas las competencias en materia de servicios sociales en su ámbito territorial. En el ejercicio de dichas competencias le corresponde la gestión y ordenación de los servicios sociales, en los términos establecidos en esta ley y su normativa de desarrollo.

2. A las entidades locales les corresponde el desarrollo y la gestión del Sistema de Servicios Sociales, en los términos establecidos en la presente ley y en la normativa que sea de aplicación, ejerciendo sus competencias bajo los principios generales de coordinación y cooperación, que han de regir la actuación administrativa.

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Artículo 21.- Competencias del Consejo de Gobierno.

Corresponde al Consejo de Gobierno en materia de servicios sociales:

a) Establecer las prioridades y líneas generales de la política en esta materia.

b) Adoptar las iniciativas legislativas que correspondan.

c) Efectuar el desarrollo reglamentario de la legislación autonómica de su competencia.

d) Garantizar la suficiencia financiera y técnica del Sistema de Servicios Sociales bajo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

e) Aprobar el Plan Regional de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

f) Establecer las directrices, los criterios y las fórmulas de coordinación general del sistema y de coordinación transversal entre los departamentos de la Comunidad Autónoma para mejorar la gestión y eficacia.

g) Cualquier otra que le sea atribuida por la presente ley o por el resto del ordenamiento jurídico.

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Artículo 22.- Competencias de la consejería competente en materia de servicios sociales.

1. Corresponde a la consejería competente en materia de servicios sociales, directamente o a través del organismo autónomo que tenga adscrito:

a) Desarrollar y ejecutar las directrices del Consejo de Gobierno en materia de servicios sociales.

b) Elaborar anteproyectos y proyectos de disposiciones de carácter general en materia de servicios sociales.

c) Elaborar el Plan Regional, el Mapa y el Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

d) Impulsar, planificar, coordinar y evaluar las políticas en materia de servicios sociales en la Comunidad Autónoma.

e) Promover las medidas necesarias para garantizar los derechos de las personas en relación al Sistema de Servicios Sociales.

f) Gestionar los centros de servicios sociales de titularidad de la Administración Regional y los conciertos con entidades de iniciativa social y entidades de iniciativa privada mercantil, así como los convenios, subvenciones y ayudas de su competencia.

g) Autorizar, acreditar y registrar los centros y entidades de servicios sociales.

h) Ejercer la potestad inspectora y sancionadora en materia de servicios sociales, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos, pudiendo recabar la colaboración de las entidades locales, especialmente de las de más de 100.000 habitantes.

i) Establecer y evaluar los niveles y estándares de calidad exigibles a las entidades y centros de servicios sociales y desarrollar programas formativos para los colectivos profesionales que trabajan en el ámbito del Sistema de Servicios Sociales.

j) Fomentar la investigación e innovación en este ámbito de la actividad pública.

k) Coordinar y supervisar los servicios sociales prestados por las entidades públicas y privadas de la Región, así como establecer los cauces de colaboración con las mismas.

l) Impulsar, promover y coordinar la atención primaria de servicios sociales.

m) Establecer y actualizar los instrumentos necesarios para el desarrollo del Sistema de Información de Servicios Sociales.

n) Fomentar la participación ciudadana en materia de servicios sociales y promover la corresponsabilidad y la participación social solidaria, especialmente a través de las organizaciones de voluntariado social en el ámbito regional.

ñ) Fijar los precios públicos, en su caso.

o) La gestión de los Servicios Sociales de Atención Primaria que no sean creados por las propias entidades locales, en aquellos municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

2. Serán asimismo competencias específicas de la citada consejería, las siguientes:

a) Los servicios de valoración y diagnóstico relativos al reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad y de dependencia, así como del reconocimiento de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

b) Las funciones que corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como entidad pública competente para la protección de menores y de menores infractores.

c) El diseño y gestión de las actuaciones tendentes al desarrollo de una política integral de atención y ayuda a la familia.

d) La gestión de las actuaciones dirigidas a atender necesidades de personas mayores, personas con discapacidad, inmigrantes, minorías étnicas y otras personas en situación de riesgo o exclusión social.

e) El protectorado de las fundaciones asistenciales que desarrollen principalmente sus actividades en el ámbito de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

f) Cualquiera otra que le sea atribuida de acuerdo con la legislación vigente, así como aquellas otras competencias que sean necesarias para la ejecución de esta ley y no estén expresamente atribuidas al Consejo de Gobierno o a otras administraciones públicas.

3. Las competencias relacionadas en este artículo podrán ser objeto de delegación a las entidades locales en los términos previstos en la legislación de régimen local, previa aceptación del municipio interesado, cumpliendo con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

4. Aquel o aquellos organismos públicos que, en virtud de descentralización funcional, existan o se creen en la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio de funciones en materia de servicios sociales, tendrán las competencias que sus respectivas normas de creación les atribuyan.

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Artículo 23.- Competencias de las entidades locales.

1. Corresponde a las entidades locales, en su ámbito territorial:

a) Crear, mantener y gestionar los Servicios Sociales de Atención Primaria, garantizando el equipamiento y personal suficiente y adecuado que se determine reglamentariamente.

b) Crear, mantener y gestionar los Servicios Sociales de Atención Especializada que consideren necesarios dentro de su ámbito territorial, de acuerdo con lo establecido en la planificación general del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

c) Aprobar los planes y programas correspondientes a su ámbito territorial, de acuerdo con lo establecido en la planificación general del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

d) Promocionar y realizar investigaciones y estudios sobre los servicios sociales en el ámbito municipal.

e) Gestionar las ayudas económicas municipales, en las condiciones que se establezcan, y colaborar con la Administración regional en la tramitación administrativa e informe de las ayudas periódicas y no periódicas regionales.

f) Coordinar la política municipal de servicios sociales con la desarrollada por otros sectores vinculados a esta área, así como colaborar con otros sistemas y políticas públicas de protección social.

g) Coordinar las actuaciones de las entidades de iniciativa social que desarrollen sus servicios en el municipio.

h) Estudiar, detectar y prevenir las necesidades sociales que se produzcan dentro de su ámbito territorial, especialmente la detección precoz de las situaciones de riesgo en el ámbito de la infancia, y la prevención de situaciones de dependencia y riesgo o exclusión social.

i) Atender inmediatamente a las personas en riesgo de exclusión social.

j) Colaborar, en el ámbito de sus respectivas competencias, con la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el desarrollo de los servicios sociales cuando se requiera una actuación conjunta y, en especial, en materia de protección de menores y de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia y de renta básica.

k) Gestionar los servicios y prestaciones que le correspondan de acuerdo con esta ley y de conformidad con lo previsto en el Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales.

l) Participar en la tramitación administrativa de ayudas cuya gestión sea competencia autonómica, cuando así lo establezca su normativa reguladora, especialmente mediante la emisión de los correspondientes informes.

m) Recoger información relevante, que podrá ponerse a disposición de las administraciones públicas para su utilización en la planificación y evaluación del Sistema de Servicios Sociales en función de su ámbito competencial.

n) Participar en la elaboración del Plan Regional de Servicios Sociales, del Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales y del Mapa de Servicios Sociales.

ñ) Colaborar con la Administración Regional en el ejercicio de las facultades de autorización administrativa, acreditación, inspección y sancionador y en la gestión del Sistema de Información de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

o) Crear y regular los consejos locales de servicios sociales, de acuerdo con lo establecido en esta ley.

p) El resto de competencias atribuidas por esta ley y por el resto del ordenamiento jurídico o que le sean delegadas de acuerdo con la legislación básica en materia de régimen local.

2. Las competencias enumeradas se ejercerán por los municipios por sí mismos o agrupados para la gestión compartida de los servicios, a través de las fórmulas de colaboración interadministrativa previstas en la legislación sobre régimen local. La asociación de municipios deberá ajustarse a la distribución de zonas básicas de servicios sociales aprobada en el Mapa Regional.

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TÍTULO III. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Capítulo I. Organización territorial del Sistema de Servicios Sociales

Artículo 24.- Organización territorial.

1. Los principios orientadores de la organización territorial del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia son: descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia en la satisfacción de las necesidades sociales y coordinación.

2. El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia se organiza territorialmente en:

a) Áreas de Servicios Sociales.

b) Zonas Básicas de Servicios Sociales.

c) Unidades Básicas de Servicios Sociales.

d) Otras divisiones territoriales.

3. Esta organización territorial constituye el referente geográfico para la prestación de los Servicios Sociales de Atención Primaria y Especializados.

4. La organización territorial se recogerá en el Mapa de Servicios sociales de la Región de Murcia que apruebe el Consejo de Gobierno, y se establecerá de forma que propicie la coordinación con el resto de sistemas de protección social y, de manera especial, con el sistema sanitario, con el fin de facilitar la atención a la población.

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Artículo 25.- Áreas de Servicios Sociales.

1. El Área de Servicios Sociales constituye la demarcación territorial y organizativa general del Sistema de Servicios Sociales para la planificación, desarrollo y evaluación de las prestaciones de los dos niveles de atención del sistema.

2. Las áreas de servicios sociales se delimitarán atendiendo a criterios demográficos, de accesibilidad, proximidad, dispersión geográfica y necesidades sociales.

3. Cada área de servicios sociales se dividirá a su vez en varias zonas básicas.

4. En las áreas se garantizará el desarrollo de todas las funciones de los servicios sociales de atención primaria. Para tal fin, dispondrán de un equipo de profesionales del área de servicios sociales cuyos perfiles darán respuesta a las situaciones de necesidad social de la correspondiente área.

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Artículo 26.- Zonas Básicas de Servicios Sociales.

1. La Zona Básica de Servicios Sociales es la división territorial constituida por un municipio, por una o más partes del mismo o por una agrupación de municipios que presenten características de proximidad, con una población de al menos 10.000 habitantes.

2. Con carácter excepcional, se podrán constituir zonas básicas de servicios sociales con población inferior a 10.000 habitantes, cuando las necesidades específicas así lo requieran, o cuando haya un número de profesionales mínimo adscrito a la zona, que se establecerá reglamentariamente.

3. Los municipios de gran población, sujetos al régimen especial previsto en el título X de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, podrán configurar sus zonas básicas atendiendo a sus peculiaridades organizativas, demográficas, de demanda y dispersión.

4. En cada Zona Básica de Servicios Sociales existirá un Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria, desde donde se prestarán los servicios sociales de atención primaria y, si procede, los especializados que se circunscriban a esta demarcación territorial.

5. Las zonas básicas de servicios sociales podrán dividirse en unidades básicas de servicios sociales.

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Artículo 27.- Unidades Básicas de Servicios Sociales.

1. La Unidad Básica de Servicios Sociales se configura como la demarcación territorial que garantiza la prestación de los Servicios Sociales de Atención Primaria a una población que no tenga la consideración de zona básica.

2. La Unidad Básica de Servicios Sociales contará, al menos, con una Unidad de Trabajo Social que desempeñará, como mínimo, las funciones de atención básica de información, orientación, estudio y valoración de la situación social.

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Artículo 28.- Otras divisiones territoriales.

De forma excepcional, podrán establecerse otras divisiones territoriales cuya creación se justifique por razón de necesidades específicas, con el objeto de prestar, al menos, la atención básica de información, orientación, estudio y valoración de la situación social.

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Capítulo II. Estructura de los Servicios Sociales de la Región de Murcia

Artículo 29.- Niveles de atención del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

1. El Sistema de Servicios Sociales se articula funcionalmente en una red de prestaciones y recursos, estructurada en dos niveles de atención:

a) Servicios Sociales de Atención Primaria.

b) Servicios Sociales de Atención Especializada.

2. En el nivel primario de servicios sociales se integran los centros de servicios sociales, que dispondrán de los equipos profesionales necesarios para ofrecer los programas a que se refiere el artículo 32.

3. En el nivel especializado de servicios sociales se ubican los Servicios Sociales de Atención Especializada, que comprenden todos aquellos centros y servicios sociales que, sobre la base de criterios de mayor complejidad, requieren una especialización que no esté encomendada a los Servicios Sociales de Atención Primaria.

4. En el Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales a que refiere el artículo 12 se establecerán las prestaciones económicas y prestaciones de servicios que conforman los dos niveles de atención del Sistema de Servicios Sociales.

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Artículo 30.- Los Servicios Sociales de Atención Primaria.

1. Los Servicios Sociales de Atención Primaria constituyen la estructura básica del nivel primario de servicios sociales.

2. Los Servicios Sociales de Atención Primaria serán de titularidad pública y de gestión directa, debiendo proporcionar una atención de carácter universal y global a las necesidades sociales garantizadas bajo los principios de igualdad en todo el territorio y de proximidad a las personas usuarias y a su entorno familiar y social.

3. Los Servicios Sociales de Atención Primaria posibilitarán el acceso de las personas usuarias al conjunto del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia y constituirán el nivel de referencia para la valoración de las necesidades, la planificación, el seguimiento, la evaluación de la atención y la coordinación con otros agentes e instituciones presentes en el territorio al objeto de articular la respuesta a las necesidades individuales y sociales de atención.

4. Los Servicios Sociales de Atención Primaria estarán referenciados a un territorio y a una población determinada y se desarrollarán desde los centros de Servicios Sociales de Atención Primaria.

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Artículo 31.- Funciones de los Servicios Sociales de Atención Primaria.

Son funciones a desempeñar por los Servicios Sociales de Atención Primaria:

a) Ofrecer información, orientación y asesoramiento a las personas con relación a los derechos y los recursos sociales.

b) Detectar las situaciones de necesidad personal, familiar y comunitaria.

c) Valorar y realizar diagnósticos sociales, psicosociales y socioeducativos.

d) Impulsar y desarrollar proyectos de promoción comunitaria y programas transversales de protección social.

e) Fomentar la sensibilización sobre las situaciones de necesidad social.

f) Prestar servicios de atención domiciliaria y soporte a la unidad familiar o de convivencia.

g) Intervenir en los núcleos familiares o convivenciales en situación de riesgo social.

h) Aplicar protocolos de prevención y de atención ante malos tratos a personas de los colectivos más vulnerables.

i) Gestionar prestaciones de urgencia social.

j) Valoración social de las situaciones de las personas y/o familias inmigrantes y emisión en su caso, de informes necesarios para obtener la autorización inicial o autorización de residencia.

k) Proponer la aprobación y, en su caso, revisión del programa individual de atención a la dependencia.

l) Gestionar la tramitación de las prestaciones económicas del ámbito de la Comunidad Autónoma.

m) Orientar el acceso a los servicios especializados.

n) Coordinarse con los Servicios Sociales de Atención Especializada, con los equipos profesionales de los demás sistemas de protección social, con las entidades del mundo asociativo y con las que actúan en el campo de los servicios sociales, promoviendo el trabajo en red.

ñ) Coordinarse con los servicios especializados en casos de catástrofe, emergencia social y en las crisis emocionales derivadas de la misma, cuando afecten a la convivencia, al alojamiento y a la cobertura de necesidades básicas.

o) Tramitar, hacer el seguimiento y ofrecer apoyos personalizados en el marco la Renta Básica de Inserción en cooperación con la Administración Regional.

p) Prevenir, dar información, promover y facilitar la inserción social en materia de menores, así como la intervención y seguimiento de aquellos casos que requieran actuaciones en su propio medio.

q) Desarrollar programas preventivos en los diferentes ámbitos de actuación, dirigidos a grupos o colectivos sociales.

r) Estudiar la evolución y desarrollo de la realidad social en su ámbito territorial para la identificación de las necesidades de intervención social.

s) Cualquier otra que se le sea atribuida o encomendada por la normativa vigente.

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Artículo 32.- Programas de Servicios Sociales de Atención Primaria.

1. Las actuaciones de los Servicios Sociales de Atención Primaria se articularán, al menos, a través de cuatro programas:

a) Programa de Acogida y Orientación Social, que, dirigido a toda la población, ofrecerá intervención social a las personas que presenten demandas ante los servicios sociales.

b) Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, que tendrá como objetivo posibilitar a las personas en situación de dependencia la permanencia en su medio habitual todo el tiempo que desee y sea posible. Este programa podrá estar dirigido también a personas que no se encuentren en dicha situación, siempre que no se pueda conseguir este objetivo a través de otros programas.

c) Programa de Prevención, Incorporación Social y Dinamización Comunitaria en atención primaria, que tendrá como finalidad favorecer la inclusión social de personas en riesgo o en situación de exclusión social en cualquiera de sus ámbitos.

d) Programa de Atención a la Infancia y Familia en atención primaria, que tendrá como objetivo asegurar a los menores de edad un entorno que permita su desarrollo personal, mediante mecanismos de protección, apoyo personal, familiar y social.

2. Los Servicios Sociales de Atención Primaria promoverán la participación social y la acción del voluntariado en cada uno de los programas citados anteriormente.

3. Estos cuatro programas serán de implantación obligatoria y progresiva en toda la Región de Murcia, estando condicionada su implantación por las ratios de población e incidencias de situación social que haya en cada zona básica de servicios sociales. En el supuesto de que no fuera viable la implantación de uno o varios de estos programas, se garantizará su prestación por el área a la que pertenezca la zona básica o por otras áreas de la Comunidad Autónoma.

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Artículo 33.- El Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria.

1. El Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria es un equipamiento de titularidad y gestión pública. Constituye la estructura física, administrativa y técnica de las zonas básicas de servicios sociales donde se facilita el acceso al Sistema de Servicios Sociales y se desarrollan los programas propios de atención primaria.

2. Cada Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria estará dotado, al menos, de un equipo interdisciplinar de profesionales y de personal administrativo, y dirigido por un profesional adscrito a los subgrupos A1 y A2, quedando así determinado con carácter preceptivo en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

3. Las condiciones mínimas y los requisitos de los centros de servicios sociales de atención primaria, así como la composición de los equipos interdisciplinares, se establecerán reglamentariamente.

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Artículo 34.- Los Servicios Sociales de Atención Especializada.

1. Los Servicios Sociales de Atención Especializada constituyen el nivel de atención específico para la programación, implantación y gestión de aquellas actuaciones que, atendiendo a las características concretas de la situación de necesidad de la población a las que van dirigidas o a su mayor complejidad, requieran una especialización que no estén encomendadas a los Servicios Sociales de Atención Primaria.

2. El acceso a los Servicios Sociales de Atención Especializada se producirá por derivación de los Servicios Sociales de Atención Primaria, a excepción de las situaciones de urgencia social, que se estará a lo establecido por los protocolos de actuación a los que se refiere el artículo 37.3.

3. Las Administraciones Públicas podrán contratar, concertar o convenir prestaciones de los Servicios Sociales de Atención Especializada entre sí, así como con la iniciativa social y con la iniciativa privada mercantil que sea titular de dichos servicios o de los centros desde los que se prestan, salvo las funciones de valoración y diagnóstico que serán de exclusiva responsabilidad pública.

4. Las prestaciones y recursos de Servicios Sociales de Atención Especializada tendrán su referencia territorial en las áreas de servicios sociales.

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Artículo 35.- Funciones de los Servicios Sociales de Atención Especializada.

1. Son funciones de los Servicios Sociales de Atención Especializada:

a) Valorar, diagnosticar e intervenir ante situaciones que requieren una alta especialización de carácter interdisciplinar.

b) Gestionar los servicios y centros de atención especializada en servicios sociales.

c) Proveer de servicios, colaborar y asesorar técnicamente a los Servicios Sociales de Atención Primaria en las materias de su competencia.

d) Coordinarse con los Servicios Sociales de Atención Primaria con los equipos profesionales de los demás sistemas de protección social, con la iniciativa social y otras que actúen en el ámbito de los Servicios Sociales de Atención Especializada.

e) Realizar actuaciones preventivas de situación de riesgo y exclusión social correspondientes a su ámbito de competencia.

f) Valorar y reconocer el acceso a las prestaciones propias de este nivel de atención.

g) Gestionar los servicios y prestaciones que se atribuyen a este nivel en el Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales.

h) Realizar el seguimiento y la evaluación de las intervenciones realizadas, en coordinación con los Servicios Sociales de Atención Primaria.

i) El estudio de la evolución y desarrollo de la realidad social en su respectivo ámbito territorial para la identificación de necesidades de intervención social, prestaciones y recursos necesarios para dar respuesta a las mismas en las materias de su competencia.

j) La evaluación de resultados de las actuaciones, intervenciones aplicadas al ámbito de los Servicios Sociales de Atención Especializada.

k) Cuantas otras tenga atribuidas o les sean encomendadas por la normativa vigente.

2. La estructura física y medios necesarios para la adecuada prestación de los servicios especializados se establecerá reglamentariamente.

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Artículo 36.- Relación entre los niveles de atención.

1. La relación entre los niveles de atención responderá a criterios de complementariedad, desde una perspectiva de integración de acciones, para conseguir objetivos comunes.

2. La responsabilidad de la coordinación de las actuaciones que se estén llevando a cabo respecto a una misma persona o unidad familiar, atendida desde las intervenciones que conforman los Servicios Sociales de Atención Primaria, será de estos, aunque se esté interviniendo complementariamente desde los Servicios Sociales de Atención Especializada, salvo que en las disposiciones normativas se establezca lo contrario.

3. Los Servicios Sociales de Atención Especializada son responsables de la coordinación de las situaciones que se atiendan desde este nivel.

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Capítulo III. Urgencia y emergencia social

Artículo 37.- Urgencia social.

1. Se considera urgencia social aquellas situaciones excepcionales o extraordinarias y puntuales en las que, atendiendo a criterios profesionales, pudiera encontrarse una persona o grupo de personas que requieran una actuación inmediata y sin la que podría producirse un deterioro o agravamiento del estado de vulnerabilidad y desprotección. Dichas situaciones se determinarán reglamentariamente mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

2. La atención y respuesta a situaciones de urgencia social será prioritaria frente a cualquier otra. Cuando se requiera un servicio o prestación de atención especializada, este podrá prestarse sin que sea preciso para el acceso acreditar el cumplimiento de todos o algunos de los requisitos establecidos para ello.

3. Para la atención de estas situaciones se requiere de la coordinación y complementariedad de los dos niveles del Sistema de Servicios Sociales, para lo que se aprobarán protocolos de actuación en ambos niveles para asegurar una respuesta rápida y eficaz ante las situaciones de necesidad”.

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Artículo 38.- Emergencia social.

Se considera emergencia social aquella situación derivada de crisis social, catástrofe o accidente que requiera una atención inmediata y una coordinación de los Servicios Sociales de Atención Primaria con los de Atención Especializada, cuando afecten a la convivencia, alojamiento y cobertura de las necesidades básicas de las personas, incluida la atención a las crisis emocionales derivadas de las mismas.

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Capítulo IV. Disposiciones comunes

Artículo 39.- Historia social única.

1. Todas las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales tendrán una única historia social que se iniciará en el nivel de los Servicios Sociales de Atención Primaria y recogerá el conjunto de la información relevante sobre su situación, evolución, así como el Programa Individual de Atención Social.

2. Los Servicios Sociales de Atención Especializada complementarán la información de la historia social que asegure la actualización de la misma.

3. La historia social constituirá uno de los instrumentos que permitirá la relación entre los Servicios Sociales de Atención Primaria y Especializada, con la finalidad de conseguir la continuidad y complementariedad de las intervenciones que se deben aplicar desde los distintos niveles de actuación.

4. La historia social única debe incluir, de forma clara, información relativa a cada ámbito profesional de atención interdisciplinar que intervenga en cada caso, incluyendo cualquier informe que pueda realizarse y quedando identificado cualquier profesional que intervenga.

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Artículo 40.- Programa Individual de Atención Social.

1. El Programa Individual de Atención Social es la herramienta diseñada para garantizar una adecuada atención acorde con la valoración social de la persona, familia o unidad de convivencia, los objetivos a alcanzar y los medios disponibles, así como las acciones específicas orientadas a fomentar, según las necesidades, la inclusión personal, social, educativa y laboral.

2. El Programa Individual de Atención Social recogerá al menos, los siguientes aspectos:

a) Valoración y diagnóstico, identificando tanto los aspectos carenciales o dificultades, como las potencialidades y recursos propios de la persona y su unidad familiar.

b) Objetivos y metas a alcanzar.

c) Prestaciones adecuadas, tanto de la atención primaria como de la atención especializada y de otros sistemas de protección social, así como del colectivo de profesionales implicados y de su profesional responsable.

d) Calendario de actuación.

e) Indicadores que permitan evaluar la consecución de los objetivos.

f) Acuerdos entre la persona, su familia o unidad de convivencia y profesionales implicados.

3. El Programa Individual de Atención Social será consensuado con la persona interesada y su unidad familiar. Cuando en las situaciones de riego o desprotección social existiera desacuerdo o cuando la opción elegida por la persona usuaria no se ajuste a los requisitos establecidos en la norma que le sea de aplicación prevalecerá, en todo caso, el criterio técnico.

4. El Programa Individual de Atención Social será elaborado desde el nivel de atención que se esté abordando la intervención, debiendo coordinarse, en su caso, con el otro nivel de atención.

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Artículo 41.- Profesional de referencia.

1. A cada persona que acceda al Sistema de Servicios Sociales se le asignará un profesional de referencia, con la finalidad de asegurar una atención global e integral.

2. El profesional de referencia será un trabajador o trabajadora social de los Servicios Sociales de Atención Primaria, en el contexto del trabajo desarrollado por el equipo interdisciplinar, que se responsabilizará de la historia social.

3. Cuando la persona usuaria sea derivada a una prestación de los Servicios Sociales de Atención Especializada, se designará igualmente un profesional de referencia de este nivel que se coordinará con el de Atención Primaria, a los efectos de información, seguimiento e intervención que procedan, así como de la actualización de la historia social.

4. De acuerdo con las disponibilidades del sistema, la persona usuaria podrá solicitar motivadamente el cambio de profesional de referencia.

5. Serán funciones específicas del profesional de referencia, además de las que tenga atribuidas desde el nivel que se intervenga, las siguientes:

a) Realizar la valoración y diagnóstico, identificando la situación, características socio-familiares y expectativas de la persona usuaria.

b) Informar y orientar sobre los recursos disponibles en función de la situación y necesidades.

c) Realizar la prescripción profesional de recursos y prestaciones sociales más adecuadas para la atención de las necesidades sociales diagnosticadas.

d) Proporcionar apoyo técnico, personal, acompañamiento y seguimiento en todo el proceso de atención, y llevar a cabo su evaluación.

e) Elaborar el Programa Individual de Atención Social y, cuando proceda, consensuarlo con el Equipo Interdisciplinar, conforme a los protocolos de coordinación que sean necesarios.

f) Dar respuestas integrales a las situaciones de necesidad que presenten las personas usuarias y garantizar la continuidad de la atención.

g) Derivar a la persona hacia profesionales del equipo interdisciplinar del Centro de Servicios Sociales cuando se requiera de una intervención más específica, así como, en su caso, hacia otros sistemas de protección social.

h) Coordinar el registro de la información pertinente en la historia social y mantenerla actualizada.

i) Aquellas otras que se le asignen reglamentariamente.

6. Para el ejercicio de las funciones contenidas en el apartado anterior, la persona profesional de referencia, que tendrá asignada una ratio de población a atender, además del Equipo Interdisciplinar de atención directa al que pertenece, podrá requerir la intervención de profesionales de los Servicios Sociales de Atención Especializada y de profesionales dependientes de otras Administraciones Públicas, conforme a los protocolos de coordinación establecidos al efecto.

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Artículo 42.- La Tarjeta de Información Social.

1. Todas las personas titulares del derecho a los servicios sociales dispondrán de una Tarjeta de Información Social que les identificará para el acceso al Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

2. La Tarjeta de Información Social podrá ser específica de este sistema o compatible con la del sistema sanitario u otra tarjeta electrónica, con el carácter de identificador general.

3. La Tarjeta de Información Social posibilitará la continuidad y coherencia del itinerario de intervención social y deberá facilitar la homogeneidad de la información existente en el Sistema de Servicios Sociales.

4. Esta tarjeta será personal e intransferible y en ella figurarán, entre otros, los datos personales, el centro, profesional de referencia y un código de identificación único.

5. En ningún caso se dejará de atender a personas en situación de urgencia social por no disponer de Tarjeta de Información Social.

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Artículo 43.- Sistema de Información de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

1. Se crea el Sistema de Información de Servicios Sociales de la Región de Murcia, cuya titularidad corresponderá a la consejería competente en materia de servicios sociales, que garantizará la gestión integrada de la información que se genere en el sistema, con el objeto de facilitar un conocimiento permanente y actualizado del mismo, así como facilitar la planificación y gestión de los recursos utilizados.

2. El Sistema de Información de Servicios Sociales actuará como registro único de personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales, siendo de responsabilidad pública y de acceso compartido para todos los agentes y profesionales de dicho sistema.

3. Las entidades que integran el Sistema de Servicios Sociales deberán aportar, en los términos que reglamentariamente se establezcan, los datos que hayan de ser objeto de inscripción.

4. El Sistema de Información de Servicios Sociales recogerá la historia social y las prestaciones del Catálogo que esté recibiendo la persona, familia o unidad de convivencia, así como las actuaciones o intervenciones que se realicen, con el objetivo de agilizar la comunicación entre servicios, evitar duplicidades y mejorar la atención de las personas destinatarias de los servicios sociales.

5. A estos efectos la Administración autonómica garantizará un soporte informático común sujeto al cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

6. La Administración no precisará obtener el consentimiento de las personas para registrar sus datos en el Sistema de Información, siempre y cuando vayan a recibir atención social del Sistema de Servicios Sociales.

7. El Sistema de Información tendrá definidos protocolos de conexión que permitirán la integración con otros sistemas de información de servicio social municipales, autonómico y estatal, y en especial con otros sistemas de protección.

8. Los datos contenidos en el Sistema de Información social podrán ser utilizados de manera estadística, a los efectos de planificación y evaluación de las políticas públicas, así como de los programas y prestaciones de servicios sociales; asimismo, ayudarán a la visualización de aquellas situaciones sociales que apunten a la emergencia de nuevas necesidades competencia del Sistema de Servicios Sociales.

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Artículo 44.- Identidad e imagen comunes.

1. Se promoverá la identidad común del Sistema de Servicios Sociales por medio de la actuación común y coordinada de sus agentes, la elaboración de estrategias conjuntas de comunicación y la utilización de una imagen única.

2. Los servicios integrados en el Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia se identificarán con los símbolos o anagramas de la Administración pública competente para su provisión, arbitrándose un procedimiento que favorezca la consolidación de su imagen y el conocimiento por parte de la población.

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TÍTULO IV. COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTRE SISTEMAS DE PROTECCIÓN

Artículo 45.- Coordinación entre Administraciones Públicas.

1. Las Administraciones Públicas cuyo ámbito de actuación es la Región de Murcia se prestarán entre sí la colaboración necesaria mediante los instrumentos de cooperación previstos en la legislación vigente.

2. La Administración regional colaborará con la Administración del Estado a través de los mecanismos que se establezcan al efecto en las materias de interés común referidas al ámbito de los servicios sociales.

3. Las entidades locales competentes se acogerán a cualquiera de las fórmulas de colaboración legalmente establecidas para las mismas.

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Artículo 46.- Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales.

1. Se crea el Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales como órgano colegiado encargado de garantizar la adecuada coordinación entre la Administración regional y las entidades locales de la Región de Murcia en el sector de los servicios sociales.

2. El Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales actuará en Pleno o en Comisión Permanente. A esta última corresponderá la preparación de las reuniones del Pleno y el ejercicio de las funciones que éste le delegue.

3. El Pleno del Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales tendrá la siguiente composición:

a) Presidencia: desempeñada por la persona titular de la consejería competente en materia de servicios sociales o persona titular de un órgano directivo de la consejería en quien delegue.

b) Secretaría: desempeñada por la persona titular del centro directivo competente en servicios sociales o persona en quien delegue, con voz pero sin voto.

c) Vicepresidencia: desempeñada por un representante de las entidades locales, que será nombrado por la persona que desempeñe la Presidencia, a propuesta de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

d) Vocales:

1.º Cinco representantes de la Administración regional nombrados por la persona que desempeñe la Presidencia, a propuesta del Pleno del Consejo Regional de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

2.º Un representante por cada uno de los ayuntamientos o, en su caso, de las mancomunidades de servicios sociales u otras agrupaciones de municipios de la Región de Murcia, propuesto por el Pleno del Consejo Regional de Servicios Sociales de la Región de Murcia, y un representante de la Federación de Municipios de la Región de Murcia propuesto por esta, nombrados todos ellos por la persona que desempeñe la Presidencia.

4. La Comisión Permanente del Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales tendrá la siguiente composición:

a) Presidencia: desempeñada por la persona titular de la consejería competente en materia de servicios sociales o persona titular de un órgano directivo de la consejería en quien delegue.

b) Secretaría: desempeñada por la persona titular del centro directivo competente en servicios sociales o persona en quien delegue, con voz pero sin voto.

c) Vicepresidencia: desempeñada por un representante de las entidades locales, nombrado por la persona que desempeñe la Presidencia, a propuesta de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

d) Vocales:

1.º Cinco representantes de la Administración regional designados por la persona titular de la consejería competente en materia de servicios sociales.

2.º Cinco representantes de las entidades locales, designados por el órgano competente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, de los que dos serán de los municipios de más de 100.000 habitantes.

5. Son funciones del Pleno del Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales:

a) Coordinar acciones contempladas en los planes que impliquen la movilización conjunta de servicios o recursos de ambas Administraciones.

b) Coordinar aspectos de desarrollo y trabajo profesional, en los centros y servicios sociales, en el ámbito de competencias de cada una de las Administraciones.

c) Coordinarse en aspectos relacionados con la financiación de los servicios sociales prestados por las entidades locales, debiendo emitir informe en la fijación de los módulos a que se refiere el artículo 52.

d) Conocer y analizar los proyectos de disposiciones de carácter general autonómicas que afecten a competencias de ejecución o gestión de los servicios sociales de competencia municipal.

e) Y, en general, fomentar la cooperación, información recíproca y coordinación entre la Administración autonómica y la local en materia de servicios sociales con la finalidad de alcanzar los fines y objetivos que se determinan en la presente ley.

6. El Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales aprobará su propio reglamento de régimen interior, por mayoría de sus miembros, y se regirá por las normas procedimentales que les sean de aplicación.

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Artículo 47.- Coordinación entre Sistemas de Protección.

1. Se garantizará la coordinación entre el Sistema de Servicios Sociales y los demás sistemas y servicios de protección social, en particular en los ámbitos de salud, educación, empleo, inserción laboral y formación, justicia, vivienda, accesibilidad, garantía de ingresos y pensiones, y, en general, con cualesquiera otras políticas públicas que pudieran confluir con los servicios sociales en áreas concretas de la intervención social.

2. Con ese fin se facilitará el intercambio de información e intervención para detectar situaciones de alto riesgo social y garantizar una atención integral de las personas en situación de necesidad.

3. A los efectos de articular la cooperación y la coordinación entre el Sistema de Servicios Sociales y otros sistemas o políticas públicas orientadas a la consecución del bienestar social, las Administraciones públicas adoptarán las siguientes medidas:

a) Establecerán en su seno cauces formales de cooperación a través de la creación de órganos de cooperación interadministrativa u otras fórmulas que se estimen convenientes.

b) Arbitrarán instrumentos y protocolos conjuntos de actuación y, en su caso, convenios de colaboración, con o sin contenido económico, que garanticen la coherencia de las actuaciones y el más racional y eficaz aprovechamiento de los recursos, de la información y de los conocimientos.

4. Cuando lo estimen conveniente, los órganos de las Administraciones públicas competentes para la articulación de los sistemas o políticas públicas orientadas a la consecución del bienestar social podrán establecer catálogos conjuntos de servicios y prestaciones.

5. Se garantizará la consulta previa y el acuerdo con el Sistema de Servicios Sociales, a través de la consejería competente, antes de la atribución de funciones de otros sistemas y servicios de protección social que le afecten.

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Artículo 48.- Atención integral de carácter social y sanitario.

1. El Sistema de Salud y el Sistema de Servicios Sociales establecerán los mecanismos de atención integral necesarios para dar respuesta a aquellas situaciones de las personas que, por la especificidad de la necesidad que presentan, requieran una atención complementaria de ambos sistemas.

2. La atención integral comprenderá el conjunto de intervenciones destinadas a las personas que, por causa de graves problemas de salud, limitaciones funcionales o situaciones de riesgo de exclusión social, necesitan una atención sanitaria y social de manera conjunta y estable, ajustada al principio de continuidad de la atención.

3. Para facilitar la atención integral se establecerán planes, protocolos y procedimientos comunes de valoración y diagnóstico, de derivación entre ambos sistemas y de intervención que permitan la continuidad de la atención de la persona.

4. Para la mejor coordinación e integración de la intervención social y sanitaria, buscando un mejor servicio a las personas atendidas y una mayor sinergia y aprovechamiento de recursos, los servicios sociales y los servicios sanitarios, aislada o conjuntamente, podrán constituir dispositivos o unidades exclusivamente sociosanitarias, insertos en otros de carácter más amplio.

5. Existirán estructuras de coordinación sociosanitaria, con el fin de garantizar la adecuada atención, continuidad y cuidados de las personas, cuya composición y funcionamiento se establecerá reglamentariamente.

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TÍTULO V. FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

Artículo 49.- Garantía de financiación.

