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Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia de 13/05/2021

Infraestructuras y vivienda

Aprobado un nuevo modelo de vivienda protegida que amplía las familias beneficiarias

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de Vivienda Protegida de promoción privada, que adapta el régimen jurídico que regula este tipo de hogares a la realidad actual y da respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Esta normativa se enmarca en las políticas de hogar que impulsa el Ejecutivo regional para facilitar el acceso a una vivienda a todo tipo de personas y familias, en cualquier tipo de régimen.

El decreto amplía los perfiles económicos de los posibles beneficiarios de las viviendas protegidas en la Región de Murcia, con el fin de que más familias puedan acceder a su compra.

Entre las principales novedades, permite adaptar la tipología y superficie de las viviendas para atender a todo tipo familias, desde las personas que viven solas a familias numerosas, con el objetivo de alcanzar a todo aquel que encuentre dificultades para acceder a una vivienda libre.

Así, se da la posibilidad de ampliar las superficies de las viviendas según las necesidades de cada familia. La superficie útil máxima de 90 m² será la norma general, y alcanzará los 120 m² para familias numerosas o integradas por personas con discapacidad, movilidad reducida permanente o dependientes. La superficie útil máxima podría llegar a los 150 m² para familias numerosas de carácter especial o mediante la ampliación de diez metros adicionales por hijo.

Además de las personas con discapacidad, el decreto de Vivienda Protegida presta una especial atención a víctimas de terrorismo y mujeres víctimas de violencia machista. Otra importante novedad es que una mujer embarazada podrá alegar su estado para acceder a este tipo de viviendas, si el nacimiento de su futuro bebé va a suponer una modificación de su tipo de familia y necesita una vivienda de mayor tamaño.

En la línea general de simplificación burocrática que impulsa la Administración regional, el decreto reduce la tramitación mediante el uso de la declaración responsable para obtener la calificación definitiva de vivienda protegida y fomentar así la construcción de este tipo de viviendas.

El decreto ha sido consensuado con colectivos sociales, federaciones y asociaciones que representan a las personas con discapacidad y el sector de la construcción para arbitrar una regulación que facilite el acceso a una vivienda para todas las personas que lo necesiten.
 

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