Extracto de la Resolución de 15 de junio de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación de las actuaciones de la inversión 4 «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables» del componente 23 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Nextgeneration UE (C23.I)

BORM número 141 de 21/06/2022

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Servicio Regional de Empleo y Formación

Vigencia: desde el 22 de junio de 2022

Contenido

BDNS (Identif.): 633975

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633975)

Primero.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de esta subvención las siguientes entidades:

a) Entidades locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los organismos autónomos dependientes de las mismas, cuya titularidad corresponda íntegramente a dichas entidades locales y tengan carácter exclusivamente administrativo.

b) Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que realicen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y dispongan de delegación o establecimiento en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo de la actividad objeto de subvención, y que reúnan los siguientes requisitos:

Tener entre sus fines la formación y/o la inserción laboral de personas desempleadas incluidas en los colectivos vulnerables determinados en esta convocatoria.

Contar con experiencia demostrada en formación y/o el trabajo de inserción laboral de los citados colectivos.

Segundo.- Objeto.

1. Será subvencionable con cargo a esta convocatoria los proyectos integrados de inserción laboral se destinarán a financiar los costes de los itinerarios individualizados y personalizados de las personas participantes, que para ellas diseñen e implementen las entidades beneficiarias.

2. Cada persona participante deberá recibir acciones de orientación y acompañamiento en la búsqueda de empleo, así como acciones de formación y, en su caso, otras acciones facilitadoras de la inserción laboral.

En función de las necesidades que la entidad beneficiaria detecte en la persona participante, podrá disponer otras acciones que faciliten su inserción laboral, que podrán ser financiadas también mediante esta subvención. Estas acciones podrán consistir en:

a) Ayudas de conciliación.

b) Ayudas de formación y para transporte y alojamiento.

c) Adaptación de la persona al puesto de trabajo.

d) Otras que considere precisas la entidad beneficiaria dentro del itinerario.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 22 de mayo de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación de las actuaciones de la inversión 4 «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables» del componente 23 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C23.I4 CID 346) (BORM n.º 121 de 27 de mayo de 2022)

Cuarto.- Financiación.

1.- Las subvenciones que se convocan serán financiadas con cargo al presupuesto de gastos del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) para el ejercicio 2022 y podrán ser financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo y Economía Social mediante los recursos financieros derivados del Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según el siguiente detalle:

a) Para entidades del artículo tercero 1 a):

Partida presupuestaria: 57.02.00.322A.46503

Código de proyecto: 49469

Importe: 2.670.457,14 €

b) Para entidades del artículo tercero 1 b):

Partida presupuestaria: 57.02.00.322A.48507

Código de proyecto: 49470

Importe: 2.670.457,14

2.- Las subvenciones que se otorguen no podrán, en ningún caso, exceder del límite de los créditos establecidos en la presente resolución de convocatoria.

3.- En el caso de inexistencia de solicitudes suficientes en una de las partidas, el órgano instructor podrá realizar una modificación presupuestaria justificada de las cantidades iniciales asignadas a cada proyecto.

4.- De conformidad con el artículo 14 del Decreto-Ley n.º 6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de la Administración Regional para la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU) para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia, la convocatoria se realiza anticipadamente, estando pendiente de aprobación la modificación de crédito, según el siguiente desglose:

MC

APLICAC. PRESUP.

CÓDIGO PROYECTO

IMPORTE
499/2022 57.02.00.322A.46503 49469 1.481.790,50

502/2022

57.02.00.322A.46503 49469 1.188.666,64
499/2022 57.02.00.322A.48507 49470 1.481.790,50
502/2022 57.02.00.322A.48507 49470 1.188.666,64
 

Por tanto, la concesión queda supeditada a la aprobación de dicha modificación presupuestaria.

5.- Se establece una cuantía adicional estimada de 1.000.000,00 de euros, para el caso de que se produzca un aumento del crédito presupuestario disponible como consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito. Este aumento será hecho público, con carácter previo a la concesión, mediante la oportuna resolución de la Dirección General del SEF en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con indicación de la cuantía que se afecta a la presente convocatoria.

6. Las cuantías establecidas por partida y proyecto establecida en punto 1 de este artículo podrá modificarse, si una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y dictadas las resoluciones de concesión correspondiente no agotasen el crédito previsto en la misma.

Quinto. Cuantías de la subvención.

La cuantía de la subvención será un módulo máximo de 6.000 euros por participante, a percibir por el beneficiario de la subvención por cada persona participante que concluya el itinerario personalizado que se le haya diseñado.

La financiación total de la subvención se determinará en la correspondiente resolución de concesión, en función del número de participantes atendidos y el correspondiente módulo, de forma que:

a) La cantidad máxima a percibir por participante en acciones de formación será 1.200 euros/persona, para cuyo cálculo se ha tenido en consideración un módulo hora de 12 euros.

b) Para las acciones de orientación, acompañamiento y adquisición de competencias genéricas y transversales la cantidad máxima a percibir, por persona atendida y que finalice su itinerario, será de 3.000 euros.

c) En el caso de otras acciones facilitadoras de la inserción, la cantidad máxima a percibir será de 1.800 euros /persona.

Esta cantidad total tiene la consideración de módulo a efectos de la determinación del importe de la subvención y de su justificación, que se efectuarán por el régimen de módulos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 76 a 79 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Para establecer el correspondiente módulo, se ha tenido en cuenta la metodología de cálculo para la línea de inversión “Colectivos especialmente vulnerables” de la inversión C23.I4, “Nuevos Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad”, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (componente 23), aprobado por el Consejo de Ministros y la Comisión Europea.

No se subvencionarán acciones correspondientes a participantes que, por cualquier causa, no hayan concluido su itinerario personalizado.

Sexto.- Solicitudes

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común las solicitudes de subvención, dirigidas a la Dirección del Servicio Regional de Empleo y Formación, se formalizarán en el modelo único de instancia establecido y deberá ir firmada electrónicamente por el representante de la entidad, previa cumplimentación, y presentarse en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://sede.carm.es), través del procedimiento habilitado en la Guía de procedimientos y servicios (3911) https://sede.carm.es.

Las solicitudes presentadas fuera del plazo previsto en la convocatoria serán inadmitidas.

2. En todo caso, junto con la solicitud se presentará una declaración responsable de adecuación al principio de «no causar daño significativo» (principio «do no significant harm DNSH»), de acuerdo con lo previsto en el artículo noveno punto 2.

3. La solicitud de la subvención deberá acompañarse, asimismo, de una memoria descriptiva del proyecto integrado de inserción que incluirá:

a) La previsión de acciones a desarrollar como parte de los itinerarios personalizados.

b) La estimación del número de personas a atender, incluyendo el colectivo a atender, y que finalizarán su itinerario.

c) Ámbito territorial del proyecto, con indicación del municipio/s donde se desarrollarán los itinerarios.

d) Los criterios de selección de las personas participantes.

e) La estimación del plazo de duración total del proyecto.

f) El presupuesto estimativo del coste del proyecto total, en función de los costes unitarios y las personas participantes estimadas.

g) Si las acciones de formación se van a desarrollar directamente por la entidad o se va a subcontratar.

h) Instalaciones previstas donde se realizarán las diferentes actuaciones.

Esta memoria incluirá también el perfil del personal que desarrollará el proyecto, indicando el porcentaje de dedicación, titulación y experiencia profesional; así como el detalle de las instalaciones donde se desarrollará el proyecto. El Servicio Regional de Empleo y Formación podrá pedir a la entidad información sobre otros aspectos de carácter técnico que permitan comprobar la viabilidad del proyecto.

Los profesionales asignados deben tener estudios universitarios finalizados, preferentemente con experiencia superior a un año en funciones de orientación, prospección o intermediación.

4. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación requerida (según anexo I de la resolución de convocatoria) que se aportará en formato electrónico, así como una declaración responsable de la autenticidad de los mismos. El tamaño máximo admitido, tanto de cada archivo como del total de los mismos será el previsto por la sede electrónica.

5. La entidad deberá presentar una Declaración Responsable del cumplimiento de las condiciones para el acceso a la subvención, sin perjuicio de que el órgano competente consulte los sistemas de información correspondientes para verificar el cumplimiento de las condiciones de los beneficiarios de la subvención.

6. En la sede electrónica de la CARM se podrá obtener información acerca de los sistemas de firma y certificado electrónicos admitidos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.

En todo caso, para la presentación por medios electrónicos, deberá disponer de firma electrónica de la forma prevista en el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

7. Plazo de presentación de solicitudes. El plazo para la presentación de solicitudes de subvención será de quince días desde el día siguiente a la publicación del Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos en esta convocatoria y en la orden de bases, si no estuviera debidamente cumplimentada, si la documentación recibida fuese defectuosa o si faltase alguno de los documentos preceptivos; se requerirá a la entidad solicitante para que en el plazo máximo de cinco días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La aportación de documentación una vez presentada la solicitud (subsanación o aportación de documentación), se realizará a través del formulario “Escrito de cumplimiento al requerimiento de subsanación/mejora (Formulario para actos de trámite en un expediente ya iniciado)”, disponible a través del número de procedimiento correspondiente 3911.

Séptimo.- Plazo.

El plazo para la presentación de solicitudes de subvención será de quince días desde el día siguiente a la publicación del Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 15 de junio de 2022. La Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, María Isabel López Aragón.

Extracto de la Resolución de 8 de junio de 2022 de la Dirección Gerencial del IMAS de convocatoria de subvenciones para adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos residenciales para personas con discapacidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU

BORM número 138 de 17 de junio de 2022

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia

Instituto Murciano de Acción Social

Vigencia: desde el 18 de junio de 2022

Referencias

Afectada por:

Orden de 28 de diciembre de 2021 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a corporaciones locales y entidades sin fin de lucro para la adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos residenciales del sector de personas con discapacidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation EU, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM número 301 de 31 de diciembre de 2021):

Establece las bases reguladoras.

Contenido

BDNS (Identif.): 632372

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/632372)

Primero: Beneficiarios.

Podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones convocadas, según las líneas detalladas en los artículos 26 y siguientes de la Orden de bases:

a) Para la línea de subvención A-1: las corporaciones locales que sean propietarias de recursos residenciales de atención a personas con discapacidad intelectual que cuenten con plazas concertadas con el IMAS.

b) Para las líneas de subvención B-1 y D-1: las entidades sin fin de lucro que sean propietarias de recursos residenciales de atención a personas con discapacidad que cuenten con plazas concertadas con el IMAS.

c) Para las líneas de subvención A-2, C, E y G: las corporaciones locales inscritas en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia autorizadas para la realización de actuaciones en el área de las personas con discapacidad.

d) Para las líneas de subvención B-2, D-2, F y H: las entidades sin fin de lucro inscritas en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia autorizadas para la realización de actuaciones en el área de las personas con discapacidad.

Serán causa directa de exclusión:

a) Que la entidad no cuente con el Plan de Igualdad que en su caso sea obligatorio por contar con más de 50 trabajadores (art. 1.1 y art. 1.3 del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación).

b) Que la entidad no cuente con al menos un 2% de trabajadores con discapacidad que en su caso sea obligatorio por contar con más de 50 trabajadores (art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social).

Segundo: Objeto.

Convocar subvenciones de concurrencia competitiva para el ejercicio 2022 dirigidas a corporaciones locales y entidades sin fin de lucro para la adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos residenciales del sector de personas con discapacidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

A efectos de lo dispuesto en esta Resolución de convocatoria, serán financiables actuaciones en el marco de los siguientes proyectos del Componente 22.I1 del PRTR:

Proyecto 10. Construcción y remodelación de equipamientos para personas con discapacidad.

Proyecto 11. Construcción y remodelación de equipamientos para personas con alteraciones crónicas de la salud mental.

Proyecto 12. Adquisición de nuevos equipamientos para alumnado con discapacidad y con alteraciones graves del comportamiento.

Proyecto 13. Adquisición de nuevos equipamientos en la comunidad para personas con discapacidad.

Tercero: Bases reguladoras.

Orden de 28 de diciembre de 2021 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a corporaciones locales y entidades sin fin de lucro para la adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos residenciales del sector de personas con discapacidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation EU, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 31 de diciembre de 2021).

Orden de 8 de abril de 2022 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se modifica la Orden de 28 de diciembre de 2021 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a corporaciones locales y entidades sin fin de lucro para la adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos residenciales del sector de personas con discapacidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation EU, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 19 de abril de 2022).

Cuarta: Cuantía.

Estas subvenciones se harán efectivas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2022, financiados en un 100% por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU por un importe total de 10.497.971,78 €.

Se establecen ocho líneas de proyectos con distintos destinatarios y finalidades:

Línea A.- Subvenciones dirigidas a Corporaciones Locales para remodelación y equipamiento o construcción y equipamiento de bienes inmuebles de carácter residencial insertos en la comunidad destinados a programas innovadores de atención centrada en la persona y para la promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad física o intelectual. Cuantía: 870.000,00 €

Línea B.- Subvenciones dirigidas a entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad para remodelación y equipamiento o construcción y equipamiento de bienes inmuebles de carácter residencial insertos en la comunidad destinados a programas innovadores de atención centrada en la persona y para la promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad física o intelectual. Cuantía: 871.955,41 €

Línea C. Subvenciones dirigidas a Corporaciones locales para construcción y equipamiento o remodelación y equipamiento de recursos residenciales insertos en la comunidad destinados a programas innovadores de atención centrada en la persona y para la promoción de la vida independiente de las personas con alteraciones crónicas de la salud mental. Cuantía: 1.325.000,00 €

Línea D. Subvenciones dirigidas a entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad para construcción y equipamiento o remodelación y equipamiento de recursos residenciales insertos en la comunidad destinados a programas innovadores de atención centrada en la persona y para la promoción de la vida independiente de las personas con alteraciones crónicas de la salud mental. Cuantía: 1.328.273,10 €

Línea E. Subvenciones dirigidas a Corporaciones Locales para adquisición, remodelación y equipamiento de viviendas en la comunidad destinadas a la atención a personas con alteraciones graves del comportamiento escolarizadas en centros de educación especial. Cuantía: 1.525.000,00 €

Línea F. Subvenciones dirigidas a entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad para adquisición, remodelación y equipamiento de viviendas en la comunidad destinadas a la atención a personas con alteraciones graves del comportamiento escolarizadas en centros de educación especial. Cuantía: 1.526.000,00 €

Línea G: Subvenciones dirigidas a Corporaciones para la adquisición, remodelación y equipamiento de viviendas en la comunidad destinadas a personas con discapacidad. Cuantía: 1.525.000,00 €

Línea H: Subvenciones dirigidas a entidades sin fin de lucro del área de la discapacidad para la adquisición, remodelación y equipamiento de viviendas en la comunidad destinadas a personas con discapacidad. Cuantía: 1.526.743,27 €

Para las líneas A, B, C y D, el importe máximo a financiar mediante las subvenciones convocadas por la presente Resolución será de 65.000,00 € por plaza de nueva construcción y de 13.000,00 € por plaza reformada. Sólo se podrá subvencionar a cada entidad un máximo de 650.000,00 €, correspondiente a 10 plazas por beneficiaria, en el caso de nuevas construcciones y a un máximo de 260.000,00 €, correspondiente a 20 plazas por beneficiaria, en el caso de reforma de plazas ya existentes.

Para las líneas E, F, G y H, el importe máximo financiable por vivienda, incluidos todos los gastos relacionados con la adquisición, remodelación y equipamiento, será de 262.000,00 €. En caso de que la vivienda sea ya propiedad de la entidad solicitante y únicamente procedan la reforma y el equipamiento, se aplicará el límite máximo subvencionable de 13.000,00 € por plaza reformada.

Quinto: Plazo y forma de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la Resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

La solicitud electrónica se presentará en el Registro electrónico único de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia utilizando el formulario de solicitud electrónica que estará disponible en la sede electrónica (sede.carm.es) con código 2127 o por cualquier registro electrónico, de conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se presentará una única solicitud para todas las actuaciones relativas a un mismo inmueble, y el equipamiento siempre tendrá que formar parte de un proyecto de construcción, reforma o adquisición de un inmueble.

Se presentará una solicitud por cada inmueble independiente, de manera que cada entidad tendrá que presentar tantas solicitudes como inmuebles diferentes pretenda construir, adquirir o reformar.

Sexta: Otros datos.

Podrán incluirse en estas subvenciones los proyectos iniciados a partir del 1 de febrero de 2020, siempre que se ajusten a los plazos límite de ejecución para cada línea señalados en los párrafos siguientes:

El plazo de ejecución de los proyectos subvencionados por las líneas A, B, C y D será de 31 de diciembre de 2023, siempre que en el proyecto presentado por la entidad no se prevea un plazo de ejecución inferior.

El fin del plazo de ejecución de los proyectos subvencionados por las líneas E, F, G y H será el 31 de diciembre de 2022.

Murcia, 8 de junio de 2022. El Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, Raúl Nortes Ortín.

Decreto número 67/2022, de 2 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de «proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de población vulnerable», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation EU, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

BORM número 133 de 11 de junio de 2022

Consejo de Gobierno

Vigencia: desde el 2 de junio de 2022

Contenido

Índice:

Artículo 1. Objeto de la subvención, finalidad y razones de interés público y social que concurren en su concesión.
Artículo 2. Régimen jurídico.
Artículo 3. Procedimiento de concesión.
Artículo 4. Documentación a presentar.
Artículo 5. Compromisos con el código de conducta en materia de subvenciones y ayudas públicas de la Región de Murcia.
Artículo 6. Beneficiarios y proyectos subvencionados.
Artículo 7. Financiación.
Artículo 8. Gastos subvencionables.
Artículo 9. Subcontratación.
Artículo 10. Compatibilidad con otras subvenciones.
Artículo 11. Pago de subvenciones.
Artículo 12. Obligaciones de las entidades locales beneficiarias.
Artículo 13 Plazo de ejecución.
Artículo 14. Modificación de los proyectos.
Artículo 15. Justificación de la subvención.
Artículo 16. Incumplimientos y reintegros.
Artículo 17. Publicidad y difusión.
Artículo 18. Ausencia de relación laboral.
Artículo 19. Protección de datos.
Disposición final única. Eficacia.

TEXTO COMPLETO

La crisis sanitaria mundial causada por la pandemia de COVID-19 ha producido una serie de consecuencias de índole social y económica a las que la Unión Europea ha querido dar respuesta, entre otras maneras, a través del instrumento de recuperación NextGenerationEU. Con él se aprovecha la necesidad de reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus para construir una nueva Europa más ecológica, más digital, más resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y futuros. El elemento central de este instrumento NextGenerationEU es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dotado con 723.800 millones de euros en préstamos y subvenciones disponibles para los Estados para apoyar las reformas e inversiones emprendidas por los países de la UE. El objetivo es mitigar el impacto económico y social de la pandemia de coronavirus y hacer que las economías y sociedades europeas sean más sostenibles, resilientes y estén mejor preparadas para los retos y las oportunidades de las transiciones ecológica y digital.

En este contexto conceptual y financiero, la Comisión Europea ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, basado en cuatro ejes transversales: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Estos se desarrollan en treinta componentes de inversiones y reformas, en los que las Comunidades Autónomas tienen un papel esencial mediante la ejecución de inversiones dirigidas a cumplir los fines del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en su ámbito territorial.

En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 participa de forma relevante y como entidad decisoria en el Componente 22 «Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión», encuadrado en el área política VIII «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo». Este componente responde a la necesidad de modernización, el reforzamiento y la transformación de los servicios sociales en España, de forma que estos sean capaces de responder a los desafíos y retos del momento, poniendo a las personas en la centralidad de las políticas públicas, especialmente a aquellas más vulnerables en las situaciones de crisis. Las medidas (reformas e inversiones) contempladas en el Componente 22 buscan transformar los servicios sociales desde una perspectiva innovadora para responder, de la mejor manera posible, a las necesidades urgentes de una parte considerable de la ciudadanía que vive en España.

El principal objetivo de este componente es modernizar y reforzar las políticas de inclusión social, en este sentido la inversión dos del Componente 22 se denomina «Plan de Modernización de los Servicios Sociales: transformación tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia». Esta medida incluye dos proyectos padre, en el primero de los cuales se enmarca la línea de acción: «Financiar proyectos piloto que promuevan la innovación en el marco de los servicios sociales, poniendo en práctica iniciativas novedosas cuya evaluación permita extraer implicaciones para el conjunto del sistema, el intercambio del conocimiento y el aprendizaje para orientar mejor los procesos de modernización que se pretenden impulsar».

Los cambios sociológicos y demográficos experimentados en las últimas décadas han tenido un reflejo limitado en el diseño de los servicios sociales públicos. Se ha producido un desacople entre la política pública y los problemas sociales; replicándose intervenciones que requieren revisiones y actualizaciones basadas en la evidencia e inspiradas en procesos de innovación social, desde el marco de los derechos humanos, acordes con las directrices europeas e internacionales.

En junio de 2020, la OMS en el documento «Prevención y manejo de la COVID-19 en los servicios de cuidados de larga duración» reconoce como la Pandemia había expuesto los problemas endémicos de los sistemas de cuidados de larga duración y señalaba cómo los servicios basados en la comunidad constituyen la clave para propiciar que cada cual viva en la comunidad, de modo que las personas puedan vivir de conformidad con sus derechos básicos, sus libertades fundamentales y la dignidad humana.

Tal y como se refleja en el documento de las «Directrices comunes europeas sobre la transición de la asistencia institucional a la comunitaria» del Grupo Europeo Experto en la transición de cuidados institucionales a cuidados de base comunitaria (2012), es habitual que la introducción de nuevas políticas vaya acompañada de proyectos de demostración (proyectos piloto). Estos proyectos sirven para mostrar cómo funcionan las políticas en la práctica y sirven como lugares de aprendizaje. Para transformar la orientación de las políticas públicas en relación con los apoyos y cuidados de larga duración, es necesario ensayar y experimentar desde un marco de innovación, multiplicando las posibilidades de aprendizaje y de generar soluciones que pueden ser luego generalizadas. En el contexto de la modernización de los servicios sociales, estos proyectos de aprendizaje podrán utilizarse para adquirir experiencia sobre la implementación de servicios innovadores y para desarrollar la capacidad de gestionar reformas a mayor escala.

Con fecha de 30 de abril de 2021, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aprobó el Acuerdo para la distribución de los créditos para la financiación de proyectos de inversión en el marco del componente 22 “Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En dicho Acuerdo se dispone que, para hacer efectiva la entrega de la financiación correspondiente a los proyectos presentados, considerando los criterios establecidos para su reparto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 iniciará los trámites para formalizar los convenios a suscribir con cada comunidad autónoma, recogidos en el artículo 59 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En tales convenios se incluirá la concreción para cada Comunidad Autónoma del importe a percibir, así como de los proyectos, hitos y objetivos de los mismos y marco temporal de ejecución de conformidad con el precitado Acuerdo.

P?or su parte, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia suscribió el 19 de noviembre de 2021 el convenio de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la ejecución de proyectos del Componente 22 «Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social» con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 280 del día 3 de diciembre de 2021 (BORM A-031221-7302).y en el Boletín Oficial del Estado N.º 298 del 14 de diciembre de 2021 (BOE-A-2021-20624).

En el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución de proyectos con cargo a los Fondos Europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y resiliencia, en la cláusula sexta se establece:

«1. De conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre los criterios para la distribución territorial de los fondos del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia, de 15 de enero de 2021 y 30 de abril de 2021, en el segundo punto de su apartado común “Distribución territorial de los fondos del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia”, denominado “Participación de las Entidades Locales”, las entidades locales participarán en, al menos, el 15% de los fondos asignados a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ya sea directamente o de forma compartida con la comunidad autónoma.

2. Para ello, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establecerá con las entidades locales de su territorio los instrumentos de colaboración adecuados, de acuerdo con la realidad institucional de cada caso. Deberán especificarse los proyectos a los que se dirigirán estos fondos y su relación con los objetivos del eje de “Economía de los Cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia».

En el marco de dicho convenio y dentro de la línea específica de inversión C22.l2, proyecto padre 1, la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector cuenta con el proyecto «n.º 9: Proyectos Innovadores con entidades locales para la atención integral de población vulnerable», en los que se incluye líneas de subvenciones a entidades locales para el logro de los objetivos propios del proyecto. Este proyecto contribuirá al cumplimiento del hito 325 del ANEXO de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, consistente en la “Ejecución de proyectos para la transformación tecnológica de los servicios sociales y para la modernización de las infraestructuras y los servicios asociados a la protección residencial y las familias de acogida”.

El objetivo de este decreto es financiar «Proyectos Innovadores con entidades locales para la atención integral de población vulnerable» en ámbitos específicos de los servicios sociales de atención primaria (SSAP) en los que existen especiales desafíos a la hora de garantizar y modernizar la respuesta social, así como la mejora y actualización del modelo de atención a las personas en situación de especial vulnerabilidad. Se trata de ámbitos que requieren de un proceso de modernización que garantice un enfoque basado en un marco de derechos, una intervención y apoyo centrados en cada persona y la promoción de un enfoque comunitario y preventivo.

Los proyectos a financiar a las entidades locales se estructuran en base a cuatro líneas de actuación:

• LÍNEA 1: «Medidas innovadoras de atención a necesidades complejas de vulnerabilidad desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP)».

• LÍNEA 2: «Acompañamiento social a personas en situación de grave vulnerabilidad y exclusión social desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) de entidades locales de menos de 21.000 habitantes».

• LÍNEA 3: «Creación de espacios de cooperación entre los SSAP y otros sistemas de protección social e iniciativa social para potenciar el trabajo en red».

• LÍNEA 4: «Desarrollo de servicios integrales de atención a personas sin hogar desde las entidades locales».

Estas líneas de actuación preferente de los proyectos contribuyen al desarrollo de varias de las líneas prioritarias de actuación definidas en La Ley 3/ 2021, de 29 de julio, de servicios sociales de la Región de Murcia:

En primer lugar, tal y como se recoge en el punto I del Preámbulo de la Ley 3/2021, de 29 de julio se dar respuesta a la necesidad detectada de atender «el crecimiento de las necesidades y demandas de atención, protección e integración social, asociadas a situaciones de vulnerabilidad y de cronificación de las situaciones de exclusión social».

En segundo lugar, las actuaciones pretenden profundizar en el diseño de servicios sociales que atienden varios de los principios rectores recogidos en artículo 7 de la Ley 3/2021, de 29 de julio en especial:

«f. Prevención y dimensión comunitaria: Las políticas de servicios sociales actuarán preferentemente sobre las causas de los problemas sociales, considerando prioritarias las acciones preventivas y atendiendo al enfoque comunitario de las intervenciones sociales».

«g. Atención personalizada e integral y continuidad de la atención: Se garantizará una atención personalizada, es decir, ajustada a las necesidades particulares de la persona y su familia, basada en la valoración integral de su situación, debiendo garantizarse la continuidad de la atención, aun cuando implique a distintas Administraciones Públicas o sistemas».

«h) Empoderamiento e inserción: El Sistema de Servicios Sociales tendrá como prioridad fortalecer las capacidades de las personas en la respuesta a sus necesidades, buscando la inserción y el bienestar de las personas usuarias en su entorno personal, familiar y social habitual y facilitando la atención a través de instituciones de carácter general, excepto cuando se requiera una atención personalizada».

«i. Proximidad y descentralización: La prestación de los servicios sociales se realizara? desde el ámbito más cercano a las personas, favoreciendo la permanencia en su entorno habitual de convivencia y la integración activa en la vida de su comunidad, siempre que sea posible».

«j. Participación: Se promoverá y facilitara? el derecho a la participación ciudadana, de forma individual o colectiva, en la definición, planificación, desarrollo, seguimiento, provisión y evaluación de los servicios sociales».

«l. Planificación y Coordinación: La Administración de la Comunidad Autónoma deberá planificar los recursos del Sistema de Servicios Sociales con la colaboración de las entidades locales y coordinar las actuaciones de las Administraciones públicas entre sí en el ámbito de la Región, y de éstas con los recursos tanto de la iniciativa social como de la iniciativa privada mercantil dependientes de ambas planificaciones, garantizándose igualmente la coordinación entre el Sistema de Servicios Sociales y los otros sistemas y políticas públicas de protección social».

«?n. Investigación, innovación y generación de conocimiento: Se promoverán los procesos de análisis de la realidad social, la detección de necesidades y la generación del conocimiento, así como la implantación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que aporten valor, integrando la innovación e investigación y la ética en este ámbito de actuación de los poderes públicos»?.

En tercer lugar, las actuaciones responden a desarrollar el carácter de innovación de los servicios sociales, establecido en el artículo 81 de la Ley 3/2021, de 29 de julio:

«Las Administraciones competentes en servicios sociales favorecerán e impulsarán las actividades de innovación y la cultura innovadora entre los distintos agentes e instituciones públicas y privadas que forman parte del sistema y, particularmente, a través de la identificación y transferencias de buenas prácticas y experiencias de éxito».

La Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, con la finalidad de garantizar la eficacia y la máxima eficiencia de los proyectos de innovación, lanza en el mes de junio de 2021 una Manifestación de Interés orientada a identificar y localizar proyectos solventes con impacto en la población más vulnerable a desarrollar desde los servicios sociales de atención primaria dependientes de las entidades locales.

Estas manifestaciones de interés han sido estudiadas y evaluadas por la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector y han servido para conocer las propuestas de los servicios sociales de atención primaria de las entidades locales y, en su caso, poder ajustar las propuestas que formen parte de los proyectos innovadores para la atención integral a la población vulnerable.

Es por ello que, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia opta por la concesión directa, regulada por este decreto, y dirigidas a entidades locales que han manifestado expresamente su interés en desarrollar proyectos encuadrados en el componente 22 para transformar los servicios sociales desde una perspectiva innovadora y que cuentan con experiencia, capacidad e implantación suficiente para desarrollar proyectos de estas características. Asimismo, todas las entidades locales que han querido participar lo han hecho y, por otra parte, se trata de subvenciones que tratan de financiar actuaciones que se desarrollan por las entidades locales beneficiarias en cumplimiento de las orientaciones, objetivos y los hitos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por este motivo, es preciso dicha concesión directa al amparo de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con lo establecido en el artículo 22 apartado 2 letra c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por concurrir razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas.

Ante la concurrencia de las situaciones anteriormente descritas, tal y como se ha expresado al comienzo, el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece la posibilidad, en determinados supuestos, de conceder una subvención de forma directa a uno o a un conjunto de beneficiarios.