1. La sostenibilidad del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia es un objetivo prioritario, que asume el compromiso de satisfacer las necesidades de atención social en el marco de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2. La Comunidad Autónoma garantizara? la financiación necesaria para hacer frente a los gastos derivados del ejercicio de sus competencias en materia de servicios sociales, asegurando las prestaciones garantizadas del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

3. Las entidades locales deberán consignar en sus presupuestos las dotaciones necesarias para la financiación de los servicios sociales de su competencia, de acuerdo a la participación financiera que se establezca.

4. El conjunto de las aportaciones de las personas usuarias serán complementarias de la financiación del Sistema de Servicios Sociales.

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Artículo 50.- Principios de financiación.

1. La financiación de los Servicios Sociales de Atención Primaria se garantizara? por la Comunidad Autónoma mediante los instrumentos de colaboración necesarios con las administraciones públicas responsables del Sistema de Servicios Sociales para asegurar una adecuada prestación de dichos servicios.

2. La financiación de los Servicios Sociales de Atención Especializada corresponderá a la Administración que sea titular de los mismos, sin perjuicio de lo que se disponga por la legislación específica.

3. La consejería competente en materia de servicios sociales deberá financiar las prestaciones de Servicios Sociales de Atención Especializada correspondientes a prestaciones garantizadas a aquellas personas a las que previamente se les haya reconocido el derecho a dicha prestación.

4. Igualmente corresponde a las entidades de iniciativa social y a las entidades de iniciativa privada mercantil la financiación de los servicios que sean de su titularidad.

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Artículo 51.- Fuentes de financiación.

1. El Sistema de Servicios Sociales se financiara? con cargo a las siguientes fuentes:

a) Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

b) Los presupuestos de las entidades locales con competencias en materia de servicios sociales.

c) Las aportaciones que, en su caso, realice la Administración General del Estado.

d) Las aportaciones que, en su caso, realice la Unión Europea.

e) Las aportaciones que realice cualquier otra organización, institución o entidad pública.

f) Las aportaciones de las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales.

g) Cualquier otra aportación económica que, conforme al ordenamiento jurídico, se destine al Sistema de Servicios Sociales.

2. Asimismo podrá financiarse con:

a) Las aportaciones de las entidades de iniciativa social y de las entidades de iniciativa privada mercantil para el mantenimiento de sus programas, prestaciones, centros y servicios integrados en el sistema.

b) Las herencias, donaciones o legados de cualquier índole asignados a tal fin.

3. En cada obra pública financiada total o parcialmente por la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos, cuyo presupuesto de ejecución material supere los seiscientos mil euros, se incluirá una partida equivalente, al menos, del 0,5 por cien de la aportación de la Administración Regional, que se destinará a financiar inversiones en materia de servicios sociales.

A estos efectos tendrán la consideración de ampliables los créditos para operaciones de capital a realizar en el Sistema de Servicios Sociales que específicamente así se determinen en la ley de presupuestos de cada ejercicio. Dichas ampliaciones se financiarán con las retenciones que se practiquen en cumplimiento de este artículo.

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Artículo 52.- Financiación compartida.

1. En los términos previstos en este artículo, la financiación de los servicios sociales podrá ser, por razón de su naturaleza, compartida entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales competentes en materia de servicios sociales.

2. Sin perjuicio de la posibilidad de cofinanciar otros servicios, serán cofinanciados, en todo caso, por la Administración de la Comunidad Autónoma los Servicios Sociales de Atención Primaria.

3. La consejería competente en servicios sociales distribuirá, para las finalidades y objetivos que apruebe, los créditos presupuestarios disponibles para atender la cofinanciación de los servicios sociales en el sentido previsto en este artículo, a través de la fijación de un módulo tipo de coste y de los medios que puedan ser necesarios para su efectividad, que actuará como límite máximo de la financiación por parte de la Administración regional, realizándose los análisis pertinentes que permitan su determinación.

4. La fijación de estos módulos se acordará previo informe del Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales.

5. En los supuestos de financiación compartida, los fondos aportados por otras fuentes de financiación distintas a la Administración regional y las entidades locales, se deducirán del coste total de la financiación a los efectos de determinar la distribución de esta.

6. Las entidades locales podrán disponer la financiación complementaria adicional que consideren oportuna para la atención y mejora de los servicios sociales y prestaciones, debiendo actuar coordinadamente con las estructuras organizativas que correspondan.

7. La financiación compartida se garantizará preferentemente a través de convenios de colaboración o cualquier otra fórmula prevista en el ordenamiento jurídico a fin de garantizar los principios de financiación expresados en la presente ley.

8. La duración de los convenios para financiar los Servicios Sociales de Atención Primaria será de 4 años, debiendo justificar las entidades locales la realización de todas las actuaciones anuales incluidas en los mismos para recibir la financiación prevista.

9. La Comunidad Autónoma garantizará, en todo caso, la prestación de un nivel mínimo de los Servicios Sociales de Atención Primaria en todo el territorio, en caso de que las corporaciones locales carezcan de los recursos suficientes o cuya gestión de los servicios sociales no se ajuste a los estándares de calidad establecidos.

10. Los municipios podrán facilitar a la Comunidad Autónoma el suelo necesario para la construcción de los nuevos centros de servicios sociales previstos en la planificación autonómica, de acuerdo con lo previsto en la legislación específica en la materia.

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Artículo 53.- Participación económica de las personas usuarias en la financiación de servicios sociales.

1. La participación económica de las personas usuarias en la financiación de los servicios sociales se establecerá mediante orden de la consejería competente en materia de servicios sociales, debiendo fundamentarse en los principios de universalidad, equidad, progresividad y redistribución.

2. Asimismo, se fijarán en el Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales las prestaciones que conlleven participación económica de las personas usuarias en la financiación del servicio.

3. Para la determinación de dicha participación se tendrá en cuenta, con carácter general, el tipo y coste del servicio, la capacidad económica de las personas usuarias y, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determine, la de sus familiares o personas con las que convivan.

4. En cualquier caso deberá garantizarse una cantidad mínima de libre disposición para gastos personales, que se determinará reglamentariamente en función de la naturaleza de los servicios y deberá actualizarse periódicamente.

5. El importe de la aportación económica de la persona usuaria no podrá en ningún caso superar el coste real del servicio recibido.

6. Ninguna persona podrá quedar excluida de las prestaciones que conforman el Sistema de Servicios Sociales por insuficiencia o carencia de recursos económicos. Del mismo modo, ni la calidad del servicio, ni la prioridad en la atención de los casos podrán estar determinadas por la participación económica de la persona usuaria.

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Artículo 54.- Previsiones específicas en materia de financiación.

La Comunidad Autónoma podrá contribuir a la financiación de los programas desarrollados por las entidades de iniciativa social que se adecuen a la planificación autonómica de los servicios sociales. Para que ello sea posible deberán cumplir la normativa en materia de registro, autorización y acreditación de entidades, centros y servicios.

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TÍTULO VI. PLANIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

Artículo 55.- Disposiciones generales.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán contar con una planificación específica en servicios sociales que incluya el conjunto de medidas, recursos y acciones necesarias para lograr los objetivos de la política general de servicios sociales.

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Artículo 56.- Plan Regional de Servicios Sociales.

1. El Plan Regional de Servicios Sociales constituye el instrumento de planificación que tiene por objeto ordenar el conjunto de medidas, recursos y acciones necesarias para la consecución de los objetivos de la política de servicios sociales.

2. El Plan Regional de Servicios Sociales será aprobado por el Consejo de Gobierno para un periodo de cuatro años, a propuesta de la consejería competente en materia de servicios sociales, previo informe del Consejo Regional de Servicios Sociales. En el proceso de elaboración se dará participación a todos los actores sociales y profesionales que intervienen en el ámbito de los servicios sociales, procedentes de la Administración regional, local, de la iniciativa social y los colegios profesionales.

3. Antes de la aprobación de un nuevo Plan Regional de Servicios Sociales deberá evaluarse el anterior para poder tener en cuenta las conclusiones de esa evaluación.

4. El Plan Regional de Servicios Sociales incluirá, al menos, los siguientes extremos:

a) Un diagnóstico de las necesidades sociales que deben atenderse desde los servicios sociales, así como las previsiones de su evolución.

b) Las líneas estratégicas, los objetivos a alcanzar y las acciones que han de articularse para conseguirlos.

c) Los órganos responsables del desarrollo y ejecución de las acciones establecidas.

d) Un cronograma de las acciones.

e) Las medidas de coordinación interdepartamental, interadministrativa y con la iniciativa social.

f) Los instrumentos para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación sistemática y continua del plan.

g) Los mecanismos necesarios para establecer las acciones precisas cuando el plan no se ajuste a los objetivos y acciones establecidos en el mismo.

h) Las acciones formativas y de investigación e innovación en el ámbito de los servicios sociales.

i) Criterios y objetivos de calidad y de accesibilidad universal.

j) Financiación y previsiones económicas suficientes para el mantenimiento de los servicios, tanto públicos como convenidos o concertados con otras entidades.

5. La consejería competente en servicios sociales revisará el grado de ejecución del Plan Regional de Servicios Sociales a los dos años de su aprobación, con el fin de tomar las medidas necesarias, en su caso, para asegurar el cumplimiento del mismo.

6. El Plan Regional de Servicios Sociales podrá desarrollarse a través de planes sectoriales.

7. El Consejo de Gobierno podrá aprobar planes especiales para municipios, comarcas u otros ámbitos territoriales que, por circunstancias especiales, precisen de una acción coyuntural.

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Artículo 57.- Mapa de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

1. El Mapa de Servicios Sociales es un instrumento que define la implantación de las prestaciones que conforman el Catálogo en la estructura territorial del Sistema de Servicios Sociales, que concretará la delimitación geográfica y los núcleos de población que integran las diferentes áreas, zonas básicas y unidades básicas de servicios sociales, las prestaciones sociales que se ofrecerán por cada uno de los niveles de atención, así como la ratio de profesionales por habitantes.

2. El Consejo de Gobierno aprobará mediante Decreto el Mapa de Servicios Sociales de la Región de Murcia, previo informe no vinculante del Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales.

3. El Mapa de Servicios Sociales se elaborará teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

a) La población de referencia de las áreas de servicios sociales, los centros de servicios sociales, las zonas básicas de servicios sociales, las unidades básicas de servicios sociales y otras divisiones territoriales cuya creación se justifique por razón de necesidades específicas.

b) Las características sociodemográficas básicas de la población de referencia.

c) Los colectivos profesionales que conformarán los equipos para la atención de las prestaciones garantizadas.

d) Las personas potencialmente demandantes y necesidades sociales.

e) Las ratios de población por profesionales en función de la prestación social de que se trate.

f) Las prestaciones del Catálogo a desarrollar según las unidades básicas, zonas básicas y áreas de servicios sociales, u otras divisiones territoriales.

4. El Mapa podrá establecer índices correctores para la delimitación de zonas básicas de servicios sociales que garanticen una distribución equitativa, así como acordar con carácter excepcional y de forma justificada, su creación, modificación, agrupación, supresión o división en unidades básicas u otras divisiones territoriales.

5. El Mapa de Servicios Sociales de la Región de Murcia podrá establecer como Zona Vulnerable de Intervención determinado territorio o núcleo de población que se caractericen por una o varias de las siguientes situaciones:

a) Estar aislado de su entorno.

b) Cronicidad de la problemática.

c) Poca participación de la comunidad.

d) Alto porcentaje de exclusión social.

e) Bajos niveles educativos.

f) Persistencia de elevadas tasas de desempleo, baja tasa de actividad económica o fragilidad de las economías familiares.

g) Concentración de colectivos vulnerables.

h) Problemas de convivencia comunitaria o conflictividad social reiterada.

6. El Mapa de Servicios Sociales se actualizará periódicamente para reflejar la respuesta del Sistema de Servicios Sociales a las situaciones de necesidad, así como las prestaciones del catálogo a desarrollar en los diferentes territorios. Se revisará, al menos, cada cuatro años.

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TÍTULO VII. PARTICIPACIÓN SOCIAL

Artículo 58.- Participación social.

1. Las Administraciones Públicas, en el marco de sus competencias, deberán fomentar la participación de la población en general, de los colectivos de usuarios, de profesionales de los servicios sociales, del tercer sector de acción social, de la iniciativa social, de la iniciativa privada mercantil y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la planificación, gestión y evaluación del Sistema de Servicios Sociales.

2. La participación prevista en el apartado anterior se articulará a través de los órganos y canales contemplados en el presente título, sin perjuicio de cuantos medios se consideren adecuados, o estén recogidos en la normativa vigente.

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Artículo 59.- Órganos de participación social.

Los órganos de participación ciudadana tendrán carácter consultivo y de asesoramiento al Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, y serán los siguientes:

1. Consejo Regional de Servicios Sociales.

2. Consejos Asesores Sectoriales de Servicios Sociales.

3. Consejos Locales de Servicios Sociales.

4. Otros consejos, en su caso, de acuerdo con la organización territorial de los servicios sociales.

5. Mesa de Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social de la Región de Murcia.

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Artículo 60.- Consejo Regional de Servicios Sociales.

1. El Consejo Regional de Servicios Sociales estará adscrito a la consejería competente en esa materia y se constituye como el máximo órgano de carácter consultivo y de participación social e institucional en materia de servicios sociales.

2. Formarán parte del Consejo Regional de Servicios Sociales representantes de:

a) La Administración regional.

b) La Administración local.

c) Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

d) Los colegios profesionales.

e) Las asociaciones y entidades de iniciativa social más representativas del ámbito de los servicios sociales.

3. Serán funciones del Consejo Regional de Servicios Sociales:

a) Emitir informe preceptivo previo sobre los anteproyectos de ley, proyectos de decreto y otras disposiciones de carácter general, así como sobre todos los instrumentos de planificación que se elaboren en materia de servicios sociales.

b) Emitir los informes que le sean solicitados por la consejería competente en servicios sociales.

c) Formular propuestas y emitir recomendaciones a la Administración regional orientadas a la mejora en la prestación de servicios sociales.

d) Ser informado sobre el proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma en materia de servicios sociales.

e) Ser informado por la consejería competente en servicios sociales del seguimiento y evaluación del cumplimiento de los planes que se aprueben en dicha materia.

f) Ser informado de cada evaluación del Plan Regional de Servicios Sociales que realice periódicamente la consejería competente.

g) Realizar el seguimiento de la aplicación del Plan Regional de Servicios Sociales y de los planes específicos.

h) Emitir un informe sobre el Plan Regional de Servicios Sociales cuando finalice su vigencia temporal.

i) Cualquier otra que le atribuya su normativa específica.

4. Su composición, incluyendo el procedimiento de designación, régimen y funcionamiento serán establecidos de forma reglamentaria.

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Artículo 61.- Consejos Asesores Regionales de carácter sectorial.

1. El Consejo de Gobierno podrá determinar, reglamentariamente, la creación de Consejos Asesores Regionales de carácter sectorial, debiendo garantizarse su coordinación con el Consejo Regional de Servicios Sociales.

2. Su composición, régimen y funcionamiento se determinarán de forma reglamentaria.

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Artículo 62.- Consejos Locales de Servicios Sociales.

1. Los ayuntamientos, por sí mismos o asociados, en el ejercicio de su capacidad de organizarse, podrán determinar la constitución de consejos de servicios sociales, como órganos de carácter consultivo y de participación en relación con los servicios sociales dentro del ámbito competencial respectivo.

2. La determinación de la composición y el régimen de funcionamiento de los consejos locales de servicios sociales es competencia de la respectiva entidad local, en el marco de lo establecido en esta ley, garantizando la participación de los agentes sociales que intervienen en el ámbito de los servicios sociales, así como la representación de la consejería competente en la materia.

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Artículo 63.- Mesa de Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social de la Región de Murcia.

1. Se creará la Mesa de Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social con la finalidad de institucionalizar la colaboración, cooperación y el diálogo permanente entre la Comunidad Autónoma y las entidades del Tercer Sector de Acción Social, definidas en el artículo 2 de la Ley estatal 43/2015, de 9 de octubre, con el objetivo compartido de impulsar su reconocimiento como actor clave en la defensa de los derechos sociales y lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones, evitando que determinados grupos de población más vulnerables queden excluidos socialmente en la Región de Murcia.

2. A la Mesa de Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social de la Región de Murcia le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

a) Garantizar y fortalecer la interlocución del Tercer Sector en el diseño y aplicación de las políticas públicas de inclusión y cohesión social, participación y voluntariado, promoción de la solidaridad, derechos sociales, diversidad, integración social y empleo.

b) Formular propuestas sobre líneas estratégicas y prioridades de actuación de las políticas dirigidas a los colectivos objeto de su intervención, en el ámbito de la Administración Regional.

c) Conocer y debatir las iniciativas de las entidades del Tercer Sector de Acción Social relativas a las medidas o actuaciones que afecten directamente a grupos de población en riesgo de pobreza, exclusión social o situación de vulnerabilidad social.

d) Sin perjuicio de las funciones arriba referenciadas, la Administración Regional informará a la Mesa de Diálogo Civil de aquellos proyectos normativos o iniciativas relativas al Tercer Sector de Acción Social que les afecten.

3. La Mesa de Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social de la Región de Murcia estará compuesta por:

a) Representantes de la Administración Regional de las áreas que tengan relación con los sistemas y servicios de protección social, en particular en los ámbitos de servicios sociales, salud, educación, empleo, inserción laboral y formación, vivienda, accesibilidad, garantía de ingresos y pensiones, y, en general, con cualesquiera otras políticas públicas que pudieran confluir con los servicios sociales en áreas concretas de la intervención social.

b) Representantes de las entidades del Tercer Sector de Acción Social de la Región de Murcia.

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Artículo 64.- Procesos de participación.

1. La participación en los servicios sociales se efectuara? también a través de los órganos colegiados creados al efecto en el ámbito respectivo de los diferentes sectores de la acción social, fomentándose la creación de aquellos dirigidos a la inclusión social, en cuyo seno podrán crearse comisiones específicas para las áreas que se estimen.

2. La participación ciudadana en los servicios sociales podrá igualmente articularse a través del movimiento asociativo y mediante los procesos participativos que la Administración regional y las entidades locales competentes en materia de servicios sociales dispongan para canalizar la información, la propuesta, el debate o la consulta en relación con las singulares actuaciones de planificación, seguimiento y evaluación que les competan.

3. Por parte de la Administración regional se fomentará también la participación individual de la ciudadanía a través del uso de las tecnologías de la información, mediante encuestas, el uso intensivo de internet y las redes sociales, así como por cuantos mecanismos sean útiles para contribuir al desarrollo permanente de los servicios sociales de alta calidad en la Región de Murcia.

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Artículo 65.- Participación en el ámbito de los centros.

1. Todos los centros integrados en el Sistema de Servicios Sociales garantizarán la participación democrática de las personas usuarias, o en su caso de sus familiares o representantes legales, en su funcionamiento y en el desarrollo de los servicios y actividades que en ellos se dispensen.

2. Reglamentariamente se determinarán los sistemas y procedimientos para articular en cada caso la participación prevista en el apartado anterior.

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TÍTULO VIII. INICIATIVA SOCIAL E INICIATIVA PRIVADA MERCANTIL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Capítulo I. Participación de las entidades de iniciativa social y de las entidades de iniciativa privada mercantil en la prestación de los servicios sociales

Sección 1.ª Participación y fomento de la iniciativa social

Artículo 66.- Participación de la iniciativa social y de la iniciativa privada mercantil en los servicios sociales.

1. Se reconoce el derecho de la iniciativa social y de la iniciativa privada mercantil o persona física, a participar en los servicios sociales mediante la creación de centros y servicios, y la gestión de programas y prestaciones de esta naturaleza.

2. Las entidades de iniciativa social y las entidades de iniciativa privada mercantil del Sector de Servicios Sociales quedarán sujetas al régimen de registro, autorización y gestión establecido en la presente ley y en sus disposiciones de desarrollo.

3. La actividad de la iniciativa social y de la iniciativa privada mercantil en materia de servicios sociales habrá de ajustarse a lo dispuesto en la presente ley, así como acomodarse a la planificación autonómica de los servicios sociales.

4. Las entidades de iniciativa social y entidades de iniciativa privada mercantil no integradas en el Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia determinarán los precios de los servicios sociales que presten.

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Artículo 67.- Fomento de la iniciativa social.

1. La Administración regional fomentará la creación y desarrollo de entidades de iniciativa social, garantizando su actuación coordinada en el Sistema de Servicios Sociales según lo definido por la planificación estratégica de servicios sociales o los objetivos marcados por la normativa aplicable en cada caso.

2. En las entidades de iniciativa social han de concurrir, junto a los rasgos que sirven de base a su definición del artículo 3.4, las características siguientes:

a) Que sean de acción voluntaria: que cuenten con una base social conformada, total o parcialmente, por personas voluntarias, personas socias, personas que integran los órganos de gobierno u otras que colaboran con la entidad de manera voluntaria.

b) Que formen parte de la sociedad civil y mantengan, desde su origen, un vínculo y compromiso estable con el territorio y con las personas, familias, grupos, colectivos o comunidades destinatarias de su actividad, o estén constituidas directamente por las propias personas y familias destinatarias, dirigiéndose a colectividades indeterminadas de personas y no a personas determinadas.

c) Que tengan carácter privado: se encuentren institucionalmente separadas de la Administración y autogobernada, no pudiendo su órgano de gobierno estar participado, mayoritariamente, por empresas lucrativas o instituciones públicas.

d) Que no tengan ánimo de lucro: aquella que en virtud de sus reglas constitutivas no puede distribuir sus beneficios a las personas que la controlan, teniendo que destinarlos bien a la realización de sus objetivos o a la reinversión en la misión de la organización, bien a la ayuda a personas que no ejerzan ningún control sobre la organización.

e) Participativa: que adopte formas de participación para la toma de decisiones, conforme a lo que establece la normativa aplicable a su forma jurídica.

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Artículo 68.- Fórmulas de colaboración.

1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos, convenios u otras fórmulas de cooperación para la prestación de servicios sociales con cualquier entidad prestadora de los mismos recogida en la presente ley, de acuerdo con la planificación general de servicios sociales.

2. Las Administraciones Públicas podrán celebrar convenios con entidades de iniciativa social para la prestación de los servicios sociales de su competencia en los supuestos en que por razones de la singularidad del servicio de que se trate, o su carácter innovador y experimental, resulte la forma más idónea para su prestación y así se justifique.

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Sección 2.ª Régimen de concertación social

Artículo 69.- Régimen de concertación.

1. Las Administraciones Públicas podrán encomendar la prestación de los servicios sociales de su competencia mediante el sistema de concierto social con entidades de iniciativa social y con entidades de iniciativa privada mercantil, con los requisitos que se establezcan en la normativa por la que se desarrolle con pleno respeto a los principios de publicidad, transparencia y no discriminación.

2. A los efectos de esta ley, se entiende por régimen de concertación la prestación de servicios sociales públicos a través de terceros, cuya financiación, acceso y control sean públicos.

3. El régimen de concierto social a que se refiere esta ley es un modo de organización de la gestión de los servicios sociales diferenciado de la modalidad contractual del concierto regulado en la normativa de contratación del sector público.

4. Por decreto se desarrollará el régimen jurídico aplicable a los conciertos sociales.

5. Los criterios para la asignación del concierto para cada tipo de centro o servicio se establecerán en su normativa de desarrollo.

6. En el caso de concierto de plazas en recursos para personas mayores y personas con discapacidad, se atenderá necesariamente a los principios de atención personalizada e integral, arraigo de la persona en el entorno de atención social, libre elección de la persona y continuidad en la atención y la calidad.

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Artículo 70.- Objeto de los conciertos.

Podrán ser objeto de concierto:

1. La reserva y ocupación de plazas para su uso exclusivo por las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales, cuyo acceso será autorizado por las Administraciones Públicas competentes mediante los criterios previstos para ello.

2. La gestión integral de prestaciones, servicios o centros, salvo las limitaciones previstas en el apartado 2 del artículo 30.

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Artículo 71.- Requisitos de las entidades.

1. Podrán suscribir conciertos con las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales de la Región de Murcia todas las entidades de iniciativa social y las entidades de iniciativa privada mercantil o persona física que presten los servicios objeto de concierto y que lo soliciten.

2. Para poder suscribir conciertos, las entidades solicitantes deberán reunir necesariamente los requisitos que se establezcan en la normativa de desarrollo de esta ley y, en especial:

a) Haber obtenido la oportuna autorización administrativa o, en su caso, acreditación, para la prestación del servicio objeto de concierto.

b) Estar inscritas en el correspondiente Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.

c) Acreditar la disposición de los medios y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en el acuerdo de formalización del concierto. En concreto, en el caso de reserva y ocupación de plazas deberán acreditar la titularidad del centro o su disponibilidad por cualquier título jurídico válido por un período no inferior a la vigencia del concierto.

d) Acreditar el cumplimiento de cualquier otra normativa que, con carácter general o específico, les sea de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por el tipo de servicio objeto de concertación.

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Artículo 72.- Formalización de los conciertos.

La formalización de los conciertos se efectuará mediante un documento administrativo, denominado acuerdo de concierto, cuyo modelo será aprobado por el titular de la consejería competente en materia de servicios sociales.

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Artículo 73.- Efectos del concierto.

1. La formalización del correspondiente acuerdo de concierto a que se refiere el artículo anterior obliga al titular de la entidad concertada a la prestación del servicio o provisión de plazas en los términos estipulados en el citado acuerdo y al cumplimiento de la normativa aplicable al servicio o centro objeto del concierto desde el momento de su suscripción.

2. Se podrá subscribir un único concierto para la reserva y la ocupación de plazas en varios centros o para la gestión integral de una pluralidad de prestaciones o servicios cuando todos ellos dependan de una misma entidad titular. Esta suscripción se efectuará en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

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Artículo 74.- Duración, renovación y extinción de los conciertos.

1. La duración inicial de los conciertos será de un máximo de 6 años. Dicho periodo de duración podrá renovarse, mediante acuerdo expreso de las partes adoptado con una antelación de tres meses antes de su vencimiento, por otro periodo máximo adicional de cuatro años.

2. Los conciertos podrán ser objeto revisión y, en su caso, de modificación en los términos que se establezca en el correspondiente acuerdo de concierto, cuando varíen las circunstancias iniciales de su suscripción, con el fin de adecuar las condiciones económicas y las prestaciones asistenciales a las nuevas necesidades.

3. Extinguido el concierto por alguna de las causas que se establezcan en su normativa de desarrollo, deberá garantizarse a los usuarios por parte de la Administración la continuidad en la prestación del servicio.

A tal efecto, la Administración podrá obligar a la entidad concertada a seguir prestando el objeto de concierto social, en las mismas condiciones que se venía prestando, hasta que pueda ser asumido por otra entidad y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que a la fecha de extinción del concierto social no se hubiera formalizado un nuevo concierto, convenio o contrato que garantice la continuidad de la prestación del servicio, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para la Administración producidas en el procedimiento aplicable a dicha formalización.

b) Que existan razones de interés público para no interrumpir la prestación.

c) Que se acredite el inicio de un nuevo expediente destinado a la formalización de concierto, contrato o convenio que asegure la continuidad en la prestación del servicio, con una antelación mínima de tres meses respecto a la fecha de extinción del concierto social.

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Artículo 75.- Participación de los usuarios en el coste de los servicios concertados.

1. Será de aplicación en todo caso la normativa sobre precios públicos en el supuesto de servicios para los que esté prevista la participación de los usuarios en el coste del servicio objeto de concierto.

2. Las entidades concertadas no podrán cobrar a las personas usuarias cantidad alguna distinta al precio público por las prestaciones propias del sistema del servicio de que se trate.

3. El cobro de cualquier otra cantidad por servicios complementarios al margen de los precios estipulados deberá ser autorizado por la Administración Pública competente en la prestación del servicio objeto de concierto.

4. La consejería competente informará de todos los aspectos a que se refiere en los apartados anteriores a las personas usuarias con carácter previo al reconocimiento del derecho al acceso a la prestación.

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Artículo 76.- Publicidad activa.

La consejería competente, para dar cumplimiento a sus obligaciones de publicidad activa en relación con los conciertos, publicará en el Portal de la Transparencia, como mínimo, la siguiente información:

1. Las partes firmantes.

2. Su objeto y plazo de duración.

3. Las modificaciones y prórrogas realizadas.

4. Las prestaciones a que se obliguen las partes y, específicamente, las obligaciones económicas que, en su caso, se hubieran acordado.

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Capítulo II. Voluntariado social

Artículo 77.- Fomento del voluntariado social.

1. Se promoverá y fomentará la participación solidaria y altruista de los ciudadanos en acciones de voluntariado, a través de entidades públicas o de iniciativa social.

2. La actividad voluntaria no implicara?, en ningún caso, relación de carácter laboral o mercantil o contraprestación económica y no podrá, en ningún caso, sustituir al trabajo remunerado o a la prestación de servicios profesionales retribuidos.

3. El régimen jurídico de actuación del voluntariado social será el establecido por la legislación estatal y autonómica correspondiente.

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TÍTULO IX. LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Capítulo I. Calidad

Artículo 78.- La calidad de los servicios sociales.

1. La prestación de unos servicios de calidad constituye un derecho de las personas usuarias y, en consecuencia, un objetivo prioritario y un deber del Sistema de Servicios Sociales regulados en esta ley.

2. Los criterios de calidad del Sistema de Servicios Sociales serán de aplicación a la totalidad de entidades prestadoras de servicios sociales, tanto públicas como privadas.

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Artículo 79.- Establecimiento de criterios de calidad.

1. La calidad en los servicios sociales debe basarse en los criterios y estándares determinados reglamentariamente para las diferentes prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, con el objeto de garantizar las condiciones adecuadas para su provisión.

2. Corresponde a la consejería competente en servicios sociales promover dichos criterios y estándares de calidad para las diferentes prestaciones del sistema, así como el establecimiento de mecanismos de evaluación y garantía del cumplimiento, entre cuyos indicadores se incluirá la opinión y el grado de satisfacción manifestados por las personas usuarias sobre dichas prestaciones y su funcionamiento.

3. La Administración Regional acreditará aquellos centros y servicios que reúnan los criterios y estándares de calidad a que se refieren los apartados anteriores, en los términos previstos en el artículo 94.

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Artículo 80.- Modelo de atención y de intervención.

El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia se basará en el enfoque comunitario y de proximidad de la atención, de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Adaptar los recursos y las intervenciones a las características de cada comunidad local, identificando previamente sus necesidades.

2. Posibilitar la atención a las personas en su entorno habitual.

3. Diseñar el tipo de intervención adecuada en cada caso sobre la base de una evaluación de necesidades.

4. Asignar a cada persona o familia una persona profesional de referencia al objeto de garantizar la coherencia y la coordinación de las intervenciones.

5. Garantizar el carácter interdisciplinar de la intervención.

6. Incorporar el enfoque preventivo en todas las prestaciones, servicios, programas y actividades, actuando, en la medida de lo posible, antes de que afloren o se agraven los riesgos o necesidades sociales.

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Artículo 81.- Innovación en servicios sociales.

Las Administraciones competentes en servicios sociales favorecerán e impulsarán las actividades de innovación y la cultura innovadora entre los distintos agentes e instituciones públicas y privadas que forman parte del sistema y, particularmente, a través de la identificación y transferencias de buenas prácticas y experiencias de éxito.

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Artículo 82.- Plan de Calidad e Innovación.

1. El Plan de Calidad e Innovación es el instrumento básico para asegurar el desarrollo y aplicación de los criterios de calidad y la mejora continua.

2. El Plan de Calidad e Innovación incluirá al menos, los siguientes contenidos:

a) La definición de los objetivos de calidad.

b) Los instrumentos y los sistemas de mejora.

c) Los sistemas de evaluación del grado de satisfacción de las personas usuarias.

d) Las cartas de servicios.

e) Los criterios de calidad respecto a las instalaciones, prestación del servicio, empleo, así como otros que se consideren según la naturaleza de la prestación.

f) La planificación de acciones de formación continua de los colectivos profesionales del sistema y su participación en el diseño de los procesos de mejora.

g) El sistema de sugerencias, quejas y reclamaciones de las personas usuarias.

h) Las medidas de fomento de la innovación en el ámbito de los servicios sociales.

i) Los indicadores de seguimiento y evaluación del Plan.

3. El Plan de Calidad e Innovación será aprobado por la consejería competente en materia de servicios sociales.

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Capítulo II. Profesionales de los servicios sociales

Artículo 83.- Principios de actuación de los colectivos profesionales de los servicios sociales.

1. A los efectos de esta ley, se consideran colectivos profesionales de los servicios sociales aquellos que tienen como dedicación principal desarrollar actividades relacionadas con las funciones de los servicios sociales descritas en la presente ley.

2. Estas figuras profesionales, como elemento esencial del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, gozarán de autonomía técnica en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de su integración en equipos multidisciplinares, y sin más limitaciones que las establecidas por la ley y con el cumplimiento de los objetivos, normas y procedimientos de la institución o entidad en la que se desarrolle su actividad.

3. En su actuación se ajustarán a los principios de calidad, eficiencia y eficacia, así como a los deberes de la ética y la deontología profesional, en los términos establecidos en el Código de Ética Profesional a que se refiere el artículo 89.

4. Cuando las personas profesionales del Sistema de Servicios Sociales sean empleados o empleadas públicos, su actuación se regirá, además, por los principios inherentes a dicha condición, en los términos establecidos por la normativa que les sea de aplicación.

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Artículo 84.- Formación y cualificación de los colectivos profesionales de los servicios sociales.

1. Reglamentariamente se establecerán las titulaciones y cualificaciones idóneas para el ejercicio de las actividades profesionales en los servicios sociales, teniendo en cuenta para ello los objetivos y características de cada servicio, los requerimientos que resulten consecuencia de las determinaciones que disponga el Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales, así como las exigencias de calidad y garantía de una cobertura adecuada a las necesidades de los destinatarios.

2. La formación de profesionales del Sistema de Servicios Sociales integrará tanto los aspectos teóricos como los prácticos, y asegurará su preparación y capacitación adecuada, la mejora y actualización de sus competencias, y la calidad de su actuación.

3. La Administración regional, en colaboración con otras administraciones públicas y entidades públicas o privadas, promoverá la realización de las actividades de formación necesarias.

4. La acción formativa será uno de los contenidos del Plan de Calidad e Innovación, debiendo prestarse especial atención a la organización de programas de formación permanente y continuada y a la realización de actividades prácticas.

5. A efectos de acreditación se tendrá en cuenta la formación de los colectivos profesionales.

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Artículo 85.- Derechos de los colectivos profesionales del Sistema de Servicios Sociales.

Las personas profesionales del Sistema de Servicios Sociales, además de los que les reconoce el ordenamiento jurídico, tendrán con carácter específico los siguientes derechos:

a) Desempeñar su actividad profesional en condiciones de igualdad y dignidad.

b) A una formación continua y adecuada al contenido de la actividad que hayan de desarrollar.

c) Conocer las herramientas técnicas y tecnológicas que hayan de emplear para su actividad profesional.

d) Formar parte de los órganos de participación y a intervenir en los procesos de evaluación de los servicios, en los términos y condiciones previstos normativamente.

e) Contar con los medios y apoyos necesarios para desarrollar su actividad con calidad, eficacia y eficiencia.

f) Derecho al reconocimiento y acreditación de sus competencias profesionales.

g) Gozar del respeto y el apoyo debidos.

h) Estar informado sobre las competencias y funciones, así como sobre el marco de actuación del puesto de trabajo.

i) Ser tratado con respeto y consideración en su trabajo por parte de los usuarios.

j) Renunciar a prestar atención profesional ante situaciones de injurias, amenazas o agresiones físicas, verbales y de cualquier otra naturaleza, contra ellas, siempre que ello no comporte desatención, de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente.

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Artículo 86.- Deberes de los colectivos profesionales del Sistema de Servicios Sociales.

Las personas profesionales del Sistema de Servicios Sociales, además de los que le impone la legislación aplicable, tendrán con carácter específico los siguientes deberes:

a) Dispensar a las personas usuarias de los servicios sociales, a los responsables de estos servicios y a profesionales un trato digno y correcto, protegiendo su intimidad.

b) Realizar una formación continua y adecuada al contenido de la actividad que hayan de desarrollar.

c) Conocer las herramientas técnicas y tecnológicas que hayan de emplear para su actividad profesional.

d) Contribuir a través de su práctica profesional al logro de los resultados sobre el empoderamiento de las personas para el pleno desarrollo de sus capacidades, la mejora de la calidad de vida y el bienestar social de la población.

e) Conocer y cumplir la normativa reguladora en materia de servicios sociales y, de modo particular, aquellas normas que afectan a los servicios y programas en los que desempeña su actividad profesional.

f) Deber de confidencialidad de todas las informaciones de carácter personal que reciba en su intervención profesional por cualquier medio.

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Artículo 87.- Estrategia de Ética en los Servicios Sociales.

1. La consejería competente en materia de servicios sociales desarrollará y aprobará una estrategia que permita introducir los principios éticos en las políticas sociales y en la provisión de los servicios sociales, facilitando un espacio común basado en valores compartidos entre ciudadanía, profesionales y la propia organización, bajo el enfoque de la corresponsabilidad, la cooperación y la confianza entre todas las personas que están implicadas en el desarrollo de los servicios sociales.

