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Extracto de la Orden de 08 de agosto de 2022, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia por la que se convocan subvenciones para la realización actividades de interés general consideradas de interés social a desarrollar por entidades del Tercer Sector de Acción Social en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto de sociedades

Extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones ((https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/643444) BDNS (Identif.): 643444

Beneficiarios:

Las entidades que tengan la consideración de entidades del Tercer Sector en los términos previstos en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, así como Cruz Roja Española y otras entidades u organizaciones no gubernamentales, que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas al menos con dos años de antelación a la fecha de la convocatoria de subvención.

b) Estar inscritas en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante RCSS) y tener autorización para la realización de las actividades objeto de la subvención, así como los centros donde estas se realicen, de conformidad con el Decreto número 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos.

Las actividades objeto de los proyectos presentados y los centros donde estas se realicen, deberán estar autorizadas en dicho Registro con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de la presente subvención.

c) Carecer de fines de lucro.

d) Tener fines institucionales adecuados recogidos como tales en sus estatutos propios para la realización de las actividades consideradas subvencionables.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones, impuestas por las disposiciones vigentes.

f) Tener implantación en la Región de Murcia, contando con sede o al menos, delegación permanente en la misma.

Objeto:

1. El objeto de la presente Orden es convocar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades del Tercer Sector de Acción Social para la realización de actividades de interés general para fines sociales, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Sociedades, en el ámbito territorial de la Región de Murcia.

2. La finalidad de estas subvenciones es la realización de actividades de interés general para fines sociales, incluidas las inversiones, para cubrir las necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la atención de las personas y colectivos en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad.

Bases reguladoras:

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se rige por la Orden de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, de fecha 6 de agosto de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de Subvenciones a programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, bases reguladoras), publicada en el BORM número 181, de 7 de agosto de 2018.

Cuantía:

1. Estas subvenciones se concederán con cargo a la consignación establecida en las partidas presupuestarias 18.04.00.313R.481.99 (proyecto presupuestario nº 44659) y 18.04.00.313R.781.99, (proyecto presupuestario nº 44660), por un importe de 8.750.000,00 euros y 250.000,00 euros respectivamente, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2021, distribuyéndose en función de la naturaleza de los proyectos propuestos para su concesión. Dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de la concesión.

Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

1. La presentación de la solicitud (Anexo II) que deberá ir firmada por la persona representante de la entidad previa cumplimentación, se realizará en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://sede.carm.es), que se haya habilitado a tal fin en la Guía de Procedimientos y Servicios (número de procedimiento 2448).

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

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Servicios Sociales | Area tematica | Exclusión Social | Legislación | Seccion |

Extracto de la Orden de 08 de agosto de 2022, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia por la que se convocan subvenciones para la realización actividades de interés general consideradas de interés social a desarrollar por entidades del Tercer Sector de Acción Social en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto de sociedades

Extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones ((https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/643444)) BDNS (Identif.): 643444

Beneficiarios:

Las entidades que tengan la consideración de entidades del Tercer Sector en los términos previstos en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, así como Cruz Roja Española y otras entidades u organizaciones no gubernamentales, que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas al menos con dos años de antelación a la fecha de la convocatoria de subvención.

b) Estar inscritas en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante RCSS) y tener autorización para la realización de las actividades objeto de la subvención, así como los centros donde estas se realicen, de conformidad con el Decreto número 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos.

Las actividades objeto de los proyectos presentados y los centros donde estas se realicen, deberán estar autorizadas en dicho Registro con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de la presente subvención.

c) Carecer de fines de lucro.

d) Tener fines institucionales adecuados recogidos como tales en sus estatutos propios para la realización de las actividades consideradas subvencionables.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones, impuestas por las disposiciones vigentes.

f) Tener implantación en la Región de Murcia, contando con sede o al menos, delegación permanente en la misma.

Objeto:

1. El objeto de la presente Orden es convocar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades del Tercer Sector de Acción Social para la realización de actividades de interés general para fines sociales, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Sociedades, en el ámbito territorial de la Región de Murcia.

2. La finalidad de estas subvenciones es la realización de actividades de interés general para fines sociales, incluidas las inversiones, para cubrir las necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la atención de las personas y colectivos en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad.

Bases reguladoras:

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se rige por la Orden de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, de fecha 6 de agosto de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de Subvenciones a programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, bases reguladoras), publicada en el BORM número 181, de 7 de agosto de 2018.

Cuantía:

1. Estas subvenciones se concederán con cargo a la consignación establecida en las partidas presupuestarias 18.04.00.313R.481.99 (proyecto presupuestario nº 44659) y 18.04.00.313R.781.99, (proyecto presupuestario nº 44660), por un importe de 8.750.000,00 euros y 250.000,00 euros respectivamente, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2021, distribuyéndose en función de la naturaleza de los proyectos propuestos para su concesión. Dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de la concesión.

Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

1. La presentación de la solicitud (Anexo II) que deberá ir firmada por la persona representante de la entidad previa cumplimentación, se realizará en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://sede.carm.es), que se haya habilitado a tal fin en la Guía de Procedimientos y Servicios (número de procedimiento 2448).

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

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Decreto n.º 143/2022, de 28 de julio, por el que se aprueba la Carta de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios Sociales de la Región de Murcia

La nueva Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia ha establecido un conjunto de derechos y obligaciones para las personas usuarias de los distintos centros y servicios.

Su reconocimiento implica que las personas titulares podrán reclamar el cumplimiento efectivo de esos derechos y deberán observar esos deberes, y que las administraciones y entidades que prestan los servicios han de adoptar cuantas medidas sean precisas para que sean conocidos y aplicados.

La Ley 3/2021, de 29 de julio, establece en su artículo 11 que se ha de aprobar una Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales, garantizando la máxima difusión de su contenido en todo el ámbito del Sistema de Servicios Sociales; especificando que se redactará de forma sencilla y clara, utilizando un lenguaje comprensible y, si fuera necesario, se redactará con sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. Por su parte, la Disposición final tercera (Desarrollo reglamentario y Planificación) establece en su apartado segundo que el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta de la consejería competente en materia de servicios sociales, en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, procederá a la elaboración y aprobación mediante decreto del Mapa de Servicios Sociales y la Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales.

