Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
 

APROBADA LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 2026-2030

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE 2026-2030). El documento contiene 13 medidas pluridisciplinares para consolidar los avances alcanzados por la ENPE 2019-2024 -la primera elaborada en España- y afianzar una nueva generación de políticas públicas, basadas en la idea de la equidad energética, con el objetivo de garantizar el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía, como derecho básico y condición necesaria para una vida digna.

La ENPE 26-30 surge tras un proceso participativo con entidades sociales, el sector académico y el empresarial, que ha incluido la escucha a hogares vulnerables, después de un período marcado por acontecimientos extraordinarios, como la pandemia de la Covid-19 o la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania.

Estos acontecimientos exigieron la aplicación de actuaciones urgentes y de carácter coyuntural, como el Mecanismo Ibérico o una rebaja de la fiscalidad, con especial atención a los consumidores vulnerables; por ejemplo, el descuento del bono social eléctrico llegó al 80% de la factura para los consumidores más vulnerables, entre otras medidas, como la implantación del Suministro Mínimo Vital o la prohibición del corte de suministros a consumidores vulnerables.

Menor carga energética de los hogares

Como resultado de la aplicación de esta vertiente del escudo social y de la apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética, el coste de la electricidad en España ha pasado de estar por encima de la media europea a estar por debajo y la carga energética por hogar medio -el porcentaje de ingresos destinados a la energía- ha bajado un 3,5% desde 2018, desde 1.111 euros al año a 1.072 euros al año en términos corrientes, esto es, sin considerar la inflación (+19,7%) ni el aumento de la renta (+28,5%) durante el período.

En el caso de los hogares situados en los deciles de renta más bajos, la reducción de la carga energética, en esos mismos términos corrientes, llega hasta el 24,7%. Estos resultados fueron posibles gracias la aplicación de la ENPE 19-24 y las numerosas medidas coyunturales adoptadas durante los últimos años para proteger a los consumidores y la ciudadanía en general.

La ENPE 26-30 da continuidad a su predecesora con vocación de consolidar los avances alcanzados, enfocándose en las actuaciones estructurales. Se articula también sobre cuatro ejes de actuación: caracterización de la pobreza energética; protección de los consumidores; mejora estructural de las condiciones energéticas; y coordinación interadministrativa, comunicación, información y sensibilización sobre la pobreza energética

Cuatro ejes de actuación

El primero de los ejes cuenta con una medida, la creación de un Observatorio de la pobreza energética, que permita centralizar y mantener información y conocimiento sobre la materia, promoviendo intercambios técnicos entre expertos en este ámbito y facilitando la toma de decisiones sobre políticas públicas.

El segundo de los ejes, la protección de los consumidores, cuenta con cuatro medidas, entre las que destacan garantizar el suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes y mejorar la tasa de cobertura del bono social, que ha crecido un 60% desde 2018, pasando de 1,07 millones de hogares a 1,72 millones de hogares en la actualidad.

Así, la ENPE 26-30 contempla implantar medidas que faciliten el acceso a los potenciales beneficiarios, suprimiendo prácticas comerciales como la penalización por permanencia si el consumidor contrata PVPC con bono social y estableciendo una protección en el caso de refacturaciones o exigiendo que quede constancia escrita de que el consumidor desea expresamente abandonar el PVPC con bono social para que pueda comprobarse.

Varias de estas medidas ya se han incluido en el reciente Real Decreto 88/2026, por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, entre muchas otras disposiciones para proteger a los consumidores en general.

Adicionalmente, la ENPE 26-30 plantea adaptar la normativa de acceso al bono social eléctrico -y, en consecuencia, al bono social térmico- para ligarlo a la renta de los hogares y que sea percibido por las personas que realmente lo necesitan. Con los requisitos actuales, no todos los hogares con derecho o necesidad del bono acceden a él.

Rehabilitación de viviendas y nuevo CAE social

En el tercero de los ejes, la mejora estructural de las condiciones energéticas, destacan las iniciativas destinadas a la rehabilitación energética de viviendas de familias vulnerables y el fomento de la inclusión de los consumidores vulnerables en las comunidades energéticas, así como la protección de la ciudadanía frente a las olas de calor y de frío, mediante refugios climáticos y el impulso de la refrigeración, de acuerdo con la propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática.

En este ámbito se contará con incentivos: además de los presupuestos ordinarios de los ministerios y administraciones implicadas, el Plan Social para el Clima contará con unos 9.000 millones de euros durante el período de vigencia de la ENPE 26-30.

También se aprovecharán los Certificados de Ahorro Energético (CAE) para fomentar las actuaciones de eficiencia energética para consumidores vulnerables.

Asimismo, se trabajará para alcanzar el objetivo de que un 12% de todos los ahorros del sistema CAE provenga de actuaciones de ahorro y eficiencia para hogares vulnerables, incrementando el interés del sector energético en este ámbito; para ello se ampliará el catálogo de actuaciones estandarizadas, mejorando las fichas para la pobreza energética e incentivando las rehabilitaciones pasivas frente a medidas activas.

Coordinación interadministrativa y asesoramiento directo

Finalmente, el cuarto eje, el ámbito de la comunicación y la sensibilización contempla tres medidas: mejorar la coordinación entre las distintas administraciones, crear puntos de asesoramiento energético específico para consumidores en situación de pobreza energética y fomentar la detección de situaciones de pobreza energética en el sistema de salud de atención primaria y los servicios sociales.