2. La Estrategia de Ética en los Servicios Sociales se elaborará con criterios de participación social y profesional.

3. Los compromisos que establezca la Estrategia de Ética se trasladarán a todos los campos de la práctica profesional, incluidos la gestión de los servicios, la intervención social, la formación, la investigación y la innovación en servicios sociales.

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Artículo 88. Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Región de Murcia.

1. Se creará el Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Región de Murcia como órgano de consulta y deliberación, de naturaleza interdisciplinar y autonomía funcional, para el análisis y asesoramiento de las cuestiones de carácter ético que surjan en la intervención social, configurándose a estos efectos como foro ético de referencia.

2. El Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Región de Murcia estará adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales.

3. El Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Región de Murcia tiene por finalidad generar conocimiento y modos de actuación que repercutan en la calidad de la intervención social y en el bienestar de las personas usuarias de los servicios sociales, velando porque se garantice su dignidad y el respeto a su autonomía e intimidad.

4. El Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Región de Murcia, sin perjuicio de las competencias que en materia de ética y deontología profesional correspondan a los colegios profesionales, tendrá las siguientes funciones:

a) Sensibilizar al personal que trabaja en el ámbito de los servicios sociales respecto de la dimensión ética de la práctica que desarrollan.

b) Analizar, asesorar y facilitar la toma de decisiones ante conflictos éticos que se produzcan con ocasión de la intervención social, planteados por los profesionales del sistema de servicios sociales o a través de estos por las personas usuarias o sus representantes legales.

c) Asesorar y orientar desde el punto de vista ético a los profesionales en aquellas situaciones que con frecuencia generan conflictos de valor.

d) Elaborar y promover la elaboración de protocolos de actuación que traten de dar respuesta a las situaciones en que, con mayor frecuencia, se planteen conflictos éticos.

e) Promover y colaborar en la formación en ética aplicada a la intervención social, del conjunto de profesionales que intervienen en el ámbito de los servicios sociales.

f) Impulsar, como órgano de referencia en ética dentro de la Región de Murcia, la formación de grupos de reflexión ética en los centros y entidades del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

g) Elaborar y aprobar su reglamento interno de funcionamiento.

5. Los informes y recomendaciones del Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Región de Murcia se realizarán siempre por escrito y no tendrán carácter vinculante.

6. El Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Región de Murcia tendrá una composición multidisciplinar, buscando una participación equilibrada de las diversas profesiones involucradas en el ámbito de la intervención social, figurando expertos en ética aplicada, así como profesionales expertos en servicios sociales con formación en ética impartida por una Administración Pública, Universidad o Colegio Profesional. Se asegurará la presencia entre dichos miembros de profesionales pertenecientes a las entidades locales con competencias en materia de servicios sociales y del Tercer Sector de Acción Social. El Presidente del Comité será elegido por sus miembros, de acuerdo con sus normas de funcionamiento interno.

7. Reglamentariamente se determinará la composición, funciones y el funcionamiento del Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Región de Murcia, aprobando el propio Comité sus normas de funcionamiento interno.

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Artículo 89.- Código de Ética Profesional.

En el marco de la Estrategia de Ética en Servicios Sociales, la consejería competente en materia de servicios sociales promoverá, junto a las organizaciones profesionales y colegios profesionales, la elaboración de un Código de Ética Profesional que garantice la reflexión ética en la práctica de la intervención social, el efectivo ejercicio de los derechos de las personas usuarias y el cumplimiento de los principios rectores del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

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Capítulo III. Investigación en los servicios sociales

Artículo 90.- Investigación y desarrollo en servicios sociales.

1. Las Administraciones competentes en materia de servicios sociales promoverán la investigación científica y el desarrollo en esta materia como instrumento para la mejora continua de la calidad de los servicios sociales, de acuerdo a los planes y políticas relacionados con la investigación en la Región de Murcia y en los ámbitos nacional y europeo.

2. La investigación y la innovación en servicios sociales tendrán por objeto:

a) El estudio y análisis de los problemas sociales y sus causas y de las necesidades que puedan presentar los distintos grupos de población, con objeto de desarrollar estrategias de prevención y sensibilización.

b) El estudio de las causas y los factores que inciden sobre la evolución de la demanda de servicios.

c) El análisis de los costes y beneficios de los servicios sociales.

d) El estudio y el diseño de las fórmulas de organización, gestión y evaluación del sistema de servicios sociales.

e) El estudio y la implantación de innovaciones tecnológicas.

f) Cualquier otro estudio y análisis que contribuya al mantenimiento y a la mejora continua y de calidad del sistema de servicios sociales.

3. Se promoverá la creación y el uso de las redes e infraestructuras de colaboración científica accesibles al personal investigador murciano bajo una administración y gestión común.

4. Las Administraciones competentes en materia de servicios sociales promoverán una cultura participativa en las redes de investigación que permita fomentar la cooperación común, identificar materias de investigación transversales y crear redes de conocimiento innovadoras en materia de servicios sociales.

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TÍTULO X. REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y ACREDITACIÓN

Capítulo I

Artículo 91.- El Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.

1. El Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales se configura como un instrumento básico de planificación y coordinación de los servicios sociales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que permite conocer los recursos disponibles y su mayor optimización.

2. Con el fin de garantizar la adecuada ordenación de los servicios sociales y el conocimiento actualizado del conjunto de recursos existentes, todas las entidades públicas y privadas, así como todos los servicios y centros dependientes de las mismas, deberán ser objeto de registro.

3. El Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales se configura como instrumento de naturaleza pública, y el acceso al mismo deberá ejercerse en los términos previstos en la normativa reguladora del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Mediante decreto del Consejo de Gobierno se regulará el contenido, la estructura y organización del Registro.

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Artículo 92.- La autorización administrativa.

1. La autorización administrativa es el acto mediante el cual la Administración regional comprueba y determina que el proyecto arquitectónico o funcional de un centro, la materialización del mismo o la puesta en funcionamiento de los servicios que no se presten a través de un centro, reúnen los requisitos exigidos en la normativa aplicable en la materia, facultando al titular de los mismos a realizar las actuaciones que se reflejan en la autorización y sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas.

2. El procedimiento para la obtención de la autorización administrativa, así como la documentación a aportar en cada caso, serán objeto de desarrollo reglamentario.

3. El otorgamiento de la autorización administrativa no sustituye ni presupone la concesión de otro tipo de permisos o licencias preceptivos para el inicio de la actividad, ni tampoco presupone el cumplimiento de cualquier otra normativa que resulte aplicable.

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Artículo 93.- El régimen de la autorización administrativa.

1. La autorización administrativa constituirá requisito indispensable para la inscripción del centro o servicio en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, que se practicará de oficio por la propia Administración regional en el procedimiento de autorización.

2. No obstante lo anterior, los centros cuya titularidad corresponda a la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no precisarán autorización administrativa y podrán inscribirse sin necesidad de esta, sin perjuicio del deber de cumplir los requisitos, condiciones y estándares que resulten aplicables por la normativa correspondiente.

3. La autorización administrativa quedará supeditada al cumplimiento permanente de los requisitos exigidos para su obtención. Su incumplimiento será causa de revocación de la autorización, previa incoación del correspondiente procedimiento, sin perjuicio de las posibles responsabilidades y sanciones que tal incumplimiento pudiera dar lugar.

4. Sin la autorización de un centro, ningún servicio podrá entrar en funcionamiento, pudiendo acordarse el oportuno cierre del centro y el cese de la actividad del servicio, así como sancionarse la conducta contraria, de conformidad con lo establecido en el título XI de esta ley.

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Artículo 94.- Acreditación administrativa.

1. La acreditación administrativa es el acto por el cual el órgano directivo competente en materia de Inspección de Servicios Sociales de la Administración Regional certifica, reconoce y garantiza que un centro o servicio previamente autorizado cumple con unos determinados niveles de calidad e idoneidad para las personas usuarias, conforme a los criterios que se determinen por el Consejo de Gobierno atendiendo a criterios de eficacia, coste, calidad en el empleo y control de la gestión.

2. Los requisitos específicos y condiciones para su obtención, renovación, revocación o suspensión así como el procedimiento correspondiente se establecerán reglamentariamente. En todo caso, deberá verificarse la disposición de medios y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Catálogo de Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales, así como el cumplimiento de la normativa que, con carácter general o específico, les sea de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por el tipo de centro o servicio objeto de acreditación.

3. Las actuaciones de acreditación, en los términos establecidos en el presente capítulo, se realizarán por la consejería competente en la materia, a través del servicio que tenga atribuidas las competencias de autorización de centros, entidades y servicios.

4. Cuando resulte preceptiva la acreditación, ningún centro o servicio podrá entrar en funcionamiento, pudiendo acordarse el oportuno cierre del centro y el cese de la actividad del servicio, así como sancionarse la conducta contraria, de conformidad con lo establecido en el título XI de esta ley.

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Artículo 95.- La inscripción registral.

1. La inscripción en el Registro es el acto por el cual se da publicidad a la autorización otorgada a todas las entidades públicas o privadas a efectos de su constancia oficial como entidad, servicio o centro de servicios sociales autorizado.

2. La inscripción no tendrá efectos constitutivos ni conferirá a las personas interesadas más derechos que la constancia de los actos y datos de los que trae causa.

3. La inscripción de las entidades, centros y servicios sociales será requisito para la celebración de conciertos, concesión de subvenciones o cualquier clase de ayuda de la Administración Pública de la Región de Murcia.

4. Las entidades inscritas en el Registro, con el fin de garantizar su permanente actualización, deberán poner al día sus propios datos y los relativos a los servicios y centros de su titularidad, cuando se produzcan modificaciones en los mismos.

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Capítulo II. Inspección de Servicios Sociales

Artículo 96.- La Inspección de Servicios Sociales.

La Inspección de Servicios Sociales, que tiene carácter público, tiene por objeto velar por el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la normativa aplicable, y el apoyo e impulso de las medidas de calidad y mejora continua que han de regir los servicios y centros del Sector de Servicios Sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

1. La función de inspección y control sobre los servicios sociales corresponde a la consejería competente en la materia, sin perjuicio de las competencias que puedan ejercer otros órganos de la Administración estatal, regional y local.

2. La Inspección de Servicios Sociales podrá actuar de oficio o a instancia de parte.

3. Están sometidas a la inspección todas las entidades, centros y servicios sociales que desarrollen su actividad en la Región de Murcia, independientemente de su titularidad o lugar donde tenga su sede social o domicilio legal.

4. Los titulares y personal de las entidades prestadoras de servicios sociales así como las personas usuarias estarán obligados a facilitar información, documentación y demás datos que le sean requeridos, así como prestar toda la colaboración precisa para el ejercicio de la actividad inspectora.

5. La realización de la labor inspectora contará con el apoyo de los servicios de inspección adscritos a otros departamentos de la Administración regional, los cuales prestarán la colaboración que requiera el eficaz ejercicio de su función.

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Artículo 97.- La actuación inspectora.

1. La Inspección de Servicios Sociales, en el ejercicio de sus funciones, tendrá la consideración de autoridad pública a todos los efectos y gozará de plena independencia, objetividad e imparcialidad.

2. La Inspección de Servicios Sociales podrá recabar, cuando lo considere necesario para el desempeño de su cometido, la cooperación de otras Administraciones Públicas en los términos y las condiciones previstas en la normativa vigente.

3. El personal inspector dispondrá de la debida acreditación que exhibirá en el ejercicio de sus funciones.

4. El personal inspector, en el ejercicio de la inspección, deberá tener especial cuidado de no ocasionar trastornos en el funcionamiento del centro o servicio inspeccionado, así como de tener la debida consideración a los usuarios e interesados, y guardar secreto y sigilo profesional.

5. El personal inspector, como consecuencia de su función inspectora y de control, podrá proponer las medidas correctoras, de mejora y de promoción de la calidad que considere oportunas, lo que deberá constar en el acta correspondiente.

6. Cuando el personal inspector aprecie razonablemente la existencia de riesgo inminente o perjuicio grave para la seguridad o salud de las personas usuarias, podrá proponer al órgano competente la adopción de las medidas provisionales a que se refiere esta ley.

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Artículo 98.- Funciones de la Inspección.

La Inspección de los Servicios Sociales tendrá las siguientes funciones:

1. Velar por el respeto de los derechos de las personas usuarias de los servicios sociales.

2. Comprobar el cumplimiento de la normativa vigente de los servicios sociales que se prestan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3. Controlar el cumplimiento de los niveles de calidad de los servicios sociales y formular propuestas de mejora en la calidad de los mismos.

4. Asesorar e informar a los colectivos profesionales y entidades respecto a los requisitos y condiciones establecidos en la normativa vigente para la prestación de los servicios sociales.

5. Verificar el cumplimiento de la normativa sobre los requisitos mínimos materiales y funcionales que han de reunir los servicios y centros de servicios sociales.

6. Proponer medidas provisionales o cautelares dirigidas a salvaguardar la salud y seguridad de las personas usuarias de los servicios sociales.

7. Proponer al órgano competente la incoación del correspondiente procedimiento sancionador cuando comprobase la existencia de una posible infracción.

8. Velar por que la provisión de las prestaciones económicas y prestaciones de servicios sociales se preste con criterios de igualdad, accesibilidad, universalidad, calidad y eficacia.

9. Supervisar el destino y la adecuada utilización de los fondos públicos concedidos a personas físicas o jurídicas, por medio de ayudas, subvenciones, contratos, convenios, o cualquier otra modalidad de ayuda prevista en la normativa vigente, así como el seguimiento de los mismos.

10. Proponer el cierre y el cese de la actividad de aquellos centros y servicios que no dispongan de la preceptiva autorización de funcionamiento, de acuerdo a lo previsto en el artículo 92 de la presente ley.

11. Verificar la adecuación de los conciertos, los contratos de servicios sociales y otras formas de gestión de los fondos públicos, a los criterios establecidos por esta ley y sus disposiciones de desarrollo.

12. Cualquier otra que le atribuya la normativa aplicable.

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Artículo 99.- Personal de la Inspección.

1. La inspección habrá de ser ejercida por funcionarios que ocupen puestos de trabajo que comporten el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo anterior.

2. El personal inspector de servicios sociales, en el ejercicio de sus funciones de inspección, gozará de las siguientes facultades:

a) Acceder libremente, debidamente identificado, en cualquier momento, sin previa notificación, a los servicios sociales que se prestan. Las visitas de inspección deberán efectuarse en presencia del titular o responsable de la entidad prestadora, o de la persona que quede a cargo de la misma, en su ausencia. Si el establecimiento o centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de la persona física afectada, deberá obtener el expreso consentimiento del titular o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial.

b) Efectuar, en su caso, las comprobaciones pertinentes que garanticen el cumplimiento de los requisitos para la autorización y la acreditación así como el mantenimiento de las mismas.

c) Llevar a cabo cuantas pruebas, investigaciones o exámenes resulten necesarios para la función inspectora con objeto de comprobar lo dispuesto en la normativa vigente.

d) Requerir al representante legal de la entidad la aportación de los datos y documentos que considere necesarios para su labor inspectora y entrevistarse con profesionales prestadores de los servicios sociales así como con las personas usuarias de los mismos, o con sus representantes legales, en su caso. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la normativa relativa a la protección de datos de carácter personal.

e) Recabar el apoyo o ayuda de los cuerpos y fuerzas de seguridad, para el ejercicio de sus funciones.

f) Requerir el apoyo de otros órganos administrativos con ámbitos competenciales concurrentes del territorio de la Región de Murcia.

g) Solicitar, por motivos de especialidad técnica, los informes y asesoramientos adecuados para el correcto desarrollo de su actuación.

h) Realizar todas las actuaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

3. El número de efectivos destinados a las funciones de inspección se ajustará a las necesidades de la población de referencia en el territorio, estableciéndose una ratio mínima por número de habitantes de forma reglamentaria.

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Artículo 100.- Planificación de las actuaciones inspectoras.

1. Las actuaciones inspectoras responderán a la planificación y programación establecidas, sin perjuicio de las actuaciones derivadas de denuncias o propuestas de carácter extraordinario que se formulen.

2. La consejería competente en materia de servicios sociales aprobará el Plan de Inspección en el que se recogerán los objetivos a lograr, los ámbitos de actuación, las acciones a desarrollar y el plazo de ejecución.

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Artículo 101.- El deber de colaboración con la inspección de Servicios Sociales.

1. Las personas titulares de las entidades, centros y servicios sociales están obligados a permitir a la inspección el acceso a las instalaciones, a facilitar la información, documentos, libros, soportes informáticos y demás datos que le sean requeridos, así como a prestar toda la colaboración precisa para el ejercicio de la función inspectora.

2. La Inspección podrá recabar, cuando lo considere necesario, la colaboración de otros departamentos de la Administración regional y de las entidades locales, así como de los titulares de los centros y servicios sociales y de otras colaboraciones que se estimen precisas para el cumplimiento de sus funciones, en los términos y condiciones previstas en la normativa vigente.

3. El personal técnico de las Administraciones Públicas competentes en servicios sociales colaborará con la inspección mediante el cumplimiento del instrumento de colaboración correspondiente sobre las condiciones de funcionamiento de las entidades, centros y servicios sociales, así como sobre la adecuación a la presente ley y sus normas de desarrollo de las prestaciones que reciban las personas usuarias de su ámbito territorial, dando traslado al personal inspector del resultado de las mismas.

4. Asimismo, las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales están obligadas a colaborar con la inspección y facilitar la información y documentación que les sea requerida en relación con el disfrute de las prestaciones sociales.

5. El personal inspector podrá requerir motivadamente la comparecencia de las personas relacionadas con el objeto de la inspección en la oficina pública al objeto de lo que se determine en la correspondiente citación.

6. La inspección podrá fijar plazos para la presentación de la documentación o para la comparecencia personal en las dependencias administrativas. Su incumplimiento podrá ser considerado obstrucción a la labor inspectora.

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Artículo 102.- Actas de inspección.

1. El acta de inspección es el documento, en modelo oficial, en el que se recogen por escrito los datos relativos a la entidad, centro o servicio y el resultado de una concreta actuación inspectora, en el momento y lugar en el que se realiza la misma.

2. Los hechos comprobados por el personal inspector en el ejercicio de sus funciones se formalizarán en las correspondientes actas, que gozarán del valor probatorio conforme a lo establecido en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

3. Las actas de inspección deberán contener, al menos, los siguientes datos:

a) Fecha, hora y lugar de actuaciones.

b) Identificación del personal inspector.

c) Identificación de la entidad, centro y/o servicio inspeccionado y de la persona responsable ante cuya presencia se lleva a cabo la inspección y ante la cual se extiende el acta.

d) Hechos y circunstancias relevantes sobre los servicios que hayan sido detectados en la inspección realizada.

e) El incumplimiento de los requisitos normativamente establecidos y, en su caso, de las presuntas infracciones cometidas.

f) Firma del inspector y de la persona responsable de la entidad prestadora del servicio así como la conformidad o disconformidad de esta última que podrá hacer constar cuantas manifestaciones considere necesarias.

4. A efectos de la propuesta de inicio del procedimiento sancionador o disciplinario, cuando se aprecien irregularidades o incumplimientos con indicios racionales de responsabilidad, las actas de inspección y sus correspondientes informes tendrán la consideración de actuaciones previas.

5. Cuando los hechos conocidos a través de una actuación inspectora pudieran ser constitutivos de delito o infracción administrativa, el inspector lo hará constar en el acta y lo pondrá en conocimiento del órgano competente para la incoación del oportuno expediente sancionador o, en su caso, del competente para su traslado a la autoridad judicial o Ministerio Fiscal.

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TÍTULO XI. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 103.- Infracciones en materia de servicios sociales.

1. Se consideran infracciones administrativas en materia de servicios sociales las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en la presente ley y en el resto de legislación aplicable al ámbito de los servicios sociales.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, de acuerdo con criterios de riesgo para la salud, integridad personal, seguridad, gravedad de la alteración social producida por los hechos.

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Artículo 104.- Sujetos responsables.

1. Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.

2. Se consideran autores de las infracciones tipificadas por esta ley quienes realicen los hechos por sí mismos, conjuntamente o a través de persona interpuesta. También tendrán la consideración de autores quienes cooperen en su ejecución mediante una acción u omisión sin la cual la infracción no hubiese podido llevarse a cabo.

3. Las personas titulares de los centros y servicios responderán subsidiariamente por las acciones u omisiones de sus gestores, así como por las del personal a su servicio.

4. Cuando la infracción sea cometida conjuntamente por varios sujetos responsables, estos responderán de forma solidaria de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan.

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Artículo 105.- Concurrencia de sanciones.

1. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.

2. Cuando los hechos constitutivos de responsabilidad administrativa puedan ser, además, tipificados como delito en el Código Penal, se dará traslado al Ministerio Fiscal. En el caso de que se tenga conocimiento de la apertura de diligencias en el juzgado de lo penal, se deberá suspender la tramitación del expediente sancionador hasta que recaiga la correspondiente resolución judicial. No obstante, seguirán en vigor las medidas provisionales que se hubieran adoptado y hasta tanto se pronuncie sobre las mismas el juez competente.

3. De no estimarse la existencia de delito, la Administración iniciará o continuará el expediente sancionador tomando como base los hechos que la autoridad judicial haya considerado probados.

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Capítulo II. Infracciones

Artículo 106.- Infracciones leves.

Tienen el carácter de infracciones leves:

1. En el caso de las personas y entidades prestadoras de servicios sociales:

a) Incumplir la normativa aplicable en materia de servicios sociales cuando no se derive perjuicio directo y concreto sobre las personas usuarias y dicho incumplimiento no esté tipificado como infracción grave o muy grave.

b) No notificar en los plazos establecidos los cambios de titularidad o cese del servicio.

c) Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con deficiencias en su estado, funcionamiento, limpieza o higiene, sin que se derive de ello riesgo para la integridad física o la salud de las personas usuarias y/o profesionales.

d) Vulnerar el derecho de las personas usuarias a disponer, en función de la naturaleza y del tipo de servicio, de un reglamento interno y de un procedimiento de sugerencias y quejas, y a conocer, en su caso, el importe de la participación económica que deba satisfacer.

e) Prestar una asistencia inadecuada, sin que de ello se deriven perjuicios a la persona usuaria.

f) No disponer, para los servicios en los que así se exija, de un registro de personas usuarias o no tenerlo debidamente actualizado.

g) En el caso de los centros residenciales, no suscribir el contrato correspondiente con las personas usuarias.

h) No tener actualizado el expediente individual de las personas usuarias, siempre que no se vulneren los derechos de estas.

i) No disponer o no facilitar las hojas de reclamaciones pertinentes.

j) Obstruir la labor inspectora de forma que se retrase el cumplimiento de las obligaciones de información, comunicación o comparecencia.

k) Cometer cualquier otra infracción que vulnere lo que dispone esta ley o sus normas de desarrollo y no constituya infracción grave o muy grave.

2. En el caso de las personas usuarias de servicios o beneficiarias de prestaciones y de las personas profesionales de los servicios sociales:

a) Incumplir la normativa aplicable en materia de servicios sociales cuando no se derive perjuicio directo y concreto sobre otras personas físicas o jurídicas y no proceda su calificación como infracción muy grave o grave.

b) Incumplir las normas, requisitos y procedimientos establecidos, así como no seguir el programa y las orientaciones de profesionales de los servicios sociales, de forma que se desvirtúe la finalidad de la intervención social, siempre que dicho incumplimiento no constituya infracción grave o muy grave.

c) Faltar levemente a la consideración debida a la persona responsable de la dirección, a los miembros del personal del servicio o centro, a las personas usuarias o a los visitantes.

d) Utilizar de forma inadecuada las instalaciones o perturbar las actividades del servicio, alterando las normas de convivencia y respeto mutuo y perjudicando la convivencia.

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Artículo 107.- Infracciones graves.

Tienen el carácter de infracciones graves:

1. En el caso de las personas y entidades prestadoras de servicios sociales:

a) Impedir el acceso en condiciones de igualdad a las personas destinatarias de los servicios sociales.

b) Incumplir el deber de confidencialidad y el deber de reserva de los datos personales, familiares o sociales de las personas usuarias.

c) No salvaguardar el derecho a la dignidad y a la intimidad de las personas usuarias.

d) Incumplir, cuando sea de aplicación, la obligación de elaborar un programa individual de atención social de las personas usuarias o elaborarlo o aplicarlo incumpliendo las prescripciones legales establecidas al efecto.

e) Impedir el ejercicio de la libertad individual para el ingreso, permanencia y salida de un servicio o centro residencial, salvo lo establecido al efecto por la legislación vigente para las personas menores de edad y las personas incapacitadas.

f) Incumplir o alterar el régimen de precios de los servicios, sin haberlo notificado o sin haber obtenido la autorización administrativa pertinente.

g) Proceder al cierre de un centro o servicio sin haberlo comunicado previamente al órgano competente en materia de Registro de Servicios Sociales.

h) Abrir y tener en funcionamiento centros o servicios careciendo de la autorización adecuada, siempre que no se derive perjuicio para la integridad o la salud de las personas usuarias y/o profesionales.

i) No someterse, obstaculizar o impedir las actuaciones de comprobación necesarias para la concesión de la autorización.

j) Obstaculizar o impedir la actividad inspectora siempre que no esté tipificada como falta muy grave.

k) Incumplir la normativa reguladora de los requisitos materiales, funcionales y de personal aplicables en función de la tipología del centro o del servicio siempre que no esté tipificado como infracción leve.

l) Incrementar, sin la preceptiva autorización, el número de plazas de los centros.

m) Incumplir las instrucciones que, sobre las necesarias correcciones, hayan sido dictadas por la inspección.

n) Alterar de forma dolosa los aspectos sustantivos para el otorgamiento de la autorización de los centros o establecimientos de servicios sociales.

ñ) Prestar una asistencia inadecuada, causando graves perjuicios a la persona usuaria.

o) Las irregularidades en la administración, custodia, y manejo de fondos y bienes de las personas usuarias de las entidades, centros y servicios por parte de sus directores, administradores o personas responsables.

p) Haber sido sancionado en el término de un año por resolución firme en vía administrativa por la comisión de tres o más infracciones leves.

q) El incumplimiento de cualquier otra obligación o la vulneración de cualquier otro derecho recogidos en la normativa aplicable, sin estar previsto en otros apartados de este artículo, cuando se derive riesgo, daño o perjuicio para la integridad física y moral, seguridad o salud de las personas usuarias y no constituya infracción muy grave.

2. En el caso de las personas usuarias de servicios o beneficiarias de prestaciones económicas, y de las personas profesionales de los servicios sociales:

a) Faltar gravemente a la consideración debida a la persona responsable de la dirección, a los miembros del personal, a las personas usuarias y los visitantes.

b) Ocasionar daños graves en los bienes y equipamientos del centro o perjuicios notorios al normal desarrollo de los servicios o a la convivencia del centro.

c) El incumplimiento de cualquier otra obligación o la vulneración de cualquier otro derecho recogidos en la normativa aplicable, sin estar previsto en otros apartados de este artículo, cuando se derive riesgo, daño o perjuicio de las entidades prestadoras, o para la integridad física y moral, seguridad o salud de profesionales y otros usuarios y no constituya infracción muy grave.

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Artículo 108.- Infracciones muy graves.

Tienen la consideración de infracciones muy graves las siguientes:

1. En el caso de las personas y entidades prestadoras de servicios sociales que intervienen en la provisión y/o prestación de servicios sociales:

a) Proceder a la apertura y tener en funcionamiento centros o servicios careciendo de la autorización adecuada, con perjuicio para la integridad o la salud de las personas usuarias y/o profesionales.

b) Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con deficiencias en su estado, funcionamiento, limpieza o higiene, derivándose de ello perjuicio grave para la integridad física o la salud de las personas usuarias y/o profesionales.

c) Obstruir la labor inspectora impidiendo el acceso a las dependencias del centro, o ejercer resistencia reiterada o coacción o cualquier otra forma de presión sobre los inspectores de servicios sociales o las personas denunciantes, ya sean profesionales, usuarias, familiares o visitantes, así como encubrir dichas actuaciones.

d) Someter a las personas usuarias a cualquier tipo de inmovilización o restricción física o farmacológica sin prescripción médica y supervisión, sin cumplir el protocolo correspondiente, a excepción de los supuestos en los que exista peligro inminente para la seguridad física de esta o de otras personas, así como silenciar o encubrir dichas actuaciones.

e) Someter a las personas usuarias a cualquier tipo de maltrato físico o psíquico, así como silenciar o encubrir dichas actuaciones.

f) Incumplir la normativa reguladora de los requisitos materiales, funcionales y de personal que correspondan al servicio en función de su tipología, cuando dicho incumplimiento ponga en peligro la salud o seguridad de las personas usuarias y/o profesionales.

g) Incumplir la normativa reguladora de los requisitos materiales, funcionales y de personal aplicables en función de la tipología del centro o del servicio, siempre que no esté tipificado como infracción grave.

h) El incumplimiento de cualquier otra obligación o la vulneración de cualquier otro derecho recogidos en esta norma, sin estar previsto en otros apartados de este artículo, si de su comisión se deriva daño notorio de imposible o difícil reparación para los usuarios de servicios sociales, o de gran trascendencia social.

2. En el caso de las personas usuarias de servicios o beneficiarias de prestaciones económicas y de las personas profesionales de los servicios sociales:

a) Agredir físicamente o infligir malos tratos a la persona responsable del centro, a los miembros del personal, o a las personas usuarias o visitantes.

b) Sustraer bienes del centro, del personal, de las personas usuarias o de las y los visitantes.

c) Ocasionar daños o perjuicios muy graves en los bienes e instalaciones o en el normal desarrollo de los servicios o en la convivencia del centro.

d) El incumplimiento de cualquier otra obligación o la vulneración de cualquier otro derecho recogidos en esta norma, sin estar previsto en otros apartados de este artículo, si de su comisión se deriva daño notorio de imposible o difícil reparación para los entidades prestadoras o profesionales y otros usuarios de servicios sociales, o de gran trascendencia social.

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Artículo 109.- Prescripción de las infracciones.

1. Las infracciones muy graves tipificadas en esta ley prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y las leves al año.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiese cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a computar desde la finalización de la conducta infractora.

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

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Capítulo III. Sanciones

Artículo 110.- Sanciones principales.

1. Las infracciones tipificadas en materia de servicios sociales darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

a) Por infracciones leves, apercibimiento o multa de hasta 3000 euros. Para el caso de infracción de las personas usuarias, apercibimiento o multa de hasta 100 euros.

b) Por infracciones graves, con multa de 3001 hasta 30.000 euros. Para el caso de infracción de las personas usuarias multa de hasta 300 euros.

c) Por infracciones muy graves, con multa de 30.001 hasta 300.000 euros. Para el caso de infracción de las personas usuarias multa de hasta 3000 euros.

2. La revisión o modificación de las cuantías de las sanciones fijadas en este artículo se establecerá reglamentariamente.

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Artículo 111.- Sanciones accesorias.

1. En los supuestos de infracciones graves o muy graves de las personas y entidades prestadoras de servicios sociales, el órgano sancionador podrá acordar, con carácter complementario, y atendiendo al principio de proporcionalidad, las siguientes sanciones:

a) La inhabilitación para el ejercicio de las actividades contempladas en esta ley durante los tres años siguientes en el caso de las infracciones graves y durante cinco años en las muy graves, con la consiguiente revocación, en su caso, de la autorización administrativa correspondiente y/o la acreditación.

b) La prohibición de financiación pública en el ámbito de los servicios sociales por un periodo de entre uno y tres años para las graves y de tres a cinco años para las muy graves.

c) La suspensión de la prestación del servicio, total o parcial, por un período entre uno y tres años para las faltas graves y de tres a cinco años para las faltas muy graves.

d) En el caso de falta muy grave, la clausura definitiva de centros, establecimientos, servicios o inhabilitación definitiva para el ejercicio de actividades en servicios sociales, que llevará implícita la revocación de la autorización administrativa correspondiente.

2. En el caso de infracciones cometidas por las personas usuarias, se podrá acordar apercibimiento o suspensión de los derechos como usuario de la prestación por un período no superior a 30 días en el caso de infracciones leves, no superior a 90 días en el caso de infracciones graves y por tiempo igual o inferior a 1 año cuando se hayan cometido infracciones muy graves.

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Artículo 112.- Graduación de las sanciones.

1. Para la determinación de la cuantía de las multas y la aplicación de las demás sanciones, se deberá mantener la proporción adecuada entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción o sanciones aplicadas, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

b) El incumplimiento de requerimientos previos.

c) La continuidad o persistencia de la conducta infractora.

d) El riesgo generado, el daño o perjuicio causado y el número de personas afectadas.

e) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución administrativa firme.

f) La existencia de reiteración, por la comisión de una segunda infracción de distinta naturaleza en el término de un año, cuando así haya sido declarado por resolución administrativa firme.

g) La trascendencia económica y social de la infracción.

h) El cumplimiento por iniciativa propia de las normas infringidas, y en su caso el restablecimiento de la situación establecida en la normativa vigente, en cualquier momento del procedimiento administrativo sancionador si aún no se ha dictado resolución.

2. Si el beneficio económico que resulte de una infracción tipificada por la presente ley es superior a la sanción pecuniaria que le corresponde, esta puede incrementarse hasta la cuantía equivalente al beneficio obtenido.

3. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.

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Artículo 113.- Reducción de la sanción.

Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver aplicará reducciones del 30% sobre el importe de la sanción propuesta. Las reducciones se determinarán en el acuerdo de inicio y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

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Artículo 114.- Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres y las leves al año.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

3. La interrupción de la prescripción se produce por el inicio del procedimiento de ejecución, con el conocimiento de la persona o entidad interesada, volviendo a reanudarse el citado procedimiento cuando esté paralizado por causa no imputable a la persona o entidad infractora por plazo superior a un mes.

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Capítulo IV. Procedimiento sancionador

Artículo 115.- Procedimiento sancionador.

1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un expediente sancionador será de nueve meses.

2. El procedimiento sancionador se determinará reglamentariamente de acuerdo con los principios establecidos en las leyes reguladoras del procedimiento administrativo común y en sus normas de desarrollo.

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Artículo 116.- Órganos competentes.

1. El órgano competente para el inicio de los expedientes sancionadores será el centro directivo que tenga atribuida la competencia en materia de inspección de servicios sociales. En el acuerdo de inicio del expediente sancionador se determinará el órgano instructor del procedimiento.

2. El órgano competente para resolver será:

a) El Consejo de Gobierno para la imposición de las siguientes sanciones:

1.º La de clausura definitiva del centro, establecimiento o servicio.

2.º La de multa por importe superior a ciento cincuenta mil euros.

b) Corresponde al titular de la consejería competente en materia de servicios sociales, la imposición de las siguientes sanciones:

1.º La de inhabilitación para el ejercicio de actividades en servicios sociales, definitiva o por tiempo superior a tres años.

2.º La de suspensión temporal de actividades de centros, de establecimientos, de servicios o prestaciones, por tiempo superior a tres años.

3.º La de multa por importe superior a sesenta mil euros.

c) Corresponde al titular del centro directivo competente en materia de inspección de servicios sociales, la imposición de las sanciones no atribuidas expresamente en los párrafos anteriores a otros órganos.

3. Cuando por la comisión de una infracción correspondan sanciones cuya imposición esté atribuida a órganos distintos, en virtud de lo dispuesto en los párrafos anteriores, el de rango superior avocará la facultad del órgano de menor rango.

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Artículo 117.- Medidas provisionales.

1. Antes del inicio del procedimiento sancionador, el órgano administrativo competente para iniciar o instruir el procedimiento podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime necesarias en caso de urgencia inaplazable y para evitar situaciones de riesgo para las personas. Estas medidas podrán consistir en la suspensión temporal, total o parcial, de la prestación del servicio o de la realización de actividades, o en la prohibición temporal de aceptación de nuevas personas usuarias, pudiendo llegar incluso, al cierre temporal o parcial del centro si se considerar imprescindible.

2. Las medidas provisionales deben ser confirmadas, modificadas o levantadas por el correspondiente acuerdo de inicio del procedimiento sancionador, el cual debe producirse en el plazo máximo de quince días desde la adopción de las medidas.

3. Iniciado el procedimiento administrativo, el órgano competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

4. Los plazos de suspensión y clausura provisional serán computados como cumplimiento de la sanción, si esta recayese.

5. Durante la tramitación del procedimiento deben levantarse las medidas provisionales si desaparecen las causas que motivaron su adopción. La resolución definitiva del expediente debe ratificar o dejar sin efecto la medida adoptada.

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Artículo 118.- Resolución.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador será motivada y resolverá todas las cuestiones pertinentes planteadas en el expediente.

2. En todo caso, la resolución final deberá manifestarse expresamente sobre:

a) La ratificación de las medidas cautelares, a fin de garantizar la eficacia de la resolución en tanto sea ejecutiva, o la revocación de las mismas, en su caso.

b) La obligación de reposición de la situación a su estado originario.

c) La determinación de indemnización de daños y perjuicios derivados de la infracción cometida.

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Disposición adicional primera.- Ingresos derivados de la imposición de sanciones.

Los ingresos que se deriven de la imposición de las sanciones económicas establecidas en el Título XI generarán crédito en los programas presupuestarios de servicios sociales.

