Fecha: 27 de marzo de 2026 a las 17:00 h.
Lugar: Centro Joven Caravaca de la Cruz. Avenida de los Andenes, 18, 30400, Caravaca de la Cruz.
Actividad presencial
No requiere inscripción previa
 

Más información:
Asociación Betania
Correo electrónico voluntariado@asociacionbetania.org
Teléfono 604 57 96 53
Página web https://www.asociacionbetania.org/

Fecha: 25 de marzo de 2026 a las 19:00 h.
Lugar: Asociación Betania. Camino de la Torrecica, s/n, 30430-Cehegín (Murcia)
Actividad presencial y online
 

Contenido:

• Introducción a las adicciones sin sustancia
• Factores de riesgo y señales de alerta
• Impacto psicosocial de las adicciones invisibles
• Herramientas básicas de prevención e intervención inicial
• Papel del voluntariado como agente de sensibilización y apoyo
• Espacio de diálogo y reflexión

Formulario de inscripción

Más información:
Asociación Betania
Correo electrónico voluntariado@asociacionbetania.org
Teléfono 604 57 96 53
Página web https://www.asociacionbetania.org/

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

En 1966 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, coincidiendo con el aniversario de la masacre de Shaperville (Sudáfrica 1960).

Con este motivo el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:

"El Gobierno de España reafirma su compromiso con la erradicación del racismo, con especial énfasis en el racismo estructural, y de la discriminación racial o étnica, abordándolos desde una perspectiva interseccional y de derechos humanos.

En esta línea, desde este Gobierno se prioriza la promoción activa de los valores de igualdad, tolerancia, respeto y convivencia, pilares fundamentales de una sociedad más justa, en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes, y acceder a las mismas oportunidades sin distinción alguna.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora por Naciones Unidas desde 1966 en memoria de las sesenta y nueve víctimas asesinadas por la policía en una acción pacífica en Sharpeville (Sudáfrica) contra el Apartheid el 21 de marzo de 1960, resulta más importante que nunca recordar la necesidad de condenar y luchar de forma activa contra toda forma de discriminación basada en el lugar de procedencia, el color de piel u otras características personales, incluyendo manifestaciones como el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la afrofobia, el antisemitismo, la islamofobia y otras formas conexas de intolerancia.

En 2026 se conmemora el 25º aniversario de la Conferencia Mundial contra el Racismo celebrada en Durban en 2001, hito internacional que marcó un antes y un después en el reconocimiento del racismo estructural y en la adopción de compromisos globales para su erradicación. Este aniversario constituye una oportunidad para renovar el consenso internacional y reforzar la implementación efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, avanzando hacia una sociedad basada en la igualdad y en la justicia racial. Hoy más que nunca resulta necesario reivindicar y defender el multilateralismo, firme compromiso del Gobierno de España.

Aún quedan grandes desafíos por afrontar. En 2025, precisamente con ocasión de la conmemoración de este Día, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica y el Ministerio de Igualdad publicaron el último estudio sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico en España por parte de las potenciales víctimas, con el título "El impacto del Racismo en España 2024". En este estudio se indica que cuando se pregunta a las personas encuestada por situaciones concretas que son o pueden ser consideradas como posibles delitos de odio en diferentes ámbitos, el 52% señala que ha vivido al menos una situación concreta susceptible de ser considerada delito de odio por motivos étnico raciales. El estudio señala también la vivienda como el ámbito donde más discriminación se percibe (un 27,5 %), seguido de los espacios públicos, sin olvidar otros como el empleo. Un 47,6% de las personas entrevistadas que ha sufrido experiencias de discriminación en el último año, en primera persona, reconoce que estas les han causados efectos psicológicos, como estrés, ansiedad o depresión, que pueden repercutir de manera muy negativa sobre la salud mental. Frente a esta realidad, la infradenuncia sigue siendo abrumadora, solo dos de cada diez personas que han experimentado una situación discriminatoria en el último año ha afirmado haber presentado alguna queja, reclamación o denuncia.

Los datos más recientes reflejan una exacerbada tendencia al alza de los discursos de odio en internet y en redes sociales, donde la desinformación y la polarización amplifican narrativas xenófobas, racistas y excluyentes, contribuyendo a la estigmatización de las personas racializadas, especialmente en contextos electorales o de crisis o emergencias.

El odio y la violencia en las redes traspasan las pantallas, y, en 2025, incidentes de carácter racista como los sucedidos en Torre Pacheco evidencian la persistencia de conductas y discursos que socavan la convivencia democrática y los valores constitucionales.

Esta realidad exige redoblar esfuerzos institucionales y reforzar los mecanismos de prevención, detección y sanción de los delitos de odio. También es imprescindible seguir fortaleciendo la cooperación con las plataformas digitales, y su responsabilización en esta materia.