Buena parte de la actividad de asesoramiento recaerá sobre una nueva Red-Actúa. Se ha constatado un aumento de solicitudes de bono social allí donde existe una Oficina de Transformación Comunitaria o un punto de atención similar, de modo que se dará formación y apoyo económico a entidades y administraciones públicas para su puesta en marcha, con agentes cualificados para atender a la pobreza energética y el transporte.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA PARA LA IGUALDAD SALARIAL

En el año 2010, el Consejo de Ministros estableció el día 22 de febrero como "Día para la Igualdad Salarial". Con este motivo el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:

"La igualdad salarial entre mujeres y hombres es una condición imprescindible para la igualdad real y efectiva y un pilar básico de cualquier democracia. Mientras persistan diferencias salariales injustificadas, seguirá existiendo una desigualdad estructural que limita los derechos y la autonomía económica de las mujeres. Los últimos datos disponibles de la Encuesta Anual de Estructura Salarial, correspondientes al año 2023, sitúan la brecha salarial de género en el 15,7 %, el valor más bajo de la serie histórica. Por su parte, la brecha salarial de género por trabajo a tiempo completo ha descendido más de 5 puntos desde 2018, situándose en 2023 en el 4,9%. Esta evolución confirma que las políticas públicas impulsadas en los últimos años están contribuyendo a reducir las diferencias salariales entre mujeres y hombres. No obstante, esta cifra sigue siendo inaceptable y pone de manifiesto que se trata de una discriminación estructural en el mercado de trabajo.

La desigualdad retributiva entre mujeres y hombres no es un hecho aislado ni accidental, sino el resultado de factores complejos e interrelacionados, profundamente enraizados en la estructura social, económica y cultural de nuestra sociedad, que persisten en el tiempo: la segregación ocupacional, la escasa presencia de mujeres en puestos de alta responsabilidad, la infravaloración de su trabajo, la mayor parcialidad y discontinuidad de sus carreras laborales debido a la falta de corresponsabilidad en las tareas de cuidados, que recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres, y las dificultades de conciliación.

Una parte sustancial de la brecha retributiva actual se explica, asimismo, por la persistencia de sesgos en la valoración de puestos de trabajo que infravaloran ocupaciones desempeñadas mayoritariamente por mujeres. Los cuidados, la limpieza, la atención social o sanitaria y la educación infantil, actividades esenciales para el sostenimiento de la vida y el bienestar colectivo, continúan asociándose a salarios más bajos y a peores condiciones laborales, no por razones objetivas, sino por una atribución histórica de menor valor a los trabajos mayoritariamente realizados por mujeres. Corregir esta infravaloración requiere una acción pública sostenida que actúe, por un lado, sobre la devaluación estructural asociada a la segregación horizontal del empleo -que concentra a las mujeres en sectores socialmente indispensables pero sistemáticamente peor remunerados- y, por otro, garantice la aplicación efectiva del principio de igualdad retributiva por trabajos de igual valor, mediante sistemas de clasificación profesional y de valoración de puestos basados en criterios objetivos, neutros y no discriminatorios.

Cerrar la brecha salarial es esencial para garantizar la autonomía económica de las mujeres a lo largo de toda su vida para prevenir situaciones de precariedad, pobreza laboral y desigualdad en pensiones. Esta desigualdad a lo largo de la vida laboral tiene un reflejo directo y acumulativo en las pensiones. Las diferencias salariales, la mayor parcialidad y las interrupciones en las carreras profesionales derivan en cotizaciones más bajas y, en consecuencia, en pensiones inferiores, situando a muchas mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad económica tras la jubilación y aumentando el riesgo de pobreza y exclusión social.

En los últimos años, España ha consolidado un marco normativo y sus políticas públicas para afrontar estas desigualdades. La reforma laboral, orientada a reducir la precariedad y la temporalidad, el incremento sostenido del Salario Mínimo Interprofesional -ambos con un impacto especialmente relevante en las mujeres-, el desarrollo y la aplicación de la normativa en materia de planes de igualdad y de transparencia retributiva, así como el impulso de medidas de conciliación y corresponsabilidad, están contribuyendo a mejorar las condiciones laborales de las mujeres. Todo ello, junto a la decidida actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social demuestra la firme determinación del Gobierno de España de combatir la desigualdad retributiva.

Para avanzar en igualdad salarial es imprescindible avanzar también en corresponsabilidad: las instituciones públicas deben promover marcos normativos y servicios que alivien la carga de cuidados, las empresas deben adaptar sus políticas internas para facilitar horarios y permisos equitativos, y los hombres deben asumir una parte mayor de las responsabilidades de cuidado, porque según la Encuesta de Empleo del Tiempo del INE, mientras casi un 34 % de las mujeres con empleo dedica cuatro horas diarias al cuidado de hijos, hijas, nietos o nietas, ese mismo porcentaje de hombres alcanza sólo alrededor de dos horas diarias, lo que evidencia una persistente desigualdad en la distribución del tiempo de cuidados que influye directamente en la brecha salarial.

