Acuerdos del Consejo de Ministros de 04/10/2022
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2023
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 que se remitirá al Congreso de los Diputados en esta semana. Unas cuentas públicas centradas en la justicia social y la eficiencia económica que permiten implementar unas políticas de protección para la sociedad española en un contexto de alza de los precios provocado por la invasión rusa de Ucrania.
Unos presupuestos que, además de ocuparse de lo urgente con medidas de refuerzo del Estado del Bienestar dedicando seis de cada 10 euros a gasto social, también continúan por la senda trazada desde el inicio de la legislatura para modernizar el tejido productivo, consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad.
Todo ello acelerado e impulsado por los fondos europeos, que en 2023 alcanzarán los 30.000 millones entre los recursos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el programa REACT-EU. Unos fondos que tienen como principal destino (72%) políticas para impulsar el cambio de modelo productivo con inversiones en investigación, industria, energía o infraestructuras.
El objetivo de los presupuestos de 2023 es fortalecer todavía más los servicios públicos como condición necesaria para alcanzar un crecimiento inclusivo y fortalecer a la clase media y trabajadora, además de proteger a los colectivos más vulnerables.
Balance de tres Presupuestos
En este sentido, las cuentas de 2023 siguen avanzando por la senda de la cohesión social y el cambio del modelo productivo dirigido hacia la investigación, la transición ecológica, la vertebración territorial y la igualdad.
En cuanto a las políticas de sanidad incluidas en los presupuestos de 2023, sin tener en cuenta los fondos europeos, suponen un 29,6% más que las recogidas en los presupuestos de 2018. Esto supone 1.258 millones más. En educación, la inversión para el próximo año se incrementa un 62% respecto a las cuentas de 2018, mientras que la partida para becas se eleva un 68%, lo que suponen 900 millones más.
Asimismo, la apuesta por la ciencia se traduce en un incremento de recursos para el I+D+i de un 23% en 2023 respecto a las cuentas de 2018. En este sentido, en la apuesta por vertebrar el país, los presupuestos del próximo año en infraestructuras suponen un 50% más que la dotación registrada en las cuentas de 2018.
Los datos sobre dependencia también son elocuentes con un incremento del 150% en las cuentas de 2023 respecto a los presupuestos de 2018, esto es, 2.121 millones más. Por último, los recursos del Estado para combatir la violencia de género el próximo ejercicio aumentarán un 24% respecto a 2018.
Aumento de la hucha de las pensiones
Los presupuestos de 2023 se elaboran con un límite de gasto no financiero total de 198.221 millones de euros, un 1,1% más respecto al ejercicio anterior y la mayor cifra jamás registrada. Si se descuentan los fondos europeos, el techo de gasto nacional se sitúa en 173.065 millones, un 1,9% más, lo que también supone un hito.
Uno de los principales objetivos de estas cuentas públicas es desarrollar políticas públicas que mitiguen el impacto del alza de los precios provocado por la invasión de Ucrania en las clases medias y trabajadoras, así como en los colectivos vulnerables.
En ese sentido, los presupuestos de 2023 recogen la mayor partida de la historia para pensiones con 190.687 millones de euros, un 11,4% más. Estos recursos garantizan la protección de los mayores al incluir la revalorización de las pensiones conforme al IPC en torno al 8,5%, lo que beneficia a más de 10 millones de pensionistas que no perderán poder adquisitivo.
Una de las principales novedades de los presupuestos es que vuelve a incrementarse la denominada hucha de las pensiones, que contarán con 2.957 millones procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
Asimismo, la financiación de la dependencia, un pilar del Estado del Bienestar, también incrementa su dotación en 620 millones hasta alcanzar la cifra récord de 3.522 millones.
Además, ante el encarecimiento de los precios de la energía, los presupuestos de 2023 recogen un incremento del 65% del bono social térmico, que alcanza los 259 millones.
Políticas para jóvenes
Otro de los colectivos más castigados por la sucesión de crisis son los jóvenes. Por ese motivo, los presupuestos de 2023 están muy enfocados en dar respuesta a parte de los problemas de este segmento de la población hasta el punto de que las políticas de juventud se incrementan un 13,2% y alcanzan los 12.741 millones.
