Convocatoria de Selección
Proceso de concurso-oposición para nombramiento como funcionario/a de carrera de una plaza de Trabajador/a Social y creación de bolsa de empleo.
Descripción de la plaza
- Grupo
- A
- Subgrupo
- A2
- Escala
- Administración Especiales
- Subescala
- Servicios Especiales
- Clase
- Trabajador/a Social
- Denominación
- Trabajador/a Social
La plaza se encuentra vacante en la plantilla de personal y su valoración económica y funcional figura en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo de la Mancomunidad.
Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el BOE.
Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
REFORMA DE LAS LEYES DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE CRÉDITOS PARA EL SAAD
El Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda vuelta, el proyecto de ley para reformar dos normas: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. De esta forma, se inicia la tramitación parlamentaria de esta reforma, que tendrá que ser aprobada ahora en el Congreso de los Diputados.
Este proyecto de ley va a ampliar el catálogo de servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia, destacando dos modificaciones:
- Se suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012, para permitir una mayor personalización en la atención a cada persona.
- Se elimina el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
- Se transforma así el Sistema de la Dependencia acometiendo las reformas necesarias para adaptarlo a los desafíos del presente y del futuro, con más prestaciones y servicios, nuevos derechos reconocidos, menos burocracia y más tecnología al servicio del bienestar de las personas.
La reforma pretende actuar ante el reto demográfico al que se enfrenta nuestro país, cuando el número de personas mayores se multiplique en los próximos años y aumente, así, el número de personas en situación de dependencia. Asimismo, se reforzará el nuevo modelo de cuidados en base a la Estrategia estatal aprobada en 2024 para ofrecer cuidados de proximidad (en el hogar o entornos comunitarios) a las personas que requieren de prestaciones por dependencia y a las que tienen una discapacidad.
Además, el Consejo de Ministros ha autorizado la distribución territorial de 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En este año 2025, este nivel acordado de financiación supondrá una inversión de más de 783 millones de euros (783.197.420 €). Esta cantidad es la más alta que ha tenido este nivel de protección en su historia y será transferida a los gobiernos autonómicos. Con esta partida se complementará la financiación de los servicios de atención a las personas dependientes que hay en cada territorio.
Más servicios en el catálogo y más prestaciones
Esta reforma legislativa incluye nuevos servicios en el catálogo:
- Cuidados y apoyos en viviendas compartidas y también nuevos modelos de convivencia colaborativa.
- Se servirán, mediante préstamo o cesión temporal, productos de apoyo que mejoren la autonomía como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz.
- Se ofrecerán servicios de asistencia personal para aquellas personas que lo deseen y tengan mayores necesidades de apoyo.
- Otra novedad incorporada en el proceso de escucha a la sociedad ha sido el reconocimiento de la extensión de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente, evitando así situaciones de deber reintegrar prestaciones económicas. Esta medida aporta seguridad jurídica y evita situaciones de incertidumbre o penalización económica a las familias o personas cuidadoras que han sostenido los apoyos hasta el final de la vida.
Al mismo tiempo, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, dando reconocimiento a los que prestan las personas allegadas, respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otras convivencias.
El nuevo texto de este proyecto de ley introduce la posibilidad de que una persona en situación de dependencia en grado II o III pueda recibir una prestación transitoria o un servicio transitorio que se adapte a su voluntad, deseos y circunstancias cuando no pueda acceder de inmediato al recurso que ha solicitado y que le corresponde por grado. Por ejemplo, si una persona pide acceder a un centro residencial que está cerca de su casa, pero no hay plazas, durante el tiempo que está en lista de espera tendrá opción a recibir una prestación alternativa acorde con su grado, como podría ser la ayuda en el domicilio. De esta manera, recibirá una prestación transitoria hasta que obtenga plaza en su centro residencial de referencia, en lugar de tener que acudir a otro centro que esté más lejos de su casa y donde la persona tiene menos conexiones sociales, como ocurre actualmente.
Más ayuda en el domicilio
Esta reforma legislativa incluye una extensión del servicio de ayuda en el domicilio a actuaciones que van más allá del ámbito doméstico y de las necesidades de cuidado personal que tenga la persona usuaria. Para ello se ofrece la posibilidad de que la persona cuidadora pueda acompañarla en otras actividades dentro de su entorno comunitario como ir al médico o a hacer la compra. Siguiendo esta línea, la reforma también incluye la asistencia personal como un servicio más del Sistema. De esta manera se ayuda a desplegar y desarrollar este servicio con el que las personas dependientes reciben el apoyo de un profesional que los ayuda a desenvolverse en su día a día para mantener su proyecto vital y participar activamente en su comunidad.
Teleasistencia universal
Este proyecto de ley reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, garantizando su acceso con independencia del territorio en el que residan. Además, se eleva a rango de ley el carácter complementario de la teleasistencia, estableciendo que no puede ser considerada como única prestación, sino que debe combinarse con otros apoyos. También se amplía su ámbito de aplicación más allá del domicilio, permitiendo a personas que viven en residencias recibir este servicio.
Apertura de los centros de día
Otra novedad que incluye el texto aprobado este martes es la consideración de los centros de día como un servicio de proximidad fundamental para la permanencia de las personas en su domicilio. Esto supondrá que estos centros se abrirán para prestar apoyos también fuera de sus instalaciones. Lo harán atendiendo en sus propios domicilios o en espacios de su entorno a aquellas personas usuarias que vivan cerca y lo requieran. Los centros de día también servirán de referencia para personas que no son sus usuarias pero que pueden encontrar en ellos otro tipo de servicios.
El objetivo es que todos los centros de día se integren en su comunidad y se adapten a las necesidades, preferencias y ritmos de vida de las personas que los utilizan. De esta manera la mayor parte de personas de la comunidad podrán acceder a actividades que promuevan su autonomía, su bienestar emocional y su participación social. Esto es especialmente relevante en zonas rurales o con baja densidad de recursos, y supone un nuevo enfoque que convertirá a estos centros en referentes comunitarios de apoyo y relación con el entorno.
Nuevos derechos
El proyecto de ley incluye nuevos derechos para las personas en situación de dependencia. Por ejemplo, se contempla que la persona usuaria tenga derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y que tenga garantizado su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.
Otro derecho importante que recoge esta reforma es el de garantizar una atención sanitaria a personas en situación de dependencia sea cual sea el lugar en el que viva, incluyendo las residencias. Se establecerán las bases para que los gobiernos autonómicos implementen procedimientos de coordinación entre sus servicios sanitarios y sociales. De esta manera, se ofrecerá una atención integral que combine ambas áreas y se podrá evitar lo ocurrido durante la pandemia del COVID-19 en algunas residencias de personas mayores.
Calidad empleo del SAAD
Otra de las novedades que incorpora el proyecto de ley después del proceso de escucha ha sido la incorporación de un artículo específico sobre la calidad en los empleos de los cuidados. El artículo establece que será a través del diálogo con los gobiernos autonómicos en el Consejo Territorial donde se establecerán los criterios de acreditación de calidad y estándares del empleo, como el número adecuado de profesionales según perfil de usuarios, su cualificación y formación continua.
Esta medida se relaciona con el Reto Trabajadoras del SAAD, una iniciativa que subraya la necesidad de valorar el trabajo de las profesionales de la Dependencia. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 calcula que para 2030 el Sistema de la Dependencia necesitará, al menos, 260.000 trabajadoras más para asegurar su sostenibilidad.
Menos burocracia y más agilidad: pasarela entre dependencia y discapacidad
La reforma de las leyes también contiene medidas destinada a agilizar y acelerar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad.
