Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
El Consejo de Ministros ha aprobado la siguiente declaración institucional:
"El Gobierno de España cree en una sociedad libre en la que las personas sean iguales en derechos, deberes y oportunidades. Y para lograrla se reafirma en su posición rotunda y activa contra el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la afrofobia, el antisemitismo, la islamofobia y cualquier forma de discriminación basada en el lugar de procedencia, o el color de la piel u otras características personales.
Estas manifestaciones son un mal que envenena nuestra convivencia y destruye nuestra capacidad de construir una sociedad mejor y más cohesionada. De ahí que en el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, conmemoración impulsada por Naciones Unidas desde 1966 en memoria de las 69 víctimas asesinadas por la policía en una acción pacífica en Sharpeville (Sudáfrica) contra el Apartheid, el Gobierno se reafirme en la lucha contra la discriminación racial o étnica, y contra el racismo estructural, que incluye la identificación y la especial atención a las manifestaciones de discriminación interseccional, como líneas prioritarias tanto en su política interior como exterior.
Este Gobierno, ha destacado por promover los valores de la igualdad, la tolerancia, el respeto y la convivencia en paz.
Ser antirracistas nos obliga a no ser indiferentes contra la injusticia y a actuar decididamente contra quienes atacan los derechos humanos y la diversidad. A ser firmes a la hora de defender el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, y a la igualdad real y efectiva de todas las personas que conviven en nuestra sociedad, tal y como expresa nuestro texto constitucional en sus artículos 9.2 y 14.
Dicha defensa implica el compromiso inquebrantable con la protección de las víctimas y de las personas vulnerables frente a la discriminación racial, y pone en valor la labor de todas las personas y entidades de la sociedad civil, incluyendo a las asociaciones de personas racializadas, migrantes y organizaciones de defensa de los derechos humanos que trabajan, junto con el Gobierno para acabar con el racismo, en la búsqueda de una sociedad en la que ninguno de sus miembros pueda verse discriminado por el color de su piel, su origen racial o étnico o su lugar de procedencia, porque, en suma, una sociedad en la que no se discrimina a su ciudadanía es una sociedad mejor y más democrática.
España lleva años avanzando en la lucha contra los delitos e incidentes relacionados con el odio y la discriminación. Tanto las actuaciones especializadas de la Fiscalía General del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como el camino recorrido por el Acuerdo para cooperar institucionalmente contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia, han sido pasos importantes.
La aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, ha supuesto un hito, y su aplicación y desarrollo constituyen sin duda un nuevo horizonte en el avance en la protección del derecho a la igualdad al profundizar en el desarrollo del derecho antidiscriminatorio en nuestro ordenamiento jurídico.
Asimismo, constituye otro hito la aprobación por el Consejo de Ministros, el 4 de julio de 2023, del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el racismo y la xenofobia, 2023-2027, como una herramienta dirigida a inspirar las políticas públicas de las administraciones estatal, autonómica y local, así como las acciones de las organizaciones de la sociedad civil y de otros actores que participen en la lucha contra el racismo y la xenofobia.
El incremento de los medios humanos y presupuestarios del servicio de atención a víctimas del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), la creación del teléfono 021 para la atención a víctimas de discriminación racial o étnica, y la realización de la primera campaña contra el racismo en horario de máxima audiencia en televisión, así como la monitorización diaria y el análisis sistemático del discurso de odio en línea racista, xenófobo, antigitano, antisemita e islamófobo llevada a cabo por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones constituyen otros claros ejemplos de compromiso con la lucha contra el racismo de este Gobierno.
Sin embargo, el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia continúan estando presentes a nivel global, lo que supone que quedan importantes desafíos que afrontar, especialmente en un contexto internacional, europeo y nacional en el que es preciso alzar una voz clara y activa contra el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la afrofobia, el antisemitismo y la islamofobia.