L?as subvenciones propuestas en este decreto no implican ayudas de estado, puesto que, de acuerdo con la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «las normas sobre ayudas estatales solo se aplican cuando el beneficiario de la medida de ayuda es una “empresa”».

Desde el punto de vista competencial, el Decreto del Presidente n.º 11/2022, de 12 de mayo, en su artículo 3 establece que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: asistencia y bienestar social; desarrollo comunitario; promoción, protección y apoyo a la familia e infancia; protección y reforma de menores; políticas de promoción e integración de las personas inmigrantes, de personas con discapacidad, de personas mayores, de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia y en general de protección de personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social, incluida la creación de centros para la atención de los destinatarios de dichas políticas; así como competencias en materia de voluntariado, de gestión de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0.7% del Impuesto de renta de las personas física (IRPF), y de parejas de hecho.

De este modo, en el ejercicio de las mencionadas competencias, teniendo en cuenta los aspectos sociales existentes y que existen razones de interés público y social que lo justifican, es preciso el desarrollo de actuaciones que tengan por objeto la puesta en marcha de proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de población vulnerable.

De acuerdo con lo expuesto, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 16.2.c) y 25.2 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de organización y régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y el artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a propuesta de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 2 de junio de 2022,

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Dispongo:

Artículo 1. Objeto de la subvención, finalidad y razones de interés público y social que concurren en su concesión.

1. Este decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones, mediante Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias. Política Social y Transparencia, a los Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia que se detallan en el artículo 6 del decreto para el desarrollo de «proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de población vulnerable», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados por la Unión Europea NextGenerationEU -.

2. L?a finalidad de las subvenciones es la financiación de proyectos innovadores realizados por los servicios sociales de atención primaria, gestionados por las entidades locales, para la atención integral de la población vulnerable. Estos proyectos de aprendizaje podrán utilizarse para adquirir experiencia sobre la implementación de servicios innovadores y para desarrollar la capacidad de gestionar reformas a mayor escala. Los proyectos irán enfocados al desarrollo de alguna de las siguientes líneas de actuación:

• LÍNEA 1: «Medidas innovadoras de atención a necesidades complejas de vulnerabilidad desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP)”. Esta iniciativa tiene como objetivo identificar necesidades de grupos de población o de determinadas personas en situaciones de extrema vulnerabilidad no cubiertas y desarrollar y testar soluciones para dichas situaciones. Para identificar los casos y detectar este tipo de situaciones las entidades locales han identificado cuáles son sus necesidades.

• LÍNEA 2: «Acompañamiento social a personas en situación de grave vulnerabilidad y exclusión social desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) de entidades locales de menos de 21.000 habitantes» en adelante PAIRPES. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la puesta en marcha y testeo de servicios de atención integral, a través de profesionales que realicen acompañamiento social, que puedan hacer un seguimiento intensivo de las personas y acompañarlas en el acceso a recursos, a situaciones de mayor vulnerabilidad en municipios de menor tamaño que actualmente carecen de recursos para dar respuesta a estas situaciones.

• LÍNEA 3: «Creación de espacios de cooperación entre los SSAP y otros sistemas de protección social e iniciativa social para potenciar el trabajo en red». Se pretende con esta iniciativa ensayar métodos de colaboración y de trabajo en red entre los distintos actores, como instrumento para promover la cohesión social en un territorio, realizando un trabajo integral en el que se coordinen mejor los recursos especialmente cuando estos se dirigen a la población más vulnerable. El objetivo de este eje es facilitar el desarrollo de servicios, mecanismos y protocolos de colaboración entre los agentes participantes en los sistemas de protección a la vulnerabilidad extrema dotando de mayor eficiencia y continuidad a las intervenciones y realizando un mayor aprovechamiento de los recursos.

• LÍNEA 4: «Desarrollo de servicios integrales de atención a personas sin hogar desde las entidades locales». Con esta iniciativa se pretende fomentar un cambio de enfoque en los servicios de atención a personas sin hogar por parte de las entidades locales y de la iniciativa social favoreciendo la transformación de la intervención profesional hacia metodologías de intervención que pongan a la persona en el centro, de modo que no se focalice solamente en la atención de necesidades básicas sino en el apoyo a la reconstrucción de los proyectos de vida.

3. El interés público y social de esta convocatoria queda acreditado por la necesidad de modernizar y mejorar los servicios sociales públicos, en línea con compromisos del Gobierno de España con la Unión Europea en el C22.I2, pero, además, reforzada por el impacto desproporcionado que la pandemia de la COVID 19 ha tenido en los colectivos sobre los que se pretende incidir con estos proyectos.

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Artículo 2. Régimen jurídico.

1. Las subvenciones objeto de esta convocatoria están financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, por lo que las entidades beneficiarias deberán regirse por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, demás normas de la Unión sobre la materia y por las normas estatales de desarrollo o trasposición de éstas.

2. Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en este decreto, por lo previsto en:

• La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en su caso, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Reglamento de desarrollo de dicha ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

• El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• El Decreto-Ley n.º 6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de la Administración Regional para la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU) para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia.

• La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en el caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a dicha ley y por las demás normas legales, reglamentarias y, en su caso, convencionales, que resulten de aplicación; particularmente por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,

• El convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la ejecución de proyectos del Componente 22 «Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social» con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 280 del día 3 de diciembre de 2021 (BORM A-031221-7302).

Así como por las restantes normas de derecho administrativo que sean de aplicación y, en su defecto, por las normas de derecho privado.

3. En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», así como lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su documento Anexo, todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento del presente decreto deben respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas en la Componente 22, así como en las inversiones 1 y 2 en la que se enmarcan dichas actuaciones en lo referido al principio DNSH, y especialmente las recogidas en los apartados 3 y 8 del documento del Componente del Plan y en el anexo a la CID.

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Artículo 3. Procedimiento de concesión.

1. Las subvenciones reguladas en este Decreto tienen carácter singular, y se concederán de forma directa, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por concurrir razones de interés público y social y, además, por concederse a todas las entidades locales de la Región de Murcia que han manifestado su expresa conformidad, lo que justifica la no necesidad de la concurrencia pública.

2. La concesión de la subvención, se hará por Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia en la que se especificarán los compromisos y condiciones a los que estará sometida la concesión.

3. En todo caso, las personas que intervengan en el procedimiento de concesión manifestarán de forma expresa la ausencia o no de conflictos de intereses o de causa de abstención, considerando lo establecido en el artículo 61.3 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio, sobre normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión («Reglamento financiero») y el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en caso de existir conflicto de intereses o causa de abstención, la persona afectada deberá abstenerse de intervenir en estas actuaciones.

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Artículo 4. Documentación a presentar.

Las entidades locales beneficiarias deberán presentar en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del presente decreto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, a través de sede electrónica de la CARM (procedimiento 0234) y como centro de destino el código A14028750, de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector o en cualquier otro registro electrónico de los señalados en el artículo 16.4 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la siguiente documentación:

1. Escrito de la Entidad Local comunicando la aceptación de la subvención.

2. Proyecto de actuación, donde se recojan las actuaciones propuestas adaptado a la cantidad concedida recogida en el anexo I del decreto, según modelo facilitado por la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.

3. Declaración responsable de no estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 29.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, según anexo II.

4. Declaración escrita comprometiéndose a conceder los accesos y derechos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias. Dicha declaración deberá garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes, según anexo III.

5. Compromiso de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia, según anexo IV.

6. Compromiso de cumplimiento de principios transversales en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia, según anexo V.

7. Declaración de ausencia de conflicto de intereses, según anexo VI.

8. Documento emitido por la entidad bancaria en la que se indique el IBAN donde hacer el ingreso de la subvención

La Declaración responsable conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias y a las obligaciones frente a la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones, de conformidad con artículo 4 de la Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se regula el procedimiento para la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.

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Artículo 5. Compromisos con el código de conducta en materia de subvenciones y ayudas públicas de la Región de Murcia.

Se estima necesario que los beneficiarios de las subvenciones reguladas en este Decreto, asuman el compromiso de cumplimiento del apartado VI del Código de conducta en materia de subvenciones y ayudas públicas de la Región de Murcia, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 29 de diciembre de 2021 y publicado en el BORM Número 23 del sábado, 29 de enero de 2022. Disponible en el enlace: https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/380/pdf?id=799390

En consecuencia, con carácter previo a la firma de la resolución de concesión, los beneficiarios deberán firmar un compromiso expreso de cumplimiento del repetido apartado VI del Código de conducta en materia de subvenciones y ayudas públicas de la Región de Murcia (de conformidad con el anexo XIV).

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Artículo 6. Beneficiarios y proyectos subvencionados.

1. Las entidades locales beneficiarias y los proyectos a subvencionar son los detallados a continuación:

2. Los proyectos subvencionados a las entidades locales se ajustan a los siguientes criterios:

• Los proyectos dan respuesta a nuevas necesidades sociales, no detectadas anteriormente o no cubiertas.

• Los proyectos promueven nuevas metodologías de intervención social, entre ellas:

- Trabajo en red.

- Incorporación de nuevas tecnologías de la información.

- Intervención comunitaria.

- Intervención en territorios especialmente vulnerables.

• Los proyectos ofrecen propuestas organizativas novedosas.

• Los proyectos promueven nuevas estrategias de intervención social.

Los proyectos y la asignación de la financiación se ha realizado conjuntamente con las entidades locales a partir de la combinación de los elementos anteriores que responden a los criterios de innovación propuestos en la línea específica de inversión C22.l2, con el proyecto «n.º 9: Proyectos Innovadores con entidades locales para la atención integral de población vulnerable».

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Artículo 7. Financiación.

1. La financiación de estos proyectos tiene carácter plurianual.

2. De acuerdo con la planificación anual prevista para la financiación de estos proyectos, que se concreta en el anexo I, las cantidades a aportar por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los años 2022 y 2023 serán las siguientes:

Año 2022:

Tres millones novecientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y siete euros con cincuenta y cinco céntimos (3.983.657,55 €) correspondiente a la financiación año 2021 del fondo MRR.

Cuatro millones cien mil euros (4.100.000,00 €) correspondiente a la financiación año 2022 del fondo MRR.

Año 2023:

Cuatro millones doscientos diez mil euros (4.210.000,00 €) correspondiente a la financiación año 2023 del fondo MRR.

Las aportaciones procedentes de los fondos MRR de los años 2022 y 2023 están condicionadas a contar previamente con las pertinentes aprobaciones.

4. La financiación aludida se realiza con cargo a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea NextGenerationEU en el marco de los proyectos de inversión del componente 22 «Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social», proyecto n.º 9 «proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de población vulnerable» contemplado como proyecto a ejecutar por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución de proyectos con cargo a los Fondos Europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y resiliencia.

La financiación quedará sujeta al cumplimiento de los compromisos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el citado convenio.

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Artículo 8. Gastos subvencionables.

1. Como criterio general serán elegibles aquellos gastos que sean consistentes con los objetivos y actividades previstas en el proyecto y deberán respetar lo dispuesto en los artículos 5, 9 y 22 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En la Orden de concesión se especificarán los gastos considerados como elegibles en función del/os proyecto/s subvencionados.

2. Los gastos subvencionables deberán cumplir los objetivos medioambientales establecidos para las inversiones 1 y 2 del Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en particular en lo que tiene que ver con el objetivo de adaptación al cambio climático y al de transición a una economía circular.

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Artículo 9. Subcontratación.

1 Las actuaciones subvencionadas de las líneas 1,3 y 4, atendiendo a la naturaleza de los gastos, podrán ser objeto de subcontratación total o parcial atendiendo a lo dispuesto, en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 68 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que desarrolla esta última y en el artículo 24 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, el contrato se celebrara por escrito y la celebración del mismo deberá ser autorizada por la entidad concedente de la subvención, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

3. Las actuaciones subvencionadas de la línea 2 «Acompañamiento social a personas en situación de grave vulnerabilidad y exclusión social desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) de entidades locales de menos de 21.000 habitantes», no podrán ser subcontratadas.

4. Si por razón de la naturaleza de las actuaciones que integran el proyecto subvencionado éste se subcontratara, se aportará documentación acreditativa que esta entidad o empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y declaración responsable de su representante legal de que la entidad no se encuentra incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Además, deberá acreditarse mediante declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad o empresa que en la misma no concurre ninguna de las causas previstas en los párrafos b), c), d) y e) del artículo 29.7 de dicha ley, ni tampoco ninguna de las que se recogen en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. La entidad local beneficiaria deberá aportar a la entidad concedente de la subvención, en un plazo máximo de 10 días a partir de la subcontratación los siguientes datos de identificación del subcontratista, recogidos en la Orden Ministerial 1030/2021 del Ministerio de Hacienda y Función Pública:

a) NIF del subcontratista.

b) Nombre o razón social.

c) Domicilio fiscal del subcontratista.

d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (anexo IV).

e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión, según modelo habilitado al efecto (anexo V).

f) Los contratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación.

6. La entidad local beneficiaria habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de no causar un perjuicio significativo a los seis objetivos medio ambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento 2020/852.

7. No podrá concertarse la ejecución de actividades a entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 72.5 de la citada ley.

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Artículo 10. Compatibilidad con otras subvenciones.

1. Estas subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en su caso, pueda recibir la entidad local para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión. Las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.

3. La entidad local beneficiaria deberá comunicar a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, siempre sin incurrir en doble financiación sobre el mismo coste, procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

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Artículo 11. Pago de subvenciones.

El pago del importe de cada anualidad de la subvención concedida se realizará con carácter previo a la justificación, como medio de financiación necesaria para poder llevar a cabo la actuación objeto del presente decreto, tal y como dispone el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, no siendo necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16 apartado 2 letra a) de dicha Ley.

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia transferirá la financiación correspondiente a la financiación de los fondos MRR del año 2021, una vez concedida la subvención.

La aportación procedente de la financiación de los fondos MRR de los años 2022 y 2023, será transferida, tras la presentación de un certificado emitido por la Entidad Local donde se acredite el cumplimientos de los hitos establecidos en el proyecto según anexo VII, así como con las pertinentes aprobaciones tanto del Consejo de Ministros como del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Dependencia, tal y como establece la Cláusula Segunda del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.

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Artículo 12. Obligaciones de las entidades locales beneficiarias.

1. Con carácter general, las entidades locales beneficiarias de esta subvención deberán:

a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos en la resolución de concesión, aportando los datos cuantitativos necesarios para la correcta evaluación de las actuaciones a la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, así como a las administraciones competentes responsables de la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En todo caso, deberán cumplir, ejecutar y realizar los hitos y objetivos fijados para los respectivos proyectos en dicho plan. Las entidades ejecutoras deben reportar la información y documentación prevista como mecanismo de verificación recogidos en las Disposiciones operativas del Plan de Recuperación (OA).

b) Asegurar la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, y prevenir el conflicto de interés y la doble financiación. Se deberán atener a las obligaciones relativas a la prevención de conflictos de intereses, del fraude, de la corrupción y de la doble financiación, previstas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se atenderá para ello a las medidas que se dispongan en el plan antifraude que aplique a la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector. En especial, tomarán las medidas para asegurar que no exista conflicto de interés en el ámbito del órgano concedente de subvenciones y en los receptores finales de las ayudas, incluyendo en los expedientes que se tramiten los informes o declaraciones responsables necesarias, según corresponda, y aplicando la normativa reguladora de los conflictos de interés en caso de detectarlos.

c) Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y a la evaluación continua y final por parte de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Tribunal de Cuentas y órganos estatales y europeos que tengan encomendado el control y seguimiento de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular la Comisión europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía europea, que podrán acceder a la información de detalle de las actuaciones realizadas.

En todo caso, las subvenciones reguladas en este decreto estarán sometidas al seguimiento, control y evaluación que se establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE se establezcan y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento.

En particular, deberán aportar la información que corresponda al sistema de gestión que el Ministerio de Hacienda y Función Pública elabore para el seguimiento de los proyectos de inversión financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en su caso, en el sistema de gestión que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia elabore para el seguimiento de los proyectos financiados con los fondos.

d) Conservar, los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concernientes a la financiación, así como los registros y documentos, los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años a partir de la operación, de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012. Este período será de tres años si la financiación es de un importe inferior o igual a 60 000 euros.

e) Facilitar, a los efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos del artículo 22.d) del Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Especialmente, en lo relativo a la información que debe facilitarse en virtud de los artículos 10 de la Orden HFP/1031/2021 y 8 de la Orden HFP/1030/2021.

f) Devolver las cantidades anticipadas que no se hubieran utilizado en la ejecución de la actividad o actividades objeto de la subvención en los plazos y condiciones previstos en la resolución de concesión.

g) Cumplir con las obligaciones de publicidad y medidas de difusión establecidas en el artículo 17.

h) Cumplir con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y en especial con lo dispuesto en la normativa que el Ministerio de Hacienda y Función Pública apruebe a este respecto. Además de, cumplir los hitos y contribuir al cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los términos y condiciones que se indiquen en la resolución de concesión.

i) La Entidad Local remitirá a la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, un informe semestral sobre las actividades ejecutadas según modelo Anexo VIII. Los informes serán remitidos como máximo diez días después de la finalización del semestre, siendo el primer informe a presentar a fecha 31 de noviembre del 2022.

2. De manera específica, las entidades locales beneficiarias garantizarán el pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» («do no significant harm-DNSH») y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Decisión del Consejo en julio 2021 y por en el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos. Para ello, establecerán los mecanismos específicos de verificación del cumplimiento de este principio, junto con la obligación para los beneficiarios finales de conservar la documentación acreditativa de ello por el periodo exigido por las normas de la Unión Europea que sean de aplicación, en particular el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

3. Además de la obtención del compromiso de cumplimiento del principio DNSH que se establece en el artículo 8 punto 4 de este decreto, las entidades locales habrán de prever mecanismos para asegurar que las entidades contratistas/destinatarias del encargo/ subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo» a los seis objetivos medioambientales establecidos el artículo 17 del Reglamento 2020/852, en línea con lo dispuesto en la Comunicación de la Comisión Europea (2021/C 58/01), «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo DNSH».

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Artículo 13. Plazo de ejecución.

1. El periodo de ejecución de los «proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de población vulnerable» objeto de las subvenciones previstas en el presente decreto podrá abarcar desde la fecha de publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia hasta el 31 de diciembre de 2023.

2. Los gastos efectuados por la entidad local deberán realizarse durante el periodo de ejecución según la financiación establecida en el artículo 7.

3. Se considerará gasto realizado el que se lleve a cabo dentro del periodo de ejecución sea efectivamente pagado, durante el mismo, o dentro del periodo de justificación.

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Artículo 14. Modificación de los proyectos.

1. Las entidades locales podrán solicitar, con carácter excepcional, la modificación del contenido de los proyectos anexos a la orden de concesión siempre que no se varíe el destino y finalidad de la subvención, no suponga en ningún caso un incremento de la subvención inicialmente concedida, se comunique por escrito con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución, no se perjudiquen derechos de terceros y se dé alguno de los siguientes supuestos:

• Que circunstancias sobrevenidas, difíciles de prever en el momento de la presentación del proyecto, determinen variaciones en las características, duración o cualquier otra obligación cuyo cumplimiento se someta a plazo en este decreto o en la orden de concesión de la subvención. La ampliación de plazo de ejecución estará sujeta a la modificación del plazo de ejecución establecido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• Que circunstancias sobrevenidas determinen la necesidad de que la entidad local modifique las características técnicas o económicas del proyecto inicialmente aprobado por la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.

La solicitud de modificación, que deberá estar suficientemente fundamentada, deberá presentarse preferentemente en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o por cualquier registro electrónico, de conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el momento de la aparición de las circunstancias expresadas y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución de los proyectos subvencionados.

2. La resolución de la solicitud de modificación se dictará por órgano concedente y se notificará en un plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de presentación de aquella en la sede electrónica Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Social o por cualquier registro electrónico, de conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido el plazo máximo establecido, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se podrá entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de modificación.

Estas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra las mismas el recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

3. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano concedente podrá modificar la resolución de concesión siempre que concurran circunstancias que supongan una alteración relevante de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

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Artículo 15. Justificación de la subvención.

1. Las entidades locales beneficiarias justificarán ante la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector la aplicación de la subvención percibida para cada uno de los proyectos financiados, en un plazo de tres meses una vez finalizado el plazo de ejecución del proyecto subvencionado, abarcando la totalidad de la actividad subvencionada.

2. Se presentará para cada uno de los proyectos subvencionados una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas y una memoria económica, según se define en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, teniendo en cuenta las singularidades establecidas en el este artículo por el 15 del decreto-ley 6/2021, de 2 de septiembre, que contendrá la siguiente documentación:

• Una Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, firmada por el técnico responsable del proyecto de los SSAP y con el Visto Bueno del responsable político de la entidad local, según modelo de anexo IX.

• Una relación clasificada de los gastos y pagos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. Esta certificación se realizará según los modelos de los anexos X, XI y XII.

• Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.

• Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba haber solicitado el beneficiario.

3. Solo serán subvencionables los gastos que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación anual.

4. La justificación de las subvenciones deberá efectuarse por el coste total del proyecto, cien por cien de la cantidad concedida y parte cofinanciada, en su caso, mediante la presentación de los documentos justificativos del gasto establecidos en el manual de justificación, que cumplan las condiciones indicadas en dicho manual y hayan sido emitidos en los plazos establecidos en cada caso.

5. Las entidades locales beneficiarias de las subvenciones podrán optar, a su elección, por realizar la justificación a través de la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor regulada en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. En este caso, la entidad beneficiaria no está obligada a aportar justificantes de gasto en la rendición de la cuenta, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación y control que pueda realizar la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus competencias.

6. Asimismo, las entidades locales beneficiarias de la subvención deberán presentar un documento acreditativo sobre las medidas de difusión adoptadas para general conocimiento de la financiación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de las actuaciones objeto de la subvención.

7. Las entidades locales beneficiarias deberán conservar toda la documentación original, justificativa y de aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y control.

8. Las entidades locales beneficiarias deberán presentar cualesquiera otros informes o documentos justificativos que de acuerdo con la normativa europea o nacional resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el suministro de información que sea solicitada para dar cumplimiento al adecuado sistema de gestión y seguimiento del Plan que se prevé con una periodicidad mensual, informando de lo que sea preciso para alimentar dicho sistema y las aplicaciones informáticas que la normativa regional, nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de la financiación y los objetivos; incluyendo, pero no limitado a, la documentación acreditativa de la justificación del cumplimiento de los requisitos medioambientales requeridos en la ejecución de los proyectos.

9. El órgano instructor comprobará la documentación aportada y podrá recabar la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para poder proceder a la correspondiente liquidación respecto a las cantidades transferidas a cuenta y a la instrucción, si fuera preciso, del correspondiente procedimiento de reintegro de los importes no utilizados.

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Artículo 16. Incumplimientos y reintegros.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Asimismo, al tratarse de fondos afectados al cumplimiento de una finalidad, en caso de no realizarse el gasto las entidades locales deberán reintegrar los fondos recibidos de manera total o parcial, en cada caso.

En caso de no cumplir con la calendarización de actuaciones y con los objetivos previstos, así como los principios y obligaciones o cualquier otro aspecto derivados del Reglamento UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como en el resto de normativa de la Unión Europea que sea de aplicación, en particular el incumplimiento del principio de «no causar daño significativo», las entidades locales deberán reintegrar los fondos recibidos de manera total o parcial, en cada caso.

En el caso de existir falta de fiabilidad de indicadores o hitos reportados, o cualquier otra irregularidad que dependa de su responsabilidad como organismo que ejecuta fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las entidades locales deberán reintegrar los fondos recibidos de manera total o parcial, en cada caso.

El reintegro se producirá en todo caso, si el incumplimiento en que incurriera la entidad local impide el cobro de las cantidades o supone la devolución de las cantidades asignadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia al Estado. En este supuesto la cuantía del reintegro será equivalente al importe que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia ha dejado de recibir y/o se haya tenido que devolver del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

3. En el supuesto de incumplimiento parcial de los objetivos fijados, la determinación de la cantidad que deba ser reintegrada se efectuará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por las entidades beneficiarias una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

4. En caso de incumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» o de las condiciones recogidas en los apartados 3 y 8 del Componente 22, la entidad local deberá reintegrar las cuantías percibidas.

5. El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

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Artículo 17. Publicidad y difusión.

1. El decreto se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

2. La publicidad de estas subvenciones se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones 38/2003 y en los artículos 14 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada de la normativa aplicable en materia de subvenciones, y de manera adicional a esta, la Administración pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de Transparencia las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarias, así como su objetivo o finalidad.

4. En todo el material impreso, así como en la difusión que se haga de las actividades financiadas por esta subvención, deberá constar la colaboración del órgano concedente de la subvención y la entidad beneficiaria, así como sus logotipos, conforme al modelo anexo XIII.

5. Adicionalmente, se hará mención del origen de la financiación de la subvención y se velará por darle visibilidad, incluido, mediante el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-Next Generation EU», en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público. Esta publicidad se realizará de conformidad con lo establecido en el Manual de Marca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia confeccionado por la Secretaría de Estado de Comunicación, que se facilitará a las beneficiarias por la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.

6. En particular, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes logos:

• El emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga “financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”, disponible en el link https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es.

• El logo del PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

• Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014. Disponible en el link http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm.

Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público.

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Artículo 18. Ausencia de relación laboral.

1. Las relaciones surgidas con el personal que destine el beneficiario al objeto de la presente subvención, no supondrá para la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas en esta Subvención, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa.

2. También corresponderá al beneficiario la responsabilidad por los hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u omisiones negligentes de los trabajadores a cargo del mismo, así como las responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de Seguridad Social y las demás que sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas por la legislación vigente.

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Artículo 19. Protección de datos.

Las entidades beneficiarias se comprometen y obligan a tratar de modo confidencial cualesquiera datos de información de carácter personal que traten en la ejecución de los proyectos subvencionables y a cumplir, adecuadamente y en todo momento, las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como con arreglo a lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; así como lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

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Disposición final única. Eficacia.

El presente decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Dado en Murcia, a 2 de junio de 2022. El Presidente, Fernando López Miras. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco Sánchez.

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Decreto número 66/2022, de 2 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género en base al Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género

BORM número 133 de 11 de junio de 2022

Consejo de Gobierno

Vigencia: desde el 2 de  junio de 2022

Referencias

Referencias:

Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, (BOE nº 188 de 4 de agosto de 2018).

Contenido

Índice:

Artículo 1. Objeto de la subvención, finalidad y razones de interés público, social y humanitario que concurren en su concesión.
Artículo 2. Prestación de servicios.
Artículo 3. Procedimiento de concesión.
Artículo 4. Beneficiarios y criterios de distribución.
Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios.
Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios.
Artículo 7. Cuantía de las subvenciones, pago y período de ejecución.
Artículo 8. Subcontratación.
Artículo 9. Pago de las subvenciones.
Artículo 10. Régimen de justificación.
Artículo 11. Modificaciones.
Artículo 12. Responsabilidades y régimen sancionador.
Artículo 13. Reintegro.
Artículo 14. Régimen jurídico aplicable.
Artículo 15. Publicidad de las subvenciones y obligación de suministro de información.
Artículo 16. Compromisos con el código de conducta en materia de subvenciones y ayudas públicas de la Región de Murcia.
Disposición final única.

Anexos 

Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022.CAVIS y PAES.
Anexo 2. Relación de gastos de personal contratado.
Anexo 3. Desglose de gastos ejecutados.
Anexo 4. Certificación contable de justificantes de gasto.
Anexo 5. Declaración responsable.

TEXTO COMPLETO

El Decreto del Presidente n.º 11/2022, de 12 de mayo, de Reorganización de la Administración Regional, en su artículo 3 establece que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado entre otras actuaciones, del desarrollo y ejecución de las políticas de la mujer, incluidas las destinadas a combatir la violencia contra las mujeres, y de las políticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, sin perjuicio de las que le corresponda a otros departamentos regionales y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

La Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia, establece como principios generales, entre otros, la no discriminación de las mujeres a favor de los hombres, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de la violencia ejercida contra las mujeres en todas sus formas y manifestaciones.

De acuerdo con este marco competencial, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia considera como objetivo prioritario apoyar la realización de cuantos programas, proyectos y actividades emprendan las Corporaciones Locales de la Región de Murcia y que, por su finalidad, contribuyan a hacer efectivo el apoyo a las víctimas de violencia de género así como erradicar la misma del orden social de la Región de Murcia.

La actuación a través del programa para la prestación de servicios en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género, resulta de indudable interés público, social y humanitario, en la medida en que se pretende que las mujeres víctimas de violencia de género sean capaces de superar las secuelas del maltrato y enfrentarse a su vida de forma independiente, dotándolas de las habilidades sociales y del equilibrio psicológico necesario para ello.

Si bien, la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ha modificado las competencias propias de los municipios, de manera que la promoción y reinserción social ya no se incluye entre las mismas, hay que advertir de la publicación de la Ley 6/2014, de 13 de octubre, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, derivada de la entrada en vigor de la citada Ley 27/2013, en cuyo artículo 1 se establece que “Las competencias atribuidas a los municipios de la Región de Murcia por las leyes de la Comunidad Autónoma anteriores a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se ejercerán por los mismos de conformidad con las previsiones contenidas en la norma de atribución, en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes en relación con las competencias relativas a salud y servicios sociales, y de lo previsto en la disposición transitoria tercera de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, respecto de las competencias relativas a los servicios de inspección sanitaria”.

Por su parte, el artículo 6 de esta Ley, modificado por Ley 20/2015, de 16 diciembre, expresamente afirma que “Las competencias que, con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se preveían como propias de los municipios en materia de participación en la gestión de la atención primaria de la salud y en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, a las que se refieren las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, respectivamente, continuarán siendo ejercidas por los municipios en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales”.

De la interpretación del precepto se deriva que las competencias que haya venido ejerciendo el correspondiente Ayuntamiento en base a la legislación anterior a la aludida Ley 27/2013, las va a seguir ejerciendo de la misma manera, y, en consecuencia, respecto de la planteada, habrá de entenderse que, hasta que no se dicten las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales, la referida entidad local va a poder seguir desarrollándola.

Por eso se considera necesario participar en los gastos derivados de los servicios de asistencia integral que contempla el artículo 47 de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre Mujeres y Hombres y de protección contra la violencia de género en la Región de Murcia, mediante la concesión de una subvención a los Ayuntamientos de la Región de Murcia en cuyos municipios se prestan los mencionados servicios.

Por otra parte el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 15 de noviembre de 2016, promueve un Pacto Social, Político e Institucional que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género estableciendo, entre otras cuestiones, “Dotar suficientemente las partidas presupuestarias, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia”.