El presente Decreto pretende por tanto dar transparencia y máxima información a las personas usuarias sobre sus derechos y deberes en relación al Sistema de Servicios Sociales en la Región de Murcia, con formatos accesibles que faciliten su conocimiento por la ciudadanía, y garantizando la máxima difusión de su contenido.

El eje central del texto es garantizar que la totalidad de los personas usuarias de los servicios sociales puedan acceder, comprender, entender y conocer el conjunto de derechos y obligaciones que la Ley establece, sin que las diferencias educativas, las situaciones de discapacidad, o las diferencias culturales e idiomáticas constituyan un obstáculo en el acceso a ese conocimiento. Son por tanto objetivos del Decreto:

• Compilar y sistematizar en un único texto el conjunto de derechos y deberes fijados en la Ley, facilitando su conocimiento por las distintas administraciones, por las personas usuarias, por los profesionales que puedan tener relación directa o indirecta en las prestaciones y por la sociedad en general.

• Facilitar la difusión e interiorización de los mismos de un modo que resulte comprensible a la población destinataria.

• Proporcionar seguridad jurídica en el ámbito de la gestión y el funcionamiento de los distintos centros y servicios.

• Proveer de máxima información a las personas usuarias sobre sus derechos y deberes en relación al Sistema de Servicios Sociales, en tantos formatos, códigos, idiomas y medios como resulte necesario para facilitar su conocimiento y uso.

El Decreto se estructura en cuatro capítulos y 42 artículos, además se incluye como anexo la versión en lectura fácil. Serán objeto de publicación en el portal “Murcia Social” las traducciones de esta Carta y de su anexo “en lectura fácil”, de los idiomas árabe, rumano, francés, inglés, y ucraniano, así como en Braille.

El capítulo primero, disposiciones generales, se ocupa de definir el objeto del Decreto, su ámbito de aplicación, las personas destinatarias del mismo y el principio general de garantía.

El capítulo segundo, carta de derechos, detalla el elenco de derechos que la Ley otorga a las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

El capítulo tercero, carta de deberes, se ocupa de la contrapartida en obligaciones para los mismos destinatarios.

El capítulo cuarto, efectos de la carta, recopila las garantías de la carta, su publicidad, la información que se ha de suministrar, las posibilidades de quejas o sugerencias en la materia y la aplicabilidad del sistema de infracciones y sanciones.

Capítulo primero

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto la aprobación de la Carta de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios Sociales de la Región de Murcia, en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia, y su Disposición final tercera.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La Carta de Derechos y Deberes es de aplicación a la totalidad de las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, tanto en sus relaciones con centros o servicios de titularidad pública como privada, y sin perjuicio de los derechos y deberes que en su caso se determinen en los reglamentos de régimen interior o en los contratos de centros privados.

Artículo 3. Personas usuarias.

La condición de persona usuaria corresponde a las personas titulares del derecho a los servicios y prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia (determinadas en el artículo 8 de la Ley 3/2021, de 29 de julio), que accedan a la condición de beneficiarias de alguna prestación o sean destinatarias de acciones, proyectos o programas de los distintos centros o servicios sociales que se desarrollen en la Región.

Artículo 4. Garantía.

Tanto las distintas administraciones públicas, como las entidades de iniciativa social y las privadas de iniciativa mercantil que gestionen servicios sociales en la Región de Murcia, deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de la Carta.

Capítulo II

Carta de derechos

Artículo 5. Alcance de los derechos.

Las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, ya sean estos de titularidad pública o privada, tendrán garantizados, en sus relaciones con los profesionales, los servicios y los centros, además de los derechos reconocidos en la Constitución y las Leyes, el conjunto de derechos explicitados en el presente capítulo.

Artículo 6. Derecho de acceso.

El derecho a acceder a los servicios sociales se realizará en condiciones de igualdad, universalidad y dignidad, sin que pueda caber discriminación por raza, sexo, orientación sexual, edad, creencias religiosas o ideología. El acceso y utilización de los servicios sociales se producirá sin discriminación por ninguna circunstancia personal o social que no constituya requisito para aquellos.

Los gestores de los centros y servicios garantizarán a todas las personas usuarias el acceso a los mismos mediante la adecuada provisión de medios y recursos, conforme al principio de universalidad, y sin perjuicio del condicionamiento al cumplimiento de determinados requisitos técnicos o económicos legal o reglamentariamente establecidos.

En ningún caso podrán darse tratos que menoscaben, desprecien, humillen o falten a la debida consideración a las personas usuarias, ni por parte de los profesionales ni por los otros usuarios.

Artículo 7. Atención personalizada.

El derecho a recibir una atención personalizada e integral, adecuada a las necesidades, se realizará ajustando la atención que se presta a las necesidades particulares y personales de la persona usuaria y su familia, desde una valoración conjunta de su situación y garantizando la continuidad en la atención. La atención integral implica que se deberán abarcar, con la coordinación adecuada, los aspectos sanitarios, sociales, psicológicos, ambientales, educativos, culturales y relacionales.

Artículo 8. Derecho a la calidad de los servicios.

El derecho a recibir unos servicios de calidad implica que tales servicios estarán orientados a fortalecer las capacidades de la persona, de los grupos en los que se integra así como del entorno social. Asimismo incluye el derecho a obtener las prestaciones y servicios de calidad que les sean prescritos por los profesionales en los términos previstos legal o reglamentariamente.

Artículo 9. Derecho a la intimidad y confidencialidad.

a) En el ejercicio de su derecho a la intimidad, las personas usuarias tienen derecho a ser escuchadas, atendidas y tratadas en un contexto físico que garantice que la comunicación es exclusiva entre éstas y las profesionales del servicio. Tampoco podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia.

b) El derecho a la confidencialidad se materializa en la protección de todos los datos e informaciones de la intervención social que consten en el expediente de cada persona usuaria, incluyendo la debida reserva por parte de las personas profesionales en el proceso de atención con respecto a la información de la que haya tenido conocimiento, de conformidad con la legislación vigente. La transferencia de datos entre aplicaciones y administraciones garantizará ese derecho en todo caso.