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Disposición adicional segunda.- Reforzamiento de los servicios de inspección.

A fin de obtener un nivel elevado de eficacia en las evaluaciones de calidad de los servicios sociales previstas en esta ley, así como para garantizar un adecuado control en la prestación de los servicios por la actuación inspectora de la Administración regional, por parte del Consejo de Gobierno se harán las previsiones necesarias en las relaciones de puestos de trabajo de la consejería con competencia en políticas sociales para el reforzamiento de las plantillas de personal de los servicios de inspección, incrementándose progresivamente hasta alcanzar una ratio de un inspector o inspectora por cada 200.000 habitantes en el plazo máximo de cuatro años.

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Disposición transitoria primera.- Procedimientos sancionadores en tramitación.

Los procedimientos sancionadores que se encuentren iniciados a la entrada en vigor de la presente ley continuarán tramitándose conforme a lo establecido en la legislación vigente en el momento en que se cometió la infracción, salvo que las disposiciones sancionadoras de la presente ley favorezcan al presunto infractor, en cuyo caso resultarán estas de aplicación.

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Disposición transitoria segunda.- Organización territorial del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

1. La organización territorial de los servicios sociales existente a la entrada en vigor de esta ley continuará vigente hasta que sea aprobado el Mapa de Servicios Sociales de la Región de Murcia previsto en el artículo 57.

2. La consejería competente en materia de servicios sociales podrá aprobar mediante orden una zonificación provisional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26, que establezca las zonas básicas de servicios sociales con una población de al menos 10.000 habitantes, de forma excepcional las zonas básicas de servicios sociales con población inferior a 10.000 habitantes y las unidades básicas de servicios sociales u otras divisiones territoriales.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26, hasta tanto no se apruebe el Mapa de Servicios Sociales de la Región de Murcia, se establece provisionalmente en 5 el número de profesionales mínimo para la consideración de zona básica de servicios sociales.

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Disposición transitoria tercera.- Composición de los equipos interdisciplinares.

Hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente lo establecido en el artículo 33.2 en cuanto a la composición de los equipos interdisciplinares, con el fin de garantizar la calidad de las prestaciones, la proximidad territorial y la cobertura de las necesidades sociales de los territorios, se incrementarán progresivamente el número de profesionales de los equipos interdisciplinares hasta alcanzar, en el plazo máximo de tres años, las siguientes ratios mínimas según el número de habitantes:

a) Menos de 10.000 habitantes: 1 profesional por cada 1900 habitantes.

b) Entre 10.000 y 19.999 habitantes: 1 profesional por cada 2400 habitantes.

c) Entre 20.000 y 49.999 habitantes: 1 profesional por cada 2900 habitantes.

d) Entre 50.000 y 99.999 habitantes: 1 profesional por cada 3400 habitantes.

e) Más de 100.000 habitantes: 1 profesional por cada 3900 habitantes.

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Disposición transitoria cuarta. Porcentajes de financiación compartida entre la Administración regional y las entidades locales.

Para la financiación de los equipos interdisciplinares, los porcentajes de financiación compartida a través de convenios de colaboración entre la Administración Regional y las entidades locales, para los Servicios Sociales de Atención Primaria, previstos en el artículo 50, se modificarán progresivamente hasta alcanzar, en un plazo máximo de 5 años, los siguientes porcentajes según el número de habitantes:

a) Menos de 20.000 habitantes y Mancomunidades: 80% Comunidad Autónoma y 20% entidades locales.

b) Entre 20.000 y 49.999 habitantes: 60% Comunidad Autónoma y 40% entidades locales.

c) Más de 50.000 habitantes: 45% Comunidad Autónoma y 55% entidades locales.

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Disposición transitoria quinta.- Provisión de las prestaciones a partir de la entrada en vigor de la ley.

Hasta el establecimiento de la estructura territorial fijada en el Capítulo I del Título III de la presente ley con la aprobación del Mapa de Servicios Sociales de la Región de Murcia previsto en el artículo 57, las Administraciones Públicas seguirán proveyendo las diferentes prestaciones de la forma efectuada hasta el momento, sin que ello afecte a la aplicación de las previsiones que no requieran su posterior desarrollo normativo.

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Disposición derogatoria única.

1. Quedan derogadas, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitorias, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley, y de forma expresa, la Ley 3/2003, de 10 de abril, de Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

2. Hasta que se proceda a la aprobación del desarrollo reglamentario de la presente ley, serán de aplicación las normas actualmente vigentes dictadas en desarrollo de la Ley 3/2003, de 10 de abril, en lo que no sean contrarias a lo dispuesto en la presente ley y en tanto no sean sustituidas o derogadas.

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Disposición final primera.- Actualización de la cuantía de las sanciones económicas.

La cuantía de las sanciones de naturaleza económica previstas en el Título XI, así como de los límites allí establecidos, podrá actualizarse conforme al índice de precios al consumo, mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de servicios sociales.

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Disposición final segunda.- Habilitación normativa y ejecutiva.

Se faculta a la persona titular de la consejería competente en materia de servicios sociales, en el ámbito de las respectivas competencias previstas en esta ley, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en orden al desarrollo y ejecución de la misma, de conformidad con los preceptos de la parte dispositiva en los que así se indique.

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Disposición final tercera.- Desarrollo reglamentario y Planificación.

1. El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia procederá, a propuesta de la consejería competente en materia de servicios sociales, en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, a la aprobación del Plan Regional de Servicios Sociales.

2. El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta de la consejería competente en materia de servicios sociales, en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, procederá a la elaboración y aprobación mediante decreto del Mapa de Servicios Sociales y la Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales.

3. El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta de la consejería competente en materia de servicios sociales, en el plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta ley, procederá a la elaboración y aprobación de los siguientes desarrollos normativos:

a) El Catálogo de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

b) La urgencia social.

c) Condiciones mínimas y requisitos de los centros de servicios sociales de atención primaria.

4. El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta de la consejería competente en materia de servicios sociales, en el plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta ley, procederá a regular los requisitos mínimos en cuanto a condiciones materiales y de funcionamiento de los centros en materia de servicios sociales y composición de los equipos interdisciplinares.

5. El proceso de desarrollo reglamentario previsto en esta ley ha de quedar concluido en el plazo máximo de cuatro años desde la entrada en vigor de la misma.

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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor al mes de su completa publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. No obstante, aquellas previsiones que requieran un desarrollo reglamentario específico producirán efectos el mismo día en que cada uno de ellos entre en vigor”.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Murcia, 29 de julio de 2021. El Presidente, Fernando López Miras.

Extracto de la Orden de 23 de julio de 2021, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se convocan subvenciones para la realización actividades de interés general consideradas de interés social a desarrollar por entidades del Tercer Sector de Acción Social en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto de sociedades

BORM nº 171 de 27 de julio de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Vigencia: desde el 28 de julio de 2021

Referencias

Afectada por:

Orden de 6 de agosto de 2018 de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a la realización de programas de interés general con fines sociales a desarrollar por entidades del tercer sector en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, (BORM nº 181 de 7 de agosto de 2018):

Establece las bases reguladoras.

 

Contenido

BDNS (Identif.): 576339

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/576339)

Primero. Beneficiarios.

1. De acuerdo con el artículo 3 de las bases reguladoras, podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden las entidades que tengan la consideración de entidades del Tercer Sector en los términos previstos en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, así como Cruz Roja Española y otras entidades u organizaciones no gubernamentales, que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas al menos con dos años de antelación a la fecha de la convocatoria de subvención.

b) Estar inscritas en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante RCSS) y tener autorización para la realización de las actividades objeto de la subvención, así como los centros donde estas se realicen, de conformidad con el Decreto n. º 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos.

Las actividades objeto de los proyectos presentados y los centros donde estas se realicen, deberán estar autorizadas en dicho Registro con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de la presente subvención.

c) Carecer de fines de lucro.

d) Tener fines institucionales adecuados recogidos como tales en sus estatutos propios para la realización de las actividades consideradas subvencionables de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de esta Orden.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones, impuestas por las disposiciones vigentes.

f) Tener implantación en la Región de Murcia, contando con sede o al menos, delegación permanente en la misma.

2. En el caso en el cual la entidad solicitante y la entidad ejecutante sean distintas, ambas serán consideradas entidades beneficiarias, debiendo por tanto reunir ambas los requisitos enumerados en el punto anterior.

Cuando la entidad solicitante y ejecutante sea distintas, esta última deberá ejecutar como mínimo el 70% del proyecto.

Únicamente podrá haber una entidad ejecutante por proyecto, siendo excluidas aquellas solicitudes con 2 o más entidades ejecutantes.

3. No se entenderán incluidas dentro de la tipología de entidades y organizaciones no gubernamentales las entidades de derecho público, los partidos políticos, las universidades, las sociedades civiles, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las organizaciones empresariales y los sindicatos y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente.

4. No podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Segundo. Objeto.

1. El objeto de la presente Orden es convocar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades del Tercer Sector de Acción Social para la realización de actividades de interés general para fines sociales, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Sociedades, en el ámbito territorial de la Región de Murcia.

2. La finalidad de estas subvenciones es la realización de actividades de interés general para fines sociales, incluidas las inversiones, para cubrir las necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la atención de las personas y colectivos en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad.

Tercero. Bases reguladoras.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se rige por la Orden de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, de fecha 6 de agosto de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de Subvenciones a programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, bases reguladoras), publicada en el BORM nº 181, de 7 de agosto de 2018.

Asimismo, se regirá por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo y demás normas de derecho privado.

Cuarto. Cuantía.

1. Estas subvenciones se concederán con cargo a la consignación establecida en las partidas presupuestarias 18.04.00.313R.481.99 (proyecto presupuestario nº 44659) y 18.04.00.313R.781.99, (proyecto presupuestario nº 44660), por un importe de 8.750.000,00 euros y 250.000,00 euros respectivamente, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2021, distribuyéndose en función de la naturaleza de los proyectos propuestos para su concesión. Dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de la concesión.

2. Con anterioridad a la resolución de concesión de las subvenciones la cuantía total máxima podrá incrementarse cuando, sin necesidad de nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, la aportación finalista de la Administración General del Estado fuese superior a los créditos inicialmente fijados en la convocatoria. La cuantía adicional será igual a la diferencia entre la aportación finalista y el crédito inicial fijado en la convocatoria.

3. El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con anterioridad a la resolución de concesión.

4. Las subvenciones que se otorguen, serán concedidas hasta el límite de la consignación presupuestaria definitiva existente en cada una de las partidas citadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales establecidos en la legislación aplicable, en las Bases Reguladoras y de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

Quinto. Lugar y plazo de presentación de solicitudes

1. La presentación de la solicitud (Anexo II) que deberá ir firmada por la persona representante de la entidad previa cumplimentación, se realizará en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://sede.carm.es), que se haya habilitado a tal fin en la Guía de Procedimientos y Servicios (número de procedimiento 2448).

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Sexto. Otros datos.

Para la determinación de la cuantía individualizada de la subvención se tendrán en cuenta las características de las entidades solicitantes/ejecutantes y de los proyectos presentados.

Las subvenciones que se otorguen podrán atender total o parcialmente el importe solicitado en función del crédito disponible y del orden de prelación resultante tras la aplicación de los criterios de valoración, no pudiendo otorgarse subvención por un importe inferior al 40% de la cantidad solicitada, salvo que, tras la aplicación de este porcentaje en la distribución del crédito, el remanente a conceder no alcance dicho porcentaje respecto de las cantidades solicitadas, en cuyo caso podrá otorgarse subvención por debajo del 40 % de la cantidad solicitada siempre y cuando la Comisión de Evaluación considere que se cumplen los objetivos y finalidad de la subvención.

Asimismo, no se podrá conceder ninguna subvención por importe superior al 7% del presupuesto total establecido en las partidas presupuestarias 18.04.00.313R.481.99 (proyecto presupuestario nº 44659) y 18.04.00.313R.781.99, (proyecto presupuestario nº 44660), para proyectos de gasto corriente e inversión, respectivamente.

La duración de los proyectos presentados no podrá superar los 12 meses.

El periodo de ejecución de los proyectos comprenderá desde el 1 de enero al 31 de diciembre en de 2022.

Asimismo, la entidad deberá aportar en el proyecto una cofinanciación de, como mínimo, el 5% del importe de la subvención solicitada.

Los ejes y programas que se consideren prioritarios para su financiación con cargo a estas subvenciones son los contenidos en el Anexo I que se acompañan a esta convocatoria.

Si al proponer la concesión de subvenciones no se agotase el crédito disponible en alguna de las líneas, podrá trasladarse el crédito remanente a otra. Asimismo y con el fin de garantizar la calidad de los proyectos a subvencionar, la Comisión de Evaluación podrá establecer la puntuación mínima de corte por línea, en cuyo caso, el remanente de crédito disponible podrá ser asignado al resto de líneas.

Murcia, 23 de julio de 2021. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.


Orden por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la prestación del servicio de intervención y supervisión del acogimiento familiar en familia extensa y ajena de personas menores de edad tuteladas y por la que se determina el precio de dicho servicio

BORM número 168 de 23 de julio de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Vigencia: desde el  23 de julio de 2021

Contenido

El Decreto 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia en materia de protección y reforma del menor, establece en su artículo 2, apartado c, que podrán ser objeto de concierto social en el ámbito de protección de menores, entre otros, “Intervención y supervisión de los acogimientos familiares”, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7 bis y artículos 25 y siguientes de la Ley 3/2003, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

El artículo 12 del mencionado Decreto 62/2019, de 3 de mayo, establece que la formalización de los conciertos sociales se efectuará en documento administrativo, por el titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales mediante el denominado acuerdo de concierto social, según modelo aprobado previamente por el titular de la citada consejería.

El artículo 10 de dicho Decreto establece que el importe a pagar por plaza ocupada, reservada o servicio prestado se determinará por Orden de la Consejería competente en materia de servicios sociales.

De acuerdo con la normativa recogida en los párrafos precedentes, y en virtud de las atribuciones conferidas a la Consejería competente en materia de servicios sociales por el Decreto de la Presidencia número 34/2021, de 3 de abril, de reorganización de la Administración Regional,

Dispongo:

Primero.- Aprobar el modelo de acuerdo de concierto social para la prestación del Servicio de Intervención y Supervisión del Acogimiento Familiar en familia extensa y ajena de personas menores de edad tuteladas, recogido en el anexo de la presente Orden.

Segundo.- Establecer el importe a pagar por la Consejería competente en materia de servicios sociales por la prestación del Servicio de Intervención y Supervisión del Acogimiento Familiar en familia extensa y ajena de personas menores de edad tuteladas que será el recogido en la cláusula octava del modelo de acuerdo, dispuesto en el anexo de la presente Orden. Los importes establecidos en la presente orden podrán ser objeto de revisión, conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, siempre que se justifique en una memoria económica específica, en los términos recogidos en la citada ley y su normativa de desarrollo.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 16 de julio de 2021. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez

Anexo. Modelo de acuerdo de concierto social para la prestación del servicio de intervención y supervisión del acogimiento familiar en familia extensa y ajena de personas menores de edad tuteladas y por la que se determina el precio de dicho servicio (Descargar)


Extracto de la Resolución de 18 de marzo de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa “Formas innovadoras de integración laboral de personas con discapacidad” para el año 2021

BORM número 69 de 25 de marzo de 2021

Consejería de Empleo, Investigación y Universidades

Servicio Regional de Empleo y Formación

Vigencia: desde 26 de marzo de 2021

Referencias

Afectada por:

Orden de 8 de junio de 2016, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formacion, de bases reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad, (BORM nº 144 de 23 de junio de 2016):

Establece las bases reguladoras.

Extracto de la Resolución de 13 de julio de 2021 la Directora General del Servicio Regional de Empleo y formación, por la que se publica el crédito adicional disponible destinado a financiar la concesión de subvenciones para el programa formas innovadoras de integración laboral de personas con discapacidad, subprograma “Empleo con apoyo”,  (BORM nº 163 de 17 de julio de 2021):

Declara crédito adicional disponible por cuantía de 24.000,00 euros.

Contenido

BDNS (Identif.): 554004

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/554004)

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones objeto de esta convocatoria, las entidades sin fines de lucro, con centro de trabajo y actividad en la Región de Murcia, y cuyo objeto social esté directamente relacionado con la actividad específica a desarrollar, de atención a personas con discapacidad intelectual, con parálisis cerebral, con enfermedad mental o sensorial y física, y, además:

· Tengan suscrito un “Convenio de Colaboración con el SEF en materia de empleo”, o

· Haber obtenido con anterioridad al 20 de agosto de 2015 (fecha de la publicación de la modificación de la Orden de bases anterior), la autorización como agencia de colocación por los Servicios Públicos de Empleo, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación y hubiesen obtenido, en los tres últimos años inmediatamente anteriores a dicha publicación, subvención del programa 2 (“Formas innovadoras de integración laboral”), aunque no tengan suscrito convenio de colaboración con el SEF en materia de empleo.

Segundo. Objeto.

La finalidad de las subvenciones que se convocan es la de facilitar la inserción en el mercado laboral ordinario de las personas con discapacidad mediante formas innovadoras de integración laboral:

a) Subprograma “Empleo con apoyo”: Consiste en la realización de acciones basadas en técnicas de búsqueda de empleo, de orientación laboral, de acompañamiento a la inserción y de ayudas al empleo con personas con discapacidad intelectual, con parálisis cerebral, con enfermedad mental o sensorial que se encuentren desempleadas e inscritas en las Oficinas de Empleo del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia.

Igualmente se podrán destinar ayudas a estas entidades para el acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo de las personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, descritos en el artículo 2 de la Orden de bases, que hubiesen sido insertados mediante el subprograma “Empleo con Apoyo” para facilitar su adaptación social y laboral

b) Subprograma “Gabinetes de Orientación e Inserción Laboral de personas con discapacidad”: Consiste en la realización de acciones basadas en técnicas de búsqueda de empleo, de orientación laboral, de acompañamiento a la inserción y de ayudas al empleo con personas con discapacidad con discapacidad física y/u orgánica que se encuentren desempleadas e inscritas en las Oficinas de Empleo del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 8 de junio de 2016, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, de bases reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad (BORM n.º 144, de 23 de junio), modificada por la Orden de 4 de marzo de 2019 (BORM n.º 58 de 11 de marzo).

Cuarto. Financiación y cuantía.

1. El crédito disponible máximo con que cuenta la convocatoria por subprograma para la participación en estas actuaciones es de:

- Para el subprograma “Empleo con Apoyo”: 650.000,00 euros, financiado al 80 % por el Fondo Social Europeo a través del programa Operativo FSE 2014-2020.

- Para el subprograma “Gabinetes de Orientación e Inserción Laboral de personas con discapacidad”: 300.000,00 euros, financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social-SEPE.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Orden de Bases, se establece para el subprograma “Empleo con Apoyo”, un crédito adicional estimado de veinticuatro mil euros (24.000,00 euros) que se prevé, como consecuencia del aumento del crédito presupuestario derivado de una generación, ampliación de crédito o la aprobación del presupuesto del ejercicio 2021, y este sea incorporado al proyecto de gasto antes citado.

Dicha afectación queda condicionada a la efectiva incorporación del mencionado crédito y la habilitación de la disponibilidad del crédito de la correspondiente partida.

En el caso de que se proceda a incorporar este crédito adicional, total o parcialmente, a la convocatoria con carácter previo a la resolución del procedimiento, mediante resolución de la Directora General del SEF se hará pública su cuantía definitiva, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo

2. Serán subvencionables los costes laborales, incluidas la parte proporcional de pagas extraordinarias y las cotizaciones a la Seguridad Social y por un tiempo de intervención de hasta doce mensualidades, del personal técnico contratado directamente relacionado con las acciones previstas en este subprograma y con la titulación e idoneidad suficientes.

Los costes laborales subvencionables de este personal no podrán exceder de lo fijado en el Convenio Colectivo Sectorial que le sea de aplicación o, en su defecto, el Convenio Colectivo general de «centros y servicios de atención a personas con discapacidad», incluidos los acuerdos de revisión salarial para el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dictados en desarrollo del citado Convenio colectivo general.

Para la determinación del coste laboral, se tomarán las percepciones económicas de los trabajadores por la prestación de sus servicios, que tengan esta naturaleza, incluida la indemnización por finalización de contrato, así como las cotizaciones a la Seguridad Social.

3. Otros costes:

a) Para el subprograma “Empleo con Apoyo”: De acuerdo con lo previsto con el artículo 68 ter del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, para sufragar otros costes podrá imputarse un máximo de un 10 por ciento de los costes directos de personal técnico. En estos costes podrán incluirse gastos del personal de apoyo administrativo, gastos de desplazamientos de los técnicos, gastos de difusión y publicidad, otros gastos generales tales como teléfono, envíos postales y suministro y cualquier otro gasto estrictamente necesario y relacionado con la actividad a desarrollar.

Cuando la entidad disponga, en proporción, de al menos tres técnicos a jornada completa, la entidad beneficiaria podrá imputar hasta un 20 por ciento de los costes directos de personal técnico para sufragar otros costes

b) Para el subprograma “Gabinetes de Orientación e Inserción Laboral de personas con discapacidad”: Para sufragar otros costes podrá imputarse un máximo de un 15 por ciento de los costes directos de personal técnico. En estos costes podrán incluirse gastos del personal de apoyo administrativo, gastos de desplazamientos de los técnicos, gastos de difusión y publicidad, otros gastos generales tales como teléfono, envíos postales y suministro y cualquier otro gasto estrictamente necesario y relacionado con la actividad a desarrollar.

Cuando la entidad disponga, en proporción, de al menos tres técnicos a jornada completa, la entidad beneficiaria podrá imputar hasta un 25 por ciento de los costes directos de personal técnico para sufragar otros costes

Quinto. Solicitudes.

1. Las solicitudes de subvención que se formalizarán en el modelo único de instancia elaborado para cada modalidad, disponible en la página WEB www.sefcarm.es, irán dirigidas al Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación y se presentarán a través de medios electrónicos.

La presentación de la solicitud por medios electrónicos se realizará a través del formulario electrónico disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que será accesible a través de la página https://sede.carm.es. En este caso, se deberá incluir como anexo a dicho formulario de solicitud electrónico el modelo de solicitud disponible en la guía de procedimientos y servicios y que como Anexo II se acompaña a la Resolución de convocatoria (código de procedimiento 938).

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación requerida que se aportará en formato electrónico. Los documentos requeridos deberán ser digitalizados en formato PDF, en su caso, con firma electrónica, así como una declaración responsable de la autenticidad de los mismos. El tamaño máximo admitido, tanto de cada archivo como del total de los mismos será el previsto por la sede electrónica

En todo caso, para la presentación por medios electrónicos, deberá disponer de firma electrónica de la forma prevista en el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.

Con la solicitud se acompañará una declaración responsable del solicitante en el que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple todos los requisitos exigidos para ser beneficiario de la subvención.

Además, salvo oposición expresa, se presumirá que no existe oposición o existe autorización al Servicio Regional de Empleo y Formación para que éste pueda acceder a los datos obrantes en las bases de datos de las distintas administraciones u organismos públicos, con el fin de comprobar el cumplimiento tanto de los citados requisitos, como de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el caso de oposición expresa para acceder a los datos personales, deberán acompañar con la solicitud los documentos que acrediten el cumplimiento de los citados requisitos.

Si alguna entidad presentase su solicitud presencialmente, se le requerirá al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Número de solicitudes. Cada interesado podrá presentar una única solicitud de subvención de la acción o proyecto que pretenda le sea subvencionado.

La solicitud deberá presentarse acompañada de los documentos relacionados en el Anexo I de la Resolución de convocatoria. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la unidad administrativa instructora podrá solicitar de forma motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, en cuyo caso, podrá requerirle la exhibición del documento o de la información original, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. Subsanación. De acuerdo con lo previsto en el artículo 17.5 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM cuando la solicitud presentada no reúna los requisitos exigidos en la orden de bases y en la convocatoria, la unidad administrativa requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre

Sexto. Procedimiento.

El procedimiento de concesión de las subvenciones convocadas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, y estará informado por los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Séptimo. Plazo.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Octavo. Otros datos.

Podrán ser objeto de subvención, con cargo a la presente convocatoria, las acciones subvencionables contempladas en los subprogramas 2.1 “Empleo con apoyo” y 2.2 “Gabinetes de Orientación e Inserción Laboral de personas con discapacidad “, realizadas entre:

- El 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, para el caso de entidades que ya estuviesen ejecutando este programa en el ejercicio 2020.

- El día 1 del mes siguiente al de presentación de la solicitud de subvención, y siempre que disponga de la autorización de acceso a POL, y el 31 de diciembre de 2021, cuando la entidad no hubiese ejecutado este programa en el ejercicio 2020.

En el caso de no disponer de acceso a POL, deberá hacerse una previsión para su acceso y será a partir del día 1 de ese mes el que se incluirá como inicio de las acciones.

Murcia, 18 de marzo de 2021. La Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, María Isabel López Aragón.

Orden por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de internamiento dictadas por los Jueces de Menores y por la que se determina el importe de las mismas (MODIFICADA)

BORM número 70 de 26/03/2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Vigencia: desde el 26/03/2021

Referencias

Modificada por:

Orden por la que se modifica el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de internamiento dictadas por los jueces de menores y por la que se determina el importe de las mismas (BORM número 155 de 08/07/2021)

Modifica la cláusula quinta, sexta y octava del anexo.

Rectificación de errores de la Orden de 2 julio que modifica la que se modifica el Modelo de Acuerdo de Concierto Social para la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de internamiento dictadas por los jueces de menores y por la que se determina el importe de las mismas (BORM número 163 de 17/07/2021)

Modifica la cláusula sexta, apartado 1.a).

Contenido

El Decreto 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia en materia de protección y reforma del menor, establece que podrá ser objeto de concierto social la reserva y ocupación de plazas para menores a los que se les haya impuesto medidas de internamiento dictadas por los Jueces de Menores, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7 bis y artículos 25 y siguientes de la Ley 3/2003, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

El artículo 12 del mencionado Decreto 62/2019, de 3 de mayo, establece que la formalización de los conciertos sociales se efectuará en documento administrativo, por el titular de la Consejería competente materia de servicios sociales, mediante el denominado acuerdo de concierto social, según modelo aprobado previamente por el titular de la citada consejería.

El artículo 10 de dicho Decreto establece que el importe a pagar por plaza ocupada, reservada o servicio prestado se determinará por Orden de la Consejería competente en materia de servicios sociales.

De acuerdo con la normativa recogida en los párrafos precedentes, y en virtud de las atribuciones conferidas a la Consejería competente en materia de reforma de menores por el Decreto del Presidente n.º 44/2019, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional,

Dispongo:

Primero.- Aprobar el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas de internamiento dictadas por los Jueces de Menores recogido en el anexo de la presente resolución.

Segundo.- Establecer el importe a pagar por la Consejería competente en materia de reforma de menores por plaza ocupada, que será el recogido en el número dos de la cláusula séptima del mencionado acuerdo, así como establecer en el 96% el porcentaje sobre el importe de las plazas ocupadas a satisfacer por reserva de plaza. Los importes establecidos en la presente orden podrán ser objeto de revisión, conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, siempre que se justifique en una memoria económica específica, en los términos recogidos en la citada ley y su normativa de desarrollo.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, a 24 de marzo de 2021.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.

Anexo. Modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de internamiento dictadas por los Jueces de Menores (Descargar)

Anexo (Modificado)

Modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de internamiento dictadas por los Jueces de Menores

Reunidos

De una parte, la Excma. Sra. doña María Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16.2.a) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud de lo dispuesto por el Decreto de la Presidencia n.º 31/2019, de 31 de julio, y de las atribuciones conferidas a la Consejería competente en materia de reforma de menores por el Decreto del Presidente n.º 44/2019, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional, y por el artículo 12 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia, en materia de protección y reforma del menor.

De otra parte, D./Dª ________________ (espacio reservado para los datos identificativos de la entidad con la que se suscribe el concierto social, de su representante, así como autorizaciones de junta o patronato que en su caso requiera).

Manifiestan:

Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su artículo 10, apartado Uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de asistencia y bienestar social, política infantil y de la tercera edad y de instituciones de protección y tutela de menores de menores, respetando, en todo caso, la legislación civil, penal y penitenciaria.

Segundo.- Que entre las actuaciones de los servicios sociales especializados en el sector de Familia e Infancia, a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, está la de llevar a cabo programas para la ejecución de medidas judiciales que afecten a menores a través de recursos propios o de entidades colaboradoras.

El Decreto del Presidente n.º 44/2019, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional establece que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado, entre otros, de la protección y reforma de menores.

Tercero.- Que la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su artículo 25 bis, relativo al Régimen de concertación establece que “las Administraciones Públicas podrán encomendar la prestación de los servicios sociales de su competencia mediante el sistema de concierto social con entidades privadas con los requisitos que se establezcan en la normativa por la que se desarrolle con pleno respeto a los principios de publicidad, transparencia y no discriminación”.

Así, el Decreto 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el Régimen Jurídico de los Conciertos Sociales en la Región de Murcia en materia de protección y reforma del menor, en su artículo 2 establece que podrá ser objeto de concierto social en el ámbito de protección y reforma de menores la reserva y ocupación de plazas para la ejecución de medidas judiciales a menores.

Cuarto.- Por otra parte, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (en adelante LORRPM) atribuye en su artículo 45.1 a la Entidad Pública en cada Comunidad o Ciudad Autónoma en materia de reforma la competencia de ejecutar las medidas judiciales dictadas por los Jueces de Menores. La Dirección General competente en materia de Reforma de Menores está obligada a ejecutar todas y cada una de las medidas judiciales de las comprendidas en los artículos 7 y 28 de dicha Ley Orgánica que dicten los Juzgados de Menores de Murcia y su Provincia, entre las que se encuentran las de internamiento en centros de régimen abierto, semiabierto, cerrado, terapéutico abierto, terapéutico semiabierto, terapéutico cerrado y permanencia fin de semana en centro.

Quinto.- En el artículo 7 del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, expone claramente que los/as menores y los/as jóvenes gozarán durante la ejecución de las medidas de los derechos y libertades que a todos reconocen la Constitución, los tratados internacionales ratificados por España y el resto del ordenamiento jurídico vigente, a excepción de los que se encuentren expresamente limitados por la ley, el contenido del fallo condenatorio o el sentido de la medida impuesta. Especial referencia a los derechos y deberes de menores privados de libertad durante la ejecución de la medida se recogen en los artículos 56 y 57 de la LORRPM.

En el ejercicio de los derechos y deberes de menores sometidos a las medidas privativas de libertad, hemos de tener en cuenta los “principios inspiradores” durante la ejecución de las medidas recogidos en el artículo 6 del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, y en particular el “principio de resocialización” expuesto en el Artículo 55 de la LORRPM.

Así, debemos realizar especial consideración a los siguientes derechos sin desdeñar el resto:

· Derecho a una atención integral.

· Derecho a la confidencialidad.

· Derecho a una atención individualizada y personalizada.

· Derecho a la intimidad.

· Derecho a las relaciones personales.

· Derecho a la información y a la participación.

Sexto.- La LORRPM, en su artículo 45.3 se refiere a la posibilidad de establecer los pertinentes acuerdos de colaboración con otras entidades para la ejecución de las medidas judiciales a menores, pero bajo su directa supervisión, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de la ejecución. En el Reglamento que desarrolla la LORRPM, en su artículo 58, esclarece este aspecto que “sin perjuicio de las funciones de inspección que correspondan a los jueces de menores, al Ministerio Fiscal y al Defensor del Pueblo o institución análoga de la comunidad autónoma, la entidad pública, con los medios personales y materiales y los procedimientos que articule para esta finalidad, ejercerá las funciones de inspección para garantizar que la actuación de los centros propios y colaboradores y la de sus profesionales se lleva a cabo con respeto a los derechos y garantías de los menores internados”.

Por ello, desde la Dirección General que ostenta la competencia en materia de Reforma de Menores, y su unidad de estructura, el Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores, se establecerá un sistema de visitas al centro, así como de entrevistas de los/as menores al objeto de garantizar sus derechos y mejora de la calidad de atención a menores privados de libertad.

Bajo el principio de intervención mínima, de oportunidad, de resocialización, y la utilización de las medidas de internamiento como último recurso, y procurando que el efecto de una privación de libertad excesiva pueda repercutir en el desarrollo psico-evolutivo del menor, la Entidad Pública en el marco de la acción concertada y el ordenamiento jurídico fomentará las posibilidades educativas de la LORRPM procurando la modificación de las medidas judiciales y ajustándolas al proceso de intervención educativa y las características individuales de cada menor.

Séptimo.- La entidad____________________________________ está autorizada e inscrita para la actividad objeto de este concierto en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como ha sido declarada apta para suscribir conciertos sociales.

Asimismo, mediante Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social se seleccionó a la entidad ___________________________ para suscribir concierto social, de acuerdo con los criterios establecidos por el artículo 8 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, así como se asignaron __________ plazas, objeto de este concierto social.

Cláusulas

Primera: Objeto

El presente concierto social tiene por objeto la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los/as que se les haya impuesto medidas de internamiento en régimen abierto, semiabierto, cerrado, terapéutico y de permanencia de fin de semana en centro, en el centro/los centros de la entidad ________________________________________, sito en ____________________________________, con la finalidad de satisfacer las necesidades de atención y tratamiento de menores privados de libertad bajo resolución judicial, de conformidad con la normativa vigente en materia de reforma de menores.

El número de plazas a concertar será de ____.

Segunda: Personas destinatarias del centro de internamiento

Los/as menores destinados/as a ocupar estas plazas serán menores o mayores de edad que hubiesen cometido el delito siendo menores, a quienes se les haya impuesto una medida judicial firme o cautelar privativa de libertad que requieran de internamiento en un centro con medidas de seguridad.

Los ingresos de menores en el centro se producen a través del Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores, con Resolución de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores, y siempre con resolución judicial dictada por un Juzgado de Menores o en su caso por otro ejerciendo funciones de guardia de éstos, bajo una medida privativa de libertad contempladas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, bien sea firme o cautelar. No ingresarán menores detenidos a espera de vista judicial, al no ser esta competencia de la Entidad Pública.

Tercera: Servicios que comprende y características

1. Servicios esenciales.

El Centro de internamiento proporcionará los servicios esenciales que seguidamente se relacionan, siendo todos ellos de obligado cumplimiento por parte de la entidad concertada. La entidad concertada, debe prestar los siguientes servicios

A - Atención residencial. Servicios de alojamiento, manutención, vestuario e higiene personal las veinticuatro horas del día durante todos los días del año. La entidad concertada será responsable de guardar y custodiar la ropa personal y las pertenencias portadas en el momento del ingreso por el/la menor, para ello se hará un inventario de los objetos personales de valor que entrega en custodia al centro.

B - Atención sanitaria. Reconocimiento médico en las primeras 24 horas del ingreso, seguimiento del historial sanitario de los/as menores, detección precoz de posibles problemas físicos y psíquicos, establecimiento de pautas higiénico-sanitarias, control de la alimentación y coordinación con los profesionales del Sistema Público de Salud de la zona.

La entidad concertada deberá asumir los cuidados del/la menor en periodos en que éste/a hubiere de estar hospitalizado/a cuando sus tutores o guardadores no se hicieran cargo de ellos/as.

C - Formación educativa. Los/as menores deberán poder continuar su escolarización durante el tiempo que dura su medida, se les dará apoyo en las tareas escolares y proporcionará de todo el material necesario del proceso de escolarización. En los casos que, por su edad, los/as menores no se encuentren en período de escolarización, se les gestionará todos los recursos necesarios para su formación laboral. Deberá garantizarse el seguimiento escolar (entrevistas con los tutores, refuerzo de contenidos adquiridos), así como la coordinación con los diferentes recursos formativos y/o escolares asegurando su continuidad una vez finalizado el internamiento.

El centro de internamiento dispondrá de aula dotada de equipos informáticos actualizados, con suficiente conectividad al objeto de que los/as menores privados de libertad reciban formación específica en nuevas tecnologías para reducir la brecha tecnológica existente, facilitando la formación on-line y adquieran habilidades de manejo en el acceso a la administración electrónica y a cualquier otro recurso.

D - Actividades ocupacionales y/o laborales. Se desarrollarán programas de desarrollo de hábitos laborales y se potenciará desde el centro educativo la integración en programas formativos ocupacionales, según la edad de los/as menores.

Así como dentro de la disponibilidad de la entidad concertada la posibilidad de un trabajo remunerado, y a las prestaciones sociales que pudieran corresponderles cuando alcancen la edad legalmente establecida.

La entidad concertada potenciará un servicio de búsqueda de empleo en coordinación con los programas operativos de inserción social y el contacto con “empresas colaboradoras” con la responsabilidad social.

E - Atención psicológica y psiquiátrica. Atención a conflictos psicológicos y psiquiátricos del menor que impidan u obstaculicen la estructuración de su personalidad, proceso madurativo o capacidad de socialización, para lo cual se utilizarán los recursos normalizados de la zona, siempre que sea posible.