Entre las medidas específicas para ese colectivo se encuentran el bono de alquiler joven, creado en los presupuestos de 2022 y que se mantiene en el próximo ejercicio. Esta ayuda directa de 250 euros para la emancipación de quienes tengan entre 18 y 35 años y bajos ingresos está dotada con 200 millones. Para facilitar el acceso a la vivienda los presupuestos también recogen 260 millones para alquileres accesibles.
Asimismo, el bono cultural joven también se extiende al año que viene, lo que permitirá disfrutar a quienes cumplan 18 años durante 2023 de 400 euros para invertir en el ámbito cultural. Precisamente, los presupuestos incluyen un incremento del 13,5% para la cultura hasta superar los 1.800 millones.
Por otra parte, la partida de educación marca un nuevo récord con un incremento del 6,6% hasta los 5.354 millones. Una vez más, la partida de becas al estudio se eleva en 400 millones y se sitúa en los 2.474 millones, la mayor dotación de la historia.
La sanidad también sale reforzada de estos presupuestos con un incremento del 6,7% hasta los 7.049 millones de euros. En esta política destacan los 500 millones de transferencias a las CCAA en infraestructuras de atención primaria y salud mental, de los cuales, 434 millones se destinan a equipamientos de atención primaria y 16 millones para la salud mental. De esta forma el Gobierno atiende una de las principales demandas de la sociedad.
Cohesión territorial y prórroga del abono gratuito de Renfe
La cohesión territorial es una de las premisas de este Gobierno. Para avanzar en esa vertebración del país, la partida a infraestructuras se ha incrementado un 6,7% hasta los 12.635 millones.
También cabe destacar el aumento de la subvención al transporte un 25,7% hasta los 3.419 millones. Una parte del incremento se debe a la prórroga de la gratuidad del transporte público de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, una medida que beneficia sobre todo a la clase media y trabajadora en un contexto de alza de los precios de los carburantes.
Además de potenciar y blindar el Estado del Bienestar, el otro gran objetivo del Gobierno en esta legislatura es avanzar en la transformación del modelo productivo. Para seguir avanzando en este eje los presupuestos de 2023 incluyen un incremento del 22,8% de la partida de I+D+i, que alcanza los 16.328 millones.
Defensa
Los presupuestos también incluyen un aumento de los recursos para el Ministerio de Defensa del 6,5%, cifra que aumenta al 8,4% si se incluye los fondos europeos. El incremento es mayor al incluir los Programas Especiales de Modernización, aunque estos programas no computan en el límite de gasto no financiero.
En concreto, los Programas Especiales persiguen modernizar las fuerzas armadas y se computan en distintas anualidades. En 2023 la dotación se sitúa en 4.901 millones de euros que, en su mayor parte, corresponde a contratos para la industria nacional que permitirá generar 22.667 empleos inducidos.
Sueldo de los funcionarios
Los presupuestos de 2023 recogen la mejora salarial del 2,5% para el próximo ejercicio, que podría aumentar hasta en un punto adicional en función del cumplimiento de diversas variables vinculadas a la inflación y al incremento del PIB nominal. Hay que tener en cuenta que este incremento se realiza sobre la retribución consolidada de 2022, que incluye un aumento adicional del 1,5%, que se suma a la subida del 2% ya aprobada.
El principio de acuerdo contempla también un incremento del sueldo para 2024 del 2%, que podría subir hasta el 2,5% en función de la variación del IPC armonizado.
Financiación CCAA y EELL
Las comunidades recibirán 135.274 millones en concepto de entregas a cuenta y por la liquidación de 2021. Supone una cifra sin precedentes y que implica un incremento de la financiación del 24% respecto a este ejercicio.
En el caso de los ayuntamientos, las entregas a cuenta y liquidación positiva de 2021 se traducirán en 23.235 millones, un 5% más que el año anterior.
