Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
REFORMA DE LAS LEYES DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE CRÉDITOS PARA EL SAAD
El Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda vuelta, el proyecto de ley para reformar dos normas: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. De esta forma, se inicia la tramitación parlamentaria de esta reforma, que tendrá que ser aprobada ahora en el Congreso de los Diputados.
Este proyecto de ley va a ampliar el catálogo de servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia, destacando dos modificaciones:
- Se suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012, para permitir una mayor personalización en la atención a cada persona.
- Se elimina el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
- Se transforma así el Sistema de la Dependencia acometiendo las reformas necesarias para adaptarlo a los desafíos del presente y del futuro, con más prestaciones y servicios, nuevos derechos reconocidos, menos burocracia y más tecnología al servicio del bienestar de las personas.
La reforma pretende actuar ante el reto demográfico al que se enfrenta nuestro país, cuando el número de personas mayores se multiplique en los próximos años y aumente, así, el número de personas en situación de dependencia. Asimismo, se reforzará el nuevo modelo de cuidados en base a la Estrategia estatal aprobada en 2024 para ofrecer cuidados de proximidad (en el hogar o entornos comunitarios) a las personas que requieren de prestaciones por dependencia y a las que tienen una discapacidad.
Además, el Consejo de Ministros ha autorizado la distribución territorial de 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En este año 2025, este nivel acordado de financiación supondrá una inversión de más de 783 millones de euros (783.197.420 €). Esta cantidad es la más alta que ha tenido este nivel de protección en su historia y será transferida a los gobiernos autonómicos. Con esta partida se complementará la financiación de los servicios de atención a las personas dependientes que hay en cada territorio.
Más servicios en el catálogo y más prestaciones
Esta reforma legislativa incluye nuevos servicios en el catálogo:
- Cuidados y apoyos en viviendas compartidas y también nuevos modelos de convivencia colaborativa.
- Se servirán, mediante préstamo o cesión temporal, productos de apoyo que mejoren la autonomía como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz.
- Se ofrecerán servicios de asistencia personal para aquellas personas que lo deseen y tengan mayores necesidades de apoyo.
- Otra novedad incorporada en el proceso de escucha a la sociedad ha sido el reconocimiento de la extensión de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente, evitando así situaciones de deber reintegrar prestaciones económicas. Esta medida aporta seguridad jurídica y evita situaciones de incertidumbre o penalización económica a las familias o personas cuidadoras que han sostenido los apoyos hasta el final de la vida.
Al mismo tiempo, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, dando reconocimiento a los que prestan las personas allegadas, respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otras convivencias.
El nuevo texto de este proyecto de ley introduce la posibilidad de que una persona en situación de dependencia en grado II o III pueda recibir una prestación transitoria o un servicio transitorio que se adapte a su voluntad, deseos y circunstancias cuando no pueda acceder de inmediato al recurso que ha solicitado y que le corresponde por grado. Por ejemplo, si una persona pide acceder a un centro residencial que está cerca de su casa, pero no hay plazas, durante el tiempo que está en lista de espera tendrá opción a recibir una prestación alternativa acorde con su grado, como podría ser la ayuda en el domicilio. De esta manera, recibirá una prestación transitoria hasta que obtenga plaza en su centro residencial de referencia, en lugar de tener que acudir a otro centro que esté más lejos de su casa y donde la persona tiene menos conexiones sociales, como ocurre actualmente.
Más ayuda en el domicilio
Esta reforma legislativa incluye una extensión del servicio de ayuda en el domicilio a actuaciones que van más allá del ámbito doméstico y de las necesidades de cuidado personal que tenga la persona usuaria. Para ello se ofrece la posibilidad de que la persona cuidadora pueda acompañarla en otras actividades dentro de su entorno comunitario como ir al médico o a hacer la compra. Siguiendo esta línea, la reforma también incluye la asistencia personal como un servicio más del Sistema. De esta manera se ayuda a desplegar y desarrollar este servicio con el que las personas dependientes reciben el apoyo de un profesional que los ayuda a desenvolverse en su día a día para mantener su proyecto vital y participar activamente en su comunidad.
Teleasistencia universal
Este proyecto de ley reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, garantizando su acceso con independencia del territorio en el que residan. Además, se eleva a rango de ley el carácter complementario de la teleasistencia, estableciendo que no puede ser considerada como única prestación, sino que debe combinarse con otros apoyos. También se amplía su ámbito de aplicación más allá del domicilio, permitiendo a personas que viven en residencias recibir este servicio.
