Trabajo y Economía Social
SUBIDA DEL SMI 2025
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Real Decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2025. Esta retribución básica se sitúa, con la subida aprobada, en 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Supone, por tanto, una percepción de 700 euros anuales más que la establecida en la cuantía anterior.
La subida es fruto del acuerdo con las organizaciones sindicales mayoritarias, CCOO y UGT, tras haberla abordado en la Mesa de Diálogo Social Específica. Toma como referencia la propuesta más alta presentada en el informe de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI.
Además, es el resultado de tomar en consideración de forma conjunta todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores y se ha tenido en cuenta que el Salario Mínimo Interprofesional cumple con una función concreta prevista en el artículo 35 de la Constitución Española, esto es, garantizar una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades de los trabajadores y las de sus familias.
Incidencia de la medida
Unos 2,4 millones de personas trabajadoras se benefician, de manera directa, del incremento de la cuantía. El 65,8% (1.579.000) del total son mujeres.
El 26,8% de los y las perceptoras son personas jóvenes, de entre 16 y 24 años.
Por sectores, el 31% de las personas beneficiarias pertenecen al sector agrícola, 14,3% a los Servicios, 5,9% a la Industria y 3,4% a la Construcción.
Cuantías específicas
Las cuantías que tendrá el SMI en el año 2025 a partir del 1 de enero serán las siguientes:
SMI fijos:
SMI diario: 39,47 euros.
SMI mensual: 1.184 euros.
SMI anual: 16.576 euros.
SMI para eventuales y temporeros, por jornada legal en la actividad: 56,08 euros.
SMI empleados de hogar, por hora efectivamente trabajada: 9,26 euros.
Evolución del SMI
Desde la entrada de España en la Unión Económica y Monetaria, se pueden distinguir distintas etapas en relación con la evolución del SMI.
La primera, comprende desde 1998 hasta junio de 2004, con aumentos del SMI en torno al 2% anual y salarios mensuales inferiores a 500 euros. La segunda, desde junio de 2004 hasta 2009, donde el SMI se situaba en niveles cercanos a 600 euros, pero con incrementos anuales en torno al 5%. Durante la tercera etapa, entre los años 2010 y 2016, el SMI es inferior a 700 euros, y se produce un estancamiento de las variaciones anuales, no superando el 1,5% de subida, e incluso con un aumento nulo en los años 2012 y 2014, en el contexto de la crisis económica iniciada en 2008.
En 2017 el SMI incrementa un 8%, después de 5 años con subidas muy moderadas. Esta última etapa, que comprende de 2017 al 2024, ha supuesto los mayores aumentos del SMI, alcanzando la mayor subida en 2019 (un 22,3% interanual), que implicó que el SMI mensual pasara de 735,90 euros a 900 euros. En el año 2024, el SMI ha alcanzado la cifra de 1.134 euros, lo que supone una variación anual del 8%.
Desde el año 2018 hasta el 2024 se produjo un incremento bruto de 398,1 euros, es decir, una subida del 54,1%.
Desde 2018 hasta 2025, incorporando la subida actual, el SMI ha experimentado un incremento del 61% mientras que la inflación ha subido el 23%. El salario mínimo en nuestro país ha ganado, por tanto, un 38% de poder adquisitivo.
Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2025 (BOE número 37 de 12/02/2025)
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Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN LA CIENCIA
El Consejo de Ministros ha acordado aprobar la declaración institucional con motivo del Día Internacional de las mujeres y las niñas en la Ciencia.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, en 2015, el 11 de febrero como Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. El objetivo fue el de reconocer el papel clave que las mujeres desempeñan en la comunidad científica y la tecnología, de destacar la necesidad de adoptar iniciativas que conduzcan a la eliminación de las brechas de género en este ámbito y de promover el empoderamiento y la participación plena y efectiva de las mujeres y las niñas en la ciencia, la tecnología y la innovación.