Una de las más importantes es el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I en el Sistema de la Dependencia. Como novedad, en la segunda vuelta, se ha incorporado que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad. Las personas que lo deseen podrán solicitar una valoración individualizada de la discapacidad para obtener un grado de discapacidad superior al previsto automáticamente en estas pasarelas.
Asimismo, esta reforma también agiliza el procedimiento para la revisión del Programa Individual de Atención sustituyendo la burocracia por procedimientos de comunicación más directos con la persona interesada y reforzando el derecho de las personas a participar en la elección de servicios y prestaciones. También se establece un procedimiento de urgencia, de forma que las personas en situación de especial vulnerabilidad puedan acceder a los servicios y prestaciones con mayor prontitud. Cabe destacar que la reforma recoge que el tiempo de espera será el segundo criterio de prioridad en el acceso a servicios del SAAD tras el criterio de capacidad económica.
Compatibilidad entre empleo y prestaciones
La reforma del SAAD incorpora una novedad clave para avanzar en la autonomía de las personas con discapacidad y fomentar su inserción laboral: a partir de ahora dejará expresamente claro que es posible compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema.
Hasta la fecha, muchas personas beneficiarias del SAAD se veían obligadas a renunciar a estos apoyos al iniciar una actividad laboral, ya fuera por cuenta ajena o por cuenta propia. Esta situación generaba un desincentivo para el empleo y dificultaba los proyectos de vida autónomos, especialmente en el ámbito de la discapacidad. Una de las consecuencias más frecuentes era la pérdida de plazas en centros ocupacionales, cuya recuperación posterior resultaba compleja.
Con la modificación introducida, cuando una persona reciba una oferta de empleo o unas prácticas formativas, no habrá ninguna duda de que podrá mantener su plaza en el centro durante el tiempo necesario para valorar la continuidad del puesto de trabajo. De este modo, se garantiza una transición segura hacia el empleo y se evita que la aceptación de una oportunidad laboral implique la renuncia a recursos fundamentales para la autonomía personal.
Desarrollo Artículo 49
En materia de discapacidad, el proyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros se presenta como un desarrollo normativo del nuevo Artículo 49 de la Constitución Española. De esta forma, la reforma cambiará la Ley de Discapacidad para el reconocimiento de derechos fundamentales como, por ejemplo, la accesibilidad universal. En línea con el artículo 49, el proyecto hace una mención específica a la situación de las mujeres con discapacidad, incidiendo en la importancia de garantizar su salud sexual y reproductiva. Así mismo, se alude a los niños y a las niñas con discapacidad, poniendo el foco en el fomento del desarrollo infantil a través de los servicios de atención temprana.
Accesibilidad universal
En este sentido, la nueva ley estipula la accesibilidad universal como reivindicable ante cualquier instancia, de forma que se puede exigir la accesibilidad en edificios o en servicios que sean públicos. Para ello, se creará un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, instalar rampas para sillas de ruedas, crear QR para audiodescripciones, etc.
En lo referente al ámbito privado, el proyecto incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para obligar también a la comunidad de vecinos de cada edificio a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. Por otra parte, el nuevo texto facilitará los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de vecinos para llevar a cabo la reforma que se precise.
El texto añade como novedad en esta segunda vuelta la obligación de garantizar la accesibilidad en el patrimonio histórico y cultural. Las administraciones competentes deberán adoptar medidas de accesibilidad física y cognitiva (mediante lectura fácil, pictogramas y tecnologías de apoyo) y prevé su desarrollo reglamentario en colaboración con las organizaciones representativas. El desarrollo de la accesibilidad no solo se tiene en cuenta para espacios sino también para servicios públicos.
Este es el caso de las Juntas Arbitrales de Consumo que, según el proyecto, asegurarán el acceso universal mediante procedimientos accesibles, reforzando así la protección en el ámbito del consumo.
Tecnología
La reforma contempla también importantes medidas referentes a la tecnología y en las que se reconoce tanto sus potencialidades como sus riesgos. Así, se busca mejorar la calidad de los servicios mediante el desarrollo de nuevas herramientas avanzadas de evaluación, supervisión y control, así como para promover la innovación social.
La ley establece un marco común para garantizar la calidad en los centros y servicios del SAAD, evaluando tanto los procesos de atención como su impacto en la calidad de vida de las personas y de quienes prestan cuidados. Se busca fomentar la innovación social y tecnológica bajo el liderazgo del IMSERSO para desarrollar nuevas herramientas y programas tecnológicos.
En esta lógica, se promoverán espacios de exención regulatoria para proyectos piloto que tendrán como finalidad ofrecer nuevas modalidades de cuidados personalizados y comunitarios, con la supervisión de las administraciones. Por último, se establece el compromiso de crear el Centro Estatal de Competencias de Innovación Social en el plazo de 12 meses.
La ley incorpora principios explícitos para que cualquier tecnología aplicada a la atención, desde la teleasistencia hasta el uso de sensores o inteligencia artificial, debe respetar principios esenciales como la autonomía, la privacidad y la integridad personal. En el desarrollo de la IA también se vigilará para eliminar sesgos discriminatorios que puedan afectar a las personas con discapacidad, como puede ocurrir en procesos de selección de profesionales dirigidos automáticamente.
La tecnología también se observa como una oportunidad dentro de la norma, por lo que se designará a las personas con discapacidad como grupo social de interés preferente para el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y se fomentarán los usos positivos de las nuevas tecnologías y la generación de conocimiento en torno a la ciencia y la tecnología enfocada a personas con discapacidad.
Salud mental
La ley establece un nuevo marco de atención a las personas con problemas de salud mental basado en su autonomía y en la participación. La norma establece que todas las intervenciones deben basarse en el consentimiento libre e informado, priorizando el respeto a la voluntad de la persona y el uso de apoyos en la toma de decisiones. Prohíbe expresamente prácticas coercitivas o involuntarias injustificadas, incluidos internamientos por razón de discapacidad, e impone garantías procesales reforzadas.
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Juventud e Infancia
ATENCIÓN A LA INFANCIA MIGRANTE
El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta de distribución de 22 millones de euros como crédito extraordinario a las Comunidades Autónomas de Isla Canarias y de Illes Balears y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2025.
Esta partida tiene como objetivo garantizar el sostenimiento de los sistemas de acogida de dichos territorios. De esta forma, el archipiélago canario recibirá ocho millones y medio de euros, Ceuta siete millones, Melilla cuatro millones y medio y Baleares, que recibirá parte de este crédito por primera vez, dos millones de euros. Destaca el sobreesfuerzo que realizan los territorios de llegada para la atención y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que vienen a España, por lo que. Ante esto, se apoya a las comunidades y ciudades autónomas que realizan un esfuerzo material y presupuestario elevado.
Estos recursos aportados por el Gobierno central serán destinados a la atención inmediata y la acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, así como todas las actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial, incluida su escolarización, la inserción socio laboral y la inclusión social, entre otros.
Se está impulsando el desarrollo del Real Decreto-ley 2/2025 con el objetivo de dar una acogida solidaria, digna y vinculante a quienes llegan solos y solas a nuestro país y de ayudar a los territorios de llegada. La migración es una cuestión de país y debe abordarse como país.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado una nueva Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia donde se planteará la ratificación de la propuesta de distribución.
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Para la Transformación Digital y de la Función Pública
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2025
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente a 2025, con el que se eleva a 36.588 la oferta total de puestos de trabajo en el sector público del Estado, incluidas las plazas ofrecidas en Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas. Del total, 27.697 son plazas de nuevo ingreso y 8.891 de promoción interna.