La ampliación en 2025 del permiso por nacimiento hasta las 19 semanas retribuidas e intransferibles para cada persona progenitora y con una parte de disfrute flexible hasta los ocho años del menor, constituye un hito relevante en la promoción de la corresponsabilidad en los cuidados. Esta medida actúa directamente sobre uno de los principales factores que inciden en la desigualdad retributiva: la penalización de las trayectorias laborales asociadas a la maternidad y la desigual distribución de los tiempos de cuidado. de responsabilidades que resulta imprescindible para reducir las brechas salariales y laborales.

El impacto de estas políticas ya ha comenzado a reflejarse en la evolución del mercado laboral. Según los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa, en 2025 se han alcanzado máximos históricos de ocupación, y la tasa de desempleo de las mujeres ha descendido al 11,24 % (EPA4T), situándose la de hombres en el 8,76%. La temporalidad en el sector privado continuó reduciéndose y se mantiene claramente por debajo de los niveles previos a la reforma laboral.

Esta mejora del empleo ha tenido un reflejo especialmente significativo en las mujeres: en 2025 el número de mujeres ocupadas se mantuvo de forma estable por encima de los diez millones, registrando las cifras más elevadas de la serie histórica y evidenciando un avance sostenido de su participación en el mercado de trabajo. En paralelo, la brecha salarial se ha reducido en más de ocho puntos porcentuales en la última década. Se trata de una evolución positiva que, sin embargo, no permite dar por superada una desigualdad que sigue siendo inadmisible, cuya erradicación constituye un compromiso irrenunciable de este Gobierno.

Así, el Gobierno considera esencial reforzar la profesionalización de las políticas de igualdad. El anteproyecto de ley por el que se regula el ejercicio de la profesión de agente de igualdad, informado por el Consejo de Ministros en primera vuelta el pasado 16 de diciembre, responde a la necesidad de que el marco normativo en materia de igualdad, así como las herramientas técnicas desarrolladas en los últimos años, cuenten con personal cualificado para su correcta implantación, seguimiento y evaluación, tanto en el ámbito público como en el privado.

Asimismo, el Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede anticipar la edad de jubilación mediante coeficientes reductores, aprobado el pasado año, contempla la creación del grupo de trabajo para analizar y evaluar la dimensión de género en la fijación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en aquellas ocupaciones o actividades profesionales con mayor presencia de mujeres. Este grupo permitirá analizar y visibilizar condiciones de trabajo en ocupaciones feminizadas que, pese a su dureza física o psíquica, han quedado históricamente ignoradas y excluidas de este reconocimiento, avanzando hacia un sistema de protección social más justo.

La reducción de la brecha salarial no se producirá de manera automática con el mero transcurso del tiempo. Exige una acción pública decidida y sostenida que continúe impulsando avances reales en la igualdad entre mujeres y hombres, y que evite que las desigualdades actuales se consoliden como desventajas acumuladas en términos de derechos y protección social.
Por todo ello, el Gobierno de España mantiene su firme compromiso de seguir impulsando políticas públicas orientadas a corregir las causas estructurales de la desigualdad retributiva, reforzando los mecanismos de aplicación, seguimiento y evaluación, y garantizando la igualdad retributiva como un elemento esencial de la cohesión social y de la justicia social.
Con motivo del Día para la Igualdad Salarial de 2026, el Gobierno de España reafirma su determinación de continuar avanzando hacia la igualdad retributiva efectiva, como condición indispensable para una sociedad más justa, cohesionada y democrática."

DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD EN ENTORNOS DIGITALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se insta a la Fiscal General del Estado a investigar y, en su caso, perseguir posibles delitos de violencia sexual digital cometidos contra menores en las principales redes sociales. Esta decisión, que se ampara en el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se apoya en un informe técnico elaborado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y el Ministerio de Juventud e Infancia, que alerta de la afección de estas prácticas a los niños y niñas.

En el informe se analizan las posibles responsabilidades penales de prácticas cada vez más extendidas en el entorno digital como la generación y difusión de contenidos sexuales y pornografía infantil a través las ultrafalsificaciones (deepfakes) y la manipulación de imágenes reales para crear otras de contenido sexual explícito y menoscabar la dignidad de las víctimas.
Se solicita al Ministerio Fiscal que, dentro de su autonomía y tras oír a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, analice e investigue estos hechos y ejerza las acciones penales que estime pertinentes y, además, se establezcan criterios de actuación y medidas concretas que permitan a las posibles víctimas y a sus tutores y representantes legales hacer valer sus derechos ante la Fiscalía.

Esta acción responde al surgimiento de un ecosistema de riesgo sin precedentes para la explotación sexual en el ámbito digital, especialmente de menores. La convergencia de la Inteligencia Artificial (IA) generativa y las redes sociales masivas ha generado un entorno propicio para la creación y difusión de deepfakes hiperrealistas, y para la proliferación de canales opacos que distribuyen y monetizan estos contenidos. Según datos de la Comisión Europea, el 98% de estos deepfakes son de carácter pornográfico.

La violencia sexual digital ha escalado a niveles inéditos en las redes sociales. En España, una de cada cinco personas jóvenes, especialmente niñas y adolescentes, afirma haber sufrido la difusión de falsos desnudos suyos creados con IA siendo menores. Además, un tercio asegura haber sufrido acoso sexual digital durante su infancia, según datos de Save the Children.
Con esta iniciativa, España se suma a los países e instituciones de nuestro entorno que ya están tomando medidas al respecto. Fuera de la Unión Europea, países como el Reino Unido, Malasia, Indonesia, Kenia y diversos estados de EEUU también han abierto diligencias por estos hechos.

