Acuerdos del Consejo de Ministros de 25/11/2025
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1999 el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El objetivo fue sensibilizar a toda la sociedad respecto de la violencia que sufren las mujeres y fomentar la toma de conciencia sobre la gravedad de este delito en todo el mundo. Asimismo, se invita a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, especialmente al movimiento feminista, a sumarse a esta tarea de concienciación y sensibilización. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Consejo de Ministros ha aprobado la siguiente declaración institucional:
"Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, el Gobierno de España manifiesta su más absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista, una violencia estructural que constituye la expresión más cruel de la desigualdad y de las relaciones de poder históricas de los hombres sobre las mujeres. El Gobierno reitera su compromiso firme e inequívoco con la consecución de una sociedad igualitaria, libre de toda violencia contra las mujeres y las niñas.
La violencia contra las mujeres vulnera derechos fundamentales (a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad) y afecta también a la infancia. Es una violación de derechos humanos que limita el desarrollo de la autonomía y la libertad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Su manifestación se ve condicionada por múltiples factores de discriminación que pueden concurrir en una misma persona -entre otros, la edad, la discapacidad, su condición de mujer migrante o refugiada, la situación socioeconómica, o la orientación sexual- lo que exige la incorporación de un enfoque interseccional que garantice la adecuada atención a todas las víctimas, incluidas las mujeres víctimas de violencia de género que residen en el exterior. Por todo ello, se requiere una respuesta integral, sostenida y coordinada desde todas las instituciones públicas.
Este año 2025, en el que conmemoramos los 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea y los 50 años de España en Libertad, recordamos las iniciativas y medidas en materia de eliminación de la violencia contra las mujeres adoptadas por España, que hacen que nuestro país sea hoy referente en la Unión Europea y a nivel internacional en este ámbito.
Durante este año, España ha seguido avanzando y fortaleciendo su marco legislativo y las políticas públicas para la erradicación de las violencias machistas. El principal hito a destacar de este año es la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, adoptado por una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados el 26 de febrero de 2025. Este nuevo Pacto, con una vigencia de cinco años y una dotación presupuestaria de 1.500 millones de euros para dicho periodo, amplía y actualiza las medidas de 2017, de 290 a 461 actuaciones concretas, y reconoce la existencia de formas de violencia contra las mujeres específicas, como la económica, la digital, la vicaria o la trata con fines de explotación sexual. Se refuerza la formación de las personas profesionales implicadas, la atención a colectivos vulnerables y a las niñas, niños y adolescentes víctimas y la persecución de delitos como creación o difusión de situaciones de contenido sexual manipuladas digitalmente (los denominados deepfakes).
Se trata de una hoja de ruta renovada que refuerza y consolida el compromiso del Estado y de todos los agentes implicados con la igualdad y la erradicación de todas las violencias machistas. En definitiva, refleja la voluntad institucional de poner todos los recursos del Estado al servicio de la libertad y la dignidad de las mujeres.
A nivel legislativo, este año 2025 se iniciaba con la nueva Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que lleva a cabo una importante reforma organizativa del servicio público de justicia con la creación de los Tribunales de Instancia, que profundiza en la especialización de los órganos judiciales. En este sentido, las Secciones de Violencia sobre la Mujer conocerán, en consonancia con el Convenio de Estambul, de los delitos contra la libertad sexual, así como del delito de trata con fines de explotación sexual, además de los delitos de violencia de género de los que ya venían conociendo.
Esta ley orgánica también refuerza la presencia telemática en el proceso penal de las víctimas de violencia sobre la mujer, que podrán intervenir en este desde los lugares donde se encuentren recibiendo oficialmente asistencia, atención, asesoramiento o protección.
Con la finalidad de acomodar la planta judicial a esta nueva distribución de competencias por Real Decreto 422/2025, de 3 de junio, por el que se dotan nuevas plazas en Secciones de Violencia sobre la Mujer, se crean Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, y se amplía y modifica la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, se dotó a la planta judicial española de cincuenta nuevas plazas en Secciones de violencia sobre la mujer así como de 42 plazas de fiscales especializados.
