Acuerdos del Consejo de Ministros de 09/05/2023

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
 

LÍNEA DE PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS EN ALQUILER ASEQUIBLE

El Consejo de Ministros ha encomendado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y al Instituto Oficial de Crédito (ICO) el desarrollo de una nueva línea de préstamos de 4.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda social, en el marco de la adenda al Plan de Recuperación. El objetivo es poner a disposición de la ciudadanía hasta 43.000 viviendas en edificios energéticamente eficientes, que deberán destinarse al alquiler social o a precios asequibles durante, al menos, 50 años.
Así, MITMA distribuirá, a través del ICO, los fondos europeos del Plan de Recuperación en forma de préstamos a largo plazo para la construcción de vivienda, sobre suelo público o privado, y para la rehabilitación de edificios, tanto de titularidad pública como privada, que vayan a destinarse a vivienda habitual en alquiler social o asequible.
Los fondos van dirigidos a promotores públicos o privados y financiarán desde la adquisición de suelo público o privado y la construcción de vivienda nueva, hasta la adquisición de edificios públicos o privados para rehabilitar y/o las actuaciones de rehabilitación.
El desembolso de todos los fondos a los beneficiarios se completará antes del 31 de agosto de 2026. Las obras se podrán ejecutar en un plazo de entre cuatro y ocho años desde la formalización del préstamo, en función del tipo de actuación y sus condicionantes, con opción a prórroga:

Cuatro años más una posible prórroga de dos años, como norma general.
Ocho años más cuatro años de prórroga si, por ejemplo, los terrenos a adquirir están en proceso de ordenación urbanística.

El ICO ejercerá el papel de intermediario financiero y canalizará los fondos europeos hacia los promotores directamente o a través de entidades financieras. MITMA e ICO firmarán un convenio en el que se fije el tipo y condiciones de los préstamos y se asegure el cumplimiento de los requisitos de la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como la definición de los detalles (potenciales beneficiarios, control y auditoría de los préstamos, entre otros).
Se trata de un nuevo instrumento para avanzar en el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada, y facilitar el acceso a las personas y hogares de menores recursos económicos, así como a los jóvenes y colectivos que tienen mayores dificultades de acceso en el mercado.
La línea de créditos se enmarca en el Componente 2 del Plan de Recuperación que incluye 1.000 millones de euros en ayudas para construir viviendas sobre suelo público antes de que finalice 2026, y se articula sobre el principio de cooperación territorial con las comunidades autónomas y respetando sus competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

AVALES PARA COMPRA DE LA PRIMERA VIVIENDA

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de avales del 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes y familias con menores a su cargo. Así, el Gobierno ha dado luz verde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y al Instituto Oficial de Crédito (ICO) a articular una línea de avales, con cargo al presupuesto del Ministerio, para facilitar el acceso a la financiación necesaria para la adquisición de la primera vivienda dentro del territorio nacional a colectivos que, siendo solventes, no disponen de ahorro previo. El objetivo es facilitar la compra de aproximadamente 50.000 viviendas.
Los avales están dirigidos a jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a su cargo sin límite de edad con ingresos individuales de hasta 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble. Es decir, los ingresos de los dos adquirientes no podrán superar en conjunto, la suma del límite establecido para cada uno.
En este punto, la medida cuenta con factores de mejora en función del número de hijos y de si familia es monoparental. Así, dicho límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, además, en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.

Detalles de la línea

MITMA e ICO firmarán un convenio para implementar y gestionar la línea de avales a la que se podrán adherir las financieras que operan en las Líneas de Mediación del ICO. Los potenciales beneficiarios podrán solicitar el aval a través de dichas entidades, en el marco de la Línea MITMA-ICO. El periodo para formalizar las hipotecas que se acojan a esta línea de avales finalizará el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga de dos años en función de la demanda y las circunstancias económicas.
El préstamo a avalar con la Línea podrá ser de hasta el 100% del menor valor entre el de tasación y el precio de compra de la vivienda y el coste del aval otorgado por Mitma será asumido por la entidad de crédito. En este punto, se abre la puerta a establecerse un límite máximo de precio de venta o tasación de la vivienda, que podría fijarse en función del ámbito territorial.
El Ministerio compartirá hasta el 20% del riesgo de la totalidad del principal de cada hipoteca con la entidad de crédito en igualdad de condiciones. Si la vivienda a adquirir dispone de una calificación energética mínima D o superior, Mitma podrá avalar hasta el 25% del principal del préstamo.
El plazo del aval otorgado por MITMA será por un máximo de 10 años con independencia del plazo de amortización del préstamo y de la existencia o no de periodo de carencia
El resto de las condiciones financieras se establecerán en el contrato de aval a formalizar entre el ICO y las entidades de crédito, de acuerdo con lo regulado en el Convenio a formalizar entre ICO y MITMA.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

