Acuerdos del Consejo de Gobierno de 10 de abril de 2025
Luz verde al recurso ante el Constitucional por el reparto unilateral de menores migrantes, que invade competencias autonómicas
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que el Ejecutivo central modifica la Ley de Extranjería y establece los criterios de reparto entre comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados.
El Gobierno regional considera que dicho reparto es unilateral e impuesto, y que no sólo vulnera la Constitución, sino también el Estatuto de Autonomía, al invadir competencias autonómicas en materia de protección de menores.
Así, se argumenta que el Gobierno central tiene competencias exclusivas en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, pero, sin embargo, al tratarse de un asunto de infancia, el Estado no ostenta en dicha materia las competencias exclusivas, y si quiere imponer una determinada política debe de pactarla con la Administración que también tiene competencias al respecto, que son las comunidades autónomas.
Por tanto, se considera que el Gobierno central ha regulado una materia compartida como la atención a menores no acompañados, sin respetar el marco competencial autonómico.
El informe jurídico de la Comunidad subraya que el Real Decreto-ley impone un modelo de reparto y atención de menores extranjeros no acompañados sin la participación efectiva de las comunidades autónomas, lo que supone una ruptura del principio de lealtad institucional.
Además, el texto estatal establece condiciones que afectan directamente al régimen competencial autonómico, lo que, según el Gobierno regional, sobrepasa los límites constitucionales del uso del decreto-ley. Por tanto, el recurso también señala que el Gobierno central no justifica suficientemente el uso de esa figura normativa.
Asimismo, la Comunidad también critica que la norma estatal no garantiza la financiación necesaria para afrontar los costes que supone la atención a estos menores, lo que afectaría a la autonomía financiera de la Región de Murcia. Igualmente, se subraya que el modelo anterior contemplaba fondos específicos y un sistema de compensación que ahora queda diluido o condicionado.
Por todo ello, el Ejecutivo regional considera que el Real Decreto-ley 2/2025 constituye una injerencia injustificada en competencias propias y que perjudica al equilibrio territorial del Estado. Con esta acción jurídica, el Gobierno regional reitera su compromiso con una gestión de las situaciones migratorias basada en la colaboración entre administraciones y no en la imposición.
Atención social
538.000 euros para digitalizar los servicios sociales de 31 entidades locales
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ha aprobado un decreto que regula la concesión directa de subvenciones por un total de 538.000 euros para impulsar la transformación digital de los Servicios Sociales de Atención Primaria en 31 ayuntamientos y mancomunidades de la Región de Murcia. El objetivo de esta partida, financiada con fondos europeos, es dotar a las entidades locales de equipamiento informático moderno y adaptado a las necesidades actuales y futuras.
Las 31 entidades locales beneficiarias de las subvenciones son los Ayuntamientos de Abarán, Águilas, Alcantarilla, Los Alcázares, Aledo, Alguazas, Alhama de Murcia, Blanca, Campos del Río, Cartagena, Ceutí, Cieza, Fuente Álamo, Jumilla, Librilla, Lorca, Lorquí, Molina de Segura, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre-Pacheco, Las Torres de Cotillas, Totana, La Unión y Yecla, así como las mancomunidades de Servicios Sociales del Río Mula, del Valle de Ricote, de la Comarca Oriental y del Noroeste.
El periodo de ejecución de los proyectos financiados comenzará tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y se extenderá hasta el 31 de octubre de 2025. Durante este tiempo, las entidades deberán llevar a cabo las inversiones previstas y justificar su correcta aplicación.
Con esta medida, el Gobierno regional refuerza su apuesta por una atención social más moderna y eficaz, asegurando que todos los municipios puedan contar con herramientas digitales que mejoren la calidad en la gestión de los servicios sociales.
Convenio con el Ayuntamiento de Cartagena para el realojo de familias vulnerables que residen en ‘infraviviendas’
El Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Ayuntamiento de Cartagena para la cesión gratuita de viviendas destinadas al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial prolongada. Esta actuación se enmarca en el Programa de Actuación y Acompañamiento al Realojo de Familias (Pares), y está cofinanciada por la Comunidad y por fondos europeos Feder.
Mediante este convenio, la Comunidad cederá al Ayuntamiento las viviendas que adquiera en el municipio, y bajo el compromiso de destinarlas al realojo de familias que viven en asentamientos chabolistas o ‘infraviviendas’.
El Ayuntamiento asumirá la titularidad de los inmuebles y se encargará de su mantenimiento, así como de formalizar los contratos de cesión de uso con las familias beneficiarias, garantizando además el acompañamiento social necesario. El Consistorio se valdrá del censo con el que cuenta de las familias que viven en asentamientos chabolistas o ‘infraviviendas’ radicadas en su término municipal, con indicación de su ubicación geográfica, condiciones físicas y características socioeconómicas.
La Comunidad ya ha desarrollado, en colaboración con varios municipios de la Región de Murcia, este programa para la adquisición y reforma de diferentes viviendas destinadas al realojo de personas en situación de exclusión social. Esta medida responde al objetivo estratégico de erradicar el chabolismo y mejorar la integración social de los colectivos más vulnerables.