Objeto:

El presente convenio desarrolla el Marco de Cooperación Interadministrativa aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en fecha 28 de julio de 2025, con la finalidad de acordar los objetivos, medios y recursos para la aplicación de los servicios y prestaciones previstos en el capítulo II del título I de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

El objeto del convenio es, por tanto, determinar las obligaciones asumidas por cada una de las partes intervinientes para la financiación del nivel de protección acordado previsto en el artículo 7.2 de la citada ley.

Asimismo, el presente convenio tiene por objeto financiar, mediante el establecimiento de una cantidad específica para esta finalidad, los gastos de inversión y funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), basados en un modelo de atención centrado en la persona y, en general: disminución de lista de espera y mejora de la agilidad administrativa; mejora de la calidad de los servicios y de las condiciones laborales de las personas que trabajan en el SAAD y mejora de las intensidades de los servicios y prestaciones, así como adopción de soluciones innovadoras testeadas en los proyectos piloto de innovación en prevención de la institucionalización, desinstitucionalización y modernización de los servicios sociales en el marco del Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa: objetivos, medios y recursos:

La Administración General del Estado, de conformidad con el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de fecha de 28 de julio de 2025, por el que se aprueba el Marco de Cooperación Interadministrativa y los criterios de reparto de los créditos de la Administración General del Estado para la financiación del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, colaborará con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante la participación en la financiación de la aplicación y desarrollo del nivel acordado del SAAD en esta Comunidad.

La Administración General del Estado, a través del Imserso, aportará como cuantía máxima diecinueve millones seiscientos veintisiete mil ciento veintitrés euros con diez céntimos de euro (19.627.123,10 €).

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aportará, para la financiación del presente convenio, con cargo a sus propios presupuestos, un crédito inicial de diecinueve millones seiscientos veintisiete mil ciento veintitrés euros con diez céntimos de euro (19.627.123,10 €).

En el Anexo I del presente convenio se recogen los objetivos y las actuaciones que componen el compromiso de la Comunidad Autónoma para el año 2025, así como los indicadores de verificación del cumplimiento de los mismos.

Vigencia:

El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 31 de marzo de 2026, con independencia de que la ejecución de fondos por parte de la Comunidad Autónoma debe de llevarse a cabo antes del 31 de diciembre de 2025, y no podrá ser prorrogado.

Adenda al convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y diversos Ayuntamientos de la Región publicados en el BORM número 39 de 17 de febrero de 2026:

• Alhama de Murcia, para la prestación del servicio de desarrollo infantil y atención temprana (Servicio de Atención Temprana)
• Ayuntamiento de Alcantarilla, para la atención de personas mayores en plazas residenciales
• Ayuntamiento de Moratalla, para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes
• Ayuntamiento de Blanca, para la atención de personas mayores en plazas residenciales
• Ayuntamiento de Archena, para la prestación del servicio de desarrollo infantil y atención temprana (Servicio de Atención Temprana)
• Ayuntamiento de Lorca, para la prestación del servicio de desarrollo infantil y atención temprana (Servicio de Atención Temprana)
• Ayuntamiento de Ceutí, para la atención de personas mayores en plazas residenciales
• Ayuntamiento de Fuente Álamo, para la atención de personas mayores en plazas residenciales
• Ayuntamiento de Totana, para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes
• Ayuntamiento de Mula, para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes
• Ayuntamiento de Cehegín, para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes
• Ayuntamiento de Cartagena (Los Dolores), para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes
• Ayuntamiento de Cartagena (El Algar), para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes
• Ayuntamiento de Totana, para la atención de personas mayores en plazas residenciales
• Ayuntamiento de Calasparra, para la atención de personas mayores en plazas residenciales
• Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para la prestación del servicio de centro de día para personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia
• Ayuntamiento de Murcia (Barriomar), para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes
• Ayuntamiento de Murcia (Cabezo de Torres), para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes

El objeto del Convenio establecer la colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), y la Fundación PONCEMAR, para el desarrollo del proyecto de voluntariado social denominado Banco Poncemar de Voluntariado, dirigido al acompañamiento de las personas mayores de la Residencia de Personas Mayores “Domingo Sastre” en actividades de ocio y tiempo libre, realización de gestiones fuera de la residencia y en aquellos períodos en los que sea necesaria su hospitalización.

Este convenio de colaboración no conlleva obligaciones económicas para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ni para el IMAS.

El Convenio estará vigente durante un periodo de cuatro años desde la firma del mismo, pudiendo prorrogarse por acuerdo expreso de las partes, en cualquier momento antes de la finalización del plazo indicado por un período de hasta cuatro años adicionales, o bien su extinción.

El objeto de esta Ordenanza es la regulación del Régimen Jurídico del otorgamiento de ayudas para fomento de la natalidad en esta localidad.
Serán beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta Ordenanza:
Los progenitores, ya sean casados, parejas de hecho o familias monoparentales que tengan hijos.
Asimismo, serán beneficiarios los adoptantes de niños de hasta cinco años.
Cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice dará derecho a la concesión de una ayuda por importe de 1.000 euros.
En el caso de partos múltiples, se concederá una ayuda de 2.000 euros.
Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General durante el mes de enero de cada año por los nacimientos o adopciones que hubiesen tenido lugar en el año natural anterior.