Especial atención a las medidas judiciales que tengan un carácter terapéutico de acuerdo al artículo 7.d de la LORRPM, cuya atención psicológica, psiquiátrica y educativa será el núcleo de intervención a fin de reducir la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones de la percepción que padezcan, pudiendo para ello si no fuese suficiente los especialistas que dispone el propio centro acudir a recursos externos.

F - Trabajo familiar y asistencia social. Se promoverá, atendiendo a la edad y características de los/as menores, el trabajo con la familia dentro de un proceso rehabilitador que le permita un mejor desarrollo personal.

La entidad concertada deberá disponer de un programa de mediación familiar para aplicar a menores a los que por la naturaleza de su conducta delictiva, sus características personales y familiares así lo aconsejen.

G - Actividades culturales y recreativas. La entidad concertada programará y desarrollará actividades con menores potenciando la participación de éstos en actividades de ocio y tiempo libre. Para ello podrá establecer acuerdos de colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro que fomenten actitudes de naturaleza altruistas y colaborativas.

H - Seguridad. La entidad concertada dispondrá de las necesarias medidas de seguridad tanto en personal como en cuanto a equipamiento. Así mismo estará obligada a trasladar a los/as menores desde el juzgado al centro para el inicio de la medida, cuando se trate de medidas de internamiento en régimen abierto.

En ningún caso, la entidad concertada podrá contratar, arrendar o ceder la ejecución de los servicios esenciales objeto del concierto, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 bis.8 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

2. Servicios complementarios.

Al igual que los servicios esenciales, el centro de internamiento proporcionará los siguientes servicios complementarios que seguidamente se relacionan, siendo todos ellos de obligado cumplimiento por parte de la entidad concertada.

A. Limpieza y lavandería: Se garantizará la limpieza y el mantenimiento de los espacios y de la ropa tanto de uso personal como del centro.

B. Alimentación. Deberán confeccionarse los menús garantizando el aporte calórico y nutritivo adecuado, igualmente se elaborarán dietas especiales en función de las necesidades de salud de los/as menores internos y habrá de respetarse en la confección de los mismos la cultura y religión de los/as menores. Los menús deberán ser confeccionados por personal especializados (nutricionistas o equivalentes). A los/as menores internados se les servirán cinco comidas diarias: desayuno, almuerzo de media mañana (en su caso si fuese necesario para llevar al centro escolar, instituto, etc.), comida principal, merienda y cena, ajustados a las diferentes etapas evolutivas.

C. Vigilancia del Centro/ Control de accesos: El Centro adoptará las medidas adecuadas para garantizar la vigilancia del Centro y de las personas que lo utilicen, tanto los/as menores atendidos como profesionales y visitantes. A tal efecto, dispondrá de guardias de seguridad en los controles de acceso y perímetro del centro con un mínimo de 42 horas diarias de seguridad para centros entre sesenta y ochenta menores.

D. Mantenimiento del centro: la entidad concertada garantizará las perfectas condiciones de uso del edificio, sus instalaciones y servicios mediante el adecuado mantenimiento de los mismos.

E. Traducción/Interpretación: la entidad concertada garantizara que tanto los/las menores como sus familias sean atendidos, informados, oídos y escuchados sin discriminación alguna, por nacionalidad u origen, pudiendo acceder a la información en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.

Los servicios complementarios podrán ser prestados por personal propio o externalizados. En el caso de subcontratación del servicio con una empresa, la entidad concertada deberá presentar a la Consejería competente en materia de reforma de menores el contrato suscrito, en el plazo de 15 días desde su firma. Igualmente deberá presentar en el mismo plazo cualquier modificación que se produzca de dicho contrato.

En relación al servicio de alimentación se deberá disponer de la pertinente autorización de salud alimentaria, tanto la entidad concertada, como la empresa subcontratada, en su caso.

Cuarta: Funcionamiento del centro de internamiento

1. Horario y calendario.

El Centro estará abierto y cubrirá la atención de menores internos durante veinticuatro horas al día, todos los días del año, con el personal mínimo especificado en este documento.

En el Centro habrá un horario por el que se regulen las diferentes actividades y el tiempo libre. Dicho horario se ajustará a lo siguiente:

a) Ha de garantizar un mínimo de ocho horas diarias de descanso nocturno y dos horas al aire libre.

b) El establecimiento de horarios debe hacerse de acuerdo a las necesidades de cada menor residente en el Centro y del programa de intervención, debiéndose adaptar a éstas los turnos del personal que trabaja en el mismo.

c) Los tiempos de visitas y de recepción o emisión de llamadas, estarán por lo general sujetos a los horarios generales del Centro, respectando la formación escolar o formativa del menor.

La Entidad Concertada establecerá, de forma motivada, la relación de actividades de la vida cotidiana que pueden ser objeto de horario individual y, por ello, no estar sometidas a los horarios generales, en función de su PIEM o MII (Proyecto Individual de Ejecución de la Medida o el Modelo Individual de Intervención), edades y características de las personas residentes (generalmente serán las relacionadas con el tiempo dedicado a formación, ocio y tiempo libre, a las horas de sueño, al aseo personal, a tratamientos, etc.).

Los horarios de funcionamiento del Centro: diario, festivo, de verano o de invierno serán aprobados por la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores y formarán parte de las normas de funcionamiento interno del Centro. Estos horarios se podrán modificar por la dirección del Centro cuando se considere conveniente. La propuesta de modificación de horarios será sometida a la aprobación de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores.

2. Régimen de funcionamiento.

La Entidad Concertada deberá tener establecidos y plasmados documentalmente los siguientes procedimientos:

• Procedimiento de ingreso en el Centro.

• Procedimiento de salida del Centro (libertad definitiva, pase a medida judicial de libertad vigilada...).

• Procedimiento sancionador.

• Procedimientos en relaciones con el exterior (visitas, salidas y permisos)

Las medidas judiciales a ejecutar en el centro, a efectos del desarrollo de la actuación educativa institucional, se estructuran en tres etapas:

1.- Etapa de acogida

2.- Etapa de desarrollo.

3.- Etapa de des internamiento.

La entidad concertada, deberá poseer los siguientes documentos y líneas de actuación para un mejor funcionamiento del centro de menores privados de libertad:

2.1. Plan Anual.

La entidad concertada deberá disponer de un Plan Anual que remitirá al Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores, el cual revisará y enviará de nuevo al comienzo de cada año, de acuerdo con las características de los/as menores atendidos/as, donde se establezcan y planifiquen las prioridades a corto y medio plazo, los objetivos, metodología, calendarios de actividades programadas, previsión de recursos y sistema de evaluación.

La Entidad Concertada elaborará una Memoria (cuantitativa y cualitativa) de Gestión con periodicidad anual, que será presentada dentro del primer trimestre del siguiente año natural, que recoja el número total de menores atendidos, en función del sexo, de su edad, de su nacionalidad y de su procedencia geográfica, así como actuaciones realizadas en los ámbitos sanitarios y de la salud, socio familiares, psicológico/psiquiátrico, ámbito escolar, ámbito pre laboral/laboral, de inserción socio laboral, ámbito deportivo, ámbito de ocio y tiempo libre, ámbito de participación de los/as menores y una evaluación de los aspectos previstos en el Plan Anual.

2.2. Proyecto Educativo de Centro.

En el que se señalen los principios sociales y educativos globales del mismo, los objetivos generales, el sistema de intervención psicopedagógica, los criterios para desarrollar una metodología de grupos educativos, así como los recursos disponibles para su ejecución. Este proyecto deberá ser aportado por la entidad concertada y remitido al Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores.

2.3. Reglamento de Régimen Interior del Centro (R.I.C.).

El Reglamento de Régimen Interior es el instrumento básico para el funcionamiento y organización del centro, que deberá recoger la conjunción del carácter educativo-sancionador, la organización y el régimen de normas de convivencia, teniendo en cuenta el capítulo IV del Reglamento de la LORRPM y demás articulado referente a los derechos y deberes de menores y sobre el funcionamiento del centro.

A la firma del concierto social, o en todo caso en un periodo no superior a 3 meses, la entidad concertada deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del Reglamento de Régimen Interior del Centro a lo establecido en el presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas a la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores y una vez aprobadas, el Reglamento de Régimen Interior deberá ser visado por el órgano competente en materia de Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Las normas de Régimen Interior del Centro serán conocidas por los/as menores ingresados en centro, disponiendo de una copia del mismo, así mismo se exhibirá el RIC en el tablón de anuncios, garantizando así su publicidad.

2.4. Libros de registros e incidencias.

La entidad concertada deberá tener elaborados, mantener actualizados y remitir al Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores de la Consejería competente en materia de reforma de menores, cuando se le requiera por la misma, los siguientes documentos:

• Registro de ingresos y bajas

• Registro de incidencias

• Libro de registro de expedientes disciplinarios incoados

• Registro de medicación administrada

• Registro de visitas familiares del Centro

• Registro de visitas institucionales

• Proyecto Educativo del Centro

• Reglamento de Régimen Interno del Centro

• Registro de quejas y peticiones de menores internos o sus familiares

• Plan Anual

Se dispondrá de un libro paginado, organizado según la estructura y funcionamiento del centro, donde se registren las incidencias y acontecimientos diarios que sean de especial relevancia en las áreas sanitaria, psicoeducativa y social, donde conste la fecha, hora, personal presente, descripción del hecho y firma del/la profesional que la refleje.

Con independencia del libro de registro de menores privados de libertad, el centro dispondrá durante la ejecución de la medida la siguiente información actualizada:

• Expediente administrativo: datos personales y familiares; registro individualizado de incidencias ocurridas durante la prestación del servicio.

• Historia sanitaria: historia clínica, diagnósticos, prescripción médico-farmacéutica, analíticas, escalas de valoración, pruebas diagnósticas y evolución clínica, evaluación de la autonomía.

• Historia psicopedagógica: historia escolar, informes psicopedagógicos, diagnósticos, pruebas utilizadas, escalas de valoración, programas de intervención terapéutica.

• Historia social: informes sociales, información socio-familiar y del entorno, redes de apoyo (familiar, vecinal, profesionales públicos, instituciones), programas de intervención social.

• Historia de las Sentencias firmes dictadas: trayectoria de su carrera delictiva, delimitación de las necesidades criminógenas o factores de riesgo de la conducta delictiva, factores de protección o compensadores, tanto estáticos como dinámicos que permitan tener una evaluación de riesgo precisa.

2.5. Hojas de reclamaciones.

Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado, así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de los/as menores ingresados/as en centros y sus familiares, de las que, una vez presentada la reclamación, se enviará copia a la Inspección de Servicios Sociales, de acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia a la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores.

El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición de los/as menores y sus familiares”. Este cartel estará situado en el tablón de anuncios en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias, debiendo estar elaborado con letra legible y de un tamaño que permita su perfecta visibilidad.

2.6. Libro-Registro.

Existirá asimismo un Libro-Registro de menores ingresados en el que deberá constar de forma ineludible: número de residente, número de expediente como usuario del centro, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, fecha de alta, D.N.I. y número de la Seguridad Social, motivo del ingreso, nombre, apellidos, dirección y teléfono de familiares y parentesco, dirección y teléfono, fecha de baja, causa o motivo de la baja y observaciones.

Este Libro-Registro, que deberá ser visado por el órgano competente en materia de Registro de entidades, centros y servicios sociales, podrá tener formato informático, siempre que se respeten las disposiciones sobre protección de datos de carácter personal establecidas en la legislación vigente.

La apertura de tal Libro-Registro será competencia exclusiva del/de la director/a del Centro, al igual que su custodia.

2.7. Tablón de anuncios.

El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial concurrencia de los/as menores y familiares, en el que deberán quedar expuestos, como mínimo:

• Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

• Organización horaria de los servicios generales que se prestan.

• Organigrama del Centro y nombre de las personas responsables de los diferentes Departamentos.

• Aviso de la disponibilidad de Hojas de Reclamaciones y sobre el derecho de reclamar directamente ante el/la responsable directo/a de cualquier Departamento.

• Calendario de actividades y su concreción diaria, semanal, mensual o anual.

• Horario de atención a familiares por parte de la Dirección del Centro y del resto de profesionales del Equipo Técnico.

• Instrucciones para casos de emergencia con especificaciones para el personal del Centro y personas usuarias.

• Programación dietética del Centro y concreción semanal, quincenal o mensual de menús, firmada y sellada por el/la profesional competente.

• Reglamento de Régimen Interior del Centro.

2.8 Órganos de participación de los/as menores internos/as.

Se garantizará la participación de los/as menores de edad internados en la elaboración de su Programa Individualizado de Ejecución de Medida (PIEM), así como en la organización y funcionamiento de los servicios, mediante los órganos de representación que se determinen con la Entidad Pública.

2.9. Expediente personal único.

La Entidad Pública abrirá un expediente personal único a cada menor, en el que constarán todas las resoluciones judiciales e informes técnicos relativos a la ejecución de las medias, de acuerdo al artículo 48 de la LORRPM, y al artículo 12 del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio.

Especial mención de este artículo 12, en su punto 4, sobre los profesionales que intervengan en la ejecución de la medida, pertenecientes a otras entidades públicas o privada con las que se hayan establecido convenios o acuerdos de colaboración, que podrán acceder al fichero informático dependiente de la entidad, cuando así lo autorice ésta y se mantenga la preceptiva confidencialidad. En cualquier caso, una vez finaliza la medida de internamiento, el centro debe remitir toda la información generada con respecto a la ejecución de la medida sobre el menor o su familia, o en cualquier caso destruir dicha información previa notificación a la Entidad Pública.

La entidad concertada deberá incorporar los modelos de presentación de informes que la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores le proporcione, en concreto:

a) Modelo Individualizado de Intervención.

b) Programa Individualizado de Ejecución de Medida.

c) Informe de Seguimiento de la Medida Judicial.

d) Informe final de la Medida judicial.

e) Otros informes extraordinarios de incidencias o comunicación.

Durante la ejecución, la entidad concertada deberá elaborar y remitir a la unidad administrativa de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores de la Entidad Pública los documentos individualizados anteriormente citados en los plazos que estén estipulados por Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores y su Reglamento, para su supervisión, validación y remisión a los órganos judiciales correspondientes, a la vez que son incorporados al expediente único del menor.

La entidad deberá garantizar que las medidas tengan un carácter primordial de intervención educativa del menor dirigida fundamentalmente a superar los factores de riesgo que fomentan y mantienen las conductas delictivas y que han motivado su ingreso en un centro de menores privados de libertad, teniendo en cuenta el interés superior del menor.

Se utilizarán instrumentos de valoración del riesgo para la evaluación de las necesidades criminógenas, como son: IGI-J, SAFROF: YV, ERASOR y FRIDA (o cualquier otro con respaldo empírico y que estén avalados por la entidad pública), la evaluación de riesgo realizada se quedará reflejada en el PIEM señalando el nivel específico. A partir de esta valoración se diseñarán los objetivos de la intervención y las actuaciones concretas o para superar los distintos factores de riesgo. Se utilizarán los instrumentos de determinación más adecuadas que existen en la actualidad, y además se acoplaran adecuadamente a los niveles de intervención que se requieran.

2.10. Protocolos de actuación.

La entidad concertada deberá disponer de los protocolos para dar respuesta a situaciones específicas que se producen o se puedan producir dentro del centro bien sean éstas cotidianas o sobrevenidas, en ellos deben especificarse los objetivos que persiguen y el proceso y/o pautas concretas a seguir en cada uno, su redacción definitiva se ultimará bajo la supervisión de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores.

• Protocolo de acogida y observación

• Protocolo de valoración funcional

• Protocolo de movilidad en transporte público

• Protocolo de gestión sanitaria

• Protocolo de enfermedades infecto-contagiosas y/o actuación ante pandemias víricas

• Protocolo de actuación ante el ingreso de una persona menor con graves síntomas de intoxicación

• Protocolo de administración y seguimiento de medicamentos

• Protocolo de integración y seguimiento escolar

• Protocolo de actuación ante incidencias graves y/o muy graves

• Protocolo de actuación ante incautación de objetos peligrosos

• Protocolo de actuación ante situaciones de crisis y/o conflicto y conductas agresivas

• Protocolo de actuación ante la necesidad de contención física

• Protocolo de actuación ante incidencias familiares

• Protocolo de actuación ante enfermedad grave y/o ingreso hospitalario

• Protocolo de traslado de centro

• Protocolo de visitas y contactos familiares

• Protocolo de preparación e integración laboral

• Protocolo de atención a menores LGTBI.

• Protocolo de prevención del suicidio y/o conductas auto lesivas.

• Protocolo de intervención ante el ingreso de menores embarazas y/o durante el internamiento.

• Protocolo de ingreso de madres con hijos/as menores

• Protocolo de Actuación ante la comunicación el fallecimiento de un familiar a una persona menor internada en el centro.

• Protocolo de elaboración del duelo y fallecimiento.

• Protocolo de quejas y reclamaciones de menores y/o familiares

• Protocolo de actuación ante el ingreso de varios menores de una misma unidad familiar

• Protocolo de Actuación ante un altercado grave en el desarrollo de una visita familiar

• Protocolo de intervención y protección de menores que hayan cometido un delito que genere grave alarma social

• Protocolo de denuncias y actuaciones en situaciones de fuga y no retorno

• Protocolo de Actuación del Equipo de seguridad en situaciones de incidentes desde el exterior del centro

• Protocolo de cumplimiento de Sanciones de separación de grupo

• Protocolo de actuación ante una emergencia o accidente durante una salida al exterior del centro

• Protocolo de actuación en el proceso de Ramadán

• Protocolo de atención religiosa

• Protocolo de actuación ante la detección del posible maltrato familiar hacia la persona menor en las salidas y permisos.

• Protocolo de actuación ante menores que se encuentra a la vez con una medida de protección de menores.

• Otros protocolos de interés

2.11. Programas de intervención con menores infractores.

La entidad concertada deberá elaborar al menos los siguientes programas, tanto de intervención/tratamiento general como específica.

A) Programas Educativos de Intervención general.

Algunos de los Programas Educativos de Intervención general son:

• Programa de formación reglada conforme con el proyecto educativo del centro docente público al que estén adscritos.

• Programa de conocimiento y habilidades de acceso a TIC

• Programa de formación profesional ocupacional e inserción laboral.

• Programa de competencia psicosocial. Un programa de hábitos básicos y habilidades domésticas.

• Programa de educación de hábitos saludables.

• Programa de prevención y abordaje de los problemas asociados al consumo de drogas.

• Programa de Entrenamiento en Habilidades para afrontar el internamiento

• Programa de educación afectivo sexual.

• Programa de tutoría.

• Programa de refuerzo en el entorno familiar.

• Programa de cultura, tiempo libre y ocio.

• Programa de mediación cultural y por la diversidad

• Programa motivacional y refuerzo de la expectativa de logro.

• Programa de entrenamiento en habilidades básicas en las nuevas tecnologías y redes sociales

• Programa de educación física y deporte.

B) Programas de Intervención Específicas.

En la actualidad disponemos de suficiente conocimiento basado en la evidencia para poder especificar que algunos menores ingresados en los centros marcan una diferencia con la media común del resto y requieren de actuaciones específicas:

• Programas de intervención para menores que han cometido delitos contra la libertad sexual.

• Programa de intervención para menores que han cometido un delito de violencia de género.

• Programa de intervención para menores que han cometido delito de odio.

• Programa para menores pertenecientes a grupos juveniles violentos.

• Programa de agresores en el entorno familiar o de violencia paterno-filial.

Quinta: Locales y equipamientos

En aras a lograr una mejor atención y una mayor seguridad tanto de menores como de profesionales que les atienden y en base a la adecuada integración de los menores en su entorno y al trabajo con los mismos, y de acuerdo con el artículo 54.3 de la LORRPM y el artículo 53.1 del su Reglamento, el centro estará dividido en módulos adecuados a la edad, madurez, necesidades y habilidades sociales de menores internados. Al menos dispondrá de dos módulos aislados uno de otro, pudiendo compartir servicios comunes como cocina, lavandería y seguridad, pero deberán permitir todas las actividades tanto cotidianas como formativas de forma autónoma uno de otro.

Dispondrá de una zona administrativa destinada a oficinas y despachos en los cuales se llevará a cabo la praxis administrativa, de gestión y de control de las distintas áreas del Centro. La zona administrativa del Centro debe contar con los despachos o salas donde se puedan desarrollar entrevistas con los/as menores y visitas familiares. La Entidad concertada deberá poseer todos los enseres y mobiliario necesario de la zona administrativa.

El centro deberá estar enclavado dentro de la Comunidad Autónoma de Murcia para garantizar lo establecido en la Ley Orgánica 5/2000 (artículos 46.3, y 56.2 e), dotado de zonas deportivas, de ocio y formativas, y contar con eficaces medidas de contención físicas, al menos una valla perimetral culminada con seguridad. Los edificios deberán ser adecuados y debidamente equipados para la atención de menores y acreditados para tal fin por el Órgano competente de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. También deberán disponer de medios humanos (responsables, técnicos, personal educativo y de servicios) suficientes y en el número y condiciones que se establece en este acuerdo de concierto social.

La entidad concertada deberá acreditar la disposición de la infraestructura y equipamiento necesarios para la prestación de los servicios, adecuándose a las características de los/as menores privados/as de libertad. En concreto, la entidad concertada deberá acreditar la titularidad del centro o su disponibilidad por cualquier título jurídico válido por un período no inferior a la vigencia del concierto, conforme a lo previsto en el artículo 25 quater c) de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Dicho centro deberá estar debidamente autorizado a la puesta en funcionamiento de la actividad por el Servicio de Inspección, Registro y Régimen Sancionador de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II del Decreto 3/2015 de 23 de enero.

Asimismo, serán de obligado cumplimiento las disposiciones estatales, autonómicas y locales que le sean de aplicación, especialmente en lo referido a accesibilidad en espacios públicos y edificación, supresión de barreras en el transporte y la comunicación; sanidad, salud pública y reglamentación de comedores colectivos; instalaciones eléctricas, térmicas y de gases combustibles; eliminación de residuos; protección contra incendios, evacuación de edificios y prevención de riesgos laborales; pólizas de seguro con cobertura sobre continente, contenido y responsabilidad civil, sin perjuicio del cumplimiento del resto de legislación aplicable.

En la señalización exterior del centro figurará el Símbolo de la Red Pública de Servicios Sociales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 58/1990, de 26 de julio, (BORM 8 de agosto 1990) y demás normativa de desarrollo aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de identidad visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del propio centro, en el plazo de un mes desde la firma del concierto social.

El centro deberá cumplir las siguientes condiciones generales:

• Los accesos deberán estar adecuados para la atención de posibles menores con algún tipo de discapacidad física.

• Aseo adaptado para personas con movilidad reducida.

• Los escalones estarán dotados de bandas antideslizantes.

• Las escaleras estarán protegidas con barandillas para evitar riesgos innecesarios.

• Las rampas interiores serán de fácil visibilidad y estarán dotadas de suelo antideslizante.

Igualmente, el centro se podrá dividir en áreas de atención cuando sea necesario en función de las necesidades sanitarias (p.e: zona preventiva, zona limpia, zona covid, etc.), debiendo seguir las recomendaciones e instrucciones que reciban de las autoridades sanitarias y/o de la Dirección General competente en materia de protección de menores en cuanto a la organización de los centros, especialmente las relativas a higienización, sectorización, establecimiento de controles de paso, cuarentenas y organización de turnos de trabajo.

Los medios materiales para la ejecución del objeto de este concierto estarán a cargo de la entidad concertada, y consistirán básicamente en:

1. El equipamiento y mobiliario suficiente para la realización de las tareas objeto del concierto, así como gastos de reposición de daños materiales tanto del equipamiento como del inmueble.

En concreto:

• El mobiliario del centro deberá ser adecuado y consecuente con las edades y características de los/as menores atendidos/as.

• Al menos el cincuenta por ciento de las habitaciones deberán ser individuales.

• En los dormitorios, cada menor dispondrá, como mínimo, de una cama, armario ropero. Las habitaciones no deberán ser compartidas por más de tres menores, salvo casos excepcionales.

• Se dispondrá de un espacio adecuado para el estudio de los/as menores.

• Se dispondrá de un botiquín completo para primeros auxilios, con un uso restringido de acceso a medicamentos.

2. Los equipos informáticos que permitan tanto la elaboración de cualquier documento necesario para el desarrollo del objeto del concierto, como el mantenimiento de bases de datos que se requieran y la realización de cualquier tarea administrativa relacionada con la ejecución del servicio, así como para el acceso de las personas menores de edad a la formación y/o actividades telemáticas que sean necesarias o adecuadas en función de su edad y las circunstancias.

3. El centro concertado deberá contar con los siguientes planes generales:

• Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

• Plan de Emergencia, y Evacuación que estará disponible en el centro de trabajo.

• Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombre y mujeres en ámbito de la entidad concertada.

• Plan de actuación ante emergencias infecto-contagiosas o en caso de declaración de pandemia.

(Cláusula modificada por la Orden por la que se modifica el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de internamiento dictadas por los jueces de menores y por la que se determina el importe de las mismas)

Sexta: Personal

De acuerdo con el principio de profesionalización, todo el personal del centro deberá tener la debida titulación académica reglada, y en los casos en que ésta no sea obligatoria, deberá acreditar suficientemente su cualificación profesional, debiéndose dar la idoneidad y adecuación de los perfiles profesionales del personal a las necesidades de las personas usuarias. Asimismo, la entidad concertada garantizará la formación continuada del personal.

El personal del centro habrá de acreditar ante éste el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A este efecto aportará al centro una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, relativa a la carencia de antecedentes penales por condena mediante sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. Si los/as trabajadores/as fueran de origen extranjero o tuvieran otra nacionalidad, además deberán aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de donde sean nacionales, traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacionales existentes, respecto de los delitos a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.

El centro contará con el personal suficiente para dar la cobertura adecuada a las áreas de Gerencia y/o Dirección Técnica, Administración y Servicios, incluyéndose en esta última área el personal que realice funciones de transporte, limpieza, cocinas y comedores, mantenimiento y vigilancia, sea este personal de la entidad concertada o de empresa externa. Asimismo, las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal de la entidad concertada, cualesquiera que sean las causas de éstas, serán debidamente suplidas por dicha entidad concertada con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del concierto. Deberán ser notificadas a la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores todas las incidencias que estas sustituciones generen.

Para prestar la atención que requieren los/as menores privados/as de libertad atendidos en el centro, éste dispondrá tanto de personal de atención directa como de personal técnico cualificado para el desarrollo de los Programas Individualizados de Ejecución de Medida de cada menor, así como de cualquier otro que sea necesario para el buen funcionamiento del mismo. En todo caso, deberá estar adecuadamente cubierta la atención directa diaria de los/as menores internados/as durante su permanencia en el centro. Estos profesionales prestarán los servicios propios de su categoría profesional, bajo la dirección del/de la directora/a del Centro, en cualquier caso.

Las ratios establecidas derivan del estudio realizado por parte del personal técnico de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores, y son las mínimas que garantizan la atención adecuada de menores.

Si el número de menores variara respecto a lo previsto en el inicio del concierto, se tendrían en cuenta las ratios establecidas en el presente acuerdo para calcular el número de profesionales y el número de horas de atención semanal de cada uno/a de ellos.

Los/as profesionales que la entidad concertada destine a la ejecución de los trabajos, objeto del concierto, dependerán exclusivamente de la misma, ejerciendo la entidad concertada todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleadora de aquellos; por tanto, la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia será ajena a las relaciones laborales que por tal motivo pudieran generarse, actuando únicamente como órgano que concierta.

La entidad concertada procurará que exista la máxima continuidad de los/as profesionales, con el fin de facilitar a los/as menores, que los/as tutores/as de referencia sean estables y con los/as que puedan mantener pautas enriquecedoras de comunicación social y afectiva. En caso de sustituciones posteriores del personal exigido en este acuerdo, los/as nuevos/as profesionales que se incorporen a la prestación del servicio, deberán estar en posesión de las titulaciones académicas o certificaciones y de los requisitos exigidos en este apartado, previa afectación y bajo la supervisión del responsable del concierto.

Los convenios con entidades o centros educativos para realización de prácticas en el centro deberán comunicarse y contar con la correspondiente autorización de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores.

La entidad concertada será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle, así como de las consecuencias que se produzcan para la Administración o para terceros de las comisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del concierto.

En la ejecución del concierto, la entidad concertada quedará obligada, con respecto al personal que emplee en la gestión de la prestación objeto del concierto, al cumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de legislación laboral y Seguridad Social, así como de las que se puedan promulgar durante dicha ejecución.

El/la director/a del centro mantendrá una permanente y fluida relación de comunicación e información con la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores y la unidad administrativa de ésta que desarrolle dicha función.

El personal exigido en el presente concierto está destinado a garantizar la atención de forma exclusiva en adecuadas condiciones de calidad a las y los menores que ocupen las plazas, cuyo número se indica en el objeto de este acuerdo, a través de las cuales se hacen efectivas la ejecución de medidas judiciales de menores en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Si por necesidades ajenas a esta Administración, la entidad concertada permite la asistencia de otros menores no incluidos en el presente acuerdo, deberá garantizar durante toda la vigencia del concierto que la atención al resto de menores se produce con recursos personales ajenos a los del presente concierto.

1. Personal requerido para el funcionamiento del centro:

Teniendo en cuenta el número de menores y el tipo de medida y para ofrecer una atención residencial individualizada y de calidad, la entidad concertada para prestar los servicios exigidos de manera integral, contará como mínimo con la siguiente plantilla de personal y con las ratios que figuran a continuación:

a) Dirección y Coordinación

*1 Director

*1 Subdirector (en centros con más de 30 menores deberá haber 2 subdirectores)

*Coordinador (0,10 por cada menor en centro)

 

b) Personal Técnico cualificado

*Psicólogo (0,05 por menor)

*Trabajador Social (0,05 por menor)

*Médico (0.006 por menor)

*Psiquiatra (0,004 por menor)

*D.U.E. (0,006 por menor)

 

c) Personal Socioeducativo

*Educador Social (0,52 por menor)

*Auxiliar Educativo (0,26 por menor)

(Apartado modificado por la Rectificación de errores de la Orden de 2 julio que modifica la que se modifica el Modelo de Acuerdo de Concierto Social para la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de internamiento dictadas por los jueces de menores y por la que se determina el importe de las mismas)

d) Auxiliar de Control Educativo (0,43 por menor)

2. Perfil de los profesionales.

Teniendo en cuenta la Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores, especialmente el Anexo 1 “Competencias generales de los puestos de trabajo y cualificaciones de referencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones”, y sin perjuicio de las modificaciones producidas por la aprobación de posteriores convenios colectivos, se establecen los siguientes perfiles profesionales:

Perfil Director/a: Estar en posesión de una titulación mínima de Diplomatura, Licenciatura o Grado. Deberá acreditar una experiencia contrastada de, al menos, 5 años de actividad profesional con menores infractores.

Perfil Subdirector/a: Estar en posesión de una titulación mínima de diplomatura, licenciatura o grado en las áreas psicológica, pedagógica o socio-educativa, y acreditar una experiencia contrastada de, al menos, 3 años de actividad profesional con menores infractores.

Perfil Coordinador/a: Estar en posesión de una titulación mínima de diplomatura o grado universitario preferentemente en las áreas psicológica, pedagógico o socio-educativa, y acreditar una experiencia contrastada de, al menos, dos años de actividad profesional con menores infractores.

Perfil médico/a: Estar en posesión del título de médico y un año de experiencia con menores infractores.

Perfil Psiquiatra: Estar en posesión del título de psiquiatra y un año de experiencia con menores infractores.

Perfil Psicólogo/a: Estar en posesión del título de Licenciado o poseer el Grado de Psicología, y un año de experiencia con menores infractores.

Perfil Pedagogo/a: Estar en posesión del título de Licenciado o poseer el Grado de Pedagogía, y un año de experiencia con menores infractores

Perfil Trabajador/a Social: Estar en posesión del título de Diplomado o Grado en Trabajo Social, y un año de experiencia con menores infractores.

Perfil Personal Socioeducativo:

*Educador Social: Estar en posesión del título en Diplomado o Grado en Educación Social o Habilitación, y un año de experiencia con menores infractores.

*Auxiliares Educativos: Estar en posesión de la titulación en ESO o equivalente, y poseer, al menos, tres años de experiencia en trabajo con menores infractores.

Perfil de Auxiliar de Control Educativo: Estudios mínimos de ESO o equivalente.

Las titulaciones de todo el personal anteriormente relacionado se acreditará mediante la presentación de las titulaciones o certificaciones correspondientes en el caso del Grupo profesional 3 regulado en el artículo 27.4 del III Convenio Colectivo.

A partir de la firma de este concierto social no podrán formalizarse nuevas contrataciones con el puesto de trabajo de educador/a, siendo éste un puesto de trabajo a extinguir, de conformidad con la disposición final primera del III Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores. No obstante lo anterior, y de acuerdo con la citada disposición transitoria quinta del mencionado III Convenio Colectivo, el personal de la entidad concertada que a la firma del presente concierto poseyera la categoría profesional de educador/a o viniera desempeñando las funciones principales asignadas a dicha categoría podrá seguir ocupando su puesto de trabajo en los términos establecidos por el Convenio colectivo de aplicación, de modo que se garantice la continuidad en la prestación del servicio y del vínculo establecido con los/as menores internados/as.

3. Turnos y horarios del personal del centro

El servicio se prestará todos los días del año con la siguiente cobertura mínima y distribución por turnos:

• Director: jornada de mañanas.

• Subdirectores: jornada de mañanas y/o tardes.

• Coordinadores: jornada de mañanas, jornada de tardes y jornada de fin de semana.

• Psicólogo: jornada de mañanas y/o tarde

• Pedagogo: jornada de mañanas y/o tardes

• Trabajador Social: jornada de mañanas y/o tardes

• Diplomado universitario en enfermería: jornada de mañanas

• Médico: a demanda.

• Psiquiatra: a demanda

• Personal educativo:

- Turno de mañanas. -

- Turno de tarde. -

- Turno de Fin de Semana. -

- Turno de noche. -

• Auxiliar de Control Educativo: jornadas de mañanas, jornadas de tarde, jornadas de fin de semana y jornadas de noche.

• Vigilantes de Seguridad: jornada de mañanas, jornada de tardes y jornada de fin de semana.

(Cláusula modificada por la Orden por la que se modifica el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de internamiento dictadas por los jueces de menores y por la que se determina el importe de las mismas)

Séptima: Importe de las plazas. Cuantía del concierto social. Liquidación de estancias

1. Estimación de costes

La estimación de los costes se realiza teniendo en cuenta la relación que guardan con la prestación del servicio objeto del concierto, distinguiendo entre costes directos e indirectos, tomando como referencia las variables y referencias que a continuación se relacionan:

El pago se efectuará con cargo a la partida presupuestaria 51.02.00.313Q.260.01, código de proyecto XXXXXX, de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El gasto correspondiente a los meses de diciembre, se justificará en la fecha que se determine anualmente a través de una declaración estimativa de la ocupación del centro que se compensará, en su caso, en el primer mes del ejercicio siguiente.

4. Liquidación de estancias por la entidad concertada

La Dirección del Centro, dentro de los 5 días naturales del mes siguiente al devengado, remitirá, a la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores, certificación nominal de personas internadas. En esta liquidación se especificarán los/as menores internos/as en el centro y los días que han permanecido en el mismo, indicando el número de plazas ocupadas y el número de plazas no ocupadas para poder determinar la cantidad a abonar.

El certificado emitido por el/la Director/a del Centro será conformado por funcionarios de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores en orden a, de acuerdo con los datos y documentos obrantes en dicha Dirección General, comprobar la correcta liquidación a realizar. No obstante, lo anterior no impedirá la verificación a posteriori de los datos certificados por la Dirección del Centro.

La Dirección del Centro deberá comunicar a la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores las altas y bajas de las personas beneficiarias en un plazo máximo de tres días naturales desde que éstas se produzcan.

Las facturas se presentarán en un Registro Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en la materia, y cumplirá los demás requisitos establecidos en la normativa de aplicación.

Octava: Compromisos de las partes

1. Por parte de la Consejería competente en materia de reforma de menores

La Consejería competente en materia de reforma de menores, además de las obligaciones recogidas en el artículo 15 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, se compromete a:

1) La financiación del importe de las plazas sin que, en ningún caso, pueda superarse la cuantía del presente concierto social que se determine con base en los importes por plaza recogidos en la cláusula novena.

2) Ceder a la entidad concertada los datos de carácter personal, que obrando en sus ficheros, correspondan a las personas que sean usuarias de las plazas y que a tal efecto, hayan sido recabados, cediéndose dichos datos con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento al objeto de este concierto social, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha gestión. Los datos cedidos por la Consejería competente en materia de reforma de menores estarán sometidos a la regulación contenida en la normativa vigente en materia de protección de datos.

3) Proporcionar a la entidad concertada una aplicación informática que será de uso obligatorio por ésta para la gestión de las plazas incluidas en el presente concierto social y/o de los expedientes administrativos relativos a menores.

4) Realizar el seguimiento de la prestación objeto del concierto social.

5) Elaborar instrucciones y/o circulares de cuantos aspectos se considere oportuno en torno a la ejecución de las medidas y el funcionamiento del centro, al objeto de unificar criterios de intervención.

