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Acuerdos del Consejo de Ministros de 22/11/2022

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática


DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que contiene la siguiente declaración:
"Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, el Gobierno de España manifiesta su más absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista, una violencia estructural que es la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, y reitera su firme determinación en la consecución de una sociedad más igualitaria, libre de violencia contra las mujeres.
La violencia machista vulnera el derecho fundamental a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad de las mujeres. Impacta en el derecho a decidir libremente sobre el desarrollo de la propia vida, de la propia sexualidad, de manera segura, sin sufrir injerencias por parte de terceros y libre de coacción, discriminación y violencia.
Este compromiso se ha traducido en la adopción y el desarrollo de un conjunto de normas y políticas públicas cuyo objetivo es la prevención, la respuesta integral y la reparación frente a todas las manifestaciones de la violencia machista, poniendo siempre en el centro a las víctimas, para garantizar su seguridad, su protección, sus derechos, su bienestar, y sus necesidades.
El año 2022 ha marcado un punto de inflexión en la puesta en marcha de políticas públicas contra la violencia machista, con la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Una ley que nos permite avanzar como país hacia una cultura sexual basada en el consentimiento y no en la violencia. La ley tiene por finalidad adoptar y poner en práctica políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas Administraciones competentes, para garantizar la prevención y detección precoz de las violencias sexuales, la atención integral a todas las mujeres víctimas y asegurar su reparación. Con ella se contribuye al cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito en 2017, y se cierra la brecha existente en la protección integral frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual, incluidas en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014. Así mismo, con esta ley se da cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el primer informe de evaluación de la aplicación por parte de España del Convenio de Estambul, realizado por el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO), del Consejo de Europa, de 25 de noviembre de 2020.
A los efectos de la citada Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, se entiende como violencia sexual cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado. Ello incluye la agresión sexual, el acoso sexual, la explotación de la prostitución ajena, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual, la trata con fines de explotación sexual y el homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual.
Además, se ha mejorado el acceso de las mujeres a la justicia con la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo objetivo principal es asegurar un nivel de calidad que garantice el derecho a la defensa. Para ello, se establece que los profesionales de la Abogacía y de la Procura que presten servicio de asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia de género no pueden contar con antecedentes penales por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexual o la intimidad en el ámbito de la violencia sobre la mujer. Esta prohibición se extiende a las víctimas de trata de seres humanos, para que los profesionales no puedan ejercer la defensa legal de víctimas de delitos de la misma naturaleza por los que han sido condenados.
Otro de los hitos importantes de 2022 ha sido el intenso esfuerzo desarrollado conjuntamente con las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias para la consolidación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, partiendo del compromiso político expresado, el 25 de noviembre de 2021, por la mayoría de grupos políticos de renovar el Pacto de Estado, conscientes de que este Pacto debe continuar vertebrando nuestra respuesta como país frente a la violencia machista. Sobre esa base, la Conferencia Sectorial de Igualdad en febrero de 2022 comenzó un trabajo intenso para la ampliación, mejora y renovación de los acuerdos y los instrumentos presupuestarios y administrativos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y para garantizar la continuidad de los proyectos vinculados al mismo.
Fruto de ello es el Acuerdo alcanzado por la Conferencia Sectorial de Igualdad, en su reunión de Tenerife de 22 de julio de 2022, relativo a la aprobación de un Marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres cuyo objetivo es reforzar la colaboración entre las instituciones con competencias en esta materia a los efectos de mejorar la articulación de una respuesta interinstitucional integral, eficaz y coordinada contra las violencias machistas, y asegurar la existencia, en todo el territorio del Estado, del conjunto de servicios que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas de violencia contra las mujeres consagrados en la legislación estatal vigente y en los tratados internacionales en la materia suscritos por España. Este Marco de cooperación se ha traducido hasta el momento en la elaboración, a través de un trabajo colaborativo conjunto con todas las administraciones territoriales, de un Catálogo de Referencia de Políticas y Servicios en Materia de Violencia contra las Mujeres. Este Catálogo nos va a permitir definir los estándares mínimos que deberán regir las políticas públicas de lucha contra las violencias machistas tanto a nivel autonómico como estatal. Entre ellos se recogen la prevención y sensibilización frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, para lo cual resulta imprescindible la educación en igualdad desde una perspectiva feminista e interseccional. Se impulsará además la investigación y la recogida de datos que nos permitan definir de forma adecuada las políticas públicas. El Catálogo también contiene los estándares mínimos en cuanto a la asistencia social y reparación integral a las víctimas, y también a la protección y el acceso a la justicia de las mujeres que sufren violencias machistas. La finalidad de este Catálogo es asegurar que todas las víctimas de violencia machista tengan sus derechos garantizados con independencia del lugar en el que residan.
Así mismo, este año se aprobará la Estrategia Estatal contra las violencias machistas 2022-2025, que va a constituir el principal instrumento de planificación de las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres para los próximos años. La Estrategia se ha diseñado a través de un proceso participativo para analizar las propuestas y demandas de la sociedad civil, con el objetivo de avanzar en la consecución de una sociedad libre de violencias machistas.
Para la erradicación de la violencia contra las mujeres es necesario promover cambios en los modos de comportamiento socioculturales para eliminar cualquier práctica que perpetúe la opresión de las mujeres o refuerce los roles y estereotipos patriarcales que obstaculizan el ejercicio efectivo de derechos por parte de las mujeres. La erradicación de la violencia contra las mujeres debe ser un objetivo básico e ineludible de las políticas públicas para cualquier gobierno que esté comprometido con la protección de los derechos humanos. Esta es una tarea en la que debemos caminar con todas las instituciones, con las organizaciones de la sociedad civil, con el movimiento feminista, y en definitiva, con el conjunto de la sociedad. En especial debemos agradecer y reconocer los esfuerzos de millones de mujeres que, desde hace décadas, desde las asambleas y entidades feministas, desde las instituciones, han contribuido a que nuestro país sea hoy, pese a todos los retos que aún tenemos pendientes, una referencia en la lucha contra las violencias machistas y a que cada vez haya más garantías para el ejercicio de los derechos de todas las mujeres.
El compromiso del gobierno de España en la lucha contra las violencias machistas se extiende al servicio exterior en el marco de la política exterior feminista. España se sitúa en primera línea de la movilización internacional para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y colabora con los países socios en el desarrollo de sistemas que ayuden a prevenir estos delitos, proteger a las víctimas y perseguir a los perpetradores. Al mismo tiempo, la asistencia consular a las mujeres españolas víctimas de violencia en el extranjero es una de las prioridades de nuestras Oficinas Consulares en el mundo, en estrecha coordinación con los otros Ministerios competentes, disponiendo además, desde julio de 2022, de un novedoso mecanismo de ayuda de protección y asistencia consular orientada a las víctimas de violencia contra la mujer en el exterior.
La lucha contra las violencias machistas forma parte del corazón de nuestra democracia, y es desde este compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales desde el que Gobierno quiere enviar de nuevo un mensaje de reconocimiento y homenaje a todas las mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia machista, a quienes ya no están entre nosotros y nosotras, y a sus familias, así como a todas las supervivientes."