Empleo neto en la Administración del Estado
La oferta en la AGE alcanza las 26.889 plazas de funcionario y personal laboral (20.324 de turno libre y 6.565 de promoción interna) y supone una creación de 5.400 empleos netos. Se profundiza así en el cambio de tendencia logrado en 2021 manteniendo un flujo de entrada de nuevos ingresos en el sistema por encima de la pérdida de efectivos. Durante tres años consecutivos se ha producido una generación de empleo neto, lo que ha permitido frenar y revertir el proceso de envejecimiento de las plantillas.
En los últimos años, la edad media del empleado público ha bajado en dos años, pasando de los 51 a los 49 años actuales gracias a las incorporaciones récord: en 2024 las altas duplicaron a las bajas, con un crecimiento neto de 9.000 efectivos.
Otra de las medidas que está impactando en esa recuperación del empleo público es la agilización de los procesos selectivos.
El 93% de los procesos de la OEP de 2024 se han publicado en 2024 y la gran mayoría de los procesos realizan la fase de oposición en menos de un año.
Refuerzo en atención a la ciudadanía
El segundo de los ejes sobre el que se construye la oferta es el refuerzo de la asignación de plazas a cuerpos y escalas de los subgrupos de funcionarios C1 y C2, los estrechamente vinculados a la atención a la ciudadanía. Del total de plazas para personal funcionario en la AGE (13.400), el 64% pertenece a estos subgrupos, seis puntos por encima de la oferta del año pasado. Es la primera vez que la OEP se enfoca en los servicios de atención a la ciudadanía y de tramitación de prestaciones para garantizar una atención ágil, directa, de calidad e inclusiva.
Estas plazas reforzarán las oficinas de asistencia en materia de registros y las oficinas de tramitación y prestaciones, en centros como estos: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Seguridad Social, Dirección General de Tráfico (DGT), oficinas de extranjería, gerencias territoriales de justicia, Catastro, Agencia Tributaria, Oficinas de expedición del DNI, homologación de títulos educativos, bibliotecas, archivos y museos estatales y capitanías marítimas.
Cohesión territorial y social
Como ya ocurriera en 2024, la OEP 2025 reserva el 10% de las plazas para personas con discapacidad, en total 2.610 plazas, de las que 538 serán para personas con discapacidad intelectual. La incorporación cada año de estos efectivos sigue contribuyendo a una Administración más diversa e inclusiva, que promueve la integración laboral y el desarrollo profesional sin barreras y que de ese modo sirve mejor a la ciudadanía.
En el último año no sólo se ha aumentado el ritmo de incorporación de personas con discapacidad, sino que se han mejorado los recursos dedicados a su integración laboral, con la constitución de las Unidades de Inclusión en los departamentos ministeriales, cuyas capacidades serán reforzadas a lo largo de 2025.
Asimismo, esta oferta da un paso más en la territorialización de las plazas, para reflejar mejor la presencia de la Administración del Estado en todo el territorio. En las convocatorias se podrá especificar la distribución territorial de las plazas y una previsión orientativa de las provincias en las que se ofertarán destinos. El objetivo es que las personas aspirantes a los procesos selectivos tengan información sobre si existe previsión de ofertas plazas en las distintas provincias, y así atraer talento de todo el territorio.
Plazas en organismos públicos de investigación
En concreto, en las escalas correspondientes al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) se crean 602 plazas de ingreso libre y 639 plazas por el proceso de promoción interna, lo que supone un 38,4% más de plazas de acceso libre que en 2018, y un 112,3% más plazas de promoción interna: en 2018 se convocaron 435 plazas de acceso libre y 301 de promoción interna. Las plazas irán destinadas a personal científico titular, personal investigador científico, profesorado de investigación, técnicos superiores especializados, tecnólogos, técnicos especializados y ayudantes de investigación.
Más de 41.000 personas obtuvieron la valoración del grado de discapacidad y de dependencia en 2024
Fuente: Notas de prensa de la CARM
El Consejo de Administración del Instituto Murciano de Acción Social destaca además que el presupuesto ejecutado durante el ejercicio anterior superó los 431 millones de euros, 61 más que en 2023
Más de 41.000 personas obtuvieron la valoración del grado de discapacidad y de dependencia durante el ejercicio 2024, según se recoge en el balance de gestión presentado recientemente por el Consejo de Administración del organismo público, dependiente de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad.
En concreto, detalló que, en materia de discapacidad, se resolvieron 22.588 expedientes de grado (casi 2.000 más que en el año anterior), mientras que en el caso de la dependencia, la cifra se elevó a 18.462 (3.400 más que en 2023). Destaca además que el cierre de ejercicio se saldó con un aumento de 7.421 personas beneficiarias de prestaciones activas, situándose la cifra global en 57.972 personas.
La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, destacó que “estos resultados demuestran que nuestra apuesta por reforzar el modelo regional de protección social sigue siendo firme y que continuaremos centrando nuestros esfuerzos en ofrecer un servicio de calidad, adaptado a las necesidades de las personas más vulnerables”. De ahí que el presupuesto ejecutado por el IMAS alcanzara un gasto total de 431.673.671 euros en 2024 y se incrementara en 61 millones más con respecto al año anterior.
El Consejo de Administración del IMAS puso también de relieve que, el pasado año, se llevó a cabo la ampliación de 228 plazas destinadas a atender a personas con discapacidad y a personas con problemas de salud mental. Asimismo, se conveniaron y concertaron 589.992 sesiones del servicio de atención temprana con entidades locales y de iniciativa privada para cubrir, de forma gratuita, las necesidades de desarrollo de menores de la Región de Murcia con edades comprendidas entre los 0 y los 6 años.
Así, el gasto total que realizó el IMAS en centros y servicios concertados destinados a ofrecer una atención integral y a fomentar la autonomía personal de las personas con discapacidad superó los 96 millones de euros, incrementando en algo más de 21 millones el gasto del ejercicio anterior.
En relación a las plazas en residencias públicas y concertadas para personas mayores, el balance de datos recoge que éstas ascendieron a 3.959 y que se contabilizaron un total de 1.275 personas como beneficiarias de la ayuda vinculada al servicio de atención residencial. Con respecto al servicio de centro de día, la cifra de plazas se eleva a 1.332 entre centros públicos y privados, mientras que 270 personas recibieron el pasado año una prestación vinculada a este servicio.
Incremento de usuarios de teleasistencia y ayuda a domicilio
Durante el ejercicio anterior, 14.082 personas resultaron beneficiarias del servicio gratuito de teleasistencia avanzada, lo que se traduce en 4.603 más que en 2023.
En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, 3.041 personas de la Región contaron con el apoyo de personal especializado en sus viviendas. Una cifra que, junto con los servicios que se prestan a través de convenios suscritos con los ayuntamientos, hacen un total de 4.288 personas beneficiarias de este servicio.
Ruiz explicó que “este incremento viene marcado por la demanda de los mayores de la Región de poder permanecer en su hogar el mayor tiempo posible, y con la tranquilidad de sentirse atendidos y protegidos en todo momento. Y hacia esa línea de atención estamos reforzando gran parte de los recursos regionales”.
Mayor demanda de centros sociales
El IMAS cuenta con 17 centros sociales de personas mayores y un total de 94.416 socios, de los que 2.865 se incorporaron el año pasado.
Con la finalidad de fomentar el envejecimiento activo y saludable, el balance recoge que se han impartido un total de 33.129 horas en talleres y actividades presenciales, de carácter deportivo, de ocio y cultural, con una contabilización de 60.795 participantes, siendo las jornadas de socialización y convivencia las actividades con mayor afluencia de público.
Pensiones y ayudas
Durante 2023 se resolvieron 2.658 solicitudes de pensiones no contributivas y concluyó el año con 16.225 beneficiarios activos. Además, se abonaron 119.226.537 euros en concepto de pensiones y se concedieron 7.972.378 euros correspondientes a la Renta Básica de Inserción.
