Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFOBIA

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional con motivo del 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIfobia, con el fin de visibilizar y poner de manifiesto las violaciones a los derechos de las personas LGTBI+ y de estimular su defensa a nivel global. La elección de esta fecha coincide con la decisión tomada en 1990 por la Organización Mundial de la Salud de eliminar la homosexualidad del listado de trastornos mentales.

El texto ha sido aprobado a propuesta de la ministra de Igualdad, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el ministro de Interior y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el siguiente contenido:

"La aprobación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, junto al desarrollo de políticas públicas como la puesta en marcha del Servicio 028 Arcoiris de información y atención integral en derechos LGTBI, han supuesto un importante avance hacia la igualdad, la justicia social y el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI+, consolidando el liderazgo de España en este ámbito. Según la edición de 2024 del Rainbow Map de ILGA-Europe, España ocupa la cuarta posición en el ranking de países con un entorno legal y político protector de los derechos LGTBI+.

Dicho liderazgo dio comienzo con la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, que está a punto de cumplir veinte años desde su aprobación. Esta ley, conocida como "ley de matrimonio igualitario", permitió a las personas del mismo sexo casarse en las mismas condiciones y con los mismos derechos que las parejas heterosexuales.

En 2005, España fue el primer país del mundo en legalizar el matrimonio plenamente igualitario entre personas del mismo sexo. Hoy, el matrimonio igualitario es legal en 39 países. Igualmente, en 2023 España se situó en la avanzadilla en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de género, paso que ya habían dado en el resto de la Unión Europea: Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Malta, Portugal y Suiza, y a los que, después de España, se uniría Alemania.

España es un país referente en materia de derechos LGTBI+, y distintos estudios y encuestas nos señalan como uno de los países con mayor aceptación social de la diversidad sexual, de género y familiar. España goza, pues, de un amplio crédito como país y sociedad respetuosa y comprometida con la inclusión, la diversidad y la tolerancia.

Una encuesta de IPSOS realizada en 2021 mostraba que España era el país con el porcentaje más alto de población (80%) que se mostraba de acuerdo con que las parejas del mismo sexo tengan los mismos derechos de adopción que las heterosexuales.

A pesar de ello, y aunque según los datos de 2024 de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) más de la mitad de las personas LGTBI+ españolas considera efectiva la respuesta del gobierno para combatir la LGTBIfobia, dos de cada tres también consideran que los prejuicios y la intolerancia hacia el colectivo se han incrementado en los últimos años, y tres de cada cuatro perciben que ha aumentado la violencia hacia su colectivo.

Efectivamente, asistimos a un incremento de narrativas y discursos contrarios a los derechos de las personas LGTBI+ que encuentran una fácil forma de difusión en internet y en redes sociales. Como alerta la organización ILGA Europe en su informe de 2024, el discurso de odio online anti-LGTBI creció en España un 130% entre 2019 y 2022, dirigiéndose fundamentalmente hacia las personas trans. De acuerdo con la FRA, tres de cada cuatro personas LGTBI+ en España ha visto, sólo en el año previo, algún tipo de incitación a la violencia contra el colectivo en redes online, así como contenidos que caricaturizan a las personas LGTBI+.

De acuerdo con los datos más recientes de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior, la LGTBIfobia continúa siendo el segundo motivo más frecuente de los casos de delitos de odio en 2023, registrándose un incremento del 13,73% en un año.

Estos datos no son sino la punta del iceberg de las violencias LGTBIfóbicas, ya que se refieren a casos que han sido efectivamente denunciados e investigados. La FRA señala que el 12% de personas LGTBI+ en España han sido agredidas física o sexualmente en los últimos 5 años, porcentaje que se ha incrementado considerablemente desde 2019. Además, dentro del colectivo hay quienes soportan mayor carga de agresiones físicas y sexuales, ya que para las mujeres trans ese 12% se eleva al 27%, al 21% para los hombres trans y para las personas no binarias, mientras que para las personas intersex se incrementa al 32%.

En el ámbito laboral, la FRA destaca que solo el 32% de las personas LGTBI+ muestran abiertamente su orientación sexual o identidad de género en el trabajo, el 20% lo oculta por completo y el 48% lo muestra de forma selectiva, y una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestra que las personas LGTBI+ tienen un 7% menos de posibilidades de encontrar empleo, unos ingresos medios un 4% más bajos que el resto de la población y un 11% menos de probabilidades de ocupar puestos directivos.

El auge de los discursos y la violencia LGTBIfóbicas es una tendencia global que no afecta sólo a nuestro país y que amenaza con hacer retroceder los derechos conquistados. Recientemente, nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto del intento de recorte de los derechos de las personas LGTBI+. España también alza su voz y se involucra activamente en los procesos contra los retrocesos que se producen en la esfera internacional y también dentro de la Unión Europea.

