Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS Y LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre comunidades autónomas del crédito para la financiación en 2024 del programa de Protección a las Familias y la Atención a la Pobreza Infantil. Se trata de una línea de crédito que gestiona el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. Este año, tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, este crédito tendrá un importe cercano a los 200 millones de euros (198.704.000 €) y será distribuido y transferido a las comunidades autónomas (a excepción de País Vasco y Navarra) y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para que puedan ejecutarlo en virtud de sus competencias en servicios sociales.
Se ha acordado con los gobiernos autonómicos el reparto de estos casi 200 millones de euros, y ha reafirmado su compromiso de seguir aumentando la dotación presupuestaria para este ámbito en los años sucesivos. La hoja de ruta es retomar el incremento en la financiación que inició el Gobierno de coalición en este ámbito. La cuantía que se ha prorrogado es la más alta que se ha dado en esta área, aunque es necesario seguir aumentando esta dotación presupuestaria para hacer frente a los retos que tiene nuestro país en la protección de las familias y de los niños y niñas.
El acuerdo autorizado en el Consejo de Ministros fue previamente abordado por el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su reunión de 17 de junio de 2024. Una vez aprobado por el Gobierno de España, este acuerdo volverá al Consejo Territorial para que sea aprobado y pueda resultar efectivo.
De este crédito dependen tres programas fundamentales para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales que gestionan los gobiernos autonómicos:
1. El primer programa está dotado con más de 108 millones de euros y financia proyectos de servicios sociales para desarrollar prestaciones básicas a nivel municipal como las de ayuda a domicilio, las de alojamiento alternativo, o las de prevención e inserción social.
2. El segundo programa cuenta con una financiación de 65 millones de euros y se centra en la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, específicamente a unidades familiares con menores a cargo que estén en situación de privación material severa o riesgo de pobreza y exclusión social. El programa incluye una línea para cofinanciar proyectos de alimentación, ocio y cultura, y para garantizar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares. De esta manera, se reforzarán iniciativas desarrolladas por comunidades autónomas y ayuntamientos.
3. El tercer programa, dotado con 25 millones de euros, se destina a reforzar equipos de atención primaria de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Se trata de cofinanciar proyectos de refuerzo de servicios sociales que permitan la prevención y detección precoz de posibles riesgos de violencia hacia la infancia, en coherencia con lo previsto en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia aprobada en 2021.
Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales establece que el reparto territorial de los fondos se realiza atendiendo a diversos criterios desglosados en el acuerdo, como la población de cada territorio, su superficie o la tasa AROPE (que mide el riesgo de pobreza o exclusión). Este año, con la prórroga de los presupuestos, la distribución territorial que se ha propuesto es idéntica a la de 2023. El objetivo de incremento presupuestario trata de corregir la infrafinanciación histórica que ha tenido este sistema y que se vio agravada en la década pasada con los recortes". Así mismo, el ministro ha recordado el necesario compromiso por parte de los gobiernos autonómicos de mantener su inversión en Servicios Sociales y ha reclamado a todas las administraciones y partidos una política de Estado que construya amplios consensos para blindar los recursos y evitar nuevos recortes.
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
PUBLICADO EL INFORME ANUAL DE MONITORIZACIÓN DEL DISCURSO DE ODIO EN REDES SOCIALES
El Consejo de Ministros ha tenido conocimiento del Informe Anual de Monitorización del Discurso de Odio en Redes Sociales publicado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los datos recogidos corresponden a los resultados del año 2023 de la monitorización diaria del discurso de odio racista, xenófobo, islamófobo, antisemita y antigitano llevada a cabo desde el propio OBERAXE.
El informe constituye un compendio de todos los datos recogidos a lo largo del año en los boletines bimestrales e incorpora un análisis más detallado incluyendo información sobre el objeto de la monitorización, la metodología de recogida de datos y del análisis de estos, y sobre los resultados de la monitorización, atendiendo a la respuesta de las plataformas de internet ante los contenidos reportados y a las características del discurso de odio en las redes sociales: grupos afectados, tipología del discurso, lenguaje utilizado y episodios prototípicos que desencadenan el discurso. Asimismo, el informe presenta una serie de ejemplos reales de contenidos de discurso de odio identificados en las diferentes redes.
El objetivo del Informe es poner a disposición de la Administración Pública, la sociedad civil y la ciudadanía, información que contribuya a la formación, a la sensibilización y al conocimiento sobre el estado de la situación.
El informe completo puede consultarse en el siguiente enlace:
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/Informe-anual-monitorizacin-2023.pdf
Para la Transformación Digital y de la Función Pública
Aprobada la Oferta de Empleo Público para 2024
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente a 2024 que, junto a los reales decretos ya aprobados, suman un total de 40.146 plazas para los distintos departamentos de la Administración General del Estado (AGE), Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas. Toda esa oferta incluye tanto la provisión de plazas de acceso por turno libre (27.360) como de promoción interna (12.786) y supone un cuarto récord consecutivo en la serie, además de triplicar la media de plazas del periodo 2012-2017.
La OEP de este año en la AGE alcanza las 31.465 plazas, de las que 20.840 son de acceso libre, lo que acelera la recuperación de empleo público iniciada en 2018 y revierte el proceso paulatino de envejecimiento de las plantillas. Además, impulsa la atracción de talento a la Administración y, en una apuesta por la carrera y el talento interno de la organización, esta oferta contempla un total de 10.625 plazas de promoción interna.
Otro de los rasgos destacados de esta oferta es que logra la plena inclusión de las personas con discapacidad, refuerza el empleo en la Administración local, descentraliza y territorializa los procesos y prioriza la atención a la ciudadanía. En este sentido, se trata también de la primera OEP que reserva un cupo del 10% a personas con discapacidad (3.147 plazas, 629 para personas con discapacidad intelectual); impulsa a los habilitados nacionales con 501 plazas de nuevo ingreso y crea 8.440 plazas de turno libre (C1 y C2) para mejorar la atención a los ciudadanos. También incluye una oferta histórica en la Administración de Justicia, con 2.520 plazas de turno libre.
La oferta aprobada se caracteriza por estar alineada con los sectores estratégicos, la transición hacia el nuevo modelo de recursos humanos, basado en la planificación, y crear empleo inclusivo y de cohesión. Así, el mayor número de plazas va destinado a los sectores prioritarios como Análisis y Gestión de políticas públicas, cohesión social y empleo público inclusivo, reforma y modernización de la justicia, transformación digital, I+D+i, etcétera.
El Real Decreto de oferta creará 9.102 empleos netos, de los que 4.940 serán plazas adicionales en sectores prioritarios y otras 4.162 más utilizando instrumentos de planificación para dotar de nuevos servicios públicos a la ciudadanía. Dentro de este capítulo se encuentran las 1.098 plazas para Seguridad Social, Base Logística Defensa, AESIA, CNMC, Museo del Prado y Puertos del Estado. Además, se cubrirán las 11.738 bajas de 2023 con nuevos empleados.
La Oferta de Empleo Público de 2024 es una oferta de transición hacia un nuevo modelo de recursos humanos en la administración basado en la planificación. El nuevo modelo en el que se está trabajando tendrá en cuenta las necesidades de la organización, agrupará los recursos humanos en áreas funcionales y se apoyará en soluciones tecnológicas. Ese nuevo modelo se construirá en base a escenarios a medio plazo, entendiendo el capital humano como una inversión y con una estructura de áreas funcionales.
Real Decreto 656/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2024 (BOE número 160 de 03/07/2024)
