El Consejo Asesor de Vivienda tiene por finalidad asegurar la participación de los distintos agentes sociales en la elaboración y en el desarrollo de la política de vivienda, como órgano colegiado, de carácter técnico, asesor y consultivo en materia de programación estatal de la política de vivienda.

Funciones:

Conformar un espacio de reflexión y diálogo de carácter técnico con los diferentes actores y sectores involucrados para abordar los desafíos sociales relacionados con la vivienda.

Asesorar sobre los planes y programas de ámbito estatal que la presidencia del Consejo Asesor de Vivienda le proponga en razón a la importancia de su incidencia sobre la vivienda.

Asesorar en la implementación de medidas de simplificación y racionalización, a través de herramientas que consigan armonizar y flexibilizar las normas en materia de vivienda.

Proponer medidas o instrumentos para asegurar la existencia de un parque adecuado y suficiente de vivienda en alquiler, compra o en régimen de cesión en uso, tanto público como privado, destinado al ejercicio efectivo del derecho a la vivienda.

Orientar la colaboración público-privada, a través de instrumentos para acelerar y ampliar la provisión de viviendas para hacer frente a las necesidades existentes.

Proponer medidas para avanzar en los grandes retos sociales, económicos y medioambientales de la vivienda en el marco de los tratados y normas nacionales e internacionales.

Cualquier otra función de asesoramiento de carácter técnico, jurídico, económico o de otra materia que resulte necesaria para avanzar en la garantía del ejercicio efectivo del derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Composición:

El Consejo Asesor de Vivienda estará presidido por la persona titular del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y lo integrarán los siguientes miembros: 

Ocho representantes de las entidades del tercer sector y organizaciones sin ánimo de lucro de ámbito estatal más representativas cuyo objeto esté relacionado con el derecho a la vivienda o con la promoción y gestión pública de vivienda.

Un representante de cada una de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito estatal.

Dos representantes de las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito estatal.

Dos representantes de las asociaciones más representativas de la propiedad urbana en el ámbito estatal.

Un representante de las asociaciones más representativas de las entidades financieras en el ámbito estatal.

Cinco representantes de las organizaciones profesionales más representativas en el ámbito estatal relacionadas con el ámbito de la vivienda.

Seis representantes, profesionales expertos de reconocido prestigio en el ámbito de la vivienda, así como del ámbito universitario y de la investigación.