Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA PARA LA IGUALDAD SALARIAL
El Consejo de Ministros ha acordado aprobar la siguiente declaración institucional con motivo del Día para la Igualdad Salarial (22 de febrero):
"Año tras año, las estadísticas muestran que las mujeres siguen ganando menos que los hombres, una desigualdad estructural cuyas causas han de buscarse en un conjunto de factores complejos e interrelacionados: la discriminación directa e indirecta, la infravaloración del trabajo de las mujeres, la segregación ocupacional en el mercado laboral fuertemente marcada por estereotipos y roles de género muy arraigados social y tradicionalmente, la escasa presencia de mujeres en los puestos de mayor responsabilidad, la desigual asignación de los complementos retributivos, la mayor parcialidad y reducciones de jornada en los trabajos desarrollados por mujeres, debido a que han asumido -y continúan asumiendo -casi en exclusiva los trabajos domésticos y de cuidados, esenciales para la sociedad pero que siempre han estado invisibilizados y precarizados.
En los últimos cinco años se han producido avances importantes en la situación del mercado laboral de las mujeres. Según los datos correspondientes a la última Encuesta de Población Activa (EPA), se ha alcanzado el número máximo de mujeres ocupadas en la serie histórica llegando a las 9.923.400, de las cuales el 82% cuenta con una relación laboral de carácter indefinido gracias a los efectos de la reforma laboral. Según los datos de salarios de la EPA, en 2022 la diferencia salarial mensual bruta entre hombres y mujeres fue del 15,7%, 5,25 puntos porcentuales por debajo de la brecha en 2018, lo que representa una reducción del 25%. Continúa siendo una cifra inaceptable, que refleja la desigualdad y las discriminaciones laborales que sufren las mujeres, pero es el menor valor de la serie histórica.
En ese periodo de tiempo también la brecha salarial de las mujeres de entre 20 y 24 años se ha reducido en 4,3 puntos porcentuales y la de mujeres de entre 25 a 29 años se ha estrechado en 2,2. No obstante, tampoco cabe bajar la guardia y es necesario avanzar en políticas que permitan la erradicación definitiva de la brecha salarial entre las personas más jóvenes. También las medidas de incremento de las pensiones adoptadas en estos últimos años, y muy singularmente las referidas a las pensiones que afectan de manera más directa a las mujeres, como son las de viudedad o las no contributivas, están siendo muy efectivas en la progresiva atenuación de la brecha de género y marcan un camino que el Gobierno va a continuar e intensificar.
Pese a los avances recientes, las discriminaciones que sufren las mujeres siguen siendo inadmisibles: los resultados de la última Encuesta anual de Estructura Salarial, referida al año 2021, revelan que la brecha salarial entre mujeres y hombres es del 18,36% en cómputo anual, lo que supone una reducción de 5,57 puntos en la última década. Las mujeres ganan menos que los hombres en prácticamente todas las secciones de actividad. Además, el 25% de las mujeres perciben ganancias menores o iguales al Salario Mínimo Interprofesional, mientras que este porcentaje en el caso de los hombres es solo del 11%. Siete de cada diez personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. Las responsabilidades de cuidados constituyen el motivo para estar trabajando a tiempo parcial para el 16,5% de estas mujeres, mientras que solo para el 3,4% de los hombres que trabajan a tiempo parcial este es el motivo. Como colofón, la desigualdad económica a lo largo de la vida tiene su impacto y reflejo en las pensiones de jubilación, en las que se alcanza una intolerable brecha de género del 33,75%.
Para acabar con la desigualdad retributiva entre mujeres y hombres es imprescindible actuar sobre todas las causas y, para ello, este Gobierno va a continuar desarrollando e impulsando medidas que permitan avanzar en la eliminación de estas brechas, tales como el reciente Real Decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2024, que lo eleva hasta los 1.134 euros mensuales, consolidando así un incremento del 54% desde 2018, que tiene un impacto especialmente positivo en las mujeres al estar sobrerrepresentadas en trabajos con salarios iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional y que ha permitido reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres en un 25% en los últimos 5 años; o la propuesta de disminuir la jornada laboral sin merma de salario que permitirá, entre otras cuestiones, mejorar el reparto equilibrado de las tareas de cuidados y disponer de más tiempo propio.
Para este Gobierno es, además, prioritario, completar, por un lado, la trasposición de la Directiva 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su cumplimiento.
En efecto, España ha sido pionera en la regulación de esta materia con medidas tales como la aprobación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, o los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020, de 13 de octubre, relativos a la igualdad retributiva entre mujeres y hombres y a los planes de igualdad, respectivamente, así como la puesta a disposición de las herramientas de valoración de puestos de trabajo y de registro retributivo. En todo caso, aunque estas medidas sitúan a nuestro país al nivel de los más comprometidos con la igualdad retributiva, con un marco que en algunos aspectos es incluso más avanzado que la propia Directiva, es necesario todavía realizar la trasposición de algunos ajustes, de la mano de los agentes sociales, y teniendo en cuenta las experiencias desarrolladas en el resto de países de la Unión Europea.
Por otro lado, también es prioritario culminar la transposición de la Directiva 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, mejorando los permisos existentes, asegurando que no se penalice a las mujeres por hacer uso de ellos y promoviendo una mayor corresponsabilidad en las tareas de cuidado.