España ha avanzado de manera decidida en la lucha contra el racismo, la discriminación y los delitos de odio, con medidas como la aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación; la creación de la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación; los trabajos y cooperación que se desarrolla en el marco del Acuerdo Interinstitucional para Cooperar en la Lucha contra el Racismo, la Xenofobia, la LGTBIfobia y Otras Formas de Intolerancia; o la monitorización del discurso de odio en línea. Además, el Gobierno ha aprobado el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia (2023-2027). Se ha avanzado igualmente en la puesta en marcha de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, designada por la Ley 15/2022, de 12 de julio, organismo competente en el Reino de España a efectos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, para reforzar la protección de las víctimas y la supervisión del cumplimiento normativo.

Asimismo, el Gobierno ha adoptado importantes medidas en el ámbito de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, considerando colectivos de atención prioritaria para la política de empleo a las personas migrantes, las personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional y las personas gitanas, o pertenecientes a otros grupos étnicos o religiosos.
En 2025 se conmemoraron los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península. En este contexto, y como resultado tangible de esta efeméride, el Consejo de Ministros y Ministras aprobó el 23 de diciembre la creación de una Red de Mujeres Gitanas. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar su participación social y política, así como institucionalizar un diálogo permanente con la Administración General del Estado.

Desde la subcomisión creada en el Congreso para combatir los discursos de odio, se sigue promoviendo un gran acuerdo para combatir los discursos de odio que estigmatizan, culpan y señalan, representando un desafío para la convivencia social, y para el que espera contar con un gran consenso social y político, para lo cual se cuenta con el impulso del Ministerio de Igualdad.
El Gobierno de España continúa reforzando los instrumentos de conocimiento y seguimiento del discurso de odio. En este marco, a la herramienta FARO ya existente, que permite identificar y analizar en tiempo real los discursos de odio racista y xenófobo en redes sociales, se suma la herramienta Huella del Odio y la Polarización (HODIO), que permite analizar la presencia y amplificación del discurso de odio en las principales redes sociales, contribuyendo a mejorar las políticas públicas de prevención y respuesta frente al racismo y la discriminación.

El Gobierno apoya igualmente la nueva Estrategia Antirracismo de la Unión Europea 2026-2030, que se basa en el Plan de Acción Antirracismo 2020-2025, y busca reforzar la lucha contra el racismo en todas sus formas en la UE, incluyendo el racismo antiafro, el antigitanismo, el antisemitismo, el racismo antiasiático y el odio anti-musulmán. España participará activamente en su implementación, en sus cinco pilares, que incluyen, entre otras cuestiones, la aplicación y el refuerzo del marco legal antidiscriminación, la eliminación de las barreras estructurales e inclusión social, o el énfasis en la necesidad de promover la cooperación y alianzas entre los actores clave. Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó el 10 de junio del 2025 el Plan de Actuación para la Mejora de la Empleabilidad de la Población Gitana (2025 2028), cuyo objetivo es reforzar el acceso al mercado laboral, la formación y el emprendimiento de las personas del colectivo. Esta iniciativa supone un avance significativo en la lucha contra la discriminación racial y refleja el compromiso del Gobierno con la igualdad de trato para todas las personas ante el empleo.

En este sentido, el Gobierno manifiesta su firme convicción en la necesidad de colaborar con la sociedad civil y reconocer el trabajo que realiza a través de las organizaciones y asociaciones de personas del pueblo gitano, de personas africanas y afrodescendientes, árabes, amazigh, latinoamericanas y asiáticas, entre otros grupos poblacionales y étnicos, así como de personas migrantes y de apoyo a los derechos humanos, en general, y a la lucha contra el racismo, en particular, cuyo esfuerzo debe verse respaldado y acompañado por políticas públicas dotadas de suficientes medios y recursos adecuados.

Asimismo, el Gobierno continúa avanzando en el desarrollo del proceso de regularización administrativa iniciado en febrero de este año, y de mejora de los mecanismos de inclusión de las personas migrantes, entendiendo que la garantía de derechos, la seguridad jurídica y la plena participación social son elementos esenciales para prevenir la discriminación y fortalecer la cohesión social.

La protección de las víctimas, la puesta en marcha de mecanismos adecuados de denuncia, y la lucha contra la todavía abrumadora infradenuncia, constituyen también líneas prioritarias de acción. En este marco, el 021, que es el número oficial del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, gestionado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), organismo adscrito al Ministerio de Igualdad que fue designado organismo de igualdad por el artículo 33 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, está destinado a la atención a víctimas de racismo y ha sido reforzado en los últimos años para ampliar la cobertura territorial y horaria. Según los datos anuales correspondientes a 2024, presentados en 2025, el servicio prestó atención a 20.520 consultas presenciales, gestionó 2.913 casos de discriminación y acompañó directamente a 3.629 víctimas.