Existen razones de interés público, social y humanitario que lo justifican y la Administración Regional, a través de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia pretende seguir fomentando el desarrollo de los servicios en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género, mediante la concesión directa de subvenciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La concesión de las subvenciones de esta naturaleza y conforme a lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, corresponde a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 2 de junio de 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el artículo 25.2 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

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Dispongo:

Artículo 1. Objeto de la subvención, finalidad y razones de interés público, social y humanitario que concurren en su concesión.

1. El presente Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones por parte de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia a los Ayuntamientos de la Región de Murcia que se relacionan en el Anexo 1 de este Decreto, para el desarrollo de servicios en materia de asistencia integral a mujeres víctimas de violencia de género.

2. La finalidad de dicha concesión es financiar los gastos de personal derivados de la prestación de servicios y programas en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género en los Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y en los Puntos de Atención Especializada, así como los gastos de funcionamiento de las Casas de Acogida.

3. La actuación a través del programa para la prestación de servicios en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género resulta de indudable interés público, social y humanitario en la medida en que se pretende que las mujeres víctimas de violencia de género sean capaces de superar las secuelas del maltrato y enfrentarse a su vida de forma independiente, dotándolas de las habilidades sociales y del equilibrio psicológico necesario para ello.

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Artículo 2. Prestación de servicios.

Para garantizar una mejor atención a todas las mujeres víctimas de violencia de género en la Región de Murcia, la Red Regional CAVI se configura de la siguiente manera:

1. Centro de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI), que se ubicará en los Ayuntamientos cabecera en función del número de habitantes y con más casos de usuarias del CAVI, el cual puede tener varios municipios de influencia, en donde los tres perfiles profesionales (psicología, jurídica y social) darán cobertura a todo su radio de acción.

2. Punto de Atención Especializada (PAE), ubicado en algunos municipios de la Red Regional CAVI, sirviendo de enlace entre la sede CAVI y el resto de municipios de su ámbito de influencia, prestando servicio de psicología. La atención jurídica y social se realizará por los/as profesionales de la sede CAVI del Ayuntamiento cabecera, bien telefónicamente o presencialmente según la valoración de los/as profesionales. Excepcionalmente cuando así se considere tanto por el equipo de referencia, y siempre en beneficio de la usuaria se podrán realizar las atenciones sociales y jurídicas en el PAE.

3. En aquellos municipios situados en el área de influencia de cada CAVI y que no disponen de PAE, se podrá prestar servicio profesional de psicología en régimen de itinerancia por el CAVI del Ayuntamiento cabecera.

4. Casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, en su caso, en los municipios consignados

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Artículo 3. Procedimiento de concesión.

1. Se excepciona la concurrencia competitiva como procedimiento ordinario de concesión de subvenciones puesto que la presente subvención se va a conceder a los Ayuntamientos que prestan los servicios en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género.

2. Las subvenciones reguladas en este Decreto tienen carácter singular, al ir destinadas a los Ayuntamientos en cuyos municipios están ubicados los Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVI), Puntos de Atención Especializada (PAE) y Casas de Acogida, por lo que se autoriza la concesión directa de la misma en aplicación del artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, concurriendo razones de interés público, social y humanitario.

3. La competencia para la instrucción del procedimiento corresponderá a la persona titular del Servicio de Planificación y Programas de la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género de la Consejería de Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia.

4. La concesión de las subvenciones se instrumentará mediante Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia en la que se especificarán los compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este Decreto.

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Artículo 4. Beneficiarios y criterios de distribución.

Serán beneficiarios de las subvenciones a las que se refiere el presente Decreto los Ayuntamientos de la Región de Murcia que se relacionan en el Anexo 1 y en los que se prestan servicios en materia de atención a víctimas de violencia de género, con las cuantías que se indican en el mismo.

En cuanto a los CAVIS y PAE, los criterios de distribución de la cuantía de subvención se han determinado en base al ámbito de influencia, aumento de la demanda de usuarias y a la población susceptible de intervención.

En cuanto a las casas de acogida los criterios de distribución de la cuantía de la subvención se han determinado en base a la población susceptible de intervención y al ámbito de influencia.

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Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones a que se refiere el presente Decreto, deberán reunir los siguientes requisitos:

1. No tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo que las deudas estén suspendidas o garantizadas.

2. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado.

3. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

4. No estar incursos en ninguna de las restantes prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La acreditación de estos requisitos se realizará mediante declaración responsable otorgada por cada uno de los ayuntamientos (Anexo 5).

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Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios quedarán, en todo caso, sujetos a las obligaciones impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en particular, a lo siguiente:

1. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones en los plazos y términos que se establezcan.

2. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores por la normativa aplicable.

3. Comunicar a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, procedentes de cualquier otra Administración o ente público o privado, nacional o internacional. En este sentido la concesión concurrente de la subvención de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia y otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad otorgadas por dichas entidades no superará en ningún caso el coste de la actividad subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

4. Comunicar a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia la modificación de cualquier circunstancia que afectase a alguna de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

5. El personal contratado de la Red Regional de Centros de Atención Especializada en Violencia de Género no podrá realizar otras funciones que las descritas en la Orden de Concesión y Pago, la Dirección General competente se reserva el derecho de inspeccionar que se lleven a cabo las competencias en violencia de género.

6. Hacer constar en cualquier soporte utilizado para la publicidad y difusión de la actividad subvencionada que esta se realiza en virtud de la financiación del Ministerio competente y la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia. Esta publicidad deberá llevar los logos correspondientes a su financiación.

7. Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas.

8. Poner a disposición de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia cualquier otra información y/o documentación que sea necesaria y así sea requerida por las normas estatales y autonómicas en materia de ayudas y subvenciones, así como conservar los justificantes originales de la ayuda de acuerdo con lo previsto en dicha normativa.

9. Verificar, en relación al tratamiento automatizado de datos de carácter personal relativos a las personas atendidas, el compromiso de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de septiembre de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales.

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Artículo 7. Cuantía de las subvenciones, pago y período de ejecución.

1. El importe de las actuaciones para los CAVIS y PAE asciende 2.393.939,07 € euros y se imputará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022.

2. El importe para Casas de Acogida será de 383.000,00 euros, del Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022.

3. El importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

4. Cualquier exceso en los costes de la actividad sobre las previsiones que fundamentan la subvención otorgada será exclusivamente de cuenta de la entidad beneficiaria.

5. El periodo de ejecución de las actuaciones objeto de la subvención será el establecido en la correspondiente Orden de concesión, que deberá estar comprendido, en todo caso, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

Cuando por razones no imputables a la entidad beneficiaria no fuera posible cumplir con los plazos de ejecución establecidos en las correspondientes Órdenes de concesión de subvenciones los Ayuntamientos podrán solicitar a la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, dependiente de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, la autorización para la modificación del plazo de ejecución antes del 15 de diciembre de 2022.

6. Los Ayuntamientos podrán solicitar la concesión de una cantidad menor a la prevista en la tabla del Anexo 1 indicando la causa que lo justifica y de acuerdo con el importe de la subvención.

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Artículo 8. Subcontratación.

Con carácter exclusivo para la gestión de las casas de acogida, las actividades subvencionadas podrán ser objeto de subcontratación total o parcial, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 68 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que desarrolla esta última y en el artículo 24 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

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Artículo 9. Pago de las subvenciones.

El pago de cada una de las subvenciones se realizará por el importe total de las mismas de forma anticipada y con carácter previo a la justificación de su finalidad, teniendo en cuenta que constituyen financiación necesaria para poder hacer frente a los gastos que comportan las actuaciones subvencionadas, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no siendo necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16.2. a) de la citada Ley.

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Artículo 10. Régimen de justificación.

A fin de facilitar los procedimientos de justificación en función de las disponibilidades organizativas, el ayuntamiento podrá elegir uno de los dos procedimientos que a continuación se enumeran (indicando en la documentación por cual de ambos se decantan, y siendo inadmisible la aportación de documentos que no se incluyan en la opción elegida):

OPCIÓN A

1. La justificación por parte de las entidades beneficiarias de las subvenciones del cumplimiento de estas y de la aplicación material de los fondos percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. La justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos se realizará en el plazo de 3 meses a contar desde la finalización del plazo de ejecución.

3. A efectos de justificar la aplicación dada a los fondos percibidos y las actividades realizadas, la entidad beneficiaria deberá presentar ante el órgano concedente la siguiente documentación:

a) Una memoria técnica de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:

• Una certificación expedida por el órgano municipal competente en la materia, en la que haga constar haber registrado en contabilidad el ingreso de la subvención concedida, en el plazo de un mes desde que se haya realizado el pago.

• El cumplimento de la finalidad para la que se concedió la subvención.

• Una relación de gastos de personal contratado (Anexo 2). La contratación de personal se justificará mediante la aportación de copias de las nóminas correspondientes al periodo contratado, documentos (modelos 111 y 190) relativos a las retenciones por el IRPF, boletines de cotización a la Seguridad Social RLC y RNT (antiguos documentos TC1 y TC2), certificación expedida por la Intervención municipal acreditativa del importe correspondiente a la cuota patronal de la Seguridad Social del trabajador/a.

• Además, la justificación de los fondos destinados al funcionamiento de las Casas de Acogida contendrá, en su caso:

- un desglose de gastos ejecutados (Anexo 3)

- una relación de los gastos contraídos para la realización de la actividad subvencionada, que se realizará mediante certificación expedida por el órgano municipal competente donde se haga constar el nombre del acreedor/a, NIF, importe, concepto, forma y fecha de pago (Anexo 4).

La justificación de los gastos derivados de las Casas de Acogida se realizará con la presentación de las facturas o cualquier otro documento de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

• Si el pago se realizara por medio de transferencia, la justificación se hará mediante fotocopia de la orden de transferencia o ingreso en cuenta en la que consten el ordenante y beneficiario de la operación, así como los documentos de gasto que se saldan (con sello de compensación o validación mecánica de la entidad financiera) o una fotocopia del extracto de la entidad bancaria correspondiente; en caso de domiciliación bancaria, mediante fotocopia del adeudo por domiciliación o certificación expedida por la entidad financiera en el que se identifiquen los documentos de gasto que se saldan.

• Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y procedencia.

OPCIÓN B

1. La justificación por parte de las entidades locales beneficiarias de las subvenciones se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. La justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos se realizará en el plazo de 3 meses a contar desde la finalización del plazo de ejecución.

3. A efectos de justificar la aplicación dada a los fondos percibidos, la adecuación de las actividades realizadas a los fines establecidos, y la efectiva ejecución de gastos y pagos, la entidad beneficiaria deberá presentar ante el órgano concedente la siguiente documentación:

A) Una memoria justificativa del cumplimiento del objeto de la subvención, firmada por la persona responsable del servicio, en la que se hará constar:

1.- El grado de cumplimiento de la finalidad de la subvención mediante la adecuada prestación del servicio subvencionado, con determinación de los criterios empleados para su evaluación, los sistemas de medición y sus resultados.

2.- La adecuación funcional de los trabajos realizados, (segmentados por objetivos, sedes o población objetivo) a las finalidades de la subvención.

3.- Las desviaciones habidas en la ejecución final sobre las previsiones iniciales, con indicación de sus causas.

B) Conforme a lo dispuesto en el artículo 77.5 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el 72.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, (por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones), se remitirá una cuenta justificativa que será suscrita por el interventor, o el secretario-interventor de la corporación, y contendrá los siguientes apartados:

1.- Informe sobre la regularidad de los procedimientos empleados para el gasto (especialmente para los de personal y contratos menores) y su adecuación estricta a los fines de la subvención, la ausencia de indicios de fraude, de conflictos de intereses, de doble financiación y de acumulación de ayudas, con indicación de los reparos de ilegalidad que se hubieren interpuesto y de su subsanación, de haberse producido.

2.- Indicación de los programas de gasto con cargo a los cuales se ha ejecutado la subvención, y de las partidas de ingresos suplementadas por efecto de la misma.

3.- Relación certificada de gastos ordenados por artículo, capítulo, concepto y subconcepto.

4.- Relación certificada de terceros perceptores de capítulo I con indicación, para cada uno de los empleados, de las nóminas percibidas, las retenciones practicadas y las cotizaciones a la Seguridad Social.

5.- Relación certificada de los pagos materiales realizados por Capítulo II, con indicación del perceptor, el código de la transferencia bancaria realizada, y de la obligación reconocida con la que se corresponde.

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Artículo 11. Modificaciones.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones que se contemplan en el presente Decreto y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la concesión.

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Artículo 12. Responsabilidades y régimen sancionador.

Las entidades beneficiarias quedan sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones y sanciones establecen la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

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Artículo 13. Reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, en los casos y en la forma prevista en el Capítulo I del Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 7/2005, en cuanto a la retención de pagos.

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Artículo 14. Régimen jurídico aplicable.

Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por lo establecido en el mismo y en la correspondiente orden de concesión, por lo previsto en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en su caso, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo referente a los principios de publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en las demás normas de Derecho Administrativo que resulten de aplicación, y en su defecto, por las normas de Derecho Privado.

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Artículo 15. Publicidad de las subvenciones y obligación de suministro de información.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada de la normativa aplicable en materia de subvenciones y de manera adicional a ésta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de Transparencia la subvención concedida, con indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su objetivo o finalidad.

2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, las entidades beneficiarias estarán obligadas a suministrar a la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre. En caso de incumplimiento de esta obligación de suministro se podrán imponer multas coercitivas mediante Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, con arreglo a lo dispuesto por el mencionado artículo 7 de la Ley 12/2014, de 16 de noviembre.

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Artículo 16. Compromisos con el código de conducta en materia de subvenciones y ayudas públicas de la Región de Murcia.

Se estima necesario que los beneficiarios de las subvenciones reguladas en este Decreto, asuman el compromiso de cumplimiento del apartado VI del CÓDIGO DE CONDUCTA EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 29 de diciembre de 2021, disponible en el siguiente enlace:

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/380/pdf?id=799390

En consecuencia, con carácter previo a la firma de la resolución de concesión, los beneficiarios deberán firmar un compromiso expreso de cumplimiento del repetido apartado VI del CÓDIGO DE CONDUCTA EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, incluido en el ANEXO del mencionado Código.

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Disposición final única.

El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 2 de junio de 2022. El Presidente, Fernando López Miras. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco Sánchez.

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Orden por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centro para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de convivencia en grupo educativo dictadas por los Jueces de Menores y por la que se determina el importe de las mismas (MODIFICADA)

Referencias

Afectada por:

Rectificación de errores de la Orden 20 de mayo por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centros para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de convivencia en grupo educativo y por la que se determina el importe de las mismas, (BORM número 133 de 11 de junio de 2022):

Se modifica la cláusula séptima, apartado 2.

Contenido

El Decreto 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia en materia de protección y reforma del menor, establece que podrá ser objeto de concierto social la reserva y ocupación de plazas para menores a los que se les haya impuesto medidas de Convivencia en Grupo Educativo (C.G.E) dictadas por los Jueces de Menores, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 68 y siguientes de la Ley 3/2021, de 29 de julio del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

El artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores establece que “la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores en sus sentencias firmes es competencia de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, con arreglo a la disposición final vigésima segunda de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Dichas entidades públicas llevarán a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas de organización, la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de las medidas previstas en esta Ley”. Asimismo, el mencionado artículo 45 señala que “Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer los convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades, bien sean públicas, de la Administración del Estado, Local o de otras Comunidades Autónomas, o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución”.

En este sentido, el artículo 19 de la Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia, establece que quedan reservadas a la gestión directa por parte de las Administraciones Públicas, según su ámbito de competencias, entre otras, la supervisión y coordinación de centros y programas para la ejecución de medidas judiciales, la supervisión de la ejecución de las medidas judiciales y la representación de la entidad pública ante los órganos judiciales.

El artículo 12 del mencionado Decreto 62/2019, de 3 de mayo, establece que la formalización de los conciertos sociales se efectuará en documento administrativo, por el titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales, mediante el denominado acuerdo de concierto social, según modelo aprobado previamente por el titular de la citada consejería.

El artículo 10 de dicho Decreto establece que el importe a pagar por plaza ocupada, reservada o servicio prestado se determinará por Orden de la Consejería competente en materia de servicios sociales.

De acuerdo con la normativa recogida en los párrafos precedentes, y en virtud de las atribuciones conferidas a la Consejería competente en materia de servicios sociales por el Decreto del Presidente n.º 11/2022, de 12 de mayo, de reorganización de la Administración Regional,

Dispongo:

Primero.- Aprobar el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas en Centro para menores a los que se les haya impuesto medidas de Convivencia en Grupo Educativo (C.G.E.) dictadas por los Jueces de Menores recogido en el anexo de la presente resolución.

Segundo.- Establecer el importe a pagar por la Consejería competente en materia de servicios sociales por plaza ocupada, que será el recogido en el número dos de la cláusula séptima del mencionado acuerdo, así como establecer en el 96% el porcentaje sobre el importe de las plazas ocupadas a satisfacer por reserva de plaza. Los importes establecidos en la presente orden podrán ser objeto de revisión, conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, siempre que se justifique en una memoria económica específica, en los términos recogidos en la citada ley y su normativa de desarrollo.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien recurso contenciosoadministrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 20 de mayo 2022.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco Sánchez.

Extracto de la Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, por la que se convocan subvenciones a entidades del Tercer Sector de acción social, para el fomento y la promoción del voluntariado social en la Región de Murcia

BORM número 135 de 14 de junio de 2022

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y Transparencia

Vigencia: desde el 15 de junio de 2022

Referencias

Afectada por:

 

Cópdigo Procedimiento: 2689.

Contenido

TEXTO COMPLETO

BDNS (Identif.): 631882

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/631882

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las entidades privadas sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio social, o bien una delegación permanente, en la Región de Murcia y desarrollen programas y/o proyectos de voluntariado social dentro del ámbito territorial de la misma.

Segundo. Objeto.

El objeto de la presente Orden es convocar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, para el fomento y la promoción del voluntariado social en la Región de Murcia.
La finalidad de las subvenciones que se convocan es la financiación de proyectos de voluntariado social enmarcados dentro del ámbito competencial de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, para el fomento y la promoción del voluntariado social en la Región de Murcia.

Tercero. Bases reguladoras.

Esta convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Orden de 5 de enero de 2010 de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de servicios sociales, publicada en el BORM n.º 6 de 9 de enero de 2010, por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por cualquier otra disposición norma del ordenamiento jurídico que resulte de aplicación.

Asimismo, se regirá por lo establecido en la Ley 5/2004, de 22 de octubre, del voluntariado de la Región de Murcia, la Ley 45/2015, de 14 de octubre, así como en el Decreto n.º 107/2009, de 8 de mayo, por el que se regula la inscripción, cancelación y acceso al Registro General de Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia.

Cuarto. Cuantía.

Estas subvenciones se concederán con cargo a la consignación establecida en la partida presupuestaria 18.04.00.313J.481.12 “Voluntariado Social”, número de proyecto 46135 “A ESFL actuaciones para la promoción del voluntariado”, por una cuantía total máxima de 200.000,00 euros, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022, aprobados por Ley 1/2022, de 24 de enero, y distribuyéndose en función de la naturaleza de los proyectos propuestos para su concesión.

Las subvenciones que se otorguen serán concedidas hasta el límite de la consignación presupuestaria definitiva existente, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales establecidos en la legislación aplicable, en las bases reguladoras y de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación será de un mes, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)» del correspondiente extracto de la convocatoria.

Sexto. Otros datos.

El periodo de ejecución de los proyectos comprenderá desde el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.

Los beneficiarios de estas subvenciones están obligados a presentar la justificación de las mismas ante la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector en el plazo de tres meses, a contar desde la finalización del periodo de ejecución del proyecto subvencionado, todo ello sin perjuicio de la ampliación del plazo de justificación que pudiera concederse.

Murcia, 7 de junio de 2022.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco Sánchez.

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2021, del Director Gerente del IMAS, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Socia l Europeo, dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social para el año 2022, mediante procedimiento de tramitación anticipada (MODIFICADA)

BORM número 297 de 27 de diciembre de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Instituto Murciano de Acción Social 

Vigencia: desde el 28 de diciembre de 2021

Referencias

Afectada por:

Orden de 6 de junio de 2018, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social (BORM número 132 de 11 de junio de 2018):

Establece las bases reguladoras

Resolución de 6 junio de 2022 del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se amplía el crédito asignado a la convocatoria de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social para el año 2022, mediante procedimiento de tramitación anticipada, (BORM número 132 de 10 de junio de 2022):

Amplía en crédito asignado.

Contenido

BDNS (Identif.): 601749

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/601749)

Primero. Beneficiarios:

Instituciones sin fin de lucro, con implantación en la Región de Murcia, en cuyo objeto o fin social se incluya la atención de personas en situación o riesgo de exclusión social, que desarrollen su actividad en la Región de Murcia.

Las entidades solicitantes deberán estar autorizadas por el Registro Regional de Entidades, Centros y Servicios Sociales para la atención de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Las entidades solicitantes deberán tener implantación en la Región de Murcia, contando con estructura y capacidad económica y financiera suficiente para garantizar la ejecución de las actuaciones previstas en el programa presentado, entendiéndose como tal contar con un presupuesto ejecutado en el ejercicio precedente igual o superior a la mitad del importe total de los programas solicitados para esta línea de subvenciones.

Segundo. Objeto:

Convocar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva y mediante procedimiento de tramitación anticipada, dirigidas a Instituciones sin fin de lucro, para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad destinadas a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social, inscritos en el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil, a través del desarrollo de Itinerarios sociolaborales y acciones formativas.

Tercero. Bases reguladoras:

Orden de 6 de junio de 2018, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social (BORM n.º 132 de 11 de junio de 2018), y su modificación por Orden de 29 de abril de 2019 (BORM n.º 103 de 07/05/2019).

Cuarto. Cuantía:

Estas subvenciones se harán efectivas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2022, financiados en un 8,11% por fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y un 91,89% por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (2014-2020), y por un importe total de 780.000 €.

Se establecen tres tipologías de programas con distintos requisitos y condiciones:

- Programas de un territorio o ámbito de actuación: se desarrollan en un único dispositivo, con carácter territorial o en el marco concreto de un ámbito de atención específico de un colectivo.

- Programas de dos territorios: se desarrollen de forma simultánea, todos los días de la semana, en dos sedes habilitadas para ello, donde se realizan las acciones del itinerario por parte de un grupo de participantes diferenciado.

- Programas comarcales: existencia de una sede central de ejecución del programa y el desplazamiento de los profesionales encargados de su ejecución, al menos un día a la semana, a cada uno de los diferentes dispositivos situados en otros municipios y/o pedanías próximas donde se realicen los itinerarios individualizados de inserción.

El importe máximo a solicitar para cada una de las tipologías de programas es el siguiente:

80.000,00 € para los programas de un territorio o ámbito de actuación.

94.000,00 € para los programas de dos territorios.

98.000,00 € para los programas comarcales.

Dichos importes están referidos a 9 meses de programa, debiéndose aplicar el importe proporcional si la duración es inferior.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el BORM.

Las solicitudes se presentaran a través de la sede electrónica de la CARM (https://sede.carm.es), utilizando el modelo normalizado de “Formulario de presentación de solicitud de inicio” para el n.º de procedimiento 1321 disponible en la guía de procedimientos y servicios de la CARM, que deberá ser firmado electrónicamente por el representante de la entidad, previa su cumplimentación, siendo válida, además la utilización de cualquiera de los registros determinados en el artículo 16 pto. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Sexto. Otros datos:

El número de subvenciones a solicitar por una misma entidad no podrá exceder de tres.

El periodo de ejecución de los programas podrá extenderse desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022.

La solicitud deberá presentarse acompañada de la Memoria de planificación/ evaluación del programa, según Anexo XI y las instrucciones que en él se recogen.

Las entidades solicitantes deberán incluir en la Medida de Itinerario acciones formativas en Competencias Personales y Sociales, formación en TIC, y formación Pre-laboral, con una duración determinada y dirigida a un número de participantes definido para cada una de las tipologías de programas, cuya asistencia deberá estar becada.

En la medida de formación las diferentes acciones formativas deberán conformar uno o dos paquetes formativos, según tipología del programa, de una duración mínima de 150 horas cada uno, para jóvenes sin formación y/o experiencia previa y de 90 horas para aquellos que precisan completar una formación previa, debiendo iniciarse todos ellos con un mínimo de 15 participantes.

En dichos paquetes formativos deberá incluirse formación ocupacional con una duración mínima de 60 horas y formación en TIC´s.

En el caso de los programas de dos territorios y programas comarcales, dichas formaciones no podrán coincidir en un mismo territorio/dispositivo en los que se desarrolle el programa.

Los programas incluirán contenidos formativos, sobre la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género dirigidas a todos los participantes.

El número mínimo de participantes para los programas de un territorio será de 60 en la medida de itinerario y al menos 15 en la medida de formación.

Los programas de dos territorios y programas comarcales deberán atender al menos a 75 participantes en la medida de itinerario, con un mínimo de 22 en la segunda sede. Y en la medida de formación el número mínimo de participantes será de 30 personas.

El n.º total de participantes en la medida de itinerario podrá reducirse en 5 para aquellos programas de nueva implantación o su periodo de ejecución se haya visto reducido por caso de fuerza mayor

Los participantes en los programas deberán contar con la acreditación de su situación social y ser beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la fecha de entrada a cada una de las Medidas.

El equipo técnico encargado de la ejecución del programa deberá estar constituido, al menos, por un trabajador social, un orientador laboral y el personal formador, en su caso.

El método de cálculo de los gastos subvencionables para la medida de itinerario en las diferentes tipologías de programas es el siguiente: Costes directos de personal + Becas de asistencia + 14% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

En la medida de formación se establece el siguiente método de coste simplificado:

- Programas de un territorio/ámbito de actuación: Costes directos de personal + becas de asistencia + 20% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

- Programas de dos territorios: Costes directos de personal + Becas de asistencia + 20% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

- Programas comarcales: Costes directos de personal + Becas de asistencia + 27% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

Los gastos subvencionables se determinan de acuerdo a la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE n.º 307 de 21/12/2016), así como a lo establecido en el artículo 5 de la Orden de Bases reguladoras de estas subvenciones y su modificación por orden de 29 de abril de 2019 (BORM n.º 103 de 07/05/2019) y en el artículo 6 de la Resolución de convocatoria.

Las becas de transporte tendrán la consideración de coste subvencionable incluido en el tipo fijo.

Murcia, 21 de diciembre de 2021.—El Director Gerente del IMAS, Raúl Nortes Ortín.


Extracto de la Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Directora Gerente del IMAS, por la que se convocan para el año 2021 subvenciones, cofinanciadas por el FSE, dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y a la mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades

BORM número 78 de 7 de abril de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Instituto Murciano de Acción Social

Vigencia: desde el 8 de abril de 2021

Referencias

Afectada por:

Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades, (BORM número 128 de 5 de junio de 2018):

Establece las bases reguladoras.

Resolución de concesión de subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades. (Anexo XLIX), (BORM número 229 de 2 de octubre de 2021):

Resuelve la convocatoria.

Contenido

BDNS (Identif.): 555619

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/555619)

Primero. Beneficiarios:

Instituciones sin fin de lucro, con implantación en la Región de Murcia, en cuyo objeto o fin social se incluya la atención de personas en situación o riesgo de exclusión social, que desarrollen su actividad en la Región de Murcia.

Las entidades solicitantes deberán estar autorizadas por el Registro Regional de Entidades, Centros y Servicios Sociales para la atención de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Las entidades solicitantes deberán tener implantación en la Región de Murcia, contando con estructura y capacidad económica y financiera suficiente para garantizar la ejecución de las actuaciones previstas en el programa presentado, entendiéndose como tal contar con un presupuesto ejecutado en el ejercicio precedente igual o superior a la mitad del importe total de los programas solicitados para esta línea de subvenciones.

Segundo. Objeto:

Convocar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a Instituciones sin fin de lucro, para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y la mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades a través del desarrollo de itinerarios individualizados de inserción socio-laboral.

A efectos de lo dispuesto en esta Resolución de convocatoria, serán objeto de atención las personas en situación o riesgo de exclusión social, de entre los siguientes colectivos:

- Personas gitanas.

- Personas reclusas y exreclusas.

- Personas en proceso de rehabilitación por problemas de adicciones.

- Personas que hayan sufrido violencia en la pareja o expareja.

- Personas beneficiarias de la Renta Básica de Inserción y de las Ayudas Periódicas de Inserción y Protección Social.

- Personas sin hogar.

- Personas que ejercen o han ejercido la prostitución.

- Cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad social acreditada.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a Instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades. (BORM n.º 128 de 05/06/2018) y su modificación por Orden de 29 de abril de 2019 (BORM n.º 103 de 07/05/2019).

Cuarto. Cuantía.

Estas subvenciones se harán efectivas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2021, financiados en un 20% por fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y un 80% por el Fondo Social Europeo a través del programa operativo (2014-2020), y por un importe total de 2.800.000,00 €.

Se establecen cuatro tipologías de programas con distintos requisitos y condiciones:

Programas institucionales: se desarrollan en el ámbito de una institución, con normas propias de funcionamiento que condicionan el desarrollo de las acciones del itinerario.

Programas de un territorio o ámbito de actuación: se desarrollan en un único dispositivo, con carácter territorial o en el marco concreto de un ámbito de atención específico de un colectivo.

Programas de dos territorios: se desarrollen de forma simultánea, todos los días de la semana, en dos sedes habilitadas para ello, donde se realizan las acciones del itinerario por parte de un grupo de participantes diferenciado.

Programas comarcales: existencia de una sede central de ejecución del programa y el desplazamiento de los profesionales encargados de su ejecución, al menos un día a la semana, a cada uno de los diferentes dispositivos situados en otros municipios y/o pedanías próximas donde se realicen los itinerarios individualizados de inserción.

El importe máximo a solicitar para cada una de las tipologías de programas es el siguiente:

90.000,00 € para los programas institucionales.

105.000,00 € para los programas de un territorio o ámbito de actuación.

125.000,00 € para los programas de dos territorios.

130.000,00 € para los programas comarcales.

Dichos importes están referidos a 12 meses de programa, debiéndose aplicar el importe proporcional si la duración es inferior.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el BORM.