Con respecto a las ayudas individualizadas a mayores y a personas con discapacidad, el IMAS concedió un importe superior a los 4 millones de euros.
En cuanto a la ejecución de programas de inclusión y corresponsabilidad social el importe se elevó a 10.047.000 euros para atender a un total de 7.770 personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social.
Partida: Accesibilidad universal
Objeto:
- Acciones dirigidas a mejorar la accesibilidad universal, tanto en entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos e instrumentos, herramientas y dispositivos para hacerlos comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural, y en particular por las personas con discapacidad, que sean realizadas por entidades de las recogidas en el objeto de esta convocatoria y cuya actuación revierta en el Municipio de Cartagena.
- Quedan excluidas aquellas actuaciones que tengan la consideración de inversión.
Plazo de presentación de solicitudes es de quince días a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
El texto completo de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/845182
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Partida: Instituciones de Acción Social
Objeto:
- Actuaciones dirigidas a la atención a familias, orientación e intervención familiar.
- Actuaciones encaminadas a la cobertura de necesidades básicas, alimentación, aseo e higiene, alojamiento de personas en situación de riesgo de exclusión social.
- Actuaciones encaminadas a favorecer la inserción sociolaboral de personas en situación de riesgo y/o exclusión social.
- Acciones dirigidas a la identificación, acompañamiento e intervención en situaciones de exclusión residencial.
- Acciones dirigidas a la sensibilización y promoción del voluntariado para el impulso de iniciativas destinadas a la prevención e intervención en situaciones de soledad y/o aislamiento social con personas mayores.
- Acogida y acompañamiento de personas mayores en situación de soledad.
- Acogida y acompañamiento a transeúntes y personas sin hogar.
- Acciones de apoyo en los procesos educativos y refuerzo escolar en horario extraescolar.
- Acciones que promuevan el ocio y tiempo libre en horario no lectivo, en fines de semana y periodos vacacionales dirigidos a infancia y adolescencia en situación de riesgo y exclusión social.
- Actuaciones dirigidas a la promoción de la mujer en situación de riesgo y exclusión social, con especial atención al colectivo de trabajadoras del sexo.Acciones dirigidas a la participación social y fomento del voluntariado, ejecutadas por entidades que tengan la autorización de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad a través de su inscripción en el Registro General de Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia.
- Actuaciones que favorezcan la primera acogida y acompañamiento de las personas migrantes para su integración en el Municipio.
- Acciones encaminadas a fomentar la convivencia desde una perspectiva integradora que atienda la diversidad sociocultural y la cohesión social.
- Acciones que promuevan la lucha contra la discriminación siguiendo la línea marcada por la estrategia municipal “Cartagena Libre de Rumores”.
- Programas estructurados de promoción de la salud dirigidos a mejorar las habilidades personales y sociales del alumnado de Educación Primaria, que garanticen su desarrollo sano y seguro.
- Programas de promoción para la salud y prevención de adicciones dirigidos a profesorado y alumnado de Educación Secundaria y Formación Profesional.
- Acciones dirigidas a padres y madres para proporcionarles conocimientos y herramientas relacionadas con entrenamiento en parentalidad positiva y habilidades educativas orientadas a la prevención de conductas relacionadas con la salud del comportamiento de sus hijos e hijas.
- Acciones dirigidas a la atención, información, asesoramiento y acompañamiento jurídico a familiares y afectados por el problema de las drogas, que cuenten con la acreditación definitiva como centro o servicio socio-sanitario de atención a las drogodependencias.
- Proyectos de acogida temporal de menores extranjeros por familias del Municipio, realizados bajo la supervisión de la Dirección General de Familias y Protección de Menores.
- Servicios que presten información, apoyo y acompañamiento a personas con discapacidad y sus familias.
- Acciones encaminadas al desarrollo personal y social de las personas con discapacidad y de las personas con enfermedades crónicas y/o degenerativas.
- Servicios de atención temprana, ocupacional y residencial para personas con discapacidad.
- Programas rehabilitadores y ayudas técnicas para personas con discapacidad.
- Actuaciones que promuevan la adecuada gestión de la diversidad religiosa en el Municipio.
- Actuaciones que promuevan el acceso a la nueva sociedad de la información para las personas y colectivos más vulnerables.
Plazo de presentación de solicitudes es de quince días a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
El texto completo de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/845173
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Partida: Prevención comunitaria
Objeto:
- Proyectos que se realicen en zonas de actuación preferente donde se están ejecutando actuaciones de prevención sociosanitaria desde una perspectiva comunitaria, a través de líneas de acciones impulsadas desde Servicios Sociales (Área de Política Social, Igualdad y Familia).
- Proyectos de prevención comunitaria en materia de drogodependencias y adicciones que contemplen algunos de los siguientes objetivos generales: reducir o paliar el uso y/o abuso de drogas, tanto legales como ilegales; estimular la implicación y participación de la población a través de sus organizaciones, en la construcción de una ciudad más saludable; contribuir a la disminución del riesgo que supone el consumo de drogas, particularmente dirigido a jóvenes y colectivos con especiales situaciones de riesgo.
Plazo de presentación de solicitudes es de quince días a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
El texto completo de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/845178
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Partida: Prevención Socioeducativa en Centros Escolares
Objeto:
- Propiciar la realización de proyectos de mejora de la convivencia en los centros escolares del Municipio, con implicación de todos los estamentos de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familia).
- Contribuir al desarrollo de una conciencia social en la comunidad educativa, favoreciendo el establecimiento de un clima integrador en los centros escolares, que conduzca a un mejor conocimiento y comprensión del alumnado.
- Promover la educación en valores de tolerancia y solidaridad mutuas a fin de que se alcancen mayores intercambios y relaciones interpersonales adecuadas.
- Ayudar a los/las alumnos/as que lo requieran en su integración social y escolar facilitándoles un mayor conocimiento del contexto, evitando actitudes discriminatorias y comprendiendo los derechos y deberes que inspiran toda relación de convivencia.
- Desarrollar medidas que posibiliten el acercamiento de los padres y madres a los centros escolares, participando más activamente en el proceso educativo de sus hijos/as y en los procedimientos normalizados de apoyo y compensación educativa.
- Evitar los conflictos derivados del desarraigo social en los/as menores.
Plazo de presentación de solicitudes es de quince días a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
El texto completo de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/845183
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Partida: Otras Transferencias
Objeto:
- Actuaciones dirigidas a la plena integración de las personas gitanas, a evitar toda forma de discriminación, a promover la igualdad en el trato, a mejorar las condiciones de vida y a promover el conocimiento de su identidad cultural.
Plazo de presentación de solicitudes es de quince días a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
El texto completo de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/845180
Resolución de 3 de julio de 2025, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se modifica la de 8 de abril de 2025, por la que se aprueba la convocatoria de manifestación de interés de comunidades autónomas para la selección de operaciones en el marco del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, cofinanciado con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+)
Se modifica el punto séptimo apartado cuarto de la Resolución de 8 de abril de 2025 de la Secretaría de Estado de Derechos por la que aprueba la convocatoria de manifestación de interés de Comunidades Autónomas para la selección de operaciones en el marco del programa de inclusión social, garantía infantil y lucha contra la pobreza, cofinanciado con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que queda redactada como sigue:
«Las comunidades autónomas y ciudad de Ceuta y Melilla tendrán tres meses para entregar una solicitud por cada medida que se quiera cofinanciar siguiendo las instrucciones contempladas en esta resolución y cumplimentando el anexo correspondiente.»
