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Uno de los retos con los que se enfrentan las políticas sociales de los países desarrollados, es adecuar su funcionamiento y la distribución de sus recursos a un contexto de creciente envejecimiento de la población. Esto supone la reorientación de las prioridades políticas y el compromiso de trabajo conjunto entre las Administraciones Públicas y las Entidades Sociales.

La mejora de las condiciones de vida durante un periodo cada vez más largo de años es una gran conquista de nuestra época, pero no podemos ignorar las nuevas necesidades que esta situación nos plantea y cuya cobertura requiere promover una gama diversificada y coordinada de recursos.

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