2. Por parte de la entidad concertada

La entidad concertada, además de las obligaciones recogidas en el artículo 14 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, se compromete a:

1) Prestar el servicio objeto de este concierto social según lo establecido en las cláusulas del mismo y en la legislación vigente en materia de reforma de menores, observando especialmente los aspectos relativos a los derechos de menores.

2) No cubrir las plazas financiadas mediante este concierto social que resulten vacantes e informar a la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores de dicho extremo.

3) Presentar la liquidación mensual con certificado de la dirección del centro, de acreditación de estancias en la forma y plazos señalados en la cláusula novena del presente concierto social.

4) Designar a una persona responsable del Centro que colabore e informe de todas aquellas cuestiones, relativas a este concierto social, a solicitud de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores.

5) Presentar, en el plazo máximo de tres meses desde la finalización de cada anualidad de vigencia del presente concierto social, una memoria técnica de seguimiento del desarrollo del servicio durante el ejercicio anterior.

6) Aportar copia de los contratos de trabajo de los/las profesionales en el plazo de 15 días desde la formalización del concierto social, así como copia de los contratos que se formalicen con posterioridad a dicha fecha.

7) A la señalización exterior del centro financiado mediante este concierto, de acuerdo con el Decreto 58/1990, de 26 de julio, (BORM 8 de agosto 1990, n.º 182) del Símbolo de la Red Pública de Servicios Sociales (BORM 8 de agosto 1990, n.º 182), y demás normativa de desarrollo de dicho Símbolo.

8) En caso de emergencia sanitaria, la entidad concertada utilizará para efectuar el traslado y acompañamiento, los medios y recursos del sistema de Salud que corresponda.

9) Notificar a la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores las incidencias que surjan en el Centro.

10) Comunicar a la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores en el plazo de tres días naturales desde su producción aquellas incidencias que considere de especial relevancia en la atención a los/as menores internados/as en el Centro, especificando en observaciones los hechos ocurridos, así como las intervenciones realizadas al respecto por el centro. Esta especial consideración tendrá así mismo los retornos y fugas o desapariciones de personas usuarias, que también habrán de ser comunicadas inmediatamente a los Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía de Menores y al Juzgado de Menores correspondiente.

11) Mantener cubiertos los costes de reposición en caso de siniestro total o parcial de la infraestructura del centro, mediante la suscripción de los oportunos contratos con entidades aseguradoras.

12) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de la prestación objeto de concierto social, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración, para lo cual ha de tener suscrita la correspondiente póliza de responsabilidad civil con entidad aseguradora.

13) Utilizar las herramientas informáticas para la gestión administrativa y técnica del concierto social, que se establezca desde la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores y se consideren de uso obligatorio.

14) Guardar secreto profesional y aplicar el código deontológico en todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del concierto social, estando obligada a no difundir, en forma alguna, los datos que conozca como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo del concierto social. La entidad concertada deberá cumplir lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Protección de Datos, debiendo formar e informar a su personal de las obligaciones que derivan de la misma.

(Cláusula modificada por la Orden por la que se modifica el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de internamiento dictadas por los jueces de menores y por la que se determina el importe de las mismas)

Novena: Seguimiento del concierto social

Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el personal técnico de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores podrá visitar el Centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este concierto social.

Con este fin la entidad concertada se someterá a:

1. Supervisión administrativa. Las diferentes unidades de la Consejería competente en materia de reforma de menores recabarán información y realizarán seguimiento de todos los extremos recogidos en el presente acuerdo. Los Servicios de Inspección de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales podrán, en uso de su facultad inspectora podrán, de oficio o a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación y la veracidad de los datos alegados.

2. Supervisión técnica. Los/as responsables y equipos de los centros recibirán:

A. Asesoramiento Técnico, durante el tiempo de duración de la medida judicial y sobre todo, en la elaboración y aplicación del programa de intervención individualizado de la medida.

B. Supervisión, que se desarrollará durante todo el proceso de ejecución de la medida impuesta y consistirá en la evaluación del caso, comprobando que la información recogida para analizar es la necesaria para posibilitar la toma de decisiones respecto de posibles cambios o modificaciones de las medidas impuestas a menores.

El órgano directivo competente en materia de reforma de menores dispondrá de los recursos personales y de los medios necesarios para que tanto el asesoramiento técnico como la supervisión sea llevada a cabo del modo y en el tiempo adecuado.

Las actuaciones de supervisión y control tendrán por objeto comprobar y evaluar las instalaciones del centro, su adecuación al contenido de este acuerdo, sobre todo a la adecuada prestación de los servicios concertados, el ajuste de su funcionamiento y actividad al marco normativo aplicable y al proyecto educativo aprobado, así como a la calidad de la atención prestada a cada menor y el respeto de sus derechos. La entidad concertada deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por la Consejería competente en materia de reforma de menores la realización de las mismas y aportando la documentación que se solicite para permitir un seguimiento y mayor coordinación de la ejecución de este concierto.

Se realizarán reuniones de coordinación entre la entidad concertada y los/as técnicos/as de la Dirección General competente en materia de Reforma de Menores, con una periodicidad, como mínimo mensual, aunque dicha periodicidad se establecerá en función de las características y necesidades de cada caso, para el análisis de la información disponible, revisión de casos y el establecimiento de las estrategias a seguir y los recursos a utilizar.

Cuando se considere necesario se podrá convocar a otros profesionales de otras disciplinas y entidades que puedan aportar información relevante para el caso.

En el desarrollo de la ejecución del concierto, la Consejería competente en materia de reforma de menores podrá formular a la entidad concertada aquellas advertencias destinadas a la corrección de desajustes en el modo de prestación del servicio para su adecuación a las instrucciones recibidas y al acuerdo de formalización del concierto, todo ello con carácter previo y sin perjuicio de la tramitación del correspondiente expediente declarativo de los incumplimientos.

Sin perjuicio que la entidad pública habiendo detectado sugerencias de los propios menores o incidencias leves, pueda dar indicaciones a la entidad concertada como propuesta de mejorar de la calidad del servicio, de la que se realizará un seguimiento en su implementación.

Décima: Vigencia, modificación y prórroga.

La duración inicial del presente Concierto social será de 4 años, con efectos desde (fecha inicio) hasta (fecha fin).

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17.2 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, 6 meses antes de la finalización del plazo previsto en el párrafo anterior, el presente acuerdo podrá ser renovado por acuerdo expreso de las partes por un periodo máximo de 4 años.

Conforme a lo previsto en el artículo 18 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, el presente concierto social podrá ser objeto de revisión y en su caso, de modificación atendiendo a la variación de las circunstancias iniciales de su suscripción, con el fin de adecuarlo a las nuevas necesidades. Las modificaciones propuestas deben estar debidamente justificadas.

Asimismo, en cuanto al número de plazas concertadas, éstas se podrán modificar sin necesidad de nueva convocatoria, hasta el 20% del total del importe del concierto si existiera crédito suficiente, para dar satisfacción a nuevas necesidades y se podrán reducir cuando las plazas reservadas no hayan sido ocupadas por periodo superior a 6 meses debido a la ausencia de demanda, con la conformidad de la entidad concertante.

La modificación o prórroga a que se refieren los párrafos anteriores deberá reflejarse en el correspondiente documento administrativo, que se unirá al presente acuerdo.

Se considerará modificación de las condiciones del concierto social el cambio de local o centro que pueda producirse a lo largo de la vigencia del mismo. Éste deberá ser comunicado con la suficiente antelación a la Consejería competente en materia de reforma de menores, para su autorización por el Servicio de Inspección, Registro y Régimen Sancionador de la citada Consejería. Tras esta autorización, el cambio de local o centro deberá ser aprobado, previo informe favorable del Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores, siempre y cuando el mismo reúna los requisitos establecidos en la convocatoria y/o modelo de acuerdo y aquellos que hayan sido tenidos en cuenta para la concesión del mismo.

Tanto las renovaciones como las modificaciones estarán supeditadas, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en cada uno de los correspondientes ejercicios de vigencia del presente Concierto social.

Decimoprimera: Extinción del concierto social

Serán causas de extinción del Concierto Social, además de las previstas en el artículo 18 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, las siguientes:

a. El incumplimiento de las siguientes obligaciones esenciales:

a.1) Proporcionar a los/as menores de edad internados/as una atención adecuada, integral, personalizada y continuada, adaptada a sus necesidades específicas de apoyo y a la medida judicial impuesta

a.2) Garantizar a las/os menores de internos/as el acceso a todos los servicios en condiciones de igualdad.

a.3) Prestar los servicios de acuerdo con los estándares de calidad asistencial exigibles al tipo de plaza que se trate.

La resolución del concierto social por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados por parte de la entidad concertada.

b. El incumplimiento total y reiterado de las obligaciones establecidas en la cláusula novena del presente concierto social.

En ambos supuestos, cualquiera de las partes, podrá requerir a la parte incumplidora para que cumpla en el plazo de 15 días con las obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución que deberá reflejarse en el correspondiente documento administrativo.

c. El incumplimiento de alguna de las cláusulas de este acuerdo que conculque gravemente los derechos de los/as menores o pongan en grave riesgo su salud o seguridad, ello sin perjuicio de las acciones legales que la Consejería competente en materia de reforma de menores pudiera emprender.

d. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del concierto social.

e. Por decisión unilateral de cualquiera de las partes, por causas debidamente justificadas que obstaculicen o impidan el cumplimiento de los compromisos asumidos, con un preaviso mínimo de 6 meses.

En todo caso, y dada la naturaleza de los servicios objeto de concierto, que consisten en la atención continuada a las personas usuarias cuyo derecho subjetivo debe preservarse de forma permanente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18.3 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, aun cuando el presente concierto social termine por cualquiera de las causas previstas en el Decreto 62/2019, de 3 de mayo y en el presente acuerdo deberá extender sus efectos, con las mismas condiciones que tuviera de prestación de servicios e importe, hasta que la prestación del servicio a las personas usuarias por parte de otra entidad o Centro quede asegurada a través del instrumento de colaboración que se considere oportuno. Para ello, será necesaria Orden dictada por la Consejería competente en materia de Reforma de Menores en la que se disponga la extensión de los efectos del concierto y se realice la reserva de crédito que asegure la continuidad de la financiación de los servicios con carácter previo a la finalización de la vigencia del concierto social, sin que sea necesario acuerdo expreso entre las partes que habilite la extensión de efectos del concierto social de conformidad con el citado artículo 18.3.

Decimosegunda: Publicidad

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, se dará publicidad al presente acuerdo de concierto social, con indicación de las partes firmantes del acuerdo de concierto social, el objeto y plazo de duración, así como sus posibles modificaciones y renovaciones y las obligaciones de ambas partes, con especial referencia a las obligaciones económicas a través del Portal de la Transparencia. Dicha publicación se actualizará trimestralmente.

Decimotercera: Jurisdicción competente

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, la Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, en el desarrollo del presente Concierto social, dada su naturaleza administrativa.

Y dejando constancia de su conformidad suscriben el presente acuerdo de concierto social.

 
Por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social Por _________________________
La Consejera, Isabel Franco Sánchez ___________________________
 
 


Decreto número 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia, en materia de protección y reforma del menor (MODIFICADO)

BORM número 105 de 9 de mayo de 2019

Consejo de Gobierno

Vigencia: desde el 9 de agosto de 2019

Referencias

Modificado por:

  • Corrección de errores en el texto del Decreto número 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el Régimen Jurídico de los Conciertos Sociales en la Región de Murcia, en materia de protección y reforma del menor, (BORM número 105, de 9 de mayo de 2019):

Modificación en la página 14202 "de acuerdo/oído el Consejo Jurídico" por "de acuerdo con el Consejo Jurídico".

Contenido

Índice:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2.- Objeto de los conciertos sociales.
Artículo 3- Principios básicos de la concertación social.
Artículo 4.- Requisitos de las Entidades y medios de acreditación.
Artículo 5.- Prohibiciones para concertar.
Artículo 6.- Proyecto Técnico de Centro y/o Servicio.
Artículo 7.- Procedimiento para la declaración de Entidad apta para suscribir conciertos sociales.
Artículo 8.- Criterios para la asignación de conciertos sociales.
Artículo 9.- Procedimiento para la selección de las Entidades con las que se suscribe concierto social y se determinan las plazas correspondientes.
Artículo 10.- Importe de las plazas o servicios y su pago.
Artículo 11.- Financiación.
Artículo 12.- Formalización de los conciertos sociales.
Artículo 13.-Efectos de la formalización del concierto social.
Artículo 14.- Obligaciones de la Entidad Concertada.
Artículo 15.- Obligaciones de la Administración.
Artículo 16.- Seguimiento y Supervisión del concierto social.
Artículo 17.- Duración de los conciertos.
Artículo 18.- Revisión, modificación y extinción de los conciertos sociales.
Artículo 19.- Naturaleza y jurisdicción competente.
Artículo 20.- Incompatibilidad.
Disposición final única. Entrada en vigor.

Anexos
Anexo I. Baremo de criterios finales de asignación de plazas a concertar de acuerdo con el artículo 8.1 del Decreto.
Anexo II. Baremo de criterios finales de asignación de la Gestión Integral de Centros de Titularidad Pública en el ámbito de protección y reforma de menores servicios de protección y ejecución de medidas judiciales de acuerdo con el artículo 8,2 del Decreto.
Anexo III. Baremo de criterios finales de asignación de servicios en materia de protección y ejecución de medidas judiciales de acuerdo con el artículo 8, apartado 3 del Decreto.

TEXTO COMPLETO

El artículo 148.1.20 de la Constitución Española establece que “Las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en materia de asistencia social”.

En virtud de dicho precepto, la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia en su artículo 10. Uno, apartado 18, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de Asistencia y Bienestar Social. Desarrollo Comunitario. Política Infantil y de la Tercera Edad. Instituciones de Protección y tutela de menores, respetando en todo caso, la legislación civil, penal y penitenciaria. Promoción e integración de los discapacitados, emigrantes y demás grupos sociales necesitados de especial protección incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación”.

Por último, en desarrollo de dichas previsiones, se dictó la Ley 3/2003, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, cuyo Título IV regula la llamada Iniciativa en la Prestación de Servicios Sociales (artículos 25 y 26). Más en concreto, su artículo 25 dispone que “se reconoce el derecho de la iniciativa privada a participar en la prestación de servicios sociales con sujeción al régimen de registro, autorización e inspección establecido en esta Ley y demás legislación que resulte de aplicación”.

La Ley 3/2003 ha sido modificada por la Ley 16/2015, de 9 de noviembre, incluyéndose un nuevo artículo 7 bis que recoge las formas de organización de la gestión de los servicios sociales. Así, dispone que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán organizar la prestación de los servicios sociales a través de las siguientes fórmulas:

a) Gestión directa,

b) Gestión indirecta en el marco general de la normativa de contratación del sector público,

c) Mediante conciertos sociales con entidades privadas con o sin ánimo de lucro, teniendo preferencia las declaradas de interés asistencial según lo establecido en el artículo 7.

d) Y mediante convenios con entidades de iniciativa social, entendiendo como tales, las fundaciones, asociaciones, cooperativas, organizaciones de voluntariado y demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro que realizan actividades de servicios sociales, siempre que sobre dichas entidades no ostente el dominio efectivo una entidad mercantil que opere con ánimo de lucro”.

De este modo, se reconoce además de la gestión directa e indirecta como formas tradicionales de organización de la gestión de los servicios sociales, el régimen de concertación social y el de convenios. Dicho reconocimiento está en consonancia con el principio de participación recogido en su artículo 5 según el cual, los poderes públicos deberán promover la participación de los usuarios, de las entidades y de los ciudadanos en general en la planificación y gestión de los servicios sociales en los términos recogidos en la citada ley.

Así pues, como principio que ha de regir el sistema de servicios sociales se encuentra el de participación, que ha de ser promovida y garantizada por los poderes públicos a todos los niveles, es decir, participación de los ciudadanos y de las entidades de iniciativa social y tanto en la planificación como en la gestión de los servicios sociales.

Para garantizar esa participación la Ley de Servicios Sociales establece la posibilidad de que se establezca conciertos sociales. Así, su artículo 25 tras reconocer en su apartado 1 el derecho de la iniciativa privada a participar en la prestación de servicios sociales establece en su apartado 2 que “las administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos, convenios u otras fórmulas de cooperación para la prestación de servicios sociales con cualquier entidad prestadora de los mismos recogida en la presente ley, de acuerdo con la planificación general de servicios sociales”.

Por su parte, el artículo 25 bis relativo al Régimen de concertación establece que “las Administraciones Públicas podrán encomendar la prestación de los servicios sociales de su competencia mediante el sistema de concierto social con entidades privadas con los requisitos que se establezcan en la normativa por la que se desarrolle con pleno respecto a los principios de publicidad, transparencia y no discriminación.

Su apartado 2 establece que “a los efectos de esta ley, se entiende por régimen de concertación la prestación de servicios sociales públicos a través de terceros, cuya financiación, acceso y control sean públicos”.

Además se aclara que el régimen de concierto social a que se refiere esta ley es un modo de organización de la gestión de los servicios sociales diferenciado de la modalidad contractual del concierto regulado en la normativa de contratación del sector público.

En definitiva, se está posibilitando que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con competencia en la materia pueda encomendar de manera subsidiaria y complementaria a entidades prestadoras de servicios sociales, la gestión de centros y la prestación de los servicios en materia de protección y reforma de menores, mediante un régimen de concertación. El régimen de concierto social ahí previsto es una modalidad diferenciada del concierto regulado en la normativa de contratación del sector público.

Además cabe decir que de acuerdo con su artículo 22, le corresponde a la consejería responsable en materia de servicios sociales “la gestión de los conciertos de prestación de servicios y la de los centros que correspondan a la Administración Regional”.

Por último, el apartado 4 del artículo 25 bis establece que “por Decreto de Consejo de Gobierno se desarrollará el régimen jurídico aplicable a los conciertos sociales”.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece en su artículo Art. 11, relativo a negocios o contratos excluidos, en el punto 6. “Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.”

En el mismo sentido en la Disposición adicional cuadragésima novena, rubricada como “Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos de carácter social”, refiere que “Lo establecido en esta Ley no obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de carácter social”.

En conclusión, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en virtud de sus competencias exclusivas en materia de servicios sociales, le corresponde la configuración del sistema propio de servicios sociales y por tanto, de las formas de organización de la gestión de los citados servicios. En dicha gestión, de acuerdo con su artículo 7 bis en relación con su artículo 5, se ha de dar participación a las entidades con o sin ánimo de lucro, teniendo preferencias las declaradas de interés asistencial mediante el sistema de concertación social, siendo necesario establecer su régimen jurídico aplicable. A tal fin y en desarrollo de la Ley 3/2003, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, se aprueba el presente Decreto.

En el procedimiento de elaboración de esta disposición han sido oídos el Consejo Asesor Regional de Infancia y Familia y el Consejo Regional de Servicios Sociales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 95/2004, de 24 de septiembre, por el que se crean y regulan los consejos asesores regionales de carácter sectorial de servicios sociales, artículo 3 del Decreto 37/1987, de 28 de mayo, por el que se regula el Consejo Regional de Servicios Sociales y apartados 2 y 3 del artículo 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

Este Decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 32.1 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, artículos 21.1, 22.12 y 52.1 de la citada Ley 6/2004, artículos 7 bis y artículos 25 y siguientes de la Ley 3/2003, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, de acuerdo con el Consejo Jurídico, tras la deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno, en sesión de 3 de mayo de 2019,

(Párrafo modificado por la Corrección de errores en el texto del Decreto n.º 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el Régimen Jurídico de los Conciertos Sociales en la Región de Murcia, en materia de protección y reforma del menor)

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Dispongo:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente Decreto tiene por objeto desarrollar el régimen jurídico aplicable a los conciertos sociales en materia de protección y reforma del menor, en el marco de la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

2. A estos efectos, se entiende por régimen de concertación, referido al concierto social, la prestación de servicios sociales públicos a través de terceros, cuya financiación, acceso y control sean públicos.

3. El régimen de concierto social previsto en este Decreto es un modo de organización de la gestión de servicios sociales diferenciado de la modalidad contractual del concierto social regulado en la normativa de contratación del sector público.

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Artículo 2.- Objeto de los conciertos sociales.

Podrán ser objeto de concierto social en el ámbito de protección y reforma de menores:

a) La reserva y ocupación de plazas para menores cuya tutela y/o guarda haya sido asumida por la Entidad Pública o para la ejecución de las medidas judiciales a menores.

b) La gestión Integral de centros de titularidad pública.

c) La prestación de los siguientes servicios:

1- En el ámbito de protección de menores:

- Intervención y supervisión de los acogimientos familiares.

- Valoración Diagnóstica y de tratamiento de menores de protección.

- Los que tengan por finalidad preparar para la vida independiente a los jóvenes ex tutelados.

- Cualquier otro servicio dirigido a la protección de menores en situación de riesgo o desamparo.

2- En el ámbito de reforma de menores:

- Intervención socioeducativa para la ejecución de medidas judiciales de medio abierto.

- Intervención socioeducativa con medidas extrajudiciales.

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Artículo 3- Principios básicos de la concertación social.

1. Las Administraciones Públicas competentes en materia de protección y reforma de menores, podrán encomendar la prestación de los servicios sociales de su competencia mediante el sistema de concierto social con pleno respeto a los principios recogidos en la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, así como a los siguientes:

a) publicidad,

b) transparencia y no discriminación,

c) utilización racional y eficiente de los recursos públicos,

d) control público de la gestión de los servicios concertados,

e) cooperación,

f) servicio efectivo a la ciudadanía.

g) La integración familiar y social de los menores.

h) La reeducación de los menores infractores, en base a las circunstancias personales, familiares y sociales, siendo cualquier medida que se adopte de carácter educativo.

i) La igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier circunstancia y el respeto y la valoración de la diversidad étnica y cultural.

2. El interés del menor será el principio fundamental en esta materia de protección y reforma de menores que deberá asegurar el respeto completo y efectivo de todos los derechos del menor, así como de su desarrollo integral.

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Artículo 4.- Requisitos de las Entidades y medios de acreditación.

1. Podrán suscribir conciertos sociales con la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de de protección y reforma de menores, todas las personas físicas o jurídicas de carácter privado, con o sin ánimo de lucro, que tengan centros o presten servicios objeto de concierto social, que lo soliciten, y cumplan con los siguientes requisitos:

a) Haber obtenido la oportuna autorización administrativa o en su caso, acreditación, para la prestación del servicio objeto de concierto social, de acuerdo con la normativa vigente en materia de servicios sociales.

b) Estar inscritas en el correspondiente Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.

Dichos requisitos se comprobarán de oficio por el órgano competente para la formalización del concierto social.

c) Acreditar la disposición de los medios materiales y profesionales adecuados y suficientes para la prestación del servicio objeto del concierto social en las condiciones establecidas en la correspondiente convocatoria o modelo de acuerdo de formalización, y de acuerdo con la normativa que sea aplicable.

Para la acreditación de los medios técnicos y profesionales, la entidad solicitante deberá presentar una Proyecto Técnico del Centro y/o Servicio con el contenido que se establece en el artículo 6.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

A los efectos de este apartado, se entenderá que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.

d) Cumplir con cualquier otra normativa que, con carácter general o específico, les sea de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por el tipo de servicio objeto de concertación.

2.- La acreditación de este requisito se realizará mediante la presentación de declaración responsable que recoja ese extremo.

3.- La presentación de la solicitud de concierto social conllevará la autorización del solicitante para que el órgano correspondiente compruebe a través de certificados telemáticos el cumplimiento de los requisitos acreditados por el solicitante mediante declaración responsable. Si el solicitante no otorgare dicha autorización, deberá aportar la correspondiente certificación acreditativa de los requisitos necesarios para poder concertar. Asimismo se podrá requerir a la entidad para que adjunte los documentos que demuestren la veracidad de su declaración.

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Artículo 5.- Prohibiciones para concertar.

1. No podrán concertar las Entidades que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Haber sido sancionadas en los últimos cuatro años, en virtud de resolución firme, por la comisión de infracciones graves o muy graves de las tipificadas en la normativa sobre servicios sociales.

b) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraudes, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.

La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquéllas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado.

c) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; por infracción muy grave en materia medioambiental, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto.

d) Haberse resuelto un concierto o un contrato de idéntica naturaleza con el mismo titular, por haber incurrido en alguna de las causas de resolución imputable al solicitante establecidas en dicho concierto o contrato.

e) Haber solicitado la declaración de concurso, o haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento o ser declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la legislación en materia concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

f) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley 5/1994, de 1 de agosto del Estatuto Regional de la Actividad Política, tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

g) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

h) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones así como de las sanciones que puedan haberse impuesto. Se considerará que se encuentran al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas incluidos en su caso los intereses acumulados o las multas impuestas.

i) En el caso de Entidades de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

j) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Las prohibiciones recogidas en el párrafo anterior afectarán también a aquellas entidades de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras entidades en las que hubiesen concurrido aquéllas.

3. La acreditación de los requisitos contenidos en este artículo se realizará mediante la presentación de declaración responsable de no encontrarse en ninguna causa de prohibición.

4. Las prohibiciones relativas a las circunstancias contenidas en las letras e), f), g), h) e i) del apartado 1 de este artículo, se apreciarán directamente por la Consejería competente en materia de servicios sociales, subsistiendo las prohibiciones mientras concurran las circunstancias que en cada caso las determinan.

5. Las prohibiciones relativas a las circunstancias contenidas en las letras a), b), c), y j) del apartado 1 de este artículo se apreciarán directamente por la Consejería competente en materia de servicios sociales, cuando la sentencia o la resolución administrativa se hubiera pronunciado expresamente sobre su alcance y duración, subsistiendo durante el plazo señalado en las mismas.

En el caso de que la sentencia o la resolución administrativa no contengan pronunciamiento sobre el alcance o duración de la prohibición, así como en los casos de la letra d) del apartado 1 de este artículo, el alcance y duración de la prohibición deberá determinarse por la Consejería competente en materia de servicios sociales mediante procedimiento instruido al efecto, sin que la duración de la prohibición pueda exceder de cinco años desde la fecha de la condena por sentencia firme o de tres años en los casos de sanción impuesta por resolución administrativa firme. No podrá iniciarse este procedimiento una vez transcurrido el plazo previsto para la prescripción de la correspondiente pena o sanción administrativa, o si hubiesen transcurrido más de tres meses desde la resolución del concierto o contrato.

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Artículo 6.- Proyecto Técnico de Centro y/o Servicio.

El Proyecto Técnico al que se refiere el artículo 4.1.c) tendrá como mínimo, el siguiente contenido:

I) Descripción de las distintas dependencias de que consta el centro en las que se vaya a prestar los servicios y desarrollar las actividades complementarias que se concierten.

Además, en el caso de reserva y ocupación de plazas deberán acreditar la titularidad del centro o su disponibilidad por cualquier título jurídico válido, incluido el arrendamiento o cesión, por un período no inferior a la vigencia del concierto social. Cuando la entidad no sea propietaria del local o edificio donde se van a prestar los servicios concertados, deberá acreditar en el momento de formalización del concierto social, que cuenta con la autorización de la persona propietaria para destinarlo a los fines específicos del concierto social, no siendo suficiente contar con una autorización de carácter genérico. Este extremo deberá acreditarse antes de la formalización del acuerdo de concierto social.

II) Tipología y número total de plazas con que cuenta el centro.

III) Descripción de medios materiales y el equipamiento que disponen para la prestación del servicio objeto de concierto social.

IV) Organigrama del centro con descripción de las funciones y plantilla de personal con que cuenta, con indicación de los títulos académicos y documentos acreditativos de la experiencia profesional previa, contratos de trabajo y tiempo de antigüedad en la entidad. Una vez formalizado el acuerdo deberá aportase copia de los contratos de trabajo de los profesionales.

V) Descripción de los distintos servicios que se ofertan, esenciales y complementarios.

VI) Programas de intervención educativa.

VII) Reglamento Interno de centro.

VIII) Cualquier otro extremo que sea necesario acreditar para la adecuada prestación del servicio objeto de concierto social.

2.- No obstante, si la documentación recogida en el apartado anterior ya obrase en poder de las Administraciones Públicas o hubiese sido elaborada por ellas, la entidad interesada no habrá de aportarlos de acuerdo con el artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo.

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Artículo 7.- Procedimiento para la declaración de Entidad apta para suscribir conciertos sociales.

1. Las entidades interesadas en cada tipo de concierto en las condiciones establecidas por el presente Decreto podrán presentar la oportuna solicitud ante la Consejería competente en materia de servicios sociales, con indicación de la tipología de los centros o servicios y número total de plazas con que cuenta el centro en el caso de concierto de plazas en el plazo establecido en la correspondiente convocatoria.

Las solicitudes deberán presentarse de acuerdo con lo previsto en las leyes reguladoras del Procedimiento Administrativo Común y del Régimen Jurídico del Sector Público. La presentación de las solicitudes y del resto de documentación del procedimiento de forma telemática, se podrá realizar a través de un formulario electrónico específico que estará disponible en la Sede electrónica de la Administración regional.

2. Una vez instruido el correspondiente expediente, y acreditado el cumplimiento de los requisitos, a que se refiere en artículo 4, se dictará Orden de la Consejería competente en materia de servicios sociales, por la que se declarará la condición de entidades aptas para la concertación social.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la Orden es de tres meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin dictarse y notificarse resolución alguna el interesado podrá entender estimada su solicitud por silencio administrativo.

4. La Orden declarando o no la aptitud para suscribir conciertos sociales pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

5. La declaración de entidad apta para el concierto social, quedará inscrita como anotación en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, dependiente de la Consejería competente en materia de servicios sociales.

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Artículo 8.- Criterios para la asignación de conciertos sociales.

1. En el supuesto de concierto de plazas, la asignación de cada concierto social se hará de acuerdo con las necesidades de la Administración, como consecuencia de la asunción de la tutela de un menor o la ejecución de medidas judiciales impuestas a menores y teniendo en cuenta la calidad asistencial en la prestación de los servicios, valorándose, entre otros, los méritos y capacidades de las mismas, previstos en el artículo 25 bis.7 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de Servicios Sociales y de acuerdo con la ponderación contenida en el Anexo I a este decreto:

a) Implantación en la localidad donde se vaya a prestar el servicio.

b) Años de experiencia acreditada en la prestación del servicio.

c) Valoración de los usuarios, si ya ha prestado el servicio anteriormente.

d) Certificaciones de calidad.

e) Ser entidades de economía social.

f) Implantación de buenas prácticas en el ámbito laboral de las empresas.

g) Los programas educativos y plan de caso a desarrollar con los menores.

h) Los recursos materiales y profesionales con los que han de contar para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suscripción del concierto social.

i) La ubicación y disponibilidad a recursos del entorno social.

j) La adecuación de las infraestructuras y equipamiento del centro.

k) La adecuación de la plantilla del personal tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo.

l) Los servicios complementarios a desarrollar.

m) Disponibilidad de plan de formación especializada en atención a menores.

n) Cualquier otro plan que contribuya a la mejora social, laboral y de igualdad de oportunidades de los centros y/o servicios.

2. En el supuesto de conciertos de gestión integral de centros de titularidad pública, la asignación se hará de acuerdo con las necesidades de la Administración y teniendo en cuenta la calidad asistencia en la prestación de los servicios, valorándose, entre otros, los méritos y capacidades de las mismas, previstos en el artículo 25 bis. 7 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de Servicios Sociales y de acuerdo con la ponderación contenida en el Anexo II a este decreto:

a) Años de experiencia acreditada en la prestación del servicio.

b) Valoración de los usuarios, si ya ha prestado el servicio anteriormente.

c) Certificaciones de calidad.

d) Ser Entidades de Economía social.

e) Implantación de buenas prácticas en el ámbito laboral de las empresas.

f) Los programas educativos y plan de caso a desarrollar con los menores.

g) Los recursos materiales y profesionales con los que han de contar para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suscripción del concierto.

h) Los programas de inserción con recursos del entorno social.

i) La adecuación de la plantilla del personal tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo.

j) Los servicios complementarios a desarrollar.

k) Disponibilidad de plan de formación especializada en atención a menores.

l) Cualquier otro plan que contribuya a la mejora social, laboral y de igualdad de oportunidades de los centros y/o servicios.

3. En el supuesto de conciertos de servicios a que se refiere el artículo 2, c), la asignación de cada concierto se hará de acuerdo con las necesidades de la Administración y teniendo en cuenta la calidad asistencial en la prestación de los servicios, valorándose, entre otros, los méritos y capacidades de las mismas, previstos en el artículo 25 bis. 7 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de Servicios Sociales y de acuerdo con la ponderación contenida en el Anexo II a este decreto:

a) Implantación en la localidad donde se vaya a prestar el servicio.

b) Años de experiencia acreditada en la prestación del servicio.

c) Valoración de los usuarios, si ya ha prestado el servicio anteriormente.

d) Certificaciones de calidad.

e) Ser Entidad de economía social.

f) Implantación de buenas prácticas en el ámbito laboral de las empresas.

g) Los programas educativos y plan de caso a desarrollar con los menores.

h) Los recursos materiales y profesionales con los que han de contar para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suscripción del concierto.

i) La ubicación y disponibilidad a recursos del entorno social.

j) La adecuación de las infraestructuras y equipamiento del servicio.

k) La adecuación de la plantilla del personal tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo.

l) Los servicios complementarios a desarrollar.

m) Disponibilidad de plan de formación especializada en atención a menores.

n) Cualquier otro plan que contribuya a la mejora social, laboral y de igualdad de oportunidades de los centros y/o servicios.

4. Los criterios preferencia y de desempate son los establecidos para cada tipo de concierto, en los correspondientes Anexos I, II y III.

5. Dentro de los dos primeros meses de cada año, y con carácter previo a su convocatoria, la Consejería competente en materia de servicios sociales hará pública la oferta de plazas o servicios o centros a concertar durante el mismo. Dicha oferta se realizará en función de las necesidades existentes y será objeto de publicación en el Portal de la Transparencia. No obstante, dicha Consejería podrá realizar una oferta adicional a la anterior y por tanto, las correspondientes convocatorias en el caso de que surgieran nuevas necesidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.

6. No obstante, en coherencia con los principios de continuidad en la atención y calidad de los servicios, y en orden a mantener a los menores en el entorno donde se encuentran, se podrán suscribir conciertos sociales con todas aquellas entidades que, a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, fueran titulares de plazas, en virtud de un contrato o convenio, y se encuentren ocupadas por menores cuya tutela haya sido asumida por la Administración o que deban cumplir medidas judiciales. Para ello, dichas entidades habrán de ajustarse a los requisitos exigidos en la normativa reguladora del concierto social.

En el acuerdo de concierto social suscrito al amparo de lo recogido en el párrafo anterior, se incluirán el número de plazas ocupadas a la fecha de formalización del mismo, sin perjuicio de la posibilidad de incorporar o modificar las plazas conforme a los criterios de asignación de recursos o con la modificación de los conciertos sociales, de conformidad con lo dispuesto por el presente Decreto y demás normativa de aplicación.

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Artículo 9.- Procedimiento para la selección de las Entidades con las que se suscribe concierto social y se determinan las plazas correspondientes.

1. El procedimiento para la selección de las entidades se iniciará mediante la correspondiente convocatoria para cada tipo de concierto, en función de las necesidades de la Administración Regional, con indicación, entre otros aspectos, de su objeto de acuerdo con lo previsto en el artículo 3, su duración y el importe total del concierto. Dicha convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

2. El órgano competente para la formalización del concierto social solicitará informe a la unidad administrativa competente de la Consejería en materia de inscripciones registrales de Entidades, Centros y Servicios Sociales relativo a las entidades que hayan sido declaradas aptas para suscribir conciertos sociales en el ámbito de la protección o reforma de menores, según el objeto del concierto social.

3. Teniendo en cuenta el informe a que se refiere el párrafo anterior, el órgano competente procederá a asignar las plazas conforme a los criterios establecidos en el artículo 8, según la ponderación recogida en los Anexos a este decreto para cada tipo de concierto.

4. Una vez dictada Orden de la Consejería competente en materia de servicios sociales, en virtud de la cual se selecciona a la entidad con la que se suscribirá el concierto social y se determina el número de plazas a concertar, se requerirá a dicha entidad para que presente la documentación exigida por la correspondiente orden de convocatoria con carácter previo a la formalización del concierto social.

5. El plazo máximo para dictar y notificar dicha resolución es de tres meses a contar desde la publicación de la Orden de Convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin dictarse y notificarse resolución alguna, la entidad podrá entender desestimada su pretensión por silencio administrativo.

6. Contra la Orden de la Consejería competente en materia de servicios sociales resolviendo el procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejería competente en materia de servicios sociales en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

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Artículo 10.- Importe de las plazas o servicios y su pago.

1. El importe a pagar por plaza ocupada, reservada o servicio prestado en la Administración de la Región de Murcia se determinará por Orden de la Consejería competente en materia de servicios sociales.

En el caso del concierto de la gestión integral de centros de titularidad pública, el precio se fijará a tanto alzado en la correspondiente convocatoria, atendiendo a las características de cada tipo de centro.

2. En el caso de reserva de plaza se abonará un porcentaje sobre el importe de las plazas ocupadas que también se fijará en la Orden, a que se refiere el apartado anterior para cada tipo de centro o servicio.