Apertura de los centros de día
Otra novedad que incluye el texto aprobado este martes es la consideración de los centros de día como un servicio de proximidad fundamental para la permanencia de las personas en su domicilio. Esto supondrá que estos centros se abrirán para prestar apoyos también fuera de sus instalaciones. Lo harán atendiendo en sus propios domicilios o en espacios de su entorno a aquellas personas usuarias que vivan cerca y lo requieran. Los centros de día también servirán de referencia para personas que no son sus usuarias pero que pueden encontrar en ellos otro tipo de servicios.
El objetivo es que todos los centros de día se integren en su comunidad y se adapten a las necesidades, preferencias y ritmos de vida de las personas que los utilizan. De esta manera la mayor parte de personas de la comunidad podrán acceder a actividades que promuevan su autonomía, su bienestar emocional y su participación social. Esto es especialmente relevante en zonas rurales o con baja densidad de recursos, y supone un nuevo enfoque que convertirá a estos centros en referentes comunitarios de apoyo y relación con el entorno.
Nuevos derechos
El proyecto de ley incluye nuevos derechos para las personas en situación de dependencia. Por ejemplo, se contempla que la persona usuaria tenga derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y que tenga garantizado su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.
Otro derecho importante que recoge esta reforma es el de garantizar una atención sanitaria a personas en situación de dependencia sea cual sea el lugar en el que viva, incluyendo las residencias. Se establecerán las bases para que los gobiernos autonómicos implementen procedimientos de coordinación entre sus servicios sanitarios y sociales. De esta manera, se ofrecerá una atención integral que combine ambas áreas y se podrá evitar lo ocurrido durante la pandemia del COVID-19 en algunas residencias de personas mayores.
Calidad empleo del SAAD
Otra de las novedades que incorpora el proyecto de ley después del proceso de escucha ha sido la incorporación de un artículo específico sobre la calidad en los empleos de los cuidados. El artículo establece que será a través del diálogo con los gobiernos autonómicos en el Consejo Territorial donde se establecerán los criterios de acreditación de calidad y estándares del empleo, como el número adecuado de profesionales según perfil de usuarios, su cualificación y formación continua.
Esta medida se relaciona con el Reto Trabajadoras del SAAD, una iniciativa que subraya la necesidad de valorar el trabajo de las profesionales de la Dependencia. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 calcula que para 2030 el Sistema de la Dependencia necesitará, al menos, 260.000 trabajadoras más para asegurar su sostenibilidad.
Menos burocracia y más agilidad: pasarela entre dependencia y discapacidad
La reforma de las leyes también contiene medidas destinada a agilizar y acelerar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad.
Una de las más importantes es el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I en el Sistema de la Dependencia. Como novedad, en la segunda vuelta, se ha incorporado que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad. Las personas que lo deseen podrán solicitar una valoración individualizada de la discapacidad para obtener un grado de discapacidad superior al previsto automáticamente en estas pasarelas.
Asimismo, esta reforma también agiliza el procedimiento para la revisión del Programa Individual de Atención sustituyendo la burocracia por procedimientos de comunicación más directos con la persona interesada y reforzando el derecho de las personas a participar en la elección de servicios y prestaciones. También se establece un procedimiento de urgencia, de forma que las personas en situación de especial vulnerabilidad puedan acceder a los servicios y prestaciones con mayor prontitud. Cabe destacar que la reforma recoge que el tiempo de espera será el segundo criterio de prioridad en el acceso a servicios del SAAD tras el criterio de capacidad económica.
Compatibilidad entre empleo y prestaciones
La reforma del SAAD incorpora una novedad clave para avanzar en la autonomía de las personas con discapacidad y fomentar su inserción laboral: a partir de ahora dejará expresamente claro que es posible compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema.
Hasta la fecha, muchas personas beneficiarias del SAAD se veían obligadas a renunciar a estos apoyos al iniciar una actividad laboral, ya fuera por cuenta ajena o por cuenta propia. Esta situación generaba un desincentivo para el empleo y dificultaba los proyectos de vida autónomos, especialmente en el ámbito de la discapacidad. Una de las consecuencias más frecuentes era la pérdida de plazas en centros ocupacionales, cuya recuperación posterior resultaba compleja.
Con la modificación introducida, cuando una persona reciba una oferta de empleo o unas prácticas formativas, no habrá ninguna duda de que podrá mantener su plaza en el centro durante el tiempo necesario para valorar la continuidad del puesto de trabajo. De este modo, se garantiza una transición segura hacia el empleo y se evita que la aceptación de una oportunidad laboral implique la renuncia a recursos fundamentales para la autonomía personal.
