La Comunidad garantiza a 4.400 familias que no pierdan su hogar durante la crisis económica
Fuente: Notas de prensa de la CARM
Se han concedido 6,7 millones de euros en ayudas a personas en riesgo de desahucio inminente
Se confieren hasta 450 euros para afrontar el alquiler, más 200 euros para suministros básicos, garantizando así que no pierdan su casa
La Comunidad Autónoma refuerza la protección del hogar, un pilar básico de bienestar y de futuro, y garantiza que 4.397 familias hayan podido permanecer en sus viviendas durante la crisis económica, mediante el pago de 6,7 millones de ayudas directas de emergencia social para el alquiler y para los suministros básicos de sus viviendas.
Se trata de una de las líneas de actuación de la estrategia del Gobierno regional en materia hogar, con el fin de evitar desahucios y proporcionar el acceso inmediato a una vivienda a familias en riesgo de vulnerabilidad sobrevenida ante el impacto de la crisis.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, y la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco, acompañados por representantes de las ONG colaboradoras en esta línea, hicieron balance de estas subvenciones que siguen a disposición de las familias que lo puedan necesitar.
El titular de Fomento explicó que “las familias están soportando el gran impacto de la crisis económica, lo que ha provocado una tremenda caída de los ingresos en los hogares, por eso el Gobierno regional pone todos sus esfuerzos en estar más que nunca al lado de las familias y ayudarlas cuanto mayores son las dificultades, y prevenir situaciones de vulnerabilidad sobrevenida que luego son más difíciles de reconducir”.
“Estas ayudas están teniendo magníficos resultados porque llegan en muy poco tiempo al bolsillo de las familias, gracias a una tramitación ágil y urgente, para evitar que ninguna familia se vea abocada a tener que abandonar su casa, gracias a la colaboración de las ONG”, resaltó Díez de Revenga.
Así, en los últimos ocho meses casi se han duplicado las ayudas concedidas, pasando de 2.397 ayudas en diciembre a las 4.397 subvenciones concedidas en agosto.
La consejera Isabel Franco subrayó que “en la Consejería de Política Social realizamos un trabajo exhaustivo para facilitar el acceso inmediato a la vivienda a personas víctimas de violencia de género y otros colectivos especialmente vulnerables”.
Franco indicó que “realizamos esta labor a través de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, mediante un grupo de trabajo técnico formado por los distintos agentes que participan en el proceso de tramitación y gestión de las ayudas al alquiler, con la finalidad de mejorar las respuestas a las personas en situación de vulnerabilidad social”.
9 millones de euros en ayudas
La Comunidad ha destinado un total de 9 millones de euros a estas ayudas, que gestiona en colaboración con ocho ONG (Cáritas, Cruz Roja, Cepaim, Columbares, Jesús Abandonado, Accem, La Huertecica y Red Madre). También participan los ayuntamientos que, a través de sus Servicios Sociales y los centros de atención especializada para mujeres víctimas de violencia (CAVI), determinan la situación de especial dificultad de las familias.
Para poder acceder a las ayudas, las personas se han de dirigir a los servicios sociales municipales o a las ONG, que valoran la situación de cada familia para establecer la duración y cuantía de las ayudas, en base a sus necesidades y situación económica.
Se materializan a través del pago de la renta o alquiler, así como de los suministros básicos de la vivienda (agua, luz y gas), con un máximo de 650 euros mensuales por familia.
Las familias beneficiarias son aquellas que han visto agravada su situación por los efectos de la crisis actual o tienen muchas dificultades para acceder a un hogar: personas especialmente vulnerables, sin hogar, víctimas de violencia doméstica y en riesgo de perder su único hogar por un desahucio. Se da prioridad a las situaciones más urgentes, especialmente aquellas en las que las familias o víctimas de violencia machista no puedan afrontar el pago del alquiler de su vivienda o que estén en riesgo de perder su único hogar por un desahucio.