Por su parte, el Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres es expresión del firme compromiso del Gobierno de España con la igualdad real de oportunidades. Esta norma tiene como objetivo romper los techos de cristal y garantizar la representación efectiva de las mujeres en los ámbitos decisorios de la vida política y económica, de forma que se avance en la consecución del ejercicio real y efectivo del principio constitucional de igualdad y se eliminen las brechas de género existentes, entre ellas la brecha retributiva.
Así mismo, el refuerzo de los derechos de información y la garantía de la previsibilidad de las relaciones laborales mediante la modificación del Estatuto de los Trabajadores, para transponer la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, también contribuirá a equilibrar los usos del tiempo personal y profesional, contribuyendo a remover las desigualdades de género vinculadas a los mismos.
Por último, el Gobierno es consciente de las brechas digitales de género y de los riesgos que la Inteligencia Artificial puede suponer para la igualdad entre mujeres y hombres, de los que alertan varias voces expertas, en particular, dado su posible impacto en las causas de desigualdad en el ámbito laboral, incluida la dimensión retributiva. De ahí que su irrupción en el mercado de trabajo haga imprescindible y urgente un profundo debate sobre los retos que plantea la Inteligencia Artificial (IA), sus riesgos, pero también sobre sus potencialidades. Lograr una mayor participación y liderazgo de las mujeres en el desarrollo vinculado a la IA, el Big Data y el Machine Learning; mitigar los sesgos de género y lograr una mayor transparencia en los algoritmos y la integración de la perspectiva de género en la programación, creación de códigos y algoritmos, son desafíos a abordar, no solo para evitar que las brechas de género se perpetúen o incluso se agranden, sino para revertir las brechas existentes, creando soluciones innovadoras para combatir las causas de las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
En este sentido, en el plano de la Unión Europea, gracias al empeño e impulso de la Presidencia española del Consejo se ha llegado a un acuerdo provisional entre Consejo y Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que de manera pionera a escala mundial, trata de garantizar que los sistemas de IA comercializados en el mercado europeo y utilizado en la Unión Europea sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores comunitarios.
En el ámbito nacional se está implementando la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), que incluye la igualdad de género como uno de sus objetivos transversales y aborda expresamente el desafío de "Reducir la brecha de género del ámbito de la IA en empleo y liderazgo".
Se trata de un conjunto de medidas y compromisos de este Gobierno que, sin duda, redundarán en una mayor igualdad retributiva.
En definitiva, con motivo del Día para la Igualdad Salarial de 2024, el Gobierno de España expresa su firme determinación en la lucha contra la desigualdad retributiva, comprometiéndose a seguir progresando en la aplicación efectiva de la normativa vigente y en la adopción o desarrollo de las medidas de igualdad, derechos humanos, justicia social y participación democrática que sean precisas para revertir las causas de las brechas de género y de la desigualdad retributiva entre mujeres y hombres. Con todo ello, se avanza un paso más hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de Naciones Unidas en su Agenda 2030, y especialmente de los objetivos 5, lograr la igualdad entre los sexos y empoderar a todas las mujeres y niñas, y 8, promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todas las personas, además de contribuir de manera muy tangible al cumplimiento de los objetivos 1 y 10, relativos al fin de la pobreza y a la reducción de las desigualdades."
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Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS ESENCIALES PARA LAS PERSONAS MIGRANTES LLEGADAS A LAS COSTAS
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la ampliación de la declaración de emergencia para la prestación de servicios, realización de obras y adquisición de suministros esenciales para atender las necesidades básicas de personas migrantes llegadas a las costas, por un importe de 60,6 millones de euros.
La declaración de emergencia, activada en octubre de 2023, es una herramienta que permite cubrir de manera inmediata las necesidades de las personas migrantes y de la red que les brinda atención. Esta inversión, asumida por el Gobierno Central, evita sobrecostes a las Comunidades Autónomas con más presión migratoria.
A pesar de que el ritmo de llegadas a costas ha disminuido en la última semana, la ampliación de la declaración de emergencia responde a la necesidad de seguir gestionando un ritmo de llegadas más elevado que en años anteriores, a la vez que garantiza la asistencia a las personas que ya están en territorio nacional.
La primera declaración de emergencia, aprobada a principios de octubre, estuvo dotada inicialmente con 33 millones de euros, y permitió una ampliación de la capacidad del programa de Protección Internacional y Atención humanitaria en más de 4.000 plazas. La siguiente prórroga de la emergencia, el 25 de octubre y con un presupuesto de 76 millones de euros, aumentó esa capacidad en 10.000 plazas más. En esta ocasión, la ampliación permitirá mantener 7.000 plazas.
A fecha 20 de febrero de 2024, el sistema de Protección Internacional y Atención humanitaria acoge a más de 45.400 personas en toda España. Está diseñado como un sistema integral, flexible y ágil que evita presión y sobrecostes a las comunidades autónomas, a la vez que garantiza la atención humanitaria y la protección de las personas que llegan en situación de vulnerabilidad a las costas.
El sistema tiene como principales objetivos atender las necesidades básicas de las personas migrantes, darles cobertura sanitaria de urgencia, acogida por asilo y refugio, apoyo psicológico y apoyo en el restablecimiento de contactos familiares y sociales, entre otros.
Además, se han mejorado todos protocolos para la detección de víctimas de trata, de tráfico, torturas y la detección de personas que puedan ser menores. Nuestro sistema responde con especial cuidado y solvencia a situaciones críticas, como las mencionadas, o la llegada de enfermos, de personas con discapacidades, niños y mayores.