El Gobierno reafirma su compromiso de consolidar y reforzar este instrumento esencial para garantizar el acceso efectivo a la justicia y la protección frente al racismo. Asimismo, el Gobierno está trabajando en la adopción de una Estrategia para la igualdad de trato y la No Discriminación, como una de las medidas incluidas en la Ley 15/2022, de 12 de julio, que incluirá actuaciones dirigidas a prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación por razón de las causas establecidas en dicha ley, sin perjuicio de las competencias de las comunidades, con un enfoque interseccional, y prestando especial atención a las medidas dirigidas a la información, sensibilización y formación en igualdad de trato y no discriminación.

En el ámbito de la acción exterior, la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, considera objetivo prioritario de esta política la erradicación de toda normativa o práctica discriminatoria y el trabajo con los países socios para asegurar el respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones, así como la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes; y el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027 señala como líneas de acción el apoyo a las oficinas nacionales de equidad racial, a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos y antirracistas de los países socios, y a las organizaciones de pueblos indígenas y personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe, desde un enfoque interseccional e intercultural. Por otra parte, la Estrategia España África 2025-2028, denominada "Trabajando juntos a través de una relación estratégica", incluye entre sus objetivos el de "más firmeza frente al racismo y la xenofobia" e insiste en el refuerzo de las medidas en el ámbito educativo y en el discurso público.

España es, además, miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el trienio 2025-2027, y continuará luchando contra el racismo y la discriminación en el seno de esta organización, impulsando la aplicación universal del Convenio para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

Un este Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, y en un contexto global marcado por el resurgimiento de narrativas excluyentes y el incremento de los discursos de odio, el Gobierno de España reitera que el único camino para erradicar el racismo es adoptar una posición clara y activa: ser, desde el ámbito institucional y desde el conjunto de la sociedad, inequívocamente antirracistas. Solo así podremos consolidar una democracia más fuerte, una convivencia basada en el respeto y una sociedad donde la diversidad sea reconocida como un valor y no como un motivo de exclusión".

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para la transformación y sostenibilidad de los cuidados de larga duración. La Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización (2024-2030) es la hoja de ruta para transformar el sistema de cuidados hacia un modelo comunitario, personalizado y basado en derechos, evitando la institucionalización forzosa de las personas dependientes. La Estrategia establece como uno de sus principales instrumentos de gobernanza la Comisión Interministerial para la transformación y sostenibilidad de los cuidados de larga duración.

Además de su creación, se ha determinado su composición y sus funciones, entre las que se encuentran:

• Analizar los cambios estructurales y organizativos que precise el sistema de cuidados de larga duración.
• Identificar y promover las medidas oportunas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
• Realizar el seguimiento y evaluación del grado de alineamiento de las distintas políticas sectoriales con el modelo de cuidados.
• Impulsar la innovación social y tecnológica en el sector de los cuidados de larga duración, identificando buenas prácticas, promoviendo la transferencia de conocimiento y facilitando la colaboración entre administraciones y otros actores relevantes.
• Proponer y emitir informes que incluyan perspectiva de género y puedan servir de orientación en la toma de decisiones de los órganos competentes en el sistema de cuidados de larga duración.

Los cuidados de larga duración constituyen una parte esencial del Estado del Bienestar y una garantía fundamental para el ejercicio efectivo de los derechos sociales. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece un sistema de gobernanza y toma de decisiones en relación con el sistema de carácter interterritorial en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y atención a la dependencia; una gobernanza coherente con el reparto competencial en nuestro país.

Habiendo entrado en plazo una reclamación contra la Resolución provisional con la puntuación de la fase valoración de méritos que no fue valorada porque se recibió por el Tribunal después de ser publicada la Resolución complementaria con la personas aspirantes que han superado el proceso selectivo y no han sido seleccionadas, de conformidad con lo establecido en la base séptima de la convocatoria del proceso selectivo, este Tribunal eleva una propuesta complementaria a la anterior de 6 de marzo a la Sra. Gerente con la nueva Resolución adjunta, que contiene la relación de personas aspirantes que habiendo superado el proceso no han resultado seleccionadas, y propone para el caso de que alguno de las personas aspirantes seleccionadas falleciese, renunciase o no llegase a firmar el contrato por causas que le sean imputables, la contratación como personal laboral a las personas aspirantes incluidas en la Resolución, por orden de puntuación. 

La Presidencia del Tribunal 
Mariano Olmo García 

Habiendo entrado en plazo una reclamación contra la Resolución provisional con la puntuación de la fase valoración de méritos que no fue valorada porque se recibió por el Tribunal después de ser publicada la Resolución complementaria con la personas aspirantes que han superado el proceso selectivo y no han sido seleccionadas, el Tribunal, de conformidad con lo establecido en la base séptima de la convocatoria del proceso selectivo. 

R E S U E L V E : 

PRIMERO.- Publicar la relación complementaria con las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo y no han resultado seleccionadas en las pruebas selectivas para acceso libre para cubrir dos puestos de Auxiliar Administrativo, por orden de puntuación, como se recoge en el anexo I.

