Política social

La Comunidad y el Imserso destinan más de 39 millones a reforzar la atención a la dependencia en la Región

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ha dado luz verde a un convenio entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y la Comunidad para desarrollar el marco de cooperación dirigido a mejorar la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, así como para la financiación del nivel de protección acordado para 2025.

En virtud de dicho acuerdo, la Comunidad y el Imserso destinarán 39.254.246 euros para mejorar la atención a las personas en situación de dependencia en la Región de Murcia. De esa cantidad, cada una de las partes aportará el 50 por ciento, es decir, 19.627.123 euros.

Este convenio financiará los gastos de inversión y funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), es decir, el sistema que proporciona atención y protección a personas en situación de dependencia a través de servicios y prestaciones económicas.

El acuerdo permitirá avanzar en una disminución de las listas de espera y una mayor agilidad administrativa, al tiempo que contribuirá a mejorar la calidad de los servicios y las condiciones laborales de las personas trabajadoras que los prestan.
Además, gracias a esta inversión conjunta se pondrán en marcha actuaciones concretas como la contratación de personal para agilizar los procedimientos de dependencia; la mejora de la calidad de los servicios y centros de día para personas con discapacidad y mayores; el apoyo a municipios rurales con servicios de difícil acceso, o la creación de un nuevo recurso especializado en salud mental.

El convenio también permitirá mejorar la calidad de los centros y los servicios prestados de acuerdo con el modelo de atención centrada en la persona, así como la adaptación de soluciones innovadoras en prevención de la institucionalización y para fomentar la modernización de los servicios sociales.

Nuevo recurso ante el Supremo por el reparto de menores migrantes, esta vez contra el Real Decreto que regula la capacidad de acogida

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades autónomas.

En virtud de dicho Real Decreto, el Gobierno central aprueba una capacidad ordinaria de tutela de 517 menores para la Región de Murcia, una cifra que la Comunidad entiende muy alejada de su capacidad real, es decir, de las plazas disponibles para atender a los menores trasladados.

El Ejecutivo regional considera que esta norma estatal vulnera competencias exclusivas de la Comunidad en materia de protección de menores, y que introduce una fórmula de reparto que no tiene en cuenta las circunstancias reales de la Región de Murcia ni los esfuerzos de acogida que ya ha llevado a cabo. Además, tampoco facilita la financiación adecuada para cubrir los gastos derivados de este reparto.

El pasado 2 de octubre, el Gobierno regional ya acordó la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo, en este caso contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, que regula el reparto de menores migrantes. Lo hizo después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso que el Ejecutivo autonómico también interpuso contra el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, que introdujo un nuevo marco jurídico para la redistribución de menores extranjeros no acompañados en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.

Ahora, el Gobierno regional acuerda presentar este nuevo recurso contra una decisión que, considera, se ha tomado de espaldas a las autonomías, ya que el procedimiento de reubicación y traslado no ha sido objeto de consenso en el órgano de cooperación en esta materia, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Así, la norma estatal ha fijado unilateralmente los criterios de capacidad de acogida de las comunidades sin atender a la realidad de cada sistema autonómico y sin respetar los principios de lealtad institucional, colaboración, cooperación y coordinación.

Para el Gobierno regional, el reparto que realiza el Ejecutivo central no tiene en cuenta, además, el interés superior de los menores, ya que pretende trasladarlos sin tener garantías de que el destino que les corresponda cuente con instalaciones y recursos humanos y materiales. Además, ha tomado esa decisión sin habilitar una dotación económica para prestarles la atención que precisan.

Vivienda

La Comunidad impulsa el realojo de familias vulnerables que residen en infraviviendas en Jumilla

El Consejo de Gobierno ha acordado la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Ayuntamiento de Jumilla para la cesión gratuita de viviendas destinadas al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial prolongada.

Mediante este convenio, la Consejería de Fomento e Infraestructuras cederá al Ayuntamiento las viviendas que adquiera en el municipio, bajo el compromiso de destinarlas al realojo de familias que viven en asentamientos chabolistas o infraviviendas.

Esta acción se enmarca en el Programa de Actuación y Acompañamiento al Realojo de Familias (Pares), y está cofinanciada en un 40 por ciento por la Comunidad y en un 60 por ciento por fondos europeos Feder.

Tras la cesión de las viviendas por parte de la Comunidad, el Consistorio asumirá la titularidad de los inmuebles, se encargará de su mantenimiento y formalizará los contratos de cesión de uso con las familias beneficiarias. Para ello, el Ayuntamiento se compromete a realojar a familias procedentes del censo elaborado por el programa Pares en su término municipal, con indicación de su ubicación geográfica, condiciones físicas y características socioeconómicas.

A su vez, a través de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y de los Servicios Sociales municipales, se llevará a cabo el acompañamiento de las familias para mejorar sus condiciones de vida y se realizará un seguimiento para garantizar su plena integración social.

La Comunidad ya ha desarrollado en varios municipios este programa para la adquisición y reforma de diferentes viviendas destinadas al realojo de personas en situación de exclusión social. Concretamente, la Administración regional ha adquirido 84 viviendas, por un importe de 8.421.119 euros, en siete municipios de la Región: Alcantarilla, Cieza, Fuente Álamo, Lorca, Murcia, Mazarrón y Puerto Lumbreras.