Las solicitudes se presentaran a través de la sede electrónica de la CARM (https://sede.carm.es), utilizando el modelo normalizado de “Formulario de presentación de solicitud de inicio” para el n.º de procedimiento 2180 disponible en la guía de procedimientos y servicios de la CARM, que deberá ser firmado electrónicamente por el representante de la entidad, previa su cumplimentación, siendo válida, además la utilización de cualquiera de los registros determinados en el artículo 16 pto. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Sexto. Otros datos:

El número de subvenciones a solicitar por una misma entidad no podrá exceder de tres.

El periodo de ejecución de los programas podrá extenderse desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021.

La duración de los programas presentados no podrá superar los 12 meses.

La solicitud deberá presentarse acompañada de la Memoria de planificación/evaluación del programa, según Anexo XI y las instrucciones que en él se recogen.

Deberá contemplarse la realización de al menos 20 horas de formación en TIC, por parte de al menos el 65% de los participantes.

Las entidades solicitantes deberán incluir en el diseño del programa, al menos dos acciones de formación ocupacional con una duración mínima de 60 horas, promoviendo que estas cuenten inicialmente con un número mínimo de 15 participantes, excepto para el tipo de programa institucional.

Las entidades beneficiarias estarán obligadas a incluir en el programa contenidos formativos, sobre la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género dirigidas a todos los participantes.

Excepto para los programas Institucionales la asistencia a la formación en competencias personales y sociales, la formación en TIC, la formación prelaboral y la formación profesional para el empleo deberá ser becada. La beca de transporte podrá abonarse para asistir a cualquier acción formativa.

El número mínimo de participantes para los programas institucionales y de un único territorio será de 65, el de los que se desarrollen en dos sedes de 85 participantes, al menos 20 de ellas atendidas en la segunda sede y los de carácter comarcal al menos de 90 participantes en total, 25 de ellos fuera de la sede central de realización del programa.

El número mínimo de participantes puede verse reducido en 5 en el caso de los programas de nueva implantación o que tengan una duración inferior a 8 meses o cuyo periodo de ejecución haya coincidido, al menos tres meses, con el estado de alarma.

Los participantes en los programas deberán contar con la acreditación de su situación social.

La entidad deberá comprometerse a mantener la coordinación necesaria con los Servicios Sociales de Atención Primaria para que, al menos, un 20% de los participantes sean beneficiarios de la Renta Básica de Inserción o la Ayuda periódica de Inserción o Protección Social. (Aplicación Decreto n.º 163/2017, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), excepto en el caso de los programas institucionales o en el de aquellos ámbitos de desarrollo en los que no sea posible o por falta de participantes derivados por los SSAP.

El equipo técnico encargado de la ejecución del programa deberá estar constituido, al menos, por un trabajador social, un orientador laboral y el personal formador, en su caso.

El método de cálculo de los gastos subvencionables para las diferentes tipologías de programas es el siguiente:

- Programas institucionales: Costes directos de personal + 14% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

- Programas de un territorio/ámbito de actuación: Costes directos de personal + Becas+ 16% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

- Programas de dos territorios: Costes directos de personal + Becas+ 18% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

- Programas comarcales: Costes directos de personal + Becas+ 20% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

Se determinan los gastos subvencionables de acuerdo a la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE n.º 307 de 21/12/2016), así como a lo establecido en el artículo 5 de la Orden reguladora de bases de estas subvenciones y su modificación por orden de 29 de abril de 2019. (BORM n.º 103 de 07/05/2019).

Murcia, 31 de marzo de 2021. La Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, María Raquel Cancela Fernández.

Extracto de la Resolución de 17 de diciembre de 2021, del Director Gerente del IMAS, por la que se convocan para el año 2022 subvenciones, cofinanciadas por el FSE, dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y a la mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades, mediante procedimiento de tramitación anticipada (MODIFICADA)

BORM número 296 de 24 de diciembre de 2021

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Instituto Murciano de Acción Social

Vigencia: desde el 25 de diciembre de 2021
 

Referencias

Afectada por:

Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a Instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades, (BORM número 128 de 5 de junio de 2018):

Establece las bases reguladoras.

Resolución de 6 junio de 2022 del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se amplía el crédito asignado a la convocatoria de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades, para el año 2022, mediante procedimiento de tramitación anticipada, (BORM número 132 de 10 de junio de 2022):

Se amplía el crédito asignado.

Contenido

BDNS (Identif.): 601431

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/601431)

Primero. Beneficiarios:

Instituciones sin fin de lucro, con implantación en la Región de Murcia, en cuyo objeto o fin social se incluya la atención de personas en situación o riesgo de exclusión social, que desarrollen su actividad en la Región de Murcia.

Las entidades solicitantes deberán estar autorizadas por el Registro Regional de Entidades, Centros y Servicios Sociales para la atención de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Las entidades solicitantes deberán tener implantación en la Región de Murcia, contando con estructura y capacidad económica y financiera suficiente para garantizar la ejecución de las actuaciones previstas en el programa presentado, entendiéndose como tal contar con un presupuesto ejecutado en el ejercicio precedente igual o superior a la mitad del importe total de los programas solicitados para esta línea de subvenciones.

Segundo. Objeto:

Convocar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva y mediante procedimiento de tramitación anticipada, dirigidas a Instituciones sin fin de lucro, para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y la mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades a través del desarrollo de itinerarios individualizados de inserción socio-laboral.

A efectos de lo dispuesto en esta Resolución de convocatoria, serán objeto de atención las personas en situación o riesgo de exclusión social, de entre los siguientes colectivos:

- Personas gitanas.

- Personas reclusas y exreclusas. 

- Personas en proceso de rehabilitación por problemas de adicciones.

- Personas que hayan sufrido violencia en la pareja o expareja.

- Personas beneficiarias de la Renta Básica de Inserción y de las Ayudas Periódicas de Inserción y Protección Social.

- Personas sin hogar.

- Personas que ejercen o han ejercido la prostitución.

- Cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad social acreditada.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a Instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades. (BORM número 128 de 05/06/2018) y su modificación por Orden de 29 de abril de 2019 (BORM número 103 de 07/05/2019).

Cuarto. Cuantía.

Estas subvenciones se harán efectivas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2022, financiados en un 20% por fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y un 80% por el Fondo Social Europeo a través del programa operativo (2014-2020), y por un importe total de 1.800.000,00 €.

Se establecen cuatro tipologías de programas con distintos requisitos y condiciones:

Programas institucionales: se desarrollan en el ámbito de una institución, con normas propias de funcionamiento que condicionan el desarrollo de las acciones del itinerario.

Programas de un territorio o ámbito de actuación: se desarrollan en un único dispositivo, con carácter territorial o en el marco concreto de un ámbito de atención específico de un colectivo.

Programas de dos territorios: se desarrollen de forma simultánea, todos los días de la semana, en dos sedes habilitadas para ello, donde se realizan las acciones del itinerario por parte de un grupo de participantes diferenciado.

Programas comarcales: existencia de una sede central de ejecución del programa y el desplazamiento de los profesionales encargados de su ejecución, al menos un día a la semana, a cada uno de los diferentes dispositivos situados en otros municipios y/o pedanías próximas donde se realicen los itinerarios individualizados de inserción.

El importe máximo a solicitar para cada una de las tipologías de programas es el siguiente:

60.000,00€ para los programas institucionales.

70.000,00€ para los programas de un territorio o ámbito de actuación.

85.000,00€ para los programas de dos territorios.

89.000,00€ para los programas comarcales.

Dichos importes están referidos a 9 meses de programa, debiéndose aplicar el importe proporcional si la duración es inferior. 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el BORM.

Las solicitudes se presentaran a través de la sede electrónica de la CARM (https://sede.carm.es), utilizando el modelo normalizado de “Formulario de presentación de solicitud de inicio” para el número de procedimiento 2180 disponible en la guía de procedimientos y servicios de la CARM, que deberá ser firmado electrónicamente por el representante de la entidad, previa su cumplimentación, siendo válida, además la utilización de cualquiera de los registros determinados en el artículo 16 pto. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Sexto. Otros datos:

El número de subvenciones a solicitar por una misma entidad no podrá exceder de tres.

El periodo de ejecución de los programas podrá extenderse desde el 01/01/2022 hasta el 30/09/2022.

La duración de los programas presentados no podrá superar los 9 meses.

La solicitud deberá presentarse acompañada de la Memoria de planificación/ evaluación del programa, según Anexo XI y las instrucciones que en él se recogen.

Las entidades solicitantes deberán incluir en el diseño del programa, acciones formativas en Competencias Personales y Sociales, formación en TIC, formación Pre-laboral, con una duración determinada y dirigida a un número de participantes definido para cada una de las tipologías de programas, cuya asistencia deberá estar becada.

Los programas deberán incluir, además, al menos una acción de formación ocupacional, de duración mínima de 60h y que cuenten inicialmente con al menos con 15 participantes en el caso de los programas de un territorio/ámbito de actuación, 18 en el caso de dos territorios y 20 en el caso de los Comarcales.

Dicha formación podrá sustituirse por dos acciones formativas, de al menos 60h de duración cada una, siendo el número de mínimo de participantes de 15 por edición. En el caso de los programas comarcales dichas formaciones no podrán coincidir en un mismo territorio/dispositivo en los que se desarrolle el programa.

Los programas incluirán contenidos formativos, sobre la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género dirigidas a todos los participantes.

El número mínimo de participantes para los programas institucionales y de un único territorio será de 65, el de los que se desarrollen en dos sedes de 85, al menos 20 de ellas atendidas en la segunda sede y los de carácter comarcal al menos de 90, 25 de ellos fuera de la sede central de realización del programa. Estos podrán reducirse en 5 si el programa es de nueva implantación su periodo de ejecución se haya visto reducido por caso de fuerza mayor.

Los participantes en los programas deberán contar con la acreditación de su situación social.

El equipo técnico encargado de la ejecución del programa deberá estar constituido, al menos, por un trabajador social, un orientador laboral y el personal formador, en su caso.

El método de cálculo de los gastos subvencionables para las diferentes tipologías de programas es el siguiente:

Programas institucionales: Costes directos de personal + 14% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

Programas de un territorio/ámbito de actuación: Costes directos de personal + becas de asistencia + 18% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

Programas de dos territorios: Costes directos de personal + Becas de asistencia + 20% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

Programas comarcales: Costes directos de personal + Becas de asistencia + 23% de los costes directos de personal para otros gastos del programa.

Se determinan los gastos subvencionables de acuerdo a la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE número 307 de 21/12/2016), así como a lo establecido en el artículo 5 de la Orden reguladora de bases de estas subvenciones y su modificación por orden de 29 de abril de 2019. (BORM número 103 de 07/05/2019)

Murcia, 17 de diciembre de 2021.—El Director Gerente del IMAS, Raúl Nortes Ortín.


Decreto número 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos (MODIFICADO)

Referencias

Deroga a:

  • Decreto 54/2001, de 15 de junio, de autorizaciones, organización y funcionamiento del registro de entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia y de la Inspección, (BORM número 146 de 26 de junio de 2001):

"Disposición Derogatoria Única.   Régimen derogatorio

Queda derogado el Decreto número 54/2001, de 15 de junio, de autorización, organización y funcionamiento del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia y de la Inspección y cuantas disposiciones de igual o inferior grado contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente decreto".

Modificado por:

  • Orden de 11 de mayo de 2015, de la Consejería de Sanidad y Política Social, por la que se atribuye un código alfanumérico a las variedades de centros y servicios que componen la tipología establecida por el Decreto número 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de entidades, centros y servicios sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos, (BORM número 119 de 26 de mayo de 2015):

"Artículo Único: Atribución de un Código alfanumérico a las variedades de Centros y Servicios que componen la tipología establecida por el Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero.

Se atribuye el Código alfanumérico previsto en el Anexo de la presente Orden a las distintas variedades de Centros y Servicios que componen la tipología establecida en el Decreto número 3/2015, de 23 de enero".

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Contenido

Índice:

I
II
III

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Artículo 3. Definiciones
Artículo 4. Obligaciones de los titulares y gestores de Centros, Servicios y Entidades de Servicios Sociales

CAPÍTULO II. LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

SECCIÓN PRIMERA. Concepto y objeto de la autorización administrativa
Artículo 5. Concepto de autorización administrativa
Artículo 6. Competencia
Artículo 7. Actos sometidos a autorización administrativa
Artículo 8. Comunicación previa
Artículo 9. Requisitos para obtener autorización administrativa

SECCIÓN SEGUNDA. Procedimiento para la obtención de la autorización administrativa
Artículo 10. Inicio del procedimiento
Artículo 11. Subsanación de la solicitud
Artículo 12. Propuesta de resolución
Artículo 13. Finalización del procedimiento
Artículo 14. Efectos de la autorización administrativa
Artículo 15. Caducidad de la autorización para la construcción de Centros
Artículo 16. Licencias Municipales
Artículo 17. Duración de la autorización administrativa

SECCIÓN TERCERA. Tramitación telemática
Artículo 18. Tramitación telemática del procedimiento de autorización administrativa

SECCIÓN CUARTA. Comunicación previa de cambio de titularidad y cese
Artículo 19. Comunicación de cambio de titularidad
Artículo 20. Comunicación previa de cese o cierre de Centro o Servicio

SECCIÓN 5ª REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Artículo 21. Causas de revocación
Artículo 22. Procedimiento de revocación
Artículo 23. Efectos de la revocación

CAPÍTULO III. LA ACREDITACIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS
Artículo 24. Concepto
Artículo 25. Condiciones y requisitos
Artículo 26. Competencias y procedimiento
Artículo 27. Obligaciones del titular del Centro o Servicio acreditado
Artículo 28. Vigencia de la acreditación

CAPÍTULO IV. EL REGISTRO DE ENTIDADES, CENTROS Y SERVICIOS SOCIALES
Artículo 29. Adscripción
Artículo 30. La inscripción en el Registro
Artículo 31. Naturaleza del Registro
Artículo 32. Procedimiento de inscripción de Centros, Servicios y Entidades de Servicios Sociales
Artículo 33. Estructura interna del Registro
Artículo 34. Efectos de la Inscripción
Artículo 35. Obligación de exhibir los datos de inscripción
Artículo 36. Variaciones
Artículo 37. Cancelación de las inscripciones

CAPÍTULO V. LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Artículo 38. Concepto y adscripción
Artículo 39. Cooperación y ámbito de actuación
Artículo 40. Funciones de la Inspección
Artículo 41. Actuación inspectora
Artículo 42. Procedimiento de inspección
Artículo 43. Actas de inspección
Artículo 44. Efectos de la inspección

CAPÍTULO VI. TIPOLOGÍA BÁSICA DE CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS SOCIALES

SECCIÓN PRIMERA. Centros y servicios de atención primaria, básica y polivalente y de promoción y cooperación social
Artículo 45. Tipología básica de Centros y Servicios de Atención Primaria, Básica y Polivalente
Artículo 46. Tipología de Centros y Servicios de Promoción y Cooperación Social

SECCIÓN SEGUNDA. Centros y servicios del sector de infancia y familia
Artículo 47. Tipología de los Centros y Servicios del sector de Infancia y Familia

SECCIÓN TERCERA. Centros y servicios del sector de personas con discapacidad
Artículo 48. Tipología de los Centros y Servicios del sector de Personas con Discapacidad

SECCIÓN CUARTA. Centros y servicios del sector de personas mayores
Artículo 49. Tipología de los Centros y Servicios del sector de Personas Mayores

SECCIÓN QUINTA. Centros y servicios del sector de minorías étnicas
Artículo 50. Tipología de los Centros y Servicios del sector de Minorías Étnicas

SECCIÓN SEXTA. Centros y servicios del sector de personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social
Artículo 51. Tipología de los centros y servicios del sector de personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social

SECCIÓN SÉPTIMA. Centros y servicios del sector de inmigrantes
Artículo 52. Tipología de los Centros y Servicios del sector de Inmigrantes

SECCIÓN OCTAVA. Disposición común
Artículo 53. Atribución de Código alfanumérico

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional Primera. Referencias normativas
Disposición Adicional Segunda. Información y adaptación de los Centros, Entidades y Servicios Sociales
Disposición Adicional Tercera. Inscripción de oficio de Centros y Servicios ya inscritos en otros Registros de la Administración Regional

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición Transitoria Primera. Adaptación de Centros, Establecimientos y Servicios
Disposición Transitoria Segunda. Autorización administrativa de los Centros, Entidades y  Servicios Sociales ya inscritos

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición Derogatoria Única. Régimen derogatorio

DISPOSICIÓN FINAL
Disposición Final Única. Entrada en vigor

TEXTO COMPLETO

I

El art. 10. Uno. 18 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, atribuye la competencia exclusiva en materia de asistencia y bienestar social a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En el ejercicio de la misma, se promulgó la Ley 8/1985, de 9 de diciembre de Servicios Sociales de la Región de Murcia, cuya disposición Final Cuarta preveía la creación de un Registro de Centros y Servicios Sociales, configurándose como un instrumento para lograr una mejor planificación y eficacia de la actividad de éstos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, permitiendo conocer los recursos disponibles y su mayor optimización.

En desarrollo de esta Disposición se redactaron los Decretos nº 13/1989, de 26 de enero, del Registro de Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia y el Decreto nº 54/2001, de 15 de junio, de autorizaciones, organización y funcionamiento del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia y de la Inspección, con los que se estableció un dispositivo eficaz que permitió la coordinación necesaria sobre la diversidad de servicios, centros y entidades existentes en este ámbito.

El continuo avance de la sociedad, los nuevos planteamientos de convivencia y estructura sociales, constante evolución y enriquecimiento del concepto de estado social y, fundamentalmente, la participación de agentes públicos y privados incluso con ánimo de lucro, no previsto en la legislación anterior, requirieron una respuesta actual a las demandas de atención social.

Éstas eran razones que fundamentaron la redacción de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, que entre otros extremos, reconocía que las Administraciones Públicas no actuaban en el campo de los Servicios Sociales con exclusividad, sino que había sido primordial la intervención, cada vez mas especializada, de la iniciativa privada, ya sea derivada del asociacionismo, ya de entes de origen fundacional, o de empresas que en muchos casos han actuado como motor en la atención a las personas que por diversas razones se encuentran en situación de riesgo de exclusión social, o bien presentan dificultades para llevar una vida autónoma.

Con el fin de mantener ordenado el sector, el art. 41 hace referencia al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales definiéndolo como instrumento básico de planificación y coordinación de los servicios sociales de la Región de Murcia.

La aplicación del Decreto 54/2001, de 15 de junio, así como la distinta casuística producida a lo largo de este tiempo y la existencia de una nueva legislación en la materia, evidencian la necesidad de llevar a efecto un nuevo Decreto, al objeto de mejorar y clarificar determinados aspectos de la reglamentación vigente y desarrollar algunos extremos de la Ley 3/2003, de 10 de abril, que no habían sido objeto de tratamiento reglamentario.

Pero la necesidad de una nueva reglamentación no viene solo impuesta por la nueva legislación social, sino que la necesidad de actualizar, simplificar y adaptar estas disposiciones se deriva de la normativa en materia de procedimiento administrativo plasmada de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios, y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que suponen la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativos a los servicios en el mercado interior, comúnmente denominada Directiva de Servicios.

Hay que advertir que el objetivo de esta Directiva es avanzar hacía un autentico mercado interior de los servicios de modo que, en el mayor sector de la economía europea, tanto empresas como consumidores puedan aprovechar plenamente las oportunidades que brinda, mediante el apoyo al desarrollo de un mercado interior de los servicios verdaderamente integrado.

Así, se considera que la Directiva ha de contribuir a hacer realidad el considerable potencial de crecimiento económico y de creación de empleo de este sector en Europa.

Como señala su Exposición de Motivos, esta Directiva constituye un enorme paso adelante para garantizar que, tanto los prestadores como los destinatarios de los servicios, se beneficien con mayor facilidad de las libertades fundamentales consagradas en los arts. 43 y 49 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea: la libertad de establecimiento y la de prestación de servicios a través de las fronteras.

Las disposiciones de la Directiva se basan, en gran medida, en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas relativa a la libertad de establecimientos y a la libre circulación de servicios, y complementan diversos instrumentos comunitarios en vigor, que continúan siendo plenamente aplicables. En resumen el objetivo de la Directiva es conseguir un efectivo mercado interior en el ámbito de los servicios mediante la remoción de los obstáculos legales y administrativos que todavía dificultan la prestación de los servicios entre distintos Estados Miembros.

Como norma básica, la Directiva de Servicios se aplica a todos los servicios que no se excluyan explícitamente de su ámbito.

Según el art. 2.2 de la norma, la misma no se aplicará a determinadas actividades como los servicios no económicos de interés general, los servicios financieros, los servicios y redes de comunicación electrónicas, los servicios en el ámbito del transporte, los servicios de las empresas de trabajo temporal, los servicios sanitarios, los servicios audiovisuales, incluidos los servicios cinematográficos, las actividades de juego por dinero que implique apuestas de valor monetario en juegos de azar, las actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública, los servicios de seguridad privados, los servicios prestados por notarios y agentes judiciales designados mediante un acto oficial de la Administración, o, por último, los servicios sociales relativos a la vivienda social, la atención a los niños y el apoyo a familias y personas temporal o permanentemente necesitadas proporcionadas por el Estado, por prestadores encargados por el Estado o por asociaciones de beneficencia reconocidas como tales por el Estado.

Respecto de esta última exclusión hay que advertir que la noción de “asociaciones de beneficencia reconocidas como tales por el Estado” comprende las Iglesias y las organizaciones eclesiales que atiendan fines benéficos. Teniendo en cuenta el texto de la exclusión, queda claro que tales servicios no se excluyen si son prestados por otro tipo de prestadores, como los operadores o empresas privados que actúen sin mandato del Estado.

Así, los servicios sociales relativos al apoyo a familias y personas temporal o permanentemente necesitadas debido a la insuficiencia de sus ingresos familiares o a la falta parcial de independencia, así como los prestados a las que corren el riesgo de marginación, como los servicios de cuidado de personas de edad avanzada o los prestados a desempleados, se excluyen del ámbito de aplicación de la Directiva únicamente en la medida en que sean prestados por cualquiera de los prestadores antes mencionados (es decir, el Estado, los prestadores encargados por éste o las asociaciones de beneficencia reconocidas como tales por el Estado). De este modo, los servicios sociales privados no se excluyen de la Directiva y han de ser objeto de las medidas de transposición.

Para conseguir la libertad de establecimiento y la de prestación de servicios a través de las fronteras, la Directiva pretende simplificar procedimientos, eliminar obstáculos a las actividades de servicios y promover tanto la confianza reciproca entre Estados miembros como la confianza de los prestadores y los consumidores en el mercado interior, reforzando los derechos de estos últimos.

Esta filosofía se ha de plasmar en la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos, y con tal finalidad en el art. 2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, se modifican determinados artículos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Esta es una de las grandes finalidades del decreto, establecer unos procedimientos en materia de Registro e Inspección, como la autorización administrativa caracterizada por la agilidad, simplicidad, mayor eficacia y eliminación de obstáculos a las actividades de prestación de servicios sociales.

Junto a esto, se mejora la regulación relativa a la Inspección de Servicios Sociales que se concibe no solo en su sentido clásico de constatación del cumplimiento de normas aplicables, sino también y fundamentalmente, como instrumento de colaboración y formación de las personas y entidades prestadora de servicios sociales y, como se dijo antes, se ordenan aspectos previstos legalmente que no habían sido reglamentariamente desarrollados como son los referido a la acreditación de centros y servicios sociales, prevista en el art. 41.3 de la Ley 3/2003, que certifique la prestación de servicios con arreglo a criterios de calidad, y se establece la tipología básica de los mismos, materia a su vez contemplada en el art. 8.3 del mismo texto legal, lo que motivaba que se definieran y clarificaran los tipos de centros y servicios sociales existentes, incluso los nuevos que han aparecido a causa de la evolución de la realidad social de la Región de Murcia.

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II

El Capítulo I del decreto se dedica a las Disposiciones Generales, como son objeto, ámbito de aplicación, definiciones y obligaciones de los titulares y también de los gestores de Centros, Servicios y Entidades de Servicios Sociales.

En el Capítulo II se define la autorización administrativa que se regula en el decreto. Es preciso aquí advertir que la anteriormente aludida Directiva de Servicios determina en su Capítulo III, referido a la libertad de establecimiento, que sus disposiciones son de aplicación a todos los casos en que una empresa pretende establecerse en un Estado miembro, independientemente de que el prestador se proponga poner en marcha una nueva empresa o abrir un nuevo establecimiento, como una filial o una sucursal.

En este Capítulo también se trata de los regímenes de autorización, que constituyen uno de los trámites más comunes aplicados a los prestadores de servicios en los Estados miembros, así como una restricción a la libertad de establecimiento. Por ello, en la Directiva de Servicios se exige que los Estados miembros revisen sus regímenes de autorización vigentes y los adapten a lo previsto en esta normativa.

El término “régimen de autorización” engloba todo procedimiento en virtud del cual se obliga a un prestador o destinatario a obtener de una autoridad competente, un documento oficial o una decisión tácita sobre el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 9 apartado 1 de la Directiva de Servicios, únicamente podrán mantenerse regímenes de autorización que no sean discriminatorios, estén justificados por una razón imperiosa de interés general y sean proporcionados, criterios estos que también aparecen plasmados en el art. 39 bis de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, precepto introducido por la citada Ley 25/2009, de 22 de diciembre.

De esta manera, por cada régimen de autorización identificado, el Estado miembro en cuestión tendrá que comprobar, en primer lugar, si no es discriminatorio, es decir, si no da lugar, de manera directa o indirecta, a un trato diferenciado de los prestadores nacionales y de los procedentes de otros Estados miembros. En segundo lugar, tendrá que evaluar si el régimen de autorización persigue un objetivo de interés general, y si es idóneo para garantizar la consecución de tal objetivo. Por último, tendrá que valorar si el objetivo perseguido no puede alcanzarse por medios menos restrictivos.

En el ámbito de los servicios sociales y teniendo en cuenta las especiales características que se concentran en su actividad, los colectivos a los que va destinada y su necesaria protección, se considera que se dan razones imperiosas de interés general, para mantener un régimen de autorización, siendo estas razones las reconocidas como tal en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, incluyéndose entre ellas, los objetivos de política social. Asimismo, las autorizaciones que se exigen no tienen carácter discriminatorio, es decir, no dan lugar, de manera directa o indirecta a un trato diferenciado entre los prestadores nacionales y los procedentes de otros Estados miembros y son proporcionadas, esto es, el objetivo perseguido no puede alcanzarse por medios menos restrictivos.

En cumplimiento de la filosofía de simplificación expuesta, y al contrario de lo que sucedía en la anterior normativa, se prevé un solo tipo de autorización administrativa, fusionándose en un solo procedimiento lo que anteriormente se regulaba en dos. Asimismo, se reduce a lo estrictamente necesario los actos que se someten a autorización administrativa, mientras que otros, como el cambio de titularidad o el cierre o cese de actividad, solo han de ser objeto de comunicación previa al órgano competente.

Además, el procedimiento para la obtención de la autorización administrativa se simplifica en lo que se refiere a la presentación de documentación por parte de los interesados, pues la práctica totalidad de los documentos que anteriormente se exigían, se han sustituido por manifestaciones.

En este Capítulo también se fijan los efectos de la autorización y su duración; en este ámbito hay que destacar que, a diferencia de lo dispuesto en el anterior Decreto 54/2001, de 15 de junio, la autorización administrativa tendrá una duración ilimitada, condicionada, eso sí, al cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación. Se prevé una tramitación telemática de los procedimientos de autorización y se regulan los nuevos procedimientos de comunicación de cambio de titularidad y de cese o cierre de Centro o Servicio.

El Capítulo III ordena la acreditación de Centros y Servicios Sociales, nunca antes tratada en el ordenamiento regional, considerada como el acto por el cual el órgano competente en materia de Inspección certifica que un Centro o Servicio, ya autorizado, ofrece garantía de calidad e idoneidad para los usuarios. Se dispone asimismo que, en los Centros y Servicios del Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la acreditación sea el acto que declara que un Centro o Servicio reúne las condiciones de calidad en la prestación de servicios ofertados que se exigen para su integración en la red de Centros y Servicios del SAAD.

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III

El Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales se regula en el Capítulo IV y aparece como instrumento básico de planificación y coordinación de los Servicios Sociales, como reza el anteriormente citado art. 41 de la Ley 3/2003, de 10 de abril; aquí también se define la inscripción en el Registro y se prevén dos procedimientos, uno a instancia de parte y otro de oficio. Respecto de éste, hay que destacar que el texto prevé una inscripción de oficio para aquellas entidades que acrediten estar ya inscritas en un Registro de similares características al regulado en este decreto que dependa de otra Comunidad Autónoma o, incluso, de un país miembro de la Unión Europea.

En la documentación que ha de aportarse para la inscripción en el Registro, también se han sustituido buena parte de los documentos por manifestaciones. Efecto fundamental de la inscripción es que va a ser requisito indispensable para la suscripción de conciertos, convenios y para la concesión de subvenciones o de cualquier clase de ayudas de la Administración Regional.

La Inspección de Servicios Sociales tiene como funciones, según el Capítulo V del decreto, no solo la vigilancia, el control o la comprobación del cumplimiento de la normativa vigente, sino también garantizar los derechos de los usuarios, la información a las personas y entidades que prestan Servicios Sociales y la promoción de la mejora continua del nivel de calidad en su prestación.

Ha de coordinarse su actuación con las demás unidades de las Administraciones Públicas, el personal inspector tienen la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y deberá estar provisto del correspondiente documento profesional acreditativo; además el texto regula pormenorizadamente el procedimiento de la Inspección, las Actas de Inspección, su contenido y efectos.

El decreto concluye con un Capítulo VI destinado a establecer la tipología básica de Centros, Establecimientos y Servicios Sociales. Aquí se clasifican los existentes, incluso los que puedan aparecer; en la clasificación se distingue entre Centros y Servicios de Atención Primaria, Básica y Polivalente y Centros y Servicios de Atención Especializada. Entre los primeros se hace mención, según lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 3/2003, que determina qué servicios se incluirían en el sector de Atención Primaria, al Servicio de Ayuda a Domicilio, de Teleasistencia, de Información o los Centros y Servicios de Voluntariado Social.

Los de Atención Especializada se dividen atendiendo a los colectivos a los que destinan sus atenciones. Así, se hace referencia a los Centros, Establecimientos y Servicios del sector de Infancia y Familia, de Personas con Discapacidad, de Personas Mayores (en estos dos casos, armonizando los términos con los previstos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre), de Minorías Étnicas, de Personas en situación de Emergencia, riesgo o exclusión social y de Inmigrantes.