SEGUNDO.- Adjuntar acuerdo sobre la reclamación presentada en el anexo II. 

TERCERO.- Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Política Social, Familias e Igualdad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la exposición de esta Resolución en la Web de Murcia Social, en la sección dedicada a la Fundación: https://murciasocial.carm.es/fundacion-murciana-defensa-judicial-curatela. 

La Presidencia del Tribunal 
Mariano Olmo García 

Se convocan pruebas selectivas de acceso libre, por el sistema de oposición, para cubrir 5 plazas de la Agrupación Profesional de Servicios Públicos de la Administración Pública Regional, por el turno específico de discapacidad intelectual, derivadas de la oferta de empleo público de la Administración Pública de la Región de Murcia correspondiente al año 2023.

Se declara inhábil el mes de agosto a los efectos de cómputo de plazos en el presente proceso selectivo.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Se aprueban los modelos normalizados de certificados que deberán utilizar, en todo caso, los Servicios Sociales competentes para acreditar los requisitos previstos en los apartados 9 y 10 del artículo 21 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, que figuran como anexo I y II a esta resolución.

Se aprueba el modelo normalizado por el que los servicios sociales comunicarán al Instituto Nacional de la Seguridad Social el mantenimiento o modificación de los certificados previstos en los párrafos d) y e) del artículo 21.9, así como del certificado de exclusión social establecido en el artículo 21.10, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, que figura como anexo III.

La resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Organiza: Fundación FADE
Fecha: 26 y 27 de marzo de 2026 de 09:30 a 14:00 h.
Lugar: Centro de Formación La Flota - FADE (Carril Ruipérez 40 bajo 30007 Murcia)
Participación gratuita, previa inscripción
Formulario de inscripción

Contenidos:

Aprende cómo realizar cambios posturales
Prevenir molestias
Mejorar el bienestar de las personas mayores, al mismo tiempo que proteges tu propia salud

 Más información:
Fundación FADE
Teléfonos 868 940 204/ 654 124 994
Correo electrónico aporta@fundacionfade.org
Página web https://fundacionfade.org/empleabilidad/

MicroBank, participado íntegramente por CaixaBank, SA, tiene como misión contribuir al progreso y bienestar de la sociedad facilitando financiación a aquellos colectivos y proyectos que generan un impacto social favorable. 

El convenio tiene por objeto la colaboración entre el Instituto de las Mujeres y MicroBank, para facilitar el acceso a financiación de carácter específico en la puesta en marcha, promoción, consolidación, crecimiento y mejora de proyectos empresariales promovidos por mujeres.

Microbank se compromete a:

– Habilitar una línea de financiación de hasta diez millones de euros (10.000.000,00 euros), que se pondrá a disposición de las destinatarias del Programa de Microcréditos, que cumplan las siguientes condiciones:

• Que inicien su actividad o la hayan iniciado dentro de los tres años anteriores a la fecha en la que el presente convenio haya devenido eficaz. Dicho periodo podrá extenderse dos años más, siempre y cuando el objeto de la financiación vaya dirigido a la consolidación y mejora de la competitividad de la empresa y no se trate de una mera refinanciación de negocios que hayan devenido inviables.
• Que presenten el plan de empresa y el informe de validación emitido por las entidades intermedias con las que el Instituto de las Mujeres haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración, en el marco de los objetivos del presente convenio.

– Comunicar al Instituto de las Mujeres con una periodicidad semestral la información relativa al número de microcréditos tramitados y concedidos con cargo a este convenio, así como sus importes. En dicha información no figurarán datos relativos a personas físicas o jurídicas.

– Dar conocimiento y difusión del Programa de Microcréditos a su red de oficinas, mediante los canales de comunicación internos (intranet, web) con el objeto de que la información llegue al mayor número posible de beneficiarias potenciales. 

Se resuelve la convocatoria de la Orden SND/716/2025, de 26 de junio, modificada por la Orden SND/914/2025, de 7 de agosto, por la que se aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria para la selección de operaciones «Tardes con Plan», en el marco del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, cofinanciado con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en régimen de concurrencia competitiva y dirigidas a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal y entidades de la economía social.

El ámbito de actuación del Defensor de Personas con Discapacidad se limitará al término municipal de Los Alcázares.

Las funciones que desarrollará el Defensor de Personas con Discapacidad serán, entre otras, las siguientes:

1. Coordinarse con los distintos Concejales del Ayuntamiento de Los Alcázares para que se cumpla la normativa de las Personas con Discapacidad.
2. Coordinar las actuaciones municipales con las diferentes Asociaciones de Personas con Discapacidad.
3. Velar porque se cumplan los derechos de las personas con discapacidad.
4. Elevar propuestas a la Corporación que beneficien al colectivo de las Personas con Discapacidad.
5. Atender consultas del colectivo afectado.
6. Atender las reclamaciones que se presenten por el colectivo de Personas con Discapacidad.
7. Procurar que todo el colectivo afectado tenga orientación psicológica y se integre en los sistemas educativos.
8. Velar por encontrar cauces para que el colectivo de Personas con Discapacitad se integre en el proceso de educación especial y se incorpore a la vida social y al sistema de trabajo.
9. Dar a conocer los recursos disponibles por todas las Administraciones Públicas al colectivo de Personas con Discapacidad, a través de charlas, coloquios, etc.
10. Mantener reuniones periódicas con las familias afectadas.
11. Todas aquellas que se relacionen con la discapacidad tanto física, psíquica o sensorial.
12. Supervisar en su ámbito la actuación de la Administración Pública e intentar remediar las deficiencias legislativas presentando propuestas, soluciones y alternativas a los problemas de las personas con discapacidad.
13. Posibilitar el asesoramiento jurídico y difusión de la legislación tendente a la igualdad de oportunidades. Difusión social de las problemáticas de este colectivo.
14. Cooperación con las diferentes organizaciones de personas con discapacidad y coordinación de sus actividades.
15. Favorecer el impulso a campañas de sensibilización social acerca de las dificultades del sector más vulnerables de cualquier estado.
16. Prestar una especial atención y protección hacia aquellas personas que posean un grado de discapacidad a partir del 90% evitando con ello la situación de desamparo, tanto económica, como sanitaria, a la que se enfrentan en la mayoría de los casos estas personas o sus familiares.
17. Crear una vía de comunicación directa entre la comunidad de las personas con discapacidad y las instituciones políticas de Los Alcázares, que tienen como objetivo fundamental la representación de la “totalidad” de los ciudadanos.

La duración del cargo será de cuatro años, pudiendo ser reelegido el mismo candidato.

El pasado mes de febrero terminó con 839 personas menos esperando a ser valoradas que en la misma fecha del año anterior, a partir de las mejoras para agilizar el sistema

Más de 1.100 personas fueron valoradas por la vía de urgencia durante 2025, resolviendo estos casos prioritarios en menos de tres meses

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha intensificado la tramitación de las solicitudes de valoración de dependencia, y el pasado mes de febrero ha terminado con 839 personas menos esperando a ser valoradas que en la misma fecha del año anterior. Una agilización promovida a partir de diferentes mejoras implementadas para reducir los tiempos de espera y garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Estos avances han permitido que la espera para obtener la resolución de grado se haya reducido en 15 días en el último semestre. Además, en un contexto marcado por un crecimiento constante de las solicitudes debido, entre otros factores, a una mayor esperanza de vida y el envejecimiento de la población, 12.780 personas fueron valoradas por primera vez en el sistema de dependencia, esto es, más de un 20 por ciento que en 2024, y más de 7.000 comenzaron a recibir una prestación o servicio el año pasado.

Destacan también las valoraciones por la vía de urgencia. Durante 2025 más de 1.100 personas fueron valoradas a partir de esta modalidad, permitiendo resolver solicitudes prioritarias en menos de tres meses. En total, a 31 de diciembre de 2025, el sistema contaba con 66.700 prestaciones activas que benefician a 50.287 personas en la Región de Murcia.

La Consejería de Política Social mantiene su compromiso por seguir reforzando el sistema regional de dependencia, implementando diferentes medidas que se reflejan ya en diferentes mejoras. Para agilizar la tramitación, ha creado diez nuevas plazas estables de valoradores, reforzando así la capacidad de evaluación. Además, ha ampliado la colaboración de los servicios sociales municipales con la contratación de trabajadores sociales, así como la adquisición de equipos informáticos, para acelerar la elaboración de informes, con una inversión de cerca de 1,2 millones de euros.

Actuaciones que forman parte de una batería de medidas que la Consejería continuará desarrollando durante 2026 a fin de simplificar los procedimientos administrativos, reduciendo así de forma progresiva y sostenible los tiempos de espera. Avances que ejecuta con un esfuerzo presupuestario para el que no cuenta con la financiación necesaria del Gobierno de España. Desde 2018 adeuda a la Región de Murcia más de 600 millones de euros en materia de dependencia. En el último año, el gasto ha ascendido hasta los 358.417.362 euros, de los que la Comunidad ha asumido más de 270 millones, un 75 por ciento del total. El Gobierno de España sólo ha aportado 88 millones, un 24 por ciento del total, cuando debería cubrir el 50 por ciento del gasto.

Política Social

El Ejecutivo autonómico aprueba la Estrategia Regional contra la Soledad No Deseada

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, ha aprobado la ‘Estrategia Regional de Prevención e Intervención de la Soledad No Deseada en Personas Mayores’. Este documento recoge las líneas de actuación dirigidas a mejorar los mecanismos de detección del aislamiento cuando afecta a las personas mayores, reforzar la intervención integral y el acompañamiento continuado, así como promover el envejecimiento activo.