Desarrollo Artículo 49
En materia de discapacidad, el proyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros se presenta como un desarrollo normativo del nuevo Artículo 49 de la Constitución Española. De esta forma, la reforma cambiará la Ley de Discapacidad para el reconocimiento de derechos fundamentales como, por ejemplo, la accesibilidad universal. En línea con el artículo 49, el proyecto hace una mención específica a la situación de las mujeres con discapacidad, incidiendo en la importancia de garantizar su salud sexual y reproductiva. Así mismo, se alude a los niños y a las niñas con discapacidad, poniendo el foco en el fomento del desarrollo infantil a través de los servicios de atención temprana.
Accesibilidad universal
En este sentido, la nueva ley estipula la accesibilidad universal como reivindicable ante cualquier instancia, de forma que se puede exigir la accesibilidad en edificios o en servicios que sean públicos. Para ello, se creará un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, instalar rampas para sillas de ruedas, crear QR para audiodescripciones, etc.
En lo referente al ámbito privado, el proyecto incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para obligar también a la comunidad de vecinos de cada edificio a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. Por otra parte, el nuevo texto facilitará los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de vecinos para llevar a cabo la reforma que se precise.
El texto añade como novedad en esta segunda vuelta la obligación de garantizar la accesibilidad en el patrimonio histórico y cultural. Las administraciones competentes deberán adoptar medidas de accesibilidad física y cognitiva (mediante lectura fácil, pictogramas y tecnologías de apoyo) y prevé su desarrollo reglamentario en colaboración con las organizaciones representativas. El desarrollo de la accesibilidad no solo se tiene en cuenta para espacios sino también para servicios públicos.
Este es el caso de las Juntas Arbitrales de Consumo que, según el proyecto, asegurarán el acceso universal mediante procedimientos accesibles, reforzando así la protección en el ámbito del consumo.
Tecnología
La reforma contempla también importantes medidas referentes a la tecnología y en las que se reconoce tanto sus potencialidades como sus riesgos. Así, se busca mejorar la calidad de los servicios mediante el desarrollo de nuevas herramientas avanzadas de evaluación, supervisión y control, así como para promover la innovación social.
La ley establece un marco común para garantizar la calidad en los centros y servicios del SAAD, evaluando tanto los procesos de atención como su impacto en la calidad de vida de las personas y de quienes prestan cuidados. Se busca fomentar la innovación social y tecnológica bajo el liderazgo del IMSERSO para desarrollar nuevas herramientas y programas tecnológicos.
En esta lógica, se promoverán espacios de exención regulatoria para proyectos piloto que tendrán como finalidad ofrecer nuevas modalidades de cuidados personalizados y comunitarios, con la supervisión de las administraciones. Por último, se establece el compromiso de crear el Centro Estatal de Competencias de Innovación Social en el plazo de 12 meses.
La ley incorpora principios explícitos para que cualquier tecnología aplicada a la atención, desde la teleasistencia hasta el uso de sensores o inteligencia artificial, debe respetar principios esenciales como la autonomía, la privacidad y la integridad personal. En el desarrollo de la IA también se vigilará para eliminar sesgos discriminatorios que puedan afectar a las personas con discapacidad, como puede ocurrir en procesos de selección de profesionales dirigidos automáticamente.
La tecnología también se observa como una oportunidad dentro de la norma, por lo que se designará a las personas con discapacidad como grupo social de interés preferente para el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y se fomentarán los usos positivos de las nuevas tecnologías y la generación de conocimiento en torno a la ciencia y la tecnología enfocada a personas con discapacidad.
Salud mental
La ley establece un nuevo marco de atención a las personas con problemas de salud mental basado en su autonomía y en la participación. La norma establece que todas las intervenciones deben basarse en el consentimiento libre e informado, priorizando el respeto a la voluntad de la persona y el uso de apoyos en la toma de decisiones. Prohíbe expresamente prácticas coercitivas o involuntarias injustificadas, incluidos internamientos por razón de discapacidad, e impone garantías procesales reforzadas.
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Juventud e Infancia
ATENCIÓN A LA INFANCIA MIGRANTE
El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta de distribución de 22 millones de euros como crédito extraordinario a las Comunidades Autónomas de Isla Canarias y de Illes Balears y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2025.
Esta partida tiene como objetivo garantizar el sostenimiento de los sistemas de acogida de dichos territorios. De esta forma, el archipiélago canario recibirá ocho millones y medio de euros, Ceuta siete millones, Melilla cuatro millones y medio y Baleares, que recibirá parte de este crédito por primera vez, dos millones de euros. Destaca el sobreesfuerzo que realizan los territorios de llegada para la atención y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que vienen a España, por lo que. Ante esto, se apoya a las comunidades y ciudades autónomas que realizan un esfuerzo material y presupuestario elevado.
