Orden de 26 de enero de 2023, de la Consejera de Política Social, Familias e Igualdad por la que se designan suplencias temporales para despacho ordinario de asuntos por vacante, ausencia o enfermedad de sus Órganos Directivos

BORM número 23 de 30 de enero de 2023

Consejería de Política Social, Familias e Igualdad

Vigencia: desde el 31 de enero de 2023

Referencias

Afecta a:

Orden de 3 de junio de 2022, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, por la que se designan suplencias temporales para despacho ordinario de asuntos por vacante, ausencia o enfermedad de sus Órganos Directivos (BORM número 131 de 8 de junio de 2022):

La deja sin efectos.

Contenido

Por Decreto del Presidente núm. 2/2023, de 17 de enero, se ha reorganizado la Administración Regional modificando el número, la denominación y las competencias de las Consejerías.

Por lo que respecta a la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, el Decreto 6/2023, de 23 de enero, ha concretado el número y denominación de los diferentes órganos directivos que integran este departamento, fijando las competencias esenciales atribuidas a cada uno de ellos.

Por este motivo, con objeto de mejorar los instrumentos de gestión administrativa, resulta aconsejable establecer un régimen de suplencias temporales entre los titulares de dichos órganos, a fin de evitar dilaciones y demoras innecesarias en el despacho ordinario de los asuntos cuya competencia está atribuida a esta Consejería.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Dispongo:

Primero.- El régimen de suplencia temporal en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad entre los distintos titulares de los Órganos Directivos de esta Consejería para el despacho ordinario de los asuntos cuya competencia está atribuida a la misma, será el siguiente:

1.º- Las competencias de la persona titular de la Secretaría General serán asumidas por la persona titular de la Dirección General de Familias y Protección de Menores.

2.º- Las competencias de la persona titular de la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género serán asumidas por la persona titular de la Dirección General de Familias y Protección de Menores.

3.º- Las competencias de la persona titular de la Dirección General de Familias y Protección de Menores serán asumidas por la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.

4.º- Las competencias de la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, serán asumidas por la persona titular de la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género.

5.º- Las competencias de la Vicesecretaría serán asumidas por la persona titular de la Secretaría General.

6.º- En el supuesto de estar vacante, ausente o por enfermedad de las personas suplentes de cualquiera de las Direcciones Generales de la Consejería, serán asumidas por la persona titular de la Secretaría General.

Segundo. La presente Orden produce efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia quedando sin efectos la Orden de fecha 3 de junio de 2022 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia por la que se designan suplencias temporales para despacho ordinario de asuntos por vacante, ausencia o enfermedad de los titulares de sus Órganos Directivos.

Murcia, 26 de enero de 2023. La Consejera Política Social, Familias e Igualdad, María Concepción Ruiz Caballero.

Orden de 26 de enero de 2023, de la Consejera de Política Social, Familias e Igualdad por la que se delegan competencias de la titular del departamento en diversos Órganos Directivos de la Consejería y de su Organismo Público adscrito

BORM número 23 de 30 de enero de 2023

Consejería de Política Social, Familias e Igualdad 

Vigencia: desde el 31 de enero de 2023

Referencias

Afecta a:

Orden de 2 de junio de 2022, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, por la que se delegan competencias de la titular del departamento en diversos órganos directivos de la Consejería y de su organismo público adscrito, (BORM número 129 de 6 de junio de 2022):

La deja sin efectos.

Contenido

Por Decreto del Presidente número 2/2023, de 17 de enero, se ha reorganizado la Administración Regional modificando el número, la denominación y las competencias de las Consejerías.

Por lo que respecta a la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, el Decreto 6/2023, de 23 de enero, ha concretado el número y denominación de los diferentes órganos directivos que integran este departamento, fijando las competencias esenciales atribuidas a cada uno de ellos.

Esta nueva reorganización competencial hace necesario que se articule una nueva delegación de competencias de la titular de la Consejería en los titulares de los distintos Órganos Directivos de la misma, así como en el organismo público adscrito Instituto Murciano de Acción Social, con el fin de conseguir una mayor eficacia y agilidad en el desarrollo de tales atribuciones.

Específicamente, por lo que se refiere al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el artículo 5 de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación, atribuye la Presidencia del IMAS a quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de servicios sociales, coincidiendo pues en la misma persona la condición de Consejera y de Presidenta del IMAS, pero con competencias distintas. Por lo que ha de entenderse que, en algunas de las competencias delegadas, en lo que al IMAS se refiere, es la titular del departamento de Política Social, Familias e Igualdad, en su condición de Presidenta del IMAS, la que efectúa en esta orden la correspondiente delegación de competencias.

En consecuencia, de conformidad con la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en concordancia con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

Dispongo:

Primero. Delegación en la persona titular de la Secretaría General.

Se delegan en la persona titular de la Secretaría General las siguientes competencias:

1. En materia de gestión económica y/o presupuestaria:

a) La autorización, disposición o compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago en relación con los gastos a realizar en los diferentes Capítulos de todos los programas de la Consejería, hasta una cuantía máxima de 600.000 euros. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en esta orden en relación a las competencias delegadas en las personas titulares de los demás Órganos Directivos.

b) La ordenación de la retención de los créditos, cualquiera que sea su naturaleza y cuantía, con cargo a los programas adscritos a la Secretaría General.

c) La autorización o propuesta, en el caso que corresponda, de las modificaciones de créditos presupuestarios que la normativa reguladora atribuye a la persona titular de la Consejería, de conformidad con el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

d) El nombramiento y cese de Cajeros Pagadores y, en su caso, personas que les sustituyan, en relación con los pagos a justificar.

e) El nombramiento y cese de Cajeros Pagadores y, en su caso, personas que les sustituyan, en relación con los anticipos de caja fija cuando la misma esté adscrita a su centro directivo.

f) Los actos de ejecución presupuestaria, en todas sus fases, de los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija cuando la misma esté adscrita a su centro directivo, cualquiera que sea su cuantía y programa presupuestario.

g) La declaración de pagos indebidos, en los casos que proceda, correspondientes a los gastos cuyo pago haya propuesto.

h) La propuesta de autorización de imputación de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, correspondientes a la Consejería.

2. En materia de contratación:

a) El ejercicio de las facultades y actuaciones conferidas al órgano de contratación por la normativa aplicable, dictando todos los actos de gestión administrativa, económica y ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de dichas actuaciones, incluida la adjudicación y formalización del contrato, hasta una cuantía máxima de 600.000 euros, cualquiera que sea su imputación y programa presupuestario, a excepción de los actos delegados en otros órganos directivos en esta orden.

b) La celebración de contratos menores, dictando los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de los mismos, siempre que correspondan a los programas de su competencia, sin perjuicio de las competencias delegadas en la persona titular de la Vicesecretaría por el dispongo cuarto de esta orden.

c) La realización de las actuaciones que como órgano competente en materia de contratación y gestor del gasto atribuye la normativa sobre bienes, servicios y suministros de contratación centralizada a los órganos peticionarios, así como los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de las mismas, sin limitación de cuantía, siempre que correspondan a los programas de su competencia.

d) La autorización para la realización del gasto de las entidades del sector público adscritas a la Consejería en materia de contratación hasta el límite cuya autorización corresponde a los consejeros, previsto en el artículo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

No obstante, se excluyen de esta delegación las siguientes actuaciones:

Los actos y resoluciones para la modificación de los expedientes en materia de contratación cuando sean causa de resolución del contrato y, en su caso, la resolución misma, así como las modificaciones contractuales cuando impliquen un adicional económico, que sumado al importe del contrato primitivo exceda del límite cuantitativo para el que está facultado. En estos casos, la autorización del referido modificado, así como los actos de gestión económica o presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia del mismo, corresponderán al órgano que tenga atribuida la competencia por razón de esta nueva cuantía.

3. En materia subvencional:

a) El ejercicio de cuantas facultades y actuaciones confiere al órgano concedente la normativa aplicable en materia de subvenciones y ayudas, con la extensión y los límites previstos en la misma, incluyendo la concesión y denegación, el reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de las subvenciones o ayudas concedidas con cargo al programa presupuestario de la Secretaría General, sin limitación de cuantía, así como todos los actos de gestión económica o ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de dichas actuaciones.

Se exceptúa de delegación en materia subvencional:

1.º- El establecimiento de las bases reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia, la aprobación de la convocatoria de subvenciones y ayudas en régimen de concurrencia y la autorización del gasto que conlleve.

2.º- La autorización y disposición o compromiso del gasto y concesión de las subvenciones cuando las mismas se canalicen a través de un convenio.

b) Los actos administrativos correspondientes al procedimiento para el reintegro, en su caso, de las subvenciones o ayudas de la Consejería incluida la resolución de los recursos de reposición en este ámbito.

c) La autorización para la realización del gasto de las entidades del sector público adscritas a la Consejería en materia subvencional hasta el límite cuya autorización corresponde a los consejeros, previsto en el artículo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

d) La modificación del Plan Estratégico de Subvenciones (PES) correspondiente a las líneas de subvención de la Consejería y del organismo público adscrito a la misma.

4. En materia de personal y régimen interior:

a) Conformar las propuestas de modificaciones, supresiones y creaciones de puestos de trabajo, así como aquellas otras que la vigente legislación atribuye al titular de la Consejería respecto al personal adscrito a la misma.

b) Las propuestas para la cobertura de puestos de trabajo mediante nombramiento de personal interino o contratación laboral.

c) El otorgamiento de gratificaciones por servicios extraordinarios al personal de la Consejería.

d) La imposición de las sanciones disciplinarias que la legislación vigente atribuya al titular de la Consejería, en relación al personal del Departamento, incluida la resolución de los recursos administrativos contra los actos dictados por el órgano delegado en esta materia.

e) Cualesquiera otras competencias no recogidas en los apartados anteriores atribuidas por la normativa aplicable al titular de la Consejería en materia de personal.

5. En materia de régimen jurídico y organización administrativa:

a) La competencia para requerir dictámenes de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, incluyendo en su caso la autorización de la copia del texto definitivo que constituya el objeto de la consulta, sin perjuicio de lo dispuesto en el dispongo tercero.

b) La competencia para efectuar consultas y petición de dictámenes al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, incluyendo la competencia de decisión de efectuar la consulta y la autorización de la copia del texto definitivo de la propuesta del acto o proyecto de disposición de carácter general que constituya su objeto, sin perjuicio de lo dispuesto en el dispongo tercero.

c) La competencia para efectuar consultas y/o peticiones de informes al Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y en general a cualquier órgano consultivo, técnico o administrativo cuando esta competencia corresponda al titular de la Consejería.

d) La resolución de recursos administrativos contra actos emanados de las Direcciones Generales de la Consejería en las materias de sus respectivas competencias, así como de los recursos de reposición frente a actos que dicten dichos órganos por delegación del titular de la Consejería, o dictados por el titular de la Consejería.

e) La resolución de recursos administrativos contra actos emanados del Director Gerente o de los Directores Generales del IMAS, en virtud de las competencias atribuidas al Presidente del Instituto Murciano de Acción Social por el artículo 17.2 de la Ley 1/2006, de 10 de abril.

f) La resolución de expedientes en el ámbito de la potestad sancionadora, incluidos los recursos de reposición.

g) La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se tramiten por la Consejería, incluida la resolución de los recursos de reposición en este ámbito.

h) La resolución de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública en materias competencia de la Consejería, así como las resoluciones de inadmisión sobre el ejercicio de derecho de acceso basadas en el supuesto establecido en el artículo 18.1 letra d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

6. En materia de Registro e inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

a) La resolución de los procedimientos de autorización de Entidades, Centros y Servicios sociales atribuidas en virtud de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos.

b) La resolución de la declaración de entidad apta para suscribir conciertos sociales en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad atribuida en virtud de lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto del Decreto 10/2018, de 14 de febrero por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia en los Servicios Sociales especializados en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad.

c) La resolución de la declaración de entidad apta para suscribir conciertos sociales en materia de protección y reforma del menor atribuida en virtud de lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto del Decreto n.º 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia, en materia de protección y reforma del menor.

7. En materia de Convenios de colaboración: en relación con los créditos incluidos en su respectivo programa de gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago de las aportaciones económicas que corresponda realizar a la Consejería en virtud de los convenios de colaboración no subvencionales que suscriba con entidades públicas y privadas, sin límite de cuantía, así como la aprobación de la liquidación derivada del cumplimiento o resolución de dichos convenios, y las actuaciones relativas a los reintegros que en su caso resulten.

Segundo. Delegación en las personas titulares de las Direcciones Generales de la Consejería.

Se delega en las personas titulares de las Direcciones Generales el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La autorización, disposición o compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago en relación con los gastos a realizar con cargo al subconcepto 162.00 del Capítulo I y al resto de Capítulos de los programas adscritos a los respectivos Centros Directivos, hasta una cuantía máxima de 50.000 euros, sin perjuicio de lo previsto en esta orden en relación con los actos de gestión económica o ejecución presupuestaria en materia contractual o subvencional.

b) La ordenación de la retención de los créditos, cualquiera que sea su naturaleza y cuantía, con cargo a los programas adscritos a cada centro directivo.

c) El nombramiento y cese de Cajeros Pagadores y, en su caso, personas que les sustituyan, en relación con los anticipos de caja fija de su centro directivo.

d) Los actos de ejecución presupuestaria, en todas sus fases, de los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija cuando la misma esté adscrita a su centro directivo, cualquiera que sea su cuantía.

e) La declaración de pagos indebidos, en los casos que proceda, correspondientes a los gastos cuyo pago haya propuesto.

f) La celebración de contratos menores, dictando los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de los mismos, siempre que correspondan a los programas de su competencia.

g) La tramitación de certificaciones de obras, facturas y documentos que aprueben la realización de la prestación, incluido el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago, sin límite de cuantía, en relación con aquellos contratos celebrados con cargo a los programas de su competencia.

h) La realización de las actuaciones que como órgano competente en materia de contratación y gestor del gasto atribuye la normativa sobre bienes, servicios y suministros de contratación centralizada a los órganos peticionarios, así como los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de las mismas, sin limitación de cuantía, siempre que correspondan a los programas de su competencia.

i) El ejercicio de cuantas facultades y actuaciones confiere al órgano concedente la normativa aplicable en materia de subvenciones y ayudas, con la extensión y los límites previstos en la misma, incluyendo la concesión y denegación, el reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de las subvenciones o ayudas concedidas con cargo a sus respectivos programas, sin limitación de cuantía, así como todos los actos de gestión económica o ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de dichas actuaciones.

Se exceptúa de delegación en materia subvencional:

1.º- El establecimiento de las bases reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia, la aprobación de la convocatoria de subvenciones y ayudas en régimen de concurrencia y la autorización del gasto que conlleve.

2.º- La autorización y disposición o compromiso del gasto y concesión de las subvenciones cuando las mismas se canalicen a través de un convenio.

3.º- La modificación del Plan Estratégico de Subvenciones (PES) correspondiente a las líneas de subvención de la Consejería y del organismo público adscrito a la misma, que se delega en la persona titular de la Secretaría General.

4.º- Los actos administrativos correspondientes al procedimiento para el reintegro, en su caso, de las subvenciones o ayudas de la Consejería incluida la resolución de los recursos de reposición en este ámbito que se delegan en la persona titular de la Secretaría General.

j) La declaración individualizada de la urgente necesidad para la tramitación de determinados gastos derivados de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de enjuiciamiento civil; de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores; y de otras situaciones de emergencia social, en materia de su competencia.

k) En materia de Convenios de colaboración y en relación con los créditos incluidos en su respectivo programa de gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago de las aportaciones económicas que corresponda realizar a la Consejería en virtud de los convenios de colaboración no subvencionales que suscriba con entidades públicas y privadas, sin límite de cuantía, así como la aprobación de la liquidación derivada del cumplimiento o resolución de dichos convenios, y las actuaciones relativas a los reintegros que en su caso resulten.

Tercero. Delegación en la persona titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social.

Se delegan en la persona titular de la Dirección Gerencial las siguientes competencias:

a) La competencia para la resolución de los procedimientos de concesión de ayudas a las víctimas de terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

b) La competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se tramiten por el organismo autónomo, incluida la resolución de los recursos de reposición en este ámbito.

c) La competencia para la solicitud de informes a la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para efectuar consultas y petición de dictámenes al Consejo Jurídico de la Región de Murcia y al Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, y en general, a cualquier órgano consultivo, técnico o administrativo cuando esta competencia corresponda al titular de la Consejería, en relación a expedientes que se tramiten por el organismo autónomo.

d) La propuesta de autorización de imputación de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, correspondientes al organismo autónomo.

Cuarto. Delegación en la persona titular de la Vicesecretaría.

Se delega en la persona titular de la Vicesecretaría el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La autorización, la disposición o compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago con cargo a las consignaciones incluidas en el Capítulo I de todos los programas de gasto de la Consejería, sin perjuicio de lo establecido en esta orden en relación a las competencias delegadas en los titulares de los demás Órganos Directivos, así como la declaración de pagos indebidos de cualquier concepto retributivo, tanto del personal funcionario como laboral.

b) La autorización, disposición o compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago con relación a los gastos a realizar con cargo al Capítulo II de los programas de la Secretaría General, con excepción del concepto 226, hasta una cuantía máxima de 50.000 euros, salvo que tales gastos se refieran a expedientes de contratación distintos de contratos menores.

c) La celebración de contratos menores, dictando los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de los mismos, siempre que correspondan a los gastos delegados en el apartado anterior.

d) La tramitación de certificaciones de obras, facturas y documentos que aprueben la realización de la prestación, incluido el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago, sin límite de cuantía, en relación con aquellos contratos celebrados con cargo a los programas de la Secretaría General.

e) La aprobación del plan anual de vacaciones del personal de la Consejería, a propuesta de los diferentes órganos directivos.

f) La propuesta para la concesión o denegación de compatibilidad relativa al personal adscrito a la Consejería.

g) La remisión del correspondiente expediente administrativo, previo requerimiento del órgano jurisdiccional competente, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa, en lo que afecte a la Consejería.

Quinto. Delegación en la persona titular de la Secretaría General Técnica del Instituto Murciano de Acción Social.

Se delegan en la persona titular de la Secretaría General Técnica la competencia para la remisión del correspondiente expediente administrativo, previo requerimiento del órgano jurisdiccional competente, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa, en lo que afecte al Organismo Autónomo.

Sexto. Sustitución.

En los casos de ausencia, vacante o enfermedad, el ejercicio de las competencias delegadas previstas en la presente orden serán ejercidas atendiendo el régimen general de suplencias establecido en cada momento en la Orden de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad por la que se designen suplencias temporales para el despacho ordinario de asuntos.

Séptimo. Antefirma.

En la antefirma de los documentos o resoluciones administrativas que se firmen por delegación se hará constar tal circunstancia expresamente, así como la referencia a la presente orden.

Las resoluciones administrativas dictadas por delegación serán notificadas a los interesados en la forma establecida en la normativa vigente.

Octavo. Revocación.

Será revocable en cualquier momento la delegación de competencias a que se refiere la presente orden, sin perjuicio de que la persona titular de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad recabe para sí la resolución sobre las actuaciones concretas que considere conveniente en el ámbito de la delegación en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Noveno. Cantidades.

Las referencias a cantidades en materia de contratación se entenderán IVA incluido.

Décimo. Eficacia.

La presente orden produce efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, dejando sin efectos la Orden de 2 de junio de 2022, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, por la que se delegan competencias de la titular del departamento en diversos órganos directivos de la Consejería y de su organismo público adscrito.

Murcia, 26 de enero de 2023. La Consejera de Política Social, Familias e Igualdad, María Concepción Ruiz Caballero.

Orden de 2 de junio de 2022, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, por la que se delegan competencias de la titular del departamento en diversos Órganos Directivos de la Consejería y de su organismo público adscrito (SIN EFECTOS)

BORM número 129 de 6 de junio de 2022

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia

Vigencia: desde el 7 de junio de 2022

Referencias

Afectada por:

Orden de 26 de enero de 2023, de la Consejera de Política Social, Familias e Igualdad por la que se delegan competencias de la titular del departamento en diversos Órganos Directivos de la Consejería y de su Organismo Público adscrito, (BORM número 23 de 30 de enero de 2023):

La deja sin efectos.

Contenido

Por Decreto del Presidente número 11/2022, de 12 de mayo, se ha reorganizado la Administración Regional modificando el número, la denominación y las competencias de algunas de las Consejerías.

Esta nueva reorganización competencial hace necesario que se articule una nueva delegación de competencias de la titular de la Consejería en los titulares de los distintos Órganos Directivos de la misma, así como en el organismo público adscrito Instituto Murciano de Acción Social, con el fin de conseguir una mayor eficacia y agilidad en el desarrollo de tales atribuciones.

Específicamente, por lo que se refiere al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el artículo 5 de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación, atribuye la Presidencia del IMAS a quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de servicios sociales, coincidiendo pues en la misma persona la condición de Consejera y de Presidenta del IMAS, pero con competencias distintas. Por lo que ha de entenderse que, en algunas de las competencias delegadas, en lo que al IMAS se refiere, es la titular del departamento de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, en su condición de Presidenta del IMAS, la que efectúa en esta orden la correspondiente delegación de competencias.

En consecuencia, de conformidad con la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en concordancia con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

Dispongo

Primero. Delegación en la persona titular de la Secretaría General.

Se delegan en la persona titular de la Secretaría General las siguientes competencias:

1. En materia de gestión económica y/o presupuestaria:

a) La autorización, disposición o compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago en relación con los gastos a realizar en los diferentes Capítulos de todos los programas de la Consejería, hasta una cuantía máxima de 600.000 euros. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en esta orden en relación a las competencias delegadas en las personas titulares de los demás Órganos Directivos.

b) La ordenación de la retención de los créditos, cualquiera que sea su naturaleza y cuantía, con cargo a los programas adscritos a la Secretaría General.

c) La autorización o propuesta, en el caso que corresponda, de las modificaciones de créditos presupuestarios que la normativa reguladora atribuye a la persona titular de la Consejería, de conformidad con el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

d) El nombramiento y cese de Cajeros Pagadores y, en su caso, personas que les sustituyan, en relación con los pagos a justificar.

e) El nombramiento y cese de Cajeros Pagadores y, en su caso, personas que les sustituyan, en relación con los anticipos de caja fija cuando la misma esté adscrita a su centro directivo.

f) Los actos de ejecución presupuestaria, en todas sus fases, de los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija cuando la misma esté adscrita a su centro directivo, cualquiera que sea su cuantía y programa presupuestario.

g) La declaración de pagos indebidos, en los casos que proceda, correspondientes a los gastos cuyo pago haya propuesto.

h) La propuesta de autorización de imputación de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, correspondientes a la Consejería.

2. En materia de contratación:

a) El ejercicio de las facultades y actuaciones conferidas al órgano de contratación por la normativa aplicable, dictando todos los actos de gestión administrativa, económica y ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de dichas actuaciones, incluida la adjudicación y formalización del contrato, hasta una cuantía máxima de 600.000 euros, cualquiera que sea su imputación y programa presupuestario, a excepción de los actos delegados en otros órganos directivos en esta orden.

b) La celebración de contratos menores, dictando los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de los mismos, siempre que correspondan a los programas de su competencia, sin perjuicio de las competencias delegadas en la persona titular de la Vicesecretaría por el dispongo cuarto de esta orden.

c) La realización de las actuaciones que como órgano competente en materia de contratación y gestor del gasto atribuye la normativa sobre bienes, servicios y suministros de contratación centralizada a los órganos peticionarios, así como los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de las mismas, sin limitación de cuantía, siempre que correspondan a los programas de su competencia.

d) La autorización para la realización del gasto de las entidades del sector público adscritas a la Consejería en materia de contratación hasta el límite cuya autorización corresponde a los consejeros, previsto en el artículo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

No obstante, se excluyen de esta delegación las siguientes actuaciones:

Los actos y resoluciones para la modificación de los expedientes en materia de contratación cuando sean causa de resolución del contrato y, en su caso, la resolución misma, así como las modificaciones contractuales cuando impliquen un adicional económico, que sumado al importe del contrato primitivo exceda del límite cuantitativo para el que está facultado. En estos casos, la autorización del referido modificado, así como los actos de gestión económica o presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia del mismo, corresponderán al órgano que tenga atribuida la competencia por razón de esta nueva cuantía.

3. En materia subvencional:

a) El ejercicio de cuantas facultades y actuaciones confiere al órgano concedente la normativa aplicable en materia de subvenciones, con la extensión y los límites previstos en la misma, incluyendo la concesión y denegación de subvenciones, ayudas o becas hasta una cuantía máxima de 600.000 euros, así como todos los actos de gestión económica o ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de dichas actuaciones, cualquiera que sea su imputación y programa presupuestario sin perjuicio de las competencias delegadas en los titulares de los Órganos Directivos en el dispongo segundo de esta orden. Esta delegación incluye los actos administrativos correspondientes al procedimiento para el reintegro, en su caso, incluida la resolución de los recursos de reposición en este ámbito.

b) La concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la autorización, disposición o compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de las mismas, sin límite de cuantía, en relación con los programas de la Secretaría General.

c) La autorización para la realización del gasto de las entidades del sector público adscritas a la Consejería en materia subvencional hasta el límite cuya autorización corresponde a los consejeros, previsto en el artículo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

d) La modificación del Plan Estratégico de Subvenciones (PES) correspondiente a las líneas de subvención de la Consejería y del organismo público adscrito a la misma.

Se exceptúa de delegación en materia subvencional:

El establecimiento de las bases reguladoras de la subvención y la aprobación de la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva y la autorización del gasto que conlleve así como la autorización y disposición o compromiso del gasto y concesión de las subvenciones cuando las mismas se canalicen a través de un convenio.

4. En materia de personal y régimen interior:

a) Conformar las propuestas de modificaciones, supresiones y creaciones de puestos de trabajo, así como aquellas otras que la vigente legislación atribuye al titular de la Consejería respecto al personal adscrito a la misma.

b) Las propuestas para la cobertura de puestos de trabajo mediante nombramiento de personal interino o contratación laboral.

c) El otorgamiento de gratificaciones por servicios extraordinarios al personal de la Consejería.

d) La imposición de las sanciones disciplinarias que la legislación vigente atribuya al titular de la Consejería, en relación al personal del Departamento, incluida la resolución de los recursos administrativos contra los actos dictados por el órgano delegado en esta materia.

e) Cualesquiera otras competencias no recogidas en los apartados anteriores atribuidas por la normativa aplicable al titular de la Consejería en materia de personal.

5. En materia de régimen jurídico y organización administrativa:

a) La competencia para requerir dictámenes de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, incluyendo en su caso la autorización de la copia del texto definitivo que constituya el objeto de la consulta, sin perjuicio de lo dispuesto en el dispongo tercero.

b) La competencia para efectuar consultas y petición de dictámenes al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, incluyendo la competencia de decisión de efectuar la consulta y la autorización de la copia del texto definitivo de la propuesta del acto o proyecto de disposición de carácter general que constituya su objeto, sin perjuicio de lo dispuesto en el dispongo tercero.

c) La competencia para efectuar consultas y/o peticiones de informes al Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y en general a cualquier órgano consultivo, técnico o administrativo cuando esta competencia corresponda al titular de la Consejería.

d) La resolución de recursos administrativos contra actos emanados de las Direcciones Generales de la Consejería en las materias de sus respectivas competencias, así como de los recursos de reposición frente a actos que dicten dichos órganos por delegación del titular de la Consejería, o dictados por el titular de la Consejería.

e) La resolución de recursos administrativos contra actos emanados del Director Gerente o de los Directores Generales del IMAS, en virtud de las competencias atribuidas al Presidente del Instituto Murciano de Acción Social por el artículo 17.2 de la Ley 1/2006, de 10 de abril.

f) La resolución de expedientes en el ámbito de la potestad sancionadora, incluidos los recursos de reposición.

g) La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se tramiten por la Consejería, incluida la resolución de los recursos de reposición en este ámbito.

h) La resolución de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública en materias competencia de la Consejería, así como las resoluciones de inadmisión sobre el ejercicio de derecho de acceso basadas en el supuesto establecido en el artículo 18.1 letra d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

6. En materia de Registro e inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

a) La resolución de los procedimientos de autorización de Entidades, Centros y Servicios sociales atribuidas en virtud de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos.

b) La resolución de la declaración de entidad apta para suscribir conciertos sociales en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad atribuida en virtud de lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto del Decreto 10/2018, de 14 de febrero por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia en los Servicios Sociales especializados en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad.

c) La resolución de la declaración de entidad apta para suscribir conciertos sociales en materia de protección y reforma del menor atribuida en virtud de lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto del Decreto n.º 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia, en materia de protección y reforma del menor.