Artículo 10. Derecho a la información.

a) La persona usuaria tiene el derecho a ser informada, de manera cierta, exacta y completa, sobre las prestaciones de los servicios sociales y sobre los requisitos necesarios para poder acceder a ellas.

b) La información, además de ser cierta y suficiente, ha de facilitarse de un modo que resulte comprensible a la persona usuaria. Se realizará, además de verbalmente, por escrito cuando así se solicite y en un lenguaje que permita la comprensión.

c) La persona usuaria tiene el derecho de elegir la forma de recibir la información y de expresar su opinión, adaptada a sus necesidades, incluyendo los textos en Braille, el uso de lengua de signos, o cualquier otro sistema de mediación en la comunicación que esté disponible.

Artículo 11. Acceso a la información propia.

Se reconoce el derecho de la persona usuaria a acceder a su expediente individual e historia social en cualquier momento, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 12. Derecho de participación.

a) La persona usuaria tiene el derecho de participar en la toma de decisiones que le afecten individualmente, para lo cual deberá ser informada y escuchada en los términos previstos en el artículo 10 anterior.

b) Asimismo tiene el derecho de participar en la toma de decisiones que le afecten como integrante del colectivo destinatario de las mismas, así como en la planificación, seguimiento y evaluación del Sistema de Servicios Sociales, mediante los cauces legalmente establecidos. Las normas que determinen el funcionamiento de los servicios sociales de atención primaria y especializada determinarán los órganos o cauces de participación de los usuarios en las decisiones sobre el funcionamiento del centro o servicio.

Artículo 13. Derecho a decidir sobre su futuro.

a) La persona usuaria tiene el derecho de otorgar un Documento de Instrucciones Previas en el que exprese su proyecto vital, sus valores personales de calidad de vida, las instrucciones sobre la toma de decisiones que afecten a su cuidado, el alcance de los tratamientos en el ámbito de los servicios sociales y la designación de la persona que le represente cuando llegue el momento en el que no pueda hacerlo por sí misma.

b) Las especificaciones sobre la persona representante, el soporte del documento, su incorporación a la historia social y su revocación serán los que se determinen en el desarrollo reglamentario de la Ley 3/2021, de 29 de julio.

c) La persona usuaria podrá ejercer su derecho a la autocuratela y el nombramiento del curador en los términos previstos en la normativa que resulte de aplicación, conforme a lo previsto en los artículos 270 y siguientes de la Ley Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Artículo 14. Profesional de referencia.

En los Servicios Sociales de Atención Primaria las personas usuarias tendrán asignado un profesional de referencia. Asimismo tendrán derecho, de acuerdo con las posibilidades del Sistema, a cambiar de profesional cuando concurran causas justificadas. Se entenderán como causas justificadas todas aquellas que supongan para el usuario una vulneración de los derechos contenidos en esta carta, además de la insuficiente atención dispensada, aunque sea por carencias de medios o causas no imputables al profesional. La asignación del profesional de referencia podrá variarse en función de la saturación de los cupos, de los cambios o traslados de profesionales o de las necesidades del servicio.

Artículo 15. Derecho a la evaluación.

Las personas usuarias tienen derecho a obtener una evaluación o diagnóstico de su situación y necesidades. Dicha evaluación se le debe comunicar en un lenguaje claro, estructurado y comprensible, y se le dará por escrito cuando así lo solicite.

Artículo 16. Derecho a la atención individualizada.

Se reconoce el derecho a recibir una atención individualizada y respetuosa con la identidad, los valores y las convicciones de la persona, y con su dignidad. Además, la persona usuaria tiene el derecho a disponer de un Programa Individual de Atención Social, elaborado de forma consensuada con el fin de garantizar una adecuada atención acorde con la evaluación o diagnóstico indicado en el artículo anterior, los objetivos a alcanzar, los medios disponibles, y las acciones específicas para promover la inclusión personal, social, educativa y laboral, según los casos.

Artículo 17. Libertad de elección del servicio.

Se reconoce el derecho a escoger libremente el tipo de servicio social y su modalidad más adecuada a las circunstancias de la persona usuaria, en función de su disponibilidad, atendiendo a la orientación y a la prescripción técnica de la persona profesional de referencia asignada y conociendo con antelación la posible participación económica o copago del mismo.

Artículo 18. Derecho a la renuncia.

En cualquier momento la persona usuaria podrá renunciar tanto a las prestaciones económicas como a las prestaciones de servicios sociales concedidos, salvo los supuestos de servicios o prestaciones no renunciables previstos por la legislación vigente.

Artículo 19. Derecho a la atención urgente.

Se reconoce el derecho a recibir atención urgente o prioritaria en los supuestos determinados por la Administración Pública competente en las normas que se aprueben para los casos de especial vulnerabilidad, desprotección, desamparo, dependencia, exclusión y urgencia y emergencia social.

Artículo 20. Derecho a la atención domiciliaria.

Se reconoce el derecho a recibir atención del profesional de referencia asignado en el propio domicilio, cuando la persona usuaria tenga graves dificultades para el desplazamiento.

Artículo 21. Derecho de queja.

Las personas usuarias de los servicios sociales tienen el derecho a presentar quejas, reclamaciones o sugerencias sobre la atención y las prestaciones recibidas, y a obtener contestación a las mismas.

Se consideran quejas o reclamaciones las manifestaciones de insatisfacción de los ciudadanos con los servicios que han recibido, con el funcionamiento del centro o con el trato del personal.

Se consideran sugerencias cualquier opinión o iniciativa planteada para mejorar la calidad en la gestión y funcionamiento de los servicios sociales.

 

Artículo 22. Derecho a la segunda opinión.

