Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
REAL DECRETO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ACOGIDA DE LA INFANCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece las actuaciones necesarias para la acogida de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, un paso más para dar comienzo a las reubicaciones entre los distintos territorios del país de manera sostenible y solidaria. Se avanza en la protección de niñas, niños y adolescentes que llegan a nuestro país solas y solos, a menudo tras vivir situaciones extremas y perder a quienes les cuidaban. La infancia migrante no acompañada se encuentra en una situación de particular vulnerabilidad y debemos velar por su atención y sus derechos.
Esta normativa, que desarrolla el Real Decreto-ley 2/2025 para la acogida de infancia migrante en situación de desamparo, prioriza su protección mediante un sistema eficaz, coordinado y ágil que involucra a todos los territorios y administraciones, con el apoyo y la financiación del Gobierno central. Se pone en el centro tanto el interés superior de los niños y niñas, así como sus derechos, frente a resistencias partidistas y racistas.
El sistema también apoya a los territorios de llegada que acogen a la mayor parte de la infancia migrante, como es ahora el caso de Canarias, Ceuta y Melilla. es una cuestión de país y como tal debe ser abordada.
El Real Decreto que establece las actuaciones necesarias para la acogida de niñas, impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia, establece las actuaciones que deberán realizar las comunidades y ciudades autónomas de origen y destino para llevar a cabo las reubicaciones de niños y niñas no acompañadas en los plazos establecidos, así como los procedimientos a cargo del Estado central y sus administraciones.
Los primeros traslados están previstos a finales de agosto, una vez el Gobierno de coalición progresista haya aprobado un segundo real decreto que recoge la capacidad ordinaria con la acogida por comunidades autónomas y su financiación.
El real decreto de desarrollo establece la protección del interés superior del menor y los derechos de la infancia migrante que llega sola a territorios declarados en situación de contingencia migratoria extraordinaria. Los niños, niñas y adolescentes que lleguen a territorios que se encuentren en esta situación serán reubicados en otros en un plazo máximo de 15 días naturales desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.
También se priorizará a aquellas personas menores que actualmente ya se encuentran en dispositivos de emergencia.
El plazo máximo para ejecutar estos traslados de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la actualidad en territorios declarados en contingencia migratoria de emergencia será de un año desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2025 aprobado el pasado 18 de marzo. Además, el real decreto del que también son proponentes los Ministerios del Interior, Política Territorial y Memoria Democrática, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aclara las responsabilidades de los distintos poderes estatales y regionales de cara a la declaración de contingencia migratoria extraordinaria, y la definición de los territorios de destino. Incluye también cuestiones relacionadas con la atención, instrucción y la asunción de la tutela y custodia de la infancia no acompañada.
Además, apunta que la ejecución de las reubicaciones corresponderá a la comunidad o ciudad autónoma de origen, con la financiación y el apoyo de la Administración General del Estado. Concreta también los datos que deberán remitir los territorios al Ministerio de Juventud e Infancia antes del 15 de enero de cada año, y sienta la posibilidad de crear mecanismos bilaterales para garantizar la coordinación entre administraciones públicas.
Igualdad
ESTRATEGIAS ESTATALES LGTBI Y TRANS
El Consejo de Ministros ha aprobado la primera Estrategia LGTBI y la primera Estrategia Trans estatal. Su puesta en marcha responde a las obligaciones previstas en la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, y supone un avance concreto hacia la igualdad efectiva de estos colectivos.
La Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI nace con el objetivo de ser el principal instrumento de colaboración territorial para el impulso y el desarrollo de las políticas recogidas en la Ley 4/2023.
Tendrá carácter cuatrienal y constituye la hoja de ruta a seguir por las diferentes administraciones, con la colaboración del sector privado y la sociedad civil.
El documento incorpora los principios básicos de actuación en materia de no discriminación, así como medidas dirigidas a prevenirla y eliminarla. También contempla iniciativas de información, sensibilización y formación, con especial atención a la prevención de la violencia LGTBIfóbica.
Se trata de la primera estrategia estatal del Gobierno en materia LGTBI+, impulsada por el ministerio, y cuenta con el visto bueno de las comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, dado que obtuvo informe favorable en la Conferencia Sectorial de Igualdad el pasado junio.
De su lado, la Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans supone el primer instrumento estratégico del Gobierno dirigido específicamente a este colectivo y tiene por objeto cumplir con el deber constitucional de remover los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva de las personas trans.
Tendrá también carácter cuatrienal y será el instrumento principal para el impulso, desarrollo y coordinación de las políticas incluidas en la Ley 4/2023.
Entre otras acciones, la Estrategia trans recoge medidas de acción positiva y prioritaria en los ámbitos laboral, educativo, sanitario y de vivienda, a la vez que pone el acento en la erradicación de la discriminación y la violencia transfóbica.
Asimismo, contempla mejorar el conocimiento de la situación de las personas trans mediante el desarrollo de análisis y estudios.
Participación y gobernanza
En la elaboración de ambos documentos, se ha seguido un proceso participativo en el que han intervenido 165 representantes de diferentes ministerios, comunidades autónomas, municipios, organizaciones sindicales y empresariales, ONG, universidades y personas expertas. Además, ambas estrategias contemplan la coordinación y colaboración de los departamentos ministeriales y territoriales con competencias en la materia, así como la participación del sector privado y de la sociedad civil.