La consejera explica a la nueva jueza de Violencia sobre la mujer los servicios de atención integral que reciben las mujeres víctimas de violencia en la Región a través de profesionales especializados en el ámbito psicológico, jurídico y social

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha acompañado a la nueva jueza titular de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia, Jessica Joaquina Hurtado, en un recorrido por los recursos de la red regional de atención a las víctimas de violencia, que permiten prestar una atención integral a las mujeres que lo necesitan.

Hurtado ocupará la plaza número 3 de ese Juzgado, tal y como ha acordado la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. 

La consejera le ha trasladado la importancia de estos recursos, entre éstos, el Centro de Emergencia, que presta servicio 24 horas al día, los 365 días del año, para que mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores de edad, puedan alojarse y recibir protección de manera inmediata. En el último año, 162 mujeres han ocupado una de las 30 plazas disponibles en este centro, que han llegado acompañadas de 81 menores. 

Este centro es un recurso de corta estancia donde las víctimas son atendidas por un equipo multidisciplinar y reciben la orientación adecuada para derivarles a los recursos sociales, psicológicos o jurídicos que se adapten a la atención que requieren. 

Hurtado también se interesó por el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, CAIVAX ‘La Jacaranda’. Durante el último año, 754 mujeres han sido atendidas en este centro, y se han realizado 3.655 intervenciones. Ofrece apoyo especializado, en el ámbito psicológico, jurídico, educativo y social todos los días del año y las 24 horas del día. Para acceder a estos servicios no es necesario haber interpuesto una denuncia, y cualquier persona o profesional puede solicitar tanto información como asesoramiento. 

Hurtado ocupará una de las dos nuevas plazas de jueces especializados en violencia sobre la mujer para reforzar los Tribunales de Instancia de Murcia y Cartagena. La otra estará ocupada por la magistrada María Pascual. Ambas han completado las actividades de formación obligatoria previstas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En su adaptación para desempeñar las funciones del puesto, conforme a los criterios del Servicio de Formación Continua del CGPJ se incluye este recorrido por la red regional de recursos. 

La red se completa con los CAVI, Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que dan cobertura a todos los municipios de la Región y en los que se presta una atención integral, personalizada y gratuita a todas las víctimas.  

También forman parte de estos recursos las casas de acogida, que ofrecen una atención continua a las mujeres víctimas, con servicios de alojamiento, atención psicológica y social y orientación laboral. La Comunidad cuenta con 15 casas de acogida con 69 plazas.  

El Gobierno regional destina una financiación de más de once millones de euros a estos servicios para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos que requieren más apoyo

Los Servicios Sociales de la Región de Murcia atienden a una media de 90.000 personas al año, a partir de un trabajo en red dirigido a proteger, apoyar y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos que requieren más apoyo e intervención social. Se trata de un recurso de atención individualizada que refuerza de forma continua el Gobierno regional para garantizar la protección de las familias y de los más vulnerables, y que ha atendido a 94.000 personas durante 2025, casi 9.000 más que en el ejercicio anterior. 

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad destina a estas actuaciones más de 11 millones de euros de financiación, a través de unos servicios que se adaptan a nuevos retos sociales, como la soledad no deseada. A partir de la atención prestada por los Servicios Sociales, se ha detectado, con una mayor demanda, el perfil de personas mayores que requieren más atención por este motivo. Por ello, se han implementado medidas para atender a quienes se encuentran en esta situación.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, junto con el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, visitó hoy el Centro de Servicios Sociales del municipio para conocer los proyectos subvencionados por la Comunidad y destinados a la atención a la infancia y a la soledad no deseada. Ruiz destacó que “este trabajo coordinado de los profesionales de los Servicios Sociales, impulsado por los ayuntamientos en colaboración con la Administración regional, nos permite detectar necesidades y coordinarnos para ofrecer respuestas dirigidas a prevenir la exclusión, promover la igualdad y proteger a quienes más lo necesitan. Esta labor es fundamental para acercarnos a los ciudadanos, escucharlos y acompañarlos, mejorando así la atención social”.

La coordinación entre administraciones es el eje que permite promover la prevención, la inclusión y la intervención a través de una red regional en la que trabajan 847 profesionales, distribuidos en 154 sedes en las que se prestan estos servicios. Estos profesionales han realizado un total de 134.465 intervenciones durante 2025, una cifra que ha aumentado de forma considerable en los últimos dos años, experimentando un incremento de un 60 por ciento.

“El compromiso del Gobierno regional por mejorar la calidad de los Servicios Sociales es firme y, con ese objetivo, el de fortalecer esta red de recursos esenciales para garantizar el bienestar de todas las personas, especialmente las más vulnerables, impulsamos diferentes proyectos de intervención social. Proyectos que desarrollamos siempre en colaboración con los ayuntamientos, a los que agradecemos su esfuerzo y su apoyo constante”, añadió la consejera. 

Entre los servicios de la Comunidad, destaca el Servicio de Acompañamiento Social Intensivo (SAI), que ofrece un apoyo continuo a personas en situación de vulnerabilidad grave a fin de favorecer su inclusión. Un acompañamiento que permite ayudar a cerca de un millar de personas mediante un equipo formado por 60 profesionales. 