Las personas usuarias que reciban cualquier clase de evaluación o diagnóstico de su situación y necesidades en el ámbito de los servicios sociales, tienen el derecho de solicitar una segunda opinión elaborada por un profesional distinto. Tanto en la regulación de los equipos multidisciplinares como en la del comité de ética, se contemplará el mecanismo para que las segundas opiniones se realicen con las garantías para los derechos que se reconocen en esta carta, en especial en lo referente a la intimidad y confidencialidad, incluso frente a los profesionales que realicen la evaluación que se cuestiona.

Artículo 23. Intervención en órganos de participación.

Además de lo previsto en el artículo 12 sobre el derecho de participar en la toma de decisiones que afecten de modo individual o colectivo, la persona usuaria tiene el derecho de intervenir en los órganos de participación existentes o que se creen, en la forma que determinen las normas de creación y funcionamiento de los mismos.

Artículo 24. Otros derechos.

Además de los previstos en esta carta y en el resto del ordenamiento, las personas usuarias tendrán los derechos específicos que se determinen en los reglamentos de régimen interior o de funcionamiento de cada centro o servicio de atención primaria o especializada, y en su caso, en los contratos y conciertos celebrados con centros privados de atención especializada.

Capítulo III

Carta de deberes

Artículo 25. De los deberes de las personas usuarias.

Las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, ya sean estos de titularidad pública o privada, deberán cumplir, en sus relaciones con los profesionales, los servicios y los centros, además de las obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico, el conjunto de deberes explicitados en el presente capítulo.

Artículo 26. Normas de procedimiento.

Cuando se quiera obtener un servicio o una prestación económica la persona usuaria deberá cumplir los requisitos, las condiciones, los procedimientos y las normas que se hayan establecido para obtenerlos.

Artículo 27. Seguimiento del Programa Individual de Atención Social.

Realizada la evaluación o diagnóstico de la situación y necesidades de la persona usuaria, y establecido de acuerdo con ella el Programa Individual de Atención Social, esta queda obligada a seguir las observaciones del mismo, sin perjuicio del derecho que le asiste a solicitar su revisión por cambio en las circunstancias personales o sociales que lo fundamenten.

Artículo 28. Deber de comparecer.

a) La persona usuaria tiene el deber de comparecer en el centro o servicio con el que se encuentre vinculada cada vez que sea justificadamente requerida.

b) Asimismo tiene el deber de informar a los profesionales de los centros y servicios de forma veraz acerca de sus circunstancias personales, familiares y económicas y de sus variaciones.

c) Especialmente serán comunicadas a los servicios las variaciones que pudieran afectar a las prestaciones de servicios sociales solicitadas y/o concedidas, salvo cuando tales datos ya obren en poder de las administraciones públicas.

Artículo 29. Deber de cumplimiento de fines.

La persona usuaria de los servicios sociales tiene el deber específico de destinar las prestaciones única y exclusivamente a la finalidad para las que fueron concedidas.

Artículo 30. Deber de copago.

La persona usuaria tiene el deber de contribuir a la cofinanciación del coste de la prestación o del servicio que perciba, de acuerdo con la capacidad económica y en la forma que se determine reglamentariamente.

Artículo 31. Deber de conocimiento.

Las personas usuarias de los centros y servicios, y las perceptoras de las diferentes prestaciones, tienen el deber de conocer y cumplir el contenido las normas que regulan el funcionamiento y la organización de esos centros y especialmente las normas de convivencia, así como el resto de disposiciones que regulen las distintas prestaciones.

Artículo 32. Deber de respeto a las personas.

La persona usuaria tiene el deber de respetar los derechos y especialmente la dignidad del resto de usuarios y del personal que trabaje en cada centro o servicio, y atender sus indicaciones.

Artículo 33. Deber de respeto a los bienes.

La persona usuaria tiene el deber de respetar y utilizar correctamente los bienes, instalaciones y equipos de los centros y servicios, atendiendo las indicaciones de uso.

Artículo 34. Deber de devolución.

La persona perceptora de prestaciones económicas tiene el deber de reintegrarlas cuando las perciba indebidamente y de comunicar el cambio de circunstancias que alteren su derecho a percibirlas.

Artículo 35. Otros deberes.

Además de los previstos en esta carta, en el resto del ordenamiento y en la normativa específica sobre prestaciones del Sistema, las personas usuarias tendrán los deberes específicos que se determinen en los reglamentos de régimen interior o de funcionamiento de cada centro o servicio de atención primaria o especializada, y en los contratos y conciertos que celebren con entidades privadas para la prestación de servicios sociales especializados.

Capítulo IV

Efectos de la carta

Artículo 36. Garantías.

Tanto las distintas administraciones en sus ámbitos competenciales, como las entidades públicas o privadas titulares de los distintos centros o servicios sociales, velarán por el respeto a los derechos y el cumplimiento de los deberes que se establecen en esta carta.

 

Artículo 37. Publicidad.

a) En todos y cada uno de los servicios y centros del Sistema de Servicios Sociales habrá información disponible sobre la carta de derechos y deberes, con indicación además del conjunto de derechos y deberes específicos que les corresponden en función del perfil de cada centro o servicio.

b) Tanto las sedes como los portales electrónicos de las distintas administraciones competentes, y de las entidades titulares o gestoras de servicios sociales, incluirán información sobre los derechos y deberes de las personas usuarias.

c) La Consejería competente en materia de servicios sociales, su organismo autónomo adscrito, y las entidades locales o mancomunidades, divulgarán el contenido de la carta.

d) La documentación divulgativa, en los distintos lenguajes, idiomas o medios que se adecúen al perfil de los usuarios del centro o servicio, estará disponible en lugares visibles de cada recurso integrante del Sistema de Servicios Sociales, sea público o privado.

Artículo 38. Servicios de información.

En cumplimiento del artículo 31 de la Ley 3/2021, de 29 de julio, los Servicios Sociales de Atención Primaria incluirán, en su función de ofrecer información, orientación y asesoramiento a las personas, la información específica sobre los derechos y deberes de esta carta.

Artículo 39. Calidad.