Esta iniciativa tiene como destinatarios principales a las personas mayores en riesgo o situaciones de aislamiento. Diferencia dos grupos de edad, de 65 a 79 años y mayores de 80 años. Además, priorizará a las personas en residencias, en situación de pobreza o exclusión social, en situación de dependencia o con discapacidad, personas que atraviesen una situación de duelo y personas con problemas de salud mental o enfermedades crónicas.  

La Estrategia se basa en cuatro ejes: prevención de la soledad no deseada, a través de la sensibilización y el fomento de los vínculos comunitarios y el sentimiento de pertenencia; mejora de la detección de situaciones de soledad; impulso a la intervención temprana y personalizada mediante el acompañamiento social; y coordinación, trabajo en red y generación del conocimiento. A partir de estos ejes se establecen diferentes actuaciones.

Entre las medidas que promueve se encuentra el impulso de programas de voluntariado para reforzar los lazos sociales, fomentar la participación de las personas mayores en la vida comunitaria o desarrollar campañas informativas para sensibilizar a la ciudadanía.

También incluye el desarrollo de protocolos de actuación para detectar casos de soledad en las personas mayores, la incorporación de tecnología y digitalización con ese objetivo o la puesta en marcha de proyectos regionales de acompañamiento telefónico, con llamadas semanales a mayores que viven solos.

La Estrategia contempla, además, la creación de una Mesa de Coordinación de Ayuntamientos para facilitar el trabajo conjunto. Estará integrada por representantes de centros de salud, centros de servicios sociales, centros de atención a personas mayores, centros sociales de personas mayores, agentes regionales y locales competentes y agentes sociales de cada territorio.

Esta Mesa será clave en la detección de la soledad no deseada, ya que estos centros y agentes sociales que la integran mantienen un contacto directo con los mayores de cada municipio, y pueden ser los primeros en detectar si algún usuario no acude a algún servicio cuando contaban con su asistencia.

La Estrategia ha sido elaborada en colaboración con entidades locales y del Tercer Sector, profesionales que trabajan con personas mayores y con las propias personas mayores, que han realizado aportaciones para mejorar el mapa de recursos y los programas existentes. Así, la Región de Murcia se suma al compromiso de construir comunidades más cohesionadas, cuidadoras y solidarias, donde nadie, en ninguna etapa de su vida, se vea abocado a vivir en soledad no deseada.

Habiendo finalizado sus actuaciones el Tribunal calificador de las pruebas selectivas de acceso libre para cubrir tres puestos de Trabajo Social para la Fundación Murciana para la Defensa Judicial y Curatela, convocadas por Resolución de la Gerente de la Fundación (BORM 182, de 8 de agosto de 2025), de conformidad con lo establecido en la base sexta de la convocatoria, ha comunicado a la gerencia de la Fundación las aspirantes que han superado el proceso selectivo y han resultado seleccionadas. Siendo firme el resultado de dicho proceso selectivo

R E S U E L V E :

PRIMERO.- Aprobar y publicar la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para acceso libre para cubrir tres puestos de Trabajo Social, tal como se recoge en el anexo.

SEGUNDO.- Citar a las aspirantes seleccionadas el próximo lunes día 16 de marzo de 2026 a las 9 horas para la firma del contrato laboral en las dependencias de la Fundación Murciana para la Defensa Judicial y Curatela, sita en el IMAS, calle Doctor Alonso de Espejo, nº 7, 30007 Murcia, para su incorporación inmediata a su puesto de trabajo.

TERCERO.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Función Pública y Diálogo Social esta resolución para su conocimiento y efectos oportunos.

 

La Gerente de la Fundación

Mª Dolores Sánchez Alarcón

Habiendo finalizado sus actuaciones el Tribunal calificador de las pruebas selectivas de acceso libre para cubrir tres puestos de Trabajo Social para la Fundación Murciana para la Defensa Judicial y Curatela, convocadas por Resolución de la Gerente de la Fundación (BORM 182, de 8 de agosto de 2025), de conformidad con lo establecido en la base sexta de la convocatoria, ha comunicado a la gerencia de la Fundación las aspirantes que han superado el proceso selectivo y han resultado seleccionadas. Siendo firme el resultado de dicho proceso selectivo

R E S U E L V E :

PRIMERO.- Aprobar y publicar la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para acceso libre para cubrir tres puestos de Trabajo Social, tal como se recoge en el anexo.

SEGUNDO.- Citar a las aspirantes seleccionadas el próximo lunes día 16 de marzo de 2026 a las 9 horas para la firma del contrato laboral en las dependencias de la Fundación Murciana para la Defensa Judicial y Curatela, sita en el IMAS, calle Doctor Alonso de Espejo, nº 7, 30007 Murcia, para su incorporación inmediata a su puesto de trabajo.

TERCERO.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Función Pública y Diálogo Social esta resolución para su conocimiento y efectos oportunos.