Además, la Comunidad mantiene el programa ECO para detectar situaciones de riesgo en la infancia y evitar su cronificación. Un servicio que ofrece orientación a las familias, dirigido a la prevención, pero también a la intervención. En el último ejercicio, ha beneficiado a 280 familias y a 663 menores. Destaca también la contratación de 71 profesionales para reforzar los Servicios Sociales, y la digitalización de los sistemas de los Servicios Sociales de cada municipio. 

La consejera señaló que “estos avances han permitido disponer de unos Servicios Sociales más accesibles, innovadores y centrados en la persona, atendiendo a las necesidades de cada uno de los ciudadanos que requieren este apoyo, dando pasos significativos también en la interoperabilidad entre administraciones”. 

En esa apuesta por fortalecer la atención a quienes más lo necesitan, el Gobierno regional ha impulsado el Plan Regional de Servicios Sociales. Una hoja de ruta con medidas para dar respuesta a las necesidades de más de 90.000 personas en situación de vulnerabilidad, con actuaciones dirigidas a mejorar la red de recursos y reforzar la atención social. Actuaciones dirigidas a una mejora constante del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad, que optimizan la atención prestada, tanto en las actuaciones en el ámbito de la prevención como en la intervención. 

Atención a más de 4.000 personas en Molina de Segura

En el último año, los Servicios Sociales de Molina de Segura han atendido a 3.676 personas y han registrado un total de 5.182 intervenciones. Unas actuaciones financiadas por el Ayuntamiento con más de tres millones de euros que cuentan con la colaboración de la Administración regional, que ha aportado una inversión de cerca de medio millón. 

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, conoció durante la visita el funcionamiento de los proyectos desarrollados en este municipio. Entre ellos, ‘Menores en Red’, dirigido a fortalecer el trabajo en red en la atención integral a menores y familias en situación de vulnerabilidad, financiado por el Gobierno regional con más de 30.000 euros de fondos Next Generation. Un proyecto que ha reforzado la coordinación entre los sistemas sociales, educativos, sanitarios y de seguridad, y que ha atendido a 60 personas en el último año. Ruiz asistió a una de las reuniones del Grupo Motor de este proyecto, en el que participan educadores, psicólogos y trabajadores sociales.

También comprobó cómo se desarrolla el proyecto ‘Acompañándote’, dirigido a evitar la soledad no deseada en las personas mayores, promover su desarrollo personal y conectarlas con su entorno. Hace cinco meses que se puso en marcha y, desde entonces, ha atendido a 53 mayores. Este proyecto cuenta con una financiación de 67.500 euros, de Fondos Next Generation, concedida por el Ejecutivo murciano.

Organiza: Asociación Quiero Crecer
Fecha: 13 de marzo de 17:00 a 20:00 h. y 14 de marzo de 2026  de 09:00 a 14:00 h.
Lugar: Sede Asociación Quiero Crecer (C/ San Martín de Porres, 4, 3º B, 30001-Murcia
Presentación:

"Se trata de un curso de 8h práctico y experiencial llevado a cabo a través de grupos reducidos (máx. 15 personas). Será impartido por la formadora Beatriz Sanz, psicóloga con amplia experiencia profesional en infancia maltratada y especializada en el trabajo terapéutico de las reacciones postraumáticas en población infanto-juvenil."

Contenidos:

Apego, configuración y desarrollo en la infancia

Tipos de apego y estrategias de adaptación de la niña y del niño

Acercamiento a la Infancia maltratada

Maltrato y trauma del desarrollo

La relación como fuente de nutrición en la terapia

Herramientas de intervención con personas cuidadoras
Herramientas de intervención individual con menores
Estilo terapéutico y manejo del proceso en infancia maltratada

Dirigido a: Profesionales de la Psicología, Trabajo Social, Educación Social y personas relacionadas con el mundo de la salud, la educación o la infancia.

Precio:  80€ por pronto pago hasta el 08 de marzo y 90€ a partir del 9 de marzo
*Los beneficios derivados de la formación irán destinados íntegramente a los programas llevados a cabo desde Quiero Crecer

Formulario de inscripción

Más información:
Asociación Quiero Crecer
C/ San Martín de Porres, 4, 3º B, 30001-Murcia
Teléfonos 868 812 084 - 653 280 665
Correo electrónico info@quierocrecer.es
Página web https://quierocrecer.es/apego-terapia/

Fecha: 19 de febrero de 2026 a las 18:30 h.

 

 

Lugar: Centro Cultural las Claras (C/Santa Clara, 1, 30008 Murcia)

Formulario de inscripción 

 

Más información:

Fundación FADE

Teléfonos 68 940 204/ 673 029 399

Correo electrónico voluntariado@fundacionfade.org

Página web https://formacion.fundacionfade.org/

Objeto:

La realización de proyectos o actividades de intervención, que se desarrollen en el ejercicio económico 2026 y cuyo ámbito de actuación sean:

1. Familia.

2. Mayores.

3. Infancia y Adolescencia.

4. Personas con diversidad funcional.

5. Población migrante.

6. Movimiento asociativo y voluntariado.

7. Otros colectivos.

Entidades beneficiarias:

Podrán ser beneficiarias de subvenciones las entidades sin ánimo de lucro con establecimiento en el municipio de Alcantarilla, que además de recoger en sus fines estatutarios la realización de actividades dirigidas a alguno de los colectivos que, con objeto de las presentes bases, cumplan con los requisitos que prevén estas bases y los específicos que recojan las convocatorias correspondientes.