Se atribuye al titular de la Consejería competente la posibilidad de asignar un código alfanumérico a cada una de estas variedades de Centros, Establecimientos y Servicios.

Finaliza el decreto con unas Disposiciones alusivas a las referencias normativas existentes, la información sobre la adaptación de los Centros, entidades y Servicios Sociales y el procedimiento de la misma y sobre la inscripción de oficio de Centros y Servicios ya inscritos en otros Registros de la Administración Regional.

En el procedimiento de elaboración de esta disposición han sido oídos el Consejo Asesor Regional de Personas Mayores, de Personas con Discapacidad, de Infancia y Familia, de Minorías Étnicas y el Consejo Regional de Servicios Sociales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 95/2004, de 24 de septiembre, por el que se crean y regulan los consejos asesores regionales de carácter sectorial de servicios sociales, art. 3 del Decreto 37/1987, de 28 de mayo, por el que se regula el Consejo Regional de Servicios Sociales y apartados 2 y 3 del art. 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

Este decreto se dicta al amparo de lo establecido en los arts. 32.1 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, 21.1, 22.12 y 52.1 de la citada Ley 6/2004, 11 y 16 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre y arts. 8.3, 21, 41.3 y 43 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Sanidad y Política Social, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, tras la deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno, en sesión de fecha 23 de Enero de 2015

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CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO

El presente decreto tiene por objeto la regulación del régimen de autorización y acreditación de Entidades, Centros y Servicios Sociales, la constancia registral y la actuación inspectora en materia de servicios sociales, así como la determinación de la tipología básica de los mismos.

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ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación del presente decreto se extiende a todas las personas, físicas o jurídicas, prestadoras de servicios sociales, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que sean titulares o gestores de Centros y/o desarrollen servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con independencia de donde radique su sede o domicilio legal.

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ARTÍCULO 3. DEFINICIONES

1. A los efectos de lo previsto en el presente decreto, tendrán la consideración de Entidad de Servicios Sociales, aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fin de lucro, que actúen, en todo o en parte, en el campo de los servicios sociales, bien como titular de la actividad o gestores de la misma.

2. Se considerará Servicio aquel recurso que tenga como finalidad facilitar el pleno desarrollo de los individuos y grupos sociales, promover la igualdad en el acceso, uso y disfrute de los recursos sociales, prevenir y eliminar las causas de la marginación social y lograr una eficaz asistencia a nivel individual y colectivo para aquellos ciudadanos que lo precisen, procurando la plena integración social de los mismos.

3. Tendrá la consideración de Centro toda unidad orgánica y funcional dotada de una infraestructura material con ubicación autónoma e identificable donde se desarrollen, en todo o en parte, las prestaciones o programas de servicios sociales.

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ARTÍCULO 4. OBLIGACIONES DE LOS TITULARES Y GESTORES DE CENTROS, SERVICIOS Y ENTIDADES DE SERVICIOS SOCIALES

Los titulares y gestores de Centros, Servicios y Entidades de Servicios Sociales, cualquiera que sea su tipología, están sujetos a las siguientes obligaciones:

a) El cumplimiento de los requisitos que la normativa vigente establezca, tanto generales como específicos para cada tipo de centro o servicio de que sean titulares.

b) La obtención de la autorización administrativa o la comunicación previa de la implantación de los servicios previstos en el presente decreto, según proceda.

c) La inscripción, en las condiciones establecidas en este decreto, en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.

d) El sometimiento al régimen de control e inspección por parte de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales.

e) El sometimiento a la evaluación periódica de la calidad en la prestación de los servicios sociales en los términos que se regulen reglamentariamente.

f) El suministro a la Consejería competente en materia de Servicios Sociales de cuanta información y estadísticas actualizadas referidas a la actividad desarrollada fueran requeridas.

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CAPÍTULO II. LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

SECCIÓN PRIMERA. Concepto y objeto de la autorización administrativa

ARTÍCULO 5. CONCEPTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La autorización administrativa a que se refiere el presente decreto es el acto administrativo mediante el cual la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia comprueba y determina que el proyecto arquitectónico o funcional de un Centro, la materialización del mismo o la puesta en funcionamiento de los Servicios que no se presten a través de un Centro, reúnen los requisitos exigidos en la normativa aplicable en la materia, facultando al titular de los mismos a realizar las actuaciones que se reflejan en la autorización.

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ARTÍCULO 6. COMPETENCIA

La competencia para conceder la autorización administrativa a que se refiere el presente decreto corresponde al titular de la Consejería que tenga atribuida la competencia en materia de Registro e Inspección de servicios sociales. La gestión y tramitación corresponde al órgano directivo que tenga atribuidas las competencias en materia de Registro, Acreditación e Inspección.

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ARTÍCULO 7. ACTOS SOMETIDOS A AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Están sujetos a autorización administrativa los actos de construcción, puesta en funcionamiento, modificación sustancial de centros e instalaciones y la modificación de actividades y de objetivos de los Centros o Servicios.

2. A estos efectos, se entiende por:

a) Construcción de Centros o instalaciones: la edificación de nueva planta y la reforma de edificaciones cuyo destino anterior no fuera el que se pretende, con el fin de adecuarse a las condiciones que el centro requiera.

b) Funcionamiento de un Centro o Servicio: la puesta en marcha con la capacidad material, técnica y humana adecuada para llevar a cabo actuaciones en materia de servicios sociales con el grado de calidad exigible.

c) Modificación sustancial en Centros e instalaciones: la introducción de cambios en la estructura, ampliación o reforma de inmuebles que conlleve un cambio en la distribución que implique obra, previamente dedicados a prestar el mismo tipo de servicio que se venia atendiendo, de modo que lo siga haciendo con arreglo a las condiciones específicas del tipo de centro, así como el traslado de los mismos.

d) Modificación de actividades y objetivos: el cambio de tipología o naturaleza de los servicios que se prestan y la modificación en el número de plazas.

3. La autorización administrativa regulada en el presente decreto no suplirá, en ningún caso, las que se requieran desde otras instancias administrativas.

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ARTÍCULO 8. COMUNICACIÓN PREVIA

Requerirán comunicación previa al órgano directivo competente en materia de Registro de servicios sociales, las siguientes actuaciones:

a) El cambio de titularidad del centro o del servicio, que se producirá por la transmisión inter vivos o mortis causa del recurso a un tercero.

b) El cierre del centro

c) El cese del servicio o actividad.

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ARTÍCULO 9. REQUISITOS PARA OBTENER AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Para que las actuaciones previstas en el art. 7 puedan ser objeto de autorización, deberán cumplir la normativa de aplicación para este tipo de Centro o Servicio, cualesquiera que sea su tipología y titularidad.

2. A los Servicios que no dispongan de Centro solo les será exigible el cumplimiento de las condiciones funcionales adecuadas a la actividad a realizar.

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SECCIÓN SEGUNDA. Procedimiento para la obtención de la autorización administrativa

ARTÍCULO 10. INICIO DEL PROCEDIMIENTO

1. El procedimiento para la obtención de la autorización administrativa se iniciará con la presentación por parte del interesado de una solicitud en impreso normalizado, dirigida al órgano directivo competente en materia de Registro, Acreditación e Inspección de servicios sociales, a la cual se acompañará la siguiente documentación:

a) Con carácter general:

a.1) Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante: Si se trata de una persona jurídica, se presentará escritura de constitución y modificación de la misma, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no fuera exigible, se presentará escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, donde se exprese la finalidad social de la entidad, inscritos, en el correspondiente Registro Oficial.

a.2) En su caso, documentación acreditativa de la representación con que se actúa.

b) En casos de construcción de Centros o instalaciones:

b.1) Proyecto de actuación de la actividad a desempeñar, con el contenido mínimo del programa de intervención, perfil de la población a la que se pretende prestar la actividad, objetivos, metodología, capacidad asistencial, tipos de profesionales, función de estos, actividades individuales y grupales con los residentes, fecha prevista para el inicio efectivo de las actividades, así como cualquier otro aspecto que, en el ámbito de los servicios sociales, normativamente sea exigible, sellado y firmado por la respectiva entidad.

b.2) Documento acreditativo de la propiedad del inmueble o del derecho que se ostente sobre el mismo.

b.3) Cuando se trate de obra de nueva planta, proyecto básico y de ejecución.

b.4) Acta o acuerdo de construcción o remodelación del Centro.

c) En caso de puesta en funcionamiento:

c.1) Cuestionario de procesamiento estadístico sobre las características del Centro o Servicio, en modelo normalizado que será facilitado por la unidad administrativa competente en materia de Registro y que será remitido por vía telemática o en documento impreso.

c.2) Proyecto de actuación de la actividad a desempeñar, con el contenido mínimo del programa de intervención, perfil de la población a la que se pretende prestar la actividad, objetivos, metodología, capacidad asistencial, tipos de profesionales, función de estos, actividades individuales y grupales con los residentes, fecha prevista para el inicio efectivo de las actividades, así como cualquier otro aspecto que, en el ámbito de los servicios sociales, normativamente sea exigible, sellado y firmado por la respectiva entidad.

c.3) Manifestación de que el personal cumple los requisitos y ostenta la titulación adecuada para el servicio a prestar.

c.4) Reglamento o norma de régimen interior, sellado y firmado por la correspondiente entidad, que deberá ser visado por el órgano competente en materia de Registro.

c.5) Compromiso formal de suscripción, antes de la entrada en funcionamiento del Centro, de póliza de seguros que cubra los costes de reposición en caso de siniestro total o parcial de la infraestructura del centro, los riesgos de lesiones o siniestro por praxis profesional o negligencia del personal o del titular del centro, además de la cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros.

c.6) En el supuesto de centros no contemplados en la letra b) de este apartado, se deberá presentar, además de los documentos previstos anteriormente, documento acreditativo de la propiedad del inmueble o del derecho que se ostente sobre el mismo y proyecto básico y de ejecución o memoria descriptiva de las características materiales y arquitectónicas. Así mismo se presentará licencia municipal para la actividad que pretenda realizar o documento que legalmente la sustituya o solicitud de la misma.

d) Modificación sustancial en Centros e instalaciones:

d.1) Proyecto de actuación de la actividad a desempeñar, con el contenido mínimo del programa de intervención, perfil de la población a la que se pretende prestar la actividad, objetivos, metodología, capacidad asistencial, tipos de profesionales, función de estos, actividades individuales y grupales con los residentes, fecha prevista para el inicio efectivo de las actividades, así como cualquier otro aspecto que, en el ámbito de los servicios sociales, normativamente sea exigible, sellado y firmado por la respectiva entidad.

d.2) Proyecto básico y de ejecución o memoria descriptiva de las características materiales y arquitectónicas, justificando el cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación y un conjunto de planos levantados por técnicos competentes que definan en planta, alzado y secciones, el estado actual del edificio.

e) Modificación de actividades y objetivos:

e.1) Proyecto de actuación de la actividad a desempeñar, con el contenido mínimo del programa de intervención, perfil de la población a la que se pretende prestar la actividad, objetivos, metodología, capacidad asistencial, tipos de profesionales, función de estos, actividades individuales y grupales con los residentes, fecha prevista para el inicio efectivo de las actividades, así como cualquier otro aspecto que, en el ámbito de los servicios sociales, normativamente sea exigible, sellado y firmado por la respectiva entidad.

e.2) Manifestación de que el personal cumple los requisitos y ostenta la titulación adecuada para el servicio a prestar.

e.3) Compromiso formal de suscripción, antes de la entrada en funcionamiento del Centro, de póliza de seguros que cubra los costes de reposición en caso de siniestro total o parcial de la infraestructura del centro, los riesgos de lesiones o siniestro por praxis profesional o negligencia del personal o del titular del centro, además de la cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros.

2. En todo caso, podrá ser solicitada cualquier otra documentación que se considere necesaria en función del tipo de actividad a desarrollar y de la normativa que le sea de aplicación.

3. Para poder obtener la autorización, las entidades sin ánimo de lucro deberán estar inscritas, según el caso, en el Registro de Asociaciones, Fundaciones, o en el que le sea de aplicación y las entidades con ánimo de lucro, en el Registro correspondiente.

4. En ningún caso podrá exigirse al interesado la aportación de ningún documento que pueda obtener por sí misma la Administración, ni aquel que ya obre en poder de ésta, debido bien a su constancia en registros públicos, bien a que haya sido previamente aportado. En este caso, se anunciará a la unidad que tramite la solicitud en qué fecha, expediente o dependencia aportó tales documentos.

5. Se aceptará cualquier documento emitido por otro Estado miembro de la Unión Europea, que demuestre el cumplimiento de un requisito, estando obligado en este caso a presentarse una traducción compulsada.

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ARTÍCULO 11. SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD

Si la solicitud no reúne los requisitos que señala el artículo anterior, o no se han acompañado los documentos exigidos, la unidad competente para la tramitación requerirá al solicitante para que, en un plazo no superior a diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de la misma, previa notificación de la correspondiente resolución.

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ARTÍCULO 12. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1. Completada la documentación necesaria, y previa visita de la Inspección de Servicios Sociales, el órgano directivo competente en materia de Registro e Inspección de servicios sociales emitirá propuesta de resolución sobre la viabilidad del proyecto del servicio o centro, documentación presentada y cumplimiento de las condiciones o requisitos materiales y funcionales que resulten de aplicación, atendiendo a la tipología del Centro o Servicio.

2. Esta propuesta de resolución será notificada a los interesados para que en el plazo de quince días puedan formular respecto de la misma las alegaciones y presentar los documentos que consideren convenientes.

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ARTÍCULO 13. FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El titular de la Consejería competente dictará resolución que deberá ser notificada en el plazo de tres meses desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano encargado de la tramitación.

La resolución se notificará al interesado, con expresa mención de los recursos que contra la misma procedan.

Transcurrido dicho plazo sin que aquella se haya notificado, la solicitud se entenderá desestimada.

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ARTÍCULO 14. EFECTOS DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Concedida la autorización administrativa, ésta se inscribirá de oficio en el correspondiente Registro.

2. La inscripción en el Registro de la correspondiente autorización administrativa, implica la inscripción de la Entidad titular y de la Entidad gestora.

3. La autorización administrativa del Centro o Servicio, faculta a la Entidad tan solo para desarrollar el tipo de actividad para la que han sido autorizados.

4. La autorización administrativa de un Servicio que carece de Centro, no abarca a los centros que posteriormente pueda utilizar, que necesitarán la autorización administrativa correspondiente.

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ARTÍCULO 15. CADUCIDAD DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS

Previa audiencia de la persona interesada, podrá declararse la caducidad de la autorización administrativa sí, transcurrido un año contado desde el día siguiente de la notificación de la Orden por la que se hubiera acordado, no se hubiesen iniciado las obras del Centro o habiéndose iniciado éstas, llevaren más de seis meses interrumpidas por causas imputables al interesado. El acto que declare la caducidad será notificado a los interesados, con expresa mención de los recursos que contra el mismo procedan.

No obstante lo anterior, previa solicitud justificada de la persona interesada podrán prorrogarse ambos plazos, por una sola vez, mediante Orden de la Consejería competente.

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ARTÍCULO 16. LICENCIAS MUNICIPALES

Los Ayuntamientos exigirán la constancia de la presentación de la solicitud de autorización administrativa para la concesión de la oportuna licencia municipal.

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ARTÍCULO 17. DURACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La autorización administrativa tendrá una duración ilimitada, condicionada al cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación, la cual podrá ser verificada mediante visita de inspección, quedando la Entidad titular o la gestora de la actividad, obligada a comunicar a la unidad de Registro cualquier cambio que se produzca en relación con la resolución inicial emitida.

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SECCIÓN TERCERA. Tramitación telemática

ARTÍCULO 18. TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Las solicitudes de autorización se podrán presentar de forma telemática, a través de la página web de la Comunidad Autónoma, a la dirección electrónica www.carm.es/tramitesenlinea, que da acceso al Registro Telemático de la Región de Murcia.

2. Para utilizar este medio de presentación, los interesados deberán disponer de firma electrónica incorporada al documento nacional de identidad de conformidad con el art. 14 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos o del certificado reconocido de usuario que le habilite para utilizar una firma electrónica avanzada producida por un dispositivo seguro de creación de firma, expedido por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma electrónica.

3. La presentación telemática podrá efectuarse todos los días del año durante las veinticuatro horas, sin perjuicio de las interrupciones necesarias por razones técnicas, de las que se informará en el propio Registro.

4. El Registro telemático emitirá automáticamente un resguardo acreditativo de la presentación de la solicitud, en el que constarán los datos proporcionados por el interesado, con indicación de la hora y fecha en que se produjo la presentación, y una clave de identificación de la transmisión. Respecto de la fecha, producirá los mismos efectos que el procedimiento administrativo establece para el cómputo de términos y plazos.

5. Las solicitudes de autorización que incluyan la firma electrónica reconocida producirán respecto de los datos y documentos consignados de forma electrónica, los mismos efectos jurídicos que las solicitudes formuladas de acuerdo con el art. 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. Una vez iniciado el procedimiento con este sistema, se podrán practicar otras actuaciones mediante el procedimiento normal, indicándose expresamente en sucesivos documentos que la iniciación del procedimiento se ha efectuado de forma electrónica.

7. En el supuesto de que se hubiera aportado, por exigencia de la normativa aplicable o a iniciativa del interesado, documentación anexa a la solicitud o comunicación electrónica, y el sistema no permitiera su aportación telemática, deberá realizarse en cualquiera de los registros u oficinas referidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992. En el escrito por el que se presente la documentación anexa en estos registros u oficinas se hará mención al justificante de confirmación de la recepción telemática de la solicitud.

8. Las solicitudes cursadas por medios electrónicos deberán ir acompañadas de la misma documentación que las solicitudes cursadas por medios no electrónicos. No obstante, los interesados podrán aportar dichos documentos digitalizados, siempre y cuando se comprometan a la presentación de los originales correspondientes cuando la unidad competente lo requiera.

9. Una vez recepcionados los documentos electrónicos presentados por los interesados, el sistema emitirá un justificante en el que quedará constancia del asiento de entrada que se asigne al documento.

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SECCIÓN CUARTA. Comunicación previa de cambio de titularidad y cese

ARTÍCULO 19. COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD

1. Existirá cambio de titularidad de un centro o servicio autorizado cuando éstos sean objeto de transmisión “inter vivos” o “mortis causa” a un nuevo titular.

2. El transmitente deberá comunicar por escrito al órgano competente en materia de Registro de servicios sociales su voluntad de transmisión, con una antelación mínima de un mes a la fecha en que tenga lugar la transmisión. No se exigirá el cumplimiento del plazo referido en casos de fuerza mayor.

3. En el plazo de un mes contado desde la transmisión inter vivos de la titularidad, el adquiriente presentará los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la personalidad del nuevo titular, o documento de constitución de la nueva entidad si fuese persona jurídica.

b) Estatutos de la entidad y certificaciones de los acuerdos adoptados referidos a esta transmisión.

c) Manifestación del nuevo titular en el que declare que el cambio de titularidad no conlleva modificaciones sustanciales en el Centro y que se subroga en cuantas obligaciones y compromisos estén pendientes con la Administración Regional.

4. En el caso de que el cambio de titularidad conllevara modificaciones sustanciales en el Centro o Servicio será preceptivo obtener autorización administrativa con arreglo a lo previsto en el presente decreto.

5. En el supuesto de transmisión de la titularidad del Centro o Servicio por fallecimiento de quien la ostentare, la comunicación habrá de producirse en el plazo de un mes desde la fecha del fallecimiento, aportando la documentación señalada en el apartado 3 del presente artículo.

6. No podrá procederse a la transferencia de la titularidad de un Centro o Servicio salvo que simultáneamente se proceda, por parte de la entidad perceptora, a la restitución de la parte de financiación pública no amortizada. A estos efectos se entenderá que las subvenciones y ayudas para inversiones inmobiliarias se amortizan a los treinta años y las mobiliarias a los diez años. Deberá igualmente reintegrarse la parte de las subvenciones para mantenimiento que se hayan recibido y que no hayan sido empleados en el fin para el que se otorgaron.

7. El cambio de titularidad se anotará en la inscripción correspondiente del Registro, previa resolución del órgano competente.

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ARTÍCULO 20. COMUNICACIÓN PREVIA DE CESE O CIERRE DE CENTRO O SERVICIO

1. Para proceder al cierre o cese con carácter, total o parcial, temporal o definitivo, la persona titular deberá comunicarlo por escrito al órgano directivo competente en materia de Registro e Inspección de servicios sociales, acompañando a dicha comunicación la siguiente documentación:

a) Memoria explicativa de las causas que propician el cese o cierre, con especificación de las fases previstas para el proceso.

b) Memoria explicativa de la situación en la que se encuentran los usuarios afectados y propuestas alternativas para su atención, especificando plan de viabilidad tanto material como funcional.

2. La comunicación deberá realizarse con una antelación de al menos tres meses a la fecha prevista para el cierre o ceso del Centro o Servicio. No se exigirá este plazo en caso de fuerza mayor.

3. El cierre o cese de un Centro o Servicio que hubiera recibido ayudas o subvenciones de la Consejería competente en materia de servicios sociales no exime de la obligación de reintegrar a la que se refiere el apartado sexto del artículo anterior.

4. En el caso de reanudación de la actividad o reapertura del Centro o Servicio en los mismos términos que en los en su momento autorizados, ésta deberá ser comunicada al órgano directivo competente. Sin embargo, si la reanudación o reapertura llevara aparejada una modificación de la autorización administrativa, se procederá conforme a lo dispuesto en la Sección 2ª del Capítulo II del presente decreto.

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SECCIÓN 5ª REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 21. CAUSAS DE REVOCACIÓN

Serán causas de revocación de la autorización administrativa las siguientes.

a) Extinción de la personalidad jurídica de la entidad de la que dependa el Centro o Servicio, salvo en los supuestos de cambio de titularidad.

b) Fallecimiento o declaración de incapacidad del titular de la Entidad, Centro o Servicio, salvo en los supuestos de cambio de titularidad.

c) Incumplimiento sobrevenido o desaparición de las condiciones, circunstancias o requisitos exigidos para la autorización, entre las que se considerarán incluidas en todo caso, las mínimas establecidas por la normativa vigente, así como el de los plazos a que estuviesen subordinadas.

d) Pérdida de vigencia de la póliza de seguro a que se refiere el art. 10. letra j) del presente decreto.

e) La no realización durante más de doce meses de una o varias actividades para las que se le concedió la autorización.

f) La falta de comunicación del cambio de titularidad o de cese o cierre de Centro o Servicio en el plazo establecido en el presente decreto.

h) Cualquier otra causa que determine la imposibilidad definitiva, sea física o jurídica, de continuar con la actividad autorizada.

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ARTÍCULO 22. PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN

La revocación de la autorización se acordará por el órgano que la concedió, previa la tramitación del oportuno expediente administrativo, con audiencia del interesado.

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ARTÍCULO 23. EFECTOS DE LA REVOCACIÓN

Además de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder, la revocación de la correspondiente autorización conllevará la cancelación de oficio de la inscripción en el Registro.

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CAPÍTULO III. LA ACREDITACIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS

ARTÍCULO 24. CONCEPTO

1. La acreditación es el acto por el cual el órgano directivo competente en materia de Inspección de Servicios Sociales certifica que un Centro o Servicio previamente autorizado, ofrece garantía de calidad e idoneidad para los usuarios conforme a los criterios que se determinen por el Consejo de Gobierno.

2. En los Centros y Servicios del Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la acreditación será el acto que, con las mismas características que las señaladas en el número anterior, declara que un Centro o Servicio reúne las condiciones de calidad en la prestación de servicios ofertados que se exigen para su integración en la red de Centros y Servicios del SAAD.

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ARTÍCULO 25. CONDICIONES Y REQUISITOS

Para la acreditación, los Centros y Servicios, deberán cumplir, además de los requisitos estructurales y funcionales mínimos exigibles para la autorización administrativa, las condiciones y requisitos que se establezcan y que harán referencia como mínimo a:

a) La cualificación de los profesionales que presten servicios en el Centro o Servicio.

b) Los protocolos de actuación así como los procedimientos y programas de atención que desarrollen.

c) La implantación de sistemas de gestión de calidad en la atención a los usuarios.

d) El sistema de información al órgano competente.

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ARTÍCULO 26. COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTO

1. Será competente para otorgar la acreditación, el órgano directivo que tenga atribuida la competencia en materia de Registro de servicios sociales.

2. El procedimiento para el otorgamiento o renovación de la acreditación se iniciará mediante solicitud del titular del Centro o Servicio, acompañada de una memoria que detalle el cumplimiento de los criterios de calidad que se exijan por Decreto de Consejo de Gobierno y se ajustará a la tramitación prevista en esta norma para la autorización administrativa de los Centros y Servicios.

3. Una vez concedida la acreditación, el Registro, de oficio, realizará la anotación correspondiente en la inscripción del Centro o Servicio correspondiente.

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ARTÍCULO 27. OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL CENTRO O SERVICIO ACREDITADO

Además del mantenimiento de las condiciones o requisitos necesarios para el otorgamiento de la acreditación, están obligados al sometimiento al control de calidad realizado por la Inspección de Servicios Sociales.

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ARTÍCULO 28. VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN

1. La acreditación tendrá una vigencia inicial de cinco años, pudiendo ser objeto de renovación por el mismo procedimiento por el que se concedió. El procedimiento deberá iniciarse por el interesado con una antelación de tres meses a la fecha de caducidad.

2. La acreditación se extinguirá por las siguientes causas:

a) Expiración del plazo de vigencia sin que se solicite la renovación.

b) Por no mantener las condiciones y requisitos necesarios que se le exigieron para su otorgamiento.

c) Por solicitud del interesado.

3. El órgano directivo competente para otorgar la acreditación, lo será también para acordar su extinción. En los supuestos previstos por las letras a) y b) del número anterior, será preciso la previa tramitación del expediente administrativo correspondiente, con audiencia del interesado.

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CAPÍTULO IV. EL REGISTRO DE ENTIDADES, CENTROS Y SERVICIOS SOCIALES

ARTÍCULO 29. ADSCRIPCIÓN

1. El Registro se adscribe a la Consejería competente en materia de Servicios Sociales y es único para toda la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. El Registro podrá tener soporte informático, cumpliéndose las condiciones que establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, siempre que se garantice la autenticidad, disponibilidad y conservación de los datos registrales.

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ARTÍCULO 30. LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

1. La inscripción en el Registro es el mecanismo por el cual se da publicidad a la autorización otorgada a efectos de su constancia oficial, como Centro o Servicio autorizado de servicios sociales.

2. Deberán estar inscritas en el Registro todas las Entidades, Centros y Servicios Sociales públicos o privados, con y sin ánimo de lucro, que hayan obtenido previamente la autorización administrativa correspondiente, conforme a lo previsto en el presente decreto.

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ARTÍCULO 31. NATURALEZA DEL REGISTRO

1. El Registro es de carácter público. La información derivada de las actuaciones registradas podrá obtenerse por quién manifieste interés legitimo en ella, mediante la exhibición de los libros y documentos o mediante certificaciones expedidas, previa solicitud, por el funcionario encargado del mismo, sin perjuicio de las limitaciones derivadas del art. 37 de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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ARTÍCULO 32. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE CENTROS, SERVICIOS Y ENTIDADES DE SERVICIOS SOCIALES

1. La inscripción de los Centros, Servicios y Entidades de Servicios Sociales se efectuará de oficio.

2. La inscripción tendrá lugar una vez otorgada la autorización administrativa correspondiente o por haberse recibido en forma la comunicación de transmisión de la titularidad del Centro o Servicio a una tercera persona no inscrita.

3. También se inscribirán de oficio aquellas entidades que acrediten estar ya inscritas en un Registro de similares características al regulado en el presente decreto y que dependa de otra Comunidad Autónoma o, incluso, de un país miembro de la Unión Europea, y soliciten autorización para actuar en el ámbito previsto en el art. 2, o vayan a suscribir un convenio, concierto o cualquier tipo de contrato sujeto a la legislación de Contratos del Sector Público con esta Comunidad Autónoma, siempre que la actividad sea la misma o pueda ser asimilada a una incluida en la tipología vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

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ARTÍCULO 33. ESTRUCTURA INTERNA DEL REGISTRO

La organización interna del Registro, forma de practicar los asientos registrales, constancia en los Libros registrales, asignación de números registrales y otros aspectos relacionados con su estructura interna serán regulados por Orden de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales.

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ARTÍCULO 34. EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN

1. La inscripción en el Registro es requisito indispensable para la suscripción de conciertos, convenios y para la concesión de subvenciones o cualquier clase de ayudas de la Administración Regional. A tal fin, el organismo competente deberá solicitar, con carácter previo a la finalización del procedimiento correspondiente, informe preceptivo que versará sobre la situación registral de la entidad.

2. La entidad podrá celebrar conciertos o convenios con la Administración Pública Regional o recibir cualquier clase de subvención o ayuda pública, solo respecto del centro o servicio autorizado e inscrito que lleve a cabo la actividad objeto del concierto, convenio, subvención o ayuda.

3. La inscripción de un Servicio que no disponga o precise inicialmente de un Centro no abarca a los inmuebles que con posterioridad pueda ocupar o necesitar, los cuales precisarán obtener las correspondientes autorizaciones.

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ARTÍCULO 35. OBLIGACIÓN DE EXHIBIR LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN

Los Centros y Servicios inscritos en el Registro están obligados a exhibir de forma visible, en la entrada principal del Centro o Servicio, una placa identificativa homologada, en la que se harán constar los datos registrales. Las características de esta placa se determinarán por Orden de la Consejería competente en materia de servicios sociales.

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ARTÍCULO 36. VARIACIONES

La entidad inscrita deberá comunicar al órgano encargado del Registro, en el plazo de un mes desde la fecha en que se produzcan, todas las variaciones de los datos aportados en la documentación inicial y que supongan modificación de los datos registrales, siempre y cuando dichas variaciones no supongan modificación sustancial, estructural o funcional, en cuyo caso habrán de solicitarse las oportunas autorizaciones.

Asimismo comunicarán cuantas resoluciones judiciales afecten al cumplimiento de los requisitos del Centro o Servicio.

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ARTÍCULO 37. CANCELACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES

Revocada la autorización administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Sección 5ª del Capítulo II del presente decreto o tras la recepción de la comunicación previa en los supuestos de cierre de Centro o de cese de actividad, se procederá de oficio a su cancelación registral, con los siguientes efectos:

a) La exclusión de la posibilidad de obtener ayudas y subvenciones públicas y de la posibilidad de celebrar convenios o conciertos con la Administración.

b) La obligación de restitución de la parte de financiación pública no amortizada, así como la parte de las subvenciones para mantenimiento que no hayan sido empleadas en el fin para la que se concedieron, en los términos previstos en el art. 19.6 del presente decreto.