Ante estos retrocesos, el Gobierno de España reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, tanto dentro del Estado, como fuera de nuestras fronteras. Este compromiso se ha visto materializado con la elaboración y aprobación de normas que facilitan herramientas para su logro. Además de las dos leyes mencionadas, cabe destacar, por su particular relevancia, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación; la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global; el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional; la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, que incluye entre los colectivos de atención prioritaria para la política de empleo a las personas LGTBI, en particular trans; y el Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto planificado de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas.

Estos avances normativos han ido en paralelo con el desarrollo de políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la información y a la atención integral a las víctimas de la violencia y la discriminación, teniendo en cuenta además la posible discriminación interseccional que pueden sufrir las personas LGTBI+. Muestra de ello son el funcionamiento ininterrumpido del Servicio 028 Arcoiris de información y atención integral en derechos LGTBI o el impulso a un pacto de estado frente a los discursos de odio contra los grupos en situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, cumpliendo el mandato recogido en los artículos 10 y 52 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, el Gobierno está ultimando la aprobación de una Estrategia Estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y de una Estrategia Estatal para la inclusión social de las personas trans.

Por otra parte, la puesta en marcha de la Autoridad Administrativa Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación garantizará el cumplimiento de la normativa en materia de igualdad y reforzará la asistencia y protección, entre otras, de las víctimas de LGTBIfobia. Este organismo, dotado de plena independencia y autonomía funcional, podrá realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación o ejercitar acciones judiciales en defensa de los derechos derivados de la igualdad de trato y la no discriminación.

El Gobierno de España parte del convencimiento de que es necesario sensibilizar a la ciudadanía, visibilizar, reconocer y apoyar institucionalmente la diversidad sexual, de género y familiar, como señala el artículo 5.2 de la Ley 4/2023: "los poderes públicos fomentaran el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI".

Este compromiso toma una especial relevancia en un año en que se celebran los 50 años del inicio de la Transición en España y los 40 años de la Firma del Acta de Adhesión a las entonces Comunidades Europeas, en los que se ha conseguido una gran transformación económica, social, cultural y política a la que han contribuido tanto las organizaciones como innumerables activistas LGTBI+ que sufrieron represalias, violencia y torturas durante el franquismo por atreverse a ser quienes eran y a amar a quienes amaban.

Como lógica consecuencia de ello, las medidas adoptadas por el Gobierno de España están alineadas con las prioridades establecidas a nivel europeo y permiten avanzar en línea con las recomendaciones establecidas por la Comisión Europea en su primera "Estrategia de Igualdad LGBTIQ 2020-2025".

El Gobierno de España reafirma su fuerte compromiso con los derechos de las personas LGTBI+ y su descriminalización y contra la discriminación por orientación sexual, identidad sexual y características sexuales, sin olvidar la vulneración de derechos que tiene lugar en un gran número de países del mundo, con más de 60 países con legislaciones punitivas que implican, en algunas ocasiones, la pena de muerte. Por eso, entre las prioridades de nuestra acción exterior y cooperación internacional, se encuentra el apoyo a los derechos de las personas LGTBI+.

En los últimos años, España ha impulsado numerosas acciones en defensa de los derechos de las personas LGTBI+ en diferentes foros multilaterales, como el Consejo de Derechos Humanos (apoyo al mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad sexual); la III Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas; el LGBT Core Group de Naciones Unidas (red informal y heterogénea de países, organizaciones internacionales, ONG y organizaciones de la sociedad civil, creada para dar visibilidad y apoyo a las demandas y reivindicaciones de la comunidad LGBTI+ en el marco de Naciones Unidas); la Coalición por la Igualdad de Derechos (España es miembro fundador de esta Alianza Internacional Público-Privada, formada por 45 Estados y Organizaciones de la Sociedad Civil, creada para fomentar la cooperación multilateral y el intercambio de información y buenas prácticas en la defensa y promoción de los derechos del colectivo LGBTI+, y en 2025 y 2026 la copreside, junto a Colombia); el Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre Igualdad, No Discriminación y Diversidad; o la Red Europea de Puntos Focales LGBTI en el marco del Consejo de Europa. España se ha incorporado al Fondo Mundial para la Igualdad, una asociación público-privada que apoya los programas de la sociedad civil que promueven y protegen los derechos humanos de las personas LGTBI+ en todo el mundo. Además, la cuestión de los derechos humanos de las personas LGBTI+ se suscita habitualmente en los diálogos bilaterales con terceros países, y el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027 establece como prioridad de la política de cooperación internacional para el desarrollo sostenible el trabajo para erradicar las brechas a las que deben enfrentarse las personas LGTBI en el acceso a derechos y servicios, a la participación política y las oportunidades económicas, en condiciones de igualdad, incluyendo los derechos y la salud sexual y reproductiva de las personas LGTBI y la lucha contra la exclusión en el ámbito educativo, tanto en los países socios de la Cooperación Española como a nivel global.

El Gobierno de España muestra este año, una vez más, su firme compromiso en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+, tanto a nivel nacional como internacional y se compromete a adoptar las medidas necesarias para seguir avanzando en la erradicación de la discriminación y la violencia que, a día de hoy, siguen sufriendo las personas LGTBI+ en diferentes ámbitos de sus vidas".