Atención social

Creado el órgano que coordinará todas las políticas públicas de apoyo a las familias

El Consejo de Gobierno ha autorizado la creación de la Comisión Interdepartamental para la Promoción y Protección de las Familias de la Región de Murcia, un nuevo órgano que coordinará las políticas públicas dirigidas a las familias desde las distintas consejerías. La iniciativa parte de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y tiene como objetivo impulsar una política integral de protección de las familias, mediante una acción conjunta del Ejecutivo regional.

Más en concreto, dicha Comisión tendrá una labor fundamental en el impulso y coordinación de la tramitación tanto de la futura Ley de Protección Integral de las Familias, como de las estrategias que se impulsen con esa finalidad de protección, y en especial, de la Estrategia de Paternidad, Maternidad y Conciliación. El órgano contará con representantes de todas las consejerías, incluyendo las direcciones generales y secretarías generales con competencias relacionadas.

Entre las funciones que tendrá la Comisión figuran el establecimiento de líneas de actuación y objetivos generales para asegurar la protección integral de las familias; la recopilación de información sobre las actuaciones y presupuestos de cada consejería en esta materia; la coordinación y seguimiento de las políticas públicas familiares; el impulso de estrategias específicas y propuestas normativas; la elaboración de estudios e informes; y la evaluación del impacto que puedan tener leyes, planes o estrategias del Gobierno regional sobre las familias.

El decreto aprobado establece que la Comisión se reunirá al menos dos veces al año y podrá convocar sesiones extraordinarias cuando lo requiera la Presidencia o un tercio de sus miembros. Además, podrá contar con la participación de expertos y personal técnico de la Administración regional para asesorar sobre los asuntos que se traten en cada reunión. El nuevo órgano no conllevará un aumento del gasto público, ya que funcionará con los recursos humanos y materiales ya disponibles en las distintas consejerías.

Proyectos piloto para mejorar el apoyo a familias con menores vulnerables

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, ha aprobado la concesión directa de 268.000 euros en subvenciones a siete ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia para poner en marcha proyectos piloto que refuercen el trabajo en red entre los Servicios Sociales de Atención Primaria y sistemas locales, con el objetivo de mejorar el apoyo a familias con menores en riesgo de desprotección.

Las entidades beneficiarias son los Ayuntamientos de Cartagena; La Unión; Molina de Segura; Cieza; Puerto Lumbreras y Campos del Río, así como la Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula. Esta iniciativa está financiada con fondos NextGenerationEU.

La finalidad de las subvenciones es impulsar un modelo de intervención coordinada que permita establecer redes estables de colaboración entre los Servicios Sociales y otros agentes del entorno, como centros educativos, servicios sanitarios y entidades del Tercer Sector. Estas redes estarán orientadas a prevenir y abordar de forma eficaz las situaciones de riesgo en la infancia y adolescencia, promoviendo respuestas adaptadas a las realidades sociales, familiares y culturales de cada territorio. Se trata de sentar las bases de un modelo de trabajo en red que refuerce la protección de los menores desde un enfoque comunitario y preventivo.

Las actuaciones de estos proyectos piloto incluirán aquellas destinadas a la constitución de un sistema de trabajo en red con participación de todos los agentes sociales que trabajan en la atención a las familias con menores en situación de riesgo de desprotección; el diseño de sus protocolos e instrumentos de trabajo; la implementación de actuaciones de intervención individual con familias desde el trabajo en red; y la evaluación y difusión de resultados.

En cuanto a los gastos subvencionables, incluyen principalmente los costes derivados del personal que las entidades locales contraten específicamente para desarrollar los proyectos piloto. También podrán financiarse los costes vinculados a la formación del personal implicado en el proyecto, como el alquiler de espacios, la contratación de formadores y la adquisición de materiales didácticos.