Durante el año 2025, se han intensificado los esfuerzos para avanzar en la plena implementación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. En particular, el artículo 35.1.a) de dicha ley orgánica reconoce el derecho de las víctimas de violencia sexual a recibir asistencia integral, especializada y accesible. En este marco, se ha consolidado una red nacional de atención con la puesta en funcionamiento de 59 centros de atención integral 24 horas, distribuidos por todo el territorio español. Estos centros representan un recurso esencial para garantizar una respuesta coordinada, continua y especializada, ofreciendo acompañamiento, atención psicológica, jurídica y social a las víctimas, en condiciones de accesibilidad y calidad.
A nivel normativo, han sido reseñables los avances en el impulso de tres normas fundamentales.
En primer lugar, y en relación con el ámbito digital, las medidas penales y de imposición de obligaciones a las empresas contenidas en el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, aprobado por el Consejo de Ministros el 25 de marzo de 2025. Esta norma refuerza el marco de defensa de las menores de edad, víctimas de formas de violencia machista que se manifiestan a través de medios digitales. La tipificación como delitos de las ultrafalsificaciones de contenido sexual, conocidas como deepfakes pornográficas y del engaño on line a menores o grooming, la regulación del alejamiento on line, y la imposición de obligaciones a los usuarios de especial relevancia, influencers, son ejemplos del impacto de esta norma para prevenir la violencia contra un sector tan vulnerable como es el de las menores de edad.
Por otro lado, la tramitación del anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos (en cumplimiento de la medida 389 del renovado Pacto de Estado), que refuerza la protección de las víctimas y consolida un enfoque integral basado en los derechos humanos, la igualdad y la reparación. Se trata de una ley victimocéntrica acorde con el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005 (el Convenio de Varsovia) y la Directiva (UE) 2024/1712 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por la que se modifica la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.
En tercer lugar, se está trabajando en el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que reconoce esta forma de violencia como una manifestación específica de la violencia machista, un paso decisivo en la protección integral de la infancia y en la lucha contra todas las formas de violencia de género. Este anteproyecto nace de un trabajo pionero, riguroso, sustentado en datos, estudios y evidencias que muestran la urgencia de reforzar la respuesta institucional frente a la violencia que se ejerce sobre los hijos e hijas y personas del entorno de la víctima como instrumento de dominación y daño hacia ellas.
Además, este mismo año se ha manifestado, una vez más, el compromiso del Gobierno para actuar contra las vulneraciones de los derechos reproductivos de las mujeres que constituyan manifestaciones de violencia contra las mismas, como es la gestación por sustitución, consideración que ya se estableció en el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Avanzando en este compromiso se ha dictado la Instrucción de 28 de abril de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en la que se prohíbe la inscripción directa en el Registro Civil de los niños y niñas nacidos mediante esta técnica.
Por otro lado, el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027, dedica su línea de trabajo 5.2 a "Potenciar las actuaciones dirigidas a luchar contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo", teniendo en cuenta que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo suponen un atentado a la dignidad y a la integridad de las personas, son contrarios al principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres y constituyen manifestaciones de discriminación y violencia contra las mujeres.
También la vigente Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas recoge entre sus medidas el impulso de actuaciones de «tolerancia cero» dirigidas al entorno laboral para la prevención del acoso sexual contra las mujeres y por razón de sexo en el trabajo. En este contexto, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se configura como un instrumento fundamental que debe potenciar, por un lado, las actuaciones dirigidas a verificar el cumplimiento por las empresas de sus obligaciones en esta materia con especial hincapié a la implantación por las empresas de protocolos al respecto, en línea con lo previsto en el Pacto de Estado conta la Violencia de Género y, por otro, la formación y especialización del personal con funciones inspectoras en la materia, a través de la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con la participación, en su caso, de la Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación y la colaboración con el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
En 2025, la sensibilización contra la violencia machista se ha centrado en dar visibilidad a los tipos de violencia contra las mujeres que se han reforzado a través de la renovación del Pacto de Estado. En este sentido, la campaña institucional correspondiente al periodo de verano llamada "Violencia digital.es violencia", visibiliza y combate la violencia machista en internet y redes sociales, promoviendo la conciencia sobre las nuevas formas de agresión y acoso en el entorno digital. Esta acción se complementa con la publicación del estudio "Violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital", que ofrece un diagnóstico actualizado y sirve de base para futuras estrategias de prevención. Por su parte, la campaña de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista, se va a enfocar en la violencia vicaria, lo que se complementa, asimismo, con la publicación del reciente estudio "La coordinación de parentalidad como una nueva forma de violencia institucional".
