Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y EL BIENESTAR DE LOS PERROS DE ASISTENCIA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para regular la actividad y el bienestar de los perros de asistencia que dan servicio a personas con discapacidad, personas con trastorno del espectro autista, personas con patologías que lleven consigo crisis recurrentes con desconexión sensorial y también a mujeres de víctimas de violencia de género y sexual. Se trata de un nuevo real decreto que complementa la legislación que dispone cada Comunidad Autónoma en torno a este tipo de animales y, a nivel estatal, sustituye una norma de 1983 actualmente en vigor.
Una de las principales novedades de este cambio legislativo es que las personas que necesitan estos perros de asistencia tendrán garantizados sus derechos y los de sus animales para toda España, ampliando así el reconocimiento normativo del que disponen actualmente y que se limita a la Comunidad Autónoma donde se les concedió el distintivo para este servicio.
A través de este real decreto se asegura que todas aquellas personas que requieran de un perro de asistencia puedan acceder con estos animales a lugares públicos y privados de uso público, en cualquier lugar de España, independientemente de la comunidad autónoma en la que esté, asegurando así que no sean discriminados. Esto se traduce en que podrán acceder a centros educativos, culturales, deportivos o sanitarios, excepto en quirófanos y otras áreas en las que deban garantizarse unas condiciones higiénicas especiales. También podrán acceder a establecimientos comerciales al por menor, supermercados, mercados o comercios de alimentación, así como alojamientos turísticos, establecimientos de hostelería y restauración, museos y teatros. Además, se permitirá el acceso a playas, a áreas recreativas, a recintos de piscinas y a parques acuáticos, siempre que el animal no acceda al agua.
Esta norma tendrá un impacto fundamental en los derechos de estas personas ya que estos perros de asistencia constituyen un elemento que contribuye a favorecer su autonomía y su vida independiente y garantizará que las mujeres víctimas de violencia de género y sexual puedan acceder, junto con su perro de asistencia, a albergues, centros asistenciales, o establecimientos de naturaleza similar.
Por otra parte, el real decreto reconoce a nivel estatal la relación entre la persona con discapacidad y su perro de asistencia como una unidad en todo el territorio nacional, y regula que la formación que estos animales deben recibir para el desempeño de sus funciones sea ofrecida por personas acreditadas o reconocidas de forma oficial en la educación, la socialización y el adiestramiento de perros de asistencia, bien pertenezcan a entidades o sean profesionales autónomos especializados. A esto se suma, que la normativa incluye medidas específicas para mejorar el bienestar de los perros de asistencia, estableciendo obligaciones de cuidado y respeto para las personas usuarias y para las entidades o profesionales encargados de su adiestramiento.
Otra novedad reseñable es que la nueva normativa garantiza el derecho de estos perros al descanso, ya que se ha fijado que podrán dejar de prestar servicio cuando cumplan 10 años, manteniéndoles, además su derecho a seguir accediendo a los espacios de uso público una vez pasado su tiempo en activo.
Finalmente, en materia de discapacidad, la normativa desarrolla los derechos reconocidos en la Constitución tras la reciente reforma del Artículo 49, fomentando la plena inclusión e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Así mismo, actualiza la legislación española en relación a este tipo de asistencia, siguiendo los fundamentos de autonomía personal, inclusión en la comunidad y accesibilidad universal que se fijaron con la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2006.
Al mismo tiempo, se persigue el objetivo de ofrecer una vida más independiente para las personas ciegas o con discapacidad visual. También el real decreto se refiere a las personas con otras discapacidades que requieren de un perro de asistencia, como las personas con discapacidad auditiva o con sordoceguera que requieren de perros adiestrados para avisar de la emisión de sonidos y su procedencia; personas con discapacidad física que precisan de perros adiestrados como apoyo y auxilio en actividades de la vida diaria; personas con trastornos del espectro autista que deben ser asistidas por perros adiestrados para promover su autonomía personal; o personas con patologías que lleven consigo crisis recurrentes con desconexión sensorial y que necesitan estar acompañadas por un perro adiestrado para avisar de una alerta médica.
SUBVENCIONES ESTATALES PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL
El Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria anticipada de subvenciones estatales del 0,7% para actividades de interés social correspondientes al año 2025. Se trata de una propuesta presentada por Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que será el ministerio que convoque estas subvenciones consideradas de interés general. Lo hará por un crédito inicial de 2 millones de euros que se incrementará hasta los 94 millones de euros (93.936.556,56 €) en el tramo estatal, lo que suponen más de 10 millones de euros más que el año anterior (en términos porcentuales, el incremento es del 12,24%). Esta cuantía se enmarca en el porcentaje que gestiona el Gobierno de España (el 20%) tal y como se pactó con los gobiernos autonómicos en 2021 a través de un acuerdo por el cual las Comunidades Autónomas gestionan el 80% de los recursos. En base a ello, en las próximas semanas, el Ministerio de Derechos Sociales presentará en Consejo de Ministros la propuesta de reparto a las Comunidades Autónomas de los recursos del tramo autonómico, que se situarán en torno a los 375 millones de euros. Las solicitudes serán evaluadas a través de los 16 centros directivos de estos seis ministerios que cada año examinan los programas sociales presentados por las entidades.
Los requisitos para acceder a estas subvenciones se establecerán en las bases de la convocatoria, a la que podrán acceder Cruz Roja Española y las entidades del Tercer Sector de Acción Social. Las actuaciones subvencionables deberán ser programas estatales orientados a la generación de conocimiento y buenas prácticas en el ámbito de la atención a las personas con necesidades de atención integral sociosanitaria; la atención a personas con necesidades educativas o de inserción laboral, la lucha contra la violencia de género o la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación, entre otros ámbitos.
Una vez que ha obtenido la autorización del Consejo de Ministros, la Resolución de esta convocatoria será publicada en el BOE y, a partir de entonces, las entidades del Tercer Sector de Acción Social tendrán un mes para presentar sus proyectos, que posteriormente serán evaluados conforme a criterios objetivos.
Programas financiados en 2024
En 2024, estas subvenciones del 0,7% contaron con una dotación de 83 millones de euros (83.479.941,23 €) y permitieron financiar 1.078 proyectos de 295 entidades diferentes, con una aportación media de 77.500 euros por programa. En este enlace se pueden consultar todos los proyectos financiados en 2024.
Entre los programas que formaron parte de estas subvenciones el año pasado se encuentran acciones de acción social en distintos ámbitos. Por ejemplo:
- Envejecimiento activo y saludable
- Lucha contra los delitos y discursos de odio
- Sensibilización sobre violencia contra las mujeres en redes sociales
- Asistencia integral a víctimas y afectados del terrorismo
- Inserción laboral de adultos con necesidades educativas o en exclusión
- Ayuda a niños, niñas y adolescentes en riesgo
- Atención integral a víctimas de violencia de género
- Promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad
- Formación y sensibilización para la prevención del acoso escolar
- Atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad
- Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
- Fomento de la educación, el empleo y la inclusión social de jóvenes
- Prevención delitos de odio por orientación sexual e identidad de género
- Formación sobre discriminación racial y otras formas de intolerancia
- Sensibilización de la salud mental en la infancia y la adolescencia