ACTUACIONES Y MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA

El Consejo de Ministros ha aprobado destinar suelos del Ministerio de Defensa en desuso a potenciar el desarrollo urbanístico y la promoción de vivienda asequible. En concreto, ha dado luz verde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a adquirir, a través de la Entidad Pública de Suelos (SEPES), hasta 8,25 millones de m2 de terrenos públicos propiedad de Defensa para levantar, de forma estimada, alrededor de 20.000 viviendas asequibles en 34 municipios de 14 comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla. El presupuesto estimado de la operación ronda los 620 millones de euros.
Así, el Gobierno ha encomendado a MITMA, al Ministerio de Hacienda y Función Pública y al Ministerio de Defensa a tramitar los instrumentos jurídicos necesarios para llevar a cabo la operación de compraventa de los suelos entre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) y SEPES, para su posterior desarrollo para usos residenciales a través de 50 actuaciones.
La iniciativa, enmarcada en el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA), permitirá disponer de suelo público repartido por la geografía española para el desarrollo de vivienda de protección pública y así contribuir a garantizar el derecho constitucional del disfrute de una vivienda digna y adecuada y que esta disponibilidad sea equilibrada en todo el territorio. Tras la adquisición por parte de SEPES, la entidad preparará los suelos para que sean urbanizables y facilitar la edificación residencial a través de fórmulas público-privadas que impliquen la cesión del suelo.
Los terrenos de Defensa incluidos en esta iniciativa se reparten en municipios de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Canarias, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Derechos Sociales y Agenda 2030
 

ESTRATEGIA ESTATAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y la Adolescencia. El documento establece una visión, de la que han participado niños, niñas y adolescentes, con sus aportaciones a través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, de la meta que se quiere conseguir para el año 2030: un país por y para la infancia, en el que el conjunto de derechos esté garantizado y sea real y efectivo para todos los niños, niñas y adolescentes.
Se trata de una estrategia integradora de las políticas en materia de bienestar y protección de la infancia y adolescencia, y cuya aprobación era un imperativo tanto a nivel internacional como nacional, pues responde a las observaciones realizadas a España por el Comité de los Derechos del Niño en febrero de 2018, incorporando buena parte de las recomendaciones efectuadas y asumiendo como propios los desafíos que estas plantean.
La estrategia cubre el periodo 2023-2030 y contiene ocho áreas estratégicas, que son: ciudadanía activa de la infancia; acabar con la pobreza infantil y la exclusión social; fortalecer su desarrollo integral y equitativo en un entorno saludable; reforzar su desarrollo en la educación y la cultura; el derecho a la familia, los cuidados alternativos y la desinstitucionalización; la protección integral de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia; la protección y la inclusión social de la infancia y adolescencia migrante; y garantizar los derechos de la infancia en el entorno digital. Cada una de ellas define el impacto que se quiere lograr mediante una serie de metas cuantificables, que permitan valorar y medir el progreso alcanzado: unas metas intermedias a alcanzar en 2025 y una serie de metas finales a lograr en 2030.
Para su elaboración, se ha contado con las aportaciones de los niños, niñas y adolescentes, a través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, con el objetivo de que la sientan como propia y la vean como un documento que vele por el cumplimiento de sus derechos. Asimismo, se ha contado con las entidades representativas en el ámbito de la infancia, como así también de los miembros del Observatorio de la Infancia y con el conocimiento y la experiencia de las comunidades y ciudades autónomas, por ser las que ostentan las competencias en materia de protección a la infancia y a la adolescencia, y de las entidades locales, que en último término se establecen como colaboradoras indispensables en su proceso de implementación. Asimismo, se ha contado con la colaboración de otros ministerios, como los de Sanidad, Interior, Justicia, Igualdad o Educación y Formación Profesional.