Estos recursos aportados por el Gobierno central serán destinados a la atención inmediata y la acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, así como todas las actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial, incluida su escolarización, la inserción socio laboral y la inclusión social, entre otros.
Se está impulsando el desarrollo del Real Decreto-ley 2/2025 con el objetivo de dar una acogida solidaria, digna y vinculante a quienes llegan solos y solas a nuestro país y de ayudar a los territorios de llegada. La migración es una cuestión de país y debe abordarse como país.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado una nueva Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia donde se planteará la ratificación de la propuesta de distribución.
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Para la Transformación Digital y de la Función Pública
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2025
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente a 2025, con el que se eleva a 36.588 la oferta total de puestos de trabajo en el sector público del Estado, incluidas las plazas ofrecidas en Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas. Del total, 27.697 son plazas de nuevo ingreso y 8.891 de promoción interna.
Empleo neto en la Administración del Estado
La oferta en la AGE alcanza las 26.889 plazas de funcionario y personal laboral (20.324 de turno libre y 6.565 de promoción interna) y supone una creación de 5.400 empleos netos. Se profundiza así en el cambio de tendencia logrado en 2021 manteniendo un flujo de entrada de nuevos ingresos en el sistema por encima de la pérdida de efectivos. Durante tres años consecutivos se ha producido una generación de empleo neto, lo que ha permitido frenar y revertir el proceso de envejecimiento de las plantillas.
En los últimos años, la edad media del empleado público ha bajado en dos años, pasando de los 51 a los 49 años actuales gracias a las incorporaciones récord: en 2024 las altas duplicaron a las bajas, con un crecimiento neto de 9.000 efectivos.
Otra de las medidas que está impactando en esa recuperación del empleo público es la agilización de los procesos selectivos.
El 93% de los procesos de la OEP de 2024 se han publicado en 2024 y la gran mayoría de los procesos realizan la fase de oposición en menos de un año.
Refuerzo en atención a la ciudadanía
El segundo de los ejes sobre el que se construye la oferta es el refuerzo de la asignación de plazas a cuerpos y escalas de los subgrupos de funcionarios C1 y C2, los estrechamente vinculados a la atención a la ciudadanía. Del total de plazas para personal funcionario en la AGE (13.400), el 64% pertenece a estos subgrupos, seis puntos por encima de la oferta del año pasado. Es la primera vez que la OEP se enfoca en los servicios de atención a la ciudadanía y de tramitación de prestaciones para garantizar una atención ágil, directa, de calidad e inclusiva.
Estas plazas reforzarán las oficinas de asistencia en materia de registros y las oficinas de tramitación y prestaciones, en centros como estos: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Seguridad Social, Dirección General de Tráfico (DGT), oficinas de extranjería, gerencias territoriales de justicia, Catastro, Agencia Tributaria, Oficinas de expedición del DNI, homologación de títulos educativos, bibliotecas, archivos y museos estatales y capitanías marítimas.
Cohesión territorial y social
Como ya ocurriera en 2024, la OEP 2025 reserva el 10% de las plazas para personas con discapacidad, en total 2.610 plazas, de las que 538 serán para personas con discapacidad intelectual. La incorporación cada año de estos efectivos sigue contribuyendo a una Administración más diversa e inclusiva, que promueve la integración laboral y el desarrollo profesional sin barreras y que de ese modo sirve mejor a la ciudadanía.
En el último año no sólo se ha aumentado el ritmo de incorporación de personas con discapacidad, sino que se han mejorado los recursos dedicados a su integración laboral, con la constitución de las Unidades de Inclusión en los departamentos ministeriales, cuyas capacidades serán reforzadas a lo largo de 2025.
Asimismo, esta oferta da un paso más en la territorialización de las plazas, para reflejar mejor la presencia de la Administración del Estado en todo el territorio. En las convocatorias se podrá especificar la distribución territorial de las plazas y una previsión orientativa de las provincias en las que se ofertarán destinos. El objetivo es que las personas aspirantes a los procesos selectivos tengan información sobre si existe previsión de ofertas plazas en las distintas provincias, y así atraer talento de todo el territorio.
Plazas en organismos públicos de investigación
En concreto, en las escalas correspondientes al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) se crean 602 plazas de ingreso libre y 639 plazas por el proceso de promoción interna, lo que supone un 38,4% más de plazas de acceso libre que en 2018, y un 112,3% más plazas de promoción interna: en 2018 se convocaron 435 plazas de acceso libre y 301 de promoción interna. Las plazas irán destinadas a personal científico titular, personal investigador científico, profesorado de investigación, técnicos superiores especializados, tecnólogos, técnicos especializados y ayudantes de investigación.
