Hacienda

 

INVERSIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, con el objetivo de permitir al Ministerio de Igualdad la tramitación de diversos expedientes de gasto relativos a inversiones reales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha manifestado la necesidad de llevar a cabo los siguientes expedientes de gasto, que implican compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para el año 2025 por un importe total de 2.450.000 euros:

Contratación del servicio de creatividad, diseño, realización y producción para el conjunto de campañas y acciones de sensibilización y concienciación social contra las distintas formas de violencia contra las mujeres.

Contratación del servicio de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la materialización de la campaña de publicidad institucional denominada 'Concienciación social contra las distintas formas de violencia contra las mujeres'.

El detalle por importes y anualidades de los compromisos totales a adquirir con cargo a ejercicios futuros, sumados a los ya existentes según nivel de vinculación es el siguiente:

todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, el Consejo de Ministros ha autorizado poder elevar el límite de compromisos de gasto para la anualidad 2025.
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Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

 

EL CONSEJO DE MINISTROS HA APROBADO LA SIGUIENTE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS:

"En este Día Mundial de las Personas Consumidoras, el Consejo de Ministros de España se une a la comunidad internacional y al movimiento consumerista en la reflexión sobre la importancia de reforzar la protección de los derechos de todas las personas consumidoras, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones vulnerables. Reconocemos que democratizar las relaciones de consumo, a través de un consumo responsable y sostenible, es fundamental para promover el bienestar de la sociedad y preservar nuestro entorno para las generaciones futuras.

La protección de las personas consumidoras vulnerables es un compromiso fundamental de nuestro gobierno, habiendo sido pioneros a la hora de introducir en la normativa una noción de persona consumidora vulnerable amplia, que trasciende la tradicional concepción vinculada exclusivamente a las circunstancias económicas, imponiendo obligaciones de protección reforzada de estas personas tanto por parte de las instituciones como por parte de los operadores económicos. Sobre esta base, para garantizar que toda la ciudadanía, independientemente de sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, tenga acceso a productos y servicios de calidad y reciba un trato justo por parte de los operadores económicos.

Al efecto, apostamos firmemente por la igualdad en el acceso a bienes y servicios por parte de toda la ciudadanía, en especial, por parte de las personas con discapacidad. Es por ello por lo que seguiremos avanzando en un etiquetado que garantice la accesibilidad universal de aquellos productos de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas consumidoras, con lo que seremos pioneros a nivel internacional en la protección de los derechos como personas consumidoras de las personas con discapacidad.

Asimismo, reconocemos los desafíos y oportunidades que presenta la transformación digital en el ámbito del consumo. La digitalización ha revolucionado la forma en que compramos y consumimos bienes y servicios, ofreciendo beneficios significativos en términos de comodidad y accesibilidad. Sin embargo, también nos enfrentamos a nuevos riesgos, como la protección de datos personales, la seguridad en línea y la equidad en el acceso a la tecnología, lo que requiere esfuerzos por parte de todos los agentes para garantizar que estos beneficios llegan a todas las capas de la sociedad, en especial, a las personas mayores, y que las personas menores de edad no quedan expuestas a contenido inadecuado que pueda afectar a su desarrollo.

Es por ello por lo que nos comprometemos a abordar estos desafíos de manera integral, continuando firmemente implementando políticas con un enfoque inclusivo que garanticen que no se deje a nadie atrás en esta era digital. Para ello, resulta crucial que toda la ciudadanía tenga las habilidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la economía digital y disfrutar de sus beneficios de manera segura y equitativa.

Asimismo, teniendo en cuenta la crisis ecosocial a la que nos enfrentamos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que España se ha comprometido, continuaremos activamente fomentando un consumo sostenible que respete los límites de nuestro planeta y contribuya a un desarrollo económico y social justo y equitativo, para lo que promoveremos la primera ley sobre consumo sostenible de nuestra democracia. Esto incluirá medidas para promover la producción y el consumo responsables, así como para combatir el desperdicio, la obsolescencia programada o prácticas desleales de blanqueamiento ecológico.

En este Día Mundial de las Personas Consumidoras, renovamos nuestro compromiso de trabajar en estrecha colaboración con los operadores económicos y sociedad civil, en especial, con el movimiento consumerista, para promover y proteger los derechos de las personas consumidoras en su conjunto, reforzar la protección de las personas consumidoras vulnerables, fomentar un consumo responsable y sostenible y abordar los desafíos de la transformación digital. Abogamos porque podamos construir un futuro en el que todas las personas consumidoras puedan disfrutar de una vida digna y próspera."
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Para la Transformación Digital y de la Función Pública

 

VERIFICACIÓN DE LA EDAD PARA EL ACCESO AL CONTENIDO PARA ADULTOS EN LÍNEA

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación del Grupo de Trabajo para impulsar y coordinar las funcionalidades del sistema de control a acceso a contenidos para personas adultas de las personas menores de edad. Este grupo tiene como objetivo mejorar la protección de los menores en el acceso a los contenidos de internet proponiendo una solución tecnológica que permita la verificación eficaz de la edad de los usuarios de internet cuando accedan a contenidos inapropiados para menores, manteniendo al tiempo las máximas garantías de privacidad y protección de datos. Los trabajos del grupo culminarán en la presentación de una herramienta piloto para verificación de edad a lo largo de este año.

La exposición de los menores a contenido no deseado en internet es un asunto de máxima preocupación para la sociedad de nuestro país, como evidencian los resultados del informe, analizado a principios de año por el Consejo de Ministros, que revela que siete de cada diez adolescentes de entre 13 y 17 años consume pornografía de forma regular y un 30% afirma que es su única fuente de información afectivo-sexual.

Al mismo tiempo, la protección a la infancia y el interés superior del menor, junto con la necesaria observación de la protección de datos -especialmente de los menores de edad- impone la necesidad desde un punto de vista estrictamente técnico de que sea la persona mayor de edad quien, de forma anónima, aporte una información certificada por una fuente fiable que le permita acceder a contenidos para adultos, y no sea el menor de edad quien tenga que aportar ninguna información que permita su rastreo en Internet.

En esta tarea trabaja ya un grupo de trabajo (task force) creado por la Comisión Europea para la verificación de edad en el acceso a contenidos digitales orientado, entre otros objetivos, a encontrar soluciones técnicas comunes armonizadas en la Unión, que tiene previsto publicar unas primeras recomendaciones en junio de 2024. El Grupo de Trabajo constituido este martes por el Consejo de Ministros desarrollará su labor en estrecha coordinación con la task force europea y alineándose con sus recomendaciones, con vistas precisamente a contar con experiencias pioneras que puedan servir de modelo para la implementación de la Cartera Digital, que deberá estar disponible para su uso en toda la Unión Europea a partir de 2026 en virtud del Reglamento europeo de Identificación Electrónica (eIDAS 2).

Composición y funciones del Grupo de Trabajo

El Grupo de Trabajo estará integrado por un número igual de personas en representación de la Secretaría Estado de Función Pública, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, del Gabinete del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, de la Secretaría de Estado de Seguridad, de la Secretaría de Estado de Juventud e Infancia, de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Su presidencia corresponderá al titular de la Dirección General de Gobernanza Pública de la Secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

También participará la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), en su calidad de emisor de las credenciales verificables.

Entre las funciones del grupo de trabajo se cuentan la formulación de propuestas de funcionalidad para la implementación de soluciones técnicas, el liderazgo a nivel europeo del caso de uso de verificación de edad en el marco de la Cartera Digital europea, el seguimiento de la evolución de los trabajos técnicos y la coordinación con la estrategia integral para la protección de los menores en internet.

Cuando esté disponible, la solución de verificación de edad tendrá que ser utilizada obligatoriamente por las plataformas web de contenido para adultos establecidas en España, y de forma voluntaria por las grandes plataformas de internet que quieran participar en el desarrollo de esta experiencia piloto durante los años previos a la implantación de la Cartera Digital en el conjunto de la Unión Europea.