Ingresos
Por el lado de los ingresos, los Presupuestos Generales del Estado para 2023 avanzan en la senda de lograr unos recursos que hagan posible el refuerzo del Estado del Bienestar y de las políticas públicas.
De esta forma, las cuentas contemplan un incremento de los ingresos no financieros del 6% respecto a la previsión de cierre de 2022. Una mejora que se explica en buena medida por el crecimiento económico, la creación de empleo y los cambios normativos en materia fiscal presentados la semana pasada basados en el principio de un reparto justo de la crisis y de reclamar una mayor contribución a quienes más tienen.
Todas las medidas del paquete de medidas fiscales se incorporan a los presupuestos excepto la creación del Impuesto de Solidaridad a las grandes fortunas y el límite de compensar las pérdidas en los grupos consolidados, que afecta mayoritariamente a las grandes empresas. Estas dos medidas se tramitarán al margen de los Presupuestos con el objetivo de que estén en vigor en 2023.
En ese sentido, los presupuestos incluirán la rebaja de las retenciones en el IRPF hasta rentas de 21.000 euros, así como el aumento del gravamen de las rentas de capital superiores a 200.000 y 300.000 euros, una medida que permite avanzar en la reducción de la brecha entre las rentas del capital y del trabajo.
Asimismo, también recoge las medidas que benefician a los autónomos como la rebaja adicional en el IRPF de cinco puntos porcentuales en el rendimiento neto de módulos el incremento hasta un 7% la reducción para aquellos que tributan en estimación directa simplificada. Asimismo, se incluye la prórroga un año más los límites vigentes de exclusión en el sistema de módulos.
Respecto al Impuesto de Sociedades, también se incluye la rebaja del 25% al 23% el tipo de gravamen para las pymes con un nivel de facturación de hasta un millón de euros. Por último, también se recogen las rebajas del IVA al tipo superreducido de los productos de higiene femenina y los anticonceptivos.
Este paquete de medidas unido al crecimiento económico y a la creación de empleo permitirán un incremento en 2023 de las principales figuras tributarias respecto al avance de liquidación de 2022.
Reducción del déficit
Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, se acordó aplicar la cláusula de salvaguarda y mantener en 2023 la suspensión de las reglas fiscales. Una medida avalada por el Congreso. Sin embargo, la ministra de Hacienda ha recordado que eso no evita mantener una política fiscal basada en la responsabilidad. De hecho, así consta en la senda de déficit remitida a la Comisión Europea que supone reducir el déficit al 3,9% del PIB en 2023. Esto significa una reducción del 60% desde el 10,1% alcanzado en 2020, el ejercicio de mayor impacto de la pandemia.
Por último, en 2023 se incorporan por primera vez los 'Presupuestos verdes', un documento que analizará la contribución de los programas de gasto de los Presupuestos al logro de los objetivos medioambientales asumidos por España. A estos documentos se incorporan los análisis de alineamiento de las cuentas públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el Informe de impacto de impacto de género; y el Informe de impacto en la infancia, adolescencia y familia.
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE INTERÉS SOCIAL PROCEDENTES DE LA RECAUDACIÓN DEL 0,7 % DEL IRPF
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del crédito destinado a subvencionar programas de interés general considerados de interés social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, para el año 2022, por importe de 258.087.906,73 euros.
La recaudación, cuya gestión corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (el 77,72% del total), se divide en dos tramos: uno, gestionado centralizadamente desde el Ministerio para subvencionar actuaciones desarrolladas por las ONG en el ámbito de competencias del Estado y, el otro, que se transfiere a las comunidades autónomas de Régimen Común para que, en su propio ámbito de competencias, publiquen sus respectivas convocatorias de subvenciones.
El total de recursos a distribuir este año entre el Estado y las comunidades autónomas asciende a 325.457.638 euros frente a los 331.764.802 del año pasado. Ello supone una caída del 2% de los fondos a distribuir. En este sentido, hay que tener en cuenta que el montante a distribuir se corresponde con la recaudación del ejercicio fiscal dos años anterior al presente, es decir, en este caso, el año 2020, año de la pandemia.
