La declaración de idoneidad por la Entidad Pública requerirá una valoración psicosocial sobre la situación personal, familiar, relacional y social de los adoptantes, así como su capacidad para establecer vínculos estables y seguros, sus habilidades educativas y su aptitud para atender a un/a menor en función de sus singulares circunstancias.

Dicha declaración de idoneidad se formalizará mediante la correspondiente resolución.

No podrán ser declarados idóneos para la adopción quienes se encuentren privados de la patria potestad o tengan suspendido su ejercicio, ni quienes tengan confiada la guarda de su hijo/a a la Entidad Pública.

• En la valoración de la idoneidad de las personas solicitantes se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
• Existencia de motivaciones adecuadas y compartidas para la adopción.
• Capacidad afectiva.
• Ausencia de enfermedades y/o discapacidades físicas o psíquicas que por sus características o evolución perjudiquen o puedan perjudicar el desarrollo integral del/ la menor.
• Estabilidad familiar y madurez emocional de las personas solicitantes.
• Aceptación de la adopción por parte del resto de las personas que vivan en el entorno familiar.
• Capacidad de aceptación de la historia personal de los/as menores y de sus necesidades especiales.
• Habilidades personales para abordar las situaciones nuevas que se puedan producir en su relación con los/as menores.
• Apoyo social que puedan recibir por parte de la familia extensa u otros.
• Actitud positiva y flexible para la educación de un/a menor.
• Disponibilidad de tiempo para su cuidado y ocio.
• Actitud positiva y disponibilidad para el seguimiento y orientación en el proceso de integración del/la menor y la familia.
• Condiciones adecuadas de habitabilidad de la vivienda e infraestructura del hábitat.
• Nivel adecuado de integración social de la familia.
• Capacidad de aceptación de las diferencias étnicas, culturales y sociales de los/as menores.
• Adecuación entre la edad de las personas que se ofrecen para la adopción y la del /la menor que desean adoptar, de manera que no exista una diferencia de más de cuarenta y cinco años con la persona más joven de la pareja.
• En los casos de infertilidad, tener una vivencia madura y de aceptación de esta circunstancia.
• Capacidad para revelar a el /la menor la condición de adoptado/a y el apoyo en la búsqueda de sus orígenes.
• Capacidad económica que garantice de cobertura de sus necesidades básicas.

Una vez valorada la idoneidad o no idoneidad, tras el estudio social y psicológico que recoge los puntos anteriores, se realiza un informe-propuesta a la Comisión Regional de Protección del Menor, que se compone por los siguientes miembros:

- Presidente: El titular del órgano a quien corresponda la Protección de la Infancia o persona en quien delegue.

- Vocales: Tres representantes del Servicio de Protección de Menores (actualmente suelen acudir a esta Comisión el/la Jefe/ a de Servicio, el/a Jefe/a de Sección de Acogimiento y Adopción y un/a técnico/a de dicha sección). Un/a representante de la Dirección General competente en materia de Servicios Sociales. Dos representantes del sector de la Infancia, designados por el Consejo Sectorial de la Infancia. El Secretario/a de la Comisión, designado entre el personal funcionario licenciado en derecho adscritos a la Consejería competente.

La Comisión Regional de Protección del Menor, a la vista del Informe-Propuesta emitido por el Equipo Técnico de la Sección de Acogimiento y Adopción, dictará resolución motivada en la que se declare la idoneidad o no idoneidad de los solicitantes.

Cuando la resolución es positiva, es decir se determina la IDONEIDAD, la pareja o persona se inscriben en el Registro de Adoptantes, que sólo supone el reconocimiento administrativo de idoneidad para ser propuesto como adoptante y en ningún caso implica que ese derecho se produzca. La Sección de Acogimiento y Adopción informará a los solicitantes acerca de su idoneidad remitiéndoles resolución de la misma, a la que se acompaña Certificado de Idoneidad y Perfil de Disponibilidad, que consiste en un documento en el que queda reflejada la demanda explícita que ha manifestado la familia con respecto a lo que se encuentran capacitados para asumir: riesgos, enfermedad, otras razas, edad, grupos de hermanos, etc.

La declaración de idoneidad para la ADOPCIÓN INTERNACIONAL tendrá una vigencia de tres años debiendo ser actualizada en ese plazo, con el fin de comprobar si se mantienen las circunstancias que motivaron su reconocimiento. Independientemente, las personas interesadas tienen la obligación de comunicar los eventuales cambios de su situación personal y familiar.

Si el procedimiento se resuelve con una NO-IDONEIDAD previamente se ha tenido que comunicar a la familia este extremo, explicándole en Trámite de Audiencia cuáles han sido los motivos y circunstancias que han determinado esta valoración, dándole la oportunidad, por tanto, de presentar alegaciones, informes, etc., que puedan suponer, en su caso, la variación de la valoración en otro sentido. De no ser así, la propuesta de No-Idoneidad continúa, hasta que exista una Resolución administrativa que los solicitantes podrían recurrir ante el Juzgado.

En el caso de Certificación de no idoneidad, los interesados no pueden volver a presentar otra solicitud hasta transcurrido al menos un año desde la notificación de la anterior resolución o cuando puedan justificar que los motivos que dieron lugar a la no idoneidad han desaparecido.