En los instrumentos para la evaluación del Plan Regional de Servicios Sociales a que hace referencia el artículo 56 de la Ley 3/2021 de 29 de julio, se incluirán mediciones relativas al conocimiento y cumplimiento de los derechos y deberes de la carta.

Artículo 40. Órganos de participación.

a) Las personas usuarias de centros o servicios sociales podrán manifestar, en los órganos de participación que se creen en los mismos, las observaciones o quejas en materia de derechos y deberes de esta carta.

b) Los órganos de participación podrán poner en conocimiento de los servicios de inspección los incumplimientos que se hayan observado.

Artículo 41. Quejas, reclamaciones y sugerencias.

a) Las personas usuarias, sus representantes o sus familiares podrán formular quejas ante los responsables del centro o servicio, o ante los órganos administrativos competentes, por el incumplimiento de los derechos o deberes contenidos en la carta.

b) Todos los centros o servicios contarán con hojas de reclamaciones a disposición de las personas usuarias, sus familiares y sus representantes.

c) La tramitación de sugerencias y quejas en los distintos centros y servicios se determinará en el desarrollo reglamentario de la Ley 3/2021, de 29 de julio.

Artículo 42. Infracciones y sanciones.

La realización de conductas que vulneren los derechos o el incumplimiento de los deberes contenidos en esta carta, cuando estén tipificados como falta disciplinaria o como infracción administrativa, podrán ser objeto de denuncia en los términos que determine el reglamento del procedimiento sancionador previsto en el artículo 115 de la Ley 3/2021 de 29 de julio.

Artículo 43. Efectos.

El presente Decreto produce efectos al día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Dado en Murcia, a 28 de julio de 2022. El Presidente, Fernando López Miras. La Consejera de Mujer, Igualdad, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco Sánchez.

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Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del contrato programa para 2021 entre la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, a través del Instituto Murciano de Acción Social

La Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos es una entidad de carácter público sin ánimo de lucro, constituida por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2002, como Fundación de carácter social, y con número 74 de inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Los Contratos Programa constituyen el instrumento adecuado de relación entre los entes creados por la Administración para cumplir, de forma eficiente, con unos objetivos acordes con su objeto social y los órganos (Consejerías) que tienen atribuido el control de aquéllos y el seguimiento del cumplimiento de esos objetivos. 
El Contrato Programa de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, a través del IMAS, con la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, tiene como misión hacer efectivos los objetivos que, en materia de ejercicio de la tutela y defensa judicial, se atribuye por la Autoridad Judicial a la Comunidad Autónoma de Murcia. 
Su estructura y composición reflejan las áreas operativas, líneas estratégicas y objetivos prioritarios identificados por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, a través del IMAS, estableciéndose también los plazos para alcanzar estos últimos y los indicadores para su evaluación.
El objeto fundamental de la Fundación es el ejercicio de las funciones tutelares judicialmente encomendadas. 
Actualmente la Entidad tiene los siguientes cargos tutelares:

- Tutelas: 544 personas 
- Curatelas: 69 personas 
- Tutelas de bienes: 4 personas
- Tutelas de la persona: 1 persona 
- Tutelas provisionales: 8 personas 
- Administración provisional: 2 personas 
- Defensas judiciales: 251 personas 
- Total: 879 cargos tutelares de los que 251 son defensas judiciales 

Estos cargos tutelares, con exclusión de las defensas judiciales se encuentran repartidos de la siguiente manera: 

- Residencias: 481 personas 
- Domicilios: 137 personas 
- Familias acogedoras: 10 personas

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Orden ISM/760/2022, de 2 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia  competitiva a universidades y otros centros académicos, para el fomento de la formación y la investigación en el ámbito del análisis de las políticas de inclusión.

El objeto de la presente orden es establecer las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, y conforme con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación de subvenciones a Universidades y otros centros académicos que impartan estudios oficiales de postgrado, para su distribución en forma de becas a estudiantes para la formación e investigación en el ámbito del análisis de las políticas de inclusión.

La concesión de dichas subvenciones obedece a razones de interés público vinculadas al objetivo de elevación del nivel académico general existente en las Universidades y otros centros académicos, al promover la realización de actividades científicas y el fomento de las investigaciones relacionadas con materias propias del ámbito competencial de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, así como el impulso general de la formación académica con especial énfasis en aquella que ostenta carácter práctico. 

Entidades beneficiarias:
Podrán ser entidades beneficiarias en relación con las subvenciones previstas en esta orden las Universidades con sede en el territorio nacional, así como los centros educativos que impartan estudios oficiales de postgrado con sede en el territorio nacional (en adelante, centros académicos).

Alumnado becario:
Las entidades beneficiarias previstas distribuirán las subvenciones otorgadas al amparo de la presente orden en forma de becas a los estudiantes que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar cursando, respecto de las titulaciones referidas en el párrafo segundo, el último año de estudios de Grado, Licenciatura o Ingeniería; o haber finalizado estudios de Grado, Licenciatura o Ingeniería en los últimos dos años previos a la convocatoria y continuar matriculado en algún programa formativo de la Universidad o centro académico; o estar matriculado en un programa oficial de máster o doctorado; o, habiendo obtenido el título de Máster o Doctor en los últimos dos años previos a la convocatoria, continuar matriculado en algún programa formativo de la Universidad o centro académico.

Las titulaciones requeridas para poder acceder a las becas serán las siguientes:

– Sociología.
– Economía.
– Administración y Dirección de Empresas.
– Matemáticas.
– Ingeniería en Informática.
– Derecho.
– Estadística.
– Ciencias de la Comunicación.
– Periodismo.
– Marketing.
– Ciencias Políticas/Ciencia Política y de la Administración.
– Filosofía, Economía y Políticas.
– Ciencias de la Educación.
– Educación Social.
– Trabajo Social.
– Psicología.
– Antropología.
– Relaciones internacionales.
– Y otras titulaciones análogas relacionadas con las funciones a realizar por el alumnado becario.

Cuantía y abono de las subvenciones. Pagos anticipados:
Las subvenciones reguladas en la presente orden serán percibidas directamente por las Universidades o centros académicos y se transformarán en becas para los participantes en los programas.