 

La Gerente de la Fundación

Mª Dolores Sánchez Alarcón

Objeto:

Regular el procedimiento de reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español, así como la forma de acreditación de los requisitos previstos en el artículo 3 ter.2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Colectivos de especial protección:

• Las personas menores de dieciocho años
• Las mujeres extranjeras embarazadas no registradas ni autorizadas como residentes en España
• Las personas solicitantes de protección internacional
• Las personas solicitantes de protección temporal
• Las víctimas de violencia de género, así como sus hijos e hijas
• Las víctimas de trata de seres humanos durante el período de restablecimiento y reflexión
• Las víctimas de violencias sexuales
• En caso de enfermedades de declaración obligatoria
• Las mujeres extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España que soliciten acceder a la interrupción voluntaria del embarazo
• Todas aquellas que tengan reconocido un régimen de protección específico para el acceso al derecho a la asistencia sanitaria por otras normas

Informe de acreditación de especial vulnerabilidad:

Será preceptiva la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las comunidades autónomas, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 3 ter.3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, en aquellos casos en que las personas extranjeras se encuentren en situación de estancia temporal de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.

La consejera, Conchita Ruiz, visita las obras de la unidad de convivencia de cuidados de larga duración que estarán finalizadas a mediados de este año

La Comunidad destina a este proyecto, que contará con ocho plazas, 520.000 euros

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad promueve la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual con el nuevo residencial de viviendas tuteladas de Apandis en Lorca. Las obras de este conjunto residencial, con 8 plazas, se iniciaron el pasado mes de julio y la previsión es que finalicen a mediados de este año. El Gobierno regional ha destinado al proyecto 520.000 euros, procedentes de fondos Next Generation.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, junto con el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y el presidente de Apandis, Antonio Bastida, visitó las obras, que se ejecutan en el Barrio de la Viña. “Este proyecto supone más oportunidades para las personas con discapacidad intelectual, aquí podrán vivir en comunidad, tomando sus propias decisiones, siempre con un acompañamiento personalizado. Promovemos así su autonomía y una mejora constante de su calidad de vida, con un modelo de atención integral enfocado en la persona, adaptado a sus necesidades”, destacó Ruiz.

“Los convivientes dispondrán de apoyo profesional especializado las 24 horas del día y todos los días del año. Les ayudarán, si así lo requieren, a la hora de realizar actividades como hacer la compra o cocinar, pasos que serán decisivos hacia una vida independiente, para que la inclusión sea una realidad”, añadió la consejera.  

El residencial contará con una planta baja, que tiene cuatro dormitorios individuales, dos dormitorios dobles, comedor, cocina, sala de estar, aula polivalente y un despacho dónde los profesionales podrán atender a los usuarios. En la planta sótano se habilitarán los espacios de uso común, como lavandería, almacenes, garaje, un salón para celebrar eventos y una sala para la realización de diferentes servicios, como fisioterapia o enfermería. 

En los últimos tres años, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), ha impulsado la creación de 125 plazas en viviendas tuteladas, con una inversión de cerca de 7 millones de euros. En la actualidad, la red de recursos para personas con discapacidad dispone de un total de 28 viviendas tuteladas. 

Apandis

El Gobierno regional mantiene un concierto con Apandis, a partir del que financia su centro de día para personas con discapacidad intelectual con más de un millón de euros al año, en el que tiene 76 plazas concertadas. También destina una inversión de más de 800.000 euros para financiar las 27 plazas que tiene concertadas en su residencia para personas con discapacidad intelectual, y cerca de 160.000 euros a una vivienda tutelada para personas con discapacidad intelectual de Apandis, en las que tiene concertadas 7 plazas. 

Además, ha destinado más de 52.000 euros en los últimos dos años para el equipamiento complementario de la residencia, así como de la pista polideportiva, tanto de la residencia como del centro de día. 

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 49, de 28 de febrero de 2026, se han publicado las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Dos plazas de Auxiliar Administrativo, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, por el sistema de concurso-oposición, en turno reservado a personas con discapacidad.

Dos plazas de Educador/a Social, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Media, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Tres plazas de Psicólogo/a, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Superior, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Una plaza de Técnico de Administración General, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, en turno reservado a personas con discapacidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y A LA ATENCIÓN SANITARIA A LAS PERSONAS EXTRANJERAS SIN RESIDENCIA LEGAL EN ESPAÑA

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que se encuentren en España sin residencia legal.

La norma desarrolla reglamentariamente lo previsto en el artículo 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, reforzando la seguridad jurídica, la cohesión territorial y la aplicación homogénea del derecho en todo el Estado.

A continuación, se detallan los puntos clave de la nueva regulación:

1. Regulación del procedimiento de reconocimiento del derecho

El objeto principal de la norma es establecer un procedimiento homogéneo y efectivo en todo el territorio nacional para reconocer el derecho a la salud de las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes. Con esta regulación se busca garantizar la equidad y evitar las desigualdades en este colectivo, lo que permite un mejor control de las enfermedades desde la atención primaria y un uso más eficiente de los recursos públicos.