No podrán ser beneficiarios de subvenciones reguladas en las presentes Bases, las entidades de derecho público, las universidades, los partidos políticos, los colegios profesionales, las sociedades civiles, las cámaras oficiales de comercio, industria o navegación, las organizaciones empresariales y los sindicatos u otras entidades con análogos fines específicos y de similar naturaleza a los citados anteriormente.

Plazo de presentación de solicitudes:

Veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Región de Murcia.

El texto completo de la convcocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/886208

Advertido error material por omisión en la Resolución de 12 de diciembre de 2025, de la Directora Gerente del Servicio Murciano de Salud referente a la subvención del Programa Eurovida Salud Mental, Subprograma 1.4 “inserción laboral de personas con trastorno mental grave y/o adicciones en proceso de recuperación como trabajadores/as autónomos/as”, año 2025 (BORM n.º 301, de 31 de diciembre de 2025); dado que no afecta al contenido ni pervivencia del acto, al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con la Propuesta de la Directora General de Salud Mental, se procede a la rectificación del siguiente error material:

En la resolución mencionada se omitió la indicación del recurso que procede contra la misma, por ello en el apartado donde dice:

Sexto.- Notificar la presente resolución a las entidades beneficiarias, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), conforme establece el artículo 14.3 de la convocatoria en relación con el artículo 45.1b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo, se dará traslado para su conocimiento y actuaciones oportunas, a la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Subvenciones y al Servicio de Tesorería del Servicio Murciano de Salud.

Debe decir:

Sexto.- Notificar la presente resolución a las entidades beneficiarias, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), conforme establece el artículo 14.3 de la convocatoria en relación con el artículo 45.1b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejería de Salud, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme dispone el artículo 15 de la convocatoria y los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo, se dará traslado para su conocimiento y actuaciones oportunas, a la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Subvenciones y al Servicio de Tesorería del Servicio Murciano de Salud.

Advertido error material por omisión en la Resolución de 10 de septiembre de 2025, de la Directora Gerente del Servicio Murciano de Salud referente a la subvención del Programa Eurovida Salud Mental, Subprograma 1.2 “inserción laboral de personas con trastorno mental grave y/o adicciones en proceso de recuperación en el mercado ordinario”, año 2025 (BORM nº 223, de 26 de septiembre de 2025); dado que no afecta al contenido ni pervivencia del acto, al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la rectificación del siguiente error material:

Donde dice:

Sexto.- Notificar la presente resolución a las entidades beneficiarias, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), conforme establece el artículo 14.3 de la convocatoria en relación con el artículo 45.1b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, se dará traslado para su conocimiento y actuaciones oportunas, a la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Subvenciones y al Servicio de Tesorería del Servicio Murciano de Salud.

Debe decir:

Sexto.- Notificar la presente resolución a las entidades beneficiarias, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), conforme establece el artículo 14.3 de la convocatoria en relación con el artículo 45.1b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejería de Salud, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme dispone el artículo 15 de la convocatoria y los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo, se dará traslado para su conocimiento y actuaciones oportunas, a la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Subvenciones y al Servicio de Tesorería del Servicio Murciano de Salud.

La presente adenda tiene por objeto incrementar en 3.850 el número máximo anual de sesiones establecido en la cláusula primera, de manera que el número máximo anual de sesiones será de 9.232, y en consecuencia, incrementar el número de sesiones de atención temprana a convenir en 5.950, con efectos desde 1 de diciembre de 2025 (salvo firma posterior) hasta 31 de mayo de 2027.

La presente adenda tiene por objeto incrementar en 2.431 el número máximo anual de sesiones establecido en la cláusula primera del convenio de colaboración, modificada por la primera adenda, de manera que el número máximo anual de sesiones será de 8.789, y en consecuencia, incrementar el número de sesiones de atención temprana a convenir en 3.757, con efectos desde 1 de diciembre de 2025 (salvo firma posterior) hasta 31 de mayo de 2027.

Entre los objetivos del Plan estratégico de subvenciones se encuentra el convocar diversos concursos que incentiven la inquietud cultural y el talento de colectivos de personas pintoras.

La Concejalía de Familia del Ayuntamiento de Molina de Segura con motivo del Día Internacional de la Mujer, en cumplimiento del “V Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, y dentro del Programa Sociocultural de Actividades año 2025 pretende impulsar el acceso y la participación de las mujeres y los hombres en diversas expresiones culturales así como a los jóvenes, a través de la convocatoria del XXVI Concurso Artístico “Las Mujeres de Nuestra Vida” 2026, dando así cumplimiento a los precitados objetivos de convocar diversos concursos que incentiven la inquietud cultural y el talento de colectivos de personas pintoras, previstos en el Plan estratégico de subvenciones, con el fin de dar visibilidad a sus expresiones artísticas.

Podrán concurrir al presente concurso todas las mujeres y hombres mayores de 18 años que hayan nacido o residan en la Región de Murcia.

El importe máximo total en la presente convocatoria es de 2.200 euros:

Categoría adultos: Se establecen los siguientes premios (*):

Primer Premio: 1.000 €

Segundo Premio: 700 €

Tercer Premio: 500 €

(*) Sobre el premio se practicará las retenciones del IRPF previstas legalmente

El plazo de presentación será hasta el 30 de abril de 2026 a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el BORM. 