El texto de la declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros es el siguiente:
"España continúa avanzando en materia de igualdad y en la actualidad se sitúa en el cuarto lugar en el Índice Europeo de Igualdad de Género. En el ámbito de la educación y la formación podemos encontrar ejemplos de este progreso. En la actualidad, las mujeres suponen el 57% del alumnado universitario. Respecto a la presencia y participación de las mujeres en el sistema de investigación, tecnología e innovación, el porcentaje de investigadoras sigue aumentando y representan ya el 42,1% del personal investigador en España. Además, en las patentes presentadas en España el porcentaje de mujeres inventoras ha sido del 25,5%, haciendo que en el 63,5% de las patentes presentadas figure al menos una mujer inventora.
Sin embargo, a pesar de estos significativos logros en la educación y en la ciencia, quedan todavía importantes brechas de género por abordar, especialmente en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería, las Artes, las Matemáticas (STEAM), por sus siglas en inglés) y en la eliminación de cualquier forma de discriminación en la capacitación, el empleo y en los procesos de toma de decisiones en la ciencia. Los datos estadísticos del último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) así lo muestran. En España, el 57% de las personas que acceden por primera vez a la educación terciaria son mujeres y, entre ellas, las que optan por estudios en educación y en salud y bienestar representan un 16% y un 23% respectivamente. Sin embargo, el porcentaje de mujeres que elige carreras STEAM se sitúa por debajo de las medias estadísticas de la OCDE y Unión Europea, ascendiendo a un 13%.
Antes de alcanzar la etapa universitaria, ya se observa una desigual presencia de mujeres en el Bachillerato de Ciencias (48,1%), pese a que las chicas representan el 53,7% del alumnado total, según datos del curso 2022-2023. Este fenómeno también se observa en los estudios de Formación Profesional, con una presencia baja de mujeres en disciplinas tecnológicas y científicas. Por ejemplo, en las titulaciones de la familia de Informática y Comunicaciones, las chicas suponen el 17,1% en Grado Básico, 8,5% del alumnado de Grado Medio y el 14,9% de Grado Superior.
Asimismo, según el Informe Científicas en Cifras 2023, del Ministerio de Ciencia e Innovación, el número de investigadoras en España ha descendido más de seis puntos en el área de ingeniería y tecnología entre 2016 y 2021. Este descenso también se registra en Ciencias exactas y naturales, aunque menos acusado, siendo de más de dos puntos en el mismo periodo.
Para frenar esta caída es necesario contar con más referentes femeninos en estas carreras, así como en los libros de texto y materiales educativos usados en las etapas de primaria y secundaria. Es preciso eliminar los prejuicios y estereotipos de género que persisten en el ámbito de la investigación para superar las barreras y sesgos de género que dificultan el acceso y progreso en la carrera investigadora. Basta recordar, a modo de ejemplo, que, desde la creación de los Premios Nobel en el año 1901 hasta la actualidad, en las categorías científicas, tan solo cinco mujeres han sido galardonadas en física, ocho en química y catorce en medicina. En la última edición celebrada en 2024, la surcoreana Han Kang ha logrado el Premio Nobel de Literatura, siendo la única mujer galardonada y continuando así la predominancia histórica masculina en los premios un año más. En concreto, las mujeres representan únicamente el 6% de todas las personalidades premiadas en la historia de los Nobel.
En los Premios Princesa de Asturias, solo han sido 12 las mujeres laureadas en investigación científica y técnica, de las 355 personas premiadas hasta el momento (lo que representa un porcentaje inferior al 4%).
En la carrera investigadora persiste el denominado "efecto tijera", por el que siguen siendo una minoría las mujeres que alcanzan puestos de responsabilidad y liderazgo científico (un 26,8% de catedráticas en la universidad, según el estudio Brecha salarial de género en las universidades públicas españolas, y un 26,9% de profesoras de investigación en el CSIC, según el Informe Mujeres Investigadoras 2024).