3.- El pago se hará a mensualidad vencida por el órgano competente, previa presentación de la correspondiente factura por la entidad concertada, a la que se acompañará la relación de las plazas ocupadas o los destinatarios en su caso, del servicio.

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Artículo 11.- Financiación.

La financiación de los servicios objeto de concierto social se hará con cargo a los presupuestos generales de la Administración Pública de la Región de Murcia.

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Artículo 12.- Formalización de los conciertos sociales.

1.- La formalización de los conciertos sociales se efectuará en documento administrativo, por el titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales, mediante el denominado acuerdo de concierto social, según modelo aprobado previamente por el titular de la citada consejería.

2. La formalización se hará en el plazo máximo de un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de la Orden por la que se asigna el concierto social a la Entidad.

3.- Dicho documento deberá contener como mínimo, los siguientes aspectos:

a) Los servicios, recursos o prestaciones objeto del concierto social. En aquellos supuestos en los que el objeto de concierto sean plazas, se determinará el número, su tipología, las plazas ocupadas y las que se encuentren reservadas para concertar.

b) Dotación de medios materiales y el equipamiento necesarios para la prestación del servicio objeto de concierto. El acuerdo de formalización podrá mejorar las condiciones mínimas exigidas para cada tipo de centro por la normativa aplicable siempre que se justifique técnicamente que es necesario para la adecuada prestación del servicio objeto del concierto social.

c) Los requisitos profesionales de las personas que han de prestar los servicios objeto del concierto social.

d) Descripción pormenorizada de los distintos servicios que se ofertan, esenciales y complementarios.

e) Requisitos de los destinatarios del centro de acuerdo con la normativa correspondiente al servicio social especializado.

f) Los derechos y obligaciones de la Entidad concertada, con referencia expresa a las obligaciones esenciales que asume y cuyo incumplimiento puede ser causa de resolución en virtud del artículo 18.2.e) y en especial, las condiciones de prestación del servicio objeto de concierto social debiendo tener en todo caso, suscrita póliza de responsabilidad civil con entidad aseguradora que garantice la obligación de indemnizar a terceros, por los daños que se les pueda causar como consecuencia del desarrollo del concierto social y las obligaciones derivadas de la legislación vigente en materia de protección de datos.

g) La obligación por parte de la entidad concertante de comunicar anualmente a la Administración Pública que haya suscrito el concierto social las retribuciones dinerarias o en especie asignadas a los puestos de trabajo vinculados a la prestación de los servicios objeto del concierto social. Esta comunicación se realizará a través de la memoria anual de seguimiento del concierto social.

h) Protocolos y registros necesarios.

i) Requisitos, límites y servicios susceptibles de ser contratados, arrendados o cedidos en ejecución por la entidad concertante.

j) Explicación del coste y financiación del servicio concertado de forma general e individualizada por plaza. Las variaciones serán comunicadas por la entidad concertante en la memoria anual de seguimiento del concierto social.

k) La duración, causas de modificación, revisión y extinción de los conciertos sociales.

m) El importe a pagar por la Administración a la Entidad concertada por plaza o servicio prestado y su forma de pago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.

n) Los medios de seguimiento del concierto social.

ñ) Naturaleza del acuerdo y jurisdicción competente en caso de conflicto o controversia.

o) Cualquier otro extremo que se considere necesario para la adecuada prestación del servicio objeto de concierto social.

4.- Se podrá formalizar un único documento cuando se concierten mediante su correspondiente procedimiento de asignación, simultáneamente pluralidad de servicios o prestaciones, para la reserva y ocupación de plazas en varios centros, para la reserva y ocupación de plazas en varios centros o para la gestión integral de una pluralidad de prestaciones servicios, cuando todos ellos dependan de una misma entidad titular. En dicho documento se integrarán los distintos contenidos a que se refiere el apartado 3 del presente artículo, exigibles para cada tipo de servicio o centro.

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Artículo 13.-Efectos de la formalización del concierto social.

La suscripción del correspondiente acuerdo de formalización del concierto social a que se refiere el artículo 12 obliga al titular de la entidad Concertada a la prestación del servicio o provisión de plazas en los términos estipulados en el citado acuerdo.

La relación de concierto social con indicación de las partes firmantes del acuerdo de concierto social, el objeto y plazo de duración, sus posibles modificaciones y renovaciones y las obligaciones de ambas partes, con especial referencia a las obligaciones económicas será objeto de publicación en el Portal de la Transparencia. Dicha publicación se actualizará trimestralmente.

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Artículo 14.- Obligaciones de la Entidad Concertada.

1.- Una vez formalizado el acuerdo conforme al artículo 12, la entidad concertada estará obligada a prestar los servicios o proveer las plazas, en los términos estipulados dicho acuerdo.

2. Asimismo, la entidad concertada deberá cumplir las siguientes obligaciones:

a)- Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas.

b)- Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía de la Administración.

c)- Asumir la responsabilidad civil derivada directa o indirectamente de los servicios concertados, así como las derivadas de las actuaciones de los menores, mediante la suscripción de la correspondiente póliza aseguradora.

Asimismo, Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causa imputable a la Administración, así como cualquier otra Indemnización que pueda derivarse como consecuencia de la actividad concertada, reservándose la Administración el derecho al ejercicio de las acciones resolutorias o indemnizatorias que procedan en el supuesto de paralización o suspensión de la prestación del servicio.

d)- Respetar el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre contratación pública de la OMC, en los contratos de suministros o servicios complementarios que se produzcan como consecuencia de éste concierto social.

e)- Las responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral de Seguridad Social, y demás de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas por la legislación vigente, corresponden única y exclusivamente al titular de la entidad concertada.

f).- Presentar una declaración responsable de que todo el personal, incluido el voluntariado al que corresponde la realización de las actividades del centro y/o servicios cumple el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del artículo 8.4 de la Ley 45/2015 de 14 de octubre, de Voluntariado.

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Artículo 15.- Obligaciones de la Administración.

La Consejería concertante una vez formalizado el acuerdo de concierto social, se obliga a lo siguiente:

a) A abonar a la entidad concertada el importe de la plaza o servicio objeto de concierto social, en el plazo máximo de 60 días naturales.

b) A respetar el compromiso de ocupación efectiva de plazas.

c) A comunicar de manera fehaciente a la entidad concertada cualquier circunstancia que afecte de manera relevante al concierto social suscrito y pudiera suponer su modificación, renovación o resolución, debiendo hacerlo con un plazo mínimo de 2 meses de antelación a la fecha en que se haga efectiva la circunstancia de la que se trate.

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Artículo 16.- Seguimiento y Supervisión del concierto social.

El seguimiento y la supervisión administrativa, técnica y económica del concierto social se llevará a cabo por las unidades competentes en materia de protección y reforma de menores, de la Consejería competente en materia de servicios sociales, las cuales recabaran información y realizaran las acciones para el seguimiento del contenido en la forma que se establezca en su acuerdo de formalización.

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Artículo 17.- Duración de los conciertos.

1. La duración inicial de los conciertos sociales será establecida en cada acuerdo, con el límite máximo de 6 años.

2. Los conciertos sociales podrán ser renovados por un período máximo de 4 años, por acuerdo expreso de las partes 6 meses antes de su vencimiento.

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Artículo 18.- Revisión, modificación y extinción de los conciertos sociales.

1. Los conciertos sociales podrán ser objeto revisión y en su caso, de modificación en los términos que se establezca en el correspondiente acuerdo de formalización, cuando varíen las circunstancias iniciales de su suscripción, con el fin de adecuar las condiciones económicas y las prestaciones asistenciales a las nuevas necesidades, mediante el correspondiente documento administrativo, que se unirá al acuerdo de formalización.

En el caso de conciertos que tengan por objeto plazas se podrá modificar sin necesidad de nueva convocatoria, hasta el 20% del total del importe del concierto si existiera crédito suficiente, para dar satisfacción a nuevas necesidades, con la conformidad de la entidad concertante. Dicha modificación se recogerá en el correspondiente documento administrativo que se unirá al acuerdo de formalización.

2. Son causas de extinción de los conciertos sociales las que se establezca en el correspondiente acuerdo de formalización y en concreto:

a) El vencimiento del plazo máximo de duración del concierto social.

b) El acuerdo mutuo entre la Administración Pública y la Entidad concertada.

e) El incumplimiento de las obligaciones determinadas como esenciales en el acuerdo de formalización, previo requerimiento a la entidad para exigir su cumplimiento, así como audiencia a la misma. Con carácter previo a la extinción del concierto social por esta causa, se recabará informe preceptivo de la Inspección de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En caso de incumplimiento parcial de las cláusulas del concierto social que no dé lugar a la resolución del concierto social, la Administración podrá adoptar medidas de ajuste de las aportaciones económicas a las prestaciones efectivamente realizadas.

d) La revocación de la correspondiente acreditación administrativa del Servicio o Centro objeto de concierto social.

e) La muerte de la persona física o la extinción de la persona jurídica a la que le corresponde la titularidad del centro, salvo que sea subrogada por otra persona que cumpla los requisitos para suscribir el concierto social y que asuma las obligaciones derivadas del mismo, previa autorización del órgano competente para la formalización del concierto social.

3. Extinguido el concierto social por alguna de las causas aquí contempladas deberá garantizarse la continuidad en la prestación del servicio. Para ello, la Administración podrá incluso, obligar a la entidad concertada, en los casos en que sea posible, a seguir prestando los servicios objeto del concierto social, en las mismas condiciones que se venía prestando, hasta que pueda ser asumido por otra entidad concertada.

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Artículo 19.- Naturaleza y jurisdicción competente.

Corresponde a la Consejería competente en materia de Política Social la resolución de cuantas cuestiones litigiosas surjan sobre la interpretación, modificación y efectos de los conciertos sociales, poniendo sus acuerdos fin a la vía administrativa. Siendo competente para su posterior conocimiento en vía judicial la Jurisdicción Contencioso- administrativa.

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Artículo 20.- Incompatibilidad.

Las entidades que hayan concertado la provisión de determinadas prestaciones y servicios a través del sistema regulado en este Decreto, no podrán percibir subvenciones provenientes de la misma Consejería, con la que hayan concertado, destinadas a la misma finalidad o actividad objeto del concierto social o que tengan como fin financiar actividades que constituyan contenido básico de las prestaciones del mismo.

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Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses de su completa publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 3 de mayo de 2019.—El Presidente, Fernando López Miras.—La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás Olivares.

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Orden de 6 de noviembre de 2020, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se convoca la concesión del "Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia", correspondiente al año 2020

BORM nº 268 de 18 de noviembre de 2020

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Vigencia: desde el 19 de noviembre de 2020

Referencias

Afectada por:

Decreto número 152/2018, de 20 de junio, por el que se regula la concesión, renovación y utilización del "Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia" a empresas públicas o privadas, (BORM número 148 de 29 de junio de 2018):

Establece las bases reguladoras.

Resolución de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género relativa a las solicitudes presentadas en la convocatoria correspondiente al año 2020 del distintivo de igualdad de la Región de Murcia, (BORM número 96 de 28 de abril de 2021):

Relación de las solicitudes recibidas y los reparos observados.

Decreto número 132/2021, de 8 de julio, de concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia”, en relación a la convocatoria correspondiente al año 2020, (BORM número 159 de 13 de julio de 2021):

Concede los distintivos.

Contenido

Índice:

Artículo 1.- Objeto
Artículo 2.- Empresas candidatas
Artículo 3.- Presentación de candidaturas
Artículo 4.- Documentación y confidencialidad de la información recibida
Artículo 5.- Subsanación de candidaturas y solicitud de documentación complementaria
Artículo 6.- Comisión Técnica de Evaluación
Artículo 7.- Criterios de valoración
Artículo 8.- Entrega del distintivo y difusión de su concesión
Artículo 9.- Vigencia, prórroga, suspensión, revocación y renuncia del distintivo
Artículo 10.- Facultades y obligaciones derivadas de la obtención del distintivo
Artículo 11.- Informe periódico anual
Artículo 12.- Procedimiento de control
Artículo 13.- Archivo de candidaturas
Artículo 14.- Normativa aplicable

Anexos
Anexo I. Solicitud.
Anexo II. Balance o informe sobre el plan de igualdad y medidas implantadas.
Anexo III. Declaración responsable. 

TEXTO COMPLETO

La Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de género en la Región de Murcia, prevé en su artículo 23 la concesión de un “distintivo de igualdad” a aquellas empresas, públicas o privadas que se hayan distinguido por el desarrollo e implantación de políticas de igualdad de mujeres y hombres entre su personal, en las condiciones de trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos, como los servicios, productos y publicidad de la empresa.

El Decreto n.º 152/2018, de 20 de junio, por el que se regula la concesión, renovación y utilización del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia” a empresas públicas o privadas, desarrolló reglamentariamente el citado artículo 23.

Esta normativa permite poner en marcha el procedimiento para reconocer la excelencia y las buenas prácticas acreditadas en materia de igualdad por parte de las empresas que ejerzan su actividad en la Región de Murcia. Por ello, serán merecedoras del distintivo solo aquellas que destaquen de forma relevante en la aplicación e implantación de planes y políticas de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, quienes además pasan a formar parte por derecho propio de la Red de Empresas en Igualdad (REI), que tiene como objetivo potenciar el intercambio de buenas prácticas y experiencias en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, haciéndolas públicas para conocimiento de la sociedad en general.

El artículo 5 del mencionado Decreto n.º 152/2018, de 20 de junio, establece que anualmente se procederá a convocar el procedimiento para la concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia”, mediante Orden de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de Igualdad. La convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y establecerá las bases de cada emplazamiento anual con arreglo a las disposiciones establecidas en el Decreto. Asimismo, el artículo 8 permite regular el orden de prelación, el sistema de valoración y la ponderación de cada uno de los criterios a valorar.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto de la Presidencia n.º 44/2019, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional, da nueva redacción al artículo tres, de este último estableciendo que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado del desarrollo y ejecución de las políticas de la mujer incluidas las destinadas a combatir la violencia contra las mujeres, y de las políticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género,

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Dispongo:

Artículo 1.- Objeto

Esta orden tiene por objeto convocar el procedimiento para la concesión del “Distintivo Igualdad de la Región de Murcia”, correspondiente al año 2020, a fin de reconocer y estimular la labor de las empresas comprometidas con la igualdad, que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en las condiciones de trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos, como los servicios, productos y publicidad de la empresa.

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Artículo 2.- Empresas candidatas

Podrán solicitar este Distintivo todas las empresas, sean personas físicas o jurídicas, con capital público o privado, que tengan su domicilio en la Región de Murcia o cuenten con centro de trabajo en la Región de Murcia siempre que hubiese contratado personal en la Región de Murcia y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 del Decreto n.º 152/2018, de 20 de junio, por el que se regula la concesión, renovación y utilización del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia” a empresas públicas o privadas. Respecto al requisito establecido en la letra c) de este artículo, se adjunta ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE.

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Artículo 3.- Presentación de candidaturas

1. La presentación de la documentación por medios electrónicos se realizará a través del procedimiento 2727, disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que será accesible a través de la página https://sede.carm.es. Tanto la documentación como los anexos estarán disponibles en esta página.

2. Las empresas tendrán también acceso a la información, la documentación y los anexos de la presente convocatoria en la siguiente dirección de Internet: www.igualdadyviolenciadegenero.carm.es

3. Las empresas que sean personas físicas podrán presentar sus candidaturas tanto por la sede electrónica como en cualquiera de los demás lugares a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. Cada una de las empresas de un mismo grupo que concurran a la convocatoria deberán presentar una candidatura individual e indicar en el ANEXO I el nombre o razón social y el Número de Identificación Fiscal (en adelante, NIF) de las otras empresas del grupo que también se presenten a esta convocatoria.

5. El plazo de presentación de candidaturas será de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

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Artículo 4.- Documentación y confidencialidad de la información recibida

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación establecida en el artículo 6 del mencionado Decreto n.º 152/2018, de 20 de junio.

2. Además, deberán aportar:

a) El documento acreditativo de la inscripción de los planes de igualdad en el Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, de acuerdo con lo establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 46, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, según redacción dada por el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

b) Informes de seguimiento y evaluación de las medidas o del Plan de Igualdad en las empresas obligadas a disponer de éste o, de la implantación de tres medidas contempladas en su política de igualdad, en caso de no estar obligadas.

c) La documentación relativa a los procedimientos y medidas establecidas en la empresa para la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración actuante podrá consultar o recabar de forma electrónica, salvo que el interesado se oponga, los documentos que se encuentren su poder o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración.

4. Asimismo, se deberá incluir una relación en la que se citen todos y cada uno de los documentos que la acompañan y la referencia de cada uno de ellos, según modelo del ANEXO IV.

5. El balance o informe sobre las medidas de igualdad implantadas en la empresa en relación con las condiciones de trabajo, el modelo organizativo, la responsabilidad social de la empresa y la difusión y publicidad de los productos y servicios ofrecidos a que hace referencia el artículo 6, f) del mencionado Decreto n.º 152/2018, de 20 de junio, deberá ajustarse al modelo del ANEXO II.

6. Las empresas candidatas podrán aportar con carácter facultativo un informe de los representantes del personal de la empresa sobre el plan de igualdad o las políticas de igualdad apoyando la candidatura. Si la empresa no cuenta con órganos de representación de la plantilla, podrán suscribir el informe sus propias trabajadoras y trabajadores.

7. Las empresas candidatas comunicarán a la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género cualquier circunstancia producida con posterioridad a la fecha de presentación de su candidatura que pueda afectar al cumplimiento de los requisitos generales, incluyendo entre éstas el cambio de domicilio o de persona responsable, o que suponga modificación de la situación de la empresa en relación con el cumplimiento de los requisitos necesarios para la presentación de la candidatura al “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia”.

8. Toda la información facilitada por las empresas candidatas al distintivo será custodiada bajo el principio de la máxima confidencialidad, de acuerdo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Dicha información, con independencia de su naturaleza, únicamente podrá ser utilizada para verificar si aquellas cumplen los requisitos de participación en esta convocatoria y en su caso, valorar sus medidas o políticas de igualdad para comprobar si pueden ser merecedoras del distintivo sin que se pueda utilizar el Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia para ningún otro fin.

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Artículo 5.- Subsanación de candidaturas y solicitud de documentación complementaria

1. Si la documentación aportada fuera incompleta o adoleciera de cualquier otro defecto que resulte subsanable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se le requerirá para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación expresa de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que se dictará en los términos establecidos en la citada ley.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento, podrá instarse a la empresa candidata para que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente.

3. Igualmente, en el mismo plazo y con idéntico apercibimiento, podrá requerirse a las empresas candidatas, en cualquier momento del procedimiento, la documentación complementaria que fuera necesaria para valorar adecuadamente, a juicio de la Comisión Técnica de Evaluación a la que se refiere el artículo siguiente, la candidatura presentada, tanto para determinar el cumplimiento de los requisitos generales para concurrir a la presente convocatoria como para constatar la situación de la empresa en relación con la implantación de planes y políticas de igualdad.

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Artículo 6.- Comisión Técnica de Evaluación

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género.

La Comisión Técnica de Evaluación, constituida de acuerdo con lo establecido en el art. 7 del mencionado Decreto nº 152/2018, atenderá al principio de composición equilibrada entre mujeres y hombres y se regirá, en su funcionamiento, por lo señalado en la Sección 3.ª Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, relativa a los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas.

2. Será la Comisión Técnica de Evaluación la encargada de verificar y evaluar la documentación presentada en los términos previstos en el artículo 7 de esta orden.

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Artículo 7.- Criterios de valoración

1. Criterios generales a valorar, relativos al plan de igualdad o las políticas de igualdad de mujeres y hombres:

A) Los aspectos relativos al diagnóstico, diseño y desarrollo programático de un plan de igualdad, así como la inclusión de temas de paridad en la representación, igualdad retributiva, condiciones de acceso al empleo equilibradas, medidas de conciliación, etc. Se valorará de 0 a 60 puntos.

B) La Constitución de un Comité o Comisión de igualdad para velar por el desarrollo del plan, o las medidas de Igualdad. Se valorará de 0 a 10 puntos

C) La cultura organizativa y su compromiso por la igualdad. Se valorará de 0 a 20 puntos.

D) La participación de la representación legal de la plantilla, o en su defecto, de las propias personas trabajadoras en el proceso de elaboración, implantación, seguimiento y evaluación del plan de igualdad. Se valorará de 0 a 10 puntos.

2. Criterios a valorar relativos al acceso al empleo y a las condiciones de trabajo:

A) La existencia de una adecuada representación de mujeres en la totalidad de los grupos y categorías profesionales, incluyendo el personal de alta dirección o, en otro caso, la programación de acciones para conseguir el equilibrio en un plan de igualdad. Se valorará de 0 a 40 puntos.

B) La implantación o programación de garantías y mejoras de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de trabajadores y trabajadoras. (medidas de organización del tiempo de trabajo, como jornada y horarios, turnos, vacaciones, entre otras, que faciliten la conciliación de la vida laboral y la vida privada, o el establecimiento de otras medidas con la misma finalidad, entre ellas las relativas a las mejoras y beneficios sociales, al teletrabajo, o a la movilidad geográfica, en la medida que contribuyan a unos mayores niveles de conciliación y corresponsabilidad evitando que la maternidad sea una desventaja profesional para las mujeres). Se valorará de 0 a 20 puntos.

C) La aplicación de sistemas y criterios de clasificación profesional que permitan eliminar y prevenir las situaciones de discriminación directa o indirecta. Se valorará de 0 a 10 puntos.

D) La aplicación de criterios de acceso al empleo y de promoción profesional adecuados al principio de igualdad y no discriminación. Se valorará de 0 a 10 puntos.

E) Las garantías efectivas de igualdad retributiva para los trabajos de igual valor o, en otro caso, la programación de acciones para conseguir el equilibrio salarial en un plan de igualdad. Se valorará de 0 a 10 puntos.

F) La implantación o programación de medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo como códigos de conducta, o personal y sus representantes. Se valorará de 0 a 10 puntos.

3. Criterios relativos al modelo organizativo y a la Responsabilidad Social Empresarial de las empresas:

A) Las actuaciones de responsabilidad social de la organización en materia de igualdad consistentes en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza, destinadas a promover condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres en el seno de la propia organización o en su entorno social. Se valorará de 0 a 60 puntos.

B) La comunicación interna y externa atendiendo al principio de igualdad (lenguaje e imagen igualitarios). Se valorará de 0 a 20 puntos

C) El establecimiento de medidas específicas que garanticen la prevención de los riesgos laborales de las mujeres y de los hombres respectivamente Se valorará de 0 a 10 puntos

D) Las medidas de publicidad no sexista de los productos y servicios de la empresa o, en otro caso, la programación de acciones en este sentido. Se valorará de 0 a 10 puntos.

El proceso de evaluación se realizará en dos fases:

En la primera, se analizará y valorará, para cada una de las candidaturas que cumplan todos los requisitos de la convocatoria, la documentación presentada por la empresa en relación con su plan o medidas de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.

Se valorará de forma individualizada cada uno de los aspectos citados anteriormente, de tal forma que la máxima puntuación será de trescientos puntos.

Será necesario alcanzar una puntuación mínima de 200 puntos en la calificación que efectúe la comisión de valoración, siempre y cuando se obtenga al menos la mitad de los puntos en cada bloque, 50 puntos en cada uno de los bloques.

Para superar la segunda fase es necesario haber obtenido una puntuación de 8 o más puntos en el Criterio 1, D); 30 o más puntos en el criterio 2, A) y 16 o más puntos en el criterio 3, B).

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Artículo 8.- Entrega del distintivo y difusión de su concesión

1. La Dirección General de Mujer y Diversidad de Género procederá a la entrega de un certificado acreditativo del “Distintivo Igualdad de la Región de Murcia” a las empresas galardonadas en un acto público convocado al efecto, y al que se dotará del protocolo y la difusión adecuados.

2. Las certificaciones de concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia” tienen un carácter estrictamente honorífico y no comportarán dotación económica.

3. La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, y Política Social hará pública la concesión del distintivo a través de los medios y mediante los procedimientos que se consideren más adecuados para su difusión y comunicación social.

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Artículo 9.- Vigencia, prórroga, suspensión, revocación y renuncia del distintivo

1. La concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia” tendrá una vigencia inicial de tres años.

2. En cuanto a la prórroga, suspensión, revocación y renuncia del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia” se estará, en todo caso, a lo previsto en los artículos 13 y 14 del Decreto 152/2018, de 20 de junio.

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Artículo 10.- Facultades y obligaciones derivadas de la obtención del distintivo

La concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia” otorgará a las empresas beneficiarias las facultades a que se refiere el artículo 10 del Decreto 152/2018, de 20 de junio. Igualmente, estas empresas deberán cumplir las obligaciones contenidas en el artículo 11 de la misma disposición.

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Artículo 11.- Informe periódico anual

1. La empresa distinguida en materia de igualdad deberá remitir a la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género un informe anual en los términos y plazos indicados en el artículo 11.1.e) del Decreto nº 152/2018 de 20 de junio.

2. A los efectos de remisión del informe periódico anual, la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género facilitará, mediante la publicación en la página https://sede.carm.es y en el portal www.igualdadyviolenciadegenero.carm.es, los modelos a cumplimentar para que éstas puedan elaborar, con suficiente antelación, los correspondientes informes.

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Artículo 12.- Procedimiento de control

1. Corresponde a la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género realizar el seguimiento y control de la aplicación y los efectos de los planes o políticas de igualdad de mujeres y hombres que hayan justificado la concesión del distintivo.

2. Para realizar el seguimiento y control señalados en el artículo anterior, la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género evaluará los informes anuales remitidos por las empresas distinguidas en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, y podrá requerir a éstas la información adicional que resulte necesaria para una adecuada valoración de los planes de igualdad y políticas de igualdad, su efectiva implantación y sus resultados.

3. Para la realización de sus funciones de seguimiento y control, la mencionada Dirección General podrá auxiliarse de los recursos propios de dicho organismo o los específicos que sean habilitados por la Administración Regional

4. Las funciones de seguimiento y control podrán incluir la elaboración de cuestionarios o la realización de reuniones y entrevistas en el ámbito de la empresa distinguida.

5. Las empresas distinguidas estarán obligadas a facilitar cuantas actuaciones de comprobación se efectúen por la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género.

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Artículo 13.- Archivo de candidaturas

Se mantendrá el archivo de las candidaturas desestimadas al menos hasta que haya transcurrido el plazo legalmente previsto para la presentación de los recursos a que tengan derecho las empresas candidatas. Estas podrán solicitar la recuperación de la documentación original que hubieran presentado, antes de dicho plazo, sin perjuicio de su conservación por la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, en caso de recurso.

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Artículo 14.- Normativa aplicable

En la tramitación de la presente convocatoria serán aplicables, en todo caso, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres y de protección contra la violencia de género; el Decreto nº 152/2018, de 20 de junio, por el que se regula la concesión, renovación y utilización del Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia.

En Murcia, a 6 de noviembre de 2020. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.

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Resolución de 28 de junio de 2021, de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se dispone la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2021, de cese y nombramiento de miembros del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia

BORM número 155 de 8 de julio de 2021

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

Vigencia: desde el 25 de junio de 2021

Contenido

Visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en fecha 25 de junio de 2021, en virtud de la Ley 3/1993, de 16 de julio (modificada por la Ley 4/2014 de 22 septiembre), del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.

Resuelvo:

Publicar en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” el texto del acuerdo adoptado el 25 de junio de 2021 por el Consejo de Gobierno de cese y nombramiento de miembros del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia:

“Don Marcos Ortuño Soto, Secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Certifico: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 25 de junio de 2021, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, el Consejo de Gobierno acuerda:

Primero.- Cesar como miembro del grupo tercero, en representación de las Organizaciones del Sector Agrario de la Región (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia UPA), a D. Marcos Alarcón Alarcón.

Segundo.- Nombrar como miembro del grupo tercero, en representación de las Organizaciones del Sector Agrario de la Región de Murcia (Asociación Regional de Empresas Agrícolas y Ganaderas de la Región de Murcia-Asociación Agraria Jóvenes Agricultores ADEA-ASAJA), a D. Alfonso Gálvez Caravaca.

Tercero.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, a los efectos previstos en el artículo 4.2 de la Ley 3/1993, de 16 de julio de 1993 (modificada por la Ley 4/2014 de 22 de septiembre, del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia”.

Murcia, 28 de junio de 2021. El Secretario General, Luis Alberto Marín González.

Extracto de la Orden de 29 de junio de 2021 de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, por la que se convocan subvenciones para entidades del tercer sector de acción social, destinadas al desarrollo de actuaciones en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia durante el año 2021

BORM nº 151 de 3 de julio de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Viegencia: desde el 4 de julio de 2021

Referencias

Afectada por:

  • Orden de 4 de julio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector de Acción Social, para el desarrollo de actuaciones en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia. (BORM nº 158 de 11 de julio de 2018)

Establece las bases reguladoras.

Contenido

BDNS(Identif.): 572638

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/572638)

Primero. Objeto y finalidad.

1. El objeto de la presente Orden es convocar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades del Tercer Sector de Acción Social para el desarrollo de actuaciones en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia.

2. La finalidad de las subvenciones que se convocan es promover y fomentar actuaciones destinadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia, a través de la financiación de proyectos de intervención social. 

Segundo. Entidades y organizaciones solicitantes.

1.  De acuerdo con el artículo 3 de las bases reguladoras, podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden las entidades que tengan la consideración de entidades del Tercer Sector de Acción Social en los términos previstos en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, que reúnan los siguientes requisitos:

Estar legalmente constituidas al menos con 2 años de antelación a la fecha de la convocatoria de subvención.

Estar inscritas en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante RCSS) y tener autorización para la realización de las actividades objeto de la subvención, así como los centros donde estas se realicen, de conformidad con el Decreto n. º 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos.

Las actividades objeto de los proyectos presentados y los centros donde estas se realicen, deberán estar autorizadas en dicho Registro con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de la presente subvención.

c) Carecer de fines de lucro.

d) Tener fines institucionales adecuados y recogidos como tales en sus propios estatutos para la realización de las actividades consideradas subvencionables de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de esta Orden.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones, impuestas por las disposiciones vigentes.

f) Tener implantación en la Región de Murcia, contando con sede o al menos delegación permanente en la misma.

2. No podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente norma las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. No se entenderán incluidas dentro de la tipología de entidades y organizaciones no gubernamentales las entidades de derecho público, los partidos políticos, las universidades, las sociedades civiles, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las organizaciones empresariales y los sindicatos y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente.

Tercero.  Régimen jurídico aplicable a la convocatoria.

Esta convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Orden 4 de julio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (en la actualidad Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social), por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones; por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como por cualquier otra disposición o norma del ordenamiento jurídico que resulte de aplicación.

Cuarto.  Imputación y límites presupuestarios.

1. Estas subvenciones se concederán con cargo a la consignación establecida en la partida presupuestaria 18.04.00.313R.481.06 “Entidades benéficas de protección social”, código de proyecto 42115 “A organizaciones para la lucha contra la pobreza”, por un importe máximo de 2.000.000,00 € (DOS MILLONES DE EUROS), de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2021, distribuyéndose en función de la naturaleza de los proyectos propuestos para su concesión. Dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de la concesión.

2. Las subvenciones que se otorguen serán concedidas hasta el límite de la consignación presupuestaria definitiva existente, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales establecidos en la legislación aplicable, en las bases reguladoras y de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

Quinto. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

1. La presentación de la solicitud que deberá ir firmada electrónicamente por el representante de la entidad, previa su cumplimentación, se realizará en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://sede.carm.es), que se haya habilitado a tal fin en la Guía de Procedimientos y Servicios (n.º de procedimiento 2581).

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Sexto. Otros datos.

Cada entidad podrá presentar un máximo de tres solicitudes, cada una de ellas en distintos ejes de actuación.

En aquellos casos en los que una entidad presente más de tres solicitudes, se considerarán únicamente las tres primeras por orden de presentación.

Asimismo, a la hora de registrar en sede electrónica la solicitud de subvención, se adjuntaran únicamente los documentos relativos a esa solicitud, debiendo evitarse adjuntar documentación relativa a otros proyectos.

Las subvenciones que se otorguen podrán atender total o parcialmente el importe solicitado en función del crédito disponible y del orden de prelación resultante tras la aplicación de los criterios de valoración.

Para cada proyecto, la solicitud de subvención será como máximo, la cuantía del eje en el cual se enmarca dicho proyecto.

La duración de los proyectos presentados no podrá superar los 12 meses.

El periodo de ejecución de los proyectos comprenderá desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Murcia, 29 de junio de 2021.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.


Decreto de la Presidencia número 31/2021, de 22 de marzo, por el que se encomiendan a la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, las atribuciones de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública (SIN EFECTO)

BORM número 67 de 23 de marzo de 2021

Presidencia

Vigencia: desde el 23 de marzo de 2021

Referencias

Modificado por:

Decreto del Presidente número 61/2021, de 28 de junio, por el que se deja sin efecto el Decreto de la Presidencia número 31/2021, de 22 de marzo, por el que se encomiendan a la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, las atribuciones de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública (BORM número 149 de 01/07/2021):

Deja sin efecto al Decreto anterior.

Contenido

El artículo 36.5 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, previene que, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de larga duración de un Consejero, el Presidente podrá encomendar, provisionalmente, el ejercicio de sus atribuciones como miembro del Consejo de Gobierno y como titular de su Departamento, a otro Consejero, en los términos establecidos en el artículo 5.6 de dicha Ley.

Con esta finalidad, en uso de las facultades que legalmente me están atribuidas,

Dispongo:

Encomendar provisionalmente a la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, el ejercicio de las atribuciones del titular de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, como miembro del Consejo de Gobierno y titular de dicho Departamento.

Disposición final única.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 22 de marzo de 2021. El Presidente, Fernando López Miras.

Orden de 30 de julio de 2020 de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación (MODIFICADA)

BORM nº 177 de 1 de agosto de 2020

Consejería de Empleo, Investigación y Universidades

Vigencia: desde el 2 de agosto de 2020

Referencias

Modificada por:

Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la Orden de 30 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación (BORM número 145 de 26 de junio de 2021):

Se modifica el apartado 2 del artículo 5; se da nueva redacción al artículo 4 y a los apartados 1 y 3 del artículo 11; se da nueva redacción al artículo 19 y se adiciona el apartrado 4 al artículo 23.

Contenido

Índice:

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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad
Artículo 2.- Régimen jurídico
Artículo 3.- Procedimiento de concesión
Artículo 4.- Financiación
Artículo 5.- Beneficiarios y requisitos que han de cumplir
Artículo 6.- Destinatarios finales de la subvención
Artículo 7.- Normas comunes del procedimiento
Artículo 8.- Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes
Artículo 9.- Documentación a presenar junto con la solicitud. Justificación de la ayuda
Artículo 10.- Instrucción del procedimiento de concesión
Artículo 11.- Resolución del procedimiento
Artículo 12.- Pago de la subvención
Artículo 13.- Régimen de incompatibilidades
Artículo 14.- Reintegro de las cantidades percibidas
Artículo 15.- Difusión y publicidad de las subvenciones
Artículo 16.- Obligaciones de los beneficiarios

CAPÍTULO II. PROGRAMAS DE AYUDAS

Sección primera. Programa n.º 1 de Ayudas: Subvención a la creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo de personas en riesgo o situación de exclusión social

Artículo 17.- Objeto
Artículo 18.- Requisitos de subvencionalidad
Artículo 19.- Cuantía de la ayuda
Artículo 20.- Mantenimiento de las condiciones de la subvención

Sección segunda. Programa n.º 2 de Ayudas: Subvención a la contratación y/o mantenimiento de personal técnico de producción y acompañamiento

Artículo 21.- Objeto
Artículo 22.- Requisitos de subvencionalidad
Artículo 23.- Cuantía de la ayuda
Artículo 24.- Mantenimiento de las condiciones de la subvención

Sección tercera. Programa n.º 3 de Ayudas: Subvención dirigida a asociaciones representativas de empresas de inserción para la promoción y difusión de la actividad propia de empresas de inserción

Artículo 25.- Objeto
Artículo 26.- Resquisitos de subvencionalidad
Artículo 27.- Cuantía de la ayuda
Artículo 28.- Plazo y justificación de la subvención
Disposición adicional única. Interrupciones de actividad y suspensión de contratos por COVID-19
Disposición final única. Entrada en vigor

TEXTO COMPLETO

 

La lucha contra la pobreza y exclusión social se configura como uno de los objetivos de la Estrategia Europea 2020. Por ello, en el marco del Programa del Fondo Social Europeo 2014-2020 se prevén acciones específicas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, y en riesgo de una posible exclusión social.

 

En la Región de Murcia, la Estrategia de Empleo de Calidad establece como prioritaria la atención para la inserción socio laboral de discapacitados y personas en riesgos de exclusión social.

 

Los datos muestran que la tasa de actividad de estos colectivos en la Región es aproximadamente 32 puntos inferior a la de la población general de entre 16 y 64 años, por lo que en la Estrategia se prevé específicamente un programa mixto de empleo y formación, consistente en subvenciones para el desarrollo de proyectos de carácter temporal en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo en actividades relacionadas con nuevos yacimientos de empleo, servicios de utilidad colectiva, servicios de ocio y culturales y servicios personalizados de carácter cotidiano.