Si bien es cierto que producto de los ERTES y de otras medidas adoptadas se consiguió que las rentas del trabajo se mantuvieran y la recaudación del 0,7 del IRPF incluso aumentó ligeramente respecto al año anterior, el Impuesto sobre Sociedades se ha reducido considerablemente, haciendo que toda la recaudación se vea mermada.
El acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y el SAAD de 18 de junio de 2021 estableció que el tramo estatal se iría reduciendo a favor del autonómico hasta alcanzar la proporción 20%-80% en el año 2023. Dado que en el año 2021 el tramo estatal ascendió al 21,4% y el Autonómico al 78,6%, este año se ha aumentado este último en un 0,7% en detrimento del estatal para cumplir con el acuerdo de forma gradual.
Esto hace que el tramo autonómico a distribuir ascienda a un total de 258.087.907, lo que supone una caída del 1,04% respecto a lo que se repartió entre las comunidades autónomas el año pasado. Por su parte, el grueso de la caída de la recaudación se ha cubierto contra el tramo estatal, que ha caído en un 5% para atenuar la reducción del tramo autonómico.
En lo que respecta a la distribución entre las comunidades autónomas, atendiendo a lo excepcional que es que la recaudación se reduzca en un año respecto al anterior (algo que prácticamente no había ocurrido en los 30 años de historia de estas subvenciones) se ha acordado con ellas que la caída del 1,04% del tramo autonómico se asuma solidariamente entre todas ellas, aplicándose esta misma reducción a la cuantía a percibir por cada una de ellas tomando como referencia lo que se les transfirió el año pasado.
Por ello, se les transferirá a las comunidades autónomas lo mismo que en el año 2021, pero reducido en un 1,04%.
El reparto quedaría así:
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9 DE OCTUBRE, DÍA NACIONAL DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se establece el día 9 de octubre como Día Nacional del Tercer Sector de Acción Social.
El Tercer Sector de Acción Social, con el apoyo financiero de las administraciones públicas, se ha consolidado en nuestro país como un sector solvente que contribuye de manera muy importante y de forma complementaria a los servicios sociales de titularidad pública, a la provisión del bienestar de la ciudadanía y, especialmente, de aquellas personas que se encuentran en situación de necesidad.
Asimismo, las entidades del Tercer Sector son un instrumento fundamental de participación social de la ciudadanía de manera que contribuyen a incrementar la calidad democrática de la sociedad española.
Cabe destacar, además, el modo en que la colaboración entre las administraciones públicas y el Tercer Sector se ha convertido en un pilar fundamental a la hora de atenuar el impacto que las sucesivas crisis (financiera global de 2008, coronavirus, guerra de Ucrania) tienen sobre la población general y, especialmente, sobre los sectores más desfavorecidos.
Por las razones anteriores y otras varias, se estima procedente impulsar actuaciones que contribuyan a visibilizar ante el conjunto de la sociedad la labor que las entidades del Tercer Sector de Acción Social realizan a favor de diversos grupos de población, abordando las necesidades específicas de diversos colectivos y contribuyendo así a la cohesión social.
Además, el artículo 9 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social establece que el ministerio debía desarrollar reglamentariamente el marco de colaboración, cooperación y el diálogo permanente entre el ministerio y la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social con el objetivo compartido de impulsar el reconocimiento del Tercer Sector de Acción Social como actor clave en la defensa de los derechos sociales, y lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones, evitando que determinados grupos de población especialmente vulnerables queden excluidos socialmente.
Por su parte, la Plataforma del Tercer sector de Acción Social solicitó formalmente al Ministerio de Derechos Sociales establecer el 9 de octubre como Día Nacional del Tercer Sector de Acción Social, por coincidir esta fecha con la promulgación de la Ley estatal del Tercer Sector de Acción Social.
Finalmente, y una vez analizada la petición con los servicios jurídicos en el departamento, se ha considerado procedente someter al Consejo de Ministros el Acuerdo de por el que se declara el 9 de octubre como Día Nacional del Tercer Sector de Acción Social.