Por tanto, destaca como prioridad de primer orden combatir las brechas de género en todos los ámbitos de la ciencia y la innovación. Para lograrlo, el Gobierno trabaja en tres retos: atraer a más niñas y jóvenes a los ámbitos STEAM donde todavía son minoría en las aulas, trabajando además contra la pobreza infantil dado que es una de las principales barreras para el desarrollo académico de las niñas; mejorar las condiciones laborales de las mujeres investigadoras, retener el talento y apoyar el liderazgo de las mujeres que investigan e innovan; y asegurar una ciencia y una innovación inclusivas, que tengan en cuenta las necesidades, características y circunstancias de mujeres y hombres por igual, incluyendo la perspectiva de género en la investigación científica y en la transferencia del conocimiento.
Ante estos tres desafíos, el Gobierno ha desplegado ya importantes líneas de actuación, reflejadas en el Acuerdo del Programa de Gobierno de España para la XV Legislatura y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y alineadas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y con las políticas europeas plasmadas en la Estrategia Europea de Igualdad de Género 2020- 2025, así como la Garantía Infantil Europea.
En el plano internacional, España participa de manera continuada en la integración de la perspectiva de género en los principales instrumentos de las Unión Europea en materia de ciencia e innovación, como el nuevo Programa Marco Horizonte Europa o el nuevo Espacio Europeo de Investigación, y a través de su representación en el Standing Working Group Gender, Research and Innovation.
En el plano estatal, la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027 promueven la incorporación de la perspectiva de género como una categoría transversal para garantizar la aplicación del principio de igualdad real entre mujeres y hombres en la I+D+I. Asimismo, el III Plan Estratégico para la igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025 recoge la agenda política en materia de igualdad y contempla como estrategias su compromiso con la ciencia, fomentando la presencia de mujeres en áreas científico-tecnológicas, y la erradicación de las desigualdades de género que persisten en el ámbito de la investigación.
En esta línea, cabe destacar el impulso a redes de mujeres profesionales en áreas científico-tecnológicas, así como la promoción de la representación paritaria de hombres y mujeres en los equipos y proyectos de investigación y la implementación de medidas de conciliación, las medidas de promoción de la igualdad entre la población infantil y adolescente y el empoderamiento de las niñas, las medidas de apoyo al desarrollo de investigaciones científicas con perspectiva de género y la producción de datos son fundamentales para diseñar políticas públicas inclusivas que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres en este ámbito.
Por todo ello, el Gobierno, reafirma su pleno compromiso de trabajar por una ciencia para la vida de todas, avanzando hacia la participación plena y equitativa de las mujeres en los ámbitos de la ciencia y la innovación".
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Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
REFORMA DE LAS LEYES DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD
El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley por la que se modifican el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Los cambios normativos buscan garantizar mayores derechos para las personas con dependencia o con discapacidad y amplían el catálogo de servicios a los que pueden optar.
Reforma de la Ley de dependencia
En cuanto al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el nuevo texto va a suprimir el régimen de incompatibilidades en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para permitir una mayor personalización en la atención a cada persona, así como también eliminará el plazo suspensivo máximo de dos años que hay en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, en España hay casi 2 millones de personas que requieren atención por parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y en 2024 se destinaron 783 millones de euros a las comunidades autónomas para la financiación del SAAD.
Por ello, el nuevo texto de la Ley de Dependencia va a ampliar y reorganizar los servicios ofrecidos para centrarlos en la persona en lugar de ofrecerlos según un modelo asistencialista desarrollado en grandes residencias. Al mismo tiempo, la reforma incorpora nuevos servicios orientados a este fin, como la extensión del servicio de ayuda a domicilio a actuaciones en el entorno comunitario que van más allá de las necesidades de cuidado personal y domésticas. Así mismo, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, permitiendo que se reconozca también cuando el cuidado lo presten personas allegadas, respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otras convivencias.
En esta misma línea, el anteproyecto de ley reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia que residan en su domicilio. A partir de la aprobación de la reforma, todas estas personas podrán reclamar la teleasistencia y los gobiernos autonómicos estarán obligados a ofrecer este servicio más allá del límite presupuestario en cada territorio. Además, la reforma elimina la restricción que limitaba la asistencia personal a los ámbitos de educación y trabajo para permitir orientarlo a cualquier edad y a todas las áreas de la vida de la persona.
Por otra parte, el anteproyecto de ley incluye tres nuevos servicios en el catálogo. En primer lugar, ofrece servicio de cuidados y apoyos en vivienda, ya sean viviendas donde convivan solo unas pocas personas o viviendas dentro de equipamientos colectivos como puede ser el modelo de vivienda colaborativa conocido como "cohousing". En segundo lugar, se estipula un servicio de provisión de productos de apoyo para facilitar el acceso, mediante préstamo o cesión temporal, a productos que mejoren la autonomía. Y, en tercer lugar, se incluye un servicio de asistencia personal que proporciona apoyos y cuidados personalizados a través de asistentes personales, siguiendo un plan de actividades ajustado a la voluntad y preferencias que tenga cada persona, especialmente para aquellas que tienen mayores necesidades de apoyo.
A esta ampliación de servicios, la reforma suma más derechos en materia de dependencia.Por ejemplo, se contempla que sea la persona dependiente quien tenga derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y que pueda garantizar su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.
Otro derecho importante que recoge el anteproyecto es el de las personas en situación de dependencia a recibir una atención sanitaria sea cual sea el lugar de residencia. La reforma obligará a las comunidades autónomas a implementar procedimientos de coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, con el objetivo de proporcionar una atención integral que combine ambas áreas. La reforma legislativa aborda, además, la situación de las personas cuidadoras no profesionales, incluyendo un derecho para que puedan recibir apoyos, asesoramiento, seguimiento y formación para su bienestar físico y emocional; así como para obtener información accesible sobre las prestaciones y la calidad de los servicios, y para disponer de medidas para la conciliación de su vida personal, familiar y laboral.
Reforma de la Ley de discapacidad
En relación con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el anteproyecto de ley aprobado se presenta como un desarrollo normativo del nuevo Artículo 49 de la Constitución Española. La reforma cambiará la Ley de Discapacidad para el reconocimiento de derechos fundamentales como la accesibilidad universal. Esto se concreta en que la ley estipulará este derecho como reivindicable ante cualquier instancia, de forma que se puede exigir la accesibilidad en edificios o en servicios que sean públicos. Para ello, se creará un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como la instalación de rampas para sillas de ruedas o la creación de QR para audiodescripciones.
En lo referente al ámbito privado, el anteproyecto incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para obligar también a las comunidades de vecinos de cada edificio a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. Por otra parte, el nuevo texto facilitará los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de vecinos para llevar a cabo la reforma que se precise.
Otro derecho fundamental que garantiza el anteproyecto está relacionado con los seguros de salud o de vida, prohibiendo a las compañías asegurados a discriminar a personas con discapacidad que quieran contratar un seguro. Por otro lado, se simplificarán algunos trámites administrativos para poder acelerar los procedimientos. En este sentido, se va a establecer una pasarela directa para que las personas a las que se le concede cualquier grado de dependencia sean reconocidas con una discapacidad del 33%.
La reforma contempla también importantes medidas referentes a la tecnología, estableciendo una supervisión del desarrollo de la inteligencia artificial y otras tecnologías para eliminar sesgos discriminatorios que puedan afectar a las personas con discapacidad. La tecnología también se observa como una oportunidad dentro de la norma, por lo que se designará a las personas con discapacidad como grupo social de interés preferente para el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y se fomentarán los usos positivos de las nuevas tecnologías y la generación de conocimiento en torno a la ciencia y la tecnología enfocada a personas con discapacidad.
Por último, el anteproyecto hace una mención específica a la situación de las mujeres discapacidad, incidiendo en la importancia de busca garantizar su salud sexual y reproductiva. Así mismo, se alude a los niños y a las niñas con discapacidad, poniendo el foco en el fomento del desarrollo infantil a través de los servicios de atención temprana.