Entrada en vigor:

 Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

 

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Decreto número 163/2022, de 4 de agosto, por el que se nombra a doña María Josefa García Méndez como Directora General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.15 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno y 11.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Murcia, a propuesta de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión del día 4 de agosto de 2022,

Dispongo:

El nombramiento de doña María Josefa García Méndez, como Directora General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia.

El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 4 de agosto de 2022.—El Presidente, Fernando López Miras.— La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco Sánchez.

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Decreto número 161/2022, de 4 de agosto, por el que se cesa a doña María Lucía Hernández Martínez, como Directora General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.15 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno y 11.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Murcia, a propuesta de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión del día 4 de agosto de 2022,

Dispongo:

El cese de doña María Lucía Hernández Martínez, como Directora General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, agradeciéndole los servicios prestados.

El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 4 de agosto de 2022.—El Presidente, Fernando López Miras.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco Sánchez.

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Decreto número 160/2022, de 4 de agosto, por el que se cesa a doña María Josefa García Méndez, como Directora General de Mujer y Diversidad de Género de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.15 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno y 11.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Murcia, a propuesta de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión del día 4 de agosto de 2022,

Dispongo:

El cese de doña María Josefa García Méndez, como Directora General de Mujer y Diversidad de Género de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, por pase a otro destino.

El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.


Dado en Murcia, a 4 de agosto de 2022.—El Presidente, Fernando López Miras.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia,Isabel Franco Sánchez.

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La Comunidad convoca la oferta para concertar 283 plazas de centros de día y residencias de personas mayores.

El plazo que tienen las entidades para solicitar la concertación de plazas se inicia mañana y finaliza el 15 de septiembre

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia reforzará este año la inversión destinada a las personas mayores dependientes y reducir así la lista de espera existente para acceder a los servicios de atención residencial y centro de día. Hoy se ha publicado en el BORM el inicio del procedimiento para asignar 283 plazas para concertar estos servicios con las entidades debidamente acreditadas y autorizadas de la Región de Murcia.

El número de plazas residenciales de financiación pública que se oferta serán un total de 226, 206 asistidas y 20 psicogeriátricas. Estas plazas se sumarán a las 2.651 ya existentes mediante concierto social. A esta oferta de plazas residenciales se suma la de 57 plazas de centros de día para personas mayores, que se unen a las 1.173 ya existentes.

Las entidades, tanto asociaciones, como fundaciones o empresas que dispongan de plazas vacantes en residencias y centros de día de la Región, podrán presentarse a la convocatoria abierta y solicitar el número de plazas que deseen para poner a disposición de las personas que conforman las listas de espera del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

El plazo que tienen las entidades para solicitar la concertación de plazas se inicia mañana, día siguiente a la publicación de la resolución de inicio del procedimiento en el BORM, y finaliza el 15 de septiembre. La solicitud se debe realizar a través de la sede electrónica, utilizando el formulario del procedimiento cuyo código es 3053.

Tras la finalización del plazo de solicitudes se estudiarán las presentadas y se realizará la valoración conforme a lo establecido en el Decreto nº 10/2018, de 14 de febrero, que regula este procedimiento. Se adjudicarán las plazas mediante la oportuna resolución y se formalizarán los conciertos sociales correspondientes, en unos casos modificando los conciertos actuales para residencias que amplíen plazas, y en otros elaborando los conciertos iniciales, en el caso de residencia que no disponen todavía de plazas públicas.

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Resolución del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se determina la oferta inicial de plazas a concertar durante 2022 para su ocupación por personas usuarias de los servicios sociales especializados en el sector de personas mayores y se inicia el procedimiento para su asignación.

Resuelvo:
Determinar que las plazas a concertar inicialmente por el Instituto Murciano de Acción Social durante 2022, para su ocupación por personas usuarias de los servicios sociales especializados en el sector de personas mayores, ascienden a un total de 283 plazas, cuyo desglose por servicios y municipios se recoge en el Anexo adjunto a la presente Resolución. En caso de que surgieran nuevas necesidades se podrá realizar una oferta adicional.

La duración inicial de la concertación de plazas se extenderá desde la suscripción del concierto hasta el 30 de noviembre de 2024, pudiendo ser renovada por un periodo máximo de 4 años.

Asignación del número de plazas por municipios

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Resolución del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se determina la oferta inicial de plazas a concertar durante 2022 para su ocupación por personas usuarias de los servicios sociales especializados en el sector de personas mayores y se inicia el procedimiento para su asignación.

Resuelvo:
Determinar que las plazas a concertar inicialmente por el Instituto Murciano de Acción Social durante 2022, para su ocupación por personas usuarias de los servicios sociales especializados en el sector de personas mayores, ascienden a un total de 283 plazas, cuyo desglose por servicios y municipios se recoge en el Anexo adjunto a la presente Resolución. En caso de que surgieran nuevas necesidades se podrá realizar una oferta adicional.

La duración inicial de la concertación de plazas se extenderá desde la suscripción del concierto hasta el 30 de noviembre de 2024, pudiendo ser renovada por un periodo máximo de 4 años.

Asignación del número de plazas por municipios

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Acuerdos del Consejo de Gobierno de 04/08/2022

Desarrollo sostenible
Convenio con la Universidad de Murcia para crear la ‘Cátedra de desarrollo sostenible Agenda 2030’

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, ha aprobado un convenio marco de colaboración entre la Comunidad y la Universidad de Murcia para la creación de la ‘Cátedra de desarrollo sostenible Agenda 2030’.

El convenio tiene por objeto constituir esa nueva cátedra para establecer, dentro del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas, un espacio dedicado íntegramente a la investigación, la formación y la divulgación en materia de consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobada el 25 de septiembre 2015 en el que participen tanto la comunidad universitaria como profesionales del sector.

El objeto de la cátedra se proyecta sobre tres ámbitos principales, estrechamente relacionados, en torno a la idea de “desarrollo sostenible”: crecimiento económico, impacto social y sostenibilidad medioambiental.