El texto completo de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/882441

La Concejalía de Familia con motivo del Día Internacional de la Mujer, en cumplimiento del V Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y dentro del Programa Sociocultural de Actividades año 2026, pretende impulsar el acceso y la participación de las mujeres y los hombres en diversas expresiones culturales así como a los jóvenes, a través de la convocatoria del XXX Certamen Literario de Poesía y Relato Corto “Las Mujeres de Nuestra Vida” 2026, dando así cumplimiento a los precitados objetivos de convocar certámenes que incentiven la inquietud cultural previstos en el Plan estratégico de subvenciones, con el fin de dar visibilidad a sus expresiones artísticas.

Para esta edición se establecen dos modalidades: Relato Corto y/o Poesía.

Podrán concurrir al presente certamen todas las mujeres y hombres mayores de 18 años que hayan nacido o residan en la Región de Murcia.

El importe máximo total en la presente convocatoria es de 2.800 €:

POESÍA Premios (*): Primer Premio: 600 € Segundo Premio: 500 € Tercer Premio: 300 €

RELATO CORTO Premios (*) Primer Premio: 600 € Segundo Premio: 500 € Tercer Premio: 300 €

(*) Sobre el premio se practicará las retenciones del IRPF previstas legalmente.

El plazo de presentación será hasta el 30 de abril de 2026 a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el BORM.

El texto completo de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/882624

Habiendo finalizado el proceso selectivo y publicada la relación de personas aspirantes seleccionadas, el Tribunal, de conformidad con lo establecido en la base séptima de la convocatoria del proceso selectivo.

R E S U E L V E :

PRIMERO.- Publicar la relación complementaria con las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo y no han resultado seleccionadas en las pruebas selectivas para acceso libre para cubrir tres puestos de Trabajo Social, por orden de puntuación, como se recoge en el anexo.

SEGUNDO.- Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Política Social, Familias e Igualdad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la exposición de esta Resolución en la Web de Murcia Social, en la sección dedicada a la Fundación: https://murciasocial.carm.es/fundacion-murcianadefensa-judicial-curatela

Habiendo finalizado sus actuaciones, el Tribunal calificador de las pruebas selectivas de acceso libre para cubrir tres puestos de Trabajo Social, para la Fundación Murciana para la Defensa Judicial y Curatela, convocadas por Resolución de la Gerente de la Fundación (BORM 182, de 8 de agosto de 2025), de conformidad con lo establecido en la base sexta de la convocatoria.

R E S U E L V E :

PRIMERO.- Aprobar y publicar la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para acceso libre para cubrir tres puestos de Trabajo Social, por orden de puntuación, tal como se recoge en el anexo.

SEGUNDO.- Las personas seleccionadas deberán presentar en la Fundación Murciana para la Defensa Judicial y Curatela, sita en el IMAS, calle Doctor Alonso de Espejo, nº 7, 30007 Murcia, la documentación acreditativa de los requisitos de la base segunda de la convocatoria, en el plazo máximo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolucion en la Web de Murcia Social, en la sección dedicada a la Fundación.

TERCERO.- Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Política Social, Familias e Igualdad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la exposición de esta Resolución en la Web de Murcia Social, en la sección dedicada a la Fundación: https://murciasocial.carm.es/fundacion-murcianadefensa-judicial-curatela.  

El objeto de la convocatoria es regular la concesión de ayudas municipales destinadas a la atención de necesidades sociales, entendiendo por tales aquellas ayudas económicas de carácter no periódico destinadas a paliar o resolver situaciones de emergencia social, prevenir situaciones de exclusión social y a favorecer la plena integración social de los sectores de población carentes de recursos económicos propios para la atención de sus necesidades básicas.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas a las personas o familias residentes en el municipio de Lorquí que acrediten suficientemente su situación de necesidad en el momento de la solicitud y que cumplan con los requisitos establecidos para su concesión.

La solicitud, acompañada de la documentación acreditativa de la necesidad, se presentará a través de los Servicios Sociales municipales, en la Unidad de Trabajo Social de la zona.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto durante todos los meses del año. 

El  texto completo de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/885414

Habiendo finalizado sus actuaciones, el Tribunal calificador de las pruebas selectivas de acceso libre para cubrir tres puestos de Trabajo Social, para la Fundación Murciana para la Defensa Judicial y Curatela, convocadas por Resolución de la Gerente de la Fundación (BORM 182, de 8 de agosto de 2025), de conformidad con lo establecido en la base sexta de la convocatoria.

R E S U E L V E :

PRIMERO.- Aprobar y publicar la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para acceso libre para cubrir tres puestos de Trabajo Social, por orden de puntuación, tal como se recoge en el anexo.

SEGUNDO.- Las personas seleccionadas deberán presentar en la Fundación Murciana para la Defensa Judicial y Curatela, sita en el IMAS, calle Doctor Alonso de Espejo, nº 7, 30007 Murcia, la documentación acreditativa de los requisitos de la base segunda de la convocatoria, en el plazo máximo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolucion en la Web de Murcia Social, en la sección dedicada a la Fundación.

TERCERO.- Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Política Social, Familias e Igualdad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la exposición de esta Resolución en la Web de Murcia Social, en la sección dedicada a la Fundación: https://murciasocial.carm.es/fundacion-murcianadefensa-judicial-curatela.