2. Simplificación mediante la declaración responsable

El reconocimiento del derecho se realizará mediante una declaración responsable. En este documento, la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. Además, se garantizan medidas de apoyo y formatos de lectura fácil para que las personas con discapacidad puedan comprender y firmar este documento en igualdad de condiciones.

3.Flexibilidad en la acreditación de la residencia

La norma facilita la acreditación de la residencia habitual en España. Si bien el empadronamiento es el documento preferente, en su defecto se aceptarán otros medios de prueba como:

Certificados de escolarización o matriculación en centros públicos.

Informes de servicios sociales o certificados de registro de visitas.

Facturas de luz, gas, agua, telefonía o Internet a nombre del solicitante.

Cédulas de inscripción o documentos de inscripción consular.

4.Acceso inmediato y plazos administrativos

Para evitar interrupciones en la atención, en el momento de presentar la solicitud se entregará un documento provisional que permitirá el acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos de forma inmediata mientras se resuelve el expediente y que será válido en cualquier comunidad autónoma. La administración dispone de un plazo máximo de tres meses para notificar la resolución; si transcurrido ese tiempo no hay respuesta, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo en las solicitudes iniciadas por la persona interesada. Una vez reconocido el derecho, no tendrá caducidad mientras no se obtenga cobertura por otra vía. Además, se establece que las administraciones competentes deberán iniciar el procedimiento de oficio cuando la persona interesada no pueda hacerlo en el primer momento de la atención sanitaria.

5. Protección prioritaria para colectivos vulnerables

El real decreto garantiza el acceso inmediato y efectivo a la asistencia sanitaria pública para colectivos que requieren una especial protección, con independencia de su situación administrativa. Entre estos grupos destacan:

Menores de edad y mujeres embarazadas: Se asegura la asistencia integral a menores de 18 años y a mujeres durante el embarazo, parto y posparto. Además, se reconoce explícitamente el derecho de las mujeres extranjeras no residentes a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con la normativa vigente de salud sexual y reproductiva.

Víctimas de violencia: Se otorga protección específica a las víctimas de violencia de género (incluyendo a sus hijos e hijas), a las víctimas de violencias sexuales y a las víctimas de trata de seres humanos.
Protección internacional y discapacidad: El derecho se extiende a solicitantes de protección internacional o temporal.

Además, se establecen medidas para que las personas con discapacidad dispongan de formatos accesibles y el apoyo necesario para realizar sus trámites en igualdad de condiciones.

Acreditación de vulnerabilidad: Para las personas en situación de estancia temporal que necesiten asistencia, la norma regula el Informe de acreditación de especial vulnerabilidad, que será emitido por los servicios sociales de las comunidades autónomas.

6.Ampliación para españoles de origen en el exterior

El real decreto amplía la protección a las personas españolas de origen residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España. Hasta ahora, este derecho estaba limitado a pensionistas o trabajadores; con el nuevo texto, se extiende a todos los españoles de origen y a sus familiares (cónyuges, parejas de hecho y descendientes a cargo), siempre que no tengan la cobertura prevista por convenios internacionales o la legislación de seguridad social.

7.Garantías de control y facturación de servicios

Para asegurar el buen uso de los fondos públicos, la norma establece mecanismos claros de control sobre las prestaciones recibidas:

Facturación en caso de resolución denegatoria: Si la solicitud es denegada, se procederá a la facturación de las atenciones recibidas. Sin embargo, no habrá facturación si la persona demuestra posteriormente que, en el momento de recibir dicha asistencia sanitaria, sí cumplía los requisitos materiales.

Control de veracidad: En caso de detectarse inexactitud o falsedad en la declaración responsable, el documento provisional quedará sin efecto de inmediato. En estos supuestos, la administración podrá exigir el reintegro del importe total de las prestaciones sanitarias obtenidas desde el inicio de la solicitud.

8.Equiparación de exenciones en la prestación ortoprotésica

El real decreto introduce, además, una mejora en la equidad del sistema al equiparar automáticamente a los colectivos exentos de aportación en el pago de medicamentos (prestación farmacéutica) con aquellos exentos en la prestación ortoprotésica. De esta forma, cualquier persona usuaria o beneficiaria que, por su situación de vulnerabilidad o nivel de renta, no deba pagar por sus fármacos, quedará también exenta de cualquier aportación económica al recibir productos de ortopedia o prótesis con cargo al Sistema Nacional de Salud.

La aprobación de este real decreto, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, contribuye a la consolidación efectiva del principio de universalidad del Sistema Nacional de Salud, garantizando que el derecho a la protección de la salud se ejerza en condiciones de igualdad, cohesión territorial y equidad.

Según lo previsto en el apartado décimo, punto quinto de la Resolución de 4 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria para la selección de operaciones en el marco del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha Contra la Pobreza, cofinanciado con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), se publica la relación definitiva de las operaciones seleccionadas.