La cátedra pretende servir de nexo entre la academia, instituciones y actores privados comprometidos con estos objetivos para avanzar en su consecución, a través de la realización de diagnósticos y de la formulación de propuestas, la difusión y la divulgación social y la formación de funcionarios y empleados públicos.

Ceses y nombramientos
Jorge Vilaplana, nuevo director general de Gobernanza Pública y Participación Ciudadana

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, el nombramiento de Jorge Vilaplana como nuevo director general de Gobernanza Pública y Participación Ciudadana, en sustitución de José Luis Martínez, cuyo cese también ha sido aprobado hoy.

Nacido en Cartagena, Jorge Vilaplana es politólogo, especializado en comunicación política e institucional, con experiencia en asesoría política y parlamentaria. Es graduado en Ciencias Políticas y Gestión y Administración Pública por la Universidad de Murcia y cuenta con doble titulación de master en Comunicación Política e Institucional y Marketing.

Asimismo, el Consejo de Gobierno también ha aprobado el cese de Lucía Hernández como directora general de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, puesto que pasará a desempeñar la hasta ahora directora general de Mujer y Diversidad de Género, María José García.

El Consejo también ha aprobado que la directora general de Familias y Protección del Menor, Silvia Muñoz, asuma junto a sus competencias, de manera provisional, las de Mujer y Diversidad de Género.

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Familia y menor | Servicios Sociales | Area tematica | Ayudas y Subvenciones | Legislación | Personas con Discapacidad | Personas mayores | Seccion | Voluntariado | Vivienda |

Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 29 de julio de 2022, por el que se aprueba la convocatoria de subvencione para la realización de proyectos de servicios sociales correspondiente al ejercicio 2022.

El texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/642045)

Beneficiarios:
Entidades sin ánimo de lucro con establecimiento en el municipio de Murcia, que recojan en sus fines estatutarios la realización de actividades dirigidas a alguno de los colectivos que son objeto de la convocatoria.

Finalidad:
La realización de proyectos o actividades de intervención en los siguientes sectores de población: Familia, Mayores, Personas con Discapacidad, Infancia y Adolescencia, Mujer, Población Inmigrante, Comunidad Gitana, Movimiento Asociativo y Voluntariado, y Otros Colectivos en situación o Riesgo de Exclusión Social, Prevención y Promoción de la Salud y cualquier otro sector de población que se encuadre dentro del ámbito de competencias de la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales.

Bases reguladoras:
Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones para Finalidades Culturales, Turísticas, Deportivas, Docentes, Juveniles, Sanitarias, Medio
Ambiente, de Cooperación, Participación Vecinal, Consumo, Servicios Sociales y otras del Ayuntamiento de Murcia (BORM 108 12/05/2004).

Plazo de presentación de solicitudes:

 El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día siguiente de la publicación del presente extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia hasta el 16 de septiembre de 2022. 

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Servicios Sociales | Area tematica | Ayudas y Subvenciones | Legislación | Seccion |

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 29 de julio de 2022, por el que se modifica el apartado 8.2 de las normas de la convocatoria de proyectos de ayuda humanitaria, ejercicio 2022, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de 20 de mayo de 2022.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 29 de julio de 2022, queda modificado el artículo 8.2 de la normativa reguladora de subvención a
proyectos de Ayuda Humanitaria del año 2022, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20 de mayo de 2022 que decía: “Los plazos para la presentación de proyectos, serán hasta el 15 de junio, 10 de septiembre y 15 de octubre, siempre a contar desde la publicación del anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Siendo la nueva redacción la siguiente:
“Los plazos para la presentación de proyectos serán:
1.er Plazo hasta el 15 de junio (1.º procedimiento) a contar desde la publicación del anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
2.º Plazo desde el 22 de agosto hasta el 10 de septiembre (2.º procedimiento).
3.er Plazo desde el 30 de septiembre hasta el 15 de octubre (3.º procedimiento).

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Bases generales reguladoras de la provisión de plazas, mediante estabilización, incluidas en la oferta extraordinaria de empleo público de 2021.

“Bases de selección para estabilización de empleo temporal derivado de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, incluidas en la Oferta Extraordinaria de Empleo Público de 2021 del Ayuntamiento de Mazarrón”.

Objeto:

1.- Es objeto de las presentes bases, establecer los criterios comunes para cubrir las plazas, correspondientes a la Oferta Extraordinaria de Empleo Público 2021, para la estabilización de empleo laboral temporal. (BORM Número 21 Jueves, 27 de enero de 2022 y BORM Número 58 de 11 de marzo de 2022).

Sistema de selección:

El sistema de selección será el de concurso de méritos, con arreglo al acuerdo de aprobación de la Oferta de empleo público, referenciada en la base anterior.

Publicación de las convocatorias:
Las especificidades de cada proceso selectivo, serán objeto de regulación en las Bases Específicas, que se aprobarán por el órgano competente para regir cada convocatoria, previa negociación colectiva. Las presentes Bases Generales y las Bases Específicas se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia; un extracto de las bases específicas se publicará mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Las sucesivas publicaciones se efectuarán en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mazarrón, https://sede.mazarron.es/

Las presentes bases generales serán de aplicación a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

 

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La Comunidad y Jesús Abandonado destinarán 443.000 euros para el albergue de esta entidad.

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia y la Fundación Patronato firmarán un convenio que recogerá esta subvención

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia firmará un convenio con la Fundación Patronato Jesús Abandonado que regulará los compromisos y condiciones de una subvención destinada al mantenimiento del albergue para personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social de esta asociación.

El importe de la subvención asciende a 443.295 euros, de los que la aportación de la Comunidad, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), será de 255.500 euros y el resto los aportará la Fundación.

Entre las acciones que el albergue podrá financiar con esta ayuda se encuentran el recibimiento e incorporación de la persona al centro, con una entrevista inicial, información y un plan individual.