Organiza: AFEMNOR SALUD MENTAL NOROESTE
Espacio de formación y capacitación laboral dirigido a personas con problemas de salud mental y a sus familiares. Proceso apoyado mediante acompañamiento psicosocial



AFEMNOR
C/ Pérez Villanueva, 49, 30430-Cehegín
Teléfonos 968 700 966 - 695 673 043
Correo electrónico afemnor@gmail.com
Hacienda
FINANCIACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 1.301 millones de euros al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la financiación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
La Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones ha sido el centro directivo que ha solicitado esta transferencia de crédito.
El Ingreso Mínimo Vital y su financiación están regulados en Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital y en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
El artículo 35 de la citada Ley 19/2021 establece que el IMV, como prestación no contributiva de la Seguridad Social, se financiará de conformidad con lo previsto en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. El artículo 109.2 de la citada norma señala que "la acción protectora de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva y universal, se financiará mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, con excepción de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social y servicios sociales cuya gestión se halle transferida a las comunidades autónomas". Al efecto, en el apartado 3 del citado artículo 109 se establece que tiene naturaleza no contributiva el Ingreso Mínimo Vital.
Por otro lado, el artículo 25 de la citada Ley 19/2021 señala que "la competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo apartado de este artículo y en las disposiciones adicionales cuarta y quinta".
En este sentido, es necesario elevar la dotación de crédito para el año 2025, encontrándose prorrogados los Presupuestos Generales del Estado del año 2023, en la aplicación 'Aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar el Ingreso Mínimo Vital'. Por ello, para dar cumplimiento a dicho gasto, el centro gestor considera necesario tramitar el presente expediente de transferencia de crédito. Por ello, este expediente se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros.
PRESTACIONES DE PROTECCIÓN FAMILIAR
El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 427.524.250 euros al citado Ministerio para la financiación de las prestaciones de protección familiar.
Las prestaciones familiares y su financiación están reguladas en los artículos 109 y 351 a 362 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, recogidas en la aplicación a incrementar consistirán en:
Asignación económica por cada hijo menor de 18 años de edad y afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 33%, o mayor de dicha edad cuando el grado de discapacidad sea igual o superior al 65%, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación, así como por los menores a su cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción, que cumplan los mismos requisitos.
Prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres o padres con discapacidad.
Prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples.
Asignaciones económicas por cada hijo o menor de 18 años a cargo sin discapacidad o con un grado de discapacidad inferior al 33%, concedidas con anterioridad a 1 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se estableció el IMV (de conformidad con la disposición transitoria sexta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital).
Política Social destina más de un millón a 16 municipios de la Región para proyectos de innovación en la atención a personas mayores
Fuente: Notas de prensa de la CARM
Destacan los programas contra la soledad no deseada, para combatir el edadismo, de digitalización de centros de día, actividades intergeneracionales y herramientas para facilitar la atención en el hogar
La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha destinado en 2025 una dotación de 1,2 millones de euros a 16 ayuntamientos de la Región de Murcia para financiar proyectos de innovación dirigidos a la atención de las personas mayores, una forma de continuar implementando actuaciones de atención personalizada, fomentar el envejecimiento activo, combatir la soledad no deseada y mejorar la calidad de vida de los mayores de la Región.
La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto a los alcaldes y representantes de los municipios beneficiarios, presentó hoy esta iniciativa y destacó que “el eje vertebrador de estas propuestas es la inclusión y participación activa de las personas mayores dentro de la comunidad” Para ello, añadió, “ha sido necesario que los distintos ayuntamientos, a través de los profesionales de Servicios Sociales, realizaran un trabajo previo muy importante, como es el de identificar las necesidades de su población, para después diseñar programas y actuaciones de atención directa”.
Entre los proyectos que se desarrollarán con estas subvenciones destacan los programas de acompañamiento a mayores en situación vulnerable, acciones contra el edadismo, la digitalización de centros de día, propuestas para mejorar la seguridad vial de los mayores en entornos urbanos, espacios para promover la autonomía personal, acciones contra la soledad no deseada, actividades intergeneracionales o herramientas para facilitar la atención en el hogar.
Ruiz explicó que la Comunidad financiará el 45 por ciento de estas actuaciones con fondos europeos Next Generation y las entidades locales asumirán el resto de financiación, por lo que agradeció a los ayuntamientos participantes “que hayan puesto el bienestar de las personas mayores en el centro de sus políticas”, y que “contribuyan a seguir fortaleciendo la red de apoyo entre administraciones para trabajar de forma conjunta por mejorar la atención de las personas más vulnerables”.
Los municipios beneficiarios en esta convocatoria son Aledo, Alguazas, Campos del Río, Cartagena, Fuente Álamo, Jumilla, La Unión, Las Torres de Cotillas, Lorca, Lorquí, Molina de Segura, Ojós, Puerto Lumbreras, San Javier, Torre Pacheco y Yecla.
Los recursos de corresponsabilidad y conciliación llegan a más de una treintena de pedanías de la Región
Fuente: Notas de prensa de la CARM
El propósito de Política Social es que las familias tengan acceso a estos servicios en igualdad de oportunidades, beneficiando en la actualidad a más de un millar de menores residentes en pedanías
Los recursos de corresponsabilidad y conciliación llegan este verano a más de una treintena de pedanías de la Región, beneficiando a más de un millar de menores con edades comprendidas entre los 0 y los 16 años de edad.
El propósito del Gobierno regional, en colaboración con los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, “es que las familias de la Región tengan acceso a estos servicios en igualdad de oportunidades, al mismo tiempo que ayudamos a combatir la despoblación y a mantener vivos aquellos núcleos de población que se encuentran más alejados de los centros urbanos”.
Así lo destacó hoy la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante su visita a la escuela de verano que se está desarrollando en el CEIP Virgen de La Candelaria, de la pedanía caravaqueña de Barranda, junto con el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, en la que hay inscritos 25 menores.
Este recurso forma parte del programa municipal ‘Colegio abierto’, en el que participan un total de 110 menores, distribuidos entre los centros educativos de las pedanías de Barranda y de Archivel, con una amplia oferta de talleres y de alternativas educativas centradas en fomentar la creatividad de los menores, en promover la conciencia social y el sentido de la responsabilidad, así como en facilitar el aprendizaje de una forma lúdica y deportiva.
Ruiz explicó que “ofrecemos cuidados profesionales a las familias para que puedan conciliar la vida laboral, personal y familiar durante los periodos vacacionales de sus hijos. Todo ello, en un espacio seguro y divertido para los niños y niñas”. Detalló que este verano, alrededor de 11.500 menores están participando en las escuelas de conciliación y corresponsabilidad de la Comunidad, de los cuales, alrededor de 300 proceden del municipio de Caravaca de la Cruz.
Para la puesta en marcha de estos recursos a lo largo de todo el año, la Consejería de Política Social ha repartido más de 6,5 millones de euros del ‘Plan Corresponsables’ entre las distintas entidades locales y sociales especializadas en la atención a menores. En el caso de Caravaca de la Cruz, la financiación supera los 120.000 euros, con el fin de ofrecer esta modalidad de atención social con las escuelas vacacionales, aulas matinales y vespertinas, servicios de canguro a domicilio y ludotecas.
La consejera animó a todos los ayuntamientos a que continúen extendiendo estos recursos hasta el último rincón de sus municipios “para que sigamos avanzando en la igualdad real entre hombres y mujeres y, por supuesto, para que puedan ejercer su derecho a cuidar de sus hijos, sin sacrificar ninguna parcela personal, ni profesional”.
Ayudas para la igualdad y la conciliación
La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad impulsa distintas actuaciones para fomentar la igualdad y favorecer la inserción de la mujer en el mercado laboral.