Siguiendo con la línea de la sensibilización, cuyo papel es clave para la concienciación social, la identificación de conductas machistas y la detección de violencia, se ha seguido trabajando en la implantación de Puntos Violeta en la Administración General del Estado. Concretamente, se han firmado Protocolos Generales de Actuación con la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con el Ministerio de Hacienda o con Instituciones Penitenciarias, entre otros.
A nivel internacional, España se mantiene como un país referente en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Cabe destacar la celebración del VI Consejo Intergubernamental de la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, que refuerza el liderazgo internacional de España en la cooperación feminista y en la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito iberoamericano. Los proyectos de la Iniciativa Iberoamericana son de gran valor para avanzar en la lucha contra la violencia de género. Uno de ellos, sobre violencia digital, fue presentado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el Parlamento de Portugal. España mantiene su firme compromiso con el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), perseverando en la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO), especialmente en la mejora de la formación, la coordinación institucional y la recopilación de datos desagregados. Asimismo, España presentará su primera Estrategia de Cooperación Feminista, que tiene como objetivo principal contribuir a abordar las desigualdades estructurales de género, desde un enfoque interseccional, para transformar las estructuras de poder que las perpetúan y lograr una redistribución igualitaria, inclusiva y sostenible.
En el ámbito de la Unión Europea, España ha sido no solo pionera, sino que se encuentra al frente de la defensa de los derechos de la mujer y en la lucha contra todo tipo de violencia de género, como quedó evidenciado en el reciente Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de 17 de octubre, donde por parte de España se trasladó la necesidad de que la Unión Europea avanzase más en la lucha contra todas las manifestaciones de violencia de género, en los términos que recoge la declaración institucional. En este ámbito, la Comisión Europea ha anunciado que el Día Internacional de la Mujer de 2026 presentará su Estrategia para la Igualdad de Género 2026-2030.
Este año han tenido lugar el examen periódico de España en relación con los Derechos Humanos y el examen ante el Comité de Derechos Políticos y Sociales, ambos de las Naciones Unidas, donde las políticas de violencia contra las mujeres fueron valoradas muy positivamente por los miembros del comité.
En este sentido, también se sigue trabajando por la protección de aquellas niñas y mujeres, migrantes y refugiadas, que resultan más vulnerables, al enfrentar discriminación múltiple. Así, la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, introduce novedades que ofrecen mayores garantías y protección a las víctimas de violencia de género y de violencia sexual, así como a sus hijos e hijas, facilitando su residencia e integración sociolaboral en nuestro país. Por su parte, el sistema de acogida de protección internacional y el programa de atención humanitaria prevén la existencia de plazas de acogida especializadas para mujeres víctimas de violencia de género, así como la formación de los profesionales que las atienden.
Igualmente, se continúa fortaleciendo la coordinación institucional para garantizar la atención y protección de las mujeres españolas víctimas de violencia, así como de sus hijos e hijas, fuera del territorio nacional. En este contexto, al Acuerdo interministerial de Cooperación suscrito en el año 2024, se ha sumado la aprobación de un protocolo de actuación en la Oficina Española del Retorno en el que se detallan las actuaciones entre las distintas entidades para garantizar la atención, el traslado y el apoyo a la víctima, priorizando siempre estos casos.
Durante 2025, el Ministerio de Igualdad ha continuado convocando los Comités de Crisis (tres durante este año) por asesinatos machistas, junto con las comunidades autónomas y los ministerios competentes, cumpliendo así con el principio de diligencia debida del Estado. Cada comité implica una revisión exhaustiva de los casos y la adopción de medidas de mejora en la prevención y atención. Desde 2025 se han empezado a revisar todos los asesinatos por violencia de género.
Desde el 1 de enero de 2003 hasta la fecha, 1.333 mujeres han sido asesinadas por violencia de género. Desde 2013, 65 menores de edad han sido asesinados y 489 niñas y niños han quedado huérfanos. En lo que va de 2025, han sido asesinadas 38 mujeres, junto con 3 menores, y 20 personas menores de edad han quedado huérfanas. Estas cifras nos recuerdan que la violencia machista sigue siendo la principal emergencia securitaria que afecta a nuestra democracia. El renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género constituye la herramienta de consenso político que permitirá seguir avanzando en la erradicación de esta violencia, reforzando la cooperación institucional, la sensibilización y prevención, la protección, atención integral y la reparación de las víctimas, pero no debe concebirse como el punto de llegada, sino como una hoja de ruta dinámica que refuerce y consolide el trabajo ya hecho, que impulse nuevas transformaciones y que mantenga y avance en el compromiso activo de toda la sociedad.
El Gobierno de España reitera su repulsa y condena unánime ante cada asesinato machista. El protocolo aprobado para la condena institucional en Consejo de Ministros refuerza el compromiso de visibilizar el rechazo social y político a estos crímenes, así como la solidaridad con las víctimas y sus familias.
La erradicación de la violencia contra las mujeres exige transformaciones profundas a nivel social y cultural, eliminando los estereotipos y estructuras patriarcales que perpetúan la desigualdad. Esta lucha interpela a toda la sociedad, y especialmente a los hombres, a implicarse activamente en la construcción de una convivencia libre de violencias y basada en el respeto, la igualdad y la libertad.
El Gobierno de España quiere rendir homenaje y reconocimiento a todas las mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia machista, así como a sus familias y a todas las supervivientes. Su dignidad y derechos inspiran y guían todas las políticas de prevención, protección y reparación.
La erradicación de la violencia contra las mujeres constituye un principio central de nuestra democracia. En este 25 de noviembre de 2025, el Gobierno de España reitera su compromiso firme con los derechos humanos y las libertades fundamentales, y su determinación de seguir construyendo un país feminista, libre y seguro para todas".
Hacienda
MODIFICADOS LÍMITES DE GASTO PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y ACOSO EN CENTROS EDUCATIVOS
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la modificación de límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes pueda llevar a cabo la contratación del servicio de atención telefónica y por medio de chat o formulario web de casos de malos tratos y acoso en el ámbito de los centros docentes del sistema educativo español.
La Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 274/2024, de 19 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, tiene atribuidas entre otras, las funciones relativas a la promoción de actuaciones que favorezcan los estilos de vida saludables y sostenibles, la convivencia en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el respeto a la diversidad afectivo-sexual, la no discriminación, la prevención del acoso escolar y de la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos, que ejerce a través de la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa.
El servicio consiste en la puesta a disposición de la comunidad educativa del servicio de atención telefónica para la prevención de los casos de acoso escolar y malos tratos en el ámbito educativo, gestionado a través de la citada Subdirección General.
En la actualidad se está prestando el servicio al amparo de un contrato que finaliza el 25 de febrero de 2026, siendo prioritario dar continuidad a la prestación del servicio para garantizar la atención telefónica de casos de acoso escolar y malos tratos en todos los centros docentes españoles, por lo que urge iniciar una nueva licitación por procedimiento abierto para el período 2026-2027.
La nueva licitación se hará por un precio de licitación de 538.450 euros, IVA incluido, cuyo inicio previsto de ejecución del contrato será a finales de febrero con una distribución de anualidades de 403.837,50 euros para el año 2026 y 134.612,50 euros para el año 2027.
A fecha 31 de octubre de 2025, la situación de la aplicación presupuestarias 'Material, suministros y otros', arroja un saldo de crédito retenido de 4.668.829,02 euros en 2026, 1.099.897,73 euros en 2027 y 34.153,78 euros en 2028.
De lo anteriormente expuesto se desprende que en la citada aplicación presupuestaria se supera para 2026 el límite previsto en la Ley General Presupuestaria, por lo que se ha solicitado el aumento de este límite, de acuerdo con el siguiente resumen:
Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, se somete este acuerdo para su autorización por el Consejo de Ministros.