En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a la puesta en marcha próximamente de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, a fin de velar por el 3 cumplimiento de la normativa de igualdad de trato, de realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad, y de solicitar la actuación de las administraciones competentes para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa.
Además, en su compromiso con la prevención y la erradicación del racismo y toda forma de discriminación, el Ministerio de Igualdad promoverá un gran acuerdo para combatir los discursos de odio que estigmatizan, culpan y señalan, representando un desafío para la convivencia social, y para el que espera contar con un gran consenso social y político.
Asimismo, el Gobierno impulsará el fortalecimiento de los marcos normativos orientados a la eliminación del racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, mejorando los sistemas de recogida de los datos necesarios para prevenir y combatir el racismo, así como la puesta en marcha de nuevas medidas para mejorar la respuesta institucional frente a la discriminación.
En definitiva, con esta declaración, el Gobierno de España pone de relieve que la ejecución de las políticas públicas destinadas a la eliminación del racismo estructural y la discriminación racial, y la construcción de una sociedad cada día más equitativa e inclusiva, son acciones prioritarias en su agenda de actuación, y condena todas aquellas actitudes y manifestaciones que ponen en cuestión las múltiples aportaciones positivas que la diversidad étnica brinda a nuestra sociedad".
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Vivienda y Agenda Urbana
CRITERIOS DE REPARTO A LAS CCAA PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de 430 millones de euros entre las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobados por unanimidad en la pasada Conferencia Sectorial.
MIVAU ha condicionado la entrega de estos pagos a 31 de diciembre de 2024, para dar más tiempo y facilidad a las CCAA. Y se ha ampliado el plazo para presentar y firmar la construcción de nuevas viviendas, que corresponden al Programa 6: "Construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
Fondos europeos
Tras cuatro años de gestión, el Componente 2, Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana, dotado con más de 5.520 millones de euros, ya lo están disfrutando los ciudadanos y ciudadanas de este país. 3.420 millones de euros destinados al Programa 1 de Rehabilitación y que se traducen en: 2.970 millones de euros para Rehabilitación efectiva y 450 millones de euros en Deducciones fiscales.
- 1.000 millones de euros destinados al Programa 6 de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
- 1.080 millones de euros para el Plan de Rehabilitación de Edificios Públicos.
- 20 millones para la Agenda Urbana.
- Y, por último, 4.000 millones de préstamos para promotores, que se pondrán en marcha en las próximas semanas.
Los 430 millones de euros, cuyo reparto se autoriza, corresponden al "Programa de Rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales", que está dotado de 3.420 millones de euros, para conseguir 160.000 actuaciones este año y 410.000 hasta junio de 2026. Estos fondos están destinados a cambios, por ejemplo, de ventanas en una vivienda particular, digitalización, instalación de placas solares y fotovoltaicas, aerotermia o mejoras de zonas verdes.
Criterios de reparto
A su vez, MIVAU ha establecido dos criterios a cumplir a 31 de diciembre de 2024 para poder transferir los fondos:
- Que el número de resoluciones realizadas por la CCAA o ciudad autónoma supere el 75% del objetivo previsto.
- Que el número de solicitudes supere el 75%, pero tendrá que acreditarse que las ya resueltas o ejecutadas superan el 50% del citado objetivo.
Por tanto, a partir del 1 de enero de 2025, todas las cantidades correspondientes a las anualidades 2022 y 2023 que no hayan sido transferidas (por no haber cumplido los requisitos establecidos), se distribuirán nuevamente entre las Comunidades y ciudades autónomas que hayan cumplido.
El acuerdo autorizado por el Consejo de Ministros será llevado el próximo jueves a la Conferencia Sectorial, que ya lo aprobó el pasado enero, por unanimidad.
La cuantía de 430 millones de euros, consignada en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, incorporada a la anualidad 2024, se distribuirá en proporción al número de hogares de la Encuesta Continua de Hogares (INE) del año 2020, según queda recogido en la siguiente tabla:
