Acuerdos del Consejo de Ministros de 16/05/2023
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
ACCESO A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA POR DISCAPACIDAD
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto que mejora el acceso a la jubilación anticipada para las personas con una discapacidad superior al 45%.
En concreto, el Gobierno facilitará el acceso a la jubilación anticipada para las personas con discapacidad superior al 45%. Para este colectivo se reducen los años de cotización exigidos de 15 a 5 años desde el diagnóstico de la discapacidad superior al 45% para acceder a jubilación anticipada, siendo necesario haber trabajado un tiempo efectivo equivalente al período mínimo de cotización. Además, se aplicará el mismo régimen también a las personas que tengan más de una patología discapacitante si, en conjunto, superan el 45% de discapacidad.
En cuanto a las patologías, la nueva norma facilita tanto su acreditación como su actualización. En concreto, la acreditación de la discapacidad se podrá realizar, además de mediante certificación del IMSERSO o de las comunidades autónomas, mediante un informe médico que acredite que ha padecido alguna de las patologías contempladas y la fecha de inicio o manifestación de las mismas. Por otro lado, se pone en marcha un nuevo procedimiento, más ágil y sencillo, para actualizar el listado de patologías, de forma que pasará a estar en el anexo de la norma y se podrá modificar mediante Orden Ministerial del Ministerio de Inclusión.
Acceder al Real Decreto 370/2023, de 16 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161.bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento. (BOE número 117 de 17/05/2023)
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 17 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA
El Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:
"La sociedad española ha experimentado muchos avances en las últimas décadas en lo referente al respeto a la diversidad sexual, de género y familiar como uno de los valores positivos de una sociedad democrática. Con la aprobación del matrimonio igualitario el 30 de junio de 2005 y su entrada en vigor el 3 de julio de ese mismo año, nuestro país se convirtió en el tercer país del mundo en legalizarlo y en un referente en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI a nivel internacional.
Recientemente, las Cortes Generales han aprobado dos nuevas leyes de enorme relevancia para combatir el odio, la violencia y la discriminación que todavía sufren las personas por el simple hecho de ser -o ser percibidas como- lesbianas, gais, bisexuales, trans o intersexuales. Se trata de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación y la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esta última reconoce el derecho de autodeterminación, así como la despatologización de las personas trans, tal y como establece la Organización Mundial de la Salud, y prevé para ellas medidas específicas de inserción socio laboral, situando a España a la cabeza de los países con las legislaciones más avanzadas y garantistas de los derechos LGTBI.
Son diversas las fuentes que siguen alertando de los elevados índices de discriminación y de violencia que viven numerosas personas por su orientación sexual, su identidad o expresión de género o sus características sexuales. Aunque según la macroencuesta realizada en 2019 por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 43% de la población en España considera que su Gobierno combate eficazmente los prejuicios e intolerancia hacia las personas LGTBI, porcentaje mayor que para la EU-28, que es del 33%, casi el mismo porcentaje, el 42%, se ha sentido personalmente discriminada en los últimos 12 meses por ser una persona LGTBI (42%, igualmente, para el conjunto de la UE). Además, todavía el 48% de las personas LGTBI encuestadas en España evitan ir de la mano con sus parejas en público (6 de cada 10 en la Unión Europea) y el 23% nunca hace visible su orientación sexual o su identidad de género (el 30% en la Unión Europea).
El Informe sobre delitos de odio, confeccionado por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, y que anualmente presenta el Ministerio del Interior, alerta año tras año sobre el elevado número de delitos de odio motivados por la orientación sexual y la identidad de género, reales o percibidas, de las víctimas, siendo este motivo, en la actualidad, el segundo más representado en las estadísticas de delitos de odio en nuestro país.
El Gobierno de España reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Este compromiso se ha visto materializado durante esta legislatura con la elaboración y aprobación de normas que facilitan herramientas para su logro. Además de las dos leyes mencionadas, cabe destacar, por su particular relevancia, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional; y el Proyecto de Ley de Familias.
Cabe destacar también la adopción de medidas a favor de los derechos de las personas intersexuales, así como la prohibición, en todo el Estado, de las conocidas como terapias de conversión, que no son sino torturas promovidas por prejuicios ideológicos.
Estos avances normativos han ido en paralelo con los avances sociales que permiten decir que nuestro país se encuentra también en las primeras posiciones en cuanto a la aceptación social de la diversidad sexual, de género y familiar.
Asimismo, el Gobierno está en proceso de finalización del diseño y la puesta en marcha de una Estrategia Estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y de una Estrategia Estatal para la inclusión social de las personas trans. En los próximos meses, estará en funcionamiento el servicio 028 de atención gratuita específicamente destinado a atender a las víctimas de delitos de odio o de discriminación por LGTBIfobia, así como para informar y atender a las personas LGTBI o allegadas, y que complementa la atención prestada por las Comunidades Autónomas y las entidades sociales.
El Gobierno de España parte del convencimiento de que los poderes públicos deben implementar políticas decididas que, desde el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos, promuevan la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y la lucha contra toda forma de discriminación. Es necesario concienciar al conjunto de la ciudadanía y poner en valor la diversidad sexual, de género y familiar, desde el convencimiento de que las sociedades inclusivas, igualitarias, solidarias y tolerantes son también más fuertes, saludables y resilientes.
Las medidas adoptadas por el Gobierno de España están alineadas con las prioridades establecidas a nivel europeo y permiten avanzar en línea con las recomendaciones establecidas por la Comisión Europea en su primera "Estrategia de Igualdad LGBTIQ 2020-2025", que acaba de alcanzar la mitad de su recorrido. Esta agenda parte de un enfoque interseccional y transversal, que permita la inclusión de las políticas LGTBI en todos los ámbitos de la acción gubernamental, como la política de migración y asilo, sanitaria, educativa o laboral, entre otras; y favorezca la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; el avance en la recogida de datos estadísticos; la adopción de protocolos y medidas para la prevención y abordaje frente al acoso por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales; la dotación económica de los planes de igualdad; o la intensificación de la lucha contra los delitos de odio, así como de la atención a las víctimas de los mismos.
A este compromiso firme del Gobierno de España con los derechos de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales no es ajeno el enfoque internacional, con la conciencia de que los derechos de las personas LGTBI son vulnerados en un gran número de países del mundo, en algunos de los cuales se mantienen legislaciones punitivas que implican, en algunas ocasiones, la pena de muerte. Por eso, entre las prioridades de nuestra acción exterior y los objetivos de la cooperación para el desarrollo se encuentra la protección y defensa de los derechos de las personas LGTBI en todo el mundo, contribuyendo así a la diversidad de las sociedades, tal y como se prevé en la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global.
En los últimos años, España ha impulsado numerosas acciones en defensa de los derechos de las personas LGTBI en diferentes foros multilaterales, como el Consejo de Derechos Humanos (apoyo al mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género); la III Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas; el LGBT Core Group de Naciones Unidas (red informal y heterogénea de países, organizaciones internacionales, ONGs y organizaciones de la sociedad civil, creada para dar visibilidad y apoyo a las demandas y reivindicaciones de la comunidad LGTBI en el marco de Naciones Unidas); la Coalición por la Igualdad de Derechos (España es miembro fundador de esta organización intergubernamental creada para fomentar la cooperación multilateral y el intercambio de información y buenas prácticas en la defensa y promoción de los derechos del colectivo LGTBI); el Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre Igualdad, No Discriminación y Diversidad; o la Red Europea de Puntos Focales LGBTI en el marco del Consejo de Europa. España se ha incorporado al Fondo Mundial para la Igualdad, una asociación público-privada que apoya los programas de la sociedad civil que promueven y protegen los derechos humanos de las personas LGTBI en todo el mundo. Además, la cuestión de los derechos humanos de las personas LGTBI se suscita habitualmente en los diálogos bilaterales con terceros países.
El Gobierno de España muestra este año, una vez más, su firme compromiso en la defensa de los derechos de las personas LGTBI, tanto a nivel nacional como internacional, y muy específicamente durante la Presidencia de la Unión Europea, que dará comienzo el 1 de julio, y se compromete a adoptar las medidas necesarias para seguir avanzando en la erradicación de las discriminaciones, ataques y actos de violencia que a día de hoy siguen sufriendo las personas LGTBI."