Igualdad


ESTRATEGIA ESTATAL PARA COMBATIR LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 2022-2025

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas 2022-2025. La estrategia constituye el instrumento de planificación y ordenación de actuaciones en el ámbito de las políticas públicas para prevenir, detectar, erradicar y reparar las violencias contra las mujeres. La finalidad de la estrategia es la de conseguir un abordaje integral y una mejor respuesta institucional desde un marco de unidad y consenso.
Esta estrategia habilita un marco de actuación, formulado de forma participada, coordinada y colaborativa con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, con los diferentes departamentos ministeriales, las entidades locales representadas a través de la Federación Española de Municipios (FEMP) y con la sociedad civil en su conjunto: mujeres víctimas y supervivientes, Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, personas expertas, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, movimiento asociativo feminista y de derechos humanos y la ciudadanía, que han sido invitadas a participar en su elaboración.
El paradigma participativo que se ha empleado en el diseño de esta Estrategia Estatal busca la mayor implicación en el modelo de aproximación y atención a las causas y consecuencias de las violencias machistas. Ello se ha traducido en un complejo proceso de interlocución multiagente, impulsado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que se ha extendido a lo largo de casi todo el año 2022.
Además, en cumplimiento de las obligaciones institucionales adquiridas, este compromiso se traduce en la asunción de un proceso de rendición de cuentas hacia la sociedad. Por ello, la responsabilidad que recae en las instituciones públicas en general, y del Estado en particular, se asume en las medidas necesarias para prevenir, reparar a las víctimas y erradicar la violencia. Lo que requiere de una compleja coordinación de soluciones y exquisita respuesta de efectivos y medios.
La última Estrategia del Gobierno elaborada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género finalizó en 2016. Desde entonces, el Pacto de Estado del año 2017 es la política pública estatal que ha regido la acción de Gobierno en la lucha contra las violencias machistas.
Esta nueva Estrategia abordará medidas sobre las diversas formas de violencia contra las mujeres, no solo en el ámbito de la pareja o expareja, avanzando en el cumplimiento del Convenio de Estambul. Con esta Estrategia Estatal y el conjunto de medidas y normas aprobadas en proceso (LOGILS, Ley de Trata, Plan Camino, Plan de Modernización, etc.) se da cumplimiento también a las responsabilidades y obligaciones que España tiene en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, reforzando el marco del Pacto de Estado.
Se avanzará en la protección y garantía de los derechos de las mujeres a través de nuevas medidas en áreas como la violencia digital, la mejora de datos estadísticos sobre diferentes feminicidios, el trabajo en masculinidades o la reparación de las víctimas. Además, la Estrategia Estatal reforzará varias líneas de acción que aún necesitan ser fortalecidas como es la violencia vicaria, la violencia sexual o la institucional.
Esta estrategia se basa y fundamenta en una serie de principios clave como el enfoque de derechos humanos, enfoque feminista, la participación, la interseccionalidad, la diligencia debida, la reparación, la transparencia o la rendición de cuentas.
Tiene un enfoque integral e incluirá medidas durante todo el proceso de sensibilización, detección, prevención, atención y reparación de las violencias machistas, contemplando 267 medidas estructuradas en 4 ejes de actuación:

Eje 1: Actualización y consolidación del marco de responsabilidades y obligaciones de los poderes públicos frente a las distintas formas de violencia machista (25 medidas);
Eje 2: Sensibilización, prevención y detección de las distintas formas de violencia machista (148 medidas);
Eje 3: Protección, seguridad, atención y reparación integral (80 medidas);
Eje 4: Respuesta coordinada y multiagencia para la protección y garantía de los derechos (14 medidas).

 

Asuntos Económicos y Transformación Digital



MEDIDAS DE PROTECCIÓN A DEUDORES HIPOTECARIOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se establece un Código de Buenas Prácticas de medidas mitigadoras de la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del mercado de préstamos hipotecarios.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad.
Este paquete de medidas persigue aliviar la carga hipotecaria a más de un millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por el incremento del Euribor, preservando la estabilidad financiera.
Actualmente hay 3,7 millones de hipotecas referenciadas al Euribor. Gracias a las medidas de protección de rentas y a la bajada del stock de crédito, los hogares tienen una posición financiera más saneada con más ahorro y menos endeudamiento que en el pasado. A esto se añade que tres de cada cuatro hipotecas se conceden actualmente a tipo fijo, el plazo medio residual ha bajado hasta los 10 años en 2021 y el porcentaje de hogares que dedica más de un 40% de su renta disponible al pago de la hipoteca ha descendido sustancialmente en los últimos años.
La ampliación del catálogo de medidas a las que pueden acceder los hogares les permitirá disponer de más opciones para reducir su carga hipotecaria de forma efectiva y tener más certidumbre en su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo elegir la medida que mejor se ajuste a sus necesidades y situación financiera.
De forma específica se actúa en tres vías: mejora del tratamiento de las familias vulnerables, abriendo un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos, adopción de mejoras para facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo.

Ampliación y refuerzo del Código de Buenas Prácticas para familias vulnerables

En primer lugar, se recogen medidas que mejoran el actual Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables, aprobado en 2012, con el fin de adaptarlo a la situación actual. De esta forma los deudores vulnerables tendrán la posibilidad de reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de 5 años (Euribor - 0,1% frente al Euribor + 0,25% actual). Asimismo, se amplía a 2 años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso necesario.
Con el objetivo de ampliar el ámbito de actuación, se permite que los hogares con renta inferior a 25.200 euros al año (tres veces el IPREM) que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca, pero no cumplan el criterio actual del incremento de un 50% del esfuerzo hipotecario, puedan acogerse al Código con una carencia de 2 años, un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de hasta 7 años. Esta medida es necesaria para aquellas familias que, como consecuencia de la subida de tipos de interés, lleguen a niveles de esfuerzo hipotecario excesivos que les obliguen a reducir gastos de primera necesidad y pongan en peligro el pago de la hipoteca, puedan recibir un tratamiento adecuado.
La aplicación de estas medidas permitirá que los deudores hipotecarios vulnerables vean aliviada su carga financiera de forma inmediata. Por ejemplo, una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros tras la revisión de tipos de interés, verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de cinco años más de un 50%, hasta los 246 euros.

Nuevo Código de Buenas Prácticas para deudores en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos de interés

Asimismo, se propone un nuevo Código que proporcione alivio a los deudores de clase media en riesgo de vulnerabilidad por el incremento de la cuota hipotecaria, facilitando a las familias una adaptación más gradual al nuevo entorno de tipos de interés.
Podrán beneficiarse de estas medidas los hogares con renta inferior a tres veces y media el IPREM (29.400 euros anuales) con hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022, una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y que haya subido al menos el 20%. Para todos estos casos, las entidades financieras deberán ofrecer la posibilidad de congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años.

Medidas complementarias

Por último, se reducirán aún más los gastos y comisiones para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo y se eliminarán durante todo 2023 las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo. Se incluirán medidas para la promoción de la educación financiera y se reforzará el seguimiento de la aplicación de ambos códigos.
Los dos Códigos de Buenas Prácticas serán de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y de obligado cumplimiento una vez suscritos. Las entidades bancarias deberán garantizar la protección de este catálogo de medidas en caso de transmisión del crédito a un tercero.
El objetivo es que el conjunto de medidas adoptado esté disponible a partir del 1 de enero de 2023.

Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del mercado de préstamos hipotecarios (BOE número 281 de 23/11/2022)

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