 

Tal como ha puesto de manifiesto el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia en su dictamen al proyecto de Decreto por el que se crea el Registro Administrativo de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y se regula su organización y funcionamiento, “las personas que se encuentran en situaciones de marginación o de exclusión, afrontan especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, debido a sus carencias sociales, económicas, educativas y de cualificación laboral. Pero también a las transformaciones en la economía, la sociedad, los continuos avances tecnológicos y los cambios en los hábitos laborales y en los sistemas de organización de trabajo.

 

La dificultad para participar en los mecanismos habituales de formación e inserción laboral constituye un rasgo común a casi todas las situaciones de exclusión social. El abordaje de los procesos de integración social requiere, por ello, que se incida de forma específica en su relación con el mundo del empleo. Asimismo resulta imprescindible que las Administraciones Públicas se involucren en la lucha contra la exclusión social a través de acciones de integración encaminadas a potenciar la plena participación de los colectivos afectados por esta situación”.

 

Según el artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, las empresas de inserción forman parte de la economía social, con independencia de que se regulen por sus normas específicas, en concreto por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, desarrollada en nuestra Comunidad Autónoma, en lo atinente al registro administrativo habilitante para el ejercicio de la actividad, por el Decreto 109/2016, de 5 de octubre, por el que se crea y regula el Registro Administrativo de Empresas de Inserción de la Región de Murcia, y se dictan normas sobre el procedimiento de calificación de empresa de inserción laboral y su inscripción en dicho registro.

 

Las empresas de inserción, ya sean cooperativas u otro tipo de entidad mercantil, se configuran como un activo imprescindible para la inserción laboral de personas que adolecen de una situación de desventaja o exclusión social.

 

En estos términos se considera necesario impulsar su creación y fomentar el conocimiento de este tipo empresarial por la sociedad en su conjunto. Para ello se articulan una serie de ayudas, con cargo a fondos propios del presupuesto regional, dirigidas a la difusión de la tarea social que estas entidades realizan, de la mano de las asociaciones más representativas de empresas de inserción.

 

La Administración Regional pretende impulsar la integración laboral de estas personas, contando con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE), a través del Programa Operativo 2004-2020 FSE de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

 

El Fondo Social Europeo se configura como instrumento determinante para estimular en los estados miembros el empleo y la inclusión social, en especial de los colectivos menos favorecidos, garantizando la consecución de mayores cotas de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos europeos.

 

El Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020, contempla como ejes prioritarios “Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación, reforzando las actuaciones de Empleo con apoyo para personas con discapacidad y otras personas con dificultad e itinerarios de inserción socio laboral para personas en situación o riesgo de pobreza y/o excusión social”.

 

Como consecuencia de la revisión realizada por la Comisión Europea al Marco Financiero Plurianual 2014-2020, para ajustarlo a los cambios en la situación socioeconómica (Decisión de Ejecución (UE) 2016/1941, de la Comisión de 3 de noviembre de 2016), se ha creado una nueva actuación destinada a “Ayudas a la contratación por empresas de inserción social” de la que es responsable la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, encargada de poner en marcha una línea de subvención dotada con 800.000,00 euros denominada “Ayudas a la contratación por parte de empresas de inserción social” para la integración sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social a través de las empresas de inserción, inscritas en un registro regional, incentivando su contratación.

 

Los programas 1 y 2 incluidos en esta Orden dirigidos a la contratación y/o mantenimiento de personas en riesgo de exclusión y de los técnicos de producción o acompañamiento estarán cofinanciados con cargo al FSE en un porcentaje del ochenta por ciento, en el marco del Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020 Eje 2; objetivo Específico 9.1.1.

 

Por su parte, el programa 3 -orientado al fomento de acciones de difusión de la actividad propia de las empresas de inserción-, se financiará íntegramente con cargo a fondos propios de la Administración regional.

 

Asimismo, la presente norma se ajusta a los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, la norma regula la contratación y/o mantenimiento de la contratación de personas en riesgo de exclusión por empresas calificadas como de “inserción”, así como las ayudas dirigidas a fomentar este tipo de mercantil; es eficaz al ser el instrumento adecuado para los fines perseguidos, no limitando derechos y deberes de los ciudadanos. Además, contribuye a la satisfacción del principio de seguridad jurídica. Por último, respeta el principio de eficiencia, al no imponer cargas administrativas a las personas beneficiarias.

 

Teniendo en cuenta el artículo 1 del Decreto n.º 178/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, corresponden a esta Consejería las competencias de propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, en materia de trabajo y fomento de la economía social.

 

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 52.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 13.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

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Dispongo:

Capítulo I 

Disposiciones generales

Artículo 1.- Objeto y finalidad

La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a fomentar, promover y facilitar la integración laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social mediante itinerarios personalizados de inserción, en colaboración con empresas de inserción, a través de los siguientes programas de ayudas:

- Programa 1: Subvención a la creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo.

- Programa 2: Subvención a la contratación y/o mantenimiento de personal técnico de producción y acompañamiento.

- Programa 3: Subvención al fomento de acciones de comunicación y divulgación realizadas por asociaciones de empresas de inserción que representen al menos un tercio de las empresas de inserción inscritas de forma definitiva en el Registro de Empresas de Inserción de la Región de Murcia.

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Artículo 2.- Régimen jurídico

1. Las subvenciones que se convoquen al amparo de esta Orden se regirán además de lo dispuesto en estas bases reguladoras, por la siguiente normativa y sus normas de desarrollo:

- Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes y disposiciones generales para los fondos estructurales, en adelante Reglamento Común.

- Reglamento Delegado (UE) 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014, que complementa el Reglamento (UE) n.° 1303/2013.

- Reglamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo, en adelante Reglamento del FSE.

- Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de programación 2014-2020.

- Para las empresas de inserción: Reglamento (UE) número 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general.

2.  La concesión de las subvenciones incluidas en los programas 1 y 2 se realizará previa comprobación de la concurrencia en el solicitante de los requisitos generales y específicos establecidos para su concesión, según el orden de entrada de las solicitudes, y en caso de que estas fueran incompletas, desde la fecha de subsanación de las mismas, sin que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes, ni la prelación entre las mismas, hasta el límite del crédito presupuestario establecido en la convocatoria, con las salvedades establecidas en los artículos 4.2 y 11.1 de las presentes bases en lo referente a la posibilidad de practicar un prorrateo y conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

(Apartado modificado por la 

3. A su vez, se rigen por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Murcia, y en todo lo que no esté previsto en esta o tenga carácter básico, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en todo lo que resulte de aplicación, así como por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como por cualquier otra norma del ordenamiento jurídico que resulte de aplicación.

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Artículo 3.- Procedimiento de concesión

1. El procedimiento para la concesión de las subvenciones se iniciará de oficio, mediante convocatoria pública adoptada por el órgano competente para su concesión, publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y cuyo extracto se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, determinando los créditos presupuestarios a los que deben imputarse las correspondientes subvenciones.

2. La concesión de las subvenciones incluidas en los programas 1 y 2 se realizará previa comprobación de la concurrencia en el solicitante de los requisitos establecidos para su otorgamiento, sin que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes, ni la prelación entre las mismas, hasta el límite del crédito presupuestario establecido en la convocatoria, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

(Apartado modificado por la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la Orden de 30 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación, en su artículo único)

3. La concesión de subvenciones incluidas en el programa 3 se llevará a cabo en régimen de concurrencia competitiva, previa valoración de la idoneidad de los proyectos presentados por una Comisión de evaluación constituida por el Director General competente en materia de economía social, el jefe de servicio o persona en quien delegue competente en materia de economía social, y un técnico responsable de la tramitación del programa correspondiente.

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Artículo 4.- Financiación

1. Las subvenciones que se concedan al amparo de estas bases reguladoras se imputarán al presupuesto de gastos establecido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio anual correspondiente, determinando sus cuantías y asignaciones presupuestarias en cada convocatoria, con arreglo a lo establecido en los artículos 19, 23 y 27 de la presente Orden.

2. La convocatoria asignará un límite de crédito para cada programa de ayuda; en caso de que finalizado el otorgamiento de las subvenciones, en los programas 1 o 2, existiese remanente de crédito sin adjudicar, podrá reasignarse motivadamente entre sí, mediante resolución del titular de la Dirección General competente.

Solo cuando se hubiera hecho uso de la facultad reflejada en el párrafo anterior, o bien se acredite su innecesariedad por la insuficiencia de crédito en ambos programas, se procederá a hacer uso del prorrateo de forma proporcional a las cantidades propuestas en el informe del Servicio de Economía Social.

3. Las ayudas de los programas 1 y 2 están cofinanciadas en un porcentaje del 80%, en el marco del Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020.

Asimismo podrán atenderse estos programas con créditos procedentes de otras fuentes de financiación, en cuyo caso el gasto entre las distintas fuentes de financiación será siempre proporcional.

4. Las ayudas del programa 3 estarán financiadas con cargo a fondos propios del Presupuesto de la Dirección General competente en materia de economía social.

5. Las convocatorias podrán fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional, como consecuencia del aumento del crédito presupuestario derivado de una generación, ampliación o incorporación de crédito, en cuyo caso, la cuantía del crédito adicional quedará condicionada a la efectiva disponibilidad del mismo, que será publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con carácter previo a la resolución del procedimiento, sin que tal publicidad implique la apertura de un nuevo plazo para la presentación de solicitudes.

(Dada nueva redacción al artículo por la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la Orden de 30 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación, en su artículo único)

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Artículo 5.- Beneficiarios y requisitos que han de cumplir

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en el programa 1 y 2 de esta Orden, las empresas de inserción que cumplan con lo establecido en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de empresas de inserción, y que se encuentren inscritas y calificadas en el Registro Administrativo de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. Las entidades solicitantes de los programas 1 y 2 deberán reunir los siguientes requisitos:

a) No estar incursa en las circunstancias del artículo 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones.

b) No tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo que las deudas estén suspendidas o garantizadas.

c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública del Estado.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

3. No podrán solicitar, ni recibir las ayudas solicitadas las empresas de inserción que se encuentren en proceso de descalificación, ni aquellas que hayan sido sancionadas por infracciones graves o muy graves en aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, durante los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de cada convocatoria.

4. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en el programa 3 las asociaciones de empresas de inserción que representen al menos a un tercio de las empresas de inserción inscritas definitivamente a la fecha de la solicitud en el Registro de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Deberán reunir los requisitos señalados en el apartado segundo del presente artículo y en el apartado tercero en lo que le sea de aplicación.

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Artículo 6.- Destinatarios finales de la subvención

1. Los destinatarios de las actuaciones subvencionadas en los programas 1 y 2 deberán ser personas en situación o riesgo de exclusión social, descritas en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de empresas de inserción.

2. Los destinatarios de las actuaciones subvencionadas en el programa 3 serán las asociaciones más representativas de empresas de inserción que representen al menos un tercio de las empresas de inserción inscritas definitivamente en el Registro de Empresas de Inserción de la Región de Murcia.

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Artículo 7.- Normas comunes del procedimiento

1. Los solicitantes de estas ayudas están sujetos a la obligación de presentación telemática de las solicitudes firmadas electrónicamente, en aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos todos los trámites se realizarán a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://sede.carm.es), en el código de procedimiento que se indique en la correspondiente convocatoria.

2. Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos a través del servicio de “Notificaciones por Dirección Electrónica Habilitada” (DEH), sin perjuicio de la publicación de la Resolución final en los términos que determine la convocatoria y de las notificaciones a las direcciones que de forma adicional señalen los beneficiarios.

Transcurridos diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación en la DEH sin que se haya accedido a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido practicada en los términos del artículo 43.2.de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

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Artículo 8.- Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes

1. Las solicitudes se presentarán en el Registro electrónico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, portal único de la CARM (https://sede.carm.es) firmadas electrónicamente por el representante de la entidad solicitante, siguiendo el modelo de instancia recogido como anexo en cada convocatoria.

Las entidades deberán presentar junto a la solicitud genérica la documentación justificativa del objeto de la subvención que se solicita, de acuerdo con lo señalado en el artículo siguiente.

2. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en la correspondiente convocatoria, iniciándose al día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

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Artículo 9.- Documentación a presentara junto con la solicitud. Justificación de la ayuda

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los documentos señalados en cada convocatoria. Estos se presentarán en archivos electrónicos separados, al objeto de poder incorporarlos en el expediente administrativo electrónico de la subvención. En concreto, y sin perjuicio de cualesquiera otros documentos que establezca la convocatoria, será obligatorio aportar junto a la solicitud:

A. Programas 1 y 2

0.1. El certificado de titularidad del Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) de la entidad solicitante en la que se realizará el pago.

0.2. Itinerario de inserción personalizado del trabajador en riesgo de exclusión firmado por el técnico de acompañamiento (solo Programa 1).

0.3. Certificado de Servicios Sociales acreditativo de que el trabajador acompañado reúne la condición de trabajador en riesgo o situación de exclusión social (solo Programa 1).

0.4. Contratos de trabajo por los que se solicita la subvención.

0.5. CIF de la entidad y acreditación de la representación del firmante de la solicitud.

0.6. Autorización de los trabajadores destinatarios y de los técnicos de producción y acompañamiento de las subvenciones reguladas en la presentes bases o de los autónomos integrantes de la empresa de inserción solicitante, para que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en concreto la unidad instructora, pueda acceder a consultar los respectivos NIF, vida laboral (trabajadores) y certificados de estar al corriente frente a las obligaciones con la Seguridad Social (autónomos) conforme al anexo previsto en la correspondiente convocatoria En el caso de que no aportaran la correspondiente autorización, estarán obligados a presentar la documentación justificativa así como declaración responsable sobre autenticidad de la misma.

0.7. Declaración responsable sobre:

• Cumplimiento del régimen de mínimis respecto de las ayudas recibidas de acuerdo con los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en coherencia con el artículo 13.2 de las bases reguladoras.

• No haber recibido otras ayudas para la misma finalidad de ningún organismo público estatal o autonómico, solamente las autorizadas en el artículo 13 de la Orden de bases, y que en ningún caso la suma de las subvenciones que se prevén percibir exceden del coste del contrato a subvencionar.

• El compromiso de que los participantes de los programas han obtenido efectivamente información sobre la financiación de los mismos por el Fondo Social Europeo y disponer de un registro documental y gráfico de todas las acciones de difusión realizadas.

0.8. El compromiso del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 11 a 15 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.

0.9. En el caso de que la entidad solicitante no autorizara expresamente a la Administración a obtener la información justificativa del derecho de obtener la subvención, deberá aportar bajo su responsabilidad la documentación siguiente:

a) Copia del CIF de la entidad y acreditación de la representación del firmante de la solicitud.

b) Copia del VILEM: Informe de vida laboral de la entidad solicitante que comprenda los tres años anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de todos los códigos de cuenta de cotización de la entidad.

c) Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y frente a la Seguridad Social.

0.10. Documentación específica para el Programa 2: Curriculum profesional firmado por el personal técnico de producción que se adjunta como Anexo en la correspondiente convocatoria.

En el caso de solicitarse ayuda para los 1 y 2 programas recogidos en el artículo 1 de esta Orden bastará con presentar una sola vez la documentación general exigida para ambas ayudas.

B. Programa 3

1.1. El certificado de titularidad del Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) de la entidad solicitante en la que se realizará el pago.

1.2. CIF de la entidad y acreditación de la representación del firmante de la solicitud.

1.3. En el supuesto de acciones ya realizadas, factura justificativa del gasto realizado, así como de la transferencia realizada. No se admitirán pagos en efectivos. En el supuesto de acciones a realizar tras la solicitud: presupuesto del proyecto presentado.

1.4. Declaración responsable sobre:

• Cumplimiento del régimen de mínimis respecto de las ayudas recibidas de acuerdo con los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en coherencia con el artículo 13.2 de las bases reguladoras.

• No haber recibido otras ayudas para la misma finalidad de ningún organismo público estatal o autonómico, solamente las autorizadas en el artículo 13 de la Orden de bases, y que en ningún caso la suma de las subvenciones que se prevén percibir exceden del coste del proyecto a subvencionar.

• Cumplimiento del deber de incluir en las actividades de comunicación y difusión el origen de los fondos cuando hayan sido subvencionadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. Con la presentación de la solicitud se autorizará expresamente por el interesado la consulta por parte de la Administración de cualquier documento necesario para la obtención de la subvención, debiendo constar en caso contrario su oposición expresa. Excepcionalmente, si la unidad instructora no pudiera recabar los citados documentos, podrá solicitar al interesado su aportación. En caso de no autorizarlo expresamente, el interesado quedará obligado a presentar la documentación justificativa junto a la solicitud en los términos expresados en la convocatoria.

3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente para instruir requerirá al interesado para que la subsane en el plazo de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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Artículo 10.- Instrucción del procedimiento de concesión

1. El órgano instructor para la tramitación de las subvenciones reguladas en la presente Orden será la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo de la Región de Murcia, a través del Servicio de Economía Social. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones de comprobación sean necesarias para determinar los datos en virtud de los cuales formule la propuesta de resolución.

2. A las solicitudes presentadas se les otorgará un número de referencia dentro del correspondiente programa de ayuda.

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Artículo 11.- Resolución del procedimiento

1. Para los programas 1 y 2 el órgano instructor formulará la propuesta de resolución a la vista de los expedientes y del informe favorable del Servicio de Economía Social. Las solicitudes se atenderán según el orden de entrada y en el caso de que éstas fueran incompletas, desde la fecha de su subsanación.

En caso de insuficiencia de crédito habrá de procederse a la reasignación del remanente en otro programa en los términos del artículo 4.2 y si persistiera la insuficiencia, se procederá a practicar un prorrateo proporcional entre las solicitudes presentadas. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del Servicio de Economía Social, formulará propuesta de resolución provisional, que será notificada a los interesados para su aceptación, alegaciones o reformulación en el plazo de diez días. La propuesta provisional será considerada definitiva de no constar en el expediente otros datos o información que los aducidos por el interesado.

(Dada nueva redacción por la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la Orden de 30 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación, en su artículo único)

2. Para el programa 3 se constituirá una Comisión de Evaluación que valorará la idoneidad de los proyectos presentados conforme a los criterios siguientes: mayor participación porcentual con fondos propios de la entidad solicitante en relación con la valoración total del proyecto, mayor divulgación obtenida o a obtener con el proyecto medida sobre el potencial número de destinatarios, y proyecto más innovador entre los presentados. La comisión establecerá una prelación de menor a mayor puntuación los proyectos en función de cada uno de estos proyectos, asignándole un punto al que menor puntuación obtenga, adicionando un punto a cada puesto que se ascienda en la prelación. La suma total obtenida por los tres criterios permitirá realizar una lista ordenada que servirá de informe-propuesta de la Comisión al órgano instructor.

3. El órgano competente para resolver será el titular de la Consejería con competencia en materia de economía social, previo informe de la intervención delegada. En la Orden de concesión se determinará motivadamente el beneficiario; la cuantía de la ayuda concedida; si se ha procedido al prorrateo, en su caso; la forma de abono; el plazo de justificación del mantenimiento de las condiciones que motivaron el otorgamiento, y demás circunstancias que procedan. Si la propuesta fuera desfavorable a la concesión de la subvención, el titular de la Consejería competente en materia de economía social resolverá motivadamente la solicitud formulada.

(Dada nueva redacción por la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la Orden de 30 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación, en su artículo único)

4. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

Transcurrido dicho plazo sin que el beneficiario haya recibido la notificación expresa de la resolución, deberá entender desestimada su solicitud por silencio negativo, en aplicación de lo establecido en el artículo 19.5 de la Ley 7/2005, sin perjuicio del deber de la Administración de resolver expresamente.

5. Contra la Orden de resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes desde su notificación, en aplicación de lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6. Con independencia de la publicidad derivada de la normativa aplicable en materia de subvenciones, y de manera adicional a esta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las ayudas públicas concedidas con indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su objetivo o finalidad, se publicarán en el Portal de Transparencia al que se refiere el artículo 11 de la citada Ley.

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Artículo 12.- Pago de la subvención

1. El pago de las subvenciones de los programas 1 y 2 reguladas en esta Orden se producirá con posterioridad a la realización del objeto subvencionado, previa comprobación de haber ejecutado la actuación objeto de la subvención.

2. El pago de las subvenciones del programa 3 se realizará respecto de las actuaciones aún no realizadas- de manera anticipada con la concesión, como financiación necesaria para poder llevar a cabo tales actuaciones, no exigiéndose garantía alguna dado que los beneficiarios son asociaciones empresariales, de acuerdo con el artículo 16.2 e) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Para las actuaciones realizadas con anterioridad a la notificación del otorgamiento de la subvención el pago se realizará en el momento de la concesión, previa comprobación de haber realizado el objeto de la subvención.

3. El abono se practicará en un solo plazo mediante transferencia al Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) de titularidad de la entidad solicitante.

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Artículo 13.- Régimen de incompatibilidades

1. Las subvenciones reguladas en estas bases serán incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad, con excepción en los programas 1 y 2 de las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social si las hubiere, siempre que se respeten los límites establecidos en la normativa que regule dicha bonificación.

2. Las ayudas recibidas por empresas de inserción y asociaciones de empresas de inserción, en cuanto prestadoras de Servicios de Interés Económico General (SIEG) según la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, no podrán superar los 500.000 euros durante un período de tres ejercicios fiscales, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a las ayudas de mínimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general.

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Artículo 14.- Reintegro de las cantidades percibidas

1. La comprobación de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención, darán lugar al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, y en su caso a la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, por las causas previstas en los artículos 36.4 y 37 de la Ley General de Subvenciones y de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 36 de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. Para el cálculo del importe a reintegrar se aplicará el principio de proporcionalidad, y se tendrá en cuenta el importe de la subvención concedida y el tiempo que se hayan mantenido las condiciones impuestas para su disfrute.

3. El reintegro para los programas 1 y 2 será total cuando la modificación de las condiciones del otorgamiento determine el incumplimiento de los mínimos de subvencionabilidad recogidos en los artículos 18 y 22 de las presentes bases.

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Artículo 15.- Difusión y publicidad de las subvenciones

1. En todas las medidas de información, difusión y comunicación que se lleven a cabo con cargo al programa 1 y 2, el beneficiario deberá publicitar en los proyectos subvencionados que está siendo subvencionado por la Consejería competente en materia de economía social, y el Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo FSE de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, siendo necesario acreditar documentalmente que los participantes de los programas han obtenido efectivamente información sobre la financiación de los mismos por el Fondo Social Europeo y disponer de un registro documental y gráfico de todas las acciones de difusión realizadas.

2. Al realizar las acciones de difusión, deberá acreditarse:

a. Cuando sean a través de internet, deberá describirse el programa, su origen, los objetivos y resultado alcanzado con el apoyo financiero.

b. En todo caso se realizarán acciones de cartelería, con un tamaño mínimo A3 que mencione la ayuda financiera y se colocará en un lugar visible de las instalaciones de la entidad beneficiaria.

c. En las memorias y/o publicaciones y otros textos impresos se utilizará el escudo oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el nombre de la Consejería competente en materia de economía social y el lema “El FSE Invierte en tu futuro”.

3. Para el programa 3 deberán incorporar en todas las manifestaciones de promoción y difusión de las actividades objeto de ayuda, ya sea en medios de difusión orales o escritos, que éstas están subvencionadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la Dirección General competente en materia de economía social.

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Artículo 16.- Obligaciones de los beneficiarios

1. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas con carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y el artículo 11 de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las entidades beneficiarias previstas en estas bases deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Realizar la actividad subvencionada en los términos previstos en la concesión y modificaciones, en su caso, asumiendo todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la actuación propuesta.

b) Comunicar a la Dirección General competente en materia de economía social las incidencias que puedan ocurrir durante el período subvencionable, en el plazo máximo de 15 días desde que se produzcan.

c) Colaborar con la Dirección General competente en materia de economía social en las actuaciones de seguimiento y control de los programas, facilitando los datos que sean solicitados.

d) Las entidades beneficiarias deberán mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con las operaciones cofinanciadas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

e) Las entidades que resulten beneficiarias en actuaciones cofinanciadas aceptan su inclusión en una lista de beneficiarias de ayudas conforme a lo establecido en el artículo 115 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

f) Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y de control financiero, en su caso, que realice el órgano que convoca la ayuda, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo cuando sea procedente-, la Intervención General de la Administración del Estado y la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Tribunal de Cuentas, los órganos de la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo y demás órganos fiscalizadores que por la naturaleza y origen de los fondos, tienen competencia en la materia; así como de facilitar cuanta información le sea requerida por los mismos.

g) Suministrar en las subvenciones cofinanciadas cuanta información les sea requerida sobre los participantes en las operaciones conforme al artículo 125.2, letra d) del Reglamento (UE) 1303/2013 y el Anexo I del Reglamento (UE) 1304/2013.

i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control por parte de cualquiera de los organismos competentes para ello, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios.

En concreto, y a efectos de su justificación ante las instituciones comunitarias, la documentación justificativa presentada para la presente subvención deberá conservarse durante 3 años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) número 1083/2006 del Consejo.

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Capítulo II

Programas de ayudas

Sección primera. Programa n.º 1 de Ayudas: Subvención a la creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo de personas en riesgo o situación de exclusión social.

Artículo 17.- Objeto

Las ayudas concedidas en el marco de este programa tienen por objeto promover en las empresas de inserción la creación o el mantenimiento de puestos de trabajo destinados a personas en riesgo o situación de exclusión social, subvencionando los contratos de inserción vigentes durante cada año natural que se convoquen las ayudas, ya sean de nueva creación o de mantenimiento de los celebrados con anterioridad.

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Artículo 18.- Requisitos de subvencionalidad

1. Podrán ser subvencionados los contratos de inserción que sigan un itinerario de inserción conforme a lo establecido en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, y deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) La relación laboral que se establezca entre las empresas de inserción y las personas trabajadoras en situación de exclusión social se ajustarán a las modalidades previstas en la legislación vigente. En todo caso, las relaciones laborales de las personas trabajadoras en situación de exclusión social en las empresas de inserción se atendrán a lo dispuesto en los artículos 11 a 15 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.

b) El itinerario de inserción deberá tener una duración mínima de seis meses (cuando exista informe de servicios sociales que acredite su conveniencia) y cuando no exista este informe, de 12 meses, siendo la duración máxima, en cualquier caso, de tres años.

2. En el caso de que se produzcan bajas de personas cuyos puestos de trabajo de inserción se subvencionan, la empresa beneficiaria deberá realizar nuevas contrataciones en sustitución de los que han causado baja, o proceder a la devolución de la subvención recibida de forma proporcional al tiempo trabajado. La sustitución deberá realizarse, en su caso, en el plazo máximo de un mes desde la baja.

3. Las nuevas personas contratadas en proceso de inserción deben reunir los requisitos para que su puesto de trabajo sea subvencionado y la empresa debe comunicar a la Dirección General competente en materia de economía social en el plazo de quince días las incidencias en los puestos de trabajo, tanto el cese como la nueva alta que se produzca, mediante el Anexo de Incidencias Laborales que se incluirá en la convocatoria, adjuntando la documentación justificativa de la incidencia.

4. En el supuesto de que dicha sustitución no fuese posible, y no se hubieran alcanzado los seis meses mínimos de contratación exigidos, se procederá al reintegro total de la subvención, según lo previsto en el artículo 14.3 de esta Orden de bases.

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Artículo 19.- Cuantía de la ayuda

De acuerdo con el artículo 67.1 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento y del Consejo Europeo, de 17 de diciembre de 2013, la ayuda queda cuantificada en el 80% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del último día del año anterior a la convocatoria para la contratación o mantenimiento de puestos de inserción ocupados por hombres y el 90% del SMI del último día del año anterior a la convocatoria para los ocupados por mujeres.

Esta cuantía máxima irá referida a un contrato de 12 meses a jornada completa en el año natural de la convocatoria. La ayuda a percibir será proporcional a la duración y jornada del contrato celebrado por cada puesto de inserción, y como máximo hasta 31 de diciembre, teniendo como referencia la cuantía anual antes referida, sin perjuicio de que los contratos que excedan del año natural puedan subvencionarse en las posibles convocatorias de años sucesivos.

Lo dispuesto en este artículo será de aplicación sin perjuicio de que en la Orden de concesión definitiva proceda la aplicación del prorrateo por insuficiencia de crédito, en los términos de los artículos 4.2 y 11.1 de las presentes bases reguladoras.

(Dada nueva redacción por la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la Orden de 30 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación, en su artículo único)

 

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Artículo 20.- Mantenimiento de las condiciones de la subvención

La Administración Regional comprobará de oficio que se ha mantenido la contratación durante el periodo subvencionado, siempre que el solicitante no se haya opuesto expresamente a ello, en cuyo caso deberá aportar en el plazo de un mes desde la finalización del período subvencionable el informe de vida laboral de la entidad beneficiaria o del trabajador destinatario de la subvención.

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Sección segunda. Programa n.º 2 de Ayudas: Subvención a la contratación y/o mantenimiento de personal técnico de producción y acompañamiento.

Artículo 21.- Objeto

Las ayudas concedidas en el marco de este programa tienen por objeto facilitar la contratación y/o mantenimiento por las empresas de inserción de técnicos de producción y/o acompañamiento cuya misión es tutelar la actividad productiva, proporcionar el adiestramiento laboral en la ocupación u ocupaciones en las que desempeñan su actividad las personas en proceso de inserción, así como asistir y acompañar en el desempeño del trabajo remunerado, mediante formación en el puesto de trabajo, habituación laboral y social encaminada a satisfacer o resolver problemáticas específicas derivada de la situación de exclusión que dificultan un normal desarrollo de los itinerarios laborales.

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Artículo 22.- Requisitos de subvencionalidad

1. El personal técnico de producción deberá tener experiencia o formación en el campo profesional en el que se base la actividad productiva.

2. Para ser subvencionable, la jornada laboral del personal técnico (de producción y acompañamiento) y de los contratos de inserción acompañados deberá ser igual o superior al 50% de la jornada completa, siendo el máximo de puestos de inserción acompañados subvencionable de 8 por técnico, con un máximo de seis técnicos de producción o acompañamiento por empresa de inserción.

3. En el supuesto de que se produzcan bajas del personal técnico cuyos puestos de trabajo se subvencionan, las empresas beneficiarias deberán realizar nuevas contrataciones en sustitución de los que han causado baja. Esta sustitución deberá realizarse en el plazo de un mes desde la baja, debiendo reunir el nuevo personal técnico los requisitos para que su puesto de trabajo sea subvencionado y la empresa debe comunicar a la Dirección General competente en materia de economía social en el plazo de quince días los cambios producidos, mediante el Anexo de Incidencias Laborales reflejado en la convocatoria.

4. El número y características en cuanto a jornada y duración de los contratos de inserción acompañados que se tengan en cuenta para determinar la cuantía de la subvención debe ser mantenido para cada técnico durante el año natural de la convocatoria; en caso contrario dará lugar al reintegro proporcional correspondiente.

5. El incumplimiento de las condiciones mínimas de subvencionabilidad dará lugar al reintegro total de la subvención en los términos establecidos en el artículo 14.3 de la presente Orden de Bases.

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Artículo 23.- Cuantía de la ayuda

1. De acuerdo con el artículo 67.2 bis del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento y del Consejo Europeo, de 17 de diciembre de 2013, para realizar el cálculo del importe máximo para los costes de personal, se establece como sistema de cálculo de costos simplificados un baremo estándar de costes unitarios (artículo 67.1, letra b) del Reglamento (UE) 1303/2013) a razón de 2.500,00 € por cada puesto de trabajo de 12 meses a jornada completa, reduciéndose proporcionalmente según la duración y jornada de cada uno de esos puestos, con un máximo de 20.000,00 € por cada técnico contratado.

2. No serán objeto de subvención contratos de personal técnico suscritos con jornada inferior al 50% y con un número de puestos de inserción acompañados superior a 8.

3. La ayuda será la correspondiente al año natural en que se solicita la ayuda, y como máximo hasta el 31 de diciembre, sin perjuicio de que los contratos que excedan del año natural puedan subvencionarse en las posibles convocatorias de años sucesivos.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación sin perjuicio de que en la Orden de concesión definitiva proceda la aplicación del prorrateo por insuficiencia de crédito, en los términos de los artículos 4.2 y 11.1 de las presentes bases reguladoras.

(Apartado adicionado por la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la Orden de 30 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación, en su artículo único)

 

Artículo 24.- Mantenimiento de las condiciones de la subvención

La Administración Regional comprobará de oficio que se ha mantenido la contratación durante el periodo subvencionado, siempre que el solicitante no se haya opuesto expresamente a ello, en cuyo caso deberá aportar en el plazo de un mes desde la finalización del período subvencionable el informe de vida laboral de la entidad beneficiaria o del trabajador destinatario de la subvención.

Además, la entidad beneficiaria deberá aportar en todo caso en el plazo señalado en el párrafo anterior, cuenta justificativa expresiva de la ejecución real de los contratos de personal técnico subvencionados, y en concreto, de los siguientes aspectos:

a. Descripción de los contratos del personal técnico dentro del período subvencionable, en particular referencia a su duración, jornada y especificación de períodos de incapacidad temporal, en su caso.

b. Descripción (nombre, jornada y duración) de los contratos del personal de inserción acompañados.

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Sección tercera. Programa n.º 3 de Ayudas: Subvención dirigida a asociaciones representativas de empresas de inserción para la promoción y difusión de la actividad propia de empresas de inserción.

Artículo 25.- Objeto

1. Mediante este Programa se podrá subvencionar el coste parcial o total, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) recuperable, de los gastos elegibles de las actividades de difusión que tengan por objeto dar a conocer la labor que realizan las Empresas de inserción inscritas en el Registro de Empresas de Inserción de la Región de Murcia. Entre las acciones subvencionables se encuentran las jornadas, publicidad, propaganda, eventos o contratación de cuñas en medios de comunicación: radio, prensa o televisión.

No será subvencionable a través de esta ayuda los gastos propios en que incurra la asociación con la acción de difusión, ya sea de personal propio, inversión o gastos en bienes corrientes y servicios.

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Artículo 26.- Requisitos de subvencionalidad

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas de difusión las asociaciones de empresas de inserción que representen al menos a un tercio de las inscritas de forma definitiva en el Registro de Empresas de Inserción de la Región de Murcia.

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Artículo 27.- Cuantía de la ayuda

El importe de la subvención será como máximo de tres mil euros (3.000,00 euros) por actividad y solicitante, y no podrá superar el presupuesto presentado por la entidad solicitante.

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Artículo 28.- Plazo y justificación de la subvención

1. Las acciones subvencionadas deberán desarrollarse y realizar su gasto en el periodo comprendido entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de cada año natural en el que se publique la convocatoria.

2. Las Entidades beneficiarias deberán presentar en la Dirección General competente en materia de economía social la documentación que se indica a continuación:

a. Memoria descriptiva del proyecto de divulgación o comunicación, expresivo de lo siguiente extremos: contenido específico de la acción, desglose entre gastos propios de la asociación y gastos externos, plazo de ejecución, destinatarios finales, así como estimación de su número si fuera posible.

b. Si el proyecto a subvencionar aún no se ha realizado: Presupuesto del proyecto que responderá al objeto descrito en el artículo 25 de estas Bases.

c. Si el proyecto a subvencionar se ha realizado a la fecha de la solicitud. Facturas con acreditación de su pago, o justificantes definitivos de pago de los gastos externos ocasionados, que sean directamente imputables a la actividad subvencionada. En la factura se deberá indicar expresamente la actividad subvencionada a la que corresponde. Las facturas se pagarán mediante cheque, pagaré o transferencia bancaria, debiendo aportarse copia de estos así como el correspondiente extracto bancario que refleje dichos cargos, sellado por la entidad financiera.

d. En los casos en los que con la subvención se financien folletos, revistas, material impreso o audiovisual o cuñas de prensa, radio o televisión, deberá adjuntarse un ejemplar de los mismos.

e. En los supuestos que la actividad subvencionada sea una jornada, seminario o conferencia, se deberá aportar relación de participantes, así como documentación gráfica de la actividad subvencionada.

4. Para aquellas acciones finalizadas y pagadas antes de la entrada en vigor de la convocatoria, la documentación se presentará junto a la solicitud de subvención.

5. Para aquellas acciones que no hayan finalizado a la entrada en vigor de la convocatoria, o estén por realizar, la documentación justificativa se presentará en los dos primeros meses del ejercicio siguiente.

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Disposición adicional única. Interrupciones de actividad y suspensión de contratos por COVID-19

Las interrupciones de actividad y suspensión de contratos autorizados en base al COVID-19 serán considerados como supuesto de fuerza mayor, computando a los efectos de la presente orden como tiempo de actividad o trabajo efectivo en cuanto a mantenimiento de las condiciones de la subvención.

Las interrupciones de actividad y suspensión de contratos autorizados en base al COVID-19 no serán casusa de reintegro total o parcial previstos en las presentes bases.

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Disposición final única. Entrada en vigor

La presente Orden de bases reguladoras entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Murcia, a 30 de julio de 2020. El Consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas Guzmán.

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