Además, se incluye el acceso del usuario a los distintos talleres, recursos, proyectos y acciones recogidas en el plan individual, y la participación en los talleres de recuperación personal y autonomía (habilidades sociales, autoestima, juegos dirigidos, informática, alfabetización, teatro, cocina, cine fórum, visitas culturales).

Asimismo, se realizará también la revisión y seguimiento de la evolución en reuniones personales, reuniones periódicas de coordinación con responsables técnicos de otros ámbitos de la Fundación, y reuniones periódicas entre los miembros del Equipo Técnico.

Las personas usuarias de este albergue deben cumplir una serie de requisitos como encontrarse en una situación de sin hogarismo o exclusión social, tener entre 18 y 65 años de edad, carecer de una red social estable y activa, y encontrarse en una situación de inestabilidad y/o desafiliación social, así como presentar determinadas realidades que requieren de un recurso de alojamiento y una intervención estable.

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Resolución de 14 de julio de 2022, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el Convenio con la Confederación Salud Mental España, para la realización del proyecto «Genera futuro».

Objeto:
El presente convenio tiene por objeto la colaboración entre el Real Patronato sobre Discapacidad y la Confederación Salud Mental España para la realización del Proyecto Genera Futuro, se realizará en Madrid a lo largo del año 2022.

Título del Proyecto: «Genera Futuro»
Descripción: La presente propuesta tiene como objetivo el fomento de la empleabilidad e igualdad de oportunidades de la mujer con problemas de salud mental garantizando sus derechos básicos, puesto que se enfrenta a una discriminación múltiple por las variables que interseccionan: Género, salud mental, ubicación geográfica, etc., por lo que puede suponer un riesgo mayor de exclusión, que pretendemos abordar en búsqueda de soluciones conjuntas e integrales.

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Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 23 de junio de 2022, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial de los créditos destinados al Programa de cooperación territorial de financiación de libros de texto y materiales didácticos, los criterios objetivos que sirven de base para la distribución territorial del crédito, así como la distribución resultante a las Comunidades Autónomas, en el año 2022.

Acuerdo de 23 de junio de 2022, de la Conferencia Sectorial de Educación, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa de financiación de libros de texto y materiales didácticos en el ejercicio presupuestario 2022.

Este programa tiene por objeto el establecimiento de los mecanismos de cooperación necesarios entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Comunidades Autónomas con el fin de colaborar con las familias mediante ayudas para la financiación de libros de texto y materiales didácticos tratando de favorecer los principios de equidad e igualdad para compensar las situaciones socioeconómicas más desfavorables, al objeto de contribuir a que el sistema educativo garantice la equidad en la educación y la igualdad de derechos y oportunidades.

El total de las ayudas para la adquisición de libros de texto y materiales didácticos asciende a la cantidad de 58.559.610,00 euros.

El criterio de distribución entre Comunidades Autónomas es el resultado del producto de dos variables: 

- Tasa del riesgo de pobreza por comunidad autónoma extraída de la Encuesta de condiciones de vida 2020, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.
- Número de alumnos y alumnas matriculados en Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria, en cada Comunidad Autónoma, según los datos consolidados del curso 2019-2020 publicados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

La aplicación de los criterios citados da como resultado la distribución que se refleja en la siguiente tabla:

Distribución de créditos por Comunidades Autónomas

El crédito se destinará a la adquisición hasta el 31 de diciembre de 2023 de libros de texto y materiales didácticos de los cursos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria para alumnado de centros sostenidos con fondos públicos.

 

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Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 23 de junio de 2022, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial de los créditos destinados al Programa de cooperación territorial de financiación de libros de texto y materiales didácticos, los criterios objetivos que sirven de base para la distribución territorial del crédito, así como la distribución resultante a las Comunidades Autónomas, en el año 2022.

Acuerdo de 23 de junio de 2022, de la Conferencia Sectorial de Educación, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa de financiación de libros de texto y materiales didácticos en el ejercicio presupuestario 2022.

Este programa tiene por objeto el establecimiento de los mecanismos de cooperación necesarios entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Comunidades Autónomas con el fin de colaborar con las familias mediante ayudas para la financiación de libros de texto y materiales didácticos tratando de favorecer los principios de equidad e igualdad para compensar las situaciones socioeconómicas más desfavorables, al objeto de contribuir a que el sistema educativo garantice la equidad en la educación y la igualdad de derechos y oportunidades.

El total de las ayudas para la adquisición de libros de texto y materiales didácticos asciende a la cantidad de 58.559.610,00 euros.

El criterio de distribución entre Comunidades Autónomas es el resultado del producto de dos variables: 

- Tasa del riesgo de pobreza por comunidad autónoma extraída de la Encuesta de condiciones de vida 2020, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.
- Número de alumnos y alumnas matriculados en Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria, en cada Comunidad Autónoma, según los datos consolidados del curso 2019-2020 publicados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

La aplicación de los criterios citados da como resultado la distribución que se refleja en la siguiente tabla:

Distribución de créditos por Comunidades Autónomas

El crédito se destinará a la adquisición hasta el 31 de diciembre de 2023 de libros de texto y materiales didácticos de los cursos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria para alumnado de centros sostenidos con fondos públicos.

 

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Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 23 de junio de 2022, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial de los créditos destinados al Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (programa PROA+), en el ejercicio presupuestario 2022, en el marco del componente 21 «Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años» del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Acuerdo de 23 de junio de 2022 de la Conferencia Sectorial de Educación por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (programa PROA+), en el ejercicio presupuestario 2022, en el marco del componente 21 «Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años» del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Aprobar la distribución del importe de 118.184.140,00 euros.

Aprobar la aportación de los fondos en función de los siguientes criterios:

– Nivel de estudios de la población de 25-64 años, en cada Comunidad Autónoma
– Tasa de idoneidad (complementario) a los 15 años, en cada Comunidad Autónoma
– Dispersión de la población e insularidad, según las cifras oficiales de población de los municipios españoles

Aprobar que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, gestionen los fondos que les correspondan para implementar las actuaciones de este programa, de acuerdo con la siguiente distribución:

Distribución de créditos por Comunidades Autónomas

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