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CAPÍTULO V. LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

ARTÍCULO 38. CONCEPTO Y ADSCRIPCIÓN

1. La actuación inspectora que desarrollará la Inspección de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene por objeto la vigilancia, control, comprobación y orientación del cumplimiento de la normativa vigente de cuantas personas, Entidades, Servicios y Centros desarrollen actividades de servicios sociales en territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con objeto de garantizar el derecho de los usuarios a la calidad de la atención.

2. La Inspección esta adscrita a la Consejería competente en materia de servicios sociales, a través del órgano administrativo que tenga atribuida tal competencia, del que dependerá orgánica y funcionalmente.

3. La Inspección de Servicios Sociales estará integrada por el personal que ocupe los puestos de inspectores que se configuren en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo.

4. La base general de datos del sistema de inspección y sus aplicaciones de explotación radicará en un sistema centralizado, determinado por el centro directivo que tenga atribuidas las competencias de inspección de Servicios Sociales, al que corresponderá su gestión, desarrollo y modificación.

5. Las actuaciones y comprobaciones inspectoras podrán servirse de los medios informáticos, a cuyo fin dispondrán de acceso a los datos y antecedentes obrantes en la Administración Pública cuando tengan relevancia para la función inspectora, en la forma establecida en la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

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ARTÍCULO 39. COOPERACIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

1. La Inspección de Servicios Sociales coordinará sus actuaciones con las demás unidades de la Administraciones Públicas correspondientes, las cuales proporcionarán cualquier documentación requerida que sea necesaria o que facilite la labor inspectora, todo ello de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Se encuentran sometidas a la función inspectora todas las Entidades, Centros y Servicios Sociales que desarrollen actividades en la Región de Murcia, independientemente de su titularidad y naturaleza. En el supuesto de que existan usuarios de esta Comunidad Autónoma atendidos fuera de la Región, se solicitará la cooperación de la Administración territorial correspondiente.

3. Los inspectores, previa acreditación de su identidad y cuando lo estimen necesario para el cumplimiento de sus atribuciones, podrán recabar la colaboración del personal y servicios de otras Administraciones Públicas.

4. Asimismo, en los términos y dentro de los límites que establezca la Ley, podrán solicitar, cuando lo consideren procedente, la comparecencia obligatoria del titular de la Entidad, Centro o Servicio o de su representante, de los trabajadores, de los perceptores de ayudas y subvenciones y de cualesquiera usuarios del Sistema de Servicios Sociales, para la aportación de la documentación que se señale en cada caso o para efectuar las aclaraciones pertinentes. En la citación deberá constar expresamente lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia.

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ARTÍCULO 40. FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN

El ejercicio de la función inspectora comprende las siguientes funciones.

a) Velar por el respeto de los derechos de los usuarios de servicios sociales.

b) Comprobar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de servicios sociales.

c) Velar por que la provisión de servicios y prestaciones sociales del sistema público de servicios sociales de la Región de Murcia, se presten con criterios de igualdad, accesibilidad, universalidad, calidad, eficiencia y conforme a la autorización correspondiente y porque los servicios de aquellas plazas que se oferten a través de centros y servicios privados se desarrollen en las condiciones establecidas en la normativa vigente.

d) Proponer cuantas disposiciones normativas se consideren necesarias para el mejor desarrollo de las funciones encomendadas.

e) Participar en la elaboración de los pliegos de condiciones para los procedimientos de concertación entre el órgano competente y Centros y Servicios Sociales, mediante la realización de los informes técnicos que le sean requeridos al respecto.

f) Comprobar el funcionamiento de los cauces de participación de los usuarios y de sus familias y analizar las quejas y reclamaciones manifestadas por los mismos.

g) La tutela de la información en materia de servicios sociales

h) Controlar el cumplimiento de los niveles de calidad de los servicios sociales.

i) Asesorar a los órganos competentes en materia de gestión de Servicios Sociales acerca del nivel de adecuación de los servicios y centros y elaborar propuestas para la mejora de la calidad de la atención.

j) Asesorar e informar a los interesados sobre sus derechos y deberes así como la forma de cumplir las disposiciones vigentes sobre la materia.

k) Colaborar con las medidas de planificación de la Consejería competente en el estudio de las necesidades de servicios sociales en la Región de Murcia.

l) Supervisar el destino y la adecuada utilización de los fondos públicos concedidos a personas físicas o jurídicas, por medio de ayudas, subvenciones, contratos, convenios o cualquier otra modalidad análoga contemplada en la normativa vigente, así como el seguimiento de los mismos, a cuyo fin, en todo caso, se requerirá a la Inspección para realizar las vistas que se consideren necesarias para comprobar el cumplimiento de sus términos.

m) Gestionar el correspondiente Registro de reclamaciones de Servicios Sociales, que evaluara y, en su caso, derivará al órgano competente, cada una de ellas, dando respuesta de las actuaciones realizadas en su caso.

n) Inspeccionar los centros que actúen en el campo de la dependencia, previa a su acreditación para comprobar el cumplimiento de los indicadores de calidad que en su momento se establezcan normativamente, así como en los procedimientos de cancelación o denegación de dicha acreditación.

ñ) Asegurar la eficiencia en el uso de las prestaciones sociales.

o) Elaborar informes de inspección

p) Realizar requerimientos dirigidos a las entidades para la enmienda de deficiencias detectadas y/o recomendaciones en torno a la mejora de los servicios.

q) Solicitar información a las entidades titulares y gestoras en relación con hechos o con actuaciones concretas.

r) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa aplicable.

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ARTÍCULO 41. ACTUACIÓN INSPECTORA

1. Según lo dispuesto en el art. 44 Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, la Inspección de Servicios Sociales, en el ejercicio de sus funciones, tendrá la consideración de autoridad pública a todos los efectos y gozará de plena independencia. Los titulares de los centros, entidades y servicios sociales estarán obligados a permitir a la inspección, el acceso a las instalaciones, facilitar la información, documentos, libros, soportes informáticos y demás datos que le sean requeridos, así como prestar toda la colaboración precisa para el ejercicio de las funciones inspectoras.

2. En el ejercicio de sus funciones, podrá requerir el auxilio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad competentes o de cualquier otra Administración Pública.

3. El personal adscrito a la Inspección de Servicios Sociales estará provisto del correspondiente documento profesional acreditativo de su condición de inspector, que deberá exhibir en el ejercicio de sus actuaciones.

El contenido y forma de este documento se regulara por Orden del titular de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales

4. En el ejercicio de las funciones encomendadas en el presente decreto, los inspectores están autorizados para entrar libremente en cualquier momento, después de identificarse, y sin previo aviso, permanecer en todo establecimiento o centro sujeto al ámbito de aplicación de este decreto.

Si el establecimiento o centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de la persona física afectada, deberá obtener el expreso consentimiento del titular o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial.

5. El personal que preste sus servicios en la Inspección de Servicios Sociales, deberá guardar el debido sigilo y confidencialidad, respecto a los asuntos que conozcan en el desempeño de sus funciones.

6. El personal, debidamente acreditado, que ejerza funciones de inspección, tendrán acceso a aquellos documentos de cualquier índole relacionados con el objeto de la inspección, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal.

7. En los centros o servicios a inspeccionar deberá haber siempre un responsable o sustituto, que pueda atender a la Inspección.

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ARTÍCULO 42. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

1. Las actuaciones de la Inspección de Servicios Sociales se iniciarán de oficio, ya sea por iniciativa propia del órgano competente, orden superior, petición razonada de otros órganos, denuncia, reclamación o queja.

2. Las inspecciones se podrán efectuar mediante:

a) Visita al domicilio del titular de la entidad o a las instalaciones de los centros.

b) Solicitudes y requerimientos de información y documentación.

c) Realización de entrevistas y aplicación de cuestionarios a los usuarios de los centros inspeccionados, debiendo facilitar el centro las dependencias necesarias para llevarlas a cabo.

d) Exigencia de comparecencia en el centro o servicio inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector actuante, de los titulares de la entidad, centro o servicio o de sus representantes, de los trabajadores, de los perceptores de ayudas y subvenciones o de cualquier usuario del Sistema de Servicios Sociales.

e) Cualquier otra actuación que vaya dirigida a completar o facilitar la tarea inspectora.

3. De la inspección realizada se levantará acta, en la forma establecida en el artículo siguiente.

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ARTÍCULO 43. ACTAS DE INSPECCIÓN

1. Los hechos que consten en las actas de inspección tendrán el valor probatorio previsto en el art. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En las actas de inspección, que se extenderán por triplicado, se consignarán los siguientes datos.

a) Lugar, fecha y hora de las actuaciones.

b) Identificación de la persona o personas que ejerzan la inspección.

c) Identificación del servicio o centro, de la Entidad titular y Gestora del mismo y de aquella persona en cuya presencia se lleva a cabo la inspección.

d) Descripción de los hechos y circunstancias constatados y, en su caso, de las presuntas infracciones cometidas.

e) El incumplimiento de requisitos subsanables y, en su caso, el requerimiento para su cumplimiento en el plazo que se determine.

f) Las personas interesadas o las que las representen podrán hacer constar en el acta de inspección las aclaraciones que estimen convenientes.

3. El acta de inspección será firmada por el o los inspectores actuantes y el titular o representante de la Entidad, Centro o Servicio, o en su defecto, por la persona responsable del mismo en ese momento, al que se le entregará copia. De negarse a la firma se hará constar este extremo por la inspección actuante, dejando copia en todo caso.

De negarse el compareciente a recibir el acta, el inspector lo hará constar en la misma y ésta le será remitida por alguno de los medios establecidos en la legislación vigente.

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ARTÍCULO 44. EFECTOS DE LA INSPECCIÓN

1. Si en el acta se consignaren hechos que pudiesen constituir infracciones a la normativa en materia de servicios sociales, el órgano competente determinado por el Decreto 131/2005, de 25 de noviembre, por el que se regula el procedimiento sancionador de las infracciones en materia de servicios sociales, iniciará el procedimiento sancionador oportuno.

2. Si el personal inspector, en el ejercicio de sus funciones tuviera conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delito, falta o infracción administrativa en otros ámbitos competenciales, lo pondrá en conocimiento del órgano superior que lo derivará a la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal o el órgano administrativo competente.

3. La persona responsable del servicio o centro deberá adoptar las medidas necesarias para subsanar los incumplimientos a la normativa que se hubiesen detectado en el curso de la inspección, y tomará en consideración las recomendaciones efectuadas en el acta de inspección, con objeto de mejorar la calidad en la prestación del servicio.

4. Transcurrido el plazo establecido en el acta, queda obligado el centro a comunicar a la Inspección las modificaciones realizadas, y en su caso, se procederá a realizar una nueva inspección total o parcial del servicio o centro para verificar la adopción de las medidas correctoras.

5. Si como consecuencia de la inspección se constatara de forma fehaciente o se detectaran indicios razonables de la existencia de un riesgo inminente o perjuicio grave para la salud o la seguridad de los usuarios, se podrá solicitar la adopción de las medidas cautelares correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 54 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

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CAPÍTULO VI. TIPOLOGÍA BÁSICA DE CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS SOCIALES

SECCIÓN PRIMERA. Centros y servicios de atención primaria, básica y polivalente y de promoción y cooperación social

ARTÍCULO 45. TIPOLOGÍA BÁSICA DE CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA, BÁSICA Y POLIVALENTE

1. Los Centros y Servicios de Atención Primaria, Básica y Polivalente constituyen el cauce normal de acceso al Sistema de Servicios Sociales y prestan una atención integrada y polivalente en el ámbito más próximo al ciudadano y a su entorno familiar y social.

2. Se consideraran Centros y Servicios de Atención Primaria, Básica y Polivalente los siguientes:

a) Centro de servicios sociales: Equipamiento de titularidad pública, dotado de los equipos técnicos, así como de los medios necesarios para dar soporte al desarrollo de las prestaciones básicas de Servicios Sociales: información y orientación, apoyo a la unidad convivencial y ayuda a domicilio, alojamiento alternativo y prevención e inserción social, fomentando la solidaridad, la participación y la cooperación social. Estos Centros pueden tener un carácter descentralizado de la sede principal, aunque dependiente de ésta, con local independiente e identificación propia.

b) Centro social polivalente: Unidad de titularidad pública que se conforma como lugar de encuentro para el desarrollo de la vida asociativa de la comunidad, potenciando la realización de actividades que favorezcan la participación, la promoción y solidaridad vecinal.

c) Unidad de trabajo social: Estructura básica de titularidad pública que garantiza el acceso a las prestaciones básicas de Servicios Sociales. Ubicada lo más próximo al ciudadano, atendiendo una zona geográfica predeterminada a través, como mínimo, de un profesional de trabajo social. Dentro de esta unidad puede existir un Punto de Información/atención, de carácter público y descentralizado, para el desarrollo de prestaciones básicas de Servicios Sociales.

d) Servicio de ayuda a domicilio: Prestación básica de servicios sociales que tiene por objeto proporcionar, en el propio domicilio, una serie de atenciones de carácter doméstico, social, de apoyo psicológico y rehabilitador, a los individuos y a las familias y a personas en situación de dependencia que lo precisen por no serle posible realizar sus actividades habituales o hallarse alguno de los miembros en situaciones de conflicto psicofamiliar, facilitando de este modo la permanencia y la autonomía en su medio habitual de convivencia, contando para ello con el personal cualificado y supervisado al efecto. Puede ser prestado por Entidad Pública o Empresa autorizada para esta actividad. Como servicio complementario a éste, puede existir un Servicio de Comidas a Domicilio, que consiste en la compra y preparación de alimentos fuera del domicilio del beneficiario y su posterior transporte al mismo, incluyendo los casos de regímenes alimenticios especiales debidamente prescritos por el médico.

e) Servicio de teleasistencia: Destinado a prestar asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, con apoyo de los medios personales necesarios, orientados a facilitar la permanencia en el domicilio y a dar respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, de inseguridad, soledad y aislamiento.

f) Servicio de atención en el medio familiar y comunitario: Destinado a prestar información, orientación, asesoramiento, atención y formación, en caso de situaciones de dificultad psicofamiliar de alguno de sus miembros.

g) Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y de Prevención de la Dependencia: Tiene por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo coordinado entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a quien se vean afectados por procesos de hospitalización complejos.

h) Servicio de respiro familiar: Destinado a prestar atención y cuidados a personas en situación de dependencia por un periodo limitado de tiempo con el fin de permitir a los familiares o cuidadores espacios para el descanso y el desarrollo personal.

i) Servicio telefónico de información: Destinado a ofrecer escucha y apoyo telefónicos durante 24 horas, así como información y asesoramiento sobre aspectos relacionados con la problemática de cada uno de los distintos colectivos.

j) Servicio de documentación, estudios y formación en la intervención social: Destinado al desarrollo de estudios, investigación, documentación y formación en programas de intervención social que se desarrollen en cualquiera de los distintos colectivos especificados en esta norma.

j) Otros: También tendrán la consideración de Centros y Servicios de Atención Primaria, Básica y Polivalente, aquellos que, no pudiendo incluirse en ninguna de las anteriores categorías, desarrollen las funciones a que se refiere el apartado 1º del presente artículo.

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ARTÍCULO 46. TIPOLOGÍA DE CENTROS Y SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN SOCIAL

1. Los Centros y Servicios de Promoción y Cooperación Social están dedicados a la promoción de la participación social y la solidaridad, especialmente a través del voluntariado y la iniciativa social en servicios sociales.

2. Se considerarán Centros y Servicios de Promoción y Cooperación Social los siguientes:

a) Centro de asesoramiento, coordinación y formación del voluntariado: Unidad que tiene como finalidad la información, orientación y asesoramiento a aquellas personas interesadas en el voluntariado, así como coordinar las acciones y actividades de formación del voluntariado.

b) Servicios de voluntariado: Tienen por objeto la prestación de servicios a los distintos sectores de población con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Está formado principalmente por personas que desde el seno de una organización sin ánimo de lucro, privada o pública, realizan actividades encuadradas en el ámbito de los servicios sociales, en forma altruista y solidaria, sin contraprestación económica alguna.

Estos servicios pueden estar destinados, entre otros, a sectores como atención primaria, infancia, familia, personas con discapacidad, enfermos mentales, personas con enfermedades crónicas y/o generativas, personas mayores, minorías étnicas, personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social e inmigrantes.

c) Servicio telefónico de información del voluntariado: Destinado a ofrecer escucha y apoyo, así como información y asesoramiento sobre aspectos relacionados con el voluntariado, así como la sensibilización, captación y formación de voluntarios en dicho sector y bajo la coordinación o dirección de un técnico cualificado.

d) Servicio de estudios y formación en voluntariado: Destinado al desarrollo de estudios, investigación y formación en programas de Intervención Social que se desarrollen en programas de voluntariado y bajo la coordinación o dirección de un técnico cualificado.

e) Otros: También tendrán la consideración de Centros y Servicios de Promoción y Cooperación Social, aquellos que, no pudiendo incluirse en ninguna de las anteriores categorías, desarrollen las funciones a que se refiere el apartado 1º del presente artículo.

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SECCIÓN SEGUNDA. Centros y servicios del sector de infancia y familia

ARTÍCULO 47. TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DEL SECTOR DE INFANCIA Y FAMILIA

1. Los Centros y Servicios del sector de Infancia y Familia realizarán actuaciones tendentes a la protección, promoción de los menores y familias y a la estabilización de la estructura familiar.

2. Se consideraran Centros y Servicios del sector de Infancia y Familia, los siguientes:

a) Centro de acogida y observación de corta estancia: Unidad convivencial destinada a acoger, como medida de urgencia y de forma temporal a la población infantil en situación de desamparo o guarda legal.

b) Centro de acogida de media y larga estancia: Unidad convivencial destinada a acoger de forma estable, a la población infantil en situación de desamparo o guarda, ofreciendo una atención integral.

c) Centro y servicio de atención a menores en situación de riesgo social: Unidad en la que se desarrollan acciones dirigidas a la socialización y reinserción de los menores que por diversas causas psicológicas se encuentran en situación de exclusión.

d) Centro y servicio de atención a menores victimas de malos tratos: Unidad en la que se presta información, diagnóstico y tratamiento especializado a menores victima de malos tratos o con riesgo de padecerlos.

e) Vivienda tutelada para menores sin medida de protección: Unidad de convivencia destinada al acogimiento residencial de menores sin medidas de protección, procedentes de familias en situación de riesgo social, de desestructuración o con problemas de conducta, bajo el consentimiento expreso de los padres o tutores legales.

f) Centro educativo para la ejecución de medidas judiciales: Unidad convivencial en la que se desarrollan acciones dirigidas a la socialización y reinserción de menores que se encuentran bajo medidas cautelares o medidas judiciales firmes dictadas por el Juzgado de Menores, al amparo de la legislación que regula la responsabilidad penal de los menores. Podrán destinarse a la ejecución de medidas judiciales tanto privativas como no privativas de libertad.

g) Servicio de ejecución de medidas judiciales: Destinado a la gestión y desarrollo de acciones encaminadas a la ejecución de las medidas judiciales recogidas en la legislación que regula la responsabilidad penal de los menores.

h) Entidad colaboradora de adopción internacional (ECAI) e Institución colaboradora de integración familiar (ICIF), cuyo régimen jurídico, funciones y actuación se regirán por su normativa específica.

i) Centros y servicios de conciliación de la vida familiar y laboral: Destinados a atender las necesidades socio-asistenciales y de ocio y tiempo libre a menores de entre 0 y 16 años, así como la prestación de otros servicios complementarios tales como comedor, ludotecas, talleres y otras actividades abiertas a niños, con horarios que permitan conciliar la vida familiar y laboral.

j) Centros y servicios de atención y apoyo a la familia: Ofrecen información, orientación, asesoramiento y formación a familias para ayudarlas a la resolución de determinados conflictos en momentos de crisis o de especial dificultad, desarrollando programas de intervención familiar y aquellos tendentes a la protección de la misma y a la estabilización de la estructura familiar.

k) Centros y servicios de orientación y mediación familiar:

k.1) Los centros de orientación y mediación familiar están dotados de equipos técnicos con formación específica en mediación y orientación, en los que se desarrollan actuaciones de orientación y/o mediación familiar como alternativa de abordaje en la gestación de conflictos y crisis producidas en el seno familiar.

k.2). El servicio de mediación familiar está destinado a desarrollar actuaciones tendentes a la solución y/o gestión específica de los conflictos que surjan en la estructura familiar, contemplándose aquellos que afectan a rupturas de pareja, así como a otras soluciones de conflictividad familiar o generacional.

k.3) El servicio de orientación familiar está destinado a desarrollar actuaciones tendentes a la solución de dificultades y/o conflictos entre los miembros de una unidad familiar en situación de crisis, al objeto de prevenir y evitar la aparición de futuros conflictos que puedan perturbar la convivencia familiar.

l) Punto de encuentro familiar: Espacio neutral e idóneo que favorece y hace posible el mantenimiento de las relaciones entre un menor y sus familias cuando, en una situación de separación y/o divorcio, o acogimiento familiar, el ejercicio del derecho de visita se ve interrumpido, o bien es de cumplimiento difícil o conflictivo, garantizando a este último caso, que la visita con la familia biológica se lleve a cabo de forma adecuada.

m) Centro y servicio de orientación, diagnóstico, valoración y seguimiento de la violencia familiar: Destinados a prestar atención a núcleos familiares en los que se den situaciones de violencia que puedan afectar a alguno de sus miembros, prestando a la familia el apoyo y tratamiento adecuado a cada caso.

n) Centros y puntos de atención a la infancia: Unidades con equipamiento y personal técnico especializado donde se prima la atención a las necesidades educativas y sociales de la primera infancia de 0 a 3 años, prestando unos servicios amplios y flexibles con el objetivo de apoyar, facilitar y compatibilizar la vida familiar y laboral siendo un medio de apoyo a la unidad familiar.

Los centros de atención a la infancia contarán con instalaciones de más de tres aulas y los puntos de atención a la infancia de una a tres aulas.

ñ) Ludoteca: Unidad donde se realizan actividades extraescolares, con carácter lúdico a través de las cuales y en contacto con sus iguales se favorece el desarrollo de aptitudes cognitivas, psicomotoras y afectivo-sociales.

o) Otros: También tendrán la consideración de Centros y Servicios del sector de Infancia y Familia, aquellos que, no pudiendo incluirse en ninguna de las anteriores categorías, desarrollen las funciones a que se refiere el apartado primero del presente artículo.

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SECCIÓN TERCERA. Centros y servicios del sector de personas con discapacidad

ARTÍCULO 48. TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DEL SECTOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1. Los Centros y Servicios del sector de Personas con Discapacidad realizarán actuaciones a fin de procurar el tratamiento, rehabilitación e integración social de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, así como para la prevención de la discapacidad.

2. Se considerarán Centros y Servicios del sector de Personas con Discapacidad, los siguientes:

a) Centros de atención a personas en situación de dependencia, que podrán ser:

a.1) Centros residenciales para personas con discapacidad: Unidades convivenciales que presten atención integral y estancia permanente a personas afectadas por diferentes grados de dependencia y que por sus características no puedan permanecer en su domicilio, pudiendo prestarse asimismo servicios de estancias temporales.

Pueden ser centros destinados a discapacitados físicos, intelectuales, sensoriales y con enfermedad mental crónica y, en cuanto al número de residentes, se distinguirá entre centros de más y de menos de quince plazas.

a.2) Vivienda tutelada para personas con discapacidad: Viviendas destinadas a personas con discapacidad que posean un grado suficiente de autonomía personal, y se configura como una pequeña unidad de convivencia, con asistencia y supervisión de una entidad que ofrezca y promueva la atención integral de los residentes.

Esta vivienda podrá ser destinada a discapacitados, físicos, intelectuales, sensoriales y con enfermedad mental crónica.

a.3) Unidad de respiro familiar: Unidad convivencial que presta servicios de atención integral por un periodo limitado de tiempo, con el fin de permitir a sus cuidadores espacios de tiempo libre y descanso. Puede ser destinado a personas con cualquier tipo de discapacidad o con enfermedad mental crónica y desarrollado a través de un servicio.

b) Centros de día para personas con discapacidad, menores de 65 años, que podrán ser:

b.1) Centro de día: Unidad convivencial que ofrece durante el día atención integral a las necesidades personales básicas, terapéuticas y socioculturales de personas con discapacidad afectadas por diferentes grados de dependencia, promoviendo su autonomía y la permanencia en su entorno habitual. Este centro podrá contar con servicio de transporte adaptado para cubrir el desplazamiento de los usuarios desde su domicilio al centro y viceversa.

b.2) Centro ocupacional para personas con discapacidad: Unidad destinada a posibilitar el desarrollo ocupacional, personal y social de las personas atendidas para la superación de los obstáculos que la discapacidad les supone en su integración social y laboral. También puede estar destinado a personas con enfermedad mental crónica.

Estos Centros podrán estar destinados a discapacitados físicos, intelectuales, sensoriales y con enfermedad mental crónica.

b.3) Taller de formación ocupacional para personas con discapacidad física, psíquica, intelectual, sensorial o enfermedad mental crónica: Unidad en la que se realizan actividades para la adquisición de habilidades básicas que permitan el desarrollo ocupacional, personal y social de este sector, con el fin de facilitar su integración socio y laboral.

c) Centro de intervención integral para personas con discapacidad física, psíquica, intelectual o sensorial: Unidad de atención destinada a la recuperación y rehabilitación funcional y psicosocial de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial.

d) Centro de noche: Ofrece una atención integral durante el periodo nocturno a las personas en situación de dependencia con el objetivo de mejorar o mantener su nivel de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores.

Cubre las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal.

e) Centro y servicio de atención a personas con discapacidad o enfermedad mental crónica: Destinado a ofrecer información, orientación, asesoramiento y formación, así como la prevención de la Discapacidad o la enfermedad mental facilitando los medios para el acceso a los recursos sociales, autonomía personal e integración social y laboral.

f) Centro y servicio de desarrollo infantil y atención temprana: Ofrecen atención especializada a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, realizando una intervención temprana en aquellos niños que presentan trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos.

g) Centro de valoración y orientación de la discapacidad: Unidad básica de titularidad pública que tiene por objeto la valoración y orientación de la discapacidad

h) Unidad/centro de valoración de la dependencia: Unidad básica de titularidad pública compuesta por profesionales del área social y sanitaria que tiene por objeto la valoración, mediante la emisión de un dictamen-propuesta sobre la situación, grado y nivel de dependencia, así como los cuidados que la persona pueda requerir.

i) Servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia de intensidad genérica: Dirigido a personas con discapacidad o enfermedad mental crónica, como servicio complementario a cualquier otro servicio del Catálogo del Sistema de Autonomía Personal y Atención la Dependencia que promoverá para ellas la máxima autonomía posible, en atención a sus circunstancias personales.

j) Centro de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia de intensidad especializada: Unidad dirigida a personas con discapacidad o enfermedad mental crónica en situación de dependencia, que promoverá para ellas un itinerario vital completo que, con los apoyos precisos, fomenten su vida autónoma y plenamente comunitaria. Podrán prestarse en régimen de atención diurna, residencias especializadas o viviendas de estancia limitada o permanente, debidamente autorizadas.

l) Programa de acogimiento familiar para personas con discapacidad: Destinado al acogimiento temporal o permanente, de personas de este sector para satisfacer sus necesidades de atención, proporcionando un hogar alternativo.

m) Centro de formación integral para personas con discapacidad: Unidad destinada a realizar actividades formativas con fines de promoción e inserción social y laboral de este sector de población.

n) Centro especial de empleo para personas con discapacidad o enfermedad mental crónica: Unidad que tiene como principal objetivo realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones de mercado y teniendo como finalidad asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores discapacitados o con enfermedad mental crónica, a través de un régimen de trabajo normalizado. La mayor parte de la plantilla estará constituida por personas discapacitadas o con enfermedad mental crónica, sin perjuicio de las plazas de otro tipo de personal imprescindible para el desarrollo de la actividad.

ñ) Otros: También tendrán la consideración de Centros y Servicios del sector de Personas con Discapacidad, aquellos que, no pudiendo incluirse en ninguna de las anteriores categorías, desarrollen las funciones a que se refiere el apartado primero del presente artículo.

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SECCIÓN CUARTA. Centros y servicios del sector de personas mayores

ARTÍCULO 49. TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DEL SECTOR DE PERSONAS MAYORES

1. Los Centros y Servicios del sector de Personas Mayores desarrollarán actuaciones destinadas a conseguir el mayor nivel de bienestar posible y alcanzar su autonomía e integración social.

2. Se considerarán Centros y Servicios del sector de Personas Mayores los siguientes:

a) Residencia de personas mayores en situación de dependencia, que podrán ser:

a.1) Residencia para personas mayores dependientes: Unidad convivencial con capacidad superior a 14 plazas que presta atención integral y estancia permanente a personas mayores que por sus circunstancias no puedan permanecer en su domicilio.

Se incluirían las residencias psicogeriátricas y las destinadas a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

a.2) Vivienda colectiva para personas mayores: Unidad convivencial, con una capacidad inferior a 15 plazas, que ofrece atención integral y estancia permanente a personas mayores que precisen ayuda para la realización de las actividades de la vida diaria y que por su problemática de salud, familiar, social y/o económica no puedan permanecer en sus propios domicilios. Asimismo, pueden prestarse servicios de estancias temporales.

Este Centro también puede estar destinado a personas con enfermedad de Alzheimer u otras demencias.

a.3) Unidad de respiro familiar para personas mayores: Unidad convivencial que presta servicios de atención integral por un periodo limitado de tiempo, con el fin de permitir a sus cuidadores espacios de tiempo libre y descanso. Esta unidad también puede estar destinada a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

a.4) Apartamentos tutelados para personas mayores dependientes: Espacios convivenciales destinados a prestar atención a personas mayores, configurándose como pequeñas unidades de alojamiento con acceso a servicios comunes de uso facultativo, contando con asistencia y supervisión adecuada a sus necesidades.

b) Centro de día para personas mayores: Unidad convivencial que ofrece durante el día atención integral a las necesidades personales básica, terapéuticas y socioculturales de personas mayores afectadas por diferentes grados de dependencia, promoviendo su autonomía y la permanencia en su entorno habitual. Puede contar asimismo con servicio de transporte adaptado para cubrir el desplazamiento de los usuarios desde su domicilio al centro y viceversa.

Estos centros también pueden estar destinados a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

c) Centro de noche para personas mayores: Ofrece una atención integral durante el periodo nocturno a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a familias o cuidadores. En particular cubre las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal. Este centro también podrá estar destinado a personas con enfermedad de Alzheimer u otras demencias.

d) Servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia de intensidad genérica: Dirigido a personas mayores, en situación de dependencia como servicio complementario a cualquier otro servicio del Catálogo del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que promoverá para ellas la máxima autonomía posible, en atención a sus circunstancias personales.

e) Centro y servicio de atención a personas mayores: Destinado a promover la convivencia y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y donde se desarrollan actuaciones para la promoción, participación, integración social y fomento de su autonomía a través de actividades informativas, socioculturales, de ocio y tiempo libre, entre otras. También podrá estar destinado a personas con enfermedad de Alzheimer u otras demencias.

f) Programa de acogimiento familiar para personas mayores: Destinado al acogimiento temporal o permanente, de personas de este sector para satisfacer sus necesidades de atención, proporcionando para ello un hogar alternativo.

g) Programa de alojamiento para estudiantes: Servicio a través del cual, una persona mayor con un nivel de autonomía física y/o psíquica aceptable y que disponga de vivienda, ofrece alojamiento durante un curso académico a uno o varios estudiantes que lo precisen, existiendo una contraprestación de servicios o apoyos a la persona mayor por parte del estudiante alojado.

h) Otros: También tendrán la consideración de Centros y Servicios del sector de Personas Mayores, aquellos que, no pudiendo incluirse en ninguna de las anteriores categorías, desarrollen las funciones a que se refiere el apartado primero del presente artículo.

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SECCIÓN QUINTA. Centros y servicios del sector de minorías étnicas

ARTÍCULO 50. TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DEL SECTOR DE MINORÍAS ÉTNICAS

1. Los Centros y Servicios del sector de Minorías Étnicas llevarán a cabo medidas que favorezcan la igualdad real y efectiva de personas pertenecientes a tales colectivos, así como su integración social y laboral.

2. Se considerarán Centros y Servicios del sector de Minorías Étnicas:

a) Centro y Servicio de atención a Minorías Étnicas: Destinados a desarrollar actividades que favorecen la igualdad real y efectiva, así como la integración social y laboral de este sector a través de programas de información, formación, promoción, mediación y divulgación de su cultura.

b) Otros: También tendrán la consideración de Centros y Servicios del sector de Minorías Étnicas, aquellos que, no pudiendo incluirse en la anterior categoría, desarrollen las funciones a que se refiere el apartado primero del presente artículo.

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SECCIÓN SEXTA. Centros y servicios del sector de personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social

ARTÍCULO 51. TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DEL SECTOR DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA, RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL

1. Los Centros y Servicios del sector de Personas en Situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión Social realizarán actuaciones tendentes a favorecer la integración social de aquellos colectivos específicos que por una u otra causa se encuentren en situaciones desfavorecidas, tales como transeúntes, refugiados, asilados, emigrantes retornados, reclusos y exreclusos, así como cualquier otro colectivo en situación de marginación.

2. Se considerarán Centros y Servicios del sector de Personas en Situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión social:

a) Albergue para personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión: Unidad convivencial de carácter temporal que presta alojamiento y manutención a este sector, atendiendo también a su promoción personal e inserción social y laboral, mediante el desarrollo de actividades de información, orientación, asesoramiento y acciones formativas.

b) Vivienda colectiva para personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión: Unidad convivencial con capacidad inferior a trece plazas, en la que se desarrollan actividades para mejorar la calidad de vida e integración social y laboral de las personas en situación de riesgo o exclusión social. Esta vivienda puede estar destinada específicamente a hombres o a mujeres que se encuentran en dicha situación.

c) Centro y Servicio de atención a personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión: Ofrecen información, orientación, asesoramiento, atención y formación a este sector, favoreciendo su integración social y laboral. Podrán también estar destinados a reclusos y exreclusos, y a mujeres en situación de riesgo o exclusión social.

d) Centro de reinserción social para personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión. Unidad convivencial temporal donde se presta atención integral a este sector de población, que además presente problemas relacionados con las drogodependencias, encaminada al proceso de rehabilitación y reinserción, así como a la capacitación del usuario y sus familiares para el uso adecuado de los recursos sociales. Puede tener la configuración de Centro de Día.

e) Comedor social para personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión: Unidad que ofrece un servicio de manutención a este sector, con el fin de ofrecer respuesta inmediata a estados graves de necesidad. También puede tener la configuración de Servicio.

f) Centro y Servicio de atención a españoles retornados: Unidad que ofrece información y asesoramiento en materia jurídico laboral y social a este sector, así como el desarrollo de actividades de gestión y tramitación en su caso.

g) Centro y Servicio de atención a refugiados y/o asilados: Destinado a ofrecer información, orientación, asesoramiento y formación a personas de este sector, facilitando los medios para el acceso a los recursos sociales, autonomía personal e integración social y laboral.

h) Otros: También tendrán la consideración de Centros y Servicios del sector de Personas en Situación de Emergencia, Riesgo o Exclusión, aquellos que, no pudiendo incluirse en las anteriores categorías, desarrollen las funciones a que se refiere el apartado primero del presente artículo.

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SECCIÓN SÉPTIMA. Centros y servicios del sector de inmigrantes

ARTÍCULO 52. TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DEL SECTOR DE INMIGRANTES

1. Los Centros y Servicios del sector de Inmigrantes procurarán su integración social y participación activa en la vida de la comunidad.

2. Se considerarán Centros y Servicios del sector de Inmigrantes los siguientes:

a) Albergue de acogida para inmigrantes: Unidad convivencial de carácter temporal con capacidad superior a 12 plazas, que ofrece alojamiento con o sin manutención, a personas de este sector, y en el que se desarrollan otros servicios dirigidos a promover su integración social y laboral.

b) Vivienda de acogida para inmigrantes: Unidad convivencial inferior a trece plazas que ofrece alojamiento y servicios de higiene y/o manutención a personas inmigrantes sin recursos en la que también se desarrollan otros servicios dirigidos a promover su integración social y laboral. Puede estar destinada específicamente tanto a hombres como a mujeres que se encuentren en dicha situación.

c) Alojamiento módulo/Apartamento para inmigrantes: Espacios convivenciales destinados a prestar atención a personas inmigrantes sin recursos, que se configuran como pequeñas unidades de alojamiento con acceso a servicios comunes, contando con asistencia y supervisión adecuada a sus necesidades.

d) Alojamiento para temporeros inmigrantes: Centro ajeno a la organización empresarial destinado a trabajadores inmigrantes contratados por un determinado espacio de tiempo necesario para la realización de cualquier actividad agraria comprendida desde la siembra hasta la recolección, pudiendo incluir hasta la manipulación de lo recolectado. Deben incluir, además de las instalaciones básicas de comedor, dormitorios, cocina y cuartos de baño; agua potable y saneamiento, servicio de basuras, instalación eléctrica ajustada a la normativa vigente y botiquín de primeros auxilios.

e) Centro y servicio intercultural para inmigrantes: Dirigidos al fomento de la participación socia, a la creación de espacios de convivencia y a la programación y organización de actividades interculturales que favorecen el acercamiento y conocimiento entre la población inmigrante y la sociedad de acogida y la lucha contra el racismo y la xenofobia.

f) Centro y Servicio de atención e intervención para la inmigración: Dirigidos a ofrecer atención, apoyo, información y orientación en general así como asesoramiento especializado en materia jurídica, laboral y social, incluyendo el desarrollo de programas específicos que favorezcan su integración social.

g) Centro y Servicio de acogida básica y asesoramiento a inmigrantes: Unidades destinadas a ofrecer a este colectivo información, orientación y asesoramiento en general, servicios de interpretación y jurídico, derivación a servicios públicos, itinerarios de inserción social y/o programas de introducción a la sociedad de acogida, así como de acceso a la vivienda.

h) Otros: También tendrán la consideración de Centros y Servicios del sector de Inmigrantes, aquellos que, no pudiendo incluirse en las anteriores categorías, desarrollen las funciones a que se refiere el apartado primero del presente artículo.

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SECCIÓN OCTAVA. Disposición común

ARTÍCULO 53. ATRIBUCIÓN DE CÓDIGO ALFANUMÉRICO

Por Orden del titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales se le atribuirá un código alfanumérico a cada una de las variedades de centros y servicios que componen la tipología mencionada.

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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. REFERENCIAS NORMATIVAS

1. La referencias contenidas en el Decreto 46/2006, de 28 de abril, por el que se regula la Acreditación y Funcionamiento de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional y de las Instituciones Colaboradoras de Integración familiar al Decreto nº 54/2001, de 15 de junio, de autorizaciones, organización y funcionamiento del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia y de la Inspección, deben entenderse hechas al presente decreto.

2. Las referencias hechas en el Decreto 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas mayores de titularidad pública o privada, a la autorización previa y de funcionamiento, se entenderán hechas a la autorización administrativa prevista en el presente decreto.

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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. INFORMACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS, ENTIDADES Y SERVICIOS SOCIALES

Tras la entrada en vigor del presente decreto, la Administración Regional, en el plazo de tres meses, pondrá en conocimiento de los Centros, Servicios y Entidades de Servicios Sociales ya inscritos según la normativa anterior, la documentación complementaria que, en su caso, deban aportar, en el plazo de un mes, a fin de completar su expediente y adaptar el funcionamiento a las nuevas disposiciones.

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DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. INSCRIPCIÓN DE OFICIO DE CENTROS Y SERVICIOS YA INSCRITOS EN OTROS REGISTROS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

La Consejería competente en materia de servicios sociales inscribirá de oficio en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, regulado por el presente decreto y autorizará a aquellas Entidades, Centros y Servicios que se encuentran ya inscritos en otros Registros de la Administración Regional.

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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. ADAPTACIÓN DE CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS

1. Los Centros, Establecimientos y Servicios ya constituidos a la entrada en vigor del presente decreto, dispondrán del plazo de un mes para adaptarse a los términos del mismo, en los casos en que tal adaptación fuera necesaria.

2. La tipología aprobada en el presente decreto será también aplicada a los expedientes que se encuentran en tramitación en la fecha de entrada en vigor de esta norma.

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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CENTROS, ENTIDADES Y SERVICIOS SOCIALES YA INSCRITOS

Los Centros, Entidades y Servicios Sociales que, en la entrada en vigor del presente decreto, se encuentren ya inscritos en el Registro no tendrán que solicitar una nueva autorización administrativa.

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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. RÉGIMEN DEROGATORIO

Queda derogado el Decreto nº 54/2001, de 15 de junio, de autorización, organización y funcionamiento del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia y de la Inspección y cuantas disposiciones de igual o inferior grado contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. ENTRADA EN VIGOR

El presente decreto entrará en vigor al mes de su completa publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 23 de enero de 2015.—El Presidente de la Comunidad Autónoma Alberto Garre López.—La Consejera de Sanidad y Política Social, Catalina Lorenzo Gabarrón.

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Resolución de 3 de junio de 2022 de la Secretaria General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, de delegación de competencias en la persona titular de la Vicesecretaría

BORM número 131 de 8 de junio de 2022

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia

Vigencia: desde el 9 de junio de 2022

Referencias

Afecta a:

Resolución de 7 de noviembre de 2019 del Secretario General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de delegación de competencias en la persona titular de la Vicesecretaría,  (BORM número 281 de 5 de diciembre de 2019):

La deja sin efectos.

Resolución de 4 de octubre de 2019 del titular de la Secretaría General de la extinta Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, por la que se delega la Presidencia de las Mesas de Contratación,  (BORM número  239 de 16 de octubre de 2019):

La deja sin efectos.

 

Contenido

La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia configura a la Vicesecretaría como órgano directivo, cuyo titular ostentará el máximo nivel administrativo y que, dependiendo directamente de la Secretaría General, tendrá las competencias sobre los servicios comunes de la Consejería que le atribuye la Ley y el Decreto de estructura orgánica del departamento.

Por Decreto del Presidente número 11/2022, de 12 de mayo, se ha reorganizado la Administración Regional modificando el número, la denominación y las competencias de algunas de las Consejerías. Y por Decreto número 71/2022, de 2 de junio, se han establecido los Órganos Directivos de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia.

Con el objeto de dotar de una mayor agilidad al desarrollo de las competencias de esta Secretaría General y en aplicación de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, se considera conveniente la delegación de determinadas competencias de la misma en la titular de la Vicesecretaría. En virtud de lo dispuesto,

Resuelvo:

Primero.- Se delegan en la persona titular de la Vicesecretaría de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia las siguientes atribuciones:

a) La concesión de permisos y licencias por tiempo superior a diez días al personal de la Consejería, así como la concesión de permisos y licencias al personal de la Secretaría General por tiempo no superior a diez días, en los supuestos legalmente establecidos.

b) La propuesta de reconocimiento y abono de concesión de gratificaciones al personal adscrito a la Secretaría General.

c) La propuesta de reconocimiento y modificación del grado personal, en los casos legalmente establecidos, respecto del personal de la Consejería.

d) La solicitud de homologación de las acciones formativas que se organicen por la Consejería.

e) La Presidencia de las Mesas de Contratación y la designación de los vocales, de conformidad con el artículo 36.1 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Segundo.- En los actos administrativos en los que se haga uso de la delegación prevista en la presente Resolución se hará constar tal circunstancia, así como la referencia expresa a esta Resolución y a su fecha de publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” en la antefirma del documento o escrito correspondiente.

Tercero.- Será revocable en cualquier momento la delegación de competencias establecida en la presente Resolución, sin perjuicio de la facultad de la Secretaria General de avocar para sí las actuaciones concretas que considere convenientes, en el ámbito de la delegación.

Cuarto.- Quedan sin efecto la Resolución de 7 de noviembre de 2019 del Secretaria General de la extinta Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de delegación de competencias en la persona titular de la Vicesecretaría, y la Resolución de 4 de octubre de 2019 del titular de la Secretaría General de la extinta Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, por la que se delega la Presidencia de las Mesas de Contratación así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Resolución.

Quinto.- La presente Resolución produce efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Murcia, 3 de junio de 2022. La Secretaria General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, M.ª Raquel Cancela Fernández.

Orden de 3 de junio de 2022, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, por la que se designan suplencias temporales para despacho ordinario de asuntos por vacante, ausencia o enfermedad de sus Órganos Directivos

BORM número 131 de 8 de junio de 2022

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia

Vigencia: desde el 9 de junio de 2022

Referencias

Afecta a:

Orden de fecha 15 de octubre de 2019 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se designan suplencias temporales para despacho ordinario de asuntos por vacante, ausencia o enfermedad de los titulares de sus Órganos Directivos (BORM número 240 de 17 de octubre de 2019):

La deja sin efectos.

Contenido

Por Decreto del Presidente número 11/2022, de 12 de mayo, se ha reorganizado la Administración Regional modificando el número, la denominación y las competencias de algunas de las Consejerías.

Por lo que respecta a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, el Decreto número 71/2022, de 2 de junio, ha concretado el número y denominación de los diferentes órganos directivos que integran este departamento, fijando las competencias esenciales atribuidas a cada uno de ellos.

Por este motivo, con objeto de mejorar los instrumentos de gestión administrativa, resulta aconsejable establecer un régimen de suplencias temporales entre los titulares de dichos órganos, a fin de evitar dilaciones y demoras innecesarias en el despacho ordinario de los asuntos cuya competencia está atribuida a esta Consejería.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 

Dispongo:

Primero.- El régimen de suplencia temporal en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad entre los distintos titulares de los Órganos Directivos de esta Consejería para el despacho ordinario de los asuntos cuya competencia está atribuida a la misma, será el siguiente:

1.º- Las competencias de la persona titular de la Secretaría General serán asumidas por la persona titular de la Dirección General de Familias y Protección de Menores.

2.º- Las competencias de la persona titular de la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género serán asumidas por la persona titular de la Dirección General de Familias y Protección de Menores.

3.º- Las competencias de la persona titular de la Dirección General de Familias y Protección de Menores serán asumidas por la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.

4.º- Las competencias de la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, serán asumidas por la persona titular de la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género.

5.º- Las competencias de la persona titular de la Dirección General de Gobernanza y Participación Ciudadana serán asumidas por la persona titular de la Dirección General de Modernización y Simplificación Administrativa.

6.º- Las competencias de la persona titular de la Dirección General de Modernización y Simplificación Administrativa serán asumidas por la persona titular de la Dirección General de Gobernanza y Participación Ciudadana.

7.º- Las competencias de la Vicesecretaría serán asumidas por la persona titular de la Secretaría General.

6.º- En el supuesto de estar vacante, ausente o por enfermedad de las personas suplentes de cualquiera de las Direcciones Generales de la Consejería, serán asumidas por la persona titular de la Secretaría General.

Segundo. La presente produce efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia quedando sin efectos la Orden de fecha 15 de octubre de 2019 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se designan suplencias temporales para despacho ordinario de asuntos por vacante, ausencia o enfermedad de los titulares de sus Órganos Directivos.

Murcia, 3 de junio de 2022. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco Sánchez.

Orden de 15 de octubre de 2019, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, por la que se delegan competencias de la titular del departamento en diversos órganos directivos de la Consejería y de su organismo público adscrito (SIN EFECTOS)

BORM nº 240 de 17 de octubre de 2019

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Vigencia: desde el 18 de octubre de 2019

Referencias

Derroga a

  • Orden de 20 de julio de 2015, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se delegan competencias de la titular del departamento en diversos órganos directivos de la Consejería y de su organismo público adscrito. (BORM nº 176 de 1 de agosto de 2015)
  • Orden de 21 de junio de 2017, de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se delega la firma de la resolución de los recursos de reposición frente a actos emanados del titular de la consejería correspondientes al procedimiento de reintegro de subvenciones.
  • Orden de 8 de agosto de 2017 de la Consejera de Familia e lgualdad de Oportunidades por la que se delega la firma de las Órdenes por las que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones.
  • Orden de 30 de junio de 2017 de la Consejera de Familia e lgualdad de Oportunidades por la que se delega la firma en la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social de las resoluciones de concesión de ayudas a las víctimas de terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
  • Orden de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de 17 de mayo de 2017, por la que se delega la firma del titular de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para las resoluciones de autorización de Entidades, Centros y Servicios Sociales.

Afectada por:

Orden de fecha 15 de octubre de 2019 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se designan suplencias temporales para despacho ordinario de asuntos por vacante, ausencia o enfermedad de los titulares de sus Órganos Directivos (BORM número 240 de 17 de octubre de 2019):

La deja sin efectos.

Contenido

Por Decreto del Presidente núm. 29/2019, de 31 de julio, modificado mediante Decreto del Presidente núm. 44/2019, de 3 de septiembre, se ha reorganizado la Administración Regional modificando el número, la denominación y las competencias de las distintas Consejerías, efectuando una nueva distribución competencial entre los Departamentos de la Administración Regional.

Por lo que respecta a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, el Decreto 169/2019, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, ha concretado el número y denominación de los diferentes órganos directivos que integran este departamento, fijando las competencias esenciales atribuidas a cada uno de ellos.

Esta nueva reorganización competencial hace necesario que se articule una nueva disposición que regule de manera integrada y homogénea un régimen de delegación de competencias de la titular de la Consejería en los titulares de los distintos Órganos Directivos de la misma, así como en el organismo público adscrito Instituto Murciano de Acción Social, con el fin de conseguir una mayor eficacia y agilidad en el desarrollo de tales atribuciones.

Específicamente, por lo que se refiere al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el artículo 5 de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación, atribuye la Presidencia del IMAS a quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de servicios sociales, coincidiendo pues en la misma persona la condición de Consejera y de Presidenta del IMAS, pero con competencias distintas. Por lo que ha de entenderse, en lo que al IMAS se refiere, que es la titular del departamento de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, en su condición de Presidenta del IMAS, la que efectúa en esta orden la correspondiente delegación de competencias.

En consecuencia, de conformidad con la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en concordancia con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

Dispongo:

Artículo 1. Delegación en la persona titular de la Secretaría General.

Se delegan en la persona titular de la Secretaría General las siguientes competencias:

1. En materia de gestión económica y/o presupuestaria:

a) La autorización, disposición o compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago en relación con los gastos a realizar en los diferentes Capítulos de todos los programas de la Consejería, hasta una cuantía máxima de 600.000 euros. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en esta orden en relación a las competencias delegadas en las personas titulares de los demás Órganos Directivos.

b) La ordenación de la retención de los créditos, cualquiera que sea su naturaleza y cuantía, con cargo a los programas adscritos a la Secretaría General.

c) La autorización o propuesta, en el caso que corresponda, de las modificaciones de créditos presupuestarios que la normativa reguladora atribuye a la persona titular de la Consejería, de conformidad con el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

d) El nombramiento y cese de Cajeros Pagadores y, en su caso, personas que les sustituyan, en relación con los pagos a justificar.

e) El nombramiento y cese de Cajeros Pagadores y, en su caso, personas que les sustituyan, en relación con los anticipos de caja fija cuando la misma esté adscrita a su centro directivo.

f) Los actos de ejecución presupuestaria, en todas sus fases, de los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija cuando la misma esté adscrita a su centro directivo, cualquiera que sea su cuantía y programa presupuestario.

g) La declaración de pagos indebidos, en los casos que proceda, correspondientes a los gastos cuyo pago haya propuesto.

h) La propuesta de autorización de imputación de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, correspondientes a la Consejería.

2. En materia de contratación:

a) El ejercicio de las facultades y actuaciones conferidas al órgano de contratación por la normativa aplicable, dictando todos los actos de gestión administrativa, económica y ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de dichas actuaciones, incluida la adjudicación y formalización del contrato, hasta una cuantía máxima de 600.000 euros, cualquiera que sea su imputación y programa presupuestario, a excepción de los actos delegados en otros órganos directivos en esta orden.

b) La celebración de contratos menores, dictando los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de los mismos, siempre que correspondan a los programas de su competencia, sin perjuicio de las competencias delegadas en la persona titular de la Vicesecretaría por el artículo 4 de esta orden.

c) La realización de las actuaciones que como órgano competente en materia de contratación y gestor del gasto atribuye la normativa sobre bienes, servicios y suministros de contratación centralizada a los órganos peticionarios, así como los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de las mismas, sin limitación de cuantía, siempre que correspondan a los programas de su competencia.

d) La autorización para la realización del gasto de las entidades del sector público adscritas a la Consejería en materia de contratación hasta el límite cuya autorización corresponde a los consejeros, previsto en el artículo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

No obstante, se excluyen de esta delegación las siguientes actuaciones:

a) Los actos y resoluciones para la modificación de los expedientes en materia de contratación cuando sean causa de resolución del contrato y, en su caso, la resolución misma, así como las modificaciones contractuales cuando impliquen un adicional económico, que sumado al importe del contrato primitivo exceda del límite cuantitativo para el que está facultado. En estos casos, la autorización del referido modificado, así como los actos de gestión económica o presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia del mismo, corresponderán al órgano que tenga atribuida la competencia por razón de esta nueva cuantía.

b) Los contratos menores y los actos de gestión económica o presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de los mismos, que se encuentren delegados en los órganos directivos.

3. En materia subvencional:

a) El ejercicio de cuantas facultades y actuaciones confiere al órgano concedente la normativa aplicable en materia de subvenciones, con la extensión y los límites previstos en la misma, incluyendo la concesión y denegación de subvenciones, ayudas o becas hasta una cuantía máxima de 600.000 euros, así como todos los actos de gestión económica o ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de dichas actuaciones, cualquiera que sea su imputación y programa presupuestario sin perjuicio de las competencias delegadas en los titulares de los Órganos Directivos en el artículo 2 de esta orden. Esta delegación incluye los actos administrativos correspondientes al procedimiento para el reintegro, en su caso.

b) La concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la autorización, disposición o compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de las mismas, sin límite de cuantía, en relación con los programas de la Secretaría General.

c) La autorización para la realización del gasto de las entidades del sector público adscritas a la Consejería en materia subvencional hasta el límite cuya autorización corresponde a los consejeros, previsto en el artículo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

d) La modificación del Plan Estratégico de Subvenciones (PES) correspondiente a las líneas de subvención de la Consejería y del organismo público adscrito a la misma.

Se exceptúa de delegación en materia subvencional:

El establecimiento de las bases reguladoras de la subvención y la aprobación de la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva y la autorización del gasto que conlleve

4. En materia de personal y régimen interior:

a) Conformar las propuestas de modificaciones, supresiones y creaciones de puestos de trabajo, así como aquellas otras que la vigente legislación atribuye al titular de la Consejería respecto al personal adscrito a la misma.

b) Las propuestas para la cobertura de puestos de trabajo mediante nombramiento de personal interino o contratación laboral.

c) El otorgamiento de gratificaciones por servicios extraordinarios al personal de la Consejería.

d) La imposición de las sanciones disciplinarias que la legislación vigente atribuya al titular de la Consejería, en relación al personal del Departamento, incluida la resolución de los recursos administrativos contra los actos dictados por el órgano delegado en esta materia.

e) Cualesquiera otras competencias no recogidas en los apartados anteriores atribuidas por la normativa aplicable al titular de la Consejería en materia de personal.

5. En materia de régimen jurídico y organización administrativa:

a) La competencia para requerir dictámenes de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, incluyendo en su caso la autorización de la copia del texto definitivo que constituya el objeto de la consulta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3..

b) La competencia para efectuar consultas y petición de dictámenes al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, incluyendo la competencia de decisión de efectuar la consulta y la autorización de la copia del texto definitivo de la propuesta del acto o proyecto de disposición de carácter general que constituya su objeto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.

c) La competencia para efectuar consultas y/o peticiones de informes al Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y en general a cualquier órgano consultivo, técnico o administrativo cuando esta competencia corresponda al titular de la Consejería.

d) La resolución de recursos administrativos contra actos emanados de las Direcciones Generales de la Consejería en las materias de sus respectivas competencias, así como de los recursos de reposición frente a actos que dicten dichos órganos por delegación del titular de la Consejería, o dictados por el titular de la Consejería.

e) La resolución de recursos administrativos contra actos emanados del Director Gerente o de los Directores Generales del IMAS, en virtud de las competencias atribuidas al Presidente del Instituto Murciano de Acción Social por el artículo 17.2 de la Ley 1/2006, de 10 de abril.

f) La resolución de expedientes en el ámbito de la potestad sancionadora, incluidos los recursos de reposición.

g) La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se tramiten por la Consejería, incluida la resolución de los recursos de reposición en este ámbito.

h) La remisión del correspondiente expediente administrativo, previo requerimiento del órgano jurisdiccional competente, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa.

i) La resolución de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública en materias competencia de la Consejería, así como las resoluciones de inadmisión sobre el ejercicio de derecho de acceso que se presenten en la Administración Regional basadas en el supuesto establecido en el artículo 18.1 letra d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

6. En materia de Registro e inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

a) La resolución de los procedimientos de autorización de Entidades, Centros y Servicios sociales atribuidas en virtud de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos.

b) La resolución de la declaración de entidad apta para suscribir conciertos sociales en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad atribuida en virtud de lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto del Decreto 10/2018, de 14 de febrero por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia en los Servicios Sociales especializados en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad.

c) La resolución de la declaración de entidad apta para suscribir conciertos sociales en materia de protección y reforma del menor atribuida en virtud de lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto del Decreto n.º 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia, en materia de protección y reforma del menor.

Artículo 2. Delegación en las personas titulares de las Direcciones Generales de la Consejería.

Se delega en las personas titulares de las Direcciones Generales el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La autorización, disposición o compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago en relación con los gastos a realizar con cargo al subconcepto 162.00 del Capítulo I y al resto de Capítulos de los programas adscritos a los respectivos Centros Directivos, hasta una cuantía máxima de 50.000 euros, sin perjuicio de lo previsto en esta orden en relación con los actos de gestión económica o ejecución presupuestaria en materia contractual o subvencional.

b) La ordenación de la retención de los créditos, cualquiera que sea su naturaleza y cuantía, con cargo a los programas adscritos a cada centro directivo.

c) El nombramiento y cese de Cajeros Pagadores y, en su caso, personas que les sustituyan, en relación con los anticipos de caja fija de su centro directivo.

d) Los actos de ejecución presupuestaria, en todas sus fases, de los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija cuando la misma esté adscrita a su centro directivo, cualquiera que sea su cuantía.

e) La declaración de pagos indebidos, en los casos que proceda, correspondientes a los gastos cuyo pago haya propuesto.

f) La celebración de contratos menores, dictando los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de los mismos, siempre que correspondan a los programas de su competencia.

g) La tramitación de certificaciones de obras, facturas y documentos que aprueben la realización de la prestación, incluido el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago, sin límite de cuantía, en relación con aquellos contratos celebrados con cargo a los programas de su competencia.

h) La realización de las actuaciones que como órgano competente en materia de contratación y gestor del gasto atribuye la normativa sobre bienes, servicios y suministros de contratación centralizada a los órganos peticionarios, así como los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de las mismas, sin limitación de cuantía, siempre que correspondan a los programas de su competencia.

i) El reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de las subvenciones o ayudas concedidas con cargo a sus respectivos programas, sin limitación de cuantía.

j) La concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o reguladas mediante Decreto de concesión directa, así como la autorización, disposición o compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de las mismas, sin límite de cuantía, en relación con los programas adscritos a los respectivos Centros Directivos.

k) La declaración individualizada de la urgente necesidad para la tramitación de determinados gastos derivados de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de enjuiciamiento civil; de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores; y de otras situaciones de emergencia social, en materia de su competencia.

Artículo 3. Delegación en la persona titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social.

Se delega en la persona titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social la competencia para dictar aquellos actos administrativos cuyo ejercicio corresponda a la Presidencia del Instituto Murciano de Acción Social, en virtud de los artículos 5.2, apartados a), b), c) y e); y 17.1 de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación del Instituto Murciano de Acción Social, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de autorización de gastos en la Orden de 2 de mayo de 2012, de la Presidenta del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se delegan competencias en los titulares de los órganos directivos del Instituto (BORM n.º 6 de fecha 17/05/2012).

Se delega en la persona titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social la competencia para la resolución de los procedimientos de concesión de ayudas a las víctimas de terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Asimismo, se delega la competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se tramiten por el organismo autónomo, incluida la realización de consultas y peticiones de dictámenes al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación a los diferentes procedimientos cuya tramitación y resolución corresponda al mismo.

Por último, se delega en la persona titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social, en relación a expedientes que se tramiten por el organismo autónomo, la competencia para la solicitud de informes a la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para efectuar consultas y petición de dictámenes al Consejo Jurídico de la Región de Murcia y al Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, así como para la remisión de expedientes a la Intervención General que deban ser objeto de fiscalización previa por la misma.

La propuesta de autorización de imputación de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, correspondientes al organismo autónomo.

Artículo 4. Delegación en la persona titular de la Vicesecretaría.

Se delega en la persona titular de la Vicesecretaría el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La autorización, la disposición o compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago con cargo a las consignaciones incluidas en el Capítulo I de todos los programas de gasto de la Consejería, sin perjuicio de lo establecido en esta orden en relación a las competencias delegadas en los titulares de los demás Órganos Directivos, así como la declaración de pagos indebidos de cualquier concepto retributivo, tanto del personal funcionario como laboral.

b) La autorización, disposición o compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago con relación a los gastos a realizar con cargo al Capítulo II de los programas de la Secretaría General, con excepción del concepto 226, hasta una cuantía máxima de 50.000 euros, salvo que tales gastos se refieran a expedientes de contratación distintos de contratos menores.

c) La celebración de contratos menores, dictando los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de los mismos, siempre que correspondan a los gastos delegados en el apartado anterior.

d) La tramitación de certificaciones de obras, facturas y documentos que aprueben la realización de la prestación, incluido el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago, sin límite de cuantía, en relación con aquellos contratos celebrados con cargo a los programas de la Secretaría General.

e) La expedición de la certificación acreditativa del cumplimiento de los fines que justifican la concesión de las subvenciones o ayudas otorgadas con cargo al programa de la Secretaría General.

f) La aprobación del plan anual de vacaciones del personal de la Consejería, a propuesta de los diferentes órganos directivos.

g) La propuesta para la concesión o denegación de compatibilidad relativa al personal adscrito a la Consejería.

Artículo 5. Sustitución.

En los casos de ausencia, vacante o enfermedad, el ejercicio de las competencias delegadas previstas en la presente orden serán ejercidas atendiendo el régimen general de suplencias establecido en cada momento en la Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, por la que se designen suplencias temporales para el despacho ordinario de asuntos.

Artículo 6. Antefirma.

En la antefirma de los documentos o resoluciones administrativas que se firmen por delegación se hará constar tal circunstancia expresamente, así como la referencia a la presente orden.

Las resoluciones administrativas dictadas por delegación serán notificadas a los interesados en la forma establecida en la normativa vigente.

Artículo 7. Revocación.

Será revocable en cualquier momento la delegación de competencias a que se refiere la presente orden, sin perjuicio de que la persona titular de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social recabe para sí la resolución sobre las actuaciones concretas que considere conveniente en el ámbito de la delegación en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

1. La Orden de 20 de julio de 2015, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se delegan competencias de la titular del departamento en diversos órganos directivos de la Consejería y de su organismo público adscrito.

2. La Orden de 21 de junio de 2017, de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se delega la firma de la resolución de los recursos de reposición frente a actos emanados del titular de la consejería correspondientes al procedimiento de reintegro de subvenciones.

3. La Orden de 8 de agosto de 2017 de la Consejera de Familia e lgualdad de Oportunidades por la que se delega la firma de las Órdenes por las que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones.

4. La Orden de 30 de junio de 2017 de la Consejera de Familia e lgualdad de Oportunidades por la que se delega la firma en la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social de las resoluciones de concesión de ayudas a las víctimas de terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

5. La Orden de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de 17 de mayo de 2017, por la que se delega la firma del titular de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para las resoluciones de autorización de Entidades, Centros y Servicios Sociales.

Disposición adicional.

Las referencias a cantidades en materia de contratación se entenderán IVA excluido.

Disposición final única.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 15 de octubre de 2019.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.

Orden de 2 de junio de 2022, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, por la que se delegan competencias de la titular del departamento en diversos Órganos Directivos de la Consejería y de su organismo público adscrito

BORM número 129 de 6 de junio de 2022

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia

Vigencia: desde el 7 de junio de 2022

Contenido

Por Decreto del Presidente número 11/2022, de 12 de mayo, se ha reorganizado la Administración Regional modificando el número, la denominación y las competencias de algunas de las Consejerías.

Esta nueva reorganización competencial hace necesario que se articule una nueva delegación de competencias de la titular de la Consejería en los titulares de los distintos Órganos Directivos de la misma, así como en el organismo público adscrito Instituto Murciano de Acción Social, con el fin de conseguir una mayor eficacia y agilidad en el desarrollo de tales atribuciones.

Específicamente, por lo que se refiere al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el artículo 5 de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación, atribuye la Presidencia del IMAS a quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de servicios sociales, coincidiendo pues en la misma persona la condición de Consejera y de Presidenta del IMAS, pero con competencias distintas. Por lo que ha de entenderse que, en algunas de las competencias delegadas, en lo que al IMAS se refiere, es la titular del departamento de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, en su condición de Presidenta del IMAS, la que efectúa en esta orden la correspondiente delegación de competencias.

En consecuencia, de conformidad con la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en concordancia con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

Dispongo

Primero. Delegación en la persona titular de la Secretaría General.

Se delegan en la persona titular de la Secretaría General las siguientes competencias:

1. En materia de gestión económica y/o presupuestaria:

a) La autorización, disposición o compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago en relación con los gastos a realizar en los diferentes Capítulos de todos los programas de la Consejería, hasta una cuantía máxima de 600.000 euros. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en esta orden en relación a las competencias delegadas en las personas titulares de los demás Órganos Directivos.

b) La ordenación de la retención de los créditos, cualquiera que sea su naturaleza y cuantía, con cargo a los programas adscritos a la Secretaría General.

c) La autorización o propuesta, en el caso que corresponda, de las modificaciones de créditos presupuestarios que la normativa reguladora atribuye a la persona titular de la Consejería, de conformidad con el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

d) El nombramiento y cese de Cajeros Pagadores y, en su caso, personas que les sustituyan, en relación con los pagos a justificar.

e) El nombramiento y cese de Cajeros Pagadores y, en su caso, personas que les sustituyan, en relación con los anticipos de caja fija cuando la misma esté adscrita a su centro directivo.

f) Los actos de ejecución presupuestaria, en todas sus fases, de los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija cuando la misma esté adscrita a su centro directivo, cualquiera que sea su cuantía y programa presupuestario.

g) La declaración de pagos indebidos, en los casos que proceda, correspondientes a los gastos cuyo pago haya propuesto.

h) La propuesta de autorización de imputación de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, correspondientes a la Consejería.

2. En materia de contratación:

a) El ejercicio de las facultades y actuaciones conferidas al órgano de contratación por la normativa aplicable, dictando todos los actos de gestión administrativa, económica y ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de dichas actuaciones, incluida la adjudicación y formalización del contrato, hasta una cuantía máxima de 600.000 euros, cualquiera que sea su imputación y programa presupuestario, a excepción de los actos delegados en otros órganos directivos en esta orden.

b) La celebración de contratos menores, dictando los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de los mismos, siempre que correspondan a los programas de su competencia, sin perjuicio de las competencias delegadas en la persona titular de la Vicesecretaría por el dispongo cuarto de esta orden.

c) La realización de las actuaciones que como órgano competente en materia de contratación y gestor del gasto atribuye la normativa sobre bienes, servicios y suministros de contratación centralizada a los órganos peticionarios, así como los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de las mismas, sin limitación de cuantía, siempre que correspondan a los programas de su competencia.

d) La autorización para la realización del gasto de las entidades del sector público adscritas a la Consejería en materia de contratación hasta el límite cuya autorización corresponde a los consejeros, previsto en el artículo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

No obstante, se excluyen de esta delegación las siguientes actuaciones:

Los actos y resoluciones para la modificación de los expedientes en materia de contratación cuando sean causa de resolución del contrato y, en su caso, la resolución misma, así como las modificaciones contractuales cuando impliquen un adicional económico, que sumado al importe del contrato primitivo exceda del límite cuantitativo para el que está facultado. En estos casos, la autorización del referido modificado, así como los actos de gestión económica o presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia del mismo, corresponderán al órgano que tenga atribuida la competencia por razón de esta nueva cuantía.

3. En materia subvencional:

a) El ejercicio de cuantas facultades y actuaciones confiere al órgano concedente la normativa aplicable en materia de subvenciones, con la extensión y los límites previstos en la misma, incluyendo la concesión y denegación de subvenciones, ayudas o becas hasta una cuantía máxima de 600.000 euros, así como todos los actos de gestión económica o ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de dichas actuaciones, cualquiera que sea su imputación y programa presupuestario sin perjuicio de las competencias delegadas en los titulares de los Órganos Directivos en el dispongo segundo de esta orden. Esta delegación incluye los actos administrativos correspondientes al procedimiento para el reintegro, en su caso, incluida la resolución de los recursos de reposición en este ámbito.

b) La concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la autorización, disposición o compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de las mismas, sin límite de cuantía, en relación con los programas de la Secretaría General.

c) La autorización para la realización del gasto de las entidades del sector público adscritas a la Consejería en materia subvencional hasta el límite cuya autorización corresponde a los consejeros, previsto en el artículo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

d) La modificación del Plan Estratégico de Subvenciones (PES) correspondiente a las líneas de subvención de la Consejería y del organismo público adscrito a la misma.

Se exceptúa de delegación en materia subvencional:

El establecimiento de las bases reguladoras de la subvención y la aprobación de la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva y la autorización del gasto que conlleve así como la autorización y disposición o compromiso del gasto y concesión de las subvenciones cuando las mismas se canalicen a través de un convenio.

4. En materia de personal y régimen interior:

a) Conformar las propuestas de modificaciones, supresiones y creaciones de puestos de trabajo, así como aquellas otras que la vigente legislación atribuye al titular de la Consejería respecto al personal adscrito a la misma.

b) Las propuestas para la cobertura de puestos de trabajo mediante nombramiento de personal interino o contratación laboral.

c) El otorgamiento de gratificaciones por servicios extraordinarios al personal de la Consejería.

d) La imposición de las sanciones disciplinarias que la legislación vigente atribuya al titular de la Consejería, en relación al personal del Departamento, incluida la resolución de los recursos administrativos contra los actos dictados por el órgano delegado en esta materia.

e) Cualesquiera otras competencias no recogidas en los apartados anteriores atribuidas por la normativa aplicable al titular de la Consejería en materia de personal.

5. En materia de régimen jurídico y organización administrativa:

a) La competencia para requerir dictámenes de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, incluyendo en su caso la autorización de la copia del texto definitivo que constituya el objeto de la consulta, sin perjuicio de lo dispuesto en el dispongo tercero.

b) La competencia para efectuar consultas y petición de dictámenes al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, incluyendo la competencia de decisión de efectuar la consulta y la autorización de la copia del texto definitivo de la propuesta del acto o proyecto de disposición de carácter general que constituya su objeto, sin perjuicio de lo dispuesto en el dispongo tercero.

c) La competencia para efectuar consultas y/o peticiones de informes al Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y en general a cualquier órgano consultivo, técnico o administrativo cuando esta competencia corresponda al titular de la Consejería.

d) La resolución de recursos administrativos contra actos emanados de las Direcciones Generales de la Consejería en las materias de sus respectivas competencias, así como de los recursos de reposición frente a actos que dicten dichos órganos por delegación del titular de la Consejería, o dictados por el titular de la Consejería.

e) La resolución de recursos administrativos contra actos emanados del Director Gerente o de los Directores Generales del IMAS, en virtud de las competencias atribuidas al Presidente del Instituto Murciano de Acción Social por el artículo 17.2 de la Ley 1/2006, de 10 de abril.

f) La resolución de expedientes en el ámbito de la potestad sancionadora, incluidos los recursos de reposición.

g) La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se tramiten por la Consejería, incluida la resolución de los recursos de reposición en este ámbito.

h) La resolución de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública en materias competencia de la Consejería, así como las resoluciones de inadmisión sobre el ejercicio de derecho de acceso basadas en el supuesto establecido en el artículo 18.1 letra d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

6. En materia de Registro e inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

a) La resolución de los procedimientos de autorización de Entidades, Centros y Servicios sociales atribuidas en virtud de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos.

b) La resolución de la declaración de entidad apta para suscribir conciertos sociales en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad atribuida en virtud de lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto del Decreto 10/2018, de 14 de febrero por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia en los Servicios Sociales especializados en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad.

c) La resolución de la declaración de entidad apta para suscribir conciertos sociales en materia de protección y reforma del menor atribuida en virtud de lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto del Decreto n.º 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia, en materia de protección y reforma del menor.

7. En materia de Convenios de colaboración: en relación con los créditos incluidos en su respectivo programa de gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago de las aportaciones económicas que corresponda realizar a la Consejería en virtud de los convenios de colaboración no subvencionales que suscriba con entidades públicas y privadas, sin límite de cuantía, así como la aprobación de la liquidación derivada del cumplimiento o resolución de dichos convenios, y las actuaciones relativas a los reintegros que en su caso resulten.

Segundo. Delegación en las personas titulares de las Direcciones Generales de la Consejería.

Se delega en las personas titulares de las Direcciones Generales el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La autorización, disposición o compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago en relación con los gastos a realizar con cargo al subconcepto 162.00 del Capítulo I y al resto de Capítulos de los programas adscritos a los respectivos Centros Directivos, hasta una cuantía máxima de 50.000 euros, sin perjuicio de lo previsto en esta orden en relación con los actos de gestión económica o ejecución presupuestaria en materia contractual o subvencional.

b) La ordenación de la retención de los créditos, cualquiera que sea su naturaleza y cuantía, con cargo a los programas adscritos a cada centro directivo.

c) El nombramiento y cese de Cajeros Pagadores y, en su caso, personas que les sustituyan, en relación con los anticipos de caja fija de su centro directivo.

d) Los actos de ejecución presupuestaria, en todas sus fases, de los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija cuando la misma esté adscrita a su centro directivo, cualquiera que sea su cuantía.

e) La declaración de pagos indebidos, en los casos que proceda, correspondientes a los gastos cuyo pago haya propuesto.

f) La celebración de contratos menores, dictando los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de los mismos, siempre que correspondan a los programas de su competencia.

g) La tramitación de certificaciones de obras, facturas y documentos que aprueben la realización de la prestación, incluido el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago, sin límite de cuantía, en relación con aquellos contratos celebrados con cargo a los programas de su competencia.

h) La realización de las actuaciones que como órgano competente en materia de contratación y gestor del gasto atribuye la normativa sobre bienes, servicios y suministros de contratación centralizada a los órganos peticionarios, así como los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de las mismas, sin limitación de cuantía, siempre que correspondan a los programas de su competencia.

i) El reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de las subvenciones o ayudas concedidas con cargo a sus respectivos programas, sin limitación de cuantía.

j) La concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o reguladas mediante Decreto de concesión directa, y de las ayudas, así como la autorización, disposición o compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de las mismas, sin límite de cuantía, en relación con los programas adscritos a los respectivos Centros Directivos.

Se exceptúa de esta delegación la autorización y disposición o compromiso del gasto y concesión de las subvenciones cuando las mismas se canalicen a través de un convenio.

k) La declaración individualizada de la urgente necesidad para la tramitación de determinados gastos derivados de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de enjuiciamiento civil; de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores; y de otras situaciones de emergencia social, en materia de su competencia.

l) En materia de Convenios de colaboración y en relación con los créditos incluidos en su respectivo programa de gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago de las aportaciones económicas que corresponda realizar a la Consejería en virtud de los convenios de colaboración no subvencionales que suscriba con entidades públicas y privadas, sin límite de cuantía, así como la aprobación de la liquidación derivada del cumplimiento o resolución de dichos convenios, y las actuaciones relativas a los reintegros que en su caso resulten.

Tercero. Delegación en la persona titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social.

Se delegan en la persona titular de la Dirección Gerencial las siguientes competencias:

a) La competencia para la resolución de los procedimientos de concesión de ayudas a las víctimas de terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

b) La competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se tramiten por el organismo autónomo, incluida la resolución de los recursos de reposición en este ámbito.

c) La competencia para la solicitud de informes a la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para efectuar consultas y petición de dictámenes al Consejo Jurídico de la Región de Murcia y al Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, y en general, a cualquier órgano consultivo, técnico o administrativo cuando esta competencia corresponda al titular de la Consejería, en relación a expedientes que se tramiten por el organismo autónomo.

d) La propuesta de autorización de imputación de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, correspondientes al organismo autónomo.

Cuarto. Delegación en la persona titular de la Vicesecretaría.

Se delega en la persona titular de la Vicesecretaría el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La autorización, la disposición o compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago con cargo a las consignaciones incluidas en el Capítulo I de todos los programas de gasto de la Consejería, sin perjuicio de lo establecido en esta orden en relación a las competencias delegadas en los titulares de los demás Órganos Directivos, así como la declaración de pagos indebidos de cualquier concepto retributivo, tanto del personal funcionario como laboral.

b) La autorización, disposición o compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago con relación a los gastos a realizar con cargo al Capítulo II de los programas de la Secretaría General, con excepción del concepto 226, hasta una cuantía máxima de 50.000 euros, salvo que tales gastos se refieran a expedientes de contratación distintos de contratos menores.

c) La celebración de contratos menores, dictando los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de los mismos, siempre que correspondan a los gastos delegados en el apartado anterior.

d) La tramitación de certificaciones de obras, facturas y documentos que aprueben la realización de la prestación, incluido el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago, sin límite de cuantía, en relación con aquellos contratos celebrados con cargo a los programas de la Secretaría General.

e) La aprobación del plan anual de vacaciones del personal de la Consejería, a propuesta de los diferentes órganos directivos.

f) La propuesta para la concesión o denegación de compatibilidad relativa al personal adscrito a la Consejería.

g) La remisión del correspondiente expediente administrativo, previo requerimiento del órgano jurisdiccional competente, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa, en lo que afecte a la Consejería.

Quinto. Delegación en la persona titular de la Secretaría General Técnica del Instituto Murciano de Acción Social.

Se delegan en la persona titular de la Secretaría General Técnica la competencia para la remisión del correspondiente expediente administrativo, previo requerimiento del órgano jurisdiccional competente, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa, en lo que afecte al Organismo Autónomo.

Sexto. Sustitución.

En los casos de ausencia, vacante o enfermedad, el ejercicio de las competencias delegadas previstas en la presente orden serán ejercidas atendiendo el régimen general de suplencias establecido en cada momento en la Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, por la que se designen suplencias temporales para el despacho ordinario de asuntos.

Séptimo. Antefirma.

En la antefirma de los documentos o resoluciones administrativas que se firmen por delegación se hará constar tal circunstancia expresamente, así como la referencia a la presente orden.

Las resoluciones administrativas dictadas por delegación serán notificadas a los interesados en la forma establecida en la normativa vigente.

Octavo. Revocación.

Será revocable en cualquier momento la delegación de competencias a que se refiere la presente orden, sin perjuicio de que la persona titular de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia recabe para sí la resolución sobre las actuaciones concretas que considere conveniente en el ámbito de la delegación en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Noveno. Cantidades.

Las referencias a cantidades en materia de contratación se entenderán IVA excluido.

Décimo. Eficacia.

La presente orden produce efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, dejando sin efectos la Orden de 15 de octubre de 2019, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, por la que se delegan competencias de la titular del departamento en diversos órganos directivos de la Consejería y de su organismo público adscrito y la Orden de 27 de marzo de 2021 de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública por la que se delegan competencias en los titulares de los Órganos Directivos de la citada Consejería, así como la Orden de 28 de julio de 2021 de la misma Consejería por la que se modifica la precitada Orden de delegación de competencias.

Murcia, a 2 de junio de 2022. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco Sánchez.

Extracto de la Orden de 18 de mayo de 2022, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para financiar, durante el ejercicio 2022 y en el ámbito de la Región de Murcia, la adquisición, arrendamiento o adaptación de vehículos destinados a personas con discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 33% que tengan reconocido el grado de movilidad reducida

BORM número 127 de 3 de junio de 2022

Consejería de Fomento e Infraestructuras

Vigencia: desde el 4 de junio de 2022

Referencias

Afectada por:

  • Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones para financiar la adquisición, arrendamiento o adaptación de vehículos destinados a personas con discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 33%, que tenga reconocido el grado de movilidad reducida en el ámbito de la Región de Murcia, (BORM nº 81, de 10 abril 2018):

Establece las bases reguladoras.

Contenido

BDNS (Identif.): 630053

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630053)

Número guía de procedimientos y servicios Comunidad Autónoma Región de Murcia: 2594

Primero. Beneficiarios:

Podrán solicitar subvenciones en esta convocatoria las asociaciones de personas con discapacidad que cumplan los siguientes requisitos:

1.- Estar inscrita la Asociación en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia.

2.- Tener su sede abierta o delegación permanente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3.- Tener reflejado en sus Estatutos como fines primordiales la inserción/integración laboral, formación y autonomía personal como objetivos.

4.-Tener inscritos en la Asociación usuarios con discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 33% que tengan reconocido el grado de movilidad reducida.

5.-Contar con preparadores laborales con contrato laboral o profesionales vinculados a programas de inserción/integración laboral, formación y autonomía personal.

Segundo. Objeto:

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para financiar la adquisición, arrendamiento o adaptación de vehículos destinados a personas con discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 33% que tengan reconocido el grado de movilidad reducida, cuando se cumplan las siguientes circunstancias:

Que dicha adquisición, arrendamiento o adaptación se realicen en el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Que el vehículo sea utilizado para trayectos relacionados con programas de inserción/integración laboral, formación y autonomía personal.

Tercero: Bases reguladoras:

Orden de 9 de abril de 2018, (BORM núm. 81, de 10 abril 2018) de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones para financiar la adquisición, arrendamiento o adaptación de vehículos destinados a personas con discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 33%, que tenga reconocido el grado de movilidad reducida en el ámbito de la Región de Murcia.

Cuarto. Cuantía:

1.- El importe del gasto autorizado para la concesión de subvenciones de la presente convocatoria asciende a 20.000,00 € a financiar con cargo a la partida presupuestaria 14.04.00.513A.481.99, proyecto 45952 correspondiente a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022.

2.- Las subvenciones se otorgarán hasta agotar el gasto autorizado.

3.- El órgano competente procederá al prorrateo del importe global máximo de la subvención (20.000,00 €) hasta agotar el crédito presupuestario, entre aquellos solicitantes que cumplan los requisitos del artículo 4.

4.- La subvención será por un importe máximo de 5.000 € por Asociación.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la Orden de convocatoria de la subvención en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Sexto. Criterios de valoración de las solicitudes:

La valoración de las solicitudes presentadas, que realizará el órgano instructor, se hará según una escala de puntos, de acuerdo a los siguientes criterios:

1.- Número de usuarios con discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 33%, que tengan reconocido el grado de movilidad reducida y realicen trayectos relacionados con programas de inserción /integración laboral, formación y autonomía personal: 1 punto por cada usuario con un máximo de 15 puntos.

2.- Número de profesionales que tiene contratados la Asociación como preparadores laborales o profesionales vinculados a programas de inserción/ integración laboral formación y autonomía personal, que realicen con los correspondientes usuarios trayectos con destino a tales programas: 1 punto por cada profesional o preparador, con un máximo de 5 puntos.

Séptimo. Plazo y forma de justificación y forma de pago:

1.- El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado.

2.- Los beneficiarios deberán presentar ante la Dirección General de Movilidad y Litoral antes del 1 de marzo de 2023, la siguiente documentación:

1º.- Factura de adquisición, arrendamiento o adaptación del vehículo destinado a personas con discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 33% que tengan reconocido el grado de movilidad reducida en el ámbito de la Región de Murcia.

2º. Justificante acreditativo del pago de dicha factura. A estos efectos, se entiende que constituye el justificante de pago:

- Si la forma de pago es una transferencia bancaria: copia compulsada del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el número y fecha de la factura.

- Si la forma de pago es el cheque o pagaré: copia del extracto bancario acreditativo del movimiento de la cuenta bancaria, debiendo figurar en el concepto número y fecha de la factura.

- Si el pago se realiza en metálico (para importes inferiores a 1.000,00 €): certificado del emisor de la factura acreditativo de su pago, (dicho certificado deberá contener referencia expresa al número y fecha e importe de la factura abonada, indicando la fecha de su pago y el nombre, apellidos y NIF de la asociación que la ha abonado).

En particular se establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000,00 euros o su contravalor en moneda extranjera.

Murcia, 18 de mayo de 2022. El Consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga Albacete.

 

 

Extracto de la Orden de 18 de mayo de 2022, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para financiar, durante el ejercicio 2022, el transporte público de viajeros a personas con discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 33%, que tengan reconocido el grado de movilidad reducida en el ámbito de la Región de Murcia

BORM número 127 de 3 de junio de 2022

Consejería de Fomento e Infraestructuras

Vigencia: desde el 4 de junio de 2022

Referencias

Afectada por:

  • Orden de 24 de mayo de 2019, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la financiación del transporte público de viajeros a personas con discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 33% que tenga reconocido el grado de movilidad reducida y profesionales, en el ámbito de la Región de Murcia, (BORM nº 127 de 4 de junio de 2019):

Establece las bases reguladoras.

Contenido

BDNS (Identif.): 630064

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630064)

Número guía de procedimientos y servicios Comunidad Autónoma Región de Murcia: 3201.

Primero. Beneficiarios:

Podrán solicitar subvenciones en esta convocatoria las asociaciones de personas con discapacidad que cumplan los siguientes requisitos, que se acreditarán con los documentos a que se refiere el artículo 5 de esta Orden:

1.- Estar inscrita la Asociación en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia.

2.- Tener su sede abierta o delegación permanente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3.- Tener reflejado en sus Estatutos como fines primordiales la inserción/integración laboral, formación y autonomía personal como objetivos.

4.-Tener inscritos en la Asociación usuarios que reúnan ambos requisitos:

A).- Mayores de 16 años con discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 33% que tengan reconocido el grado de movilidad reducida.

B).- Estar en prácticas laborales o curso de inserción/integración laboral, formación, programas de rehabilitación física o de autonomía personal.

Segundo. Objeto:

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a financiar el transporte público de viajeros regular, de uso general, transporte en vehículos de turismo (taxis) y en vehículos arrendados con conductor, a personas con discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 33% que tengan reconocido el grado de movilidad reducida, pertenecientes a Asociaciones de personas con discapacidad dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para trayectos relacionados con programas de inserción /integración laboral, formación, rehabilitación física y autonomía personal.

El periodo subvencionable abarca desde el día 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre 2022.

Tercero: Bases reguladoras:

Orden de 24 de mayo de 2019, (BORM núm. 127, de 4 junio 2019.) de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la financiación del transporte público de viajeros a personas con discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 33%, que tengan reconocido el grado de movilidad reducida en el ámbito de la Región de Murcia, modificada posteriormente por Orden de 20 de julio de 2020 (BORM núm.168, de 22 de julio de 2020).

Cuarto. Cuantía:

1.- El importe del gasto autorizado para la concesión de subvenciones de la presente convocatoria asciende a 15.000,00 € a financiar con cargo a la partida presupuestaria 14.04.00.513A.481.99, proyecto 44762 correspondiente a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022.

2.- Las subvenciones se otorgarán hasta agotar el gasto autorizado.

3.- El órgano competente procederá al prorrateo del importe global máximo de la subvención (15.000,00 €) hasta agotar el crédito presupuestario, entre aquellos solicitantes que cumplan los requisitos del artículo 4.

4.- La subvención será por un importe máximo de 3.000 € por Asociación

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la Orden de convocatoria de la subvención en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Sexto. Criterios de valoración de las solicitudes:

La valoración de las solicitudes presentadas, que realizará el órgano instructor, se hará según una escala de puntos, de acuerdo a los siguientes criterios:

.-Número de usuarios mayores de 16 años con discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 33%, que tenga reconocido el grado de movilidad reducida y realicen trayectos relacionados con programas de inserción /integración laboral, formación, rehabilitación física y autonomía personal (un punto por cada usuario con un máximo de 15 puntos).

Séptimo. Plazo y forma de justificación y forma de pago:

1.- El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado.

2 Las asociaciones beneficiarias deberán presentar ante la Dirección General competente en materia de transportes antes del 1 de marzo de 2023, la siguiente documentación:

Certificados emitidos por las empresas de transporte público de viajeros, por los titulares de las licencias de taxis y los titulares de autorizaciones de arrendamiento de vehículo con conductor correspondientes, en el que consten los billetes, recibos o facturas emitidos, el importe abonado y el trayecto realizado durante el periodo subvencionable que abarca desde 1 de enero 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Murcia, 18 de mayo de 2022. El Consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga Albacete.

Decreto número 74/2022, de 2 de junio, por el que se cesa a don José David Hernández González, como Director General de Regeneración y Modernización Administrativa de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia

Contenido

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.15 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno y 11.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Murcia, a propuesta de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión del día 02 de junio de 2022,

Dispongo:

El cese de don José David Hernández González, como Director General de Regeneración y Modernización Administrativa de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, por pase a otro destino.

El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 2 de junio de 2022.—El Presidente, Fernando López Miras.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco Sánchez

Decreto número 77/2022, de 2 de junio, por el que se nombra a don José David Hernández González, Director General de Modernización y Simplificación Administrativa de la Consejería de Mujer , Igualdad , LGTBI , Familias , Política Social y Transparencia

Contenido

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.15 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno y 11.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Murcia, a propuesta de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión del día 02 de junio de 2022,

Dispongo:

El nombramiento de don José David Hernández González, como Director General de Modernización y Simplificación Administrativa de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia.

El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 2 de junio de 2022.—El Presidente, Fernando López Miras.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco Sánchez

Decreto número 76/2022, de 2 de junio, por el que se nombra a don José Luis Martínez González, Director General de Gobernanza y Participación Ciudadana de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia

Contenido

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.15 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno y 11.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Murcia, a propuesta de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión del día 02 de junio de 2022,

Dispongo:

El nombramiento de don José Luis Martínez González, como Director General de Gobernanza y Participación Ciudadana de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia.

El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 2 de junio de 2022.—El Presidente, Fernando López Miras.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco Sánchez

Decreto número 75/2022, de 2 de junio, por el que se nombra a doña María Lucía Hernández Martínez, Directora General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia

Contenido

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.15 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno y 11.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Murcia, a propuesta de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión del día 02 de junio de 2022,

Dispongo:

El nombramiento de doña María Lucía Hernández Martínez, como Directora General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia.

El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 2 de junio de 2022.—El Presidente, Fernando López Miras.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco Sánchez