Una de ellas tiene que ver con el ‘cheque guardería’, dirigido a apoyar económicamente a las familias que matriculan a sus hijos en los Centros y Puntos de Atención a la Infancia de la Región (CAI y PAI), con una inversión regional de 1,3 millones de euros. También las ayudas destinadas a familias numerosas, monoparentales y de partos múltiples, que la Comunidad subvenciona con un millón de euros, que este año duplica su financiación hasta alcanzar los dos millones de euros.
El programa ‘Concilia’, dotado con 600.000 euros, también continuará impulsando el desarrollo de programas y servicios de apoyo profesional en los 45 municipios de la Región.
Política Social
Agilizado el registro de parejas de hecho en Torre Pacheco
El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma del convenio de colaboración entre la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y el Ayuntamientos de Torre Pacheco para facilitar la tramitación del procedimiento del registro de parejas de hecho en el municipio. Mediante esta colaboración, el consistorio podrá realizar actuaciones materiales del procedimiento desde su propia unidad administrativa, lo que se traducirá en una agilización de los trámites.
Esta iniciativa se materializa mediante una encomienda de gestión de la Comunidad a este Ayuntamiento, es decir, una delegación para colaborar en la tramitación. Así, a través del Servicio municipal de Asesoría Jurídica y Sanciones, podrá recepcionar solicitudes, realizar comparecencias y gestionar datos básicos del procedimiento para aquellas parejas en las que ambos miembros estén empadronados en el municipio.
El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros cuatro. La Comunidad proporcionará formación al personal municipal, pondrá a su disposición la plataforma de gestión y designará un interlocutor técnico para resolver incidencias.
Diversos ayuntamientos, como los de Águilas, Blanca, Fuente Álamo, Murcia o La Unión, se han suscrito ya a este modelo de convenio, que continuará extendiéndose al resto de municipios de la Región con el fin de agilizar la tramitación de este registro y acercar el servicio a los ciudadanos.
Objeto:
La orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras y la convocatoria para la selección, en régimen de concurrencia competitiva, de operaciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y entidades de la economía social, que recibirán cofinanciación del FSE+, en el marco del cuarto objetivo político de la política de cohesión de la Unión Europea en el período 2021-2027: Una Europa más social e inclusiva, y para el objetivo específico ESO4.12. Promover la integración social de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, en particular las más desfavorecidas y los niños; línea principal de actuación 3: Acciones de ocio educativo y saludable, medida 7L08, Escalar a todo el territorio nacional, y en especial, a aquellas regiones o zonas con una renta per cápita más baja, programas extraescolares de promoción integral de estilos de vida saludable para la infancia y adolescencia con enfoque de equidad.
Operaciones objeto del proceso de selección:
Las operaciones que se seleccionen deben enmarcarse en el Programa Estatal de «Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza» del Fondo Social Europeo Plus 2021-2027. Y dentro del programa, en la prioridad 7: garantía infantil; objetivo específico ESO4.12. Promover la integración social de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, en particular las más desfavorecidas y los niños; Línea principal de actuación 3: acciones de ocio educativo y saludable; Medida 7.L.08.
Estructura de actuaciones objeto de las operaciones a seleccionar:
Este programa se desarrollará, preferentemente en centros educativos públicos (patios de colegios e institutos), o bien en espacios comunitarios o espacios singulares, y siempre fuera del horario escolar, con el objetivo de promover hábitos de vida saludables en niñas, niños y adolescentes (NNA), y sus familias, para así incrementar la calidad de vida en relación a la salud y el bienestar de NNA residentes en barrios en situación de vulnerabilidad.
A efectos de esta convocatoria, un espacio de intervención singular o comunitario se referirá a aquel distinto al centro educativo público que resulta, por ubicación, conexión barrial-vecinal y/o calidad de las instalaciones, adecuado para la realización de actuaciones objeto de esta convocatoria.
El programa conlleva la dinamización de actividades por un periodo de 32 semanas o equivalentes, coincidente en la medida de lo posible con las semanas lectivas del curso escolar, adaptadas a la realidad de cada territorio, y excluyendo, en principio, el mes de septiembre, concebido como mes preparatorio y de difusión de la actividad.
Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes será de sesenta días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 76, de 2 de abril de 2025, se han publicado las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Técnico/a Superior Centro Desarrollo Infantil-Atención Temprana, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Superior, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
La Comunidad y el Colegio de Psicología firman un protocolo para mejorar la atención de cerca de 86.000 personas vulnerables
Fuente: Notas de prensa de la CARM
Impulsará actuaciones en materia de formación, investigación e innovación dentro del ámbito de los Servicios Sociales
La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha firmado hoy un protocolo de actuación con el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM), para mejorar la atención social que en la actualidad reciben cerca de 86.000 personas en situación de vulnerabilidad, a través de los 36 centros de Servicios Sociales regionales.
El documento, rubricado por la consejera, Conchita Ruiz, y por la decana del Colegio, Pilar Martín, permitirá impulsar actuaciones en materia de formación, investigación e innovación para “continuar avanzando en esa hoja de ruta que nos hemos marcado desde la Comunidad, de ofrecer unos servicios sociales de calidad y adaptados a las necesidades reales de las personas”, resaltó Ruiz.
La consejera explicó que, “este nuevo marco de colaboración está orientado a favorecer la inclusión social de las personas vulnerables. El propósito del Gobierno regional no es solo atender las necesidades sociales, sino también prestar una atención a la mejora del bienestar emocional, al desarrollo de habilidades y al fortalecimiento de la autoestima de las personas usuarias para que quieran y sean capaces de abandonar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran”.
Con esta finalidad, la Consejería de Política Social y el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia trabajarán de forma conjunta para que los profesionales de la Psicología que forman parte de los equipos de Servicios Sociales de Atención Primaria puedan tener la formación necesaria para su aplicación en el ámbito de la intervención social. También, para el diseño de estudios de investigación que permitan conocer las causas que originan las diferentes situaciones de vulnerabilidad, con el fin de desarrollar políticas de actuación más eficaces e individualizadas.
La titular de Política Social también especificó que, en materia de innovación, “esta colaboración también implicará la elaboración de estrategias preventivas para dar una respuesta global a los procesos de socialización y a las dificultades asociadas a la vulnerabilidad, la desprotección, el riesgo, la violencia y la exclusión social”.
Resolución de 23 de junio de 2025, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio-tipo de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Formación Profesional y la Asociación para la Promoción de la Atención Temprana y la Integración Social de Niños y Niñas (AEPISMI), para el desarrollo de programas de intervención educativa en centros sostenidos con fondos públicos en la Región de Murcia
La Consejería de Educación y Formación Profesional de la CARM y la asociación AEPISMI, unidos en el objetivo común de la mejora de la calidad de la educación, colaborarán para impulsar y complementar los programas de intervención educativa que se desarrollan en los centros educativos públicos y privados concertados que conjuntamente acuerden las partes destinados al alumnado que presente alguna alteración en su desarrollo evolutivo o bien esté en riesgo de padecerla.
Son destinatarios de los programas de intervención educativa objeto de este convenio el alumnado que presente alguna alteración en su desarrollo evolutivo o bien esté en riesgo de padecerla, con necesidades específicas de apoyo educativo que curse enseñanzas de Educación Infantil o educación básica en centros sostenidos con fondos propios de la CARM que conjuntamente acuerden las partes.
La celebración del presente convenio no supone gasto adicional al previsto en los presupuestos de la CARM, por lo que no se derivan de la suscripción de este convenio gastos para la Administración Regional de ninguna clase.
Este convenio surtirá efectos desde el momento de su firma y tendrá una duración de cuatro años, sin perjuicio de que se acuerde expresamente su prórroga, por el plazo máximo de cuatro años.