7. En materia de Convenios de colaboración: en relación con los créditos incluidos en su respectivo programa de gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago de las aportaciones económicas que corresponda realizar a la Consejería en virtud de los convenios de colaboración no subvencionales que suscriba con entidades públicas y privadas, sin límite de cuantía, así como la aprobación de la liquidación derivada del cumplimiento o resolución de dichos convenios, y las actuaciones relativas a los reintegros que en su caso resulten.

Segundo. Delegación en las personas titulares de las Direcciones Generales de la Consejería.

Se delega en las personas titulares de las Direcciones Generales el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La autorización, disposición o compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago en relación con los gastos a realizar con cargo al subconcepto 162.00 del Capítulo I y al resto de Capítulos de los programas adscritos a los respectivos Centros Directivos, hasta una cuantía máxima de 50.000 euros, sin perjuicio de lo previsto en esta orden en relación con los actos de gestión económica o ejecución presupuestaria en materia contractual o subvencional.

b) La ordenación de la retención de los créditos, cualquiera que sea su naturaleza y cuantía, con cargo a los programas adscritos a cada centro directivo.

c) El nombramiento y cese de Cajeros Pagadores y, en su caso, personas que les sustituyan, en relación con los anticipos de caja fija de su centro directivo.

d) Los actos de ejecución presupuestaria, en todas sus fases, de los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija cuando la misma esté adscrita a su centro directivo, cualquiera que sea su cuantía.

e) La declaración de pagos indebidos, en los casos que proceda, correspondientes a los gastos cuyo pago haya propuesto.

f) La celebración de contratos menores, dictando los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de los mismos, siempre que correspondan a los programas de su competencia.

g) La tramitación de certificaciones de obras, facturas y documentos que aprueben la realización de la prestación, incluido el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago, sin límite de cuantía, en relación con aquellos contratos celebrados con cargo a los programas de su competencia.

h) La realización de las actuaciones que como órgano competente en materia de contratación y gestor del gasto atribuye la normativa sobre bienes, servicios y suministros de contratación centralizada a los órganos peticionarios, así como los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de las mismas, sin limitación de cuantía, siempre que correspondan a los programas de su competencia.

i) El reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de las subvenciones o ayudas concedidas con cargo a sus respectivos programas, sin limitación de cuantía.

j) La concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o reguladas mediante Decreto de concesión directa, y de las ayudas, así como la autorización, disposición o compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de las mismas, sin límite de cuantía, en relación con los programas adscritos a los respectivos Centros Directivos.

Se exceptúa de esta delegación la autorización y disposición o compromiso del gasto y concesión de las subvenciones cuando las mismas se canalicen a través de un convenio.

k) La declaración individualizada de la urgente necesidad para la tramitación de determinados gastos derivados de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de enjuiciamiento civil; de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores; y de otras situaciones de emergencia social, en materia de su competencia.

l) En materia de Convenios de colaboración y en relación con los créditos incluidos en su respectivo programa de gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago de las aportaciones económicas que corresponda realizar a la Consejería en virtud de los convenios de colaboración no subvencionales que suscriba con entidades públicas y privadas, sin límite de cuantía, así como la aprobación de la liquidación derivada del cumplimiento o resolución de dichos convenios, y las actuaciones relativas a los reintegros que en su caso resulten.

Tercero. Delegación en la persona titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social.

Se delegan en la persona titular de la Dirección Gerencial las siguientes competencias:

a) La competencia para la resolución de los procedimientos de concesión de ayudas a las víctimas de terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

b) La competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se tramiten por el organismo autónomo, incluida la resolución de los recursos de reposición en este ámbito.

c) La competencia para la solicitud de informes a la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para efectuar consultas y petición de dictámenes al Consejo Jurídico de la Región de Murcia y al Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, y en general, a cualquier órgano consultivo, técnico o administrativo cuando esta competencia corresponda al titular de la Consejería, en relación a expedientes que se tramiten por el organismo autónomo.

d) La propuesta de autorización de imputación de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, correspondientes al organismo autónomo.

Cuarto. Delegación en la persona titular de la Vicesecretaría.

Se delega en la persona titular de la Vicesecretaría el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La autorización, la disposición o compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago con cargo a las consignaciones incluidas en el Capítulo I de todos los programas de gasto de la Consejería, sin perjuicio de lo establecido en esta orden en relación a las competencias delegadas en los titulares de los demás Órganos Directivos, así como la declaración de pagos indebidos de cualquier concepto retributivo, tanto del personal funcionario como laboral.

b) La autorización, disposición o compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago con relación a los gastos a realizar con cargo al Capítulo II de los programas de la Secretaría General, con excepción del concepto 226, hasta una cuantía máxima de 50.000 euros, salvo que tales gastos se refieran a expedientes de contratación distintos de contratos menores.

c) La celebración de contratos menores, dictando los actos de gestión económica y de ejecución presupuestaria que estén vinculados o sean consecuencia de los mismos, siempre que correspondan a los gastos delegados en el apartado anterior.

d) La tramitación de certificaciones de obras, facturas y documentos que aprueben la realización de la prestación, incluido el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago, sin límite de cuantía, en relación con aquellos contratos celebrados con cargo a los programas de la Secretaría General.

e) La aprobación del plan anual de vacaciones del personal de la Consejería, a propuesta de los diferentes órganos directivos.

f) La propuesta para la concesión o denegación de compatibilidad relativa al personal adscrito a la Consejería.

g) La remisión del correspondiente expediente administrativo, previo requerimiento del órgano jurisdiccional competente, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa, en lo que afecte a la Consejería.

Quinto. Delegación en la persona titular de la Secretaría General Técnica del Instituto Murciano de Acción Social.

Se delegan en la persona titular de la Secretaría General Técnica la competencia para la remisión del correspondiente expediente administrativo, previo requerimiento del órgano jurisdiccional competente, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa, en lo que afecte al Organismo Autónomo.

Sexto. Sustitución.

En los casos de ausencia, vacante o enfermedad, el ejercicio de las competencias delegadas previstas en la presente orden serán ejercidas atendiendo el régimen general de suplencias establecido en cada momento en la Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, por la que se designen suplencias temporales para el despacho ordinario de asuntos.

Séptimo. Antefirma.

En la antefirma de los documentos o resoluciones administrativas que se firmen por delegación se hará constar tal circunstancia expresamente, así como la referencia a la presente orden.

Las resoluciones administrativas dictadas por delegación serán notificadas a los interesados en la forma establecida en la normativa vigente.

Octavo. Revocación.

Será revocable en cualquier momento la delegación de competencias a que se refiere la presente orden, sin perjuicio de que la persona titular de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia recabe para sí la resolución sobre las actuaciones concretas que considere conveniente en el ámbito de la delegación en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Noveno. Cantidades.

Las referencias a cantidades en materia de contratación se entenderán IVA excluido.

Décimo. Eficacia.

La presente orden produce efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, dejando sin efectos la Orden de 15 de octubre de 2019, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, por la que se delegan competencias de la titular del departamento en diversos órganos directivos de la Consejería y de su organismo público adscrito y la Orden de 27 de marzo de 2021 de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública por la que se delegan competencias en los titulares de los Órganos Directivos de la citada Consejería, así como la Orden de 28 de julio de 2021 de la misma Consejería por la que se modifica la precitada Orden de delegación de competencias.

Murcia, a 2 de junio de 2022. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco Sánchez.

Orden de 3 de junio de 2022, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, por la que se designan suplencias temporales para despacho ordinario de asuntos por vacante, ausencia o enfermedad de sus Órganos Directivos (SIN EFECTOS)

BORM número 131 de 8 de junio de 2022

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia

Vigencia: desde el 9 de junio de 2022

Referencias

Afecta a:

Orden de fecha 15 de octubre de 2019 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se designan suplencias temporales para despacho ordinario de asuntos por vacante, ausencia o enfermedad de los titulares de sus Órganos Directivos (BORM número 240 de 17 de octubre de 2019):

La deja sin efectos.

Afectada por:

Orden de 26 de enero de 2023, de la Consejera de Política Social, Familias e Igualdad por la que se designan suplencias temporales para despacho ordinario de asuntos por vacante, ausencia o enfermedad de sus Órganos Directivos (BORM número 23 de 30 de enero de 2023):

La deja sin efectos.

Contenido

Por Decreto del Presidente número 11/2022, de 12 de mayo, se ha reorganizado la Administración Regional modificando el número, la denominación y las competencias de algunas de las Consejerías.

Por lo que respecta a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, el Decreto número 71/2022, de 2 de junio, ha concretado el número y denominación de los diferentes órganos directivos que integran este departamento, fijando las competencias esenciales atribuidas a cada uno de ellos.

Por este motivo, con objeto de mejorar los instrumentos de gestión administrativa, resulta aconsejable establecer un régimen de suplencias temporales entre los titulares de dichos órganos, a fin de evitar dilaciones y demoras innecesarias en el despacho ordinario de los asuntos cuya competencia está atribuida a esta Consejería.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 

Dispongo:

Primero.- El régimen de suplencia temporal en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad entre los distintos titulares de los Órganos Directivos de esta Consejería para el despacho ordinario de los asuntos cuya competencia está atribuida a la misma, será el siguiente:

1.º- Las competencias de la persona titular de la Secretaría General serán asumidas por la persona titular de la Dirección General de Familias y Protección de Menores.

2.º- Las competencias de la persona titular de la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género serán asumidas por la persona titular de la Dirección General de Familias y Protección de Menores.

3.º- Las competencias de la persona titular de la Dirección General de Familias y Protección de Menores serán asumidas por la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.

4.º- Las competencias de la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, serán asumidas por la persona titular de la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género.

5.º- Las competencias de la persona titular de la Dirección General de Gobernanza y Participación Ciudadana serán asumidas por la persona titular de la Dirección General de Modernización y Simplificación Administrativa.

6.º- Las competencias de la persona titular de la Dirección General de Modernización y Simplificación Administrativa serán asumidas por la persona titular de la Dirección General de Gobernanza y Participación Ciudadana.

7.º- Las competencias de la Vicesecretaría serán asumidas por la persona titular de la Secretaría General.

6.º- En el supuesto de estar vacante, ausente o por enfermedad de las personas suplentes de cualquiera de las Direcciones Generales de la Consejería, serán asumidas por la persona titular de la Secretaría General.

Segundo. La presente produce efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia quedando sin efectos la Orden de fecha 15 de octubre de 2019 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se designan suplencias temporales para despacho ordinario de asuntos por vacante, ausencia o enfermedad de los titulares de sus Órganos Directivos.

Murcia, 3 de junio de 2022. La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco Sánchez.

Resolución de 12 de enero de 2023 de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género por la que se convocan los “Premios 8 de marzo de la Región de Murcia”

BORM número 19 de 25 de enero de 2023

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia

Vigencia: desde el 26 de enero de 2023

Referencias

Afectada por:

Orden de 9 de febrero de 2017, de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se establecen las bases de los Premios "8 de marzo" de la Región de Murcia, (BORM nº 34 de 11 de febrero de 2017):

Bases de la convocatoria.

Contenido

Mediante Orden de 9 de febrero de 2017, de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se establecen las bases de los Premios “8 de marzo de la Región de Murcia” (BORM de 11 de febrero de 2017).

En la base tercera se establece que la convocatoria de dichos premios se realizará anualmente mediante Resolución del Centro Directivo que ostente las competencias en materia de igualdad. De conformidad con el Decreto número 71/2022, de 2 de junio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia y sus modificaciones posteriores, se atribuye, en su artículo 4, a la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, entre otras competencias, el impulso, seguimiento, evaluación y, en su caso, gestión, seguimiento, evaluación y, en su caso, gestión de políticas especializadas que contribuyan a la incorporación efectiva de la mujer en la vida social, política, económica y cultural de la Región de Murcia, así como la promoción de programas y estructuras que garanticen la igualdad de oportunidades de las mujeres, incluido el fomento de la actividad asociativa, de participación y prestación de servicios específicos desde instituciones públicas y privadas

En cumplimiento de las citadas bases, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto del Presidente número 11/2022, de 12 de mayo, de Reorganización de la Administración Regional, que en su artículo 3, establece que corresponde a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Trasparencia, entre otras materias, el desarrollo y ejecución de las políticas de la mujer, incluidas las destinadas a combatir la violencia contra las mujeres, y de las políticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, sin perjuicio de las que le corresponda a otros departamentos regionales.

Resuelvo:

Primero.- Convocar la edición de los “Premios 8 de marzo” de la Región de Murcia para el año 2023, que se regirá íntegramente por las bases establecidas en la Orden de 9 febrero de 2017 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se establecen las bases de los Premios “8 de marzo” de la Región de Murcia.

Segundo.- La presentación de las candidaturas deberá hacerse en el plazo improrrogable de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BORM.

Tercero.- En las candidaturas se hará constar si se opta por la modalidad a), b), c) y/o d) de la base 1.ª de la mencionada Orden de 9 de febrero de 2017. Las candidaturas deberán contener:

- El formulario “solicitud de presentación” correspondiente al procedimiento 3066, disponible en la página Web http://www.carm.es, debidamente cumplimentado y se adjuntará la documentación que avale la concesión del premio.

- Identificación de la persona o Institución que presenta la candidatura.

- Teléfono, fax y correo electrónico del lugar de trabajo o institución que representa la candidatura.

- Personas allegadas y sus datos de contacto: nombre y apellidos, teléfono, relación con la persona propuesta, etc.

- Nombre y apellidos de la persona o nombre de la Institución candidata, domicilio, teléfonos de contacto, correo electrónico, profesión / ocupación y, en su caso, domicilio laboral, así como un breve resumen del recorrido profesional y personal (máximo 1000 caracteres).

- Actividades destacadas realizadas por la persona candidata a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

- Razones que fundamentarían la concesión del Premio “8 de marzo”.

- Otros: (recortes de prensa, fotografías, escritos, méritos reconocidos etc.).

Cuarto.- La documentación que avala las candidaturas deberá tener una extensión máxima de 4 páginas, con letra “Arial” tamaño 12, con interlineado de 1,5.

Las candidaturas se presentarán a través de la Sede Electrónica Habilitada de la Administración Pública de la CARM, ubicada en la página Web http://www.carm.es en el supuesto de las Entidades Locales; a través de la aplicación Corporativa de Comunicaciones de Régimen Interior, en el supuesto de otras Conserjerías pertenecientes a la CARM; y en el Registro General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, (Avenida de la Fama n.º 3, Murcia) o en cualquiera de los Registros determinados por la normativa vigente, en el caso de personas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas.

Toda la documentación deberá dirigirse a la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género en el formato establecido en la presente resolución. Procedimiento 3066.

Quinto.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia para general conocimiento.

Murcia, de 12 de enero de 2023. La Directora General de Mujer y Diversidad de Género, P.S., la Directora General de Familias y Protección de Menores, (Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, de 3 de junio de 2022, por la que se designan suplencias temporales para despacho ordinario de asuntos por vacante, ausencia o enfermedad de los titulares de sus Órganos Directivos, BORM Número 131, miércoles, 8 de junio de 2022), Silvia Muñoz Hernández.

Estructura orgánica de la Consejería

BORM número 19 de 25 de enero de 2023

Consejo de Gobierno

Vigencia: desde el 25 de enero de 2023

Contenido

El Decreto del Presidente número 2/2023, de 17 de enero, de Reorganización de la Administración Regional, en la redacción dada por el Decreto de la Presidencia número 20/2023, de 20 de enero, por el que se modifica el anterior y publicado en esa misma fecha, establece el número, la denominación y las competencias de las distintas Consejerías, efectuando una nueva distribución competencial entre los Departamentos de la Administración Regional afectados.

En consecuencia, resulta procedente establecer los Órganos Directivos de esta Consejería con el fin de facilitar el desarrollo de los cometidos y competencias que le han sido atribuidas.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.16 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, y 14.1 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a iniciativa de la Consejera de Política Social, Familias e Igualdad, y a propuesta del Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del 23 de enero de 2023,

Dispongo:

Artículo 1

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: asistencia y bienestar social; desarrollo comunitario; promoción, protección y apoyo a la familia e infancia; protección y reforma de menores; políticas de promoción e integración de las personas inmigrantes, de personas con discapacidad, de personas mayores, de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia y en general de protección de personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social, incluida la creación de centros para la atención de los destinatarios de dichas políticas; así como competencias en materia de voluntariado, de gestión de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0.7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Física (IRPF), y de parejas de hecho.

Asimismo, le corresponde el desarrollo y ejecución de las políticas de la mujer, incluidas las destinadas a combatir la violencia contra las mujeres, y de las políticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, sin perjuicio de las que le corresponda a otros departamentos regionales.

Queda adscrito a esta consejería el Organismo Autónomo Instituto Murciano de Acción Social.

Artículo 2

Para el desempeño de las competencias que le corresponde, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad bajo la dirección de su titular, se estructura en los siguientes Órganos Directivos:

1. Secretaría General.

- Vicesecretaría.

2. Dirección General de Mujer y Diversidad de Género.

- Subdirección General de Mujer y Diversidad de Género.

3. Dirección General de Familias y Protección de Menores.

- Subdirección General de Familias y Protección de Menores.

4. Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.

- Subdirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.

Queda adscrito a la La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad el Organismo Autónomo Instituto Murciano de Acción Social, creado por Ley 1/2006, de 10 de abril.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular de algún órgano directivo u organismo público adscrito, el titular de la Consejería determinará el órgano que asume sus funciones, de entre los restantes.

Artículo 3

La Secretaría General ejercerá las funciones que le reconoce el artículo 17 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Publica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Asimismo, le corresponden las competencias relativas al asesoramiento, acreditación e inspección a entidades, centros y servicios sociales y las relativas a la tramitación de expedientes sancionadores incoados por la infracción de la normativa de ayudas públicas y, en general, en materia de servicios sociales.

Por último, le corresponde la elaboración y propuesta de disposiciones de carácter general, la instrucción, tramitación y propuesta de resolución de expedientes de reintegro; la elaboración y tramitación de convenios con otras Administraciones Públicas y con entidades de Servicios Sociales; la cobertura de las actividades de los órganos colegiados consultivos adscritos a la Consejería y de los órganos de participación en el control, vigilancia y seguimiento específico de la gestión de prestaciones vinculadas a la transferencia del Instituto Nacional de Servicios Sociales y de coordinación con el Consejo General del citado Instituto y de cuantos otros órganos en materia de Servicios Sociales se adscriban a la Consejería; así como el apoyo administrativo al Protectorado de las fundaciones de asistencia social que desarrollen principalmente sus actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma, con excepción de aquellas en cuyo órgano de gobierno participen altos cargos de la Comunidad Autónoma.

Artículo 4

La Dirección General de Mujer y Diversidad de Género ejercerá las siguientes competencias: impulso, seguimiento, evaluación y, en su caso, gestión de políticas especializadas que contribuyan a la incorporación efectiva de la mujer en la vida social, política, económica y cultural de la Región de Murcia, así como la promoción de programas y estructuras que garanticen la igualdad de oportunidades de las mujeres, incluido el fomento de la actividad asociativa, de participación y prestación de servicios específicos desde instituciones públicas y privadas y en especial, las medidas relativas a la atención integral, sensibilización y prevención sobre la violencia contra las mujeres.

Asimismo, le corresponde las competencias para la promoción y desarrollo de medidas destinadas a garantizar la igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y en general el desarrollo de políticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Artículo 5

La Dirección General de Familias y Protección de Menores ejercerá las competencias relativas a la promoción, protección y apoyo a las familias e infancia, incluida la dirección en la elaboración de planes, programas y proyectos específicos en estas materias.

Asimismo, ejercerá las funciones que corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como entidad pública competente en protección de menores, y el desarrollo de programas para la preparación a la vida independiente de acuerdo con la legislación vigente, en especial, los dirigidos a jóvenes ex-tutelados, así como la ejecución de las medidas a menores sujetos a responsabilidad penal, incluida la creación de centros para el ejercicio de las funciones aquí recogidas.

Además, le corresponde el ejercicio en la Región de Murcia de las competencias derivadas de la normativa vigente en materia de adopción y de parejas de hecho, y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Artículo 6

La Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector ejercerá las siguientes competencias: impulso, promoción y coordinación de la atención primaria de servicios sociales; la dirección en la elaboración de planes, programas y proyectos generales en materia de servicios sociales; y la coordinación con otros sistemas de protección social para la atención de colectivos en situación de vulnerabilidad social, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros departamentos.

Asimismo, le corresponden el desarrollo de políticas de promoción e integración de las personas inmigrantes, incluida la elaboración, seguimiento y evaluación de Planes y Programas relacionados con Inmigración, así como competencias en materia de voluntariado.

Además, le corresponde la gestión de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0.7% del Impuesto de renta de las personas física (IRPF), así como el fomento de las relaciones con el Tercer Sector de Acción Social en el ámbito de la Región de Murcia, y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Artículo 7

La Vicesecretaría, las Subdirecciones Generales y demás Unidades asimiladas relacionadas en los artículos precedentes ejercerán, en sus respectivos ámbitos de actuación, las competencias recogidas en el artículos 20 y 21, respectivamente, de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Disposiciones transitorias

Primera

Hasta tanto no se apruebe el Decreto por el que se desarrolla la Estructura Orgánica de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, los órganos y unidades administrativas en la misma continuarán desempeñando las funciones que en la actualidad tienen atribuidas por los Decretos correspondientes, en cuanto no se opongan a éste.

Segunda

Continuará sin alteración el régimen orgánico y retributivo del personal que presta dichas funciones, hasta que por los procedimientos reglamentarios se realicen las modificaciones oportunas, tanto de carácter presupuestario como de Relación de Puestos de Trabajo, con independencia del desempeño provisional de las funciones que transitoriamente pudieran atribuírsele.

En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del presente Decreto, se procederá por el Consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital a la aprobación de aquellas modificaciones en los puestos de trabajo que sean consecuencia directa de la reorganización de la Administración Regional realizada por el Decreto del Presidente número 2/2023, de 17 de enero, de Reorganización de la Administración Regional, y por este Decreto, en su caso.

Disposiciones derogatorias

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual e inferior rango relativas a Órganos Directivos se opongan a lo establecido en este Decreto.

Disposiciones finales

Primera

Por el Consejo de Gobierno o por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital, según proceda, se dictarán cuantas disposiciones y actuaciones organizativas y presupuestarias sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Segunda

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 23 de enero de 2023. El Presidente, por sustitución, la Vicepresidenta, Isabel Franco Sánchez. El Secretario del Consejo de Gobierno, Marcos Ortuño Soto.

Decreto número 6/2023, de 23 de enero, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad

BORM número 19 de 25 de enero de 2023

Consejo de Gobierno

Vigencia: desde el 25 de enero de 2023

Contenido

El Decreto del Presidente número 2/2023, de 17 de enero, de Reorganización de la Administración Regional, en la redacción dada por el Decreto de la Presidencia número 20/2023, de 20 de enero, por el que se modifica el anterior y publicado en esa misma fecha, establece el número, la denominación y las competencias de las distintas Consejerías, efectuando una nueva distribución competencial entre los Departamentos de la Administración Regional afectados.

En consecuencia, resulta procedente establecer los Órganos Directivos de esta Consejería con el fin de facilitar el desarrollo de los cometidos y competencias que le han sido atribuidas.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.16 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, y 14.1 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a iniciativa de la Consejera de Política Social, Familias e Igualdad, y a propuesta del Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del 23 de enero de 2023,

Dispongo:

Artículo 1

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: asistencia y bienestar social; desarrollo comunitario; promoción, protección y apoyo a la familia e infancia; protección y reforma de menores; políticas de promoción e integración de las personas inmigrantes, de personas con discapacidad, de personas mayores, de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia y en general de protección de personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social, incluida la creación de centros para la atención de los destinatarios de dichas políticas; así como competencias en materia de voluntariado, de gestión de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0.7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Física (IRPF), y de parejas de hecho.

Asimismo, le corresponde el desarrollo y ejecución de las políticas de la mujer, incluidas las destinadas a combatir la violencia contra las mujeres, y de las políticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, sin perjuicio de las que le corresponda a otros departamentos regionales.

Queda adscrito a esta consejería el Organismo Autónomo Instituto Murciano de Acción Social.

Artículo 2

Para el desempeño de las competencias que le corresponde, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad bajo la dirección de su titular, se estructura en los siguientes Órganos Directivos:

1. Secretaría General.

- Vicesecretaría.

2. Dirección General de Mujer y Diversidad de Género.

- Subdirección General de Mujer y Diversidad de Género.

3. Dirección General de Familias y Protección de Menores.

- Subdirección General de Familias y Protección de Menores.

4. Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.

- Subdirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.

Queda adscrito a la La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad el Organismo Autónomo Instituto Murciano de Acción Social, creado por Ley 1/2006, de 10 de abril.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular de algún órgano directivo u organismo público adscrito, el titular de la Consejería determinará el órgano que asume sus funciones, de entre los restantes.

Artículo 3

La Secretaría General ejercerá las funciones que le reconoce el artículo 17 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Publica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Asimismo, le corresponden las competencias relativas al asesoramiento, acreditación e inspección a entidades, centros y servicios sociales y las relativas a la tramitación de expedientes sancionadores incoados por la infracción de la normativa de ayudas públicas y, en general, en materia de servicios sociales.

Por último, le corresponde la elaboración y propuesta de disposiciones de carácter general, la instrucción, tramitación y propuesta de resolución de expedientes de reintegro; la elaboración y tramitación de convenios con otras Administraciones Públicas y con entidades de Servicios Sociales; la cobertura de las actividades de los órganos colegiados consultivos adscritos a la Consejería y de los órganos de participación en el control, vigilancia y seguimiento específico de la gestión de prestaciones vinculadas a la transferencia del Instituto Nacional de Servicios Sociales y de coordinación con el Consejo General del citado Instituto y de cuantos otros órganos en materia de Servicios Sociales se adscriban a la Consejería; así como el apoyo administrativo al Protectorado de las fundaciones de asistencia social que desarrollen principalmente sus actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma, con excepción de aquellas en cuyo órgano de gobierno participen altos cargos de la Comunidad Autónoma.

Artículo 4

La Dirección General de Mujer y Diversidad de Género ejercerá las siguientes competencias: impulso, seguimiento, evaluación y, en su caso, gestión de políticas especializadas que contribuyan a la incorporación efectiva de la mujer en la vida social, política, económica y cultural de la Región de Murcia, así como la promoción de programas y estructuras que garanticen la igualdad de oportunidades de las mujeres, incluido el fomento de la actividad asociativa, de participación y prestación de servicios específicos desde instituciones públicas y privadas y en especial, las medidas relativas a la atención integral, sensibilización y prevención sobre la violencia contra las mujeres.

Asimismo, le corresponde las competencias para la promoción y desarrollo de medidas destinadas a garantizar la igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y en general el desarrollo de políticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Artículo 5

La Dirección General de Familias y Protección de Menores ejercerá las competencias relativas a la promoción, protección y apoyo a las familias e infancia, incluida la dirección en la elaboración de planes, programas y proyectos específicos en estas materias.

Asimismo, ejercerá las funciones que corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como entidad pública competente en protección de menores, y el desarrollo de programas para la preparación a la vida independiente de acuerdo con la legislación vigente, en especial, los dirigidos a jóvenes ex-tutelados, así como la ejecución de las medidas a menores sujetos a responsabilidad penal, incluida la creación de centros para el ejercicio de las funciones aquí recogidas.

Además, le corresponde el ejercicio en la Región de Murcia de las competencias derivadas de la normativa vigente en materia de adopción y de parejas de hecho, y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Artículo 6

La Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector ejercerá las siguientes competencias: impulso, promoción y coordinación de la atención primaria de servicios sociales; la dirección en la elaboración de planes, programas y proyectos generales en materia de servicios sociales; y la coordinación con otros sistemas de protección social para la atención de colectivos en situación de vulnerabilidad social, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros departamentos.

Asimismo, le corresponden el desarrollo de políticas de promoción e integración de las personas inmigrantes, incluida la elaboración, seguimiento y evaluación de Planes y Programas relacionados con Inmigración, así como competencias en materia de voluntariado.

Además, le corresponde la gestión de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0.7% del Impuesto de renta de las personas física (IRPF), así como el fomento de las relaciones con el Tercer Sector de Acción Social en el ámbito de la Región de Murcia, y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Artículo 7

La Vicesecretaría, las Subdirecciones Generales y demás Unidades asimiladas relacionadas en los artículos precedentes ejercerán, en sus respectivos ámbitos de actuación, las competencias recogidas en el artículos 20 y 21, respectivamente, de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Disposiciones transitorias

Primera

Hasta tanto no se apruebe el Decreto por el que se desarrolla la Estructura Orgánica de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, los órganos y unidades administrativas en la misma continuarán desempeñando las funciones que en la actualidad tienen atribuidas por los Decretos correspondientes, en cuanto no se opongan a éste.

Segunda

Continuará sin alteración el régimen orgánico y retributivo del personal que presta dichas funciones, hasta que por los procedimientos reglamentarios se realicen las modificaciones oportunas, tanto de carácter presupuestario como de Relación de Puestos de Trabajo, con independencia del desempeño provisional de las funciones que transitoriamente pudieran atribuírsele.

En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del presente Decreto, se procederá por el Consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital a la aprobación de aquellas modificaciones en los puestos de trabajo que sean consecuencia directa de la reorganización de la Administración Regional realizada por el Decreto del Presidente número 2/2023, de 17 de enero, de Reorganización de la Administración Regional, y por este Decreto, en su caso.

Disposiciones derogatorias

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual e inferior rango relativas a Órganos Directivos se opongan a lo establecido en este Decreto.

Disposiciones finales

Primera

Por el Consejo de Gobierno o por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital, según proceda, se dictarán cuantas disposiciones y actuaciones organizativas y presupuestarias sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Segunda

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 23 de enero de 2023. El Presidente, por sustitución, la Vicepresidenta, Isabel Franco Sánchez. El Secretario del Consejo de Gobierno, Marcos Ortuño Soto.

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Contrato Programa para 2022 entre la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia y la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, a través del Instituto Murciano de Acción Social

Contenido

Índice:

Contrato Programa para el ejercicio 2022 entre la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, a través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos

Uno. Contratos - Programa.
Dos. Marco

Cláusulas

Primera.- Competencias de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, familias, Política Social y Transparencia, a través del Instituto Murciano de Acción Social, y objeto social de la Fundación en el marco de los objetivos estratégicos de la Región.
Segunda.- Obligaciones de la fundación.
Tercera.- Derechos de la fundación.
Cuarta.- Plan anual de actuación y planificación estratégica.
Quinta.- Financiación.
Sexta.- Reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Séptima.- Publicación del Contrato-Programa, seguimiento y control de cumplimiento de objetivos.

Anexos

Anexo I. Plan anual de actuación y planificación estratégica 2022.
Anexo II. Resumen de costes y financiación por líneas de actuación. Recursos humanos.
Anexo III. Líneas de actuación: Memorias económicas.

TEXTO COMPLETO

La disposición adicional sexta de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, introducida por el art. 7 de la Ley 3/2012, de 24 de mayo, de medidas urgentes para el reequilibrio presupuestario, dispone que anualmente deberá suscribirse un contrato programa entre cada consejería y los entes del sector público que a ella estén adscritos, para determinar los objetivos a alcanzar y los recursos que se ponen a su disposición, con expresión de indicadores que permitan medir su grado de consecución.

A su vez, la disposición adicional trigésima séptima de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio de 2022, establece que durante el año 2022 las entidades dependientes o vinculadas a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, deberán relacionarse con ella a través de la Consejería de la que dependan, mediante la suscripción de un contrato-programa en el que se concreten, entre otros aspectos, los objetivos que se asignen, así como las estrategias y su correspondiente financiación. El control de su cumplimiento corresponderá a la Consejería que lo haya suscrito, sin perjuicio del que pueda ejercer la Consejería de Hacienda.

En el Contrato Programa se indica que, una vez formalizado y suscrito por las partes, será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el Portal de Transparencia de la CARM.

En consecuencia,

Resuelvo:

Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el Contrato Programa para 2022 entre la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia y la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, a través del Instituto Murciano de Acción Social.

Murcia, 27 de diciembre de 2022. La Secretaria General, Raquel Cancela Fernández.

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Contrato Programa para el ejercicio 2022 entre la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, a través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos

Partes intervinientes

De una parte, en representación de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, doña Isabel Franco Sánchez y del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el Director Gerente, don Raúl Nortes Ortín, como titular del Organismo Autónomo al que está adscrito la Fundación y al que le corresponde el seguimiento y control directo del ente y de los indicadores de cumplimiento de los objetivos.

De otra parte, en representación de la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, el Director Técnico, don Mariano Olmo García, autorizado por el Patronato de la Fundación para suscribir este contrato programa en reunión celebrada el día 24 de junio de 2022.

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Manifiestan

Uno. Contratos - Programa.

La Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos es una entidad de carácter público sin ánimo de lucro, constituida por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2002, como Fundación de carácter social, y con número 74 de inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Los Contratos Programa constituyen el instrumento adecuado de relación entre los entes creados por la Administración para cumplir, de forma eficiente, con unos objetivos acordes con su objeto social y los órganos (Consejerías) que tienen atribuido el control de aquéllos y el seguimiento del cumplimiento de esos objetivos.

El Contrato Programa de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, a través del IMAS, con la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, tiene como misión hacer efectivos los objetivos que, en materia de ejercicio de medidas de apoyo a la personas con discapacidad, fundamentalmente la curatela con funciones representativas, se atribuye por la Autoridad Judicial a la Comunidad Autónoma de Murcia.

Su estructura y composición reflejan las áreas operativas, líneas estratégicas y objetivos prioritarios identificados por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, través del IMAS, estableciéndose también los plazos para alcanzar estos últimos y los indicadores para su evaluación.

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Dos. Marco

La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la CARM, modificada por la Ley 3/2012, de 24 de mayo, de medidas urgentes para el reequilibrio presupuestario, establece en su Disposición Adicional Sexta (Medidas de control de los entes instrumentales), apartado 2 (Contrato Programa), que anualmente, deberá suscribirse un contrato programa entre cada Consejería y los entes del sector público que a ella estén adscritos, para determinar los:

• Objetivos a alcanzar

• Los recursos que se ponen a su disposición, y

• Los Indicadores que permitan medir su grado de consecución.

La Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional, en su artículo 14, atribuye a la Consejería competente en materia de hacienda la facultad de dictar instrucciones de obligado cumplimiento, con carácter particular o general, para los entes a los que resultan de aplicación lo previsto en el Título III de la ley, en las materias objeto de su competencia, y en particular sobre los contratos programa a suscribir con la Consejería a la que estén adscritos.

La Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022, en su Disposición Adicional 37.ª establece que durante el año 2022 las entidades dependientes o vinculadas a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deberán relacionarse con ella, a través de la Consejería de la que dependan, mediante la suscripción de un contrato programa en el que se concreten, entre otros aspectos, los objetivos que se asignen, así como las estrategias y su correspondiente financiación. El control de su cumplimiento corresponderá a la Consejería que lo haya suscrito, sin perjuicio del que pueda ejercer la Consejería de Hacienda.

Ambas partes acuerdan firmar el presente contrato programa así como el Plan Anual de Actuación y Planificación Estratégica 2022, de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.- Competencias de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, familias, Política Social y Transparencia, a través del Instituto Murciano de Acción Social, y objeto social de la Fundación en el marco de los objetivos estratégicos de la Región.

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: asistencia y bienestar social; desarrollo comunitario; promoción, protección y apoyo a la familia e infancia; protección y reforma de menores; políticas de promoción e integración de las personas inmigrantes, de personas con discapacidad, de personas mayores, de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia y en general de protección de personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social, incluida la creación de centros para la atención de los destinatarios de dichas políticas; así como competencias en materia de voluntariado, de gestión de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0.7% del Impuesto de renta de las personas física (IRPF), y de parejas de hecho. (Decreto de la Presidencia n.º 44/2019, de 3 de septiembre, por el que modifica el Decreto n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional.)

El Instituto Murciano de Acción Social, creado por la Ley 1/2006 de 10 de abril, se constituye con la finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, siendo sus áreas de actuación las siguientes:

a. Personas mayores.

b. Personas con discapacidad.

c. Personas con enfermedad mental crónica.

d. Personas en situación o riesgo de exclusión social.

e. Cualquier otro colectivo necesitado de protección social que reglamentariamente se determine, cuando razones justificadas así lo aconsejen y los colectivos que se incluyan se encuentren entre los que el artículo 10 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, configura como servicios sociales especializados.

Los fines de la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, que están recogidos en el artículo 6 de sus Estatutos, son los siguientes:

1.º- El ejercicio inexcusable de la tutela y curatela de las personas mayores de edad incapacitadas legalmente, residentes en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los términos fijados por el Código Civil, cuando así lo determine la Autoridad Judicial competente.

2.º- La asunción, en su caso, de la defensa judicial de los residentes en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mayores de edad sobre los que se haya iniciado un proceso de incapacitación, así como el ejercicio de cuantas funciones determine la Autoridad Judicial en medidas provisionales de defensa y protección personal y patrimonial de presuntos incapaces en situación de desamparo.

3.º- El fomento y realización de acciones encaminadas a la integración y normalización de los tutelados por la Fundación, facilitando recursos sociales, la atención personal del incapacitado, su cuidado, rehabilitación o recuperación y el afecto necesario.

4.º- La administración de los bienes del tutelado, actuando en su beneficio, bajo los principios de prudencia, conservación y mejora de aquellos, con arreglo a las precisiones contenidas en el Código Civil al respecto.

5.º- La información, orientación, asesoramiento y asistencia a padres, familiares y otros tutores.

El 3 de septiembre de 2021 ha entrado en vigor la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

A partir de la entrada en vigor de dicha Ley desaparece la tutela como institución de apoyo a las personas con discapacidad siendo las anteriores tutelas ejercidas en forma de curatela representativa.

Mientras no sean reformados los estatutos de la Fundación y se adapte también el nombre de la entidad a la nueva regulación legal, toda referencia a la tutela o personas tuteladas se entiende referida a cargos nombrados antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

La Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos está adscrita a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, a través del Instituto Murciano de Acción Social.

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Segunda.- Obligaciones de la Fundación.

Son obligaciones de la Fundación las siguientes:

a. El conocimiento técnico, económico y de coyuntura del sector de mercado en el que se inserte la actividad o servicio de la Fundación en cada momento.

b. Disponer de los informes y estudios técnicos, jurídicos y económicos que avalen suficientemente la forma en que se ejecutarán los Planes de Actuación y Planificación estratégica (PAAPE).

c. Asegurarse, comprometer y reservar la financiación necesaria, de carácter limitativo, para ejecutar los PAAPE correspondientes, suspendiendo la ejecución de los proyectos en curso cuando la previsión de financiación se vea interrumpida, suspendida o reducida o los costes excedan de los inicialmente calculados.

d. Llevar a cabo todas las actuaciones formales y materiales que se requieran para la adquisición de bienes, recursos y servicios necesarios para la ejecución de los PAAPE, con estricta sujeción a la normativa aplicable en materia de contratación y en particular conforme a los principios de publicidad y concurrencia.

e. Establecer en los procesos de licitación y adquisición de bienes y servicios, las advertencias y los mecanismos provisionales que, siendo compatibles con la normativa de contratación, permitan la suspensión justificada y sin indemnización de los contratos en curso conforme al procedimiento jurídico contractual de aplicación, con la finalidad de prever y anticiparse a todas las contingencias y circunstancias que pudieran devenir y de las que pudieran derivarse perjuicios para la Fundación o para la Consejería. Detallar exhaustivamente todos los supuestos y contingencias que puedan presentarse y que sean causa de suspensión o resolución contractual sin derecho a indemnización.

f. En todos los contratos que se celebren por la Fundación, se incluirán cláusulas de penalización económica para los supuestos de incumplimiento de contratos por parte de los proveedores, en especial, por retrasos injustificados en los plazos de ejecución, por sobrecostes no contemplados en el contrato, defectos de calidad de los bienes, obras de los materiales o servicios adquiridos.

g. Junto con el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación en materia de contratos, se exigirá que junto con los pliegos de condiciones, exista en todo caso un informe económico de valoración justificativa del coste, a precios de mercado, en el que se sustente el presupuesto de licitación y que deberá formar parte en todo caso del expediente de contratación.

h. En todos los pliegos de condiciones de los contratos de prestación de servicios que, conforme al Convenio Colectivo de aplicación, conlleven necesariamente la subrogación total o parcial por el contratista adjudicatario del personal adscrito a la empresa contratista saliente, se incluirán necesariamente cláusulas por las que se prohíbe el aumento de plantilla adscrita al contrato, excepto si hay modificaciones que lo justifican. El número de horas totales/año, por categorías, del personal adscrito al contrato, a su término, no podrá ser superior al que se hubiese fijado a su inicio.

i. En los contratos de servicios se incluirá un seguimiento técnico sobre su ejecución, basado en reuniones periódicas entre la Fundación y la empresa contratada, que aportará informes verificables de realización efectiva del trabajo encargado.

j. Los pliegos de prescripciones que realice la Fundación se atendrán a las normas de contratación pública aplicables. En particular, las de concurrencia y publicidad, mediante la publicación en su web de las instrucciones de contratación de los contratos superiores a 50.000 euros (licitaciones, pliegos y adjudicaciones).

k. Con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes de la Ley 14/2012 de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional, la Fundación aprobará los criterios de contratación del personal del ente, sometiéndolos a los requisitos legalmente establecidos. La oferta de empleo público se hará previo informe preceptivo y vinculante del Centro Directivo competente en materia de función pública de la Comunidad Autónoma. Las convocatorias públicas se harán asegurando los principios de publicidad y concurrencia de los interesados. La contratación de personal que ocupe puestos de carácter directivo se regirá por lo dispuesto en el artículo 23 de esta Ley. Los contratos deberán remitirse con carácter previo a su formalización a la Dirección General competente en materia de función pública, que emitirá un informe preceptivo y vinculante sobre los mismos, aportando para ello una memoria económica y justificativa de la contratación.

l. Hacer el seguimiento de los objetivos de los Planes Anuales de Actuación y Planificación Estratégica, elaborar de forma veraz y fidedigna los indicadores de ejecución de objetivos y facilitarlos a la Consejería de adscripción o a la competente en la materia.

m. Cumplir diligentemente y en el menor plazo posible, las peticiones de información y/o documentación que se reciban de la Consejería de adscripción o de la Consejería competente en materia de hacienda o función pública.

n. Actuar con total transparencia en sus relaciones con todos y con la Consejería de adscripción, facilitando sin reservas la totalidad de la documentación, información, datos, estadísticas, cuentas y cuantos datos y documentos le sean requeridos.

o. Desarrollar e implantar una página web corporativa del ente, en la que se publiquen, además de los Contratos Programa, Instrucciones de Contratación, convocatorias de selección de personal de cualquier categoría y modalidad, así como las adjudicaciones de contratos, memorias y cuentas anuales y todas las actuaciones realizadas por el ente en el marco de su contrato programa. Esta web podrá estar integrada en la corporativa de la Consejería de adscripción.

Las obligaciones del Ente, recíprocamente constituyen el marco de derechos de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia y del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

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Tercera.- Derechos de la Fundación.

La Fundación ostenta frente a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, por medio del IMAS, los siguientes derechos para facilitar la ejecución de su objeto social:

a. Disponer de un interlocutor institucional en el IMAS, habilitado para ello, y que represente un cauce abierto y permanente de consulta y aclaraciones sobre el modo de ejecutar el Contrato Programa y el Plan Anual de Actuación y Planificación Estratégica de la Fundación.

b. A recibir del IMAS, en los plazos y bajo el calendario que se pueda establecer, los fondos económicos presupuestados y comprometidos para atender el cumplimiento en plazo, de las obligaciones económicas derivadas del CP y de los del ente.

c. A ser informado y conocer las directrices fijadas por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia y/o del IMAS con antelación suficiente para llevarlas a cabo o incluirlas en el contrato programa correspondiente.

d. A ser asistido, informado y asesorado por los servicios técnicos, jurídicos, económicos e informáticos del IMAS en todos los proyectos en los que el ente solicite su asistencia.

e. A tener acceso a los sistemas informáticos de soporte corporativo de la Consejería y/o del IMAS, al correo corporativo y a los sistemas y planes de formación de los empleados de la Consejería.

Los derechos del ente constituyen el marco de obligaciones de la Consejería y del Organismo Autónomo de adscripción.

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Cuarta.- Plan Anual de Actuación y Planificación Estratégica.

La Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos tiene como principal función el ejercicio de los cargos tutelares otorgados por los Juzgados y la defensa judicial de personas con discapacidad necesitadas de apoyo, por carecer de persona idónea para ejercerla o por existir conflicto de intereses con sus familiares.

El Plan Anual de Actuación y Planificación Estratégica es el instrumento guía de la actividad operativa cotidiana de la Fundación. Este Plan se recoge en el Anexo I.

El objeto fundamental de la Fundación es el ejercicio de las funciones tutelares (medidas de apoyo con la actual normativa) judicialmente encomendadas.

Actualmente la Entidad tiene los siguientes cargos:

- Tutelas: 564 personas

- Curatelas representativas: 1 persona

- Curatelas: 75 personas

- Curatelas provisionales: 3 personas

- Tutelas de bienes: 4 personas

- Tutelas de la persona: 1 persona

- Administración provisional: 5 personas

- Defensas judiciales: 239 personas

- Total: 892 cargos tutelares de los que 239 son defensas judiciales

Estos cargos tutelares, con exclusión de las defensas judiciales se encuentran repartidos de la siguiente manera:

- Residencias: 512 personas

- Domicilios: 131 personas

- Familias acogedoras: 10 personas

En consecuencia, podemos distinguir dos Áreas Operativas, que se denominan de la siguiente manera:

- Ejercicio de medidas judiciales de apoyo impuestas por los Juzgados (Cód. A01).

- Ejercicio de defensas judiciales (Cód. A02).

Las líneas de actuación de la Fundación para cada Área operativa son las siguientes:

A01: Ejercicio de medidas judiciales de apoyo impuestas por los Juzgados

- Línea de Actuación L01. Residencias

- Línea de Actuación L02. Domicilios

- Línea de Actuación L03. Familias acogedoras

A02: Ejercicio de defensas judiciales

- Línea de Actuación L01. Procedimientos judiciales de provisión de medidas de apoyo.

- Línea de Actuación L02. Otros procedimientos en los que se designe defensor judicial a la Fundación.

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Quinta.- Financiación.

Se incluye como Anexo II el Cuadro Resumen de costes y financiación de las Líneas de Actuación incluidas en el Plan Anual de Actuación y Planificación Estratégica según la estructura económica de gastos e ingresos del presupuesto 2022 de la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos.

Por todo lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Contrato Programa 2022, como herramienta que ha de guiar la actuación y la gestión de los responsables de la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos y del conjunto de profesionales de la organización, y que se dirige hacia la consecución de una serie de prioridades definidas y objetivos del Organismo.

Los logros alcanzados se evaluarán en función de los indicadores de seguimiento establecidos al efecto.

Y para todo ello se asignan los recursos correspondientes con el PAIF de la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos para el año 2022.

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Sexta.- Reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

A la vista de la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad operada por la Ley 8/2022 que ha entrado en vigor el día 3 de septiembre de 2022, todas las referencias recogidas en el contrato programa a personas incapacitadas o sujetas a tutela se entenderán sustituidas por personas con discapacidad con necesidad de apoyos y personas sujetas a curatela, al haber desaparecido de la legislación la incapacitación judicial y la tutela para personas mayores de edad.

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Séptima.- Publicación del Contrato-Programa, seguimiento y control de cumplimiento de objetivos.

Una vez suscrito por las partes, el Contrato-programa será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, así como en el Portal de la Transparencia.

Anualmente la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos elaborará un informe de seguimiento del presente Contrato-Programa, en el que se determinarán los indicadores de ejecución y se analizarán las causas y circunstancias más relevantes del resultado.

El informe se remitirá a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, sin perjuicio del control que pueda hacer la Consejería de Presidencia y Hacienda.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto ambas partes firman el presente Contrato Programa para 2022, extendiéndose a lo largo de 20 folios, rubricando mediante firma electrónica el documento completo en la fecha 22 de diciembre de 2022?, haciéndose constar que por parte de la Consejería firmante se procederá al registro y publicación en el BORM del presente Contrato Programa.

La Consejera de Mujer, Igualdad, Familias, Política Social y Transparencia LGTBI, Isabel Franco Sánchez. El Director Gerente del IMAS, Raúl Nortes Ortín. El Director Técnico de la Fundación, Mariano Olmo García.

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Decreto número 10/2018, de 14 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia en los servicios sociales especializados en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad

BORM número 49 de 28 de febrero de 2018

Consejo de Gobierno

Vigencia: desde el 28 de junio de 2018

Referencias

Afectado por:

Ley 5/2021, de 22 de noviembre, de incremento del importe de las plazas en los conciertos sociales del sector de personas con discapacidad (BORM número 273 de 25 de noviembre de 2021):

Se incrementa el importe de las plazas.

Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región de Murcia, (BORM número 5 de 8 de enero de 2022):

Se modifica el artículo 2 y se añade una nueva Disposición adicional única.

Resolución del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se determina el importe de las plazas concertadas al amparo del Decreto 10/2018, de 14 de febrero, una vez aplicado el incremento previsto en la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2022, (BORM número 29 de 5 de febrero de 2022):

Se incrementa el importe de las plazas.

Resolución del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se determina el importe de las plazas concertadas al amparo del Decreto 10/2018, de 14 de febrero, una vez aplicados los incrementos previstos en la Ley 11/2022, de 19 de diciembre, de incremento del importe del precio de las plazas en los conciertos sociales y en los convenios de los servicios de atención residencial y de centro de día para personas mayores y en la Ley 12/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2023, (BORM número 12 de 17 de enero de 2023):

Se incrementa el importe de las plazas.

Contenido

Índice:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2.- Objeto de los conciertos sociales.
Artículo 3.- Principios básicos del concierto social.
Artículo 4.- Requisitos de las Entidades y medios de acreditación.
Artículo 5.- Prohibiciones para concertar.
Artículo 6.- Proyecto Técnico de Centro y/o Servicio.
Artículo 7.- Procedimiento para la declaración de entidad apta para suscribir conciertos sociales.
Artículo 8.- Criterios de asignación de plazas a concertar.
Artículo 9.- Tramitación previa a la formalización del concierto social.
Artículo 10.- Importe de las plazas y su pago en el ámbito de la Administración Pública Regional.
Artículo 11.- Financiación.
Artículo 12.- Participación de los usuarios en el coste de las plazas objeto de concierto social.
Artículo 13.- Formalización de los conciertos sociales.
Artículo 14.- Órganos competentes para la formalización del concierto social.
Artículo 15.- Obligaciones de la Entidad Concertada.
Artículo 16.- Obligaciones de la Administración Concertante.
Artículo 17.- Duración de los conciertos sociales.
Artículo 18.- Revisión, modificación y extinción de los conciertos sociales.
Artículo 19.- Naturaleza y jurisdicción competente.
Artículo 20.- Incompatibilidad para percibir subvenciones.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Disposición adicional única.

TEXTO COMPLETO

El artículo 148.1.20 de la Constitución Española establece que “Las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en materia de asistencia social”.

En virtud de dicho precepto, la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia en su artículo 10. Uno, apartado 18, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de Asistencia y Bienestar Social. Desarrollo Comunitario. Política Infantil y de la Tercera Edad. Instituciones de Protección y tutela de menores, respetando en todo caso, la legislación civil, penal y penitenciaria. Promoción e integración de los discapacitados, emigrantes y demás grupos sociales necesitados de especial protección incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación”.

Por último, en desarrollo de dichas previsiones, se dictó la Ley 3/2003, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, cuyo Título IV regula la llamada Iniciativa en la Prestación de Servicios Sociales (artículos 25 y 26). Más en concreto, su artículo 25 dispone que “se reconoce el derecho de la iniciativa privada a participar en la prestación de servicios sociales con sujeción al régimen de registro, autorización e inspección establecido en esta Ley y demás legislación que resulte de aplicación”.

La Ley 3/2003 ha sido modificada por la Ley 16/2015, de 9 de noviembre, incluyéndose un nuevo artículo 7 bis que recoge las formas de organización de la gestión de los servicios Sociales. Así, dispone que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán organizar la prestación de los servicios sociales a través de las siguientes fórmulas:

a) Gestión directa,

b) Gestión indirecta en el marco general de la normativa de contratación del sector público,

c) Mediante conciertos sociales con entidades privadas con o sin ánimo de lucro, teniendo preferencia las declaradas de interés asistencial según lo establecido en el artículo 7.

d) Y mediante convenios con entidades de iniciativa social, entendiendo como tales, las fundaciones, asociaciones, cooperativas, organizaciones de voluntariado y demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro que realizan actividades de servicios sociales, siempre que sobre dichas entidades no ostente el dominio efectivo una entidad mercantil que opere con ánimo de lucro”.

De este modo, se reconoce además de la gestión directa e indirecta como formas tradicionales de organización de la gestión de los servicios sociales, el régimen de concertación social y el de convenios. Dicho reconocimiento está en consonancia con el principio de participación recogido en su artículo 5 según el cual, los poderes públicos deberán promover la participación de los usuarios, de las entidades y de los ciudadanos en general en la planificación y gestión de los servicios sociales en los términos recogidos en la citada ley.

Así pues, como principio que ha de regir el sistema de servicios sociales se encuentra el de participación, que ha de ser promovida y garantizada por los poderes públicos a todos los niveles, es decir, participación de los ciudadanos y de las entidades de iniciativa social y tanto en la planificación como en la gestión de los servicios sociales.

Para garantizar esa participación la Ley de Servicios Sociales establece la posibilidad de que se establezca conciertos sociales. Así, su artículo 25 tras reconocer en su apartado 1 el derecho de la iniciativa privada a participar en la prestación de servicios sociales establece en su apartado 2 que “las administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos, convenios u otras fórmulas de cooperación para la prestación de servicios sociales con cualquier entidad prestadora de los mismos recogida en la presente ley, de acuerdo con la planificación general de servicios sociales”.

Por su parte, el artículo 25 bis relativo al Régimen de concertación establece que “las Administraciones Públicas podrán encomendar la prestación de los servicios sociales de su competencia mediante el sistema de concierto social con entidades privadas con los requisitos que se establezcan en la normativa por la que se desarrolle con pleno respecto a los principios de publicidad, transparencia y no discriminación.

Su apartado 2 establece que “a los efectos de esta ley, se entiende por régimen de concertación la prestación de servicios sociales públicos a través de terceros, cuya financiación, acceso y control sean públicos”.

Además se aclara que el régimen de concierto social a que se refiere esta ley es un modo de organización de la gestión de los servicios sociales diferenciado de la modalidad contractual del concierto regulado en la normativa de contratación del sector público.

En definitiva, se está posibilitando que las Administraciones Públicas con competencia en la materia puedan encomendar de manera subsidiaria y complementaria a otras entidades la prestación de los servicios incluidos en el catálogo de servicios sociales mediante un régimen de concertación.

Además cabe decir que de acuerdo con su artículo 22, le corresponde a la consejería responsable en materia de servicios sociales “la gestión de los conciertos de prestación de servicios y la de los centros que correspondan a la Administración Regional”.

Por último, el apartado 4 del artículo 25 bis establece que “por Decreto de Consejo de Gobierno se desarrollará el régimen jurídico aplicable a los conciertos sociales”.

En conclusión, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en virtud de sus competencias exclusivas en materia de servicios sociales, le corresponde la configuración del sistema propio de servicios sociales y por tanto, de las formas de organización de la gestión de los citados servicios. En dicha gestión, de acuerdo con su artículo 7 bis en relación con su artículo 5, se ha de dar participación a las entidades con o sin ánimo de lucro, mediante el sistema de concertación social, teniendo preferencia las declaradas de interés asistencial, siendo necesario establecer su régimen jurídico aplicable. A tal fin y en desarrollo de la Ley 3/2003, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, se aprueba el presente Decreto.

En el procedimiento de elaboración de esta disposición han sido oídos el Consejo Asesor Regional de Personas Mayores, de Personas con Discapacidad y el Consejo Regional de Servicios Sociales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 95/2004, de 24 de septiembre, por el que se crean y regulan los consejos asesores regionales de carácter sectorial de servicios sociales, artículo 3 del Decreto 37/1987, de 28 de mayo, por el que se regula el Consejo Regional de Servicios Sociales y apartados 2 y 3 del artículo 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

Este Decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 32.1 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, artículos 21.1, 22.12 y 52.1 de la citada Ley 6/2004, artículos 7 bis y artículos 25 y siguientes de la Ley 3/2003, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, y consta de 20 artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición final única.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, de acuerdo con el Consejo Jurídico, tras la deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno, en sesión de 14 de febrero de 2018

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Dispongo:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente Decreto tiene por objeto desarrollar el régimen jurídico aplicable a los conciertos sociales en el ámbito de los servicios sociales especializados en los sectores de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, en el marco de la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

2. A estos efectos, se entiende por régimen de concertación, referido al concierto social, la prestación de servicios sociales públicos a través de terceros, cuya financiación, acceso y control sean públicos.

3. El régimen de concierto referido al concierto social previsto en este Decreto es un modo de organización de la gestión de servicios sociales diferenciado de la modalidad contractual del concierto regulado en la normativa de contratación del sector público.

4. El presente Decreto se aplicará a los Servicios Sociales especializados en los sectores de Personas Mayores y Personas con Discapacidad que presten la Administración Regional y las entidades locales de la Región de Murcia, así como las entidades privadas, físicas o jurídicas, que colaboren en las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales en el territorio de esta Comunidad Autónoma a través de la figura del concierto social, todo ello sin perjuicio de las competencias reconocidas a las entidades locales de la Región de Murcia en materia de Servicios Sociales.

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Artículo 2.- Objeto de los conciertos sociales.

1. Podrán ser objeto de concierto social en el ámbito de los servicios sociales especializados en los sectores de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, la reserva y ocupación de plazas y la prestación de servicios para su uso exclusivo por las personas usuarias de los servicios sociales de responsabilidad pública especializados en Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

2. El acceso a las plazas y servicios será en todo caso autorizado por las administraciones públicas competentes mediante los criterios previstos para ello en su normativa de aplicación.

A los efectos de este artículo, se han de entender incluidos los centros y servicios para las personas usuarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, así como los servicios de atención temprana.

(Artículo modificado por la Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región de Murcia, en su Disposición final cuarta)

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Artículo 3.- Principios básicos del concierto social.

1. Las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales especializados en Personas Mayores o en Personas con Discapacidad podrá encomendar la prestación de los servicios sociales de su competencia mediante el sistema de concierto social con pleno respeto a los principios recogidos en la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, así como a los siguientes:

a) publicidad,

b) transparencia y no discriminación,

c) utilización racional y eficiente de los recursos públicos,

d) control de la gestión de los servicios concertados,

e) cooperación,

f) servicio efectivo a la ciudadanía.

2. Las entidades privadas que intervengan en la reserva y ocupación de plazas actuarán con pleno respeto de los principios de igualdad y equidad, de atención personalizada e integral y continuidad de la atención y de calidad de la atención.

3. Asimismo, tanto las Administraciones Públicas como las entidades privadas concertadas deberán garantizar el respeto de los principios inspiradores del Sistema Público de Servicios Sociales recogidos en el artículo 5 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

4. Además, las Administraciones Públicas competentes habrán de tener en cuenta las especificidades y heterogeneidad de la demanda de las personas destinatarias de prestaciones del Catálogo de Servicios Sociales y del Catálogo de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en función de las necesidades específicas de apoyo que presentan, como criterio básico en la aplicación del régimen de concierto social.

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Artículo 4.- Requisitos de las Entidades y medios de acreditación.

1. Podrán suscribir conciertos sociales con las Administraciones Públicas de la Región de Murcia competentes en materia de servicios sociales especializados en Personas Mayores o en Personas con Discapacidad, todas las personas físicas o jurídicas de carácter privado, con o sin ánimo de lucro, que lo soliciten, realicen las prestaciones objeto de concierto social y cumplan con los requisitos establecidos en el siguiente párrafo.

2. Para poder suscribir conciertos sociales las entidades solicitantes deberán reunir necesariamente los siguientes requisitos:

a) Haber obtenido la oportuna autorización administrativa o, en su caso, acreditación, para la prestación objeto de concierto social, de acuerdo con la normativa vigente en materia de servicios sociales.

b) Estar inscritas en el correspondiente Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.

Dichos requisitos se comprobarán de oficio por el órgano competente para la formalización del concierto social.

c) Disponer de los medios materiales y profesionales adecuados y suficientes para la prestación objeto de concierto social en las condiciones establecidas en el acuerdo de formalización y de acuerdo con la normativa que sea aplicable.

Para la acreditación de los medios técnicos y profesionales, la entidad solicitante deberá presentar un proyecto técnico del centro y/o servicio con el contenido que se establece en el artículo 6.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Se considerará que se encuentran al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.

e) Cumplir con cualquier otra normativa que, con carácter general o específico, les sea de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por el tipo de plaza objeto de concierto social.

La acreditación de este requisito se realizará mediante la presentación de declaración responsable que recoja ese extremo.

3.- La presentación de la solicitud de concierto social conllevará la autorización del solicitante para que el órgano correspondiente compruebe a través de certificados telemáticos el cumplimiento de los requisitos acreditados por el solicitante mediante declaración responsable. Si el solicitante no otorgare dicha autorización, deberá aportar la correspondiente certificación acreditativa de los requisitos necesarios para poder concertar.

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Artículo 5.- Prohibiciones para concertar.

1. No podrán concertar las Entidades que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Haber sido sancionadas en los últimos cuatro años, en virtud de resolución firme, por la comisión de infracciones graves o muy graves de las tipificadas en la normativa sobre servicios sociales.

b) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraudes, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.

La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquéllas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado.

c) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; por infracción muy grave en materia medioambiental, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto.

d) Haberse resuelto un concierto o un contrato de idéntica naturaleza con el mismo titular, por haber incurrido en alguna de las causas de resolución imputable al solicitante establecidas en dicho concierto o contrato.

e) Haber solicitado la declaración de concurso, o haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento o ser declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la legislación en materia concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

f) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

g) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

h) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Se considerará que se encuentran al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.

i) En el caso de Entidades de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

j) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Las prohibiciones recogidas en el párrafo anterior afectarán también a aquellas entidades de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras entidades en las que hubiesen concurrido aquéllas.

3. La acreditación de los requisitos contenidos en este artículo se realizará mediante la presentación de declaración responsable de no encontrarse en ninguna causa de prohibición.

4. Las prohibiciones relativas a las circunstancias contenidas en las letras e), f), g), h) e i) del apartado 1 de este artículo, se apreciarán directamente por la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, subsistiendo las prohibiciones mientras concurran las circunstancias que en cada caso las determinan.

5. Las prohibiciones relativas a las circunstancias contenidas en las letras a), b), c), y j) del apartado 1 de este artículo se apreciarán directamente por la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, cuando la sentencia o la resolución administrativa se hubiera pronunciado expresamente sobre su alcance y duración, subsistiendo durante el plazo señalado en las mismas.

En el caso de que la sentencia o la resolución administrativa no contengan pronunciamiento sobre el alcance o duración de la prohibición, así como en los casos de la letra d) del apartado 1 de este artículo, el alcance y duración de la prohibición deberá determinarse por la Consejería competente en materia de Servicios Sociales mediante procedimiento instruido al efecto, sin que la duración de la prohibición pueda exceder de cinco años desde la fecha de la condena por sentencia firme o de tres años en los casos de sanción impuesta por resolución administrativa firme. No podrá iniciarse este procedimiento una vez transcurrido el plazo previsto para la prescripción de la correspondiente pena o sanción administrativa, o si hubiesen transcurrido más de tres meses desde la resolución del concierto o contrato.

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Artículo 6.- Proyecto Técnico de Centro y/o Servicio.

1.- El Proyecto Técnico al que se refiere el artículo 4.2 c) tendrá como mínimo, el siguiente contenido:

a) Descripción de las distintas dependencias de que consta el Centro en las que se vaya a realizar las prestaciones y desarrollar las actividades complementarias que se concierten.

Además, deberán acreditar la titularidad del centro o su disponibilidad por cualquier título jurídico válido, incluido el arrendamiento o cesión, por un período no inferior a la vigencia del concierto social. Este extremo deberá acreditarse antes de la formalización del acuerdo de concierto social.

b) Tipología y número total de plazas con que cuenta el Centro.

c) Descripción de medios materiales y el equipamiento que disponen para la prestación objeto de concierto social.

d) Organigrama del Centro con descripción de las funciones y plantilla de personal con que cuenta, con indicación de los títulos académicos y documentos acreditativos de la experiencia profesional previa, contratos de trabajo y tiempo de antigüedad en la entidad. Una vez formalizado el acuerdo deberá aportase copia de los contratos de trabajo de los profesionales.

e) Descripción de los distintos servicios que la plaza objeto de concierto social conlleva, tanto esenciales como complementarios

f) Programas de intervención correspondientes.

g) Reglamento Interno de Centro.

h) Cualquier otro extremo que sea necesario acreditar para la adecuada prestación objeto de concierto social.

2.- No obstante, si la documentación recogida en el apartado anterior ya obrase en poder de las Administraciones Públicas o hubiese sido elaborada por ellas, la entidad interesada no habrá de aportarlos de acuerdo con el artículo 53.1.d) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo.

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Artículo 7.- Procedimiento para la declaración de entidad apta para suscribir conciertos sociales.

1. Las entidades interesadas en la concertación de plazas en las condiciones establecidas por el presente Decreto, podrán presentar, en cualquier momento, la oportuna solicitud ante la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, con indicación de la tipología y número total de plazas con que cuenta el Centro.

Las solicitudes deberán presentarse de acuerdo con lo previsto en las leyes reguladoras del Procedimiento Administrativo Común y del Régimen Jurídico del Sector Público. La presentación de las solicitudes y del resto de documentación del procedimiento de forma telemática, se podrá realizar a través de un formulario electrónico específico que estará disponible en la Sede electrónica de la Administración regional.

2 Una vez instruido el correspondiente expediente, y acreditado el cumplimiento de los requisitos, se dictará Orden de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, por la que se declarará la condición de entidades aptas para la concertación social.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de tres meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin dictarse y notificarse resolución alguna el interesado podrá entender estimada su solicitud por silencio administrativo.

4. La Orden declarando o no la aptitud para suscribir conciertos sociales pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

5. La declaración de entidad apta para el concierto social, quedará inscritas como anotación en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, dependiente de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales.

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Artículo 8.- Criterios de asignación de plazas a concertar.

1. Para la asignación de las plazas que serán objeto de concierto social por parte de las Administraciones Publicas de la Región de Murcia competentes en esta materia se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) En primer lugar, en función de la demanda existente por la libre elección de las personas solicitantes de un centro o servicio específico.

b) Cuando la demanda existente no corresponda a un servicio o centro específico, se asignarán las plazas al centro o servicio del municipio en donde las personas demandantes tengan su domicilio. En el caso de que existan dos o más centros o servicios dentro del mismo municipio, se asignarán las plazas al centro o servicio que tenga la mayor puntuación entre los del municipio conforme al baremo recogido en el anexo a este Decreto.

c) En el caso de que no existiera ningún centro o servicio dentro del municipio de la solicitud, la asignación se extendería a los centros o servicios de otros municipios dentro de la misma Área de Salud, según el criterio de proximidad geográfica. El Área de Salud, a los efectos de este precepto, será la delimitada por el Mapa Sanitario de la Región de Murcia aprobado por Orden de la Consejería competente en materia de Sanidad. En el caso de que hubiera más de un centro o servicio dentro de la misma Área de Salud, se asignarán las plazas al centro o servicio que tenga la mayor puntuación entre los del Área de Salud conforme al baremo recogido en el anexo a este Decreto.

d) En el caso de no existir ningún centro o servicio con plazas disponibles que cumpla con los criterios establecidos en los apartados precedentes, se asignarán las plazas al centro o servicio que tenga la mayor puntuación a nivel regional conforme al baremo recogido en el anexo a este Decreto.

e) Por último, en igualdad de condiciones, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7, 7.bis y 25.3 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, se atenderá a los criterios de preferencia recogidos en el Anexo del presente Decreto, sin perjuicio de la aplicación de cualquier otro criterio que se establezca en la normativa de Servicios Sociales.

2. Dentro de los dos primeros meses de cada año, la Consejería competente en materia de servicios Sociales hará pública la oferta de plazas a concertar durante el mismo. Dicha oferta se realizará por municipio en función de la demanda existente y será objeto de publicación en el Portal de la Transparencia. No obstante, dicha Consejería podrá realizar una oferta adicional a la anterior en el caso de que surgieran nuevas necesidades.

3. Con independencia de los criterios establecidos por el apartado primero de este artículo, y en virtud de los principios de arraigo de la persona en el entorno de atención social y de continuidad en la atención y calidad, se podrán suscribir directamente conciertos sociales con todas aquellas entidades que fueran titulares de plazas concertadas o conveniadas del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto se encuentren ocupadas por personas usuarias de dicho sistema. Para ello, estas entidades habrán de ajustarse a los requisitos exigidos en la normativa reguladora del concierto social y haber sido calificadas previamente como entidades aptas para la concertación social.

En el concierto social suscrito al amparo de lo recogido en el párrafo anterior se incluirán el número de plazas ocupadas a la fecha de formalización del mismo, sin perjuicio de las plazas que se incrementen conforme a los criterios de asignación de recursos recogidos en el apartado primero de este artículo, o con la modificación a la que se sometan los conciertos sociales, de conformidad con lo dispuesto por el presente Decreto o demás normativa reguladora del concierto social.

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Artículo 9.- Tramitación previa a la formalización del concierto social.

1. A la vista de las solicitudes formuladas por las personas demandantes de los servicios sociales especializados en Personas Mayores o en Personas con Discapacidad, el órgano competente, de la Administración Pública correspondiente, para la formalización del concierto social solicitará de oficio informe a la unidad administrativa competente en materia de inscripciones registrales de Entidades, Centros y Servicios Sociales relativo a las entidades que hayan sido declaradas aptas para suscribir conciertos sociales.

2. Teniendo en cuenta el informe al que se refiere el párrafo anterior, el órgano competente iniciará de oficio el procedimiento para asignar las plazas conforme a los criterios establecidos en el artículo 8. En el caso de que para la asignación de plazas deban aplicarse los criterios del baremo recogido en el anexo a este Decreto, el órgano competente podrá requerir a las entidades a las que pudieran asignarse las plazas para que, en el plazo de 10 días hábiles, aporten la documentación que acredite los criterios que no puedan ser determinados de oficio por el órgano competente.

3. Una vez dictada la resolución en virtud de la cual se selecciona a la entidad con la que se suscribirá concierto social y se asignan las plazas que serán objeto de concierto social, se requerirá a dicha entidad para que presente la documentación exigida por el presente Decreto y su normativa de desarrollo con carácter previo a la suscripción del concierto social. No será necesario que la entidad presente aquellos datos y documentos que puedan ser obtenidos por la Administración a través de los servicios de interoperabilidad disponibles y para los cuales haya sido expresamente autorizada.

4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de tres meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido dicho plazo sin dictarse y notificarse resolución alguna, la entidad podrá entender desestimada su pretensión por silencio administrativo.

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Artículo 10.- Importe de las plazas y su pago en el ámbito de la Administración Pública Regional.

1. El importe a pagar por plaza ocupada en la Administración de la Región de Murcia se determinará por Orden de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales en el caso de centros competencia de la misma, o por Resolución de su Director en el caso de organismos públicos adscritos con competencias en la materia.

2. En el caso de reserva de plaza se abonará un porcentaje sobre el importe de las plazas ocupadas que también se fijará en la Orden o Resolución, a que se refiere el apartado anterior para cada tipo de centro o servicio.

3.- El pago se hará a mensualidad vencida por el órgano competente, previa presentación del correspondiente documento justificativo por la Entidad concertada, a la que se acompañará la relación de los usuarios y, en su caso, de la cuantía de la participación económica fijada por la Administración para cada usuario, teniendo en cuenta para la determinación y gestión de dicha participación la normativa vigente en materia de precios públicos.

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Artículo 11.- Financiación.

La financiación de las plazas objeto de concierto social se hará con cargo a los presupuestos generales de las Administraciones Públicas competentes.

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Artículo 12.- Participación de los usuarios en el coste de las plazas objeto de concierto social.

1. Será de aplicación en todo caso la normativa sobre precios públicos en los supuestos que, de acuerdo con la misma, esté prevista la participación de las personas usuarias en el coste de las plazas objeto de concierto social. Para el cálculo de dicho precio público se estará lo dispuesto por la citada normativa sobre precios públicos.

2. Las entidades concertadas no podrán cobrar a las personas usuarias cantidad alguna distinta al precio público determinado y comunicado por la Administración para cada persona usuaria, por las prestaciones propias del sistema de servicios sociales o en su caso, del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

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Artículo 13.- Formalización de los conciertos sociales.

1. La formalización de los conciertos sociales se efectuará mediante un documento administrativo, denominado acuerdo de concierto social, cuyo modelo será aprobado por el órgano competente para la formalización del concierto social. La formalización se hará en el plazo máximo un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de la Orden o Resolución por la que se asigna el concierto social a la Entidad.

2. Dicho documento deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos de acuerdo con la normativa reguladora de cada tipo de centro:

1) Los servicios, recursos o prestaciones que conllevan las plazas objeto de concierto social con especificación en todo caso del número de plazas a concertar.

2) Los derechos y obligaciones de la Entidad concertada y en especial, las condiciones de prestación objeto de concierto social, debiendo tener, en todo caso, suscrita póliza de responsabilidad civil con entidad aseguradora que garantice la obligación de indemnizar a las personas usuarias, por los daños que se les pueda causar como consecuencia del desarrollo del concierto social y las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica de Protección de Datos, durante toda la vigencia del concierto social.

3) La duración, causas de modificación, revisión y extinción de los conciertos sociales.

4) El régimen de participación, en su caso, en el coste de las plazas por los usuarios, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación a cada servicio o centro.

5) El importe a pagar por la Administración a la Entidad concertada por plaza y su forma de pago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 en el ámbito de la Administración Pública Regional.

6) Naturaleza del acuerdo y jurisdicción competente en caso de conflicto o controversia.

7) Dotación de medios materiales y el equipamiento necesarios para la prestación del objeto de concierto social. El acuerdo de formalización podrá mejorar las condiciones mínimas exigidas para cada tipo de centro por la normativa aplicable siempre que se justifique técnicamente que es necesario para la adecuada prestación del objeto del concierto social, revisándose entonces al alza el precio de la plaza concertada.

8) Los requisitos profesionales de las personas que han de prestar el objeto del concierto social. El acuerdo de formalización podrá mejorar las condiciones mínimas exigidas, en su caso, para cada tipo de centro por la normativa aplicable siempre que se justifique técnicamente que es necesario para la adecuada prestación objeto de concierto social, revisándose entonces al alza el precio de la plaza concertada.

9) Descripción pormenorizada de los distintos servicios que la plaza objeto de concierto social conlleva, tanto esenciales como complementarios.

10) Los medios de seguimiento del concierto social.

11) Explicación del coste y financiación de la plaza objeto de concierto social, de forma general e individualizada por plaza. Las variaciones serán comunicadas por la entidad concertante en la memoria anual de seguimiento del concierto social.

12) Protocolos y registros necesarios.

13) Requisitos, límites y servicios susceptibles de ser contratados, arrendados o cedidos en ejecución por la entidad concertante.

14) El sistema de acceso de las personas usuarias, de conformidad con la normativa que, en cada caso, lo regule.

15) -Cualquier otro extremo que se considere necesario para la adecuada prestación objeto de concierto social.

3. Se podrá suscribir un único concierto social cuando se proceda a la reserva y ocupación de plazas en varios centros cuya titularidad corresponda a la misma entidad y, a juicio de la Administración concertante, con ello se obtenga una mayor simplificación y eficiencia en la gestión. En estos casos el acuerdo de formalización deberá recoger los distintos contenidos que, de acuerdo con lo dispuesto por el presente artículo, sean necesarios conforme a la tipología de centros incluidos en dicho acuerdo de formalización, distinguiendo dentro de dicho acuerdo de formalización secciones por colectivos o tipos de centro las cuales serán unidades independientes a efectos de modificación, extinción y revisión.

4. La relación de conciertos sociales con indicación de las partes firmantes del acuerdo de concierto social, el objeto y plazo de duración, sus posibles modificaciones y renovaciones y las obligaciones de ambas partes, con especial referencia a las obligaciones económicas será objeto de publicación en el Portal de la Transparencia. Dicha publicación se actualizará trimestralmente.

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Artículo 14.- Órganos competentes para la formalización del concierto social.

1. Corresponde a cada Administración Pública con competencias en materia de servicios sociales determinar el órgano a quien le corresponde la formalización del acuerdo de concierto social.

2. En el caso de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia le corresponderá al titular de la Consejería con competencias en materia de Servicios Sociales la formalización del acuerdo de concierto social, si son prestaciones correspondientes a ésta. En el caso, de Organismos autónomos vinculados a la Administración con competencias en materia de servicios sociales, le corresponderá la formalización a su Director.

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Artículo 15.- Obligaciones de la Entidad Concertada.

1. La entidad concertada estará obligada a proveer las plazas, en los términos estipulados en el acuerdo de concierto social, a que se refiere el artículo 13.

2. En particular, la entidad concertada deberá cumplir las siguientes obligaciones:

a) Proporcionar a las personas usuarias una atención adecuada, integral, personalizada y continuada, adaptada a sus necesidades específicas de apoyo.

b) Garantizar el acceso a los usuarios de todos los servicios en condiciones de igualad.

c) Prestar los servicios de acuerdo con los estándares de calidad asistencial exigibles al tipo de plaza que se trate.

d) Garantizar y proteger, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente su honor e intimidad personal y familiar, cumpliendo con el deber de confidencialidad y reserva de los datos personales, familiares o sociales a los que tiene acceso.

e) Promover la participación de las personas destinatarias de los servicios sociales en el servicio o centro, así como, en su caso, la participación de sus familiares.

f) Comunicar a la administración cualquier cambio o variación en las prestaciones y, en especial, cualquier cambio de titularidad de los centros o cualquier modificación en la composición y/o categoría profesional de la plantilla.

g) Colaborar con la administración concertante y facilitarle, en todo momento, las tareas de inspección o de otro tipo de control y, en particular, facilitarle toda la información económica, fiscal, laboral, técnica y asistencial y de cualquier otra índole que le sea solicitada y que resulte necesaria para valorar la ejecución del concierto social, con sujeción a la legislación en materia de protección de datos y a la restante normativa aplicable.

h) Someterse a las actuaciones de control financiero que corresponda a los órganos competentes de la Administración en relación con los fondos públicos aportados para la financiación de los conciertos social.

i) Comunicar a la administración concertante cualquier subvención, donación o aportación privada, cuyo objeto sea la financiación de las mejoras de mantenimiento del centro y de las actuaciones contempladas en el concierto social, o de las variaciones producidas en el concierto social cada año, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 bis, apartado 11 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales.

j) Cumplir en su caso, con la normativa reguladora de los requisitos materiales, funcionales y personales aplicables según la tipología de la plaza.

k) Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres en condiciones adecuadas de funcionamiento, limpieza e higiene.

l) Poner a disposición de las personas usuarias un sistema de quejas y reclamaciones, que deberá mantenerse a disposición de la administración concertante para que la misma conozca su contenido, su tramitación y la respuesta aportada por la entidad concertada a cualquier queja o reclamación presentada.

m) Dar a conocer a las personas usuarias y a la administración concertante el cobro de cualquier otra cantidad por servicios complementarios no incluidos en el precio público.

n) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de la prestación objeto de concierto social, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Para lo cual, ha de tener suscrito la correspondiente póliza de responsabilidad civil con entidad aseguradora.

o) Cumplir con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad establecida por el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

p) Comunicar anualmente a la Administración Pública con la que haya suscrito el concierto social las retribuciones dinerarias o en especie asignadas a los puestos de trabajo vinculados a la prestación objeto de concierto social. Esta comunicación se realizará a través de la memoria anual de seguimiento del concierto social.

q) En los casos de entidades que puedan tener contacto habitual con menores, presentar declaración responsable mediante la que acredita que el personal que desarrolla la actividad objeto de concierto social cumple el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Asimismo, deberá disponer de la documentación que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo comprobar su cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que dicho personal mantenga relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser actualizada o completada con los cambios de personal que se produzcan durante la vigencia del concierto social, procediendo a la inmediata sustitución del personal afectado de manera sobrevenida por el incumplimiento de esta obligación.

r) Cumplir con las obligaciones derivadas de la ley 7/2007 de 4 de abril para la igualdad entre hombres y mujeres y de la protección contra la violencia de género de la Región de Murcia, o derivadas de cualquier otra normativa que le sea de aplicación en materia de igualdad.

s) Cumplir con las obligaciones derivadas de cualquier otra normativa que, con carácter general o específico les sea de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por el tipo de plaza objeto de concierto social.

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Artículo 16.- Obligaciones de la Administración Concertante.

La Administración concertante una vez formalizado el acuerdo de concierto social, se obliga a lo siguiente:

a) A abonar a la entidad concertada, en el plazo máximo de 60 días, el importe de la plaza objeto de concierto social.

b) A respetar el compromiso de ocupación efectiva de plazas.

c) A comunicar de manera fehaciente a la entidad concertada cualquier circunstancia que afecte de manera relevante al concierto social suscrito y pudiera suponer su modificación, renovación o resolución, debiendo hacerlo con un plazo mínimo de 2 meses de antelación a la fecha en que se haga efectiva la circunstancia de la que se trate.

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Artículo 17.- Duración de los conciertos sociales.

1. La duración inicial de los conciertos sociales será la establecida en cada acuerdo, con el límite máximo de 6 años.

2. Los conciertos sociales podrán ser renovados por un periodo máximo de 4 años por acuerdo expreso de las partes 6 meses antes de su vencimiento. No obstante, siempre que las circunstancias lo permitan y sea posible, la Administración Pública competente intentará concertar prórrogas por el máximo tiempo establecido en la Ley del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, de modo que se respete el principio de continuidad en la atención y la calidad.

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Artículo 18.- Revisión, modificación y extinción de los conciertos sociales.

1.- Los conciertos sociales podrán ser objeto revisión y en su caso, de modificación en los términos que se establezca en el correspondiente acuerdo de formalización, cuando varíen las circunstancias iniciales de su suscripción, con el fin de adecuar las condiciones económicas y las prestaciones asistenciales a las nuevas necesidades, mediante el correspondiente documento administrativo, que se unirá al acuerdo de formalización

2. Son causas de extinción de los conciertos sociales las que se establezca en el correspondiente acuerdo de formalización y en concreto:

a) El vencimiento del plazo máximo de duración del concierto social.

b) El acuerdo mutuo entre la Administración Pública y la Entidad concertada.

c) El incumplimiento de las obligaciones determinadas como esenciales en el acuerdo de formalización, previo requerimiento a la entidad para exigir su cumplimiento, así como audiencia a la misma. Con carácter previo a la extinción del concierto social por esta causa, se recabará informe preceptivo de la Inspección de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En caso de incumplimiento parcial de las cláusulas del concierto social que no dé lugar a la resolución del concierto social, la Administración podrá adoptar medidas de ajuste de las aportaciones económicas a las prestaciones efectivamente realizadas.

d) La revocación de la correspondiente acreditación administrativa del centro objeto de concierto social.

e) La muerte de la persona física o la extinción de la persona jurídica a la que le corresponde la titularidad del centro, salvo que sea subrogada por otra persona que cumpla los requisitos para suscribir el concierto social y que asuma las obligaciones derivadas del mismo, previa autorización del órgano competente para la formalización del concierto social.

3. Extinguido el concierto social por alguna de las causas aquí contempladas deberá garantizarse a los usuarios por parte de la Administración la continuidad en la prestación objeto de concierto social. Para ello, la Administración podrá incluso, obligar a la entidad concertada, en los casos en que sea posible, a seguir prestando el objeto de concierto social, en las mismas condiciones que se venía prestando, hasta que pueda ser asumido por otra entidad concertada.

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Artículo 19.- Naturaleza y jurisdicción competente.

Corresponde a la Consejería competente en materia de Política Social, la resolución de cuantas cuestiones litigiosas surjan sobre la interpretación, modificación y efectos de los conciertos sociales, poniendo sus acuerdos fin a la vía administrativa. La jurisdicción contencioso administrativa será la competente para su posterior conocimiento en vía judicial.

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Artículo 20.- Incompatibilidad para percibir subvenciones.

Las entidades que hayan concertado la provisión de determinadas prestaciones a través del sistema regulado en esta Decreto, no podrán percibir subvenciones provenientes de cualquier Administración Pública destinadas a la misma finalidad o actividad objeto de concierto social o que tengan como fin financiar actividades que constituyan contenido básico de las prestaciones del concierto social suscrito.

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Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Disposición adicional única.

A los efectos de aplicación de la presente ley, las referencias a "plazas" deben entenderse referidas a "plazas y servicios"

(Disposición añadida por la Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región de Murcia, en su Disposición final cuarta)

Dado en Murcia, a 14 de febrero de 2018.—El Presidente, por suplencia, el Consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera Barrachina.—La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás Olivares.

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Decreto del Presidente número 2/2023, de 17 de enero, de reorganización de la Administración Regional (MODIFICADO)

Suplemento número 1 del BORM número 12 de 17de enero de 2023

Presidencia

Vigencia: desde el 17 de enero de 2023

Referencias

Afecta a:

Decreto del Presidente número 11/2022, de 12 de mayo, de Reorganización de la Administración Regional, (BORM número 109 de 13 de mayo de 2022):

Queda derogado.

Modificado por:

Decreto de la Presidencia número 20/2023, de 20 de enero, por el que se modifica el Decreto número 2/2023, de 17 de enero, de Reorganización de la Administración Regional, (Suplemento número 2 del BORM número 15 de 20 de enero de 2023):

Da nueva redacción al artíciulo 7 y 11.

 

Contenido

El artículo 5.3 de la Ley 6/2004, de 28, de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, atribuye al Presidente de la Comunidad Autónoma la facultad de crear y suprimir las Consejerías, o modificar la denominación y las competencias atribuidas a las existentes, así como establecer el orden de prelación entre las mismas.

En virtud de lo expuesto y en uso de las facultades que legalmente me están atribuidas,

 

Dispongo:

Artículo 1

La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se organiza en la Vicepresidencia y las demás Consejerías que a continuación se citan y con el orden de prelación que asimismo se indica:

- Consejería de Transparencia, Participación y Cooperación.

- Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía.

- Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital.

- Consejería de Política Social, Familias e Igualdad.

- Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos.

- Consejería de Salud.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

- Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación.

- Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo.

- Consejería de Fomento e Infraestructuras.

Artículo 2

A la Vicepresidencia, que ostenta además la condición de titular de la Consejería de Transparencia, Participación y Cooperación, le corresponden las funciones previstas en el artículo 32 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, y cuantas otras funciones le sean delegadas por el Presidente de la Comunidad Autónoma.

Artículo 3

La Consejería de Transparencia, Participación y Cooperación es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: transparencia, participación ciudadana en la vida pública y buen gobierno, que asume con carácter transversal, evaluación de políticas públicas, registro y unidad de intereses de altos cargos y personal directivo del Sector Público Regional; acción exterior, cooperación al desarrollo y relaciones con las comunidades asentadas fuera de la Región; agenda 2030; simplificación administrativa, incluida la dirigida a la actividad empresarial; inspección y calidad de los servicios y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Artículo 4

La Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: turismo; cultura; juventud; deportes; relaciones con la Asamblea Regional; asesoramiento jurídico y coordinación de los servicios jurídicos de las diferentes Consejerías, representación y defensa en juicio de la Comunidad Autónoma; asociaciones, fundaciones y colegios profesionales sin perjuicio de las competencias que en esta materias estén atribuidas a otras Consejerías; registro de asociaciones, el ejercicio de funciones y la realización de actuaciones que correspondan a la Administración Regional en materia electoral, de conformidad con la legislación electoral vigente; nombramiento de Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles para plazas radicadas en el territorio de la Región de Murcia; y la participación en la fijación de demarcaciones correspondientes a los mismos; impulso y coordinación de las estrategias de apoyo a las víctimas del terrorismo, al margen de las atribuciones conferidas a las distintas Consejerías por la legislación vigente en víctimas del terrorismo.

Asimismo, le corresponde a esta Consejería las competencias de coordinación y asesoramiento en materia de comunicación institucional, incluida la presencia digital y el desarrollo de buenas prácticas de comunicación digital a través de las redes sociales y otros medios tecnológicos de la Administración Regional. Igualmente, ejercerá las competencias en materia de publicidad institucional articulada mediante los contratos de publicidad, de difusión publicitaria, y de creación publicitaria de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la coordinación, autorización y supervisión de la misma en los organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla, así como cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Igualmente, ejercerá competencias en materia de relaciones institucionales, espectáculos públicos y taurinos; fomento de la cultura taurina; protocolo; gestión de los créditos necesarios para las atenciones protocolarias y de representación de la Presidencia y de sus órganos de apoyo directo; investigaciones y estudios autonómicos; así como Administración Local.

Al titular de este Departamento se le atribuyen la Secretaría del Consejo de Gobierno y Presidencia de la Comisión de Secretarios Generales; la coordinación del proceso de transferencias de competencias del Estado y la condición de representante del Consejo de Gobierno en la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional.

Quedan adscritos a esta Consejería el Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia y las Entidades Públicas Empresariales Instituto de Turismo de la Región de Murcia y el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia.

El titular de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía desempeña también las funciones de Portavocía del Gobierno de la Región de Murcia.

Artículo 5

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: financiera; presupuestaria; recaudatoria; fiscal; patrimonial; interventora; contable; coordinación de los servicios de contratación de las distintas Consejerías; planificación y fomento del desarrollo económico regional; financiación empresarial; estadística; fondos europeos; sistemas de información y comunicaciones corporativas, incluida la planificación informática y la coordinación de redes corporativas; transformación digital interna de la administración y externa; comunicación audiovisual; sociedad de la información y telecomunicaciones; innovación tecnológica vinculada a las TICs de aplicación en la sociedad, administración y sociedad del conocimiento; función pública, organización administrativa, servicios automovilísticos; control de accesos y seguridad de inmuebles de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, así como la organización y delimitación de las funciones de su personal, y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Quedan adscritos a esta Consejería la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y las Entidades Públicas Empresariales Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia y Radiotelevisión de la Región de Murcia.

Artículo 6

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: asistencia y bienestar social; desarrollo comunitario; promoción, protección y apoyo a la familia e infancia; protección y reforma de menores; políticas de promoción e integración de las personas inmigrantes, de personas con discapacidad, de personas mayores, de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia y en general de protección de personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social, incluida la creación de centros para la atención de los destinatarios de dichas políticas; así como competencias en materia de voluntariado, de gestión de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0.7% del Impuesto sobre la renta de las personas físicas, y de parejas de hecho.

Asimismo, le corresponde el desarrollo y ejecución de las políticas de la mujer, incluidas las destinadas a combatir la violencia contra las mujeres, y de las políticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, sin perjuicio de las que le corresponda a otros departamentos regionales.

Queda adscrito a esta Consejería el Organismo Autónomo Instituto Murciano de Acción Social.

Artículo 7

La Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: apoyo empresarial; coordinación y seguimiento de los planes y proyectos de inversión singulares, estratégicos o de gran repercusión para la Comunidad Autónoma que determine el Consejo de Gobierno; industria, energía y minas; consumo, comercio y artesanía; innovación empresarial y tecnológica vinculada a las TICs de aplicación en la empresa; Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación; precios autorizados y defensa de la competencia; relaciones con la Unión Europea que asume de forma transversal y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Asimismo, asume las siguientes materias: trabajo, seguridad y salud laboral; prevención de riesgos laborales y relaciones laborales; fomento de la economía social, trabajo autónomo y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Queda adscrito a esta Consejería el ente público Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Dada nueva redacción por el Decreto de la Presidencia número 20/2023, de 20 de enero, por el que se modifica el Decreto número 2/2023, de 17 de enero, de Reorganización de la Administración Regional, en su artículo único

Artículo 8

La Consejería de Salud es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: sanidad, higiene, ordenación farmacéutica, coordinación hospitalaria general, incluida la de la Seguridad Social; drogodependencia; las competencias de ejecución en materia de productos farmacéuticos y de gestión de la asistencia sanitaria que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tenga legalmente atribuida, y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Queda adscrito a este Departamento el Ente Público Servicio Murciano de Salud.

Artículo 9

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: agua, agricultura, industria agroalimentaria, desarrollo rural, ganadería, pesca en aguas interiores y acuicultura, así como las que la normativa vigente le atribuye como organismo autorizado para el pago de los gastos correspondientes a la Política Agraria Común (Organismo Pagador); y el desarrollo y ejecución de la Política Común de Pesca y pagos del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP); las relativas a la investigación y desarrollo tecnológico en los sectores agrario y alimentario, la investigación en materia de pesca, marisqueo, acuicultura marina, alguicultura y cualquier otra forma de cultivo industrial.

Quedan adscritos a dicha Consejería el Organismo Autónomo Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) y la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR).

Artículo 10

La Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: medioambiente; política forestal, caza y pesca fluvial y protección de la fauna silvestre.

Asimismo asume las competencias y funciones de estudio, planificación, ejecución y desarrollo de los proyectos y actuaciones en el Mar Menor relacionados con la protección y regeneración ambiental de su ecosistema; la coordinación con los distintos organismos y Direcciones Generales de la Comunidad Autónoma, y con otras Administraciones Publicas y entidades públicas o privadas con competencias concurrentes para el desarrollo de dichos proyectos y actuaciones, y el impulso del conocimiento científico y la investigación aplicada en relación con problemas ambientales de la laguna, sin perjuicio de las atribuidas a otros Órganos Directivos de la Administración Regional.

Igualmente, asume las competencias de coordinación de policías locales, protección civil; emergencias; prevención y extinción de incendios y salvamento, y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

También, este Departamento asume la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de Universidades, y de fomento y coordinación general de la investigación y el desarrollo científico y técnico, así como la innovación científica y la promoción de la transferencia de conocimiento, la generación de valor desde la ciencia hacia la sociedad, fomentando la conexión de los resultados de la investigación desde los organismos públicos y privados de I+D con la sociedad y el mercado a través de la I+D+I científico tecnológica.

Artículo 11

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: educación reglada no universitaria en todos sus niveles; empleo, mediante la intermediación y orientación laboral; fomento de las políticas activas de empleo y formación, incluida la formación ocupacional y continua.

Queda adscrito a esta Consejería el Organismo Autónomo Servicio Regional de Empleo y Formación.

Dada nueva redacción por el Decreto de la Presidencia número 20/2023, de 20 de enero, por el que se modifica el Decreto número 2/2023, de 17 de enero, de Reorganización de la Administración Regional, en su artículo único

Artículo 12

La Consejería de Fomento e Infraestructuras es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de las propuestas, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las materias de vivienda; arquitectura; urbanismo; carreteras, transportes; movilidad y logística; ordenación del territorio; puertos, litoral y actividades náuticas y subacuáticas, cartografía e impulso y coordinación de infraestructuras aeroportuarias, así como cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Disposición transitoria única. El personal afectado por las modificaciones orgánicas establecidas en el presente Decreto, seguirá percibiendo la totalidad de sus retribuciones con cargo a los créditos a los que venían imputándose, hasta que se proceda a las correspondientes modificaciones presupuestarias.

Disposición derogatoria única. Queda derogado el Decreto del Presidente n.º 11/2022, de 12 de mayo, de Reorganización de la Administración Regional.

Disposición final primera.- Por el Consejo de Gobierno o por el titular de la Consejería competente en materia de Función Pública y Presupuestaria, según proceda, se efectuarán las modificaciones organizativas y presupuestarias que sean precisas para la ejecución del presente Decreto.

Disposición final segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 17 de enero de 2023. El Presidente, Fernando López Miras.

Decreto del Presidente número 13/2023, de 17 de enero, por el que se dispone el nombramiento de doña María Concepción Ruiz Caballero, como Consejera de Política Social, Familias e Igualdad

Suplemento número 1 del BORM número 12 de 17 de  enero de 2023

Presidencia

Vigencia: desde el 12 de enero de 2023

Contenido

Visto el artículo 5.4 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

Dispongo:

El nombramiento de doña María Concepción Ruiz Caballero, como Consejera de Política Social, Familias e Igualdad.

El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, 17 de enero de 2023. El Presidente, Fernando López Miras.

Decreto del Presidente número 4/2023, de 17 de enero, por el que se dispone el cese de doña Isabel Franco Sánchez, como Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia

Suplemento número 1 del BORM número 12 de 17 de enero de 2023

Presidencia

Vigencia: desde el 12 de enero de 2023

Contenido

Visto el artículo 5.4 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

Dispongo:

El cese de doña Isabel Franco Sánchez, como Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia.

El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 17 de enero de 2023. El Presidente, Fernando López Miras.

Decreto del Presidente número 3/2023, de 17 de enero, por el que se establece el régimen de sustituciones ordinarias de los titulares de las Consejerías

Suplemento número 1 del BORM número 12 de 17de enero de 2023

Presidencia

Vigencia: desde el 17 de enero de 2023

Referencias

Deroga a:

Decreto de la Presidencia número 16/2022, de 16 de mayo, por el que establece el régimen de sustituciones ordinarias de los titulares de las Consejerías en los supuestos de ausencia o enfermedad. (BORM número 112 de 17 de mayo de 2022)

Contenido

El artículo 5.6 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, atribuye al Presidente de la Comunidad Autónoma, en su condición de Presidente del Consejo de Gobierno la facultad de establecer el régimen de sustituciones ordinarias de los miembros del Consejo de Gobierno.

Tras la entrada en vigor del Decreto del Presidente n.º 2/2023, de 17 de enero, y con el objeto de evitar dilaciones y retrasos en el despacho ordinario de los asuntos de las distintas Consejerías, en uso de las facultades que legalmente me están atribuidas,

Dispongo:

Artículo 1.

A los efectos del despacho ordinario de las Consejerías, y con objeto de prever la sustitución de sus titulares en los casos de ausencia, vacante o enfermedad, se establece el siguiente régimen de sustituciones ordinarias:

- Los titulares de las Consejerías de Transparencia, Participación y Cooperación y de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía, se sustituirán entre sí.

- Los titulares de las Consejerías de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital y de Política Social, Familias e Igualdad se sustituirán entre sí.

- Los titulares de las Consejerías de Empresa, Economía Social y Autónomos y de Salud, se sustituirán entre sí.

- Los titulares de las Consejerías de Agua, Agricultura, Ganadería, y Pesca y de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, se sustituirán entre sí.

- Los titulares de las Consejerías de Educación, Formación Profesional y Empleo y de Fomento e Infraestructuras, se sustituirán entre sí.

Artículo 2.

En los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad de los Consejeros que se sustituyen entre sí, se sustituirán por los siguientes, según el orden descendente de prelación de las Consejerías.

Disposición derogatoria única. Queda derogado el Decreto de la Presidencia n.º 16/2022, de 16 de mayo, por el que se establecen las sustituciones de los titulares de las Consejerías en los supuestos de ausencia o enfermedad, así como cuantas disposiciones de igual e inferior rango se opongan a lo establecido en este decreto.

Disposición final única. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Dado en Murcia, a 17 de enero de 2023. El Presidente, Fernando López Miras.

Decreto del Presidente número 16/2022, de 16 de mayo, por el que establece el régimen de sustituciones ordinarias de los titulares de las Consejerías (DEROGADO)

BORM número 112 de 17 de mayo de 2022

Presidencia

Vigencia: desde el 17 de mayo de 2022

Referencias

Deroga a:

Decreto de la Presidencia número 8/2022, de 10 de febrero, por el que establece el régimen de sustituciones ordinarias de los titulares de las Consejerías. (BORM número 34 de 11 de febrero de 2022)

Derogado por:

Decreto del Presidente número 3/2023, de 17 de enero, por el que se establece el régimen de sustituciones ordinarias de los titulares de las Consejerías (Suplemento número 1 del BORM número 12 de 17 de enero de 2023)

Contenido

El artículo 5.6 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, atribuye al Presidente de la Comunidad Autónoma, en su condición de Presidente del Consejo de Gobierno la facultad de establecer el régimen de sustituciones ordinarias de los miembros del Consejo de Gobierno.

Tras la entrada en vigor del Decreto del Presidente número 11/2022, de 12 de mayo, y con el objeto de evitar dilaciones y retrasos en el despacho ordinario de los asuntos de las distintas Consejerías, en uso de las facultades que legalmente me están atribuidas, 

Dispongo:

Artículo 1. A los efectos del despacho ordinario de las Consejerías, y con objeto de prever la sustitución de sus titulares en los casos de ausencia, vacante o enfermedad, se establece el siguiente régimen de sustituciones ordinarias:

- Los titulares de las Consejerías de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia y de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, se sustituirán entre sí.

- Los titulares de las Consejerías de Economía, Hacienda y Administración Digital y de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía se sustituirán entre sí.

- Los titulares de las Consejerías de Educación y de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, se sustituirán entre sí.

- Los titulares de las Consejerías de Fomento e Infraestructuras y de Salud, se sustituirán entre sí.

Artículo 2. En los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad de los Consejeros que se sustituyen entre sí, se sustituirán por los siguientes, según el orden descendente de prelación de las Consejerías.

Disposición derogatoria única.  Queda derogado el Decreto de la Presidencia número 8/2022, de 10 de febrero, por el que se establecen las sustituciones de los titulares de las Consejerías en los supuestos de ausencia o enfermedad, así como cuantas disposiciones de igual e inferior rango se opongan a lo establecido en este decreto..

Disposición final única. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Dado en Murcia, a 16 de mayo de 2022.—El Presidente, Fernando López Miras.

Decreto del Presidente número 11/2022, de 12 de mayo, de Reorganización de la Administración Regional (DEROGADO)

BORM número 109 de 13 de mayo de 2022

Presidencia

Vigencia: desde el 13 de mayo de 2022

Referencias

Afecta a:

Decreto del Presidente número 3/2022, de 8 de febrero, de Reorganización de la Administración Regional:

Queda derogado.

Afectado por:

Decreto del Presidente número 2/2023, de 17 de enero, de reorganización de la Administración Regional (Suplemento número 1 del BORM número 12 de 17 de enero de 2023):

Queda derogado.

Contenido

El artículo 5.3 de la Ley 6/2004, de 28, de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, atribuye al Presidente de la Comunidad Autónoma la facultad de crear y suprimir las Consejerías, o modificar la denominación y las competencias atribuidas a las existentes, así como establecer el orden de prelación entre las mismas.

En virtud de lo expuesto y en uso de las facultades que legalmente me están atribuidas,

Dispongo:

Artículo 1

La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se organiza en la Vicepresidencia y las demás Consejerías que a continuación se citan y con el orden de prelación que asimismo se indica:

- Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia.

Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes

- Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

- Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

- Consejería de Educación

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias.

- Consejería de Fomento e Infraestructuras

- Consejería de Salud

Artículo 2

A la Vicepresidencia, que ostenta además la condición de titular de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, le corresponden las funciones previstas en el artículo 32 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y cuantas otras funciones le sean delegadas por el Presidente de la Comunidad Autónoma.

Artículo 3

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: asistencia y bienestar social; desarrollo comunitario; promoción, protección y apoyo a la familia e infancia; protección y reforma de menores; políticas de promoción e integración de las personas inmigrantes, de personas con discapacidad, de personas mayores, de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia y en general de protección de personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social, incluida la creación de centros para la atención de los destinatarios de dichas políticas; así como competencias en materia de voluntariado, de gestión de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0.7% del Impuesto de renta de las personas física (IRPF), y de parejas de hecho.

Asimismo, le corresponde el desarrollo y ejecución de las políticas de la mujer, incluidas las destinadas a combatir la violencia contra las mujeres, y de las políticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, sin perjuicio de las que le corresponda a otros departamentos regionales.

Igualmente, asumirá las competencias de transparencia, participación ciudadana en la vida pública y buen gobierno, que asume con carácter transversal, evaluación de políticas públicas, registro y unidad de intereses de altos cargos y personal directivo del Sector Público Regional; acción exterior, cooperación al desarrollo y relaciones con las comunidades asentadas fuera de la Región; agenda 2030; simplificación administrativa, incluida la dirigida a la actividad empresarial; inspección y calidad de los servicios y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Queda adscrito a esta consejería el Organismo Autónomo Instituto Murciano de Acción Social.”

Artículo 4

La Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: turismo; cultura; juventud; deportes; relaciones con la Asamblea Regional; asesoramiento jurídico y coordinación de los servicios jurídicos de las diferentes Consejerías, representación y defensa en juicio de la Comunidad Autónoma; asociaciones, fundaciones y colegios profesionales sin perjuicio de las competencias que en esta materias estén atribuidas a otras Consejerías; registro de asociaciones, el ejercicio de funciones y la realización de actuaciones que correspondan a la Administración Regional en materia electoral, de conformidad con la legislación electoral vigente; nombramiento de Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles para plazas radicadas en el territorio de la Región de Murcia; y la participación en la fijación de demarcaciones correspondientes a los mismos; impulso y coordinación de las estrategias de apoyo a las víctimas del terrorismo, al margen de las atribuciones conferidas a las distintas Consejerías por la legislación vigente en víctimas del terrorismo.

Así mismo, le corresponde a esta Consejería las competencias de coordinación y asesoramiento en materia de comunicación institucional, incluida la presencia digital y el desarrollo de buenas prácticas de comunicación digital a través de las redes sociales y otros medios tecnológicos de la Administración Regional. Igualmente, ejercerá las competencias en materia de publicidad institucional articulada mediante los contratos de publicidad, de difusión publicitaria, y de creación publicitaria de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la coordinación, autorización y supervisión de la misma en los organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla, así como cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Asimismo ejercerá competencias en materia de relaciones institucionales, espectáculos públicos y taurinos; fomento de la cultura taurina; protocolo; gestión de los créditos necesarios para las atenciones protocolarias y de representación de la Presidencia y de sus órganos de apoyo directo; investigaciones y estudios autonómicos; así como Administración Local.

Al titular de este Departamento se le atribuyen la Secretaría del Consejo de Gobierno y Presidencia de la Comisión de Secretarios Generales; la coordinación del proceso de transferencias de competencias del Estado y la condición de representantes del Consejo de Gobierno en la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional.

Quedan adscritos a esta Consejería el Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia y las Entidades Públicas Empresariales Instituto de Turismo de la Región de Murcia y el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia.

Artículo 5

La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: financiera; presupuestaria; recaudatoria; fiscal; patrimonial; interventora; contable; coordinación de los servicios de contratación de las distintas Consejerías; planificación y fomento del desarrollo económico regional; financiación empresarial; estadística; fondos europeos; sistemas de información y comunicaciones corporativas, incluida la planificación informática y la coordinación de redes corporativas; transformación digital interna de la administración y externa; comunicación audiovisual; sociedad de la información y telecomunicaciones; innovación tecnológica vinculada a las TICs de aplicación en la sociedad, administración y sociedad del conocimiento; función pública, organización administrativa, servicios automovilísticos; control de accesos y seguridad de inmuebles de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, así como la organización y delimitación de las funciones de su personal, y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Quedan adscritos a esta Consejería la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y las Entidades Públicas Empresariales Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia y Radiotelevisión de la Región de Murcia.

Artículo 6

La Consejería de Empresa, Empleo. Universidades y Portavocía es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: apoyo empresarial; coordinación y seguimiento de los planes y proyectos de inversión singulares, estratégicos o de gran repercusión para la Comunidad Autónoma que determine el Consejo de Gobierno; industria, energía y minas; consumo, comercio y artesanía; innovación empresarial y tecnológica vinculada a las TICs de aplicación en la empresa; Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación; precios autorizados y defensa de la competencia; relaciones con la Unión Europea que asume de forma transversal y cualesquiera otra que le asigne la legislación vigente.

Asimismo, asume las siguientes materias: trabajo y fomento de la economía social; empleo, mediante la intermediación y orientación laboral; fomento de las políticas activas de empleo y formación, incluida la formación ocupacional y continua; seguridad y salud laboral; prevención de riesgos laborales; relaciones laborales; trabajo autónomo y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

También, este Departamento asume la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de Universidades, y de fomento y coordinación general de la investigación y el desarrollo científico y técnico, así como la innovación científica y la promoción de la transferencia de conocimiento, la generación de valor desde la ciencia hacia la sociedad, fomentando la conexión de los resultados de la investigación desde los organismos públicos y privados de I+D con la sociedad y el mercado a través de la I+D+I científico tecnológica.

Quedan adscritos a esta Consejería el Ente Público Instituto de Fomento de la Región de Murcia y el Organismo Autónomo Servicio Regional de Empleo y Formación.

La titular de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía desempeña también las funciones de portavocía del Gobierno de la Región de Murcia.

Artículo 7

La Consejería de Educación es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: educación reglada no universitaria en todos sus niveles.

Artículo 8

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: agua, agricultura, industria agroalimentaria, desarrollo rural, ganadería, pesca en aguas interiores y acuicultura, así como las que la normativa vigente le atribuye como organismo autorizado para el pago de los gastos correspondientes a la Política Agraria Común (Organismo Pagador); y el desarrollo y ejecución de la Política Común de Pesca y pagos del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP); las relativas a la investigación y desarrollo tecnológico en los sectores agrario y alimentario, la investigación en materia de pesca, marisqueo, acuicultura marina, alguicultura y cualquier otra forma de cultivo industrial.

Asimismo le corresponde las competencias en materia de medioambiente; política forestal, caza y pesca fluvial y protección de la fauna silvestre.

Así mismo, asume las competencias de coordinación de policías locales, protección civil; emergencias; prevención y extinción de incendios y salvamento, y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Quedan adscritos a dicha Consejería el Organismo Autónomo Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) y la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR).

Artículo 9

La Consejería de Fomento e Infraestructuras es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de las propuestas, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las materias de vivienda; arquitectura; urbanismo; carreteras y transportes; ordenación del territorio; puertos, costas y actividades náuticas, cartografía, así como cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Artículo 10

La Consejería de Salud es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: sanidad, higiene, ordenación farmacéutica, coordinación hospitalaria general, incluida la de la Seguridad Social; drogodependencia; las competencias de ejecución en materia de productos farmacéuticos y de gestión de la asistencia sanitaria que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tenga legalmente atribuida, y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Queda adscrito a este Departamento el Ente Público Servicio Murciano de Salud.

Disposición transitoria única.

El personal afectado por las modificaciones orgánicas establecidas en el presente Decreto, seguirá percibiendo la totalidad de sus retribuciones con cargo a los créditos a los que venían imputándose, hasta que se proceda a las correspondientes modificaciones presupuestarias.

Disposición derogatoria única.

Queda derogado el Decreto del Presidente n.º 3/2022, de 8 de febrero, de Reorganización de la Administración Regional.

Disposición final primera.

Por el Consejo de Gobierno o por el titular de la Consejería competente en materia de Función Pública y Presupuestaria, según proceda, se efectuarán las modificaciones organizativas y presupuestarias que sean precisas para la ejecución del presente Decreto.

Disposición final segunda.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 12 de mayo de 2022.—El Presidente, Fernando López Miras.

Resolución del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se determina el importe de las plazas concertadas al amparo del Decreto 10/2018, de 14 de febrero, una vez aplicados los incrementos previstos en la Ley 11/2022, de 19 de diciembre, de incremento del importe del precio de las plazas en los conciertos sociales y en los convenios de los servicios de atención residencial y de centro de día para personas mayores y en la Ley 12/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2023

BORM número 12 de 17 de enero de 2023

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia

Instituto Murciano de Acción Social

Vigencia: desde el 1 de enero de 2023

Contenido

El Decreto 10/2018, de 14 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia en los servicios sociales especializados en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad, determina que podrá ser objeto de concierto social la reserva y ocupación de plazas para su uso exclusivo por las personas usuarias de los servicios sociales de responsabilidad pública especializados en personas mayores o personas con discapacidad, en el marco de la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

La Resolución de 27 de septiembre de 2018 (BORM n.º 236, de 11 de octubre de 2018) aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas del servicio especializado de centro de día en el sector de personas mayores y determina el precio de las mismas. Asimismo, la Resolución de 10 de octubre de 2018 (BORM n.º 241 de 18 de octubre de 2018) aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas de servicios especializados en atención residencial (residencias/viviendas colectivas y residencias psicogeriátricas), en el sector de personas mayores y determina el precio de las mismas.

Al amparo del Decreto 10/2018, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia suscribió distintos conciertos sociales en la Región de Murcia en los servicios sociales especializados en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad.

Por lo que se refiere a los conciertos sociales en la Región de Murcia en el servicio especializado en el sector de personas mayores, la Ley 11/2022, de 19 de diciembre, de incremento del importe del precio de las plazas en los conciertos sociales y en los convenios de los servicios de atención residencial y de centro de día para personas mayores, establece que:

“Con efectos de 1 de enero de 2022 se incrementará en un 5,38% el precio por plaza en los conciertos sociales y en los convenios de los servicios de atención residencial y de centro de día de personas mayores”.

Asimismo, la disposición adicional trigésima quinta. Conciertos sociales, de la Ley 12/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2023, establece que “…con el fin de adecuar las condiciones económicas y las prestaciones asistenciales a las nuevas necesidades, se determina que los importes de las plazas correspondientes a los conciertos sociales de los servicios de centro de día y atención residencial del sector de personas mayores, vigentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, tendrán un incremento de un 3,50% desde 1 de enero de 2023”.

Por todo lo expuesto, vista la Propuesta de la Dirección General de Personas Mayores, y en virtud de las atribuciones conferidas a la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) por la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano de Acción Social, por el artículo 9 del Decreto 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social, y por el artículo 14.2 del Decreto 10/2018, de 14 febrero,

 

Resuelvo:

Primero: Establecer que, desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2022, los importes de las plazas correspondientes a los conciertos sociales de los servicios de centro de día y atención residencial del sector de personas mayores, recogidos en las Resoluciones del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por las que se determina el importe de las plazas concertadas al amparo del Decreto 10/2018, de 14 de febrero, una vez aplicado el incremento previsto en la Ley 11/2022, de 19 de diciembre, de incremento del importe del precio de las plazas en los conciertos sociales y en los convenios de los servicios de atención residencial y de centro de día para personas mayores, son los siguientes:

a) SERVICIO DE CENTRO DE DÍA

1) Plaza ocupada sin manutención: 737,66 €/mes sin IVA

2) Plaza ocupada con manutención: 915,75 €/mes sin IVA

3) Plaza reservada: 737,66 €/mes sin IVA

b) SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL

1) Plazas generales: 61,12 €/día con IVA incluido

2) Plazas psicogeriátricas: 66,39 €/día con IVA incluido

 

Segundo. Establecer que, desde 1 de enero de 2023, los importes de las plazas correspondientes a los conciertos sociales de los servicios de centro de día y atención residencial del sector de personas mayores, recogidos en las Resoluciones del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por las que se determina el importe de las plazas concertadas al amparo del Decreto 10/2018, de 14 de febrero, una vez aplicado el incremento previsto en la disposición adicional trigésima quinta, apartado 1, de la Ley 12/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2023, son los siguientes:

a) SERVICIO DE CENTRO DE DÍA

1) Plaza ocupada sin manutención: 763,48 € / mes sin IVA

2) Plaza ocupada con manutención: 947,80 € / mes sin IVA

3) Plaza reservada: 763,48 € /mes sin IVA

b) SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL

1) Plazas generales: 63,26 € /día con IVA incluido

2) Plazas psicogeriátricas: 68,71 € /día con IVA incluido

 

Tercero. Que se proceda a la publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” para su conocimiento.

 

Murcia, 12 de enero de 2023. El Director Gerente del IMAS, Raúl Nortes Ortín.

Decreto número 1/2023, de 16 de enero, por el que se cesa a doña Concepción Ruiz Caballero, como Directora General de Personas con Discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia

BORM número 12 de 17 de enero de 2023

Consejo de Gobierno

Vigencia: desde el 17 de enero de 2023

Contenido

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.15 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno y 11.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Murcia, a propuesta de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión del día 16 de enero de 2023

 

Dispongo:

El cese de doña Concepción Ruiz Caballero, como Directora General de Personas con Discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, por pase a otro destino.

El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 16 de enero de 2023. El Presidente por sustitución, la Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco Sánchez.


Orden de 30 de diciembre de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación de proyectos piloto que desarrollen las actuaciones de la inversión 4 «nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables» del componente 23 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C23.I4–CID 346)

BORM número 5 de 9 de enero de 2023

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Servicio Regional de Empleo y Formación

Vigencia: desde el 6 de enero de 2023

Contenido

Índice:

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la norma y ámbito de aplicación.
Capítulo II
Subvenciones para la iniciativa de «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables»

Artículo 2. Objeto de la subvención
Artículo 3. Financiación
Artículo 4. Beneficiarios de la subvención
Artículo 5. Destino de las subvenciones públicas, cuantías y financiación de las mismas
Artículo 6. Acciones subvencionables, características de los proyectos y lugar de desarrollo. Becas y ayudas
Artículo 7. Subcontratación de la actividad subvencionada por la entidad beneficiaria
Artículo 8. Criterios para la selección de las personas participantes en los proyectos integrados de inserción laboral
Capítulo III
Disposiciones de obligado cumplimiento y procedimiento para la concesión de subvenciones

Artículo 9. Compromiso de no causar daño significativo al medio ambiente
Artículo 10. Obligaciones de publicidad
Artículo 11. Régimen e inicio del procedimiento de concesión
Artículo 12. Solicitud de la subvención
Artículo 13. Instrucción y tramitación
Artículo 14. Resolución y pago de la subvención
Artículo 15. Seguimiento, control y evaluación. Justificación de la subvención
Artículo 16. Obligaciones de las entidades beneficiarias
Artículo 17. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos
Artículo 18. Reintegros y régimen sancionador
Artículo 19. Terminología de género
Disposición adicional segunda. Normativa aplicable
Disposición final primera. Facultades de aplicación
Anexo

 

TEXTO COMPLETO

 

Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional provocada por la COVID-19, el 11 de marzo de 2020, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.

El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de gran alcance.

Estas medidas aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»), cuyo elemento central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La instrumentación de la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de Recuperación se realiza a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, de conformidad con lo establecido por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision CID), de 13 de julio de 2021 y de acuerdo con el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Los proyectos que constituyen dicho Plan permitirán la realización de reformas estructurales en los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones y, por lo tanto, posibilitarán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y, además, una transformación hacia una estructura más resiliente que afronte con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro. En el marco de este cambio de modelo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsa un desarrollo basado en el equilibrio y la generación de oportunidades en el territorio eliminando las desigualdades entre áreas urbana y rural.

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la política palanca VIII. «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo», se encuadra el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», y en cuyas iniciativas participa el Servicio Regional de Empleo y Formación.

Dentro de las reformas e inversiones propuestas en este Componente se incluye la Inversión 4, «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», con dos líneas de inversión: «Colectivos vulnerables» y «Emprendimiento y microempresas».

La línea de inversión «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables» tiene por finalidad promover el desarrollo de proyectos integrados de inserción laboral para colectivos que presentan especiales dificultades de acceso al empleo, a fin de promover un crecimiento equilibrado y sostenible para toda la población en todo el territorio, paliando las desigualdades entre colectivos y entre regiones. Para lograr este objetivo se desarrollarán itinerarios individualizados y personalizados que incluirán distintas acciones, como programas de orientación, acciones de asesoramiento y acompañamiento, seguimiento en la búsqueda de empleo, ayudas a la formación y la conciliación o ayudas a la contratación laboral y para el establecimiento y seguimiento de estas acciones.

Mediante Real Decreto 979/2022, de 22 de noviembre, se regula la concesión directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2022, destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU, mediante actuaciones dentro de los proyectos “Colectivos especialmente vulnerables” incluidos en la Inversión 4 “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El citado Real Decreto otorga a la Comunidad Autónoma Región de Murcia un total de 1.500.000,00 euros, para los dos proyectos de «Colectivos vulnerables».

En fecha 27 de diciembre de 2022, se firma el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Región de Murcia para el desarrollo de dos proyectos piloto, de acuerdo con lo establecido en el citado Real Decreto.

Estos proyectos piloto están dirigidos, uno de ellos a personas jóvenes vulnerables y otro a personas en situación de paro de larga duración, incluidos en la Inversión 4, «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata en el primer caso de un programa piloto dirigido al refuerzo para el establecimiento de sistemas de alerta temprana para la prevención de situaciones de vulnerabilidad de las personas jóvenes que no acceden ni a un empleo ni a una cualificación, así como a la búsqueda de personas «jóvenes embajadoras» del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y al asesoramiento, orientación y tutoría de las personas jóvenes, así como a la evaluación de las capacidades digitales, entre otras acciones; en el segundo caso se trata de un programa piloto que tiene como objetivo identificar los elementos claves para la inserción laboral sostenible de personas en situación de desempleo de larga duración

El objetivo de estos nuevos proyectos territoriales es promover el desarrollo del empleo y el consiguiente desarrollo económico de núcleos territoriales a través de la financiación de proyectos piloto que diseñen y pongan en marcha nuevos diseños de itinerarios de inserción que permitan la incorporación al mercado laboral de colectivos alejados del mismo. Para ello, esta orden tiene como finalidad regular las bases para la convocatoria de subvenciones para la financiación de tales proyectos en la Región de Murcia.

La política de empleo es un elemento imprescindible de desarrollo económico y territorial y ha de atender a las necesidades de los diferentes territorios. De acuerdo con el artículo 4 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, la política de empleo, en su diseño y modelo de gestión, deberá tener en cuenta su dimensión local, para ajustarla a las necesidades del territorio, de manera que favorezca y apoye las iniciativas de generación de empleo en el ámbito local.

Esta dimensión local del empleo sirve también a los objetivos de desarrollo equilibrado para el conjunto del territorio y fomento del progreso social y económico de todas las regiones. En este sentido, contribuye a fijar la población al territorio siendo un medio de lucha contra el fenómeno de la despoblación.

De esta manera, la dimensión local de la política de empleo contribuye al objetivo de política de cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea, cuya finalidad es reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones y lograr el desarrollo armonioso del conjunto de la Unión. Del mismo modo, el desarrollo de las políticas de empleo en el ámbito local, promoviendo el crecimiento equilibrado y sostenible de las diferentes regiones, cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular, con el octavo y el décimo: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y reducir la desigualdad en y entre los países, respectivamente.

Para conseguir estos objetivos, las políticas de empleo deben tener en cuenta las necesidades de las regiones menos desarrolladas o que presenten circunstancias demográficas, físicas, económicas o de otro tipo que requieran un mayor esfuerzo por parte de los servicios públicos de empleo para alcanzar niveles de empleo equiparables a los del conjunto del territorio. Igualmente, los servicios públicos de empleo han de prestar una atención prioritaria a aquellos colectivos que hayan de enfrentar especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, adoptando actuaciones específicas adecuadas para ellos.

En el ámbito de gestión de las políticas activas de empleo corresponde al Servicio Regional de Empleo y Formación desarrollar esta Inversión en su territorio.

Por ello, esta orden regula las bases para la concesión por el Servicio Regional de Empleo y Formación de las subvenciones públicas destinadas a financiar proyectos piloto que desarrollen las inversiones incluidas en «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables”.

De esta manera, se contribuye al cumplimiento del objetivo n.º 346 de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision CID) de que, al menos, 39.000 trabajadores hayan completado el «Programa territorial para el reequilibrio y la equidad para colectivos vulnerables», correspondiendo a la Región de Murcia la atención a 1.277 personas trabajadoras participantes, para el periodo 2021-2023, conforme Anexo II de la Orden TES/897/2021, de 19 de agosto.

La línea de subvención para el proyecto «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables» tiene como objetivo proporcionar una atención integrada mediante un itinerario personalizado a favor de colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, especialmente, parados de larga duración, al objeto de facilitar su inserción laboral, gracias a distintas acciones de orientación y formación, entre otras.

Al objeto de instrumentar las subvenciones contenidas en el Real Decreto y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 del Real Decreto 979/2022, de 22 de noviembre, se firma un Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Si bien las subvenciones reguladas en esta orden no se contemplaron en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2022, procede su regulación al ser necesaria para el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ejecutando así los fondos extraordinarios procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Se recogen las actividades objeto de la subvención, así como el procedimiento de concesión de las ayudas. En este sentido, en cuanto la orden establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, recoge los extremos que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establecen como obligatorios para las bases reguladoras de las subvenciones públicas; igualmente, dado que se trata de financiación con fondos públicos, se recogen las medidas de seguimiento para la medición de eficacia de los mismos.

En particular, se prevé que la concesión y justificación de la subvención se realice a través del régimen de módulos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 76 a 79 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Para implementar dicho régimen, en esta orden los módulos económicos (€/participante) se corresponden con el coste unitario por persona participante establecido en el anexo III de la Orden TES/440/2022, para el proyecto «Nuevos Proyectos territoriales por el reequilibrio y la equidad. Colectivos especialmente vulnerables» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.5 de la citada orden, “la gestión de los programas en cada una de las inversiones atenderá al coste unitario validado por la Intervención General del Estado (IGAE) y que será el módulo de referencia para la justificación del gasto, según lo indicado en el anexo III.

Al proceder dichos fondos públicos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo, será de aplicación a estas bases reguladoras, así como a las convocatorias que se publiquen en su aplicación, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en las medidas que agilizan y flexibilizan la tramitación de las subvenciones financiables con fondos europeos.

Igualmente, será de aplicación el Decreto-Ley n.º 6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de la Administración Regional para la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU) para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia (BORM n.º 204, de 3 de septiembre).

De acuerdo con dicho real decreto-ley y, en aplicación de su artículo 62, las subvenciones objeto de esta orden se tramitarán según el procedimiento de concurrencia no competitiva establecido en dicho artículo, en tanto se trata de subvenciones relacionadas financiables con fondos de la Unión Europea, reguladas por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, cuyo objeto es financiar actuaciones concretas que no requieren de valoración comparativa con otras propuestas, por lo que las resoluciones de concesión se dictarán por orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.

Esta orden cumple con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así, se cumple con los principios de necesidad y eficacia, al estar la iniciativa normativa justificada por la necesidad de establecer las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones, para financiar los programas «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables». De la misma manera, en cumplimiento del principio de proporcionalidad, la norma establece la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, como es el establecimiento de las bases reguladoras de estas subvenciones para el territorio donde el Servicio Regional de Empleo y Formación tiene competencia en la gestión de las políticas activas de empleo.

Por otra parte, en virtud del principio de seguridad jurídica, esta orden es coherente con el conjunto del ordenamiento normativo en su ámbito de aplicación. Igualmente, se ha tenido en cuenta el principio de transparencia, definiéndose el objeto y ámbito de aplicación.

Finalmente, en aplicación del principio de eficiencia, esta orden, estableciendo criterios objetivos y claros sobre el ciclo completo de gestión de la tramitación de las subvenciones, persigue una correcta utilización de los recursos públicos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 Decreto-Ley nº 6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de la Administración Regional para la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU) para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia, constan los siguientes trámites: la propuesta del órgano competente, el informe jurídico y el informe de la Intervención Delegada.

En su virtud, dispongo,

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Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la norma y ámbito de aplicación.

1. Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones para financiar las actuaciones que desarrollen proyectos piloto enmarcados en «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables”, de acuerdo con la dotación presupuestaria asignada a tal fin.

Constituye un proyecto cada una de las actuaciones a realizar de conformidad con la Inversión 4, «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», comprendida en el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision CID 346), de 13 de julio de 2021.

2. El ámbito de aplicación de esta Orden se extiende al ámbito territorial de Región de Murcia, correspondiendo la gestión de las subvenciones al Servicio Regional de Empleo y Formación, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 468/2003, de 25 de abril, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de trabajo, el empleo y la formación.

3. Estas subvenciones se financiarán mediante los recursos financieros derivados del Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»), a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A la tramitación y concesión de estas subvenciones financiables con fondos de la Unión Europea les será de aplicación lo previsto por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Asimismo, las subvenciones reguladas en esta orden están sujetas, en todo caso, al cumplimiento, ejecución y realización de los hitos y objetivos fijados en el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, de conformidad con la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision CID), y estarán sometidas a la plena aplicación de los procedimientos de gestión y control que se establezcan para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE y demás normativa de la Unión Europea aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, así como a las obligaciones específicas relativas a la información y a la publicidad, a la verificación y a las demás impuestas por la normativa de la Unión Europea

4. Las ayudas previstas en estas bases reguladoras reúnen las condiciones para calificarse como subvención y están sujetas a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su normativa de desarrollo y demás normativa aplicable. No constituyen una ayuda de Estado, en los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), pues su concesión no falsea ni amenaza falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones, ya que no se conceden ventajas a las empresas, sino que se busca mejorar la empleabilidad de los trabajadores. 

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Capítulo II

Subvenciones para la iniciativa de «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables»

Artículo 2. Objeto de la subvención

1. Se establece el régimen de ayudas para la concesión de subvenciones de Proyectos piloto impulsados dentro de la iniciativa de «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables», incluidos en la Inversión 4, “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad”, comprendida en el Componente 23 “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para ello, se crean los siguientes programas:

a) Programa I: Proyecto Piloto IMPULSA JOVEN, para prevenir y frenar la permanencia en desempleo o en inactividad de personas jóvenes menores 30 años. Este proyecto piloto está relacionado con las actuaciones previstas en el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027, de trabajo digno para las personas jóvenes, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021.

b) Programa II: Proyecto Piloto EMPLEO SOSTENIBLE (LTU), para reducir el desempleo de larga duración. Este proyecto piloto se enmarca en la Estrategia FSE + 2021-2027, que prioriza en el ámbito del empleo la lucha contra el desempleo de larga duración, configurando como inversiones prioritarias las destinadas a mejorar el acceso al empleo, la adaptación al cambio de las personas trabajadoras y de las empresas y emprendedores.

A efectos de esta orden, se entiende por colectivos vulnerables, aquellos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo que se podrán determinar en las convocatorias y, especialmente, a las personas desempleadas de larga duración.

Se considerarán personas desempleadas de larga duración aquellas que hayan permanecido en situación de desempleo durante 12 meses dentro de los 18 meses anteriores al momento en que inicien su participación en el proyecto, habiendo estado inscritas como demandantes de empleo durante ese mismo periodo. En caso de personas desempleadas menores de 30 años, se considerará de larga duración cuando la situación de desempleo sea de 6 meses en los últimos 12.

2. El contenido de estos proyectos piloto será el que establezca la respectiva convocatoria y deberán incluir, al menos, acciones de orientación, asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda de empleo, con un itinerario y seguimiento personalizado para cada persona participante.

Se podrán incluir en el itinerario otras acciones facilitadoras de la inserción, tales como, en su caso, ayudas para la conciliación de la participación en el proyecto y el cuidado de familiares, ayudas de formación o de transporte y manutención, u otras que se puedan determinar en cada convocatoria.

3. El desarrollo de las acciones, individuales o colectivas, que conformen los itinerarios individualizados y personalizados indicados se realizará preferentemente de acuerdo con los Protocolos previstos en el Anexo de la Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la que se aprueba la Guía técnica de referencia para el desarrollo de los protocolos de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.

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Artículo 3. Financiación

1. Las subvenciones previstas se financiarán con cargo a los correspondientes fondos dotados en el Presupuesto de gastos del Servicio Regional de Empleo y Formación, en el marco de los fondos de la Unión Europea del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

2. La financiación se efectuará con cargo a la correspondiente partida presupuestaria que se determinará en la convocatoria. 

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Artículo 4. Beneficiarios de la subvención

1. Podrán ser beneficiarias de la subvención establecida en este capítulo, las entidades más abajo relacionadas, las cuales deberán ser competentes para la ejecución del proyecto y disponer de la capacidad técnica y de gestión suficientes:

a) Entidades locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los organismos autónomos dependientes de las mismas, cuya titularidad corresponda íntegramente a dichas entidades locales y tengan carácter exclusivamente administrativo.

b) Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que realicen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y dispongan de delegación o establecimiento en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo de la actividad objeto de subvención, y que reúnan los siguientes requisitos:

- Tener entre sus fines la formación y/o la inserción laboral de personas desempleadas incluidas en los colectivos vulnerables descritos en el artículo 2 y que se hayan determinado en la respectiva convocatoria.

- Contar con experiencia demostrada en formación y/o el trabajo de inserción laboral de los citados colectivos.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta orden las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 13. 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. Las entidades deberá asumir el compromiso de cumplimiento del apartado VI del Código de Conducta en materia de subvenciones y ayudas públicas de la Región de Murcia, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 29 de diciembre de 2021 (BORM n.º 23 de 29 de enero de 2022) (Ver Anexo I).

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Artículo 5. Destino de las subvenciones públicas, cuantías y financiación de las mismas

1. Las subvenciones a otorgar para el desarrollo de los proyectos piloto se destinarán a financiar los costes de los itinerarios individualizados y personalizados de las personas participantes, que para ellas diseñen e implementen las entidades beneficiarias, las acciones facilitadoras autorizadas que se aprueben en la convocatoria.

2. Cada persona participante deberá recibir acciones de orientación y acompañamiento en la búsqueda de empleo, así como acciones de formación en su caso, y otras acciones facilitadoras de la inserción laboral que se incluyan en el diseño de su itinerario personalizado.

2.1. En función de las necesidades que la entidad beneficiaria detecte en la persona participante, podrá incluir otras acciones que faciliten su participación, mejora de empleabilidad o inserción.

Estas acciones podrán consistir en:

a) Ayudas de conciliación.

b) Ayudas de formación y para transporte y alojamiento.

c) Adaptación de la persona al puesto de trabajo.

d) Otras que considere precisas la entidad beneficiaria dentro del itinerario y que sean autorizadas por el Servicio Regional de Empleo y Formación.

3. La cuantía de la subvención será un módulo máximo de 6.000 euros por persona participante, a percibir por el beneficiario de la subvención por cada persona participante que concluya el itinerario personalizado que se le haya diseñado.

La financiación total de la subvención se determinará en la correspondiente resolución de concesión, en función del número de participantes que la entidad solicitante se comprometa a atender y el correspondiente módulo, de forma que:

a) La cantidad máxima a percibir por participante en acciones de formación será 1.200 euros/persona, para cuyo cálculo se ha tenido en consideración un módulo hora de 12 euros.

b) Para las acciones de orientación, acompañamiento, tutoría y adquisición de competencias genéricas y transversales, así como actividades de coaching, prospección y seguimiento tras la participación en el proyecto o su inserción laboral, la cantidad máxima a percibir, por persona atendida y que finalice su itinerario, será de 3.000 euros.

c) En el caso de otras acciones facilitadoras de la inserción, la cantidad máxima a percibir será, como máximo, de 1.800 euros /persona.

Esta cantidad total tiene la consideración de módulo a efectos de la determinación del importe de la subvención y de su justificación, que se efectuarán por el régimen de módulos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 76 a 79 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Para establecer el correspondiente módulo, se ha tenido en cuenta la metodología de cálculo para la línea de inversión “Colectivos especialmente vulnerables” de la inversión C23.I4, “Nuevos Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad”, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (componente 23), aprobado por el Consejo de Ministros y la Comisión Europea. El establecimiento de los módulos económicos (€/participante) se corresponde con el coste unitario por persona participante establecido en el anexo III de la Orden TES/440/2022, para el proyecto «Nuevos Proyectos territoriales por el reequilibrio y la equidad. Colectivos especialmente vulnerables» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.5 de la citada orden, “la gestión de los programas en cada una de las inversiones atenderá al coste unitario validado por la Intervención General del Estado (IGAE) y que será el módulo de referencia para la justificación del gasto, según lo indicado en el anexo III.

No se subvencionarán acciones correspondientes a participantes que, por cualquier causa, no hayan concluido su itinerario personalizado con las condiciones que se indiquen en la convocatoria.

4. Las subvenciones reguladas en esta orden serán incompatibles con cualesquiera otras otorgadas para la misma finalidad, por otras Administraciones Públicas o entes privados o públicos, nacionales o internacionales, debiendo comunicarlo al órgano concedente tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.d) de la Ley General de Subvenciones. Deberá quedar, en todo caso, identificada nítidamente la trazabilidad de los gastos. No obstante, estas subvenciones son incompatibles con la recepción de otros fondos de la Unión Europea para la ejecución de los mismos proyectos de inversión. Conforme al artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, los proyectos de inversión financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia pueden recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste que los que ya financié la subvención de esta línea de subvención.

5. El importe de la subvención recibida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada o las intensidades máximas de ayuda fijadas en estas bases reguladoras.

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Artículo 6. Acciones subvencionables, características de los proyectos y lugar de desarrollo. Becas y ayudas

1. La actividad subvencionada consistirá en el diseño y desarrollo con éxito, así como el seguimiento de las actuaciones realizadas, de proyectos pilotos de mejora de la empleabilidad y de inserción laboral en el ámbito territorial de la Región de Murcia para los colectivos y con las especificidades indicadas en la convocatoria.

2. Según se indica en el artículo dos, se definen dos programas, cada uno de ellos establece una tipología de proyecto piloto, con elementos diferenciados y siendo los requisitos mínimos exigibles:

a) Programa I: Proyecto Piloto IMPULSA JOVEN, para prevenir y frenar la permanencia en desempleo o en situación de inactividad de personas jóvenes menores de 30 años.

El proyecto utilizará un sistema de “perfilado” y de diagnóstico adecuado al colectivo y requerirá la formación de las personas profesionales que se dediquen a la atención de estas personas jóvenes. Deberá incluir, al menos, las siguientes actuaciones:

• Asesoramiento, orientación y tutoría: se diseñará el itinerario de inserción profesional adecuado para cada participante, utilizando la mediación como herramienta de anticipación y solución de conflictos. El itinerario propondrá acciones formativas que aumente las posibilidades reales de empleo de las personas participantes, favoreciendo su incorporación al mercado laboral y a una participación activa en la sociedad.

• Evaluar, mejorar y validar capacidades importantes: se evaluarán las capacidades digitales de quienes participen en el proyecto, además, preservarán la validación y el reconocimiento de los resultados del aprendizaje no formal e informal, utilizando dispositivos de validación integrados en los sistemas de educación y formación.

• Conectar al colectivo con el entorno real: se realizarán actividades que permitan conectar a las personas participantes con las posibilidades del mercado laboral una vez finalizada su participación, a través de actuaciones como:

- Visitas de empresas y personas que hayan iniciado su proyecto emprendedor.

- Jóvenes que hayan participado en otras acciones formativas con éxito.

- Jóvenes que hayan retornado al sistema educativo.

• Se facilitará la adquisición de la experiencia profesional e inserción laboral a las personas participantes mediante la utilización de la RSE como vehículo de sensibilización y acercamiento de las empresas a las personas jóvenes de colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión.

b) Programa II: Proyecto Piloto EMPLEO SOSTENIBLE (LTU), para reducir el desempleo de larga duración en personas +45.

El proyecto utilizará un sistema de “perfilado” y de diagnóstico adecuado al colectivo y requerirá la formación de las personas profesionales que se dediquen a la atención de los participantes. Deberá incluir, al menos, las siguientes actuaciones:

• Diseño del proyecto teniendo en cuenta el tejido empresarial de la Región de Murcia y de sus demandas, de forma que el proyecto cuente con las necesidades de personal y cobertura de vacantes de estas empresas, incluyendo acciones de sensibilización e información para visibilización del proyecto ante las empresas.

• Asesoramiento, orientación y tutoría: se diseñará el itinerario de inserción profesional adecuado para cada participante. El itinerario propondrá acciones formativas que aumente las posibilidades reales de empleo de las personas participantes, favoreciendo su incorporación al mercado laboral y a una participación activa en la sociedad.

• Actividades para el diseño de hoja de ruta/plan de acción, que incluirá una metodología con herramientas flexibles y adaptadas a los diferentes perfiles y que se enfocará en el concepto de empoderamiento y autogestión de capacidades para creación de un portfolio por cada una de las personas participantes donde se impulse la acreditación de competencias Soft-skills y digitales que mejoren la empleabilidad.

• Seguimiento y acompañamiento en el proceso de intermediación mediante actividades de coaching y/o formación que permita la adaptación definitiva del participante a su puesto de trabajo.

3. En ambos tipos de proyectos, el itinerario deberá contener la realización de acciones de formación para el empleo que mejoren la empleabilidad de las personas destinatarias con una duración mínima de 100 horas. Las acciones de formación a realizar podrán llevarlas a cabo las entidades directamente o a través de una subcontratación.

4. Los itinerarios individualizados y personalizados tendrán una duración máxima de seis meses. El proyecto piloto tendrá una duración máxima de 9 meses, con el mínimo que se establezca en la convocatoria, incluyendo las acciones de seguimiento y acompañamiento tras la inserción laboral.

En todo caso, las actuaciones subvencionadas no podrán extenderse más allá del tercer trimestre de 2023.

5. Para el desarrollo de las actividades descritas, las entidades beneficiarias deberán asignar un grupo de profesionales formado por personal técnico, prioritariamente de orientación y de prospección y, en su caso, una persona coordinadora del grupo. La convocatoria establecerá la ratio y jornada de dedicación por número de participantes de cada uno de los profesionales que formen este grupo de profesionales, así como los requisitos mínimos de formación y experiencia.

6. Lugar de realización de los itinerarios.

Las instalaciones y locales en los que la entidad beneficiaria realice las acciones de los itinerarios, deberán tener las características necesarias para garantizar una ejecución del programa sin problemas de acceso a los mismos, de locales, salas y espacios adecuados al número de personas participantes, identificación de dichos espacios, acceso y uso de los equipos informáticos con conexión a internet, medios audiovisuales, horarios, y demás necesidades físicas y digitales que se deriven de la ejecución de los programas.

7. Becas y ayudas.

Las entidades beneficiarias podrán abonar a las personas incluidas en un itinerario personalizado de inserción las siguientes becas y ayudas por el importe que pueda establecerse en la correspondiente convocatoria, con un límite de 1.800 € por usuario/a:

a) Becas de asistencia. Las entidades beneficiarias podrán abonar becas por la asistencia efectiva de los participantes a las actuaciones incluidas en el itinerario personalizado y tendrá una cuantía máxima de 10 euros por día de asistencia.

b) Ayudas de conciliación. Las entidades podrán abonar ayudas a la conciliación a las personas incluidas en un itinerario personalizado de inserción. El importe a abonar ascenderá al 75 por ciento del “Indicador público de renta de efectos múltiples” (IPREM) diario por día de asistencia. Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de estas ayudas de conciliación son:

b.1) Tener hijos menores de 12 años, o familiares hasta segundo grado dependientes.

b.2) Ser familia monoparental o existir causas por lo que la otra persona miembro de la pareja no pueda hacerse cargo de los hijos en el horario de las acciones. Estas causas serían:

Trabajo por cuenta propia o ajena.

Encontrarse en desempleo y tener que realizar alguna acción para mejorar la empleabilidad recomendada por los servicios de empleo o servicios sociales.

Deber inexcusable.

Enfermedad o baja laboral que incapacite para el adecuado cuidado de los hijos.

Otras causas debidamente acreditadas documentalmente que imposibiliten el cuidado de los hijos.

c) Ayudas para transporte y manutención. Las entidades podrán abonar ayudas al transporte y manutención a las personas incluidas en un itinerario personalizado de inserción en los siguientes casos:

c.1) Que utilicen la red de transportes públicos urbanos y/o interurbanos para asistir a las acciones incluidas en el mismo.

La cuantía será de 1,5 euros/día por día de asistencia. La entidad podrá facilitar en sustitución de esta cuantía un bono de transporte por el tiempo necesario.

c.2) Cuando no exista medio de transporte público entre el domicilio habitual de la persona participante y el del centro donde se lleven a cabo las acciones o este transporte no tenga un horario regular que permita compatibilizarlo con el de la acción, se podrá tener derecho a la ayuda en concepto de transporte en vehículo propio, siempre y cuando la distancia entre ambos domicilios sea igual o superior a 10 kilómetros. Esta distancia no será tenida en cuenta cuando el domicilio de la persona participante y el domicilio del centro estén ubicados en localidades distintas

La cuantía será de 0,19 euros por Kilómetro por cada día de asistencia a las actividades del proyecto, con un máximo de 12 euros/día.

c.3) Se podrá abonar ayudas de manutención cuando el horario de realización de la actividad sea de mañana y tarde y la distancia entre la localidad donde radique el domicilio habitual de la persona participante y la localidad donde se realice la actividad diste al menos 20 kilómetros.

La ayuda en concepto de manutención tendrá una cuantía máxima de 12 euros por día de asistencia.

d) Asimismo, en función de las necesidades que la entidad beneficiaria detecte en la persona participante, podrá disponer otras acciones que faciliten la mejora de su empleabilidad o su inserción laboral, que podrán ser financiadas también mediante esta subvención, previa autorización por el Servicio Regional de Empleo y Formación.

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Artículo 7. Subcontratación de la actividad subvencionada por la entidad beneficiaria

1. Las entidades beneficiarias podrán subcontratar la ejecución parcial del proyecto piloto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del Reglamento que desarrolla la mencionada ley.

2. La subcontratación, independientemente de su cuantía, estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.

b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por el Servicio Regional de Empleo y Formación, mediante resolución que deberá ser emitida en el plazo de un mes. Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurra el citado plazo sin haberse notificado resolución expresa. A estos efectos las entidades beneficiarias deberán aportar los modelos de contrato que se vayan a formalizar para su previa autorización.

c) Que se aporte la siguiente información y documentación, respecto del subcontratista:

- NIF.

- Nombre o razón social.

- Domicilio fiscal.

- Declaración responsable de adecuación al principio de «no causar perjuicio significativo», en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, conforme al formulario habilitado por el Servicio Regional de Empleo y Formación.

- Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conforme al formulario habilitado por el Servicio Regional de Empleo y Formación.

- Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conforme al formulario habilitado por el Servicio Regional de Empleo y Formación.

- Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI), conforme al formulario habilitado por el Servicio Regional de Empleo y Formación.

- Acreditación de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada.

- Declaración responsable de solvencia para cumplir con las obligaciones establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos; comprometerse a aplicar medidas para evitar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés; y de no haber recibido, respecto a los gastos del proyecto territorial, ayudas de otros programas e instrumentos de la Unión Europea que cubran el mismo coste.

No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en este apartado.

La entidad que subcontrate la ejecución parcial de la actividad será responsable ante la Administración de todas las obligaciones contenidas en orden. La mecanización de las actuaciones en las correspondientes aplicaciones informáticas corresponderá al personal de la entidad beneficiaria.

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Artículo 8. Criterios para la selección de las personas participantes en los proyectos integrados de inserción laboral

Las entidades beneficiarias deberán solicitar a la Oficina de Empleo correspondiente las personas desempleadas que, encuadradas en los colectivos indicados en el artículo 2 y especificados en la convocatoria, participarán en sus proyectos integrados de inserción laboral, a través de la realización de itinerarios individualizados y personalizados.

Las entidades beneficiarias podrán participar en el proceso de selección de los participantes en los términos que se establezcan en la convocatoria.

En todo caso, al menos un 80 por 100 de los participantes que sean atendidos deberán proceder de la oferta de actividad gestionada por la Oficina de Empleo según corresponda.

Se dará preferencia a la participación de personas desempleadas de larga duración, cuando no sea un requisito inicial.

Si se produjese una baja a lo largo del proyecto, ésta se deberá cubrir en un plazo máximo de 15 días hábiles. La obligación de sustitución de una baja existirá hasta 30 días naturales antes de la fecha de finalización del proyecto.

Si una sustitución no se pudiera realizar en el plazo de 15 días hábiles, por causas ajenas a la entidad, esta deberá emitir un informe al respecto, comprensivo de las causas que han impedido realizar la sustitución en plazo.

 

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Capítulo III

Disposiciones de obligado cumplimiento y procedimiento para la concesión de subvenciones

Artículo 9. Compromiso de no causar daño significativo al medio ambiente

1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden deberán garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do no significant harm DNSH») y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision CID) y en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 y su normativa de desarrollo, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación.

2. Las solicitudes deberán acompañarse de una declaración responsable de adecuación al principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do no significant harm DNSH»), en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, conforme al formulario que se recoja en la convocatoria debidamente cumplimentado por la entidad solicitante.

3. Las declaraciones responsables del principio de «no causar un perjuicio significativo» (principio «do no significant harm DNSH») que se realicen deben atender obligatoriamente a la Comunicación de la Comisión Europea (2021/C 58/01), «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (principio «do no significant harm DNSH») en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».

4. En todo caso las entidades beneficiarias preverán mecanismos de verificación del cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do no significant harm DNSH») y medidas correctoras para asegurar su implementación, de lo que dejarán constancia en la memoria justificativa de la subvención.

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Artículo 10. Obligaciones de publicidad

Las entidades beneficiarias deberán dar visibilidad al origen de los fondos recibidos, de tal manera que en la documentación y medios de difusión de sus acciones deberán hacer constar «financiado por la Unión Europea Next Generation EU», para aquellas actuaciones financiadas con las subvenciones reguladas en esta orden. Esta visibilidad se hará, en particular, cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.

Deberán cumplir también las obligaciones de publicidad impuestas por la normativa nacional y de la Unión Europea que sea de aplicación, en los términos recogidos en la convocatoria.

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Artículo 11. Régimen e inicio del procedimiento de concesión

1. El Servicio Regional de Empleo y Formación podrá conceder, en los términos establecidos en esta disposición, subvenciones a las entidades promotoras de los proyectos integrados de inserción laboral para Colectivos Vulnerables, en el ámbito territorial de la Región de Murcia.

2. En aplicación de lo establecido en el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, las subvenciones objeto de esta orden se tramitarán según el procedimiento de concurrencia no competitiva establecido en dicho artículo, en tanto que se trata de subvenciones relacionadas financiables con fondos de la Unión Europea, reguladas por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. Las resoluciones de concesión se dictarán por orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.

3. El procedimiento de concesión en régimen de concurrencia no competitiva se iniciará de oficio, mediante convocatoria pública realizada por la Dirección General del Servicio Regional de Empleo y Formación, que será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

La convocatoria se realizará de acuerdo con las bases reguladoras establecidas en esta orden y con el contenido señalado en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En todo caso, en la convocatoria se determinará el plazo durante el cual se podrán presentar las solicitudes.

El Servicio Regional de Empleo y Formación, como administración concedente, comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida en la citada Base de Datos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

4. Se podrán fijar en las convocatorias límites en el número mínimo y máximo de personas participantes a atender, cuyas acciones sean susceptibles de financiación, por cada entidad solicitante.

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Artículo 12. Solicitud de la subvención

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las solicitudes de subvención, dirigidas a la Dirección del Servicio Regional de Empleo y Formación, se formalizarán en el modelo único de instancia establecido y deberá ir firmada electrónicamente por el representante de la entidad, previa cumplimentación, y presentarse en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://sede.carm.es), través del procedimiento habilitado en la Guía de procedimientos y servicios.

Las solicitudes presentadas fuera del plazo previsto en la convocatoria serán inadmitidas.

La forma y plazo de presentación de las solicitudes, así como la documentación que el interesado deberá acompañar a las mismas, se establecerán en las convocatorias. En todo caso, se presentará por parte del interesado declaración responsable del cumplimiento de las condiciones para el acceso a la subvención, ello sin perjuicio de la posibilidad de que el Servicio Regional de Empleo y Formación consulte los sistemas de información correspondientes para verificar el cumplimiento de las condiciones de los beneficiarios de la subvención. Esta comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención. En caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación o la exigencia de reintegro.

En particular, respecto a la acreditación del requisito de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en las convocatorias se podrá prever que la presentación de la solicitud conlleve la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga directamente esta información a través de certificados telemáticos, sin que el solicitante haya de presentar la correspondiente certificación, salvo que éste expresamente deniegue su consentimiento, en cuyo caso deberá aportar la certificación que corresponde, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

2. En todo caso, junto con la solicitud se presentará una declaración responsable de adecuación al principio de «no causar daño significativo» (principio «do no significant harm DNSH»), de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.

3. La solicitud de la subvención deberá acompañarse, asimismo, de una memoria descriptiva estimativa del proyecto integrado de inserción, cuyo contenido se establecerá en la convocatoria

4. Si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos en esta orden y en la convocatoria, no estuviera debidamente cumplimentada, la documentación recibida fuese defectuosa o faltase alguno de los documentos preceptivos, se requerirá a la entidad solicitante para que en el plazo máximo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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Artículo 13. Instrucción y tramitación

1. El órgano competente para la instrucción de procedimiento será la Subdirección General de Empleo y realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos, de concurrencia de la actuación subvencionable y del cumplimiento del resto de requisitos exigidos, en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

Las personas que intervengan en el proceso de selección de los beneficiarios o en los procesos de verificación del cumplimiento de las condiciones, manifestarán de forma expresa la ausencia o no de conflictos de intereses o de causa de abstención, considerando lo establecido en el artículo 61.3 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio, sobre normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión («Reglamento financiero») y el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en caso de existir conflicto de intereses o causa de abstención, la persona afectada deberá abstenerse de intervenir en estas actuaciones.

2. El órgano instructor, a la vista del expediente, formulará la propuesta de resolución provisional y/o definitiva, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Se podrá prever la concesión de un plazo máximo de diez días hábiles para que los interesados presenten su aceptación ante la propuesta de resolución definitiva. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, y la cuantía que figure en la solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sean coincidentes, en cuyo caso la propuesta de resolución tendrá carácter de definitiva.

3. En las convocatorias se podrá prever que cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. Las solicitudes de cada subvención se instruirán por orden de presentación.

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Artículo 14. Resolución y pago de la subvención

1. A la vista de la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente, que será la persona titular de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo y Formación, resolverá el procedimiento.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de dos meses, contados desde la fecha presentación de la solicitud. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

Si la resolución es de concesión se identificará la financiación por el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Se procederá al registro de la subvención en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Igualmente, la Administración podrá acceder al Registro de Titularidades y otras bases de datos análogas, en su caso, y podrá ceder información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos de la Unión Europea, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.

2. La resolución administrativa de concesión de la subvención contendrá la cuantía de la subvención que se otorga y la actividad subvencionada.

La resolución indicará el número de personas que han de participar en el proyecto integrado de inserción y concluir su itinerario.

3. Una vez dictada la resolución, se procederá al pago anticipado de la totalidad del importe de la subvención, de conformidad con los términos y condiciones previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro.

Las entidades beneficiarias quedaran exentas de prestar garantía por los importes anticipados, según lo dispuesto en el artículo 16.2. d) de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al tratarse de subvenciones a entidades sin fin de lucro y puesto que las presentes bases establecen adecuados mecanismos de control, justificación y reintegro de las subvenciones.

Dada la naturaleza de la subvención, los rendimientos financieros que se hubiesen generado por los anticipos de fondos librados no incrementarán el importe de la subvención concedida.

4. Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la misma. Dicha modificación deberá fundamentarse en circunstancias sobrevenidas tras la resolución y durante el plazo de ejecución de la actividad subvencionada para cada entidad beneficiaria y formalizarse con carácter inmediato a su acaecimiento y, en todo caso, antes de la finalización del citado plazo de ejecución. Cada convocatoria podrá determinar circunstancias que puedan dar lugar a la modificación de la resolución. En ningún caso la modificación podrá afectar a las obligaciones impuestas por la normativa de la Unión Europea o nacional aplicable, en especial, cuando suponga incumplimiento de hitos u objetivos establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision CID) o su plazo de ejecución.

El órgano competente deberá dictar resolución aceptando o denegando la modificación propuesta en el plazo de dos meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, salvo que la convocatoria establezca un plazo inferior. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada. Las resoluciones podrán retrotraer sus efectos, como máximo, al momento de la presentación de la solicitud de modificación. En todo caso, la modificación solo podrá autorizarse si no daña derechos de terceros.

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Artículo 15. Seguimiento, control y evaluación. Justificación de la subvención

1. Las entidades beneficiarias deberán someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Servicio Regional de Empleo y Formación y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a las de control financiero que correspondan, en su caso, a la Intervención General de la Administración General del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, así como a las que puedan efectuar la Comisión y el Tribunal de Cuentas Europeo, así como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la Oficina Nacional de Auditoría y, cuando proceda, la Fiscalía Europea.

En todo caso, las subvenciones reguladas en esta orden estarán sometidas, asimismo, al seguimiento, control y evaluación que se establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como a las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE se establezcan y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento, incluyendo el del principio de «no causar un perjuicio significativo» al medioambiente (principio «do no significant harm DNSH»).

A efectos de cumplir con las actuaciones de comprobación y de conformidad con lo establecido el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 («Reglamento financiero»), las entidades beneficiarias de las subvenciones, como perceptores finales de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, deberán conservar los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos, en formato electrónico y por un periodo de cinco años desde que se abonara el saldo de la operación financiera, o por un periodo de tres años, cuando el importe de la subvención sea inferior a 60.000 euros.

Asimismo, el Servicio Regional de Empleo y Formación recabará, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en formato electrónico, las categorías armonizadas de datos, de conformidad con lo especificado en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 y en los términos en que determine la normativa que sea de aplicación.

2. En todo caso, la justificación de la ejecución de las actuaciones subvencionadas deberá haberse presentado con anterioridad al 30 de septiembre de 2023. Para ello, las convocatorias establecerán la necesidad de finalizar los proyectos en el tercer trimestre de 2023.

3. La entidad beneficiaria comunicará al Servicio Regional de Empleo y Formación el inicio de las actividades objeto de subvención.

A la finalización de cada itinerario personalizado objeto de la subvención, la entidad beneficiaria deberá comunicar, dentro de los 15 días siguientes, al Servicio Regional de Empleo y Formación el número e identificación de las personas participantes que han concluido su itinerario asignado.

4. Asimismo, y sin perjuicio de lo establecido en el punto 2 anterior, la entidad beneficiaria, en el plazo de dos meses, computados desde la finalización del proyecto integrado de inserción laboral objeto de subvención, presentará ante el Servicio Regional de Empleo y Formación, la justificación del cumplimiento de las actuaciones subvencionadas y de los gastos realizados, mediante el régimen de módulos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 69 y 76 a 79 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Dicha justificación incluirá la siguiente documentación que deberá presentar el beneficiario:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. La memoria incluirá al menos:

1.º Certificación del itinerario individualizado realizado por las personas participantes que hayan concluido los itinerarios, precisando el número y porcentaje de participantes que finalizan, identificando el colectivo vulnerable al que pertenezcan según lo establecido en cada convocatoria.

2.º Documento original de firmas de todas las personas participantes en las acciones de orientación y otras actuaciones de políticas activas de empleo.

3.º Contratos de trabajo del personal adscrito al proyecto, en el caso de personal propio de la entidad.

4.º Informe comprensivo de las causas que han impedido realizar la sustitución de las bajas de las personas participantes en el plazo de 15 días hábiles.

3. Informe motivado de las becas y ayudas abonadas.

4.º Cualquier otra información que se determine en la convocatoria.

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas en función de los resultados obtenidos, que contendrá, como mínimo los siguientes extremos:

1.º Acreditación o declaración por el beneficiario, del número de participantes que hayan concluido el itinerario individualizado y personalizado.

2.º Cuantía global de la subvención justificada, calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la memoria de actuación presentada y los módulos contemplados en el artículo 5, según el sistema de cálculo y cuantificación mediante costes unitarios establecido en dicho artículo. La liquidación de la subvención se realizará en función del número de personas que haya concluido su itinerario personalizado. En ningún caso la liquidación podrá superar la cuantía de la subvención inicialmente concedida. El cálculo se realizará considerando el número de personas que hayan concluido su itinerario personalizado por el módulo económico correspondiente. Se considerará que una plaza ha sido cubierta cuando haya sido ocupada, al menos, el 70 por ciento de la duración del itinerario.

3.º Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

4.º La parte de actividad que ha sido objeto de subcontratación y la entidad subcontratada.

No obstante, según lo dispuesto en el artículo 79 del mencionado Reglamento de la Ley General de Subvenciones, los beneficiarios estarán dispensados de la obligación de presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil o cualquier otra documentación justificativa de los gastos realizados, sin perjuicio de la obligación del beneficiario de conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las correspondientes actuaciones de comprobación y control, según dispone el artículo 14.1.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de cualquier otra obligación derivada de la normativa estatal o de la Unión Europea que así lo exija.

c) Para la justificación de las becas y ayudas a las que hace referencia el artículo 6 de la presente orden, la entidad deberá poner a disposición del órgano gestor para su comprobación, en caso de ser requeridos, los justificantes de los gastos en los que han incurrido las personas beneficiarias y documento bancario que acredite que se ha realizado el ingreso de la cantidad que corresponda desde la entidad al usuario.

5. Emitido informe de comprobación favorable de la justificación, por el órgano competente del Servicio Regional de Empleo y Formación se dictará resolución por la que se declare justificada total o parcialmente la subvención concedida.

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Artículo 16. Obligaciones de las entidades beneficiarias

Las entidades beneficiarias están sometidas a las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y específicamente:

1. Realizar y acreditar la realización de las acciones enumeradas en el proyecto que se adjunta a la solicitud, en el plazo establecido en las presentes bases y en la resolución de concesión.

2. Comunicar y certificar, en la forma y con la periodicidad que sea indicada por el Servicio Regional de Empleo y Formación, la evolución periódica de los datos que permiten el cumplimiento de los hitos y objetivos correspondientes.

3. Garantizar el respeto al principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do no significant harm DNSH») según lo indicado en el artículo 9 de esta orden de bases.

4. Satisfacer a su vencimiento las obligaciones económicas que se deriven del funcionamiento de la acción subvencionada, especialmente las de carácter salarial.

6. Garantizar la gratuidad para las personas participantes en la actividad subvencionada.

7. Suscribir una póliza de accidentes para las personas participantes durante la celebración del itinerario integrado y que incluya tanto la responsabilidad civil como los accidentes, con la contratación de las siguientes coberturas.

• Fallecimiento por accidente. Importe asegurado 36.000 euros.

• Invalidez absoluta y permanente por accidente. Importe asegurado 40.000 euros.

• Invalidez Permanente Parcial por accidente (la que corresponda según baremo).

• Asistencia Sanitaria por Accidente Ilimitada, más el riesgo “in-itínere”.

8. No obstante lo anterior, la entidad beneficiaria podrá optar por suscribir una póliza de seguro colectiva, con las indicaciones ya expuestas, que cubra a todas las personas participantes, de acuerdo con el itinerario integrado de inserción aprobado.

En este caso se identificará, expresamente, el nombre de los proyectos.

En ningún caso, las personas participantes podrán iniciar el itinerario sin que la entidad beneficiaria haya suscrito la póliza de seguro, en las condiciones antes mencionadas.

La entidad deberá aportar al inicio de la actividad o del itinerario al Servicio Regional de Empleo y Formación copia o comunicación con el detalle de la o las póliza/s realizada/s.

9. Justificar ante el Servicio Regional de Empleo y Formación, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. Esto se realizará mediante la aportación de cuanta información y documentación se requiera durante la fase de seguimiento del proyecto y justificación de la subvención. La falta de aportación de esta documentación en los plazos establecidos implicará que la acción objeto de subvención se considere no realizada a efectos de la justificación de la subvención, salvo que la no comunicación en plazo se deba a causas imprevistas, debidamente justificadas y comunicadas en el momento en que se produzcan.

10. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

11. Aplicar medidas para evitar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses a la hora de aplicar las subvenciones recibidas a la financiación de proyectos y actuaciones.

12. Conservar la documentación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 y el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 («Reglamento Financiero»).

13. Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

14. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

15. Las entidades deberán utilizar la Plataforma de Orientación Laboral (POL) y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) con el perfil de usuario correspondiente a las entidades beneficiarias y que el SEF pondrá a su disposición.

El acceso de la entidad beneficiaria de la subvención a POL y SISPE para la recogida de datos de la información relativa a las acciones especificadas en la convocatoria estará habilitado hasta 10 días hábiles después de la finalización del periodo de ejecución de acciones. La entidad deberá mecanizar todos los datos referentes a los usuarios /as, que se obtengan, teniendo en cuenta que sobre esta información se realizará la verificación de objetivos

Además, deberán incluir sus datos en una base datos única, de acuerdo con lo señalado en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021

16. Las entidades estarán obligadas a colaborar en el desarrollo de actuaciones o planes de evaluación de la satisfacción de las personas participantes que se diseñen y ejecuten por el Servicio Regional de Empleo y Formación, en los términos que en los que los mismos se determinen.

17. Que la entidad beneficiaria, cumple con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, Reglamento General de protección de datos (en adelante RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa que sea de aplicación.

La entidad beneficiaria, como responsable del tratamiento de los datos de las personas destinatarias finales de las actividades desarrolladas al amparo del Proyecto, debe acreditar que ha facilitado la información establecida en el artículo 13 del RGPD:

• Que ha recabado el consentimiento de las personas interesadas para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines.

• Que ha cumplido con el deber de informar sobre la finalidad del tratamiento, su legitimidad, cesiones y transferencias de datos, los derechos que les asisten (de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición, y a no ser objeto de decisiones individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en el tratamiento), y como ejercer esos derechos (artículo 15 del RGPD).

• Que ha informado sobre la cesión de datos personales al Servicio Regional de Empleo y Formación y a otros órganos de control durante la prestación del servicio, con el objeto de su tratamiento en la medida en que sea necesario para el desarrollo de las funciones que el Servicio Regional de Empleo y Formación tiene encomendadas en virtud de Ley 9/2002, de 11 de noviembre de creación del Servicio Regional de Empleo y Formación (BORM n.º 276, 28 de noviembre de 2002).

18. Garantizar en sus actuaciones el principio de igualdad de oportunidades para todos, sin discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, mediante la integración del principio de no discriminación. Asimismo, las actuaciones estarán encaminadas a mejorar la participación sostenible y promover la incorporación de las mujeres al empleo, luchar contra la feminización de la pobreza, reducir la segregación por motivos de sexo, combatir los estereotipos de género en el mercado de trabajo, y en la educación y la formación y promover la conciliación de la vida laboral y la vida privada de todas las personas, así como el reparto equitativo de las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres. Todo ello de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo.

19. Cumplir con las obligaciones que en materia de información, comunicación y publicidad determine la normativa interna y de la Unión Europea para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, quedando obligadas las entidades beneficiarias de estas subvenciones a hacer mención en su publicidad del origen de esta financiación, velando por darle visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea Next Generation EU».

20. Garantizar el principio de accesibilidad. Lo que supone que las entidades solicitantes de las subvenciones que se convoquen, deberán contar con instalaciones accesibles para asegurar la participación de personas con discapacidad en condiciones de igualdad, disponiendo de las condiciones apropiadas para el acceso, la circulación y la comunicación de las mismas

21. Adicionalmente, las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente resolución quedarán sujetas a las obligaciones establecidas en el artículo 14 y concordantes de Ley 38/2003, de 17 de noviembre y a las obligaciones establecidas en esta resolución y en la resolución de concesión.

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Artículo 17. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos

1. Los criterios de graduación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir la entidad beneficiaria o, en su caso, el importe a reintegrar, por los incumplimientos de las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes bases, y demás normas aplicables, responderán al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas.

El incumplimiento total de las obligaciones y condiciones dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención o al reintegro del cien por cien de la subvención concedida.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán la consideración de incumplimiento total o parcial los siguientes supuestos:

2. Incumplimiento total de los objetivos para los que se concedió la subvención, a tal efecto:

2.1 Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieren impedido.

2.2 La inexistencia del seguro de accidentes de las personas participantes en el proyecto subvencionado.

2.3 Exigir a las personas participantes cantidad económica alguna en cualquier concepto, vulnerándose el principio de gratuidad que para estos tiene la formación profesional para el empleo.

2.4 Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos públicos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las acciones subvencionadas. En este caso corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

2.5 Incumplimiento de la adopción de las medidas de difusión de la financiación pública recibida, dará lugar al reintegro del 3% del importe de la subvención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento General de Subvenciones, sin perjuicio de las medidas que se pudieran adoptar de conformidad con el artículo 31.3 del citado Reglamento.

3. Incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención:

3.1 No impartir la totalidad de las horas programadas previstas para la resolución de concesión de la subvención del itinerario por causas no imputables a la entidad y apreciadas por el Servicio Regional de Empleo y Formación. En este supuesto se procederá a la liquidación de la acción por el importe correspondiente a las horas impartidas. En caso de ser imputable a la entidad, se impondrán además las sanciones que correspondan.

3.2 No abonar las becas y ayudas que correspondan a las personas participantes de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de esta orden. El importe de la reducción será proporcional al importe de las becas y ayudas no abonadas.

3.3 No abonar a su vencimiento las obligaciones económicas que se deriven del funcionamiento de la acción subvencionada, especialmente las de carácter salarial y las becas y ayudas que procedan. El importe de la reducción se calculará aplicando el interés legal del dinero a la cuantía pendiente de abono, por cada día de retraso.

3.4 La incorrecta suscripción del seguro obligatorio. El importe de la reducción se practicará proporcionalmente en función de los incumplimientos realizados.

3.5 Incumplimiento parcial de la obligación de adoptar las medidas de difusión del Next Generation EU, referido a la ausencia de cumplimiento de dichas obligaciones de conformidad con el apartado 4 del artículo 18 de la Ley de Subvenciones. El importe de la reducción se practicará proporcionalmente en función de los incumplimientos realizados.

3.6 Incumplimiento de la obligación de introducir en la aplicación POL y SISPE los datos del proyecto subvencionado relativos a las personas participantes, y cualquier otro que pueda implementarse en dicha aplicación. El importe de la reducción se practicará proporcionalmente en función de los incumplimientos realizados.

3.7 Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, así como de los compromisos asumidos por estos con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo o plazo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención; incluyendo en todo caso la obligación de mantener las exigencias tenidas en cuenta para la acreditación y de impartir la formación con los medios didácticos adecuados. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento.

3.8 Incumplimiento parcial de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades beneficiarias, así como de los compromisos por estas asumidos con motivo de la concesión de la subvención distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea, o de organismos internacionales. La cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento.

3.9 En el caso de concurrir resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control, y esta conducta solo afectase a una parte de la actividad o gastos financiados, el reintegro se limitará a las actividades o gastos afectados por la obstrucción.

3.10 Si el incumplimiento del objetivo perseguido con la subvención, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención es parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento.

3.11 Incumplimiento parcial de la obligación de justificación de la subvención. A tal efecto tendrá esa consideración el incumplimiento de los requerimientos de aportar la información y documentación que se estime necesaria para el seguimiento y control de las personas participantes de la actividad subvencionada. La cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento.

4. En el supuesto de incumplimiento parcial de la obligación de justificación o en el caso de justificación insuficiente, deberán reintegrarse las cantidades no justificadas debidamente.

5. En caso de incumplimiento de obligaciones formales que no pudieran calcularse en términos porcentuales, como es el incumplimiento del plazo de justificación, cuando el cumplimiento por parte del beneficiario del objeto de la subvención se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, se exigirá el reintegro de hasta un 3% del importe de la subvención, sin perjuicio de la imposición de la sanción que en su caso corresponda

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Artículo 18. Reintegros y régimen sancionador

1. El incumplimiento por parte del beneficiario de lo establecido en la resolución de concesión, así como en la presente orden y demás disposiciones aplicables en materia de subvenciones, en particular el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, darán lugar, a la vista de la naturaleza y causas del incumplimiento, a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como a la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma.

Esta obligación de reintegrar las cantidades percibidas será igualmente aplicable en caso de incumplimiento de hitos y objetivos, calendario o cualquier otro aspecto relacionado con la normativa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conforme a lo previsto en el artículo 7, regla séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y en el artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.

En el caso de incumplimientos parciales, el órgano competente determinará la cantidad a reintegrar por el beneficiario respondiendo al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas, salvo que pueda constituir causa de reintegro total.

Dará lugar, asimismo, a la obligación de reintegrar los fondos percibidos, conforme a lo previsto en el artículo 7, regla séptima, de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y en el artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, el incumplimiento de los principios y obligaciones, hitos, objetivos, calendario o cualquier otro aspecto relacionado con la normativa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como en el resto de normativa de la Unión Europea que sea de aplicación, en particular el incumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do no significant harm DNSH»).

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como, en su caso, lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de mayo.

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Artículo 19. Terminología de género

De conformidad con el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, todas las denominaciones que, en virtud del principio de economía del lenguaje, se hagan en género masculino en esta orden, y referidas a titulares o miembros de los órganos o colectivos de personas, se entenderán realizadas tanto en género femenino como en masculino.

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Disposición adicional primera. Disponibilidad presupuestaria

La concesión de las subvenciones queda condicionada a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio económico.

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Disposición adicional segunda. Normativa aplicable

En lo no previsto en esta orden se estará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y demás normativa tanto nacional como de la Unión Europea aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia. Además será de aplicación la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE núm. 234, de 30.09.2021) y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Asimismo resulta aplicable lo previsto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021; y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 («Reglamento Financiero»).

Además, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se estará a lo dispuesto en el Decreto-Ley n.º 6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de la Administración Regional para la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU) para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia (BORM n.º 204, de 3 de septiembre), la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás normativa que resulte de aplicación con carácter general.

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Disposición final primera. Facultades de aplicación

Se autoriza a la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación a dictar las resoluciones o instrucciones necesarias para la aplicación de esta orden.

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Disposición final segunda. Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Murcia, 30 de diciembre de 2022. La Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, M.ª del Valle Miguélez Santiago.

 

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Anexo

REGLAS DEL APARTADO VI DEL CÓDIGO DE CONDUCTA EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONDUCTA EXTERNAS

Los participantes en procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas y los beneficiarios de estas se comprometen a respetar, además de la normativa vigente en la materia que nos ocupa, las siguientes reglas:

1. No efectuarán modificaciones en la ejecución de la actividad subvencionada sin conocimiento ni aprobación expresa del órgano gestor, salvo lo que al respecto permitan y establezcan las bases reguladoras.

2. No tratarán de influir en las decisiones de los órganos de evaluación ni de los órganos concedentes de ayudas y subvenciones, ni ejercerán ningún tipo de presión sobre ellos, directa o indirectamente, respetando en todo momento su actitud de neutralidad en el proceso. 3. Se abstendrán de ofrecer regalos, dádivas, ofrecimientos o promesas a los altos cargos o al personal interviniente en cualquier fase del procedimiento de planificación, concesión, gestión, fiscalización y control de ayudas y subvenciones públicas.

4. Se abstendrán de influir en el régimen de prelación de pagos.

5. Se cuidará de que los fondos recibidos se inviertan de forma eficiente en la ejecución del proyecto o actividad subvencionada, evitando su despilfarro y optimizando su uso.

6. Cumplirán con los principios, las normas y los cánones éticos propios de las tareas, los oficios y/o las profesiones correspondientes a las actividades objeto de subvención, actuando en todo momento con imparcialidad, de buena fe y con arreglo al código deontológico de su profesión o gremio.

7. No falsearán, en ningún caso, los datos, la información o la documentación facilitada a la Administración Regional en los procedimientos de gestión, control o fiscalización de ayudas y subvenciones públicas, garantizando, en todo momento, la aportación de información veraz, completa, relevante y actualizada.

8. No obstaculizarán las actuaciones de comprobación que se efectúen por los órganos competentes, mostrando en todo momento una actitud plenamente colaboradora.

9. Los beneficiarios se responsabilizarán de que los subcontratistas con los que concierten la ejecución total o parcial de la actividad subvencionada, cuando ello esté permitido, se sujeten a los mismos principios y reglas de conductas enumerados en el presente código, debiendo informarles de su contenido.

10. Comunicarán inmediatamente al órgano competente las posibles situaciones de conflicto de intereses que puedan darse en altos cargos, directivos o empleados públicos de la Administración Pública Regional intervinientes en procedimientos de concesión, control o reintegro de subvenciones, y evitarán exponerlos a situaciones que puedan generar tales conflictos.

11. Los beneficiarios respetarán el carácter confidencial de la información a la que tengan acceso con ocasión de la ejecución de las actividades o proyectos subvencionados, respecto de la que guardarán secreto profesional, y no utilizarán dicha información confidencial para obtener, directa o indirectamente, una ventaja o beneficio de cualquier tipo en interés propio ni en el de terceras personas.

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Extracto de la Resolución de 8 de junio de 2022 de la Dirección Gerencial del IMAS de convocatoria de subvenciones para adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos residenciales para personas con discapacidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU (MODIFICADA)

BORM número 138 de 17 de junio de 2022

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia

Instituto Murciano de Acción Social

Vigencia: desde el 18 de junio de 2022

Referencias

Afectada por:

Orden de 28 de diciembre de 2021 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a corporaciones locales y entidades sin fin de lucro para la adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos residenciales del sector de personas con discapacidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation EU, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM número 301 de 31 de diciembre de 2021):

Establece las bases reguladoras.

Modificada por:

Resolución de la Dirección Gerencial del IMAS por la que se modifica la Resolución de la Dirección Gerencial del IMAS de 08 de junio de 2022 por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2022 en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a corporaciones locales y entidades sin fin de lucro para la adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos residenciales del sector de personas con discapacidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation EU, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, (BORM número 5 de 9 de enero de 2023):

Se modifica la redacción del número 2 del artículo 8 de la Resolución de 8 de junio de 2022, que queda redactado en los siguientes términos:

2.- El fin del plazo de ejecución de los proyectos subvencionados por las líneas E, F, G y H será para las subvenciones concedidas con cargo a la anualidad 2022 el 30 de septiembre de 2023, y para las concedidas con cargo a la anualidad 2023, el 31 de diciembre de 2023.

 

Contenido

BDNS (Identif.): 632372

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/632372)

Primero: Beneficiarios.

Podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones convocadas, según las líneas detalladas en los artículos 26 y siguientes de la Orden de bases:

a) Para la línea de subvención A-1: las corporaciones locales que sean propietarias de recursos residenciales de atención a personas con discapacidad intelectual que cuenten con plazas concertadas con el IMAS.

b) Para las líneas de subvención B-1 y D-1: las entidades sin fin de lucro que sean propietarias de recursos residenciales de atención a personas con discapacidad que cuenten con plazas concertadas con el IMAS.

c) Para las líneas de subvención A-2, C, E y G: las corporaciones locales inscritas en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia autorizadas para la realización de actuaciones en el área de las personas con discapacidad.

d) Para las líneas de subvención B-2, D-2, F y H: las entidades sin fin de lucro inscritas en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia autorizadas para la realización de actuaciones en el área de las personas con discapacidad.

Serán causa directa de exclusión:

a) Que la entidad no cuente con el Plan de Igualdad que en su caso sea obligatorio por contar con más de 50 trabajadores (art. 1.1 y art. 1.3 del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación).

b) Que la entidad no cuente con al menos un 2% de trabajadores con discapacidad que en su caso sea obligatorio por contar con más de 50 trabajadores (art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social).

Segundo: Objeto.

Convocar subvenciones de concurrencia competitiva para el ejercicio 2022 dirigidas a corporaciones locales y entidades sin fin de lucro para la adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos residenciales del sector de personas con discapacidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

A efectos de lo dispuesto en esta Resolución de convocatoria, serán financiables actuaciones en el marco de los siguientes proyectos del Componente 22.I1 del PRTR:

Proyecto 10. Construcción y remodelación de equipamientos para personas con discapacidad.

Proyecto 11. Construcción y remodelación de equipamientos para personas con alteraciones crónicas de la salud mental.

Proyecto 12. Adquisición de nuevos equipamientos para alumnado con discapacidad y con alteraciones graves del comportamiento.

Proyecto 13. Adquisición de nuevos equipamientos en la comunidad para personas con discapacidad.

Tercero: Bases reguladoras.

Orden de 28 de diciembre de 2021 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a corporaciones locales y entidades sin fin de lucro para la adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos residenciales del sector de personas con discapacidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation EU, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 31 de diciembre de 2021).

Orden de 8 de abril de 2022 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se modifica la Orden de 28 de diciembre de 2021 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a corporaciones locales y entidades sin fin de lucro para la adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos residenciales del sector de personas con discapacidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation EU, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 19 de abril de 2022).

Cuarta: Cuantía.

Estas subvenciones se harán efectivas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2022, financiados en un 100% por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU por un importe total de 10.497.971,78 €.

Se establecen ocho líneas de proyectos con distintos destinatarios y finalidades:

Línea A.- Subvenciones dirigidas a Corporaciones Locales para remodelación y equipamiento o construcción y equipamiento de bienes inmuebles de carácter residencial insertos en la comunidad destinados a programas innovadores de atención centrada en la persona y para la promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad física o intelectual. Cuantía: 870.000,00 €

Línea B.- Subvenciones dirigidas a entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad para remodelación y equipamiento o construcción y equipamiento de bienes inmuebles de carácter residencial insertos en la comunidad destinados a programas innovadores de atención centrada en la persona y para la promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad física o intelectual. Cuantía: 871.955,41 €

Línea C. Subvenciones dirigidas a Corporaciones locales para construcción y equipamiento o remodelación y equipamiento de recursos residenciales insertos en la comunidad destinados a programas innovadores de atención centrada en la persona y para la promoción de la vida independiente de las personas con alteraciones crónicas de la salud mental. Cuantía: 1.325.000,00 €

Línea D. Subvenciones dirigidas a entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad para construcción y equipamiento o remodelación y equipamiento de recursos residenciales insertos en la comunidad destinados a programas innovadores de atención centrada en la persona y para la promoción de la vida independiente de las personas con alteraciones crónicas de la salud mental. Cuantía: 1.328.273,10 €

Línea E. Subvenciones dirigidas a Corporaciones Locales para adquisición, remodelación y equipamiento de viviendas en la comunidad destinadas a la atención a personas con alteraciones graves del comportamiento escolarizadas en centros de educación especial. Cuantía: 1.525.000,00 €

Línea F. Subvenciones dirigidas a entidades sin fin de lucro del sector de la discapacidad para adquisición, remodelación y equipamiento de viviendas en la comunidad destinadas a la atención a personas con alteraciones graves del comportamiento escolarizadas en centros de educación especial. Cuantía: 1.526.000,00 €

Línea G: Subvenciones dirigidas a Corporaciones para la adquisición, remodelación y equipamiento de viviendas en la comunidad destinadas a personas con discapacidad. Cuantía: 1.525.000,00 €

Línea H: Subvenciones dirigidas a entidades sin fin de lucro del área de la discapacidad para la adquisición, remodelación y equipamiento de viviendas en la comunidad destinadas a personas con discapacidad. Cuantía: 1.526.743,27 €

Para las líneas A, B, C y D, el importe máximo a financiar mediante las subvenciones convocadas por la presente Resolución será de 65.000,00 € por plaza de nueva construcción y de 13.000,00 € por plaza reformada. Sólo se podrá subvencionar a cada entidad un máximo de 650.000,00 €, correspondiente a 10 plazas por beneficiaria, en el caso de nuevas construcciones y a un máximo de 260.000,00 €, correspondiente a 20 plazas por beneficiaria, en el caso de reforma de plazas ya existentes.

Para las líneas E, F, G y H, el importe máximo financiable por vivienda, incluidos todos los gastos relacionados con la adquisición, remodelación y equipamiento, será de 262.000,00 €. En caso de que la vivienda sea ya propiedad de la entidad solicitante y únicamente procedan la reforma y el equipamiento, se aplicará el límite máximo subvencionable de 13.000,00 € por plaza reformada.

Quinto: Plazo y forma de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la Resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

La solicitud electrónica se presentará en el Registro electrónico único de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia utilizando el formulario de solicitud electrónica que estará disponible en la sede electrónica (sede.carm.es) con código 2127 o por cualquier registro electrónico, de conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se presentará una única solicitud para todas las actuaciones relativas a un mismo inmueble, y el equipamiento siempre tendrá que formar parte de un proyecto de construcción, reforma o adquisición de un inmueble.

Se presentará una solicitud por cada inmueble independiente, de manera que cada entidad tendrá que presentar tantas solicitudes como inmuebles diferentes pretenda construir, adquirir o reformar.

Sexta: Otros datos.

Podrán incluirse en estas subvenciones los proyectos iniciados a partir del 1 de febrero de 2020, siempre que se ajusten a los plazos límite de ejecución para cada línea señalados en los párrafos siguientes:

El plazo de ejecución de los proyectos subvencionados por las líneas A, B, C y D será de 31 de diciembre de 2023, siempre que en el proyecto presentado por la entidad no se prevea un plazo de ejecución inferior.

El fin del plazo de ejecución de los proyectos subvencionados por las líneas E, F, G y H será el 31 de diciembre de 2022.

Murcia, 8 de junio de 2022. El Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, Raúl Nortes Ortín.


Decreto número 71/2022, de 2 de junio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia (MODIFICADO)

BORM número 127 de 3 de junio de 2022

Consejo de  Gobierno

Vigencia: desde el 3 de junio de 2022

Referencias

Modificado por:

Decreto número 142/2022, de 21 de julio, por el que se modifica el Decreto número 71/2022, de 2 de junio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia (BORM número 171 de 26 de julio de 2022):

Se modifcia el artículo 2.

Decreto número 282/2022, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Decreto número 71/2022, de 2 de junio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, (BORM número 4 de 7 de enero de 2023):

Se modifcia el artículo 2.

Contenido

El Decreto del Presidente número 11/2022, de 12 de mayo, de Reorganización de la Administración Regional, ha establecido el número, la denominación y las competencias de las distintas Consejerías, efectuando una nueva distribución competencial entre los departamentos de la Administración Regional, debiéndose establecer los Órganos Directivos de las nuevas Consejerías mediante los correspondientes Decretos de Consejo de Gobierno.

En consecuencia, resulta procedente establecer los Órganos Directivos de esta Consejería con el fin de facilitar el desarrollo de los cometidos y competencias que le han sido atribuidas.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.16 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, y 14.1 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a iniciativa de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, y a propuesta del Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del 02 de junio de 2022,

Dispongo:

Artículo 1

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: asistencia y bienestar social; desarrollo comunitario; promoción, protección y apoyo a la familia e infancia; protección y reforma de menores; políticas de promoción e integración de las personas inmigrantes, de personas con discapacidad, de personas mayores, de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia y en general de protección de personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social, incluida la creación de centros para la atención de los destinatarios de dichas políticas; así como competencias en materia de voluntariado, de gestión de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0.7% del Impuesto de renta de las personas física (IRPF), y de parejas de hecho.

Asimismo, le corresponde el desarrollo y ejecución de las políticas de la mujer, incluidas las destinadas a combatir la violencia contra las mujeres, y de las políticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, sin perjuicio de las que le corresponda a otros departamentos regionales.

Igualmente, asumirá las competencias de transparencia, participación ciudadana en la vida pública y buen gobierno, que asume con carácter transversal, evaluación de políticas públicas, registro y unidad de intereses de altos cargos y personal directivo del Sector Público Regional; acción exterior, cooperación al desarrollo y relaciones con las comunidades asentadas fuera de la Región; agenda 2030; simplificación administrativa, incluida la dirigida a la actividad empresarial; inspección y calidad de los servicios y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Queda adscrito a esta consejería el Organismo Autónomo Instituto Murciano de Acción Social.

Artículo 2

Para el desempeño de las competencias que le corresponde, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, bajo la dirección de su titular, se estructura en los siguientes Órganos Directivos:

1. Secretaría General.

- Vicesecretaría.

2. Dirección General de Mujer y Diversidad de Género.

- Subdirección General de Mujer y Diversidad de Género.

3. Dirección General de Familias y Protección de Menores.

- Subdirección General de Familias y Protección de Menores.

4. Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.

- Subdirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.

5. Dirección General de Gobernanza y Participación Ciudadana:

- Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Administración Pública de la Región de Murcia, con rango de Subdirección General.

6. Dirección General de Modernización y Simplificación Administrativa:

- Subdirección General de Modernización y Simplificación Administrativa.

Queda adscrito a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia el Organismo Autónomo Instituto Murciano de Acción Social, creado por Ley 1/2006, de 10 de abril.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular de algún órgano directivo u organismo público adscrito, el titular de la Consejería determinará el órgano que asume sus funciones, de entre los restantes.

(Artículo modificado por el Decreto número 282/2022, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Decreto número 71/2022, de 2 de junio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, en su artículo único)

Artículo 3

La Secretaría General ejercerá las funciones que le reconoce el artículo 17 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Publica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Asimismo, le corresponden las competencias relativas al asesoramiento, acreditación e inspección a entidades, centros y servicios sociales y las relativas a la tramitación de expedientes sancionadores incoados por la infracción de la normativa de ayudas públicas y, en general, en materia de servicios sociales.

Por último, le corresponde la elaboración y propuesta de disposiciones de carácter general, la instrucción, tramitación y propuesta de resolución de expedientes de reintegro; la elaboración y tramitación de convenios con otras Administraciones Públicas y con entidades de Servicios Sociales; la cobertura de las actividades de los órganos colegiados consultivos adscritos a la Consejería y de los órganos de participación en el control, vigilancia y seguimiento específico de la gestión de prestaciones vinculadas a la transferencia del Instituto Nacional de Servicios Sociales y de coordinación con el Consejo General del citado Instituto y de cuantos otros órganos en materia de Servicios Sociales se adscriban a la Consejería; así como el apoyo administrativo al Protectorado de las fundaciones de asistencia social que desarrollen principalmente sus actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma, con excepción de aquellas en cuyo órgano de gobierno participen altos cargos de la Comunidad Autónoma.

Artículo 4

La Dirección General de Mujer y Diversidad de Género ejercerá las siguientes competencias: impulso, seguimiento, evaluación y, en su caso, gestión de políticas especializadas que contribuyan a la incorporación efectiva de la mujer en la vida social, política, económica y cultural de la Región de Murcia, así como la promoción de programas y estructuras que garanticen la igualdad de oportunidades de las mujeres, incluido el fomento de la actividad asociativa, de participación y prestación de servicios específicos desde instituciones públicas y privadas y en especial, las medidas relativas a la atención integral, sensibilización y prevención sobre la violencia contra las mujeres.

Asimismo, le corresponde las competencias para la promoción y desarrollo de medidas destinadas a garantizar la igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y en general el desarrollo de políticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Artículo 5

La Dirección General de Familias y Protección de Menores ejercerá las competencias relativas a la promoción, protección y apoyo a las familias e infancia, incluida la dirección en la elaboración de planes, programas y proyectos específicos en estas materias.

Asimismo, ejercerá las funciones que corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como entidad pública competente en protección de menores, y el desarrollo de programas para la preparación a la vida independiente de acuerdo con la legislación vigente, en especial, los dirigidos a jóvenes ex-tutelados, así como la ejecución de las medidas a menores sujetos a responsabilidad penal, incluida la creación de centros para el ejercicio de las funciones aquí recogidas.

Además, le corresponde el ejercicio en la Región de Murcia de las competencias derivadas de la normativa vigente en materia de adopción y de parejas de hecho, y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Artículo 6

La Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector ejercerá las siguientes competencias: impulso, promoción y coordinación de la atención primaria de servicios sociales; la dirección en la elaboración de planes, programas y proyectos generales en materia de servicios sociales; y la coordinación con otros sistemas de protección social para la atención de colectivos en situación de vulnerabilidad social, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros departamentos.

Asimismo, le corresponden el desarrollo de políticas de promoción e integración de las personas inmigrantes, incluida la elaboración, seguimiento y evaluación de Planes y Programas relacionados con Inmigración, así como competencias en materia de voluntariado.

Además, le corresponde la gestión de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0.7% del Impuesto de renta de las personas física (IRPF), así como el fomento de las relaciones con el Tercer Sector de Acción Social en el ámbito de la Región de Murcia, y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.

Igualmente, esta Dirección General asume las competencias relativas a Acción exterior del Gobierno y las relaciones con las comunidades asentadas fuera de la Región y la cooperación al desarrollo.

Artículo 7

1. La Dirección General de Gobernanza y Participación Ciudadana asume, con carácter transversal, la transparencia, la participación ciudadana en la vida pública, la política de datos abiertos, el fomento del asociacionismo así como las competencias en materia de Agenda 2030.

2. En materia de gobierno abierto le corresponde, en particular, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La coordinación general, impulso y fomento de las políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas, tanto en materia de publicidad activa en el Portal de Transparencia, como de derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública de la Administración Regional; así como las destinadas al fomento de la participación de los ciudadanos y de colaboración con la sociedad civil organizada en la toma de decisiones en los asuntos de interés público y en la ejecución de las políticas públicas.

b) La coordinación y supervisión de la política en materia de datos abiertos en la Administración Regional, el impulso del acceso abierto a la documentación de carácter científico-técnico elaborada o encargada por la misma, así como las actividades de fomento de los datos abiertos en el conjunto de la Administraciones Públicas de la Región de Murcia.

c) El depósito de los estudios y trabajos técnicos regionales, así como de la custodia, ordenación y explotación de los fondos documentales y bibliográficos de interés general de la Comunidad Autónoma, la elaboración de una base de datos de normativa regional, y la articulación de las medidas que conduzcan a una consolidación normativa del ordenamiento jurídico regional.

d) Con carácter trasversal, la coordinación, planificación y evaluación del cumplimiento de la Agenda 2030.

Artículo 8

1. A la Dirección General de Modernización y Simplificación Administrativa le corresponde el buen gobierno, la gobernanza y la evaluación de las políticas públicas, así como la modernización y simplificación administrativa, incluida la que afecta a la actividad empresarial, la inspección general de los servicios y la atención al ciudadano.

2. En materia de buen gobierno le corresponde, en particular, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La coordinación, puesta en marcha y supervisión del cumplimiento de las medidas en materia de buen gobierno, ética, integridad pública y prevención de la corrupción que se establezcan legalmente o se determinen por el Consejo de Gobierno.

b) La gestión del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los miembros del Consejo de Gobierno y de los altos cargos de la Administración Regional y personal directivo del Sector Público Regional, en colaboración con aquellos otros órganos directivos que se señalen en la legislación vigente, así como la custodia de los expedientes de altos cargos y la gestión del Registro de Intereses, Actividades y Bienes de los mismos.

c) La evaluación de las políticas públicas y de los planes y programas cuya evaluación se le encomiende, en coordinación con el resto de consejerías, así como el fomento de la cultura de evaluación de las políticas públicas.

3. En materia de simplificación, modernización, inspección y calidad de los servicios, le corresponde el ejercicio de las funciones propias de la Inspección General de los Servicios y, en particular, las siguientes:

a) La elaboración y desarrollo, con carácter transversal de programas de reforma y modernización de la Administración Pública Regional.

b) La política de reducción de cargas administrativas y de simplificación y mejora de los procedimientos administrativos.

c) El fomento de la mejora continua de la gestión mediante el impulso, desarrollo y seguimiento de los programas de calidad en los servicios públicos, basados en la búsqueda de la excelencia y el fomento de la innovación.

d) La promoción, fomento y seguimiento de la política de administración electrónica y de interoperabilidad en la Administración Regional.

e) La evaluación del rendimiento de las unidades y servicios públicos.

f) La coordinación y seguimiento del cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos en el ámbito de las competencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sin perjuicio de las competencias que en dicha materia puedan corresponder a otros órganos o entidades.

4. En materia de simplificación administrativa para favorecer la actividad empresarial, le corresponde las funciones de administración electrónica vinculada a gestiones con empresas y de simplificación administrativa y eliminación de trabas burocráticas en materia de creación y modificación de actividades empresariales, mediante la revisión y propuesta de reducción de los procedimientos y trámites administrativos para su impulso y agilización.

5. En materia de atención al ciudadano, le corresponden las siguientes funciones:

a) La elaboración y desarrollo de programas de atención, información y asistencia a los ciudadanos a través de los distintos canales disponibles, en coordinación con las restantes consejerías, así como con otras administraciones públicas.

b) El registro, distribución y reparto de documentos, así como la gestión de procedimientos de tramitación inmediata, a través de los sistemas de carácter corporativo desarrollados a tal fin.

c) El sostenimiento del sistema de quejas y sugerencias de los ciudadanos respecto de los servicios públicos de la Administración Regional y la gestión del mismo en colaboración con la Inspección General.

6. Dependerá de la Dirección General de Modernizaci?ón y Simplificación Administrativa la Inspección General de Servicios. La Jefatura de la Inspección General de Servicios corresponderá al titular de la Subdirección General de Modernización y Simplificación Administrativa.

Artículo 9

La Vicesecretaría, las Subdirecciones Generales y demás Unidades asimiladas relacionadas en los artículos precedentes ejercerán, en sus respectivos ámbitos de actuación, las competencias recogidas en el artículos 20 y 21, respectivamente, de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

 

Disposiciones transitorias

Primera

Hasta tanto no se apruebe el Decreto por el que se desarrolla la Estructura Orgánica de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, los órganos y unidades administrativas en la misma continuarán desempeñando las funciones que en la actualidad tienen atribuidas por los Decretos correspondientes, en cuanto no se opongan a éste.

Segunda

Continuará sin alteración el régimen orgánico y retributivo del personal que presta dichas funciones, hasta que por los procedimientos reglamentarios se realicen las modificaciones oportunas, tanto de carácter presupuestario como de Relación de Puestos de Trabajo, con independencia del desempeño provisional de las funciones que transitoriamente pudieran atribuírsele.

En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del presente Decreto, se procederá por el Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital a la aprobación de aquellas modificaciones en los puestos de trabajo que sean consecuencia directa de la reorganización de la Administración Regional realizada por el Decreto del Presidente n.º 11/2022, de 12 de mayo, de Reorganización de la Administración Regional, y por este Decreto, en su caso.

 

Disposiciones derogatorias

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual e inferior rango relativas a Órganos Directivos se opongan a lo establecido en este Decreto.

 

Disposiciones finales

Primera

Por el Consejo de Gobierno o por la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, según proceda, se dictarán cuantas disposiciones y actuaciones organizativas y presupuestarias sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Segunda

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, 2 de junio de 2022. El Presidente, Fernando López Miras. El Secretario del Consejo de Gobierno, Marcos Ortuño Soto.


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