La Comunidad fortalece los servicios de la dependencia al destinar más de 76 millones a los cuidados en el entorno familiar
Fuente: Notas de prensa de la CARM
Incrementa en más de 17 millones la partida presupuestaria destinada a mejorar la atención de 28.400 personas dependientes dentro del hogar e invierte cerca de 5 millones en incrementar 275 plazas en centros de mayores y de discapacidad
Refuerza las políticas de apoyo a las familias vulnerables, duplicando las ayudas a familias numerosas y monoparentales, y destina más de un millón de euros a los servicios especializados de atención a la infancia y adolescencia
La Consejería de Política Social presta especial atención a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, aumentando los fondos autonómicos hasta los 510.000 euros y pone en marcha una nueva línea de ayudas directa a víctimas de violencia sexual
La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad apuesta por fortalecer los servicios de atención a la dependencia, destinando más de 76 millones de euros a los cuidados en el entorno familiar. Un incremento presupuestario de más de 17 millones de euros en comparación con 2024, que permitirá mejorar la atención de 28.400 personas dependientes de la Región y cumplir su deseo de ser atendidos dentro de su hogar y junto a su entorno más cercano.
La consejera Conchita Ruiz resaltó esta iniciativa hoy durante la presentación en la Asamblea Regional, del proyecto de presupuestos de su departamento para este año 2025 y que está dotado con 592 millones de euros (un 7,62 por ciento más con relación al ejercicio anterior).
Para Ruiz, “estos presupuestos han sido diseñados para dar una respuesta eficaz y un apoyo constante a las familias más necesitadas de la Región y para acompañar a las personas desde los primeros años de vida hasta la última etapa en la que precisan de más cuidados, más protección y más recursos”.
En este sentido, el compromiso de la Comunidad “es estar al lado de quienes más apoyo precisan”. Por este motivo, la Consejería de Política Social incluye una partida de más de 1,4 millones de euros para la contratación de nuevos profesionales en los equipos Evos, con el fin de reducir los tiempos de espera, tanto en el ámbito de la dependencia como de la discapacidad.
Además, tal y como viene haciendo en los últimos años, el departamento de Política Social destina una partida presupuestaria de 5 millones de euros al incremento de nuevas plazas, en torno a 275, en centros residenciales, de día y de Servicios de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP), dirigidas a mayores y a personas con discapacidad. Incluso, aumenta en más de 4 millones la financiación para los gastos de funcionamiento y de remodelación de los centros públicos del IMAS para personas con discapacidad, así como para la construcción del nuevo centro de día y SEPAP de Churra.
En Atención Temprana, la implantación del servicio continúa consolidándose en la Región de Murcia, con un crecimiento de 7 millones de los conciertos y convenios respecto al año anterior. Una cantidad a la que se suman 3,4 millones de euros adicionales para seguir ampliando este servicio, que ya ha beneficiado a 8.000 menores en la Región, desde que la Comunidad estableció su gratuidad.
En su conjunto, la Consejería de Política Social ha establecido una partida de 336 millones para dar cobertura a las necesidades que presentan las personas mayores y las personas con discapacidad, y destina un total de 102 millones a pensiones, valoración y programas de Inclusión.
Cerca de 30 millones para Teleasistencia y Ayuda a Domicilio
El servicio de Teleasistencia avanzada que ofrece la Comunidad a personas dependientes de la Región ha incrementado un 50 por ciento el número de usuarios desde que entró en vigor el nuevo contrato que garantiza la gratuidad del servicio, alcanzando en la actualidad a más de 13.000 personas beneficiarias. Con un promedio de más de 460 altas mensuales, dicho servicio cuenta con un presupuesto regional que supera los 3,6 millones de euros.
Tanto este servicio como el de la Ayuda a Domicilio son herramientas fundamentales para garantizar que las personas mayores puedan decidir libremente su permanencia en el hogar el mayor tiempo posible. En este caso, el servicio cuenta con más de 4.000 personas beneficiarias que podrá verse ampliado este año con 700 personas más, gracias a la financiación que ha destinado la Consejería de Política Social de 26 millones de euros.
Atención a las familias más vulnerables
La consejera de Política Social resaltó que “detrás de cada partida presupuestaria hay un rostro, una familia, una historia de superación”. De ahí que el presupuesto de su departamento tenga un apartado específico para apoyar a las familias más vulnerables y a reforzar su protección social.
Más de 77 millones de euros irán destinados a continuar desarrollando actuaciones para proteger y generar oportunidades para los niños y adolescentes, para favorecer una conciliación real a madres y padres y para prevenir la exclusión social acompañando a las familias en momentos de dificultad económica o emocional.
En este sentido, Ruiz anunció que la partida inicial de un millón de euros, destinada a apoyar económicamente a las familias numerosas, monoparentales y de partos múltiples se duplicará en este 2025 para llegar a más familias y para ayudarles a afrontar gastos de manutención, crianza y conciliación, entre otros.
También, a través de los Servicios Comarcales de Apoyo a Familias, la Consejería de Política Social seguirá ofreciendo un servicio especializado de atención a la infancia y adolescencia en riesgo, para proporcionar a las familias las herramientas adecuadas para prevenir y afrontar posibles situaciones de riesgo y vulnerabilidad, a través de servicios de orientación, mediación y terapia familiar. A este fin, la Comunidad destina más de un millón de euros.
La consejera además resaltó que “la maternidad no debe, en ningún caso, suponer una penalización para las mujeres. Por eso es necesario apoyar a quienes desean ser madres y enfrentan dificultades para ello”. De ahí que el presupuesto regional incorpore una dotación específica de 40.000 euros destinada a la entidad Red Madre, con el fin de apoyar a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.
Refuerzo de los Servicios Sociales
El Gobierno regional invierte este año 49,5 millones de euros para reforzar los servicios sociales básicos, desarrollando su digitalización, consolidando las mejoras en ratios de personal e impulsando mejoras en innovación, accesibilidad y simplificación, así como reforzando medidas para combatir la pobreza.
Destaca el Servicio de Acompañamiento Intensivo por una cuantía de 1,8 millones de euros, donde la persona usuaria dispone de un profesional especializado que le brinda acompañamiento continuo, para mejorar o superar su situación de exclusión social. Actualmente, cerca de mil personas en la Región se benefician de este servicio. También destaca la futura Estrategia Autonómica de Lucha Contra la Pobreza, que afronta ya su recta final, con una partida inicial de 300.000 euros.
Precisamente, en materia de pobreza, Política Social pone el foco en el sinhogarismo para proporcionar una atención integral a las personas sin hogar y conseguir que abandonen esa situación de vulnerabilidad, tanto a través de la convocatoria de Lucha Contra la Pobreza, para la que se ha destinado 2 millones de euros, como a través de un proyecto piloto en las ciudades de Murcia y Cartagena, dotado con 120.189 euros (ampliables), para potenciar fórmulas innovadoras en la protección, acompañamiento y reinserción social de personas en situación de calle.
En cuestiones de empleabilidad, la Comunidad continuará desarrollando programas de activación de empleo e integración sociolaboral, con un presupuesto de 600.000 euros. Una partida que se incrementa en 250.000 euros más, a través de la línea específica para empresas que contraten personas en situación o riesgo de exclusión social.
Lucha contra la violencia hacia las mujeres
La Consejería de Política Social presta también especial atención a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. La Dirección General de Mujer y Prevención de la Violencia de Género cuenta este año con un presupuesto de más de 16 millones de euros, y aumenta los fondos propios hasta los 510.000 euros para el II Pacto Regional Contra la Violencia hacia las Mujeres. Aquí se incluyen medidas de sensibilización y de atención integral a las víctimas de violencia de género, así como actuaciones para combatir otras formas de violencia, como la violencia vicaria, digital y económica.
Asimismo, destina 80.000 euros a los Puntos de Encuentro Familiar VIOGÉN, a los que este 2025 se suma también Cartagena. Destaca también la puesta en marcha, por primera vez, de una nueva línea de ayudas directas a víctimas de violencia sexual, dotada con 100.000 euros.
Además, alrededor de 500.000 euros son destinados en 2025 para mantener el funcionamiento del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAX), para prestar asistencia, acompañamiento e información, así como apoyo psicológico, jurídico y social, las 24 horas del día, los 365 días del año.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
DESARROLLO URBANÍSTICO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER ASEQUIBLE
El Consejo de Ministros ha tomado razón de la ejecución de los acuerdos de 9 de mayo de 2023 para fomentar el desarrollo urbanístico y la promoción de viviendas en régimen de alquiler asequible o social en ámbitos de titularidad del Ministerio de Defensa y de destinar el excedente no utilizado para destinarlo a la ampliación del Parque Público Estatal de Vivienda a precio asequible.
El Gobierno de España está acometiendo la reconversión de SEPES en la Entidad Pública de Vivienda y Suelo de la Administración General del Estado, que se concibe como instrumento capaz de abordar de manera integral el proceso productivo para la ampliación del parque público de vivienda, desde la adquisición y desarrollo urbanístico de los suelos, hasta la promoción de vivienda y su gestión.
Con ello, desde el acuerdo de 9 de mayo de 2023, y en el marco del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible, se ha analizado de forma exhaustiva por parte de SEPES la viabilidad de los solares ofertados por Defensa, priorizando la adquisición de aquellos que están disponibles para su desarrollo inmediato.
Tras ese análisis, se ha procedido a la compra del 35% de los solares disponibles sobre los que ya se están iniciando los trámites para edificar vivienda y se está en proceso de acuerdo para cuatro más.
Esto permitirá a la nueva Empresa Estatal de Vivienda disponer de 593 M€ para:
Invertir en el desarrollo de los suelos adquiridos
Completar la compra de los que están en proceso
Destinar el resto de los fondos al desarrollo de otras actuaciones que se adscriban al plan de vivienda asequible
Incrementar la oferta mediante procesos de compra
Adecuar inmuebles de los que se transfieran desde Patrimonio
CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DE ACTIVOS SUSCEPTIBLES DE SER DESTINADOS A LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA ASEQUIBLE
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se toma razón de los criterios de determinación de activos susceptibles a ser destinados a las políticas de vivienda asequible y del resultado de aplicación de los mismos por SEPES en la evaluación de los inmuebles de SAREB y de encomendar al Ministerio de Hacienda, el de Vivienda y Agenda Urbana y el de Economía, Comercio y Empresa a realizar las actuaciones necesarias para hacer efectiva la transmisión lucrativa a SEPES de la propiedad de determinados inmuebles de SAREB.
Se han determinado los siguientes criterios que deben cumplir las viviendas y suelos para ser considerados aptos para la promoción de vivienda en alquiler asequible:
a. Viviendas:
Criterio geográfico: situadas en municipios de las áreas metropolitanas e islas, así como en municipios con población superior a 5.000 habitantes o superior a 1.000 con crecimiento poblacional de más del 5 % en los últimos diez años.
Además, se incorpora un criterio mínimo de concentración de diez viviendas en aquellos municipios que no pertenezcan a las áreas metropolitanas e islas, que contribuya a la eficiencia en la gestión de estas.
Criterio económico: se incluyen las viviendas con una superficie de hasta 85m2 útiles independientemente del valor de tasación y aquellas con una superficie de hasta 150m2 útiles cuyo valor de tasación no supere en un 40 % el valor que resultaría de multiplicar la extensión del inmueble por el precio medio por metro cuadrado para vivienda libre que arroje la Estadística de Valor Tasado de Vivienda publicada por el MIVAU para la provincia en que esté radicado dicho bien o para el municipio, en el caso de que exista esta Estadística y el valor sea mayor que para la provincia.
Condiciones técnicas: los edificios y viviendas no presentarán patologías estructurales y estarán acordes con la legislación urbanística y tendrán condiciones de habitabilidad adecuadas.
Estos criterios no serán tenidos en cuenta en el caso de las viviendas con un contrato de alquiler social en vigor, en cuyo caso respondiendo a la responsabilidad institucional y social ineludible del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, serán adscritas todas las viviendas.
b. Suelos:
Criterio geográfico: los suelos están ubicados en municipios de más de 5.000 habitantes.
Criterio económico: se incluyen los suelos viables, estableciéndose un alquiler para una vivienda tipo de 70m2 de acuerdo con las condiciones de asequibilidad establecido en la Ley 12/2023, de 24 mayo, por el Derecho a la Vivienda.
Condiciones técnico-urbanísticas: los suelos contarán con una superficie superior a 150 m²; tendrán calificación de uso global residencial plurifamiliar o colectiva; y tendrán que poder albergar promociones de 30 o más viviendas. Asimismo, los suelos deben estar inscritos en el Registro de la Propiedad y en la Dirección General del Catastro, en pleno dominio de SAREB, salvo que sean susceptibles de poder hacerlo tras un proceso de gestión urbanística o su participación en la titularidad del inmueble sea superior a un 80%.
Este perímetro se podrá ampliar por razones justificadas mediante acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
En virtud de la labor realizada, y tomando en consideración factores de viabilidad económica, jurídica y técnica, entre otros, SEPES ha identificado de forma preliminar como aptas o potencialmente aptas para el desarrollo de la política de vivienda más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos con la capacidad de albergar 55.000 viviendas aproximadamente.
El procedimiento y ritmo de incorporación de los inmuebles se realizará de tal manera que permita la adecuada y óptima integración de éstos en el patrimonio de SEPES, atendiendo a la capacidad operativa y situación jurídica de ambas entidades.
Por Resolución de Alcaldía se han aprobado las bases y convocatoria pública para la constitución de una bolsa de Educador Social para el Ayuntamiento de Aledo.
El contenido de dichas bases estará a disposición para su consulta en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aledo, así como en el portal de transparencia y de la sede electrónica del ayuntamiento de Aledo, www.aledo.es.
El plazo de presentación de instancias será de 10 días naturales a contar desde el siguiente de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y la publicación de las bases de esta convocatoria en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Aledo.
Orden de 1 de julio de 2025 de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, de revocación de la delegación de competencias efectuada en materia patrimonial en la persona titular de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad
Anuncio por el que se publica la diligencia que recoge el resultado del sorteo público llevado a cabo a fin de determinar las asociaciones y federaciones que formarán parte del Pleno del Observatorio de Igualdad de la Región de Murcia
Con fecha 16 de junio de 2025, a las 10:18 horas, se ha celebrado el sorteo público establecido en la disposición adicional segunda del Decreto n.º 4/2020, de 30 de enero, por el que se regula la Composición, Organización y Régimen de Funcionamiento del Observatorio de Igualdad en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de manera presencial en la Sala de Juntas de la 1.ª Planta de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad (Avda. La Fama, 3. 30003 – Murcia), a fin de determinar las asociaciones y federaciones que formarán parte del Pleno.
Objeto:
Convocar la concesión de subvenciones para la realización de actuaciones sociales dirigidas al fortalecimiento del Tercer Sector de acción social en el ámbito de la protección del colectivo de personas mayores y a favorecer y apoyar el movimiento asociativo y fundacional del mismo.
Beneficiarias:
Entidades sin ánimo de lucro de implantación estatal, según su título constitutivo, que se dediquen a la realización de actuaciones para las personas mayores.
Bases reguladoras:
Orden TAS/980/2007, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. (BOE número 90 de 14/04/2007)
Plazo de presentación de solicitudes:
Treